Las mujeres ya estamos sufriendo las políticas que están poniendo en marcha las comunidades autónomas gobernadas por las derechas, ya sea en coalición —Andalucía, Aragón, Castilla y León y Extremadura— o en solitario, como en Madrid. Su ataque a nuestros derechos reconocidos consiste en impedir que podamos ejercerlos en condiciones materiales de libertad e igualdad. Las feministas volvemos a estar en pie de guerra: ha vuelto Marea Violeta.

El 28 de septiembre, Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, obliga a examinar las políticas que están ideando y ejecutando los dos partidos de derechas en las comunidades autónomas para saber qué harán si llegan a gobernar España.

Hablo de las derechas porque, en relación con los derechos de las mujeres, no es necesario especular sobre las condiciones que Vox podría imponer al Partido Popular. Basta con atender a sus propias decisiones. Núñez Feijóo ha anunciado que, si gobierna, extenderá al conjunto del Estado la ley madrileña del “concebido no nacido” y, al mismo tiempo, asegura que mantendrá la actual ley de plazos. Esta es la estrategia —y no solo en relación con el aborto—: erosionar los derechos sin necesidad de derogarlos.

Quizá haya quien crea que ambas posiciones son compatibles. No lo son. Las palabras crean categorías jurídicas y las categorías jurídicas producen consecuencias materiales. Reconocer al concebido como integrante de la familia “desde la concepción” introduce en el ordenamiento la ficción de dos sujetos con intereses diferenciados. De este modo, la interrupción del embarazo deja de presentarse como el ejercicio de la autonomía reproductiva de las mujeres y comienza a construirse como un conflicto entre sus derechos y los supuestos derechos de quien todavía no ha nacido.

Feijóo parece haber aprendido de la derrota de la reforma de Alberto Ruiz-Gallardón. En 2014, el Tren de la Libertad convirtió la defensa del aborto en una movilización estatal, obligó al Gobierno de Mariano Rajoy a retirar el anteproyecto y precipitó la dimisión del ministro. La estrategia actual evita aquella confrontación directa: mantiene formalmente la ley de plazos mientras introduce, por otras vías, el marco jurídico y político del “concebido no nacido”.

Los cuatro acuerdos autonómicos de gobierno suscritos por PP y Vox comparten esa misma concepción política y forman parte de una ofensiva nacional e internacional dirigida a deslegitimar el feminismo y revertir los derechos conquistados.

En todos ellos, las mujeres dejamos de aparecer como sujetos autónomos de derechos sexuales y reproductivos y somos situadas fundamentalmente en relación con la familia, la maternidad y la natalidad. Ninguno articula una política integral de salud sexual y reproductiva basada en nuestra autonomía y en el acceso efectivo al aborto, a la anticoncepción y a la educación sexual.

Quiero detenerme en Andalucía, no solo porque es el territorio desde el que Marea Violeta Andalucía convoca la movilización de este 28 de septiembre, sino porque —como le sucedió en su día a Gallardón— el presidente andaluz goza de una imagen de moderación que el acuerdo de gobierno desmiente. El pacto proclama una “cultura de la vida”, prevé un Plan Integral de Apoyo a la Mujer Embarazada que no reconoce nuestros derechos y convierte la “perspectiva de familia” en un criterio transversal de la acción pública.

Me detengo en esta última cuestión porque estas palabras también generan categorías jurídicas. La perspectiva de familia significa que las normas y las políticas deben evaluarse por sus efectos sobre una institución presentada como una unidad armónica. Desaparece así la obligación política de examinar sus consecuencias específicas sobre las mujeres. La perspectiva de género es sustituida por formulaciones aparentemente neutras que ocultan las relaciones de poder entre los sexos, diluyen los derechos individuales de las mujeres y excluyen la diversidad familiar y vital.

Los cuatro pactos demuestran que la ofensiva contra el derecho a decidir no necesita comenzar con la derogación de la ley del aborto. Puede avanzar mediante políticas que convierten la natalidad en un objetivo público y expulsan la libertad reproductiva de las prioridades gubernamentales. Después puede materializarse dificultando el acceso al aborto en la sanidad pública, tolerando desigualdades territoriales, ampliando los efectos de la objeción de conciencia o sometiendo a las mujeres a itinerarios administrativos diseñados para disuadirlas.

Vox radicaliza el discurso, acelera las medidas y amplía la ofensiva antifeminista, pero atribuirle en exclusiva el proyecto antiabortista permite al Partido Popular presentarse como un límite moderado. Su trayectoria y sus propios compromisos muestran lo contrario. La promesa de Feijóo de extender a todo el Estado la ley madrileña del “concebido no nacido” no constituye una concesión aislada a Vox, sino la formulación nacional de un marco que ambos partidos ya comparten en sus acuerdos autonómicos.

El precedente del Tren de la Libertad contiene, además, una enseñanza política: estas medidas pueden ser derrotadas. El movimiento feminista consiguió detener la reforma de Gallardón y hacer dimitir a un ministro. Marea Violeta Andalucía vuelve a movilizarse este 28 de septiembre con el mismo objetivo: frenar unas políticas que atentan contra los derechos de las mujeres.

La reforma de 2023, impulsada por el actual Gobierno de coalición de izquierdas, reforzó el derecho al aborto y obligó a las comunidades autónomas a garantizar su prestación pública y accesible. Por eso, los acuerdos autonómicos de PP y Vox pueden vaciar materialmente este derecho mediante la gestión sanitaria y de la objeción de conciencia.

