No se hará (de momento) pero cada vez se palpa más no tanto la posibilidad inmediata pero sí al menos el deseo de algunos de (al menos) estudiar (o dejar caer la posibilidad) de que se cobren los servicios sanitarios que se presten a los ciudadanos que decidan no vacunarse en caso de que se contagien y necesiten atención médica. Lo siguiente podría ser no ya cobrarles por los servicios sanitarios que han recibido gracias a los impuestos de todos, incluidos los suyos sino directamente no atenderlos. Torres más altas han caído. 

Vaya por delante mi perplejidad ante la negativa de no pocos ciudadanos españoles y de muchos de otras partes del mundo a recibir la vacuna contra la COVID-19, especialmente cuando trabajan en hospitales, ambulatorios o residencias de mayores. Entiendo el profundo enfado que está provocando en nuestras sociedades tanto la limitación de ciertos derechos individuales que se lleva produciendo desde hace demasiado tiempo como los errores cometidos por nuestros gobernantes. Entiendo que haya gente que se rebele cuando algunos de sus derechos se vulneran o se restringen, especialmente cuando algunas de las limitaciones no han estado suficientemente justificadas o cuando nuestros políticos no han mostrado el suficiente rigor jurídico para ponerlas en marcha.

Yo mismo participo de ese hartazgo tras año y medio de una pandemia que ha provocado miles de muertos, directos e indirectos, dado que a los fallecidos por la COVID-19 hay que sumar los que han fallecido como consecuencia de otras enfermedades agravadas por la saturación de los servicios sanitarios, por no decir los que han sufrido secuelas físicas y psicológicas tras meses de limitación de movimientos y estrés mediático. Sin embargo, me cuesta ver la negativa a recibir la vacuna como un derecho individual y, desde luego, mucho menos inalienable o, al menos, por el que merezca la pena indignarse y movilizarse, seguramente porque no le vea beneficio alguno, más allá de la cabezonería de algunos. Al fin y al cabo, la invención de las vacunas es uno de los mayores avances de la humanidad y, la de la COVID-19, en concreto, la que está permitiendo no ya que vayamos recuperando nuestras libertades sino salvar millones de vidas. Más importante y perentorio me parece reivindicar que las vacunas lleguen a todos los que las necesiten y a todas las partes del mundo, incluidos los países subdesarrollados o a aquellos que no tienen recursos suficientes para hacerse con ellas.

Sin embargo, una cosa es reivindicar y valorar la vacunación como se merece y otra plantear o dejar caer o comenzar a abrir el debate sobre la conveniencia o no de que se cobren los servicios sanitarios a los ciudadanos que decidan no vacunarse, con el argumento de que su negligencia nos afecta a todos (y, en primer lugar, a ellos). Es el tipo de pregunta que ha estado en el ambiente en los últimos tiempos, incluso desde antes de la pandemia, y va abriéndose paso en una época caracterizada por el puritanismo, el culto a la salud (física, claro) y el control social. Se comienza preguntando si deben cobrarse los servicios sanitarios a los no vacunados que se atiendan en los hospitales públicos y se termina por abrir el debate sobre si atenderlos o no, dado que ellos se lo han buscado. Lo siguiente podría ser cuestionar si a los ciudadanos que no lleven a cabo prácticas saludables e ignoren las recomendaciones médicas (como los obesos o hipertensos cuando sean responsables de su dolencia y, por supuesto, los fumadores) se les debe cobrar los servicios prestados o, yendo más allá, si deben ser siquiera atendidos (o atendidos en último lugar). Y a los arriba señalados podrán sumarse, llegado el caso, los drogodependientes, los ludópatas o los alcohólicos, por no haber cuidado su salud como debían. Todos ellos gentes de mal vivir, débiles, viciosos o perezosos, malos ejemplos para nuestros jóvenes y, finalmente, apestados sociales. Esa gente que, pudiendo llevar una vida saludable, optó por caer en vicios insanos perfectamente prescindibles que debemos pagar los restantes ciudadanos con nuestros impuestos. Sé que exagero pero, una vez se empieza, no se sabe dónde se acaba.

En fin, vivimos tiempos de puritanismo, culto a la salud y vigilancia social. Se prefiere obligar o prohibir antes que convencer o educar. Se empieza preguntando si hay que cobrar la atención médica a un no vacunado y se puede terminar cobrando o no atendiendo a quien no lleve una “vida saludable”. No demos por hecho que estas cosas no pasarán, puesto que hay quien ya quiere que pasen. Esta deriva no llevaría a otra cosa que a la ruptura de la comunidad política. Muchos preferirán no financiar lo de todos y, los que puedan, pagarse de su bolsillo su propio estilo de vida y, de paso, sin tener que dar explicaciones. Otros vivirán en los márgenes de la sociedad. O sea, más individualismo y menos comunidad y, por lo tanto, a la larga, menos redistribución y protección social.

He visto Traidores, película documental sobre ETA y sobre la trayectoria de algunos de quienes, tras formar parte de la banda en sus inicios, decidieron abandonarla y oponerse activamente a ella, con hechos además de con palabras. Esos algunos traidores son Jon Juaristi, Ander Landáburu, Teo Uriarte, Iñaki Viar, Javier Elorrieta y Mikel Azurmendi, con algunos de los cuales he tenido la suerte de compartir lucha contra el terrorismo y defensa de la democracia. Pasaron de formar parte de ETA a ser miembros destacados de la resistencia democrática que se enfrentó a la banda. Pasaron de luchar contra la dictadura de Franco a luchar contra la dictadura de ETA. Se arrepintieron, alzaron la bandera de la libertad, se alejaron del nacionalismo étnico y racista y pasaron a defender la democracia. Con el tiempo, llegaron a ser todos ellos o sus familiares objetivo de la banda. Su participación en la extraordinaria película de Jon Viar es su penúltimo servicio a la democracia.

Al ser Jon Viar un amigo, tenía cierto miedo de que su obra no colmara mis expectativas. O de que no fuera tan buena como deseaba que fuera. Y eso a pesar de que conozco su trayectoria, sus principios y sus ideas. Y de que era imposible que me defraudara. Siendo como es y sabiendo lo que piensa de toda esta historia, lo lógico es que me fascinara. Y así ha sido. Me ha fascinado y me ha emocionado. Jon ha terminado filmando una obra maestra.

La película de Jon Viar no sirve solo para denunciar el terrorismo de ETA sino para denunciar la ideología nacionalista y el proyecto totalitario de los terroristas. Es lo que vino a hacer Basta Ya a finales del siglo pasado y comienzos del siglo XXI cuando, además de salir a la calle a llorar y a lamentar la violencia y los atentados, denunció el proyecto nacionalista, enarboló la bandera del Estado de Derecho y defendió la legalidad vigente, es decir, la Constitución Española. No solo criticaron los medios de ETA y sus servicios auxiliares sino también sus pretensiones y sus fines: dividir a la sociedad y levantar una frontera entre conciudadanos. Como dice Iñaki Viar en la película, “supe que distintos o diferentes es el nombre elegante de la xenofobia. Lo supe muy bien y para siempre”, y por eso “traicioné, y lo digo con orgullo, y por fin empecé a pensar por mí mismo”.

Y tal planteamiento Jon Viar lo convierte en película, transformada en verdad histórica. Sin trampa ni cartón, sin medias verdades, sin eufemismos, como hablan los protagonistas a los que da voz y escucha. Con la verdad por delante y llamando a las cosas por su nombre. La violencia terminó y ETA fue derrotada, pero queda pendiente deslegitimar y derrotar su proyecto político.  

Si aún fuese diputado en el Parlamento Vasco, invitaría a Jon Viar a la Comisión de Derechos Humanos para que presentase y explicase su obra. Y si fuera profesor en Euskadi o en cualquier parte de España, proyectaría Traidores a mis alumnos. Apenas soy un ciudadano comprometido que se niega a cerrar los ojos ante las injusticias. Lo mínimo que puedo hacer es escribir este artículo y animaros a verla.     

Con motivo del décimo aniversario del fin de la violencia terrorista de ETA, Arnaldo Otegi procedió a realizar una declaración institucional de esas que, al escribirlas, se miden hasta las comas. En ella, además de agradecer a “aquellos que apostaron de manera valiente y arriesgada por las vías exclusivamente pacíficas”, es decir, a los miembros de ETA que decidieron no seguir cometiendo actos terroristas, y de recordar “el inequívoco carácter estratégico de la decisión adoptada”, se refirió a las víctimas del terrorismo (se entiende que a los familiares de los asesinados o a los que sobrevivieron) para “trasladarles nuestro pesar y dolor por el sufrimiento padecido”, decirles que “sentimos su dolor” y asegurar que “nunca debió haberse producido”. Reconoció que “el pasado no tiene remedio” y aseguró que “sentimos enormemente su sufrimiento y nos comprometemos a tratar de mitigarlo en la medida de nuestras posibilidades”. Finalmente, solicitó una “solución integral a los presos de ETA”, es decir, su excarcelación sin cumplir sus condenas por los crímenes cometidos, y exigió “la resolución democrática de nuestro problema nacional” ya que “somos una nación que debe ser respetada y reconocida”, que es tanto como pedirnos al resto que abdiquemos de nuestras ideas y les demos la razón para que Euskal Herria alcance definitivamente la independencia.   

Tan pronto como escuché estas palabras, incluso antes de oírle reconocer ante un grupo de simpatizantes que su objetivo ahora es la puesta en libertad de sus presos, las entendí como una simple estrategia política de eso que se llama “el entorno de ETA” o la “izquierda abertzale” para fortalecer su proyecto político, lograr más votos, ganar más poder y alcanzar antes sus objetivos políticos: anexión de Navarra y sur de Francia al País Vasco, ejercicio del derecho a la autodeterminación e independencia. Es decir, que no es que Otegi sienta como propio el sufrimiento provocado a miles de inocentes; y, desde luego, tampoco reconoce la legalidad democrática gustosamente sino que ahora no la vulnera porque no le queda otra.

Nos provocó un inmenso dolor y cambió la realidad política vasca para siempre, pero al menos no logró ni uno solo de sus objetivos políticos: ni anexión de Navarra al País Vasco, ni derecho a la autodeterminación ni independencia

Más allá de la palabrería, lo cierto es que Otegi no pide perdón expreso a las víctimas del terrorismo (ni falta que hace, dirán algunas, asesinados sus seres queridos y truncadas sus vidas) ni condena la trayectoria criminal de ETA ni afirma que nunca tuvo justificación alguna. Y cuando, refiriéndose a las víctimas que él ayudó a provocar, afirma que “sentimos enormemente su sufrimiento, y nos comprometemos a tratar de mitigarlo en la medida de nuestras posibilidades”, Otegi simplemente miente. Porque quien siente de verdad el padecimiento de los asesinados o de sus familiares, no homenajea a los presos excarcelados que atentaron contra ellos; quien pretende mitigar el dolor de los familiares de las víctimas, no califica de “presos políticos” a los asesinos; y quien quiere construir una sociedad más justa, no se niega a esclarecer los más de trescientos crímenes cometidos por ETA pendientes de resolución. Y es que, como escribió Montaigne, “no se trata tanto de que se recite la lección como de que se practique”. Todo lo demás es burda estrategia y cinismo político.

Sea como fuera, conviene recordar que la violencia terrorista terminó y que ETA fue derrotada. Nos provocó un inmenso dolor y cambió la realidad política vasca para siempre, pero al menos no logró ni uno solo de sus objetivos políticos: ni anexión de Navarra al País Vasco, ni derecho a la autodeterminación ni independencia. Es cierto que queda la batalla del relato, contar a nuestros jóvenes la verdad de los hechos ocurridos y deslegitimar socialmente la violencia, pero no es menos cierto que la democracia venció a los terroristas.

Así pues, las declaraciones de Otegi tienen un objetivo político: que la llamada “izquierda abertzale” incremente su fuerza y su capacidad de influencia. No es necesario ser un lince para saberlo. Ahora bien, diez años después de haber sido ETA derrotada, los demócratas partidarios de las libertades públicas y de la unidad política de España debemos estar a la altura de las circunstancias. Porque, como siempre, no importa tanto lo que ellos digan sino lo que los demócratas unidos seamos capaces de hacer en beneficio de todos. Sabemos de sus pretensiones, sus prioridades y sus objetivos. Al resto nos toca derrotar democráticamente su proyecto político, ese por el cual asesinaron y hoy siguen reivindicando.

Iván Redondo es un profesional de la consultoría política. Alguien que vende sus conocimientos y su experiencia a quien pueda y quiera pagárselos. No es un representante político. No fue elegido por los ciudadanos por unas determinadas ideas expuestas previamente a la sociedad; no lo une ningún contrato a esta, por lo que no está en la obligación de rendir cuentas ante ella. Su función es asesorar al representante político o institucional que lo contrate y tratar de —analizando el mercado electoral, el panorama político, las encuestas y las características y las potencialidades de su cliente— cumplir los objetivos marcados: incrementar el número de votos obtenidos, mejorar la imagen de su cliente ante la sociedad, pulir a un líder, perfeccionar su política de comunicación, lograr una alcaldía o hacerse con el gobierno. Lógicamente no a cualquier precio, pero aquí cada cual tiene sus límites, como en el resto de profesiones. 

En el pasado ayudó a Xavier García Albiol, candidato del PP, a lograr la alcaldía de Badalona, cosa que finalmente alcanzó con una campaña con tintes xenófobos que logró convencer y atraer el voto de un número considerable de residentes en Badalona. En el caso de Pedro Sánchez, lo contrató con un primer objetivo: llegar a la Moncloa. Y se obró el milagro. Pedro Sánchez lo contrató como profesional de la consultoría política y, visto sus antecedentes, sin tener en cuenta sus principios o sus ideas, irrelevantes para lo que se pretendía. Es más, incluso es posible que el hecho de carecer de ideas o principios o saber dejarlos al margen de su labor profesional animara a Pedro Sánchez a hacerse con sus servicios. Y se juntaron el hambre y las ganas de comer.

Sus ideas personales no importan. Son irrelevantes. Y no importa tanto que Iván Redondo tenga pocos o muchos escrúpulos sino que el presidente del Gobierno no los tenga en absoluto

Los políticos son (o deberían ser) ciudadanos comprometidos que, en un momento determinado, deciden involucrarse en los asuntos públicos, afiliarse a un partido político, militar activamente en él y, llegado el caso, formar parte de sus listas electorales (si finalmente se lo ofrecen) para defender en las instituciones las ideas del partido al que representan. Si logran ser cargos representativos del partido o cargos públicos, deben explicar sus principios, sus ideas o sus propuestas. Y, en caso de que las incumplan, rendir cuentas por ello. Los ciudadanos, a través de las distintas citas electorales, y los periodistas, esenciales para dejar en evidencia o retratar al político que traiciona las ideas que dijo que defendería, a través de su crítica periodística, sus columnas, sus análisis y sus entrevistas. Si el político de turno tiene habilidad bastante o razones de peso que justifiquen su cambio de criterio o la imposibilidad de lograr lo que prometió, podrá dar las explicaciones solicitadas e incluso salir indemne. Si está preparado para ello, lo tendrá más fácil. 

Los partidos políticos, los representantes de los partidos políticos y los cargos públicos necesitan el asesoramiento de un profesional de la consultoría política. No para darles la razón o dorarles la píldora sino para, desde fuera y en base a sus conocimientos objetivos, saber corregirlo, aconsejarlo y guiarlo. El político necesita a alguien que, desde fuera, le diga toda la verdad que no ven los más sectarios o no se atreven a verbalizar los más afines. Quien decide y el último responsable de sus decisiones es el representante político, no el profesional encargado de su asesoramiento. En general, las ideas que pueda tener el profesional son irrelevantes. Como profesionales que son, se adaptan. Al político no imponen tanto sus ideas como su estrategia y la forma de comunicarse con el público objetivo. Todo esto con los límites que la democracia impone: fundamentalmente, cumplimiento estricto de la legalidad vigente y defensa de ideas democráticas, ya que algunas ni son democráticas ni, por lo tanto, son respetables (bajar o subir impuestos es perfectamente legal y democrático; sin embargo, atentar contra los derechos de la mujer o suprimir el derecho a voto de los negros no lo es en absoluto).

El político necesita a alguien que, desde fuera, le diga toda la verdad que no ven los más sectarios o no se atreven a verbalizar los más afines. Quien decide y el último responsable de sus decisiones es el representante político, no el profesional

Teniendo en cuenta, por tanto, estos límites, el profesional de la consultoría política asesora a su cliente en base a sus conocimientos técnicos, su experiencia, los datos que maneja, la información de la que dispone, su intuición y su inteligencia. Es por ello que hay consultorías políticas que prestan servicios a distintos partidos políticos, a distintos cargos públicos de distintos partidos o a distintas instituciones en manos de diferentes partidos políticos. Todo esto es lo que Iván Redondo debería haber explicado a Jordi Évole. Y este, haber entendido que sus ideas nos importan más bien poco, ya que no fue elegido por los ciudadanos. Jordi Évole insistió sin embargo por ahí y estuvo bien para conocerlo mejor y comentarlo después, pero nada más.

Iván Redondo, por su parte, no fue a la entrevista con los deberes hechos. Si hubiera tenido un asesor, ay, se lo habría explicado. En demasiadas ocasiones Iván Redondo no sabía qué responder: si lo que él pensaba realmente, si lo que se supone que se esperaba de él o si aquello que no le impidiera tener nuevos clientes en el futuro. Un lío. Deslizar que Iván Redondo piensa como su cliente Albiol o como su cliente Sánchez es no entender de qué va la cosa. O contraponer una cosa con la otra buscando contradicciones. Es posible que Iván Redondo no defienda ni una cosa ni la otra. O que incluso no sepa realmente qué defiende. Y, desde luego, no nos importa. No antepone sus ideas políticas a su carrera profesional. Los consultores políticos se sienten más cómodos con aquellos con los que comparten ideas, pero no es necesario que así sea. Y no suele ser. 

El éxito de Iván Redondo fue ayudar a Pedro Sánchez a llegar a la Moncloa (como años antes hacer a Albiol alcalde de Badalona). Cumplió el objetivo por el que se le contrató. Y después lo asesoró a la hora de tomar decisiones de las que el único responsable es Pedro Sánchez; o, en todo caso, el gobierno de España en su conjunto. 

Sus ideas personales no importan. Son irrelevantes. Y no importa tanto que Iván Redondo tenga pocos o muchos escrúpulos sino que el presidente del Gobierno no los tenga en absoluto. 

En el pleno de política general del Parlamento Vasco de la semana pasada, el lehendakari Iñigo Urkullu defendió “una fórmula de Concierto Político que dé respuesta a la conciencia social mayoritaria y contribuya a resolver definitivamente el 'problema vasco', lo cual nos permitiría la reintegración foral plena; es decir, derogar definitivamente las leyes de abolición de los fueros y retornar a la soberanía anterior a 1839”.

Ya en los inicios del siglo XX, Sabino Arana, fundador en 1895 del PNV, abandonaba sus iniciales objetivos rupturistas y descubría la conveniencia de proceder a la “legalización de los fines del partido”. Propugnaría entonces la transformación del partido nacionalista en otro que pretendiera el máximo de autonomía para el País Vasco sin cuestionar la unidad del Estado. A la muerte de Arana en 1903, mientras se mantienen más fuertes que nunca las tensiones internas entre los dos principales sectores del partido (los mismos dos sectores que siguen vivos hoy día), se comienzan a sentar las bases tanto del nuevo programa como de la organización del partido. Para impedir la “evolución españolista”, el sucesor designado por Arana, Ángel Zabala, promueve como nueva definición de los objetivos del PNV la reintegración foral. Con ello se conseguía aquella “legalización” de los fines del partido defendida por Arana, que pasaban a ser la derogación de la ley de 25 de octubre de 1839 confirmadora de los fueros “dentro de la unidad constitucional de la Monarquía”, pero sin abandonar el independentismo como objetivo: para Arana los fueros eran la independencia y tal situación se perdió cuando la citada ley hizo que sobrevivieran por graciosa concesión española. Volver a la situación anterior a la ley de 25 de octubre de 1839 sería, por lo tanto, recuperar la independencia.

Como acaba de escribir Pedro Chacón, es falso que Euskadi fuera soberana en aquella época, “cuando ni siquiera formaba una unidad política y aquí ejercían los corregidores del rey de Castilla”. Nos recuerda que el de la soberanía anterior a 1839 “es el mayor mito del nacionalismo vasco”; uno más entre otros muchos, añado. Efectivamente, “la ley foral de 1839 articuló el poder de la foralidad vasca liberal, que vivió su etapa dorada entonces y dio como resultado el reforzamiento de las diputaciones forales sobre las Juntas Generales. Y la ley foral de 1876 dio pie a que en 1878 se pusiera en marcha el sistema de Conciertos Económicos. Aquí ejercían los corregidores, que representaban al rey de Castilla, desde 1370 en Bizkaia y desde 1379 en Gipuzkoa. Y si no existieron en Álava es porque el rey no quiso. Y aquí se quedaron hasta bien entrado el siglo XIX, cuando se acabaron convirtiendo en gobernadores civiles”.

Sea como fuera, es un clásico que en el debate de política general el lehendakari nacionalista de turno trate de animar a sus huestes con nuevos proyectos o reformulaciones políticas (bien sea el cumplimiento del Estatuto de Gernika, el Estado libre asociado o la consecución de la nación foral, por poner tres ejemplos) que den la sensación de que no renuncian a nada y, de paso, nos recuerden que los nacionalistas siguen siendo nacionalistas, que el objetivo por antonomasia del nacionalismo se mantiene y que el estado actual de cosas no es más que un estadio intermedio antes de lograr la ansiada independencia. Desde luego, el actual lehendakari es de los que sabe perfectamente que la independencia de Euskadi, en el mundo actual de la globalización y las soberanías compartidas, no es sino un imposible (además de una idea muy mala). Pero no es eso tan importante como el deseo de alcanzar nuevas ventajas políticas y nuevos privilegios económicos (a partir de los ya existentes), obviamente, a costa de los restantes ciudadanos españoles.

Además, en dicho pleno de política general, el lehendakari reivindicó la figura del “Concierto Político”, apeló a la “bilateralidad efectiva” y dijo que el autogobierno está amenazado. Es lo que tiene habitar en un país amenazado por los nacionalismos periféricos y la disgregación territorial y la desigualdad, todo esto más evidente cada día que pasa: que siempre habrá quien quiera mejorar las cosas y, por lo tanto, plantear, a través de los mecanismos legales establecidos, una corrección del inviable e insostenible modelo territorial vigente y abogar por la centralización de competencias clave para defender el interés general y el bien común, que incluya, en consecuencia, la supresión de privilegios económicos como el Concierto Económico o el Convenio navarro, o de determinados tratos de favor como las reuniones bilaterales entre el Gobierno de España y Cataluña, que privilegian a determinados ciudadanos frente a los demás y fomentan una incesante carrera para lograr beneficios de unos frente a los restantes.

Mientras unos miran al pasado para manipularlo y manipularnos o apuntan al mantenimiento o el fortalecimiento de determinados privilegios o incluso al derecho a la autodeterminación y la independencia y otros siguen dispuestos a concedérselo o al menos negociarlo, otros estarán dispuestos a poner pie en pared a los excesos de los nacionalistas, se vistan o no con piel de cordero, parar la centrifugación del Estado, recuperar competencias para el Gobierno de España y, finalmente, trabajar para disponer de un país igualitario, justo y moderno, conformado por ciudadanos libres e iguales, que dé respuesta a los principales problemas de la gente.

El lehendakari miró a la primera mitad del siglo XIX y repitió aquello que suelen afirmar solemnemente los nacionalistas cada cierto tiempo: “el autogobierno está amenazado”. Dadas las circunstancias, la realidad de los hechos, los errores cometidos y las consecuencias que padecemos, lo raro sería que no lo estuviera. 

El Gobierno de España está a punto de conceder el indulto a los dirigentes catalanes independentistas condenados en 2019 a penas de cárcel por la comisión de los delitos de sedición y malversación de caudales públicos cometidos en el curso de sus actuaciones llevadas a cabo para subvertir el orden constitucional y proclamar unilateralmente la independencia de Cataluña. El Gobierno les concederá el indulto a pesar de que no se han arrepentido y han prometido volver a hacerlo; y de la posición contraria de la Fiscalía General del Estado y del Tribunal Supremo, recogida en sendos informes.

La concesión de la institución del indulto es prerrogativa del Gobierno de España, lo cual no quiere decir que sea un derecho de libre disposición en manos del Gobierno sino que, muy al contrario, está condicionado: debe justificarse convenientemente y debe cumplir una serie de requisitos. Si no hubiera requisitos, no sería recurrible, y sí es recurrible. Y en caso de que no se cumplan, el Tribunal Supremo podría anular los indultos concedidos, que es lo que espero suceda si el Gobierno de Sánchez sigue adelante.

Entre los requisitos establecidos en la ley no se encuentra, sorprendentemente, el arrepentimiento de los condenados. Sin embargo, hay otros que convertirían estos indultos, en mi opinión, no solo en injustos y políticamente inconvenientes sino en abiertamente ilegales. Según la ley vigente, el Gobierno debe justificar que el indulto se concede por razones “de justicia, equidad y utilidad social”. Y son precisamente estas razones las que la decisión del Gobierno de España vulneraría. Sánchez está dispuesto a indultar a los condenados para seguir contando con el apoyo de los independentistas en el Congreso de los Diputados, aprobar los próximos presupuestos generales y alargar la legislatura; en ningún caso puede entenderse que ayudaría a mejorar la situación política y social de España sino únicamente la pervivencia (y solo en el corto plazo) de este gobierno. A medio plazo todo iría a mucho peor, incluso para este gobierno.

