Hemos conocido que Itziar Prats ha presentado acción de responsabilidad patrimonial contra el estado español. Se trataba de un caso de violencia de género, en el que Prats denunció al padre de sus hijas, el cual, a pesar de ya no estar viviendo con la denunciante, realizaba acciones de maltrato y amenazas a través de las niñas. Según la madre, la justicia no tuvo en cuenta ni las denuncias presentadas, ni las pruebas aportadas a la causa, ordenando que el padre continuara ejerciendo el derecho de visitas a las niñas, y llegando a archivar la denuncia de violencia de género por falta de pruebas. El 25 de septiembre de 2018, la expareja de Itziar, aprovechando el régimen de visitas, asesinaba a sus hijas y después se suicidaba.

No podemos dar la espalda una realidad contundente: algo está fallando en la lucha contra la violencia de género. Y no falla un elemento concreto; no falla una persona o institución determinada. Es el propio sistema el que debe ser sometido a una revisión crítica.

Ya en 2014 la CEDAW (Comité para la Eliminación de todas formas de discriminación contra la Mujer, de Naciones Unidas, de la que España es parte), dio un fuerte estirón de orejas a España, en un caso similar al de las niñas de Itziar Prats, ocurrido en año 2003. Esa vez la víctima fue una menor. El verdugo: su padre, que se pegó un tiro después de pegárselo a la pequeña Andrea aprovechando un régimen de visitas. Un régimen, por cierto, concedido en contra de la voluntad de la madre, que había presentado más de 20 denuncias por maltrato a ella y a la niña, y que, sin embargo, vio como semana a semana el padre disfrutaba de visitas a la niña, con el sufrimiento que esto le ocasionaba.

En este caso Europa entendió que España no había protegido suficientemente los intereses de la menor, y resaltó la importancia de varios elementos fundamentales, de los que destaco dos: primero, tener en cuenta el interés superior del niño o niña y el derecho de este o ésta a ser escuchado/a, que deberá prevalecer en todas las decisiones que le puedan afectar; y en segundo lugar, proporcionar una formación obligatoria a jueces y personal que trabaje en este campo sobre violencia de género y estereotipos de género.

Y en esas estamos. Tropezando una y otra vez con la misma piedra.

Precisamente por eso, quería hoy poner el foco de atención en las víctimas de violencia de género a menudo olvidadas por el sistema judicial e instituciones: los niños y las niñas. Víctimas mudas de esta lacra, que la sufren y a los que nadie pregunta; que son protegidos si a su madre se les protege; a los que se les obliga a ir con su padre sin ellos quererlo; los que sufren y a los que las instituciones no destinan los recursos suficientes.

Desde 2014, con la entrada en vigor del Convenio de Estambul, la creación del Estatuto de la Víctima del Delito, y la publicación de la Ley Orgánica de Protección de Infancia y Adolescencia, se fijan parámetros claros y contundentes para entender que los y las menores tienen un estatus jurídico propio: pasan a considerarse sujetos de derecho, dignos de protección individual frente a sus progenitores, con derecho a ser oídos y escuchados.

Y esta nueva normativa reconoce un tipo de violencia que hasta ahora no se preveía legalmente: la violencia ambiental. ¿Qué significa esto? Significa reconocer que los niños y niñas son víctimas de violencia de genero por el hecho de vivir en un entorno de violencia de género, aunque no sufran ataques directos hacia su persona, siendo el objetivo en estos casos que el o la menor puedan salir de ahí y poder crecer en un entorno libre de violencia.

Y sólo si se considera adecuado por la autoridad judicial, podrán continuar las relaciones agresor-menor. Pero, para ello, deberá existir un estudio pormenorizado previo de la situación de niño o niña y de su entorno. Esta valoración se deberá realizar a través de organismos especializados, como los Puntos de Encuentro Familiar, que determinarán la repercusión que puede tener en el niño o niña el continuar teniendo relación con su padre (o su madre, si hablamos de violencia doméstica). Y si se concluye que sí puede tener relación, se expondrá de qué manera y con qué supervisión.

Es decir, que la teoría que tenemos es buena. Pero en la práctica detectamos una considerable necesidad de mejora. Prueba de ello lo vemos en el caso de las niñas de Castellón, o en tantos otros asesinatos de menores a manos de sus padres ocurridos a lo largo de estos años.

No puedo valorar si en el caso de Itziar Prats las cosas podían haber sucedido de otro modo. Pero sí conozco los recursos que se destinan a los niños y las niñas, y sé que la voluntad de las personas que les atienden no puede suplir las carencias institucionales que tenemos. Los niños y las niñas son nuestro futuro, pero también son nuestro presente. Si no les protegemos, no protegemos a la sociedad. De nosotros y nosotras depende que el día de mañana miren atrás y se sientan orgullosos del legado que les hemos dejado.

Con la ley en la mano, no encontramos diferencias de tratamiento entre los procedimientos según si lo tramita un juzgado de pueblo o uno de capital. Sin embargo, ¿es así en la realidad? ¿Recibe el mismo tratamiento la víctima que acude a un juzgado de capital que si va a uno de pueblo? ¿Cuenta la justicia de pueblo con los mismos recursos que los juzgados de la capital?

Hemos leído en ocasiones la diferencia entre las víctimas de primera y de segunda. Pero, ¿Podemos hablar de una justicia de primera y de segunda? Rotundamente, sí.

