Ante una problemática con animales, frecuentemente nos quejamos de la desatención policial, de los ineficientes cargos públicos o de las insuficientes leyes. Llamamos al 112 o al 062 o al 091 o al 092, o a todos ellos uno detrás de otro, pero no nos hacen caso o no dan solución. Nos sentimos ante un muro y acudimos a las redes sociales para descargar nuestra rabia, impotencia y frustración, señalando a los presuntos culpables.

Sin embargo, ahora no es usted la ciudadana o ciudadano requirente, sino el agente de policía, funcionario, o incluso cargo público, que ha sido testigo de un hecho presuntamente punible y debe y quiere actuar. Con la ventaja que supone no tener que enfrentarse a ese primer muro, porque trabaja dentro de la Administración, inicia el procedimiento habitual. Pero pronto descubre que hay dudas y pegas, que el desarrollo de una intervención con animales no sigue las mismas pautas que el resto de problemáticas y que las deficiencias que conocía para otro tipo de casos se han transformado en obstáculos que exceden  sus posibilidades solventar.

Entonces, su forma de ser y obrar se retratará mediante una de estas dos opciones: dejarlo correr y complacerse con haber hecho lo que estaba en sus manos, o ir un poco más allá, no importa cuánto, porque su empatía, responsabilidad, ética o sentido del deber le obligan a ello. Si es de los que hacen esto último, además de haber cumplido con su trabajo habrá ayudado a mejorarlo.

Omisión del deber de actuación

Ante la oleada de envenenamientos de perros que viene sufriendo la ciudad de Logroño, es inaceptable que no se realice una investigación eficiente y que por dejadez o negligencia se haya dejado perder pruebas que pudieron ser trascendentales, como la grabación de una cámara de seguridad justo en el lugar de los hechos. Es inasumible que unos policías se esfuercen en hacer bien su trabajo recabando datos y aportando información para que, después, otros policías dejen los informes muertos en un cajón.

La ciudadanía y la Administración deben tener muy presente que lo dispuesto en el artículo 408 del Código Penal sobre la omisión del deber de perseguir delitos es también aplicable a los delitos relativos a la protección de la flora, fauna y animales domésticos:

Y que la autoridad y los funcionarios podemos ser denunciados por un perjudicado o por cualquier asociación.

Es necesaria, también, mayor coordinación entre quien ejerce el mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la región -el Delegado del Gobierno- y el máximo responsable de la Policía Local o de la Protección Civil de una localidad -el alcalde-, cuando a intervenciones con animales se refiere.

No es solo que la sociedad actual demande una mejora del servicio público en este sentido, sino que, independientemente de la sensibilidad de cualquier autoridad o funcionario, estos deben conocer que existe legislación específica de animales, saber cuáles son sus competencias, los recursos de que disponen en su ámbito territorial y si son suficientes o no.

Es inaceptable que las autoridades, lejos de interesarse por las actuaciones que se están llevando a cabo y disponer que se lleven a efecto aquellas necesarias, se limiten a realizar declaraciones para salir del paso, como ocurrió también en Logroño, por ejemplo, hace casi un año (en la anterior oleada de envenenamientos), cuando un concejal llegó a decir que “el Seprona ya estaba investigando”, provocando el asombro de determinados mandos de la Guardia Civil, pues en realidad no se había interpuesto denuncia en la benemérita ni por particulares ni por otro cuerpo policial. O recientemente, con el envío por el Ayuntamiento de una nota de prensa a los medios de comunicación que echó por tierra el intento de sorprender in fraganti esa misma mañana al presunto delincuente, mostrando así una evidente falta de coordinación. Y no se trata de colores políticos, sino de interés por hacerlo bien.

Cuando por distintos factores se lleva tanto tiempo trabajando de forma mediocre en materia de protección animal y los informes internos no son suficientes, hay momentos en los que los funcionarios y autoridades que intentan ejercer su trabajo de forma profesional, hartos de la falta de formación, recursos materiales y legales, deben decir basta y sacar a la luz de forma directa o indirecta las presuntas irregularidades.

No se dañará la imagen de la policía y de la Administración más de lo que ya lo está en la actualidad, cuando ante casos de maltrato animal o delitos en grado de tentativa -como son los intentos de envenenamiento-, la ciudadanía recurre a las redes sociales para dar la voz de alarma, pedir que se tomen medidas o manifestar su rabia, impotencia y frustración. Esto, que demuestra la desconfianza hacia el servicio público, puede producir también un perjuicio en el proceso de investigación, o que determinados actos delictivos se ‘pongan de moda’ y se repliquen por personas de dudoso equilibrio mental.

Así, ante casos de posible maltrato animal se debe avisar inmediatamente al cuerpo policial competente y asegurarse de que una patrulla se persona en el lugar. Si no lo hacen -y puesto que podríamos incurrir en un delito del art. 408, mencionado anteriormente, o en el art. 404, sobre la prevaricación de los funcionarios públicos-, los ciudadanos están en su derecho a llamar nuevamente y grabar la comunicación para posteriormente denunciar en el Juzgado una posible omisión de actuación. Para ello, existen despachos de abogados especializados y cada vez hay más asociaciones que pueden ayudar a tramitarlo.

En lenta pero progresiva evolución

Permítanme que la reflexión sea más personal. Quien suscribe lleva un tercio de los veinticuatro años de servicio dedicado a aportar por varias vías su grano de arena en materia de protección animal. Es una satisfacción ver cómo cada vez más compañeros muestran interés y poco a poco se va creando una dinámica de trabajo más eficiente. Como cuando una noche trasladaron, en el coche patrulla, a un perro inconsciente por el humo de una vivienda hasta una clínica veterinaria privada -sin detenerse a pensar quién pagaría la factura-, al que bomberos y TES no podían reanimar sobre la calzada con el oxígeno de la ambulancia; a sabiendas, probablemente, de que si avisaban al Centro de Acogida Animal municipal supondría la muerte para el animal, además del daño moral a su familia.

Son demasiadas, por el contrario, las actuaciones por las que, si trascendieran a la opinión pública, seríamos objetivo de descalificaciones o denuncias. De todas ellas, les voy a contar las más representativas para quien suscribe este artículo, porque las protagonicé personalmente:

Hasta hace unos años arrojábamos al contenedor de residuos orgánicos los cadáveres de gatos encontrados sobre la calzada, víctimas supuestamente de un atropello, dando por hecho que eran ‘callejeros’ -y en cuántos municipios o ciudades se seguirá actuando así-, para no molestar al servicio de recogida de basura “sólo para eso”, desconociendo, además, que dicha práctica está prohibida por la legislación de sanidad animal. Pero un día, alguien trae a la comisaría o te envía el cartel de un gato extraviado y te paras a pensar si alguno de los gatos que arrojaste al contenedor tuvieron una familia humana preocupada buscándolo. O que incluso lo hubieran abandonado con chip y el pobre gato era una víctima de un desalmado.

Ahora, sin embargo, cada vez es más habitual que cuando se avisa al Centro de Acogida Animal municipal para retirarlo e incinerarlo, se compruebe previamente si el animal está identificado. Incluso esto último lo han puesto en práctica compañeros del Seprona que asistieron a un curso de formación, según comentaron meses después.

Otro ejemplo, que ocurre frecuentemente en todo el país, es el del animal desaparecido que acaba atropellado. Durante un mes vi desintegrarse el cadáver de un pastor alemán mientras pasaba cada día en bicicleta por la misma carretera. ¿Y si fuera un perro extraviado, o víctima de robo y posterior abandono, y lo hubieran atropellado quedando apartado en la cuneta? A la vista cada día de decenas de conductores y ciclistas, posiblemente nadie hicimos nada por avisar o localizar al titular. Ni Demarcación de Carreteras, ni Guardia Civil ni Policía Local del lugar. Siempre me han gustado los animales, pero no fui capaz de ver las connotaciones éticas y obligaciones legales que había detrás de ese cadáver.

Y la más especial, el 'Encuentro con Mote', porque fue la primera que publiqué en una red social como policía y tuvo muy buena acogida, pero una importante doble lectura. Ocurrió en octubre de 2011: se trataba de un setter caminando de noche por una calle periférica de la ciudad. Presentaba tres agujeros en la piel del lado izquierdo del cuello y el pelo rasurado en esa zona. Tras personarse la veterinaria del Centro de Acogida de Animales municipal nos comentó que esas heridas suelen deberse a que, antes de abandonarlos, les intentan arrancar el microchip. La historia quedó muy bonita en las redes sociales y como meses antes había conocido por casualidad que allí se mataban 50 perros cada semana, me sentí en la obligación moral de adoptar al animal. Policialmente,, nos limitamos a realizar un parte interno de aquello: “Se localiza un perro suelto, dando aviso a la perrera…”

Tiempo después, a medida que me he ido involucrando en esta materia, me di cuenta de mi falta de formación y de lo mal que actuamos en aquel momento. Aquel caso era un presunto delito de cajón, además, no le llegaron a extraer el microchip (o el animal salió corriendo) y seguía identificado. Nuestra obligación hubiera sido remitir los hechos a comisaría o a la Fiscalía, adjuntando informe fotográfico y veterinario, y paralelamente comunicarlo al departamento correspondiente de la comunidad autónoma.

El futuro de la protección animal

Mediante los ejemplos anteriores, he querido explicar que la falta de actuación policial o de la Administración no es siempre debido a una actitud negligente o incompetente, sino, principalmente, a la falta de información, formación y de recursos que ayuden a tomar conciencia de las características especiales que suponen las intervenciones con animales.

Si se quiere mejorar, la protección animal en España está abocada a la unificación de leyes, identificación de recursos e implantación de formación y protocolos que, además de prevenir infracciones o comportamientos delictivos, facilite el trabajo de las autoridades y funcionarios públicos que deben hacer cumplir la legislación. No sólo por sensibilidad o simpatía, sino porque no tiene sentido la cantidad dinero privado y público que se derrocha intentando salir del paso con la actual normativa.