Estos indultos ni pueden darse (porque serían ilegales) ni deben darse (porque son injustos y claramente inconvenientes)

Además, si algo demostraría la concesión de estos indultos a quienes no solamente no se han arrepentido sino que incluso han prometido volver a hacerlo (nada menos que intentar subvertir el orden constitucional y convertir a la mitad de los catalanes en extranjeros en su propia tierra), es la existencia en España de ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda: los primeros (políticos con mando en plaza) pueden incumplir impunemente la ley, mientras que los segundos (el común de los ciudadanos) debemos cumplir estricta y rigurosamente todas las leyes, nos gusten o no.

En mi opinión, estos indultos ni pueden darse (porque serían ilegales) ni deben darse (porque son injustos y claramente inconvenientes). El Gobierno de España aduce que esta medida ayudaría a rebajar la tensión política en Cataluña y a lograr la concordia social y política. Sin embargo, no sería sino una nueva medida de apaciguamiento en relación al nacionalismo catalán, de entre las muchas que se han venido aplicando desde la Transición democrática hasta nuestros días. En contra de lo que algunos pretenden vendernos, lo que provoca nacionalistas no es llevarles la contraria o hacer cumplir la legalidad vigente, sino tratar de apaciguarlos, confraternizar con ellos o, en última instancia, darles la razón aunque no la tengan. Que es precisamente lo que se ha pretendido hacer con el conjunto de los nacionalismos periféricos durante largos años; y a la vista está la situación en la que nos encontramos. No solo no hay más cohesión social y más igualdad sino precisamente menos, y el común de los ciudadanos españoles vivimos a expensas del último pacto del partido de turno supuestamente nacional con cualquiera de los insaciables nacionalistas, siempre dispuestos a sacar tajada política en contra del interés general y el bien común.

Sánchez, para justificar esta medida, hizo un alegato contra el castigo y a favor de la concordia. Si no es ignorancia supina, es pura demagogia; o ambas cosas. No puede haber concordia sin cumplimiento estricto de la legalidad vigente o si esta se aplica en función de tus ideas políticas; y si efectivamente esta se vulnera voluntaria y gravemente, no queda otra que aplicar el castigo correspondiente establecido en las propias leyes. Y si los castigados no solo no se arrepienten sino que incluso anuncian públicamente que volverán a hacerlo, el indulto es un sinsentido que termina convirtiéndose en una inmensa injusticia y en una humillación pública para los que cumplimos las leyes.

Además, como ya se ha dicho, es socialmente inconveniente. No aporta a la paz social o a la convivencia sino que va en contra de ambas; porque además sería un insulto a quienes en Cataluña y en el resto de España se han visto perjudicados por los delitos cometidos por los dirigentes independentistas catalanes. Y animaría nuevamente a estos a transitar por el mismo camino. Y a no cejar en su empeño de lograr sus objetivos vulnerando la Constitución Española.

Por todo esto, estos indultos ni pueden darse (son ilegales) ni deben darse (son injustos y perjudican el futuro político de España). 

Este 14 de abril se cumplen 90 años de la proclamación de la Segunda República, cuya vigencia se extendió hasta el 1 de julio de 1939 con la finalización de la Guerra Civil y la victoria de los sublevados, aquellos que se habían alzado a través de un golpe de Estado contra el legítimo Gobierno de España unos años antes, el 18 de julio de 1936, e instauraron después una dictadura. Durante los últimos años, el debate que sigue vivo y que incluso se caldea en determinados momentos no gira tanto sobre el alcance y los éxitos y fracasos de aquella experiencia histórica como sobre la posibilidad de que la España actual se pudiera convertir en una república y dejara de ser la monarquía parlamentaria que los españoles decidimos que fuera en la Constitución de 1978. Dejemos a los historiadores que analicen lo primero y veamos las oportunidades y las amenazas para lo segundo.

En primer lugar, debe decirse que España es hoy una democracia plena, mejorable como todas ellas, pero perfectamente equiparable a las democracias de nuestro entorno. Desde luego, perviven algunas anomalías democráticas, como que la izquierda oficial haga depender el Gobierno de España de quienes quieren acabar con ella, o como que forme parte del gobierno de la nación un partido político que no condena las agresiones violentas que sufren otros partidos democráticos. Por lo demás, sufrimos problemas semejantes a los que sufren otros países tan democráticos como el nuestro, aunque agravados, y algunos otros que nos afectan a nosotros especialmente: aparte de los problemas sanitarios provocados por la pandemia, la crisis económica, el paro que afecta a millones de ciudadanos (endémico entre nuestros jóvenes), la precariedad laboral, la dificultad para acceder y disfrutar de una vivienda digna, la desigualdad social, las bolsas de pobreza, la politización de la justica, el sectarismo de los partidos políticos, el descrédito de algunas de nuestras instituciones o la corrupción política.

Que el rey emérito tuviera un papel clave durante la transición democrática no puede suponer que después pudiera tener bula para prácticas poco presentables o vedadas para cualquier otro ciudadano

En cuanto a nuestra forma de Estado, somos una monarquía constitucional, modelo que unos defienden, otros pretenden sustituir o derribar y otros bastantes, siendo en principio republicanos, aceptamos por puro pragmatismo mientras no se nos garantice una forma más eficaz y eficiente de forma de gobierno. En principio, elegir votando al jefe del Estado es teóricamente más democrático a que dicho cargo se herede sin pasar por las urnas; sin embargo, conviene recordar que es el modelo que se aprobó cuando se votó la Constitución Española y que, además, no estamos atados de pies y manos al tipo de Jefatura del Estado que tenemos: es decir, que se mantenga este modelo depende de que una mayoría de ciudadanos españoles lo siga apoyando; en cuanto esto cambiara, bastaría con modificar la Carta Magna, eso sí, a través de los procedimientos legales establecidos y las mayorías necesarias para ello. Dicho de otra forma, no elegimos cada cuatro años quién se ubica en la Jefatura del Estado porque ya elegimos en su momento no elegir cada cuatro años y que dicho cargo se heredara de padres a hijos. Obviamente, esto es modificable y perfectamente legítimo plantearlo.

La nuestra, cabe recordarlo, no es una Monarquía absolutista ni cosa parecida… sino una Monarquía constitucional y parlamentaria donde el Rey tiene poderes limitados. Si echamos la vista atrás, observamos los comportamientos poco éticos del rey emérito que nos llenan de vergüenza… ajena; los ciudadanos exigimos por ello la democratización de la Casa Real y la puesta en marcha de todas las medidas que sean necesarias para garantizar su control y la máxima transparencia. No pueden volver a repetirse los comportamientos que hemos sufrido, los cuales en ningún caso se pueden relativizar ni mucho menos justificarse de ninguna de las maneras; que el rey emérito tuviera un papel clave durante la transición democrática no puede suponer que después pudiera tener bula para prácticas poco presentables o vedadas para cualquier otro ciudadano. Nos merecemos representantes políticos e institucionales transparentes, respetuosos con la legalidad vigente y éticamente irreprochables.

Otra cosa es poner en marcha los mecanismos establecidos para convertir nuestra Monarquía constitucional en una República. Desde luego es una posición perfectamente respetable aunque, a la vista de los momentos que vivimos, palabras mayores. Si alguien quiere iniciar ese camino, deberá convencernos a una mayoría de españoles de que tal decisión merecerá la pena y nos llevará a un estadio mejor para todos. Si observamos nuestro panorama político, no es difícil concluir que de lo mejor que tenemos de entre nuestros representantes es a Felipe VI, el más republicano de entre todos ellos, quién lo iba a decir. El que parece pensar más en el interés general y el bien común. Casi preferimos no imaginarnos a ninguno de nuestros líderes políticos en su lugar.

Si observamos el panorama internacional, observamos que existen repúblicas muy poco democráticas y monarquías que funcionan perfectamente. Pasa lo mismo, por cierto, que con el modelo de distribución territorial del poder: hay Estados descentralizados donde prima la desigualdad y la corrupción política y Estados centralizados donde se garantizan mejores y más igualitarios servicios públicos. Y viceversa. Por lo que concluyo que existen otros atributos que inciden de forma muy importante en la calidad de la democracia y en el nivel de bienestar que alcanzan y disfrutan los ciudadanos. Que creo, por cierto, es el objetivo que debería tener cualquier partido político.

Se cumplen 90 años de la proclamación de la Segunda República, tiempo durante el cual se alcanzaron hitos importantes y donde hubo igualmente problemas graves que no pudieron solucionarse e incluso se agravaron. España es hoy una democracia plena pero perfectible. Y, de entre todos los problemas que nos acechan, no incluyo a día de hoy a la forma del Estado. Es, desde luego, perfectamente respetable que haya quien prefiera dar ya los pasos necesarios para convertirnos en república. Es menos respetable que haya quien lo pretenda como paso previo a echar abajo el que llaman régimen del 78 o para después trocear España. Otros consideramos que existen otros problemas cuya resolución se nos antoja mucho más acuciante; sin ir más lejos, los arriba mencionados. Además, cuando surge la duda, utilizo un sistema que rara vez falla: miro quiénes son quienes con más ahínco pretenden derribar nuestra Monarquía. Y entonces ya no tengo dudas. Es lo que tiene el pragmatismo. 

Ciudadanos no está atravesando su mejor momento. Más bien está atravesando el peor de su historia, habida cuenta del hecho irrefutable de los resultados electorales en Cataluña, donde ha pasado de 36 a 6 diputados; la última crisis interna que está sufriendo a raíz de las mociones de censura presentadas en Murcia; y, en general, el desgaste progresivo de su proyecto político.

Ciudadanos nació en 2006 en Cataluña como respuesta al nacionalismo catalán y para defender, como expresa su nombre, el concepto ilustrado de ciudadanía, según el cual todos tenemos los mismos derechos y obligaciones, independientemente de la parte de España donde vivamos; más concretamente, como respuesta a la deriva identitaria y catalanista del PSC, abducido por los cantos de sirena del nacionalismo reaccionario. A pesar de sus orígenes progresistas e incluso izquierdistas de sus padres fundadores, en las elecciones europeas de 2009, incomprensiblemente, y por cuestiones puramente electorales, Ciudadanos decidió presentarse de la mano de Libertas, un partido político xenófobo, antieuropeo y de extrema derecha, lo que le supuso su primera gran crisis interna. Consecuencia de ello, centenares de militantes decidieron abandonar la formación naranja, la cual parecía extinguirse.

Sin embargo, semejante decisión no significó su desaparición definitiva y Rivera supo reinventarse; de hecho, Ciudadanos pudo presentarse como partido nuevo y emergente en las elecciones europeas de 2014, momento en el que comienza su gran crecimiento, gracias a un gran apoyo mediático, su rivalidad con UPYD de la que saca provecho y los cambios que se producen en la política española. A finales de 2014, Podemos y Ciudadanos ya eran los dos partidos políticos emergentes llamados a condicionar la política española del futuro. Eran los días de vino y rosas, con presencia mediática diaria a pesar de su limitadísima implantación fuera de Cataluña y con encuestas que anunciaban su inminente entrada con fuerza en las principales instituciones españolas, especialmente en el Congreso de los Diputados. Era cuando todo el mundo (es un decir) quería entrar en Ciudadanos y Ciudadanos fichaba para sus filas a políticos de la competencia.

2015 fue su primer gran año, obteniendo nada menos que 40 diputados en las elecciones generales de diciembre de 2015, aquellas que ganó el PP de Mariano Rajoy, aunque lejos de la mayoría absoluta. En febrero de 2016 firma con el PSOE de Pedro Sánchez un pacto “reformista y de progreso” que incluía doscientas medidas, entre las cuales se encontraba la defensa de la unidad de España. Sin embargo, al no alcanzar ambos partidos la mayoría necesaria, el acuerdo se convierte en papel mojado y, unos meses después, en junio de 2016, se repiten las elecciones, en las que obtiene 32 diputados (Podemos llega hasta los 71).

Es a partir de ese momento cuando se hace más visible la pretensión de Albert Rivera de abandonar sus orígenes socialdemócratas y disputar el centro derecha al PP, lastrado en esos momentos por gravísimos casos de corrupción política. Y así, su IV Asamblea, en un ejercicio inusitado de travestismo político, decide abandonar el “socialismo democrático”, el “laicismo identitario” y el centro izquierda, y abrazar el liberalismo económico y la transversalidad, convertida en la práctica en una ubicación evidente en el centro derecha. Esta decisión supuso el abandono de muchos militantes inequívocamente izquierdistas de Ciudadanos y la crítica de algunos de sus fundadores.

Salvo en Cataluña, Ciudadanos creció en el resto de España impulsado por los votos de miles de ciudadanos desencantados pero, fundamentalmente, por los votos de antiguos votantes del PP, avergonzados por la corrupción del partido; y así obtuvo millones de votos. Ciudadanos fue llenándose de liberales en lo económico, de personas con ambición sin adscripción ideológica conocida y también, obviamente, de personas de enorme valía dispuestas a defender la unidad de España frente al desafío nacionalista, especialmente en Cataluña. Ciudadanos, con un discurso valiente y ganador, logró nada menos que ser el partido más votado en las elecciones autonómicas de 2017, con 36 escaños y más de un millón de votos. Ciudadanos seguía creciendo. Y su siguiente objetivo era conquistar la Moncloa.

Pero llegó la moción de censura del PSOE de Pedro Sánchez al Gobierno del PP a mediados de 2018, tras la sentencia de la Gürtel. Y Ciudadanos, en lugar de abstenerse, optó durante el debate por defender a Mariano Rajoy, en la esperanza, cabe suponerse, de que los votantes del PP siguieran transitando ordenadamente hacia el nuevo y pujante partido de centro derecha que se abría paso. Esta posición de Ciudadanos de votar en contra de la moción de censura en lugar de abstenerse fue otro de sus grandes errores, pues lo terminó ubicando en el mismo espacio electoral que el PP, al que prometía desalojar como principal partido del centro derecha. Ciudadanos ya había abandonado su ubicación en el centro izquierda en la IV Asamblea celebrada a comienzos de 2016, y ahora, ante la moción de censura, el nuevo rumbo era claro: crecer por la derecha. O todo o nada. O sorpasso al PP o, posiblemente, irrelevancia política.

Albert Rivera dimitió, pero no reconoció ningún error concreto, entre los cuales se encontraba el principal: haber antepuesto sus (supuestos) intereses partidarios a los intereses generales de España

Ubicados definitivamente en ese espacio, se celebraron las elecciones de febrero de 2019, en las que obtuvo un extraordinario resultado (57 diputados), pero sin lograr el ansiado sorpasso al PP (66). Ciudadanos y PSOE sumaban 180 diputados, más allá de la mayoría absoluta. Incomprensiblemente, e independientemente de las supuestas preferencias de Pedro Sánchez, Ciudadanos se negó siquiera a dialogar con él, convirtiendo en inservibles esos 57 diputados. Ciudadanos había abandonado su ubicación en el centro izquierda y ahora abandonaba incluso su papel de bisagra, dispuesto a pactar a izquierda y derecha para que ni PSOE ni PP tuvieran que pactar con los nacionalistas la gobernabilidad de España, uno de los papeles principales que la historia le había guardado y una mayoría de españoles esperaba. Solo a última hora, y no por España sino para evitar una repetición electoral que los llevaría al desastre, Rivera planteó una oferta a Sánchez, pero ya era tarde y muy poco creíble. La figura de Rivera comenzó a menguar. Arrimadas dejaba Cataluña. Y Ciudadanos ya solo estaba dispuesto a pactar con el PP, a quien eligió como único aliado. Se mimetizaba con el partido histórico del centro derecha español. Incluso se presentaron en coalición con el PP en Euskadi y en Navarra, lugares donde decidió abrazar el foralismo y los derechos históricos, en lugar de mantener su independencia y algunos de sus muy buenos propósitos. No entendió que para hacer del PP, ya estaba el PP. Y que Ciudadanos no había nacido para eso.

Tras la negativa de Rivera a tratar al menos de condicionar a Sánchez e intentar pactar un gobierno progresista que no dependiera de nacionalistas y populistas, Ciudadanos se hundió hasta los 10 diputados en las elecciones generales de 2019. Albert Rivera dimitió, pero no reconoció ningún error concreto, entre los cuales se encontraba el principal: haber antepuesto sus (supuestos) intereses partidarios a los intereses generales de España. Inés Arrimadas heredaba un partido político al borde del abismo, cuyo resurgimiento entonces parecía entonces una quimera y ahora mismo, un imposible.

Arrimadas varió la estrategia errónea de Rivera y trató de negociar con Sánchez para condicionarlo, lo cual no era venderse al “sanchismo” ni cosa parecida, sino tratar de ser útil a los ciudadanos. Pero con 10 diputados era mucho más difícil hacerse valer que con los 57 que llegó a tener. Además, tras haber insistido durante años que con Sánchez nunca jamás ni siquiera dialogar, aunque fuera por el interés general, le fue difícil explicar su más que razonable cambio de postura. Y se le acumularon las críticas internas de muchos de sus afiliados y las externas de sus más directos adversarios. Y las de analistas políticos que únicamente se limitaban a señalar lo obvio.

La última de sus decisiones para resituar al partido en el centro del tablero político ha sido presentar las mociones de Murcia, pero ni supo explicarse ni lo entendió casi nadie. Y ahora, como suele ocurrir cuando el barco comienza a hundirse, se multiplican las críticas internas, las deserciones, los abandonos, las dimisiones e incluso los episodios de transfuguismo, en una sangría quizás imposible de detener por mucho que se intente.

De significar una esperanza para muchos, a la irrelevancia política, consecuencia de sus graves errores estratégicos. De nacer en el centro izquierda a ocupar el centro derecha. En no pocos casos, de defender una cosa a defender la contraria, con continuos cambios de criterio y decisiones incomprensibles, en una trayectoria entreverada de excesivo marketing, publicidad y propaganda. En ocasiones, excesos verbales e histrionismo, olvidando sus orígenes ilustrados y algunas de sus propuestas más progresistas. De defender reformas políticas, institucionales y constitucionales indispensables para España, a centrarse exclusivamente en la lucha contra el nacionalismo… y la bajada de impuestos. En determinados momentos, faltó autocrítica, y la crítica interna, o no se produjo o no fue atendida por la dirección, ciega y sorda. Se pasó de defender el interés general al sectarismo partidario, ese virus que termina afectando a todos los partidos políticos. Y ahora, Ciudadanos, a pesar de que alberga en su seno a algunas personas de enorme valía y con un compromiso diáfano de defensa de la democracia en España, parece rozar su desaparición definitiva.

De significar una esperanza para muchos, a la irrelevancia política, consecuencia de sus graves errores estratégicos. De nacer en el centro izquierda a ocupar el centro derecha

Hay quienes dicen que España necesita tres cosas: una nueva derecha que aúne a las derechas dispersas que ahora coexisten; un nuevo centro político capaz de pactar a izquierda y derecha; y una nueva izquierda que combine lo social con lo nacional, dialogue con sus adversarios y se enfrente con contundencia a los nacionalismos que quieren romper España. Si tuviese que elegir una de las tres cosas que se supone necesita España, elegiría la tercera.

Los independentistas que habitan entre nosotros y pretenden romper la unidad de España y alcanzar la independencia de su territorio dicen a menudo que sus pretensiones políticas no pueden alcanzarse, puesto que no existe en España el derecho a la autodeterminación y, por lo tanto, a la independencia de cualquiera de sus partes. Antes que nada debe aclararse que el derecho a la autodeterminación no existe en ninguna constitución del mundo (salvo en la de Etiopía, suele decirse) y que el derecho internacional solo lo reconoce en dos casos: para el caso de las colonias, de modo que a través de esa vía puedan recuperar la soberanía y la independencia; y para el caso de territorios donde no se respetan los derechos humanos por parte del Poder central y, por tanto, sea esa la manera de alcanzar una sociedad libre y democrática. Por si acaso lo digo: Cataluña no se encuentra en ninguno de los casos, como todo el mundo sabe, incluso los que disimulan.

Dicho esto, los independentistas sí pueden alcanzar su propósito político de fraccionar el Estado y constituir un Estado independiente. Así como Alemania no puede dejar de ser federal ni Italia convertirse en Monarquía, en España permitimos incluso que se rompa la unidad del Estado. Ahora bien, no pedimos gran cosa, debe hacerse a través de los procedimientos legales establecidos, del mismo modo que ocurre con cualquier otro objetivo político: si uno quiere aprobar unos presupuestos, una ley de vivienda o una renta mínima, debe alcanzar la mayoría necesaria en el parlamento, autonómico o nacional, en función de la distribución de competencias. Un servidor, sin ir más lejos, propuso muchos cambios legales durante mis ocho años en el Parlamento Vasco… y cuando perdía, que era a menudo, no convocaba a los medios para decir que me prohibían alcanzar mis objetivos o que mis propuestas estaban prohibidas (mucho menos me saltaba la ley por las bravas para hacer tragar al resto mis ideas); la razón era más sencilla de entender e incluso de contar: era uno de entre 75 parlamentarios vascos. Y, por lo tanto, en pocas ocasiones alcanzaba mis objetivos, a pesar de que lo intentaba; por decirlo con ironía y con cierto sentido del humor: ganaba los debates… pero perdía las votaciones.

Lo de indultarlos incluso sin pedir perdón o incluso prometiendo que volverán a hacerlo es simplemente otro cantar: simplemente es inimaginable… salvo en España.

Yo, por ejemplo, pienso que la independencia es muy mala idea y casa poco con los nuevos tiempos globales. Yo creo que es mejor unir que separar, derribar fronteras que levantarlas y vivir juntos que separados. Y en los tiempos actuales no me parece que sea una idea muy brillante aislarnos del mundo… pero comprendo que hay gente para todo. Lo que no podrán decirnos es que su idea de romper el Estado es tan brillantemente buena que todos tenemos que darles la razón… como a los tontos. Yo pienso justo lo contrario: me parece una idea desastrosa, tan mala como la idea que pudieran tener los cien ciudadanos más ricos de España para independizarse del resto y dejar de pagar impuestos, ¿se imaginan? Y lo mismo pienso en relación a la ideología nacionalista en general, que, en los tiempos actuales, me parece una de las cosas más reaccionarias. En todo caso, como digo, pueden lograr la independencia, para lo cual deberán convencer a una mayoría de ciudadanos de que tal proyecto es bueno para todos, alcanzar las mayorías necesarias y modificar la Constitución Española.

En otros países tal cosa está prohibida. Es un imposible. O disponen de leyes electorales que pretenden que los partidos secesionistas no tengan más poder del que realmente disponen. Aquí no, aquí los premiamos; pero una cosa es premiarlos para que nos condicionen todas las políticas y otra decirles que sí a todo. A tanto todavía no hemos llegado. En todos los países está gravemente penado intentar dar un golpe de Estado y los delitos de sedición o rebelión son de los más graves: quien los comete, pasa una larga temporada en el trullo. Lo de indultarlos incluso sin pedir perdón o incluso prometiendo que volverán a hacerlo es simplemente otro cantar: simplemente es inimaginable… salvo en España.

Los independentistas, por tanto, pueden alcanzar sus objetivos. Para lo cual deberán respetar la legalidad vigente. Como cualquier ciudadano. Y si no la respetan o la infringen, deberán ser juzgados. Y si son condenados y entonces huyen, no serán exiliados, sino huidos de la Justicia. Y si acaban en la cárcel no serán presos políticos sino políticos presos. Son cosas sencillas de entender… salvo para los que no quieren entenderlo.

Nos vamos haciendo viejos. La semana pasada se cumplieron veinte años de la entrega del Premio Sajarov a Basta Ya por parte del Parlamento Europeo. Fue una forma de reconocer a la iniciativa ciudadana su defensa de la democracia y, por tanto, también de denunciar que en una parte de España no había democracia plena ni la libertad estaba plenamente garantizada por la acción de una banda terrorista. 

Permitidme que diga con orgullo que tuve el enorme privilegio de estar allí. Fui una de las personas que viajó a Estrasburgo a recoger el premio (o a acompañar a quienes lo recogían, más bien), y uno de los privilegiados que pudo escuchar en directo la inolvidable intervención de Fernando Savater ante el Parlamento Europeo. Tuve la suerte de compartir aquellas jornadas con personas a las que ya entonces admiraba, como el propio Fernando o José María Calleja, entre otros muchos. Y pude conocer y saludar a José María Mendiluce, de quien había leído su libro Pura Vida, que tanto me había marcado, además de haber seguido con admiración sus reflexiones sobre las guerras de los Balcanes. Además, tuve la ocasión de conocer y cenar junto a Joseba Pagazaurtundúa, asesinado poco después por ETA. Conservo una foto de ese momento, yo sentado a su lado. 

Yo era un simple joven comprometido con la defensa de la libertad y de la democracia. Por decirlo de manera menos elevada, me indignaba que ETA asesinara a conciudadanos inocentes por el simple hecho de pensar diferente, así que, en lugar de mirar para otro lado, participaba en las concentraciones que se convocaban después de cada asesinato. Tampoco fue gran cosa, pues era lo mínimo que uno podía hacer (aunque casi nadie lo hiciera). Sí tuve ocasión de participar de manera más comprometida en Denon Artean Paz y Reconciliación, junto con Cristina Cuesta o Iñaki Arrizabalaga, entre otros, desde donde pudimos organizar la primera (y última) manifestación de “La juventud vasca contra ETA”. Fue a mediados de los años 90. Ocasionalmente escribía “Cartas al Director” contra el terrorismo de ETA en El Diario Vasco. Y participaba en las manifestaciones convocadas por Basta Ya. 

Fue por todo esto y por la participación de mis padres en esas mismas manifestaciones que un fin de semana, de madrugada, nos lanzaron tres cócteles molotov al balcón de casa, sin otro resultado que nuestro firme propósito de seguir adelante. Al parecer, a los líderes de Basta Ya les gustó mi contestación a los autores del atentado, quienes me acusaron de militar en el PP para justificar lo injustificable. Esta fue mi respuesta: “Podemos entender de dos maneras diferentes el atentado sufrido: como una equivocación, un error más en la larga lista de errores cometidos por la kale borroka, o como un acierto, en el sentido de que han atacado la vivienda que pretendían. Si estamos ante el primer caso, queremos solidarizarnos con la persona a la que pretendían atemorizar y reiterar que nadie debe ser acosado por defender unas ideas tan legítimas como cualquier otra. Si nos encontramos ante el segundo caso, cosa que sospechamos, exigimos a los saboteadores que expliquen las verdaderas razones del acto, y que no mientan”. Sea como fuera, no lograron nada, y seguimos participando en todas las manifestaciones que se convocaron contra ETA, del mismo modo que antes. No nos movilizamos contra ETA porque nos atacaba sino que nos atacó porque nos movilizábamos contra ella. Y justo después de eso, recibí una llamada de Basta Ya invitándonos a mí y a mis padres a viajar a Estrasburgo a recoger el premio. Me apunté sin dudar medio segundo. 

Basta Ya no era como tal un movimiento pacifista, puesto que no era paz lo que nos faltaba sino libertad

Basta Ya surgió a finales de los 90 para enfrentarse al terrorismo de ETA y al nacionalismo obligatorio. Lo novedoso y revolucionario de este movimiento cívico fue que, además de oponerse a los asesinatos de la banda, reivindicó en positivo y sin complejos la Constitución Española, es decir, la legalidad vigente y nuestro Estado de Derecho. O sea, la democracia. Y denunció la ideología nacionalista que estaba detrás de las acciones de los terroristas. Todo esto fue lo que diferenció a este movimiento cívico de otros que hubo antes y en los que tuve también la ocasión de participar, como Denon Artean Paz y Reconciliación o Gesto por la Paz. Y todo ello lo hizo usando la voz y la palabra, de manera que se les entendía, con mensajes reivindicativos y en positivo, provocando con todo ello la reacción del PNV, de parte del periodismo y de parte del establishment, que hizo todo lo posible para debilitar a esta iniciativa ciudadana.   

Basta Ya no era como tal un movimiento pacifista, puesto que no era paz lo que nos faltaba sino libertad. Es decir, no había una guerra o dos bandos enfrentados sino una banda terrorista, apoyada por un grupo político (Herri Batasuna y sus diferentes versiones), que pretendía doblegar la democracia para alcanzar sus objetivos e imponer su proyecto político totalitario. Basta Ya hablaba con claridad meridiana, razón por la cual sus miembros más destacados fueron perseguidos por ETA y algunos de ellos, como el propio Joseba Pagazaurtundúa o José Luis López de la Calle, asesinados. Basta Ya logró en 2000 reunir en San Sebastián a más de cien mil personas, hecho nunca logrado antes por ningún movimiento de este tipo. Se pasó de concentraciones de apenas dos decenas de personas a manifestaciones multitudinarias en las que participaba gente diversa y de procedencias distintas unidas por su defensa de la democracia efectivamente vigente. A eso ayudó que los mensajes fueran, no solo claros, sino también valientes y desacomplejados. Recuerdo que Otegi, tras una de las grandes manifestaciones de Basta Ya, dijo aquello de: “Solo faltaba la cabra de la Legión”. Basta Ya, en lugar de disimular, mantenerse en silencio o pedir perdón, le respondió como merecía, por boca de Fernando Savater: “Prefiero manifestarme con la cabra de la Legión que con la cantidad de cabrones con los que habitualmente suele manifestarse el señor Otegi”. 

Los miembros más destacados de la iniciativa tuvieron que sufrir permanentes amenazas e insultos, no solo desde las filas del nacionalismo más radical sino del supuestamente democrático y de otros sectores del establishment. Ser de o defender a Basta Ya no estaba bien visto en algunos sectores: lo habitual es que te acusaran de tensar a la sociedad o de ser un extremista. Un destacado dirigente del PNV dijo aquello de: “Igual que logramos desactivar a Jarrai, desactivaremos a Basta Ya”. Y otra vez Fernando Savater, representándonos a todos, le contestó como correspondía: “Que venga acompañado porque solo no va a poder”. Poco tiempo después, Joseba Pagaza fue… “desactivado”.  

20 años han pasado desde que el Parlamento Europeo entregó el Premio Sajarov a Basta Ya. Nunca tan pocos hicieron tanto por tantos. Y nunca se lo agradeceremos lo suficiente. 

Si para algo ha servido la moción de censura de Vox, ha sido para que PP y Ciudadanos hayan por fin decidido huir de los extremos y de la absurda política de bloques que ha venido empantanando y envenenando la política española durante los últimos años, provocando división y enfrentamiento y un hartazgo social cada vez más palpable. Con ello no quiero decir que ellos fueran los principales responsables de la situación actual pero sí tengo claro que podrían haber actuado con mucha mayor inteligencia. El responsable máximo es Sánchez, pero se trata de que los partidos que están en la oposición actúen con inteligencia para así intentar obligar al PSOE a volver al constitucionalismo y al izquierdismo sensato, aunque es obvio que tal cosa es misión imposible, al menos en el corto plazo. 

Que el PP haya decidido por fin romper públicamente con Vox y decidir rechazar la moción de censura del modo en que lo hizo no es sino sinónimo de inteligencia política, y es lo que conviene tanto al PP como a España, y esto último es lo que a mí más me importa. Y cuando digo romper no digo poner en marcha un cordón sanitario o despotricar con insultos y exageraciones varias de los postulados de Vox sino simplemente describir con rigor su proyecto político y distinguirse de ellos, para que quede meridianamente claro que PP y Vox no son lo mismo. Así es como se noquea al oponente político. Y eso es lo que hizo Pablo Casado con Santiago Abascal en su brillante intervención en el Congreso de los Diputados. 

Así que sí, considero que la intervención de Pablo Casado fue brillante. Y decir esto no implica que un servidor haya abrazado los postulados del PP ni cosa parecida… sino que ejerzo con libertad mi capacidad de análisis político. Si tengo que reconocer una buena estrategia política o un gran discurso, lo seguiré haciendo, lo haga quien lo haga. Mejor tratar de ser ecuánime que un sectario incapaz de reconocer los aciertos de otros. Y, efectivamente, a un partido como el PP le interesaba hacer lo que hizo Pablo Casado: con firmes y convincentes argumentos, “ubicó” a PSOE y Podemos, por un lado, y a Vox, por el otro, en los extremos del tablero político… para tratar de ocupar todo el resto. Y tengo para mí que lo que realmente le molestó a Vox no es tanto que Pablo Casado vapuleara a Santiago Abascal… sino que hiciera lo propio, aunque más sutilmente, con PSOE y Podemos. Al fin y al cabo la moción era de Vox y contra el PP, por lo que es normal que centrara sus críticas en la formación de Santiago Abascal, cosa que no le impidió criticar igualmente a PSOE y Podemos. Y aunque haya quien no lo recuerde, una moción de censura la presenta uno para ser presidente, no para demostrar que quien ya lo es no tiene nivel suficiente para seguir siéndolo. Y es que Sánchez no está capacitado para ser presidente de España, pero Abascal tampoco. La diferencia es que el primero tiene los votos suficientes para serlo, y el segundo no.

La moción de censura de Vox al menos ha servido para algo: que PP y Cs hayan huido de la política de bloques que solo lleva a la división y al enfrentamiento

Con su intervención, Pablo Casado fue capaz de devolver la dignidad a su propio partido, harto como estaba (vean su gesto y su vehemencia) de los vituperios que Vox lleva tiempo dedicando al PP. Efectivamente, estaba harto, de ahí el “hasta aquí hemos llegado”. En política es esencial ser capaz de hacer ambas cosas: por un lado, derrotar ideológicamente al rival (ganarle con argumentos el debate) y, por otro, ser capaz de ganar en la lucha partidaria y, de paso, elevar la moral de los propios. La política es a veces un estado de ánimo. Por mucho que muchos no lo entiendan, creo que si Pablo Casado hubiera optado por un discurso condescendiente con Vox o incluso simplemente por abstenerse, el resultado habría sido el fortalecimiento de la formación de Abascal (y a su costa), dado que tal posición les habría dado razones, moral y fuerza para continuar con su estrategia: “¿Veis? Tenemos razón”, se habrían dicho; sin embargo, la contundencia del PP con la formación populista va a hacer que muchos de los que se fueron vuelvan al PP y, de paso, se moderen. Así suelen ser las luchas fraticidas o cuando se pelea por un mismo sector del electorado: habitualmente, son peleas más encarnizadas. Y Pablo Casado, en lugar de optar por la postura supuestamente más sencilla (la más cobarde, como en la vida misma), optó por la más valiente: se enfrentó ideológicamente a Vox y venció en la lucha partidaria. Y no fue un engaño ni una representación teatral. Al fin y al cabo, el PP no es Vox, y es lo que Casado quiso dejar claro. Ahora falta que ese nuevo discurso se mantenga en el tiempo y se concrete en hechos. Con esto tampoco pretendo que el PP deje de ser el PP: no aspiro a tanto. Y no estoy ubicado en ese espacio. 

En fin, la moción de censura de Vox al menos ha servido para algo: que PP y Cs hayan huido de la política de bloques que solo lleva a la división y al enfrentamiento. Muy bien hecho. Es, además, la forma más inteligente de lograr que Sánchez haga lo mismo y, si no lo hace (y seguramente no lo haga), que no pueda echar la culpa al resto. De momento ha reculado y ha retirado su reforma del Poder Judicial, que daba la puntilla a la ya muy en las últimas independencia judicial en España. 

Ahora solo falta que tengamos (porque la necesitamos) una izquierda sensata, defensora de la igualdad, los derechos sociales y la unidad cívica de España. Seguramente, esto implicará sustituir al PSOE por un partido de izquierdas que defienda la igualdad y el Estado, y no confraternice con los nacionalistas que quieren romper España. Pero ese es otro cantar, de momento, palabras mayores.

La Mesa del Parlamento Vasco ha decidido reducir los tiempos de intervención de VOX, el número de iniciativas que pueda presentar tanto en el Pleno Ordinario como en el Pleno de Control, así como su número de asistentes, reducido ahora a un único asesor. Todo ello respecto a la última vez en que el Grupo Mixto lo conformaba un solo partido político y un solo diputado -es decir, UPYD y servidor, en la X Legislatura (2012-2016)-. Teniendo en cuenta mi experiencia, trataré de explicar mi punto de vista sobre la cuestión.

La irrupción de nuevos partidos políticos en las distintas instituciones y, en concreto, en los diferentes parlamentos, es algo que generalmente incomoda a los viejos partidos políticos. De hecho, una de las razones que enarbolan los nuevos partidos políticos para reclamar que les votemos es precisamente que serán incómodos frente a los viejos partidos y frente al 'statu quo' reinante. Desde un cierto adanismo entreverado con la arrogancia que provoca la inexperiencia, nos prometen el oro y el moro, cambios profundos, un antes y un después desde su irrupción parlamentaria… y medidas nunca vistas o escuchadas antes.

Normalmente, la cosa no es para tanto y, en todo caso, el tiempo pone a cada cual en su sitio o, al menos, nos hace medir (y recordar) las cosas en su justa medida. En todo caso, su presencia es un incordio para los partidos políticos ya asentados: no solo tendrán que repartir con un nuevo actor político los recursos dinerarios de la Cámara legislativa sino que, además, tendrán que repartir los tiempos de intervención y su presencia en las distintas ponencias y comisiones, y, lo que puede ser mucho peor para sus intereses y sus comodidades: habrá supuestamente un nuevo discurso y se escucharán nuevos argumentos (buenos o malos pero seguramente distintos), lo que hará que al menos algunos de los viejos partidos deban variar, corregir o completar su discurso político repetido durante años.

En definitiva, la irrupción de un nuevo partido es una molestia y un incordio para los viejos (y, en principio, bueno para la política, porque se amplía la competencia electoral y podría ser un acicate para todos los actores implicados), ya que estos (los partidos viejos) lo que habitualmente quieren es que las cosas no cambien o, al menos, no cambien tanto como para dejarlos a ellos en fuera de juego.

En el Parlamento Vasco, además, tienen el recuerdo reciente de UPYD, cuyo diputado (un servidor), terminó batiendo todos los récords de iniciativas presentadas e intervenciones realizadas y, lo que más los incomodó, llevó a la Cámara vasca unas cuestiones y unos argumentos nunca esgrimidos antes y, desde luego, nunca con tanta fuerza, en relación a cuestiones como el terrorismo, la manipulación informativa de los medios públicos de comunicación, el adoctrinamiento educativo en las aulas, la injusta ley electoral o la política de imposición lingüística, y no digamos ya en relación a temas como el entramado institucional vasco, la foralidad o el Concierto Económico. Tanto en la primera como sobre todo en la segunda legislatura hubo amagos de otros grupos (especialmente, del PNV) para reducir nuestros recursos humanos y nuestros instrumentos de intervención política pero finalmente no terminó nunca de concretarse y siempre (o casi siempre) pudimos desarrollar plenamente nuestras tareas.

Como UPYD en la X legislatura (2012-2016), VOX es ahora el único integrante del Grupo Mixto. En la IX legislatura (2009-2012), UPYD compartió Grupo Mixto con Ezker Batua y EA, razón por la cual nos repartíamos los tiempos y las iniciativas parlamentarias que correspondían al Grupo (por ejemplo, en lugar de intervenir diez minutos, interveníamos 3, o, en lugar de tener presencia en todas las comisiones, nos las repartíamos, o teníamos una sola portavocía, que hacíamos que rotara). No hay que olvidar que los parlamentos suelen conformarse por Grupos Parlamentarios, que vienen a ser la unidad básica de distribución de derechos y obligaciones, con algunas salvedades que determina e introduce en ocasiones la Mesa, órgano de gobierno del Parlamento.

Es razonable pensar que no puede ser lo mismo un Grupo Parlamentario que tenga 30 parlamentarios que otro que disponga de 3 o incluso de uno solo. En esta legislatura, el Grupo Parlamentario del PNV tiene 31 diputados y el de VOX… solo uno. En mi segunda legislatura (único miembro del Grupo Mixto), tuve, obviamente, muchos menos recursos humanos y económicos que el resto de Grupos para hacer mi labor en el Parlamento Vasco; sin embargo, dispuse de prácticamente los mismos derechos de intervención política que el resto de grupos, lo que algunas veces unos y otros me lo recordaban (recuerdo un Pleno de Control donde estuve interviniendo ininterrumpidamente durante más de hora y media defendiendo distintas preguntas e interpelaciones ante los distintos miembros del Gobierno Vasco, mientras los demás diputados nos miraban como si mirasen un partido de tenis).

Ahora, la Mesa del Parlamento Vasco ha decidido reducir los tiempos de intervención de VOX, el número de iniciativas que puede presentar tanto en el Pleno Ordinario como en el de Control, así como su número de asistentes, asignándole finalmente un solo asesor. Que tenga menos tiempo de intervención que el que tuvo UPYD en su momento me parece bastante entendible, porque no parece que sea razonable que un Grupo Parlamentario de un solo diputado pueda intervenir tanto tiempo como un Grupo Parlamentario de 30 diputados. Yo disfruté de esa supuesta ventaja, lo reconozco. Y, del mismo modo, añado que no es demasiado relevante poder intervenir tanto tiempo como los demás, ya que lo que puede decirse en diez minutos puede igualmente decirse en tres, para lo cual, eso sí, habrá que reunir argumentos, ir al grano y no irse por las ramas. En mi época, un director de un periódico relevante me definió por ello como “francotirador”, ya que reducía mis tiempos e iba directo a la cuestión. En conclusión, esta decisión no me parece ni injusta ni excesivamente lesiva para los intereses de VOX.

Además, la Mesa del Parlamento Vasco ha decidido reducir el número de iniciativas parlamentarias que pueda registrar y defender VOX. Si en mi segunda legislatura podía presentar una Proposición No de Ley o una Moción en cada Pleno Ordinario y dos interpelaciones y cuatro preguntas en cada Pleno de Control (casi nunca presentábamos tantas), VOX verá reducida esta capacidad política y, por lo tanto, su capacidad para tratar aquellos temas que la formación considere más de su incumbencia. En todo caso, podrá mostrar su posición en relación a todas las iniciativas que presenten el resto de grupos, y no le faltarán opciones para dejarse oír, tanto en los plenos como en las distintas comisiones que se constituyan. Ve reducida, como digo, su capacidad de iniciativa, pero, siendo una sola diputada, no lo considero algo demasiado lesivo para sus intereses. Porque, además, el hecho de ser un solo parlamentario, te impide poder abarcar todos los temas que se traten; y es preferible, desde luego, concentrar fuerzas y preparar bien aquellos en los que uno decida intervenir.

Finalmente, la Mesa del Parlamento Vasco ha decidido reducir a un único asistente la ayuda administrativa y burocrática de la que disponga VOX para registrar iniciativas propias o enmendar iniciativas ajenas así como para poder analizar y enmendar también los distintos proyectos de ley que se debatan y voten. Esto tendrá especial relevancia con cada Proyecto de Presupuestos, que habitualmente exige un enorme trabajo de análisis y estudio. A buen seguro, VOX deberá contar con ayuda externa para desarrollar semejante tarea (por cierto, lo contrario de lo que suelen hacer los grupos grandes, a algunos de cuyos asistentes no se les verá jamás por el Parlamento Vasco). En mi segunda etapa dispuse de tres asistentes y su trabajo fue esencial para llevar a cabo el enorme trabajo político que desarrollamos. Digan lo que digan los populistas, son el instrumental indispensable para que el diputado pueda desarrollar mejor su tarea, ya que solo sería incapaz de abarcar todos los temas y de realizar el trabajo que los ciudadanos esperan de sus representantes. Por lo tanto, que VOX vaya a disponer de un solo asistente supondrá una limitación evidente para poder desarrollar su trabajo político.

En mi época, la Mesa del Parlamento Vasco no se atrevió a reducir en las mismas proporciones nuestros tiempos parlamentarios, nuestra capacidad de iniciativa ni nuestros asistentes. Es probable que lo hagan ahora porque reducírselo a una formación como VOX está mejor visto, y porque, al menos en parte, estas decisiones vienen a concretar la promesa que algunos grupos hicieron en relación a la implementación de un cordón sanitario contra VOX. Como he explicado, algunas decisiones no le supondrán un perjuicio grave para la formación política pero otras sí perjudicarán su actividad. Así las cosas, y más allá de que VOX utilice estas decisiones en su beneficio, puesto que esta decisión de la Mesa es definitiva, VOX deberá amoldarse a lo que tiene y tratar de superar los obstáculos que le han puesto. Olvidarse de ello y concentrarse en desarrollar el mejor trabajo político posible, lo que requerirá horas de dedicación y empeño. Instrumentos no le van a faltar. Por lo demás, les tocará, como al resto, ordenar ideas, marcarse propiedades y concretar temas. Y lo que no suele hacerse siempre: sin estridencias ni demagogias ni salidas de tono, tratar con su acción parlamentaria de mejorar la vida de los ciudadanos. Y más allá de la opinión que los ciudadanos ya tenemos de ellos, por sus actos los juzgaremos.  

* Gorka Maneiro es asociado de HAC Group, firma internacional de asuntos públicos, relaciones internacionales, formación de líderes y solidaridad internacional.

Los partidos políticos vascos se afanan en lanzar ideas-fuerza que lleguen a los electores y les convenzan de que son cada uno de ellos la mejor opción de voto. Los ciudadanos tenemos ya una idea muy aproximada de lo que pueden dar cada uno de ellos, qué representan, qué han hecho hasta ahora y, en fin, qué son y qué puede esperarse de ellos. Como en la vida misma, importan más las sensaciones que las evidencias, puesto que además tampoco el común de los mortales se dedica a escudriñar pormenorizadamente cuál es el trabajo que realizan en las instituciones, en este caso, el que han hecho o vayan a desarrollar en el Parlamento Vasco. La sensación es lo que cuenta, para cuya creación cuentan un cúmulo de circunstancias: desde el trabajo realmente llevado a cabo en la sede de la representación popular (o, más bien, lo que nos llegue de él a través del filtro de los medios de comunicación) hasta las declaraciones públicas, pasando por la forma de hablar y expresarse o incluso de vestir o de mirar al estrado, a la cámara o a los ciudadanos. O te genera confianza o no te genera, independientemente de cuál sea, pongamos por caso, la política fiscal concreta que defienda, que además, mira por dónde, no se decide en el Parlamento Vasco ni en el Congreso de los Diputados sino… en los parlamentos provinciales. Qué cosas.

Ellos lo saben. De ahí que los ideólogos y estrategas decidieron qué decir, cuándo y cómo, más allá de que después esas promesas electorales o declaraciones públicas se conviertan en algo fehaciente y concreto. De hecho, casi nunca se convierten en nada, o al menos no todo, a veces porque no pueden y otras porque no quieren. Todo esto también forma parte de la política; incluso podríamos decir que esto es la política más que cualquier otra cosa. Al menos por estos lares se insultan menos que en el resto de España.

Por todo lo cual cada cosa que llevan días diciendo tiene un valor relativo. Dicho bruscamente, ellos mismos saben que mucho de lo que dicen no es cierto pero también saben que, si dijeran siempre la verdad, jugarían en desventaja, porque todos los demás seguirían diciendo lo que les conviene. Dios dijo hermanos, no primos. Por ejemplo, es poco probable que el PNV y el PSE digan públicamente que van a volver a pactar para seguir gobernando juntos y compartir el poder en Euskadi. Prefieren decir otras cosas. Varios días después de que el Lehendakari dijera que izquierda y derecha son conceptos anticuados, se preguntó en alto qué partido sino el PNV es capaz de desarrollar las políticas de izquierdas que Euskadi necesita. Dado que a su derecha no queda nada, se permite la licencia de tratar de abarcarlo todo.

Podemos ha ofrecido al PSE y a Bildu un acuerdo para desalojar al PNV de Ajuria Enea. Es improbable que el PSE lo descarte, pero internamente se están partiendo de la risa. A pesar de que Josean Pastor se reivindicó como la novia preferida del resto de partidos políticos, sabe que esa novia ya está comprometida. ¿Con quién sino con el PNV iba a vivir mejor? ¿Y dónde iba a vivir mejor que en el Gobierno Vasco? El PNV, que defiende como el resto su parcela, trató de sembrar dudas al recordar que Patxi López también prometió pactar jamás con el PP y luego gobernó gracias al apoyo de los de Basagoiti. Egibar sabe que no hay otra opción para los socialistas que el PNV, pero es razonable tratar de motivar a sus votantes para que no se relajen. PP (con Ciudadanos), vista la sangría de votos que parece perderá en beneficio del PNV, insiste en que votar al PNV en Euskadi es apoyar a Sánchez en el conjunto de España, como si no estuviera perfectamente comprobado que los jeltzales pueden apoyar hoy al PSOE y al PP mañana, o viceversa. Bildu, como siempre, aguijonea al PNV para que rescate el Plan Ibarretxe, como si Urkullu fuera, no ya Ibarretxe, sino por lo menos Joseba Egibar. Y no lo es, para desgracia de este, quien sigue disgustado porque los deseos independentistas siguen atenuándose, cosa de la que responsabiliza al menos en parte a su jefe de filas.

Así están aproximadamente las cosas. Novedades no hay muchas. Más o menos conocemos de antemano el resultado de las elecciones. Y no creo que haya sorpresas.

*Gorka Maneiro, asociado de HAC Group, firma internacional de asuntos públicos, relaciones internacionales, formación de líderes y solidaridad internacional.

El PNV no es un partido político convencional; es, más bien, un movimiento (una religión, y no precisamente laica) capaz de amoldarse a las circunstancias de cada momento para obtener ventajas políticas y privilegios económicos

¿Es el PNV de derechas? ¿O es de izquierdas? ¿Es de ambas corrientes ideológicas a la vez? ¿No lo es de ninguna? ¿Qué es realmente el PNV, próximo partido ganador de las inminentes elecciones vascas? Esta misma semana, Iñigo Urkullu, quien próximamente renovará su cargo de Lehendakari, negaba la mayor y afirmaba que ambos conceptos son conceptos anticuados. Que hoy ya no tiene sentido hablar de izquierda y derecha. Veamos.

¿Han oído ustedes a algún miembro relevante del PNV criticar genéricamente a la 'izquierda'? No lo recuerdo. ¿Han oído ustedes a algún miembro relevante del PNV criticar genéricamente a la 'derecha'? Tampoco. A lo más que han llegado ha sido a criticar a la 'derechona' o a la 'derecha mediática', no vayan a sentirse ofendidos sus votantes de derechas (y porque además saben que esa crítica está muy bien vista en Euskadi). Pero no exactamente a la 'derecha' por ser derecha. Esta es una buena pista. Pensemos. A Podemos, que dijo no ser ni de derechas ni de izquierdas en sus inicios, hoy se le oye habitualmente criticar con ahínco a la 'derecha', y así se ubica en la izquierda. Lo mismo le ocurre al PSOE, aunque, en el poder, tienda a impulsar políticas económicas de derechas. Para Vox, el enemigo de España es la 'izquierda' y el comunismo, y no ahorran críticas a la ideología izquierdista y a lo que representa. Y Ciudadanos comenzó a hacerlo cuando Albert Rivera se propuso sustituir al PP como representante del centro derecha español. ¿Ahora lo hacen? Mucho menos, y solo para criticar al actual Gobierno de España, pero no tanto por ser de izquierdas como por pactar con los independentistas.

Pero, ¿es el PNV de derechas o es de izquierdas? A diferencia del resto de partidos que se autoubican en algún espacio ideológico, el PNV evita hacerlo. Su lema viene a ser el siguiente (el cual, por cierto, llevaron literalmente en recientes elecciones): Lo primero, Euskadi. El Frente Nacional de Le Pen llevó uno semejante en relación a Francia: Los franceses, primero. Pero, al margen de que por propia estrategia electoral decida no ubicarse en ningún espacio salvo en la defensa de lo que ellos consideran los intereses de Euskadi (siempre desde un punto de vista nacionalista), ¿dónde se ubica el PNV?

El PNV es nacionalista vasco y tal cosa lo exhibe en sus propuestas políticas y en su propio nombre. Y, más allá de que a veces muestre su rostro más independentista y en otras ocasiones ofrezca una cara más pragmática y autonomista, su objetivo es el fortalecimiento de Euskadi como entidad política. O, dicho de otro modo: teóricamente, la consecución de la independencia (romper el Estado, lo cual es profundamente reaccionario) y, mientras tanto, seguir obteniendo ventajas políticas y económicas a través de su representación en el Congreso de los Diputados, la cual siempre hace valer decisivamente, incluso cuando sus votos no son decisivos. Si atendemos a sus propios intereses partidarios, de modo muy hábil e inteligente.

Pero si atendemos a sus políticas, ¿dónde está el PNV? Y aquí está la respuesta clave: allí donde le permita seguir ensanchando y fortaleciendo su proyecto político, para lo cual (y bastaría observar sus posicionamientos tanto en el Parlamento Vasco como en el Congreso de los Diputados desde el inicio de la democracia), no tiene problema en ir moviéndose al ritmo al que se mueve la sociedad. A veces se alía con posicionamientos más progresistas (ley del aborto, matrimonio homosexual, ley de dependencia) y otras veces con posicionamientos más conservadores (la política fiscal o, sin ir más lejos, contra la ley de vivienda vasca, contra la que rugió hasta la extenuación hasta que fue aprobada y, una vez fue aprobada, la abrazó sin mayor problema). Y ni una cosa ni la otra le ocasiona ningún retroceso electoral.

Es el único partido político capaz de pactar ahora con el PSOE y mañana con el PP o primero con el PP y al día siguiente con el PSOE, sin que le salpique ni tal decisión ni ninguno de los errores que cometan estos partidos en el gobierno. Y si salta un escándalo de corrupción, moción de censura. Si hay que dar imagen de partido de orden, se da, y la Iglesia y los empresarios lo agradecen; si hay que reivindicar mejores políticas sociales, recuerda las que tenemos por estos lares (aunque algunas se aprobaron a pesar suyo); si hay que dar imagen macarra y juvenil, organizan un Carnaval de lo más festivo. Y si está involucrado en gravísimos casos de corrupción política o de clientelismo, sale siempre de rositas. Y, si hay dudas, saldrá Urkullu o Andoni Ortuzar pidiendo perdón y haciendo propósito de enmienda, ganándose el aplauso mayoritario de la prensa.

Y ¿quién vota al PNV? Al PNV le votan personas de derechas, de izquierdas y mediopensionistas. Le votan hombres, mujeres, jóvenes y mayores. Le votan independentistas, autonomistas y, créanme, españolistas. Pero es que además le votan republicanos y monárquicos. Y todos ellos le votan por razones distintas e incluso contradictorias, pero le votan. Y si la cosa se pone complicada como en 2001… sacan votantes hasta de debajo de las piedras. Y aquí paz y después gloria.

No, el PNV no es un partido de derechas al uso. Sí, ya sé que el PNV lo fundó un racista como Sabino Arana y que su lucha contra Franco brilló por su ausencia (como su compromiso contra ETA, por cierto), pero no es un partido de derechas como tal. O no siempre lo es. Y tampoco lo es de izquierdas. De hecho, ni siquiera es un partido político convencional; es, más bien, un movimiento (una religión, y no precisamente laica) capaz de amoldarse a las circunstancias de cada momento para obtener ventajas políticas y privilegios económicos. O quizás sea de derechas o de izquierdas (del mismo modo que a veces es independentista y a veces autonomista) según el momento y el lugar. Realmente, el PNV quiere ser el Estado. Y, en parte, ya lo es.

El PNV es una maquinaria electoral a la que nada le afecta. Si tiene crisis internas, o no se notan o las muestran como muestra de su pluralidad interna. Todos a una como en Fuenteovejuna. ¿Que surge Podemos? No solo no le afecta sino que incluso incrementa su representación. ¿Que surgen Ciudadanos o Vox? Aquí ni siquiera obtendrán representación. Acabo de encontrar una encuesta electoral de hace justo 20 años: PP-UA y PNV empataban a 22 escaños. Hoy el PNV se acercará a 30 y el PP, con Cs, firmaría 9.

Por cierto, ¿han escuchado ustedes a algún dirigente político español criticar al PNV y, en concreto, a Iñigo Urkullu? Creo que nadie, salvo honrosas excepciones y Vox. ¿Y saben por qué? Porque todos quieren pactar con él. Aspira a la independencia y a romper el Estado, pero Iñigo Urkullu es un hombre de Estado.

Podemos acaba de ofrecer a Bildu y al PSE un pacto que permita desalojar al PNV de la Lehendakaritza después del 12 de julio. Ahora mismo los socialistas vascos se están… tronchando. ¿Y saben por qué? No porque aritméticamente no fuera posible o porque Bildu sea un desagradable compañero de viaje… sino porque la mejor forma de vivir en Euskadi es siendo del PNV. Y, la segunda mejor, pactando con el PNV.

*Gorka Maneiro, asociado de HAC Group, firma internacional de asuntos públicos, relaciones internacionales, formación de líderes y solidaridad internacional

Nos encontramos sumidos en una crisis sanitaria sin precedentes en nuestras vidas. El coronavirus nos está golpeando con una virulencia desconocida para todos nosotros. La situación de confinamiento y la limitación de movimientos nos recuerdan los peligros que nos acechan, que somos frágiles y que todo puede cambiar en un breve espacio de tiempo. La cifra diaria de fallecidos nos recuerda a los vivos que somos mortales, que la vida es finita y que nuestros días están contados. No es que no lo sepamos, pero nos lo recuerda, por si acaso. Que aquello de lo que disponíamos y disfrutábamos con razonable indiferencia y dándolo por hecho, sin sobresaltos y, ay, sin valorarlo en exceso, se va por la alcantarilla y desaparece, sin que apenas podamos hacer nada para impedirlo, por mucho que lo imagináramos e incluso diéramos por hecho que ocurriría en algún momento de nuestra vida, en esos días en los que nos da por pensar e imaginar días peores. Otras veces pensamos que todo irá bien incluso pase lo que pase, cuando el drama no nos ha alcanzado todavía y se mantiene la esperanza, antes del cansancio. No sería para tanto si no hubiera muertos, pero los hay, casi 20.000 solo en España, y son casi 20.000 muertos que han muerto solos, sin poder despedirse de sus familias, que a su vez tampoco han podido despedirse de sus seres queridos.

Además, nos vemos abocados a una enorme crisis económica, consecuencia del parón de la actividad económica y al cierre temporal o definitivo de miles de empresas. Los ciudadanos apenas consumimos y las empresas y autónomos no venden, bajan sus ingresos y, por ello, pagarán menos impuestos, por lo que el Estado (nosotros agrupados) dispondrá de muchos menos recursos públicos para invertir y sostener el Estado del Bienestar y el gasto social. Miles de personas serán despedidas y sufrirán enormes dificultades, por mucho que el Estado que nos protege trate de paliar nuestra situación de una u otra forma. En época de bonanza los trabajadores no ven incrementado su poder adquisitivo, pero son despedidos cuando el negocio empresarial se debilita o se resquebraja. Y todo ello repercutirá directamente en nuestra salud física y mental o en la de nuestros conciudadanos y, por tanto, en nuestras vidas.

Entre tanta muerte, el confinamiento no es, desde luego, para tanto, incluso podríamos aprovecharlo en nuestro beneficio y disfrutarlo; el asunto es que el panorama sanitario, laboral e incluso vital es incierto y se nos acumulan las preguntas sin respuesta. La incertidumbre nos provoca zozobra. Ya dijo Montaigne que solo los locos están seguros. A pesar de todo, hay margen para la esperanza. Y puede que sea el momento apropiado para renovarnos, reinventarnos y salir de los lugares donde, en el fondo, no queríamos permanecer por más tiempo. Quizás sea el momento apropiado para abandonar nuestros miedos, fobias, inseguridades y temores. Y sacar fuerzas de flaqueza. Muchos querrán volver o echarán de menos su situación anterior, pero otros pueden ver en todo esto una oportunidad para dar un empujón a su vida… o un volantazo, según deseos y necesidades. Los momentos de crisis son momentos de oportunidades.

Así, quizás nos atrevamos ahora a cumplir nuestros sueños y a disfrutar plenamente de la única vida que tenemos. Quizás nos atrevamos a tener la vida que siempre quisimos, o a intentarlo al menos, aunque es posible también que quizá sea ya demasiado tarde. Dado que no pudimos dejar por falta de agallas el puesto de trabajo que nos amargaba la existencia, ahora que nos han despedido, quizás podamos realizar aquello que siempre soñamos: por ejemplo, iniciar nuestro propio negocio y empezar de cero o quizás simplemente dejarlo todo, quién sabe. Quizás comenzar a estudiar aquello que siempre quisimos. O comenzar a dar forma al proyecto vital que merecemos, si el confinamiento no ha hecho precipitar los acontecimientos, confirmarnos lo que suponíamos o destruirlo todo. O encauzar el que ya teníamos. Dedicarnos a aquello que nos llene realmente. O viajar adonde nunca fuimos... antes de que sea demasiado tarde. Puestos a imaginar, igual aprendemos y hasta creamos una sociedad mejor y un mundo más justo.

Quizás tras la tormenta llegue la calma. Quizás valoremos ahora lo que teníamos o quizás valoremos de verdad lo que seguimos teniendo. O lo bien que estamos cuando estamos bien. O que no estamos tan mal mientras nos tengamos el uno al otro. Quizás las circunstancias nos obliguen a renovarnos y a reinventarnos o, ahora sí, a dar un cambio a nuestras vidas, cada cual según considere y pueda, que no siempre se puede. Las empresas, para resituarse en el mercado y renovarse; los trabajadores, para formarse, reciclarse y posicionarse mejor en el mercado de trabajo. Quizás por fin puedan cobrar lo que realmente merecen. O al menos disfrutar de lo que hagan. Muchos ciudadanos, para iniciar por fin aquella actividad siempre postergada: desde aprender a cocinar hasta comenzar a tocar el piano, pasando por engancharse a la lectura o al cine o incluso empezar a rellenar esa maldita hoja en blanco. A otros muchos esta experiencia les servirá para seguir en sus trece o para cerciorarse de que ya hacían lo que querían. El tiempo que no hemos disfrutado con algunos de nuestros seres queridos nos servirá para valorar más el tiempo que les dediquemos en el futuro. Y el tiempo que hemos pasado estos días con, por ejemplo, nuestros hijos ya es una victoria en sí misma. Para mí, sin ir más lejos, esto último ha sido una auténtica delicia.

El panorama actual es una tragedia y el futuro inmediato, incierto, por eso precisamente hay margen para la esperanza. Cuando parece que todo está perdido, cualquier cosa es posible. Y todo puede ir a mejor. Quizás, ahora sí, podamos por fin cumplir nuestros sueños. Al menos, algunos de ellos. O intentarlo al menos. Otra opción es seguir viviendo, que no lo es todo pero tampoco es poca cosa, quizás con más intensidad o consciencia. Seguir vivos es, de hecho, lo único realmente indispensable. Teniendo en cuenta las miles de personas que han muerto, deberíamos agradecer que al menos seguimos vivos. Las miles de vidas perdidas son una auténtica tragedia (para la que no hay consuelo ni remedio); sin embargo, a pesar de todo, hay margen para la esperanza.

*Gorka Maneiro es analista político

Hace unos días volví a la que fue mi casa durante casi ocho años, el Parlamento Vasco, donde siempre me reciben con una enorme amabilidad que agradezco y un respeto que incluso llega a sorprenderme. Cada vez que he vuelto desde que a finales de 2016 tuve que marcharme sin casi despedirme, he notado que siguen considerándome miembro de la institución de pleno derecho, como si el tiempo no hubiera pasado, como si siguiera siendo diputado vasco y como si fuera nuevamente a tomar la palabra como tantas veces hice. Volví porque EiTB prepara un programa especial con motivo del 40º aniversario del Parlamento Vasco. Y aproveché, como siempre que vuelvo, para saludar a tantos excompañeros, todos ellos adversarios políticos, con algunos de los cuales tuve duros enfrentamientos.

El programa, que se emitirá a finales de marzo, repasará la trayectoria de la institución durante estas cuatro décadas y sus hitos más destacables. Y recordará los hechos más relevantes que ocurrieron, desde la creación de la propia institución parlamentaria hasta los días actuales, pasando por la aprobación de leyes clave para el autogobierno y el progreso de Euskadi, polémicas varias o debates inolvidables. Y, como siempre, lo más triste que nos ha ocurrido por estas tierras: el asesinato de algunos de sus miembros, uno de ellos (Santiago Brouard) a manos de los GAL en 1984 y tres de ellos a manos de ETA (Enrique Casas en 1984, Gregorio Ordóñez en 1995 y Fernando Buesa en 2000).

En el repaso dirigido por dos presentadores, se citó la aprobación en 2016 de la Ley de Vivienda como uno de los hechos más destacables. En ese punto se me preguntó si consideraba que esa es una de las leyes más relevantes que se aprobaron durante mis dos legislaturas (2009-2016) de trabajo parlamentario. Y, efectivamente, respondí que sí, dado que con la aprobación de dicha ley se hizo realidad el derecho subjetivo a disfrutar de una vivienda digna, se obliga a las instituciones vascas a que toda la vivienda pública sea vivienda en alquiler y se incluyen determinadas medidas para impedir los desahucios injustos que tantas personas han sufrido como consecuencia de la crisis económica y por causas sobrevenidas e inevitables. Es de esas leyes, expliqué, que mejoran la vida de la gente, y de la que uno puede sentirse orgulloso. Durante su tramitación, el Gobierno Vasco y el PNV aseguraron que la ley provocaría “un efecto llamada a nivel mundial” y que acarrearía graves problemas financieros en las cuentas públicas. Yo les insistía que la cosa no sería para tanto y que, en todo caso, el dinero público debe destinarse a solucionar los problemas de la gente, en lugar de destinarlo a cuestiones irrelevantes. Finalmente, la Ley de Vivienda, la más avanzada y progresista del Estado, salió adelante gracias a nuestro voto decisivo, tras largas conversaciones con el Grupo Socialista y, en particular, con su responsable para estas cuestiones, Bixen Itxaso. Y, desde luego, ni ha provocado un efecto llamada a nivel mundial ni ha llevado al Gobierno Vasco a la bancarrota.

Tras destacar la Ley de Vivienda como una de las leyes más importantes aprobadas durante esos años, quise destacar otras tres, más allá de que pudiera dejarme otras cuestiones relevantes en el tintero: Ley de Transparencia, Ley de Custodia Compartida y Ley de Iniciativa Legislativa Popular. Quise destacarlas porque, o bien fue igualmente decisivo nuestro voto, o bien fuimos quienes trabajamos durante muchos años para hacer posible que se aprobaran. Al fin y al cabo, a veces el ruido mediático nos impide ver las cosas importantes que a veces se discuten en los parlamentos y, en concreto, en el Parlamento Vasco.

La Ley de Transparencia porque, a pesar de que fue presentada por el Gobierno Vasco, desde UPYD insistimos durante años sobre la conveniencia de disponer de una ley de esas características que asegurara la transparencia en el uso de los dineros públicos y permitiera a los ciudadanos tener un mayor y más fácil acceso a la gestión de los distintos gobiernos, cuyos miembros, al igual que los cargos públicos, deberían cumplir una serie de principios éticos y de buen gobierno. Pretendíamos además, como habíamos pretendido en el Congreso de los Diputados, que el derecho a la información fuera un derecho fundamental recogido en la propia Constitución Española. A pesar de que finalmente la ley no fue lo suficientemente ambiciosa, considero que su aprobación supuso un avance importante.

La Ley de Custodia Compartida porque fue una ley presentada a través de una Iniciativa Legislativa Popular y cuya tramitación y aprobación duró literalmente años, como consecuencia de que algunos de los principales partidos decidían posponerla incomprensiblemente para así evitar su debate. Respecto al contenido, se pretendía defender el derecho de los menores a relacionarse en igualdad de condiciones con ambos progenitores después del divorcio y la separación… y evitar situaciones injustas que han tenido que padecer durante largos años tantos padres y tantos niños. Se aprobó que la custodia compartida, en interés siempre del menor, sería la norma general cuando se produzcan separaciones y divorcios. Y es que la custodia compartida respeta mejor el principio de igualdad entre mujeres y hombres, elimina las dinámicas de ganadores y perdedores, favorece la coparentalidad y la colaboración en los aspectos afectivos, educativos y económicos y es el sistema que mejor respeta el derecho del niño a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos progenitores.

Y, finalmente, la Ley de Iniciativa Legislativa Popular, que nosotros mismos presentamos y que, tras arduas negociaciones, conseguimos aprobar. Su objetivo, facilitar la participación de los ciudadanos en la vida parlamentaria, para lo cual conseguimos reducir de 30.000 a 10.000 las firmas necesarias para poder presentar una ILP, ampliar los temas que puede tratar y que la Comisión Promotora pueda presentar y defender su propia iniciativa en el Pleno del Parlamento Vasco, entre otras medidas. Fue sorprendente la dureza con la que algunos partidos políticos se opusieron a estos cambios, especialmente el PNV. Pero logramos nuestro objetivo.

Durante casi ocho años, fueron múltiples los temas que defendimos durante maratonianas jornadas de trabajo dentro y fuera del Parlamento Vasco, y por algunos de los cuales tuvimos especial repercusión mediática. Hoy, sin embargo, quiero destacar esas cuatro leyes como hitos que deben ser recordados.

Con el resultado de las elecciones de abril y si los líderes políticos hubieran pensado en el interés general y el bien común, hoy podríamos tener un gobierno estable en España: un gobierno que impulsara las reformas que nuestro país necesita, que enfrentara la crisis económica que se cierne sobre nosotros, que hiciera frente a la crisis política que sufrimos desde hace años y que parara los pies a los independentistas que nos amenazan, a los populistas que no resuelven nada y a los extremistas que crecen como la espuma porque los que deberían no están a la altura de las circunstancias. Los resultados de las elecciones de abril fueron decepcionantes para muchos (para mí, desde luego, y por muchas razones), pero había una opción de al menos intentar formar un gobierno razonable. Sin embargo, Pedro Sánchez y Albert Rivera se encargaron de impedirlo. El primero porque no ofreció un pacto al segundo y el segundo porque, en lugar de condicionar al PSOE y ofrecerse a entrar en el gobierno a cambio de una serie de condiciones (es decir, en lugar de hacer política), decidió pelear la derecha al PP y convertirse, con su actitud (el absurdo “no es no”), en un actor inútil en la política española. Y aunque hoy Rivera no ha dimitido, su carrera política ha terminado.

Tras las elecciones de hoy día 10 de noviembre, la gobernabilidad está ahora más complicada que antes, Ciudadanos prácticamente ha desaparecido, Vox se ha disparado hasta los 52 diputados y… todos los problemas siguen sin resolverse e incluso parece que tienen una más difícil resolución que antes: los independentistas catalanes siguen amenazantes y el nacionalismo en Euskadi sigue creciendo, los problemas sociales siguen amargando la vida a millones de españoles, la cohesión territorial sigue siendo una quimera, las reformas pendientes parecen más imposibles que nunca, los extremismos siguen creciendo… y miles de personas siguen alejándose de la forma que tienen de hacer política nuestros principales líderes políticos. Nos trajeron de forma irresponsable hasta aquí y esto es lo que tenemos hoy.

El PSOE, que se prometía un incremento sustancial de sus diputados que obligara al resto a abstener y, sin rechistar, permitirles el gobierno, ha perdido tres escaños y, por lo tanto, podemos decir que ha fracasado; el PP ha crecido en 22 diputados pero ha quedado lejos de su soñada remontada; Podemos ha perdido 7 diputados, quizás menos de lo que inicialmente se esperaba; solo Vox puede mostrarse feliz por los resultados obtenidos, al haberse disparado hasta los 52 diputados; y Ciudadanos se ha derrumbado hasta la irrelevancia. Por su parte, nacionalistas e independentistas siguen creciendo y el proyecto común español corre grave riesgo, ya que la gobernabilidad parece seguir dependiendo de aquellos. Y a diferencia de lo que conseguí atisbar el pasado mes de abril (un gobierno PSOE-Cs), no se me ocurre una solución inmediata para lo que tenemos delante. Lo que pudo ser ya no podrá ser. Cuando se pudo, no se quiso y ahora simplemente es imposible.

El surgimiento de un partido político de izquierdas antinacionalista sigue siendo, sin duda, mi deseo. Un partido progresista que impulse las reformas que España necesita. Un partido contundente pero respetuoso con los adversarios políticos y, a la vez, abierto al diálogo, a la negociación y al acuerdo con quienes piensan distinto. Un partido sensible a los problemas sociales y que defienda sin complejos la unidad cívica de España. Un partido atento a las preocupaciones de los ciudadanos y que piense en lo de todos antes que en lo suyo propio. Sin embargo, la construcción de este proyecto llevará tiempo. Y ni la gobernabilidad de España ni los problemas que hoy sufrimos pueden seguir esperando.

Tras la repetición de las elecciones, el panorama es endiablado y, en mi opinión, peor que el que teníamos antes. Desgraciadamente, seguimos sufriendo a unos dirigentes políticos irresponsables. Seguramente haya solución a lo que tenemos hoy… pero no se me ocurre.

*Gorka Maneiro es analista político

En el último segundo, sobre la bocina, cuando apenas hay tiempo para negociar y llegar a un acuerdo, Albert Rivera ha lanzado lo que él ha denominado una solución de Estado para salvar a España de unas nuevas elecciones. Y así, ha ofrecido la abstención de Ciudadanos a Pedro Sánchez a cambio de este que cumpla estas tres condiciones: primera, que rompa “con Otegi en Navarra”; segunda, que acuerde con PP y Ciudadanos la aplicación del artículo 155 en Cataluña; y tercera, que se comprometa a no subir impuestos a la clase media y a las familias. Su objetivo, lo ha repetido, es salvar a España de una repetición electoral, una vez ha comprobado que el acuerdo del PSOE con Podemos y nacionalistas era imposible. Es ciertamente curioso que Albert Rivera haya lanzado esta propuesta para salvarnos de unas nuevas elecciones… y no haya movido un dedo durante meses para salvar a España de un gobierno de Pedro Sánchez con Podemos y nacionalistas.

Lo cierto es que Albert Rivera ha decido finalmente moverse para salvarse a sí mismo de una repetición electoral. Y, en caso de que tal oferta no las impidiera porque Sánchez rechazara su oferta, presentarse a las elecciones del 10 de noviembre con mejores perspectivas electorales que las que tenía. No ha decidido moverse para impedir que Sánchez pactara con Podemos, nacionalistas e independentistas o para tratar de que Ciudadanos formara parte del Gobierno de España y, de ese modo, poder hacer realidad algunas de sus principales propuestas. No. Ha decidido moverse cuando era obvio que no iba a haber un Gobierno de España con esos mimbres y cuando era cuestión de días la convocatoria de una nueva cita electoral. Si hacemos memoria, podemos recordar que, durante los días posteriores a las últimas elecciones, lo que incluso llegó a hacer fue animar a Pedro Sánchez a pactar con Podemos, nacionalistas e independentistas, ¿lo recuerdan?

Albert Rivera hizo oídos sordos a quienes, desde dentro y desde fuera, le pedían (en fin, le pedíamos) que dialogara y negociara con los socialistas para tratar de condicionar (y corregir) al actual PSOE y conformar el mejor gobierno posible para España. Es decir, a quienes le pedían que hiciera política por el bien de España. A quienes le pedían, no que entregara un cheque en blanco a Sánchez o que se abstuviera sin condición alguna para facilitar su gobierno en minoría, sino a quienes le pedían que hiciera política y le pusiera al PSOE 3, 5 o 10 condiciones sobre las que dialogar y negociar. Y él repitió que nunca jamás y que en ningún caso. Ha habido por su insistente negativa a hacer política y pensar en España dirigentes de su propia formación política que decidieron dimitir, abandonar el escaño e irse a su casa. Y otros pensando en seguir el mismo camino. Y, ay, ha habido unas cuantas encuestas publicadas en todo este tiempo que anunciaban un varapalo electoral para Ciudadanos, por abandonar, no ya la socialdemocracia sino la centralidad política y la capacidad de condicionar gobiernos. Y ha sido por esto por lo que ha decidido mover ficha: no por España sino por sí mismo. No creo que haya que ser un analista de postín para verlo con claridad meridiana.

Le decíamos: “dialoga y negocia con Sánchez por el bien de España y de cada uno de sus ciudadanos, pon sobre la mesa las 3, 5 o 10 medidas que consideres importantes y trata de conformar un gobierno que combine estabilidad, defensa de la unidad de España frente a los golpistas, impulso de las reformas que el país necesita y protección de los derechos sociales”. Y además le decíamos: “si llegáis a un acuerdo, estupendo dadas las actuales circunstancias políticas y al mapa electoral que tenemos hoy; si no, y en el caso de que se repitan las elecciones, podrás presentarte con el orgullo de haber hecho todo lo posible y además con excelentes perspectivas electorales”. Pero nada. No hubo manera. Albert Rivera decidió que Ciudadanos solo podía pactar a su derecha: con el PP e incluso con VOX. Albert Rivera decidió que Ciudadanos ya no era lo que fue y para lo que nació sino un simple competidor del PP para liderar el centro derecha español. Y ahora, sobre la bocina y cuando apenas hay tiempo para llegar a un acuerdo, decide ofrecer a Sánchez lo que llama una solución de Estado para España. Pero Albert Rivera no lo ha hecho por el bien de España sino para salvarse de un adelanto electoral o para dar la vuelta a las encuestas, en caso de que finalmente se convoquen. Si hubiera pensado en el bien común, se habría puesto dispuesto a condicionar al PSOE desde el minuto 1.

Y yo espero que, pase lo que pase, Ciudadanos recupere el sentido común. Y algunos me dirán: “pero los demás líderes actúan del mismo modo”. Y es verdad, pero solo Ciudadanos era clave para poder conformar para España el mejor gobierno posible. Y solo de Ciudadanos esperábamos que hiciera esa labor.

*Gorka Maneiro es analista político y Portavoz de Plataforma Ahora