Ana Julia Quezada se asoma al abismo de la prisión permanente revisable. Un año y medio después de la desaparición del pequeño Gabriel en un camino de Las Hortichuelas (Cabo de Gata-Níjar), un jurado popular compuesto por siete mujeres y dos hombres dirime si la acusada mató al niño de forma fortuita, como sostiene la defensa, o si, por el contrario, lo asesinó como parte de un plan calculado para ganar la atención de Ángel Cruz y apartarlo de su exmujer, Patricia Ramírez.

La mujer, de 45 años de edad, irrumpió la pasada semana en la Audiencia Provincial de Almería con aspecto muy mejorado, enérgica y con la lección aprendida después de meses de aislamiento en prisión. Su misión era convencer al jurado de que el pequeño murió accidentalmente durante una discusión en la finca de Rodalquilar (Níjar) aquella tarde del 27 de febrero de 2018. Un homicidio imprudente, según el letrado defensor Esteban Hernández Thiel. Tres años de cárcel.

La defensa jugó dos bazas en la sala. La primera es la escasa preparación de un crimen. “Si esto es un asesinato, es una auténtica chapuza”, alegó el abogado de Quezada en la sesión de este martes. El cuerpo permaneció escondido en un hoyo de solo diez centímetros de profundidad y cubierto por unas tablas durante 12 días en una finca familiar. Dejó la pala y el hacha. Colocó la camiseta. Perdió los móviles. Incriminó a una expareja residente en la cercana pedanía de Las Negras. Y, finalmente, sacó el cuerpo y protagonizó “una ruta errática”, según un teniente de la Guardia Civil, hasta su detención en La Puebla de Vícar.

La segunda baza es el informe del Instituto de Medicina Legal de Almería sobre la autopsia al menor. Los forenses afirman que el niño murió de “anoxia” fruto de la “sofocación” y que los golpes en la cabeza se produjeron durante la maniobra. Para la defensa, el análisis encaja con el relato de Ana Julia Quezada. “Le tapé la boca, pero no quería hacerle daño, solo quería que se callara. No quería matar al niño”.

Y frente a la versión de Ana Julia, una avalancha de pruebas en su contra. Durante dos semanas de juicio oral los testigos, los agentes y los peritos citados en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Almería han construido el edificio de la acusación. Particularmente detallada fue la declaración de una veintena de guardias civiles de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial (UOPJ) de Almería y de la Unidad Central Operativa (UCO). Cada uno de los agentes atacó un punto clave de la línea de flotación de la defensa. “No colaboró en ningún momento, trató de ocultarlo desde el principio e incriminó en tres ocasiones a su expareja”, señaló un mando.

Según las pruebas, Ana Julia Quezada hizo lo posible por esconder el cuerpo de Gabriel Cruz y se atrevió a llevar a familiares y agentes al cortijo de Rodalquilar en repetidas ocasiones. “Iba cada día a la finca para comprobar que todo estaba en orden”, señaló la Guardia Civil. El 11 de marzo, antes de ser arrestada a las puertas de su casa en Vícar, los agentes grabaron insultos al niño y el intento de arrojar el cadáver en una zona de invernaderos. “Pensamos que iba a tirar el cuerpo al mar”, añadió un teniente.

La fiscala Elena Fernández Lora y el abogado de los padres, Francisco Torres, coinciden en una petición de prisión permanente revisable. “Es calculadora, fría y mentirosa. Su relato de una muerte accidental ofende a la inteligencia y al más mínimo sentido común”, señaló la fiscala. “Esta mujer no puede volver a pisar la calle”, aseveró el letrado en su informe final.

Sin embargo, ambos difieren en un aspecto clave de la secuencia de hechos en Rodalquilar. La fiscala acusa a Quezada de un asesinato con alevosía y acoge plenamente el informe del Instituto de Medicina Legal. Cree que la procesada “aprovechó la oportunidad” de matar al niño aquella mañana. “Le estorbaba en su relación con el padre Ángel Cruz y tenía animadversión a la madre Patricia Ramírez”. Fernández Lora asume la vía de una muerte rápida y sin sufrimiento. Además, recalca la existencia de una “desproporción de fuerzas”, como acreditan los forenses.

Por su parte, la acusación particular toma un camino alternativo, más espinoso. Solicita una condena por un asesinato con alevosía y ensañamiento y cree que el niño sufrió “un trato cruel” antes de morir. El abogado Francisco Torres afirma que Ana Julia golpeó violentamente al pequeño y, entre 45 y 90 minutos después, fue asfixiado. Para acreditarlo, aportaron un informe médico sobre las lesiones en la cabeza muy discutido por la defensa y por la propia fiscala.

Los miembros del jurado popular reciben este miércoles el objeto de veredicto, esto es, el cuestionario que tendrán que responder para definir si Ana Julia Quezada asesinó a Gabriel Cruz o, por el contrario, cometió un homicidio por imprudencia. Además, la deliberación abordará también la posible comisión de dos delitos de lesiones psíquicas contra los padres por el comportamiento de la acusada durante 12 días de búsqueda, en los que participó en manifestaciones y animó a la familia con la posibilidad de un desenlace positivo. De momento, la Fiscalía ya ha solicitado 200.000 euros en concepto de responsabilidad civil por los gastos generados en aquella búsqueda en Las Hortichuelas (Níjar), cuando el cuerpo del pequeño yacía ya en el jardín de un cortijo a cinco kilómetros de la casa de su abuela.

El jurado popular tiene en sus manos la resolución del caso más mediático de la crónica negra en la provincia de Almería. Solo el juicio oral congregó a 150 periodistas en el Palacio de Justicia. Sobre la mesa está el relato de una tragedia. La versión de un accidente. Y, en su contra, un esfuerzo de 568 días para desmontar a Ana Julia.