La reforma prolonga los avances promovidos por Gobiernos socialistas con la despenalización parcial de 1985 y la ley de plazos de 2010. Aunque con una lentitud denunciada por el feminismo, han sido las políticas de izquierdas las que han ampliado los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

Frente a quienes atacan nuestra libertad, necesitamos políticas de izquierdas que sean verdaderamente feministas.

Hace ya muchos años que comenzó mi activismo en el movimiento feminista. Hace el mismo tiempo que participo en encuentros donde se habla, se debate y se piensa en cómo afrontar la prostitución, esa lacra social. Lacra a la que hay quienes insisten en combatir desde la posición de la regulación. El propósito, aseguran, sería el de dar salida a situaciones extremas de pobreza, vulnerabilidad y explotación: la de las mujeres en situación de prostitución. El regulacionismo −pese a mi posición abolicionista− no me impide abordar este debate y confrontación (siendo feminista, además, sería imposible hacerlo).

Así que me gustaría comenzar con una aclaración: aquí no se trata de cuestionar decisiones individuales. Aquí se trata de acabar con un sistema bien arraigado y legitimado durante siglos. ¿Quién soy yo para decirle a una mujer si debe o no autodenominarse “trabajadora sexual” o prostituta? Evidentemente, nadie. Tampoco cuestiono a las mujeres que están en situación de prostitución, lo que cuestiono es el sistema prostitucional, la gran industria del sexo. ¿Por qué? Porque considero que atenta contra los derechos humanos y las libertades de las mujeres. Lo hago porque este sistema legitima la violencia sexual contra las mujeres, la violencia es de hecho el mecanismo que lo engrasa.

En este sentido, considero que la Universidad pública no debería ser un espacio para poner en entredicho derechos humanos conquistados, que están fuera de discusión. Las Jornadas previstas en la Universidad de A Coruña −bajo el título eufemístico de “Trabajo sexual”− legitiman este sistema. ¿Es admisible que una universidad se convierta en un lugar donde se sanciona culturalmente un sistema que atenta contra los derechos fundamentales de las mujeres? ¿Es digno que la Academia proponga una actividad donde la prostitución, que vulnera los derechos humanos, sea asumida como opción laboral posible para las mujeres? ¿Es esa perspectiva debatible?

Nosotras, las feministas, llevamos años denunciando la realidad de la prostitución, debatiendo con quienes sostenían otras posturas, argumentando que la prostitución es inaceptable. Y ahora nos vienen con que estamos “coartando” la libertad de expresión, la libertad de cátedra incluso. Echándonos la libertad a la cara, y obviando un concepto clave en la lucha de las mujeres: la igualdad. Igualdad, dignidad, integridad. Y es que estamos en una sociedad donde, si mínimamente se defiende un derecho colectivo, la avalancha de respuesta solo parece obedecer a un ilusiorio concepto de libertad individual. A veces, en el mejor de los casos, esa avalancha te interpela, cuando no te increpa, con insolencia. Cuando lo cierto es que sin igualdad social la libertad individual suena a quimera (¿o no sería más bien a “fake news”?).

No es que me moleste que se programen unas jornadas universitarias con semejante título, que dan por sentado que la prostitución es un trabajo como otro cualquiera. Que también. Lo que me irrita en especial es la pasmosa facilidad con la que se ningunean los derechos de las mujeres en pro de un supuesto debate que, extrapolado a otros temas que afectaran a la población en su conjunto, ni se contemplaría. ¿Se imaginan unas jornadas dedicadas al “Tráfico y venta de órganos vitales”, por ejemplo? Con intervenciones de personas que han estudiado ese mercado, traficantes, vendedores y vendedoras, etcétera. ¿Qué derechos se debaten ahí, los de poder vender un riñón por necesidad? En fin.

La prostitución es la institución patriarcal por excelencia. La que permite a los hombres gozar del privilegio de disfrutar del cuerpo de cualquier mujer cuando lo desee, en cualquier tiempo y lugar. En lo que llevamos de siglo XXI se ha producido un hecho fundamental: el sistema prostitucional ha consolidado su alianza con el neoliberalismo imperante. Como resultado, puede decirse que la prostitución es la esclavitud del siglo en curso. Sería más adecuado, entonces, referirnos a estas jornadas como relativas al “Trabajo esclavo”. En esta hipotética propuesta académica intervendría la gente estudiosa de la cuestión, abordando las repercusiones de esta modalidad de esclavitud posmoderna en el mercado laboral, en el PIB y la economía del país. Se podría contar con personas esclavas trabajadoras, incluso. ¡Fíjense que no puedo imaginar un debate acerca de las “bondades” de la esclavitud!

En definitiva, la celebración de estas Jornadas era inadmisible. No se puede vender como libertad de expresión el debatir sobre la vulneración de los derechos humanos. Pasar por encima de estos derechos fundamentales no es una opción. El límite a un derecho fundamental está en otro, esto me lo enseñaron hace mucho. Es más, no todos los derechos gozan de la misma protección en el ordenamiento jurídico: la igualdad es un derecho fundamental y un valor superior jurídicamente. Y ninguna universidad puede poner en entredicho ese derecho. Menos aún con dinero público.