Hace ya muchos años que comenzó mi activismo en el movimiento feminista. Hace el mismo tiempo que participo en encuentros donde se habla, se debate y se piensa en cómo afrontar la prostitución, esa lacra social. Lacra a la que hay quienes insisten en combatir desde la posición de la regulación. El propósito, aseguran, sería el de dar salida a situaciones extremas de pobreza, vulnerabilidad y explotación: la de las mujeres en situación de prostitución. El regulacionismo −pese a mi posición abolicionista− no me impide abordar este debate y confrontación (siendo feminista, además, sería imposible hacerlo).

Así que me gustaría comenzar con una aclaración: aquí no se trata de cuestionar decisiones individuales. Aquí se trata de acabar con un sistema bien arraigado y legitimado durante siglos. ¿Quién soy yo para decirle a una mujer si debe o no autodenominarse “trabajadora sexual” o prostituta? Evidentemente, nadie. Tampoco cuestiono a las mujeres que están en situación de prostitución, lo que cuestiono es el sistema prostitucional, la gran industria del sexo. ¿Por qué? Porque considero que atenta contra los derechos humanos y las libertades de las mujeres. Lo hago porque este sistema legitima la violencia sexual contra las mujeres, la violencia es de hecho el mecanismo que lo engrasa.

En este sentido, considero que la Universidad pública no debería ser un espacio para poner en entredicho derechos humanos conquistados, que están fuera de discusión. Las Jornadas previstas en la Universidad de A Coruña −bajo el título eufemístico de “Trabajo sexual”− legitiman este sistema. ¿Es admisible que una universidad se convierta en un lugar donde se sanciona culturalmente un sistema que atenta contra los derechos fundamentales de las mujeres? ¿Es digno que la Academia proponga una actividad donde la prostitución, que vulnera los derechos humanos, sea asumida como opción laboral posible para las mujeres? ¿Es esa perspectiva debatible?

Nosotras, las feministas, llevamos años denunciando la realidad de la prostitución, debatiendo con quienes sostenían otras posturas, argumentando que la prostitución es inaceptable. Y ahora nos vienen con que estamos “coartando” la libertad de expresión, la libertad de cátedra incluso. Echándonos la libertad a la cara, y obviando un concepto clave en la lucha de las mujeres: la igualdad. Igualdad, dignidad, integridad. Y es que estamos en una sociedad donde, si mínimamente se defiende un derecho colectivo, la avalancha de respuesta solo parece obedecer a un ilusiorio concepto de libertad individual. A veces, en el mejor de los casos, esa avalancha te interpela, cuando no te increpa, con insolencia. Cuando lo cierto es que sin igualdad social la libertad individual suena a quimera (¿o no sería más bien a “fake news”?).

No es que me moleste que se programen unas jornadas universitarias con semejante título, que dan por sentado que la prostitución es un trabajo como otro cualquiera. Que también. Lo que me irrita en especial es la pasmosa facilidad con la que se ningunean los derechos de las mujeres en pro de un supuesto debate que, extrapolado a otros temas que afectaran a la población en su conjunto, ni se contemplaría. ¿Se imaginan unas jornadas dedicadas al “Tráfico y venta de órganos vitales”, por ejemplo? Con intervenciones de personas que han estudiado ese mercado, traficantes, vendedores y vendedoras, etcétera. ¿Qué derechos se debaten ahí, los de poder vender un riñón por necesidad? En fin.

La prostitución es la institución patriarcal por excelencia. La que permite a los hombres gozar del privilegio de disfrutar del cuerpo de cualquier mujer cuando lo desee, en cualquier tiempo y lugar. En lo que llevamos de siglo XXI se ha producido un hecho fundamental: el sistema prostitucional ha consolidado su alianza con el neoliberalismo imperante. Como resultado, puede decirse que la prostitución es la esclavitud del siglo en curso. Sería más adecuado, entonces, referirnos a estas jornadas como relativas al “Trabajo esclavo”. En esta hipotética propuesta académica intervendría la gente estudiosa de la cuestión, abordando las repercusiones de esta modalidad de esclavitud posmoderna en el mercado laboral, en el PIB y la economía del país. Se podría contar con personas esclavas trabajadoras, incluso. ¡Fíjense que no puedo imaginar un debate acerca de las “bondades” de la esclavitud!

En definitiva, la celebración de estas Jornadas era inadmisible. No se puede vender como libertad de expresión el debatir sobre la vulneración de los derechos humanos. Pasar por encima de estos derechos fundamentales no es una opción. El límite a un derecho fundamental está en otro, esto me lo enseñaron hace mucho. Es más, no todos los derechos gozan de la misma protección en el ordenamiento jurídico: la igualdad es un derecho fundamental y un valor superior jurídicamente. Y ninguna universidad puede poner en entredicho ese derecho. Menos aún con dinero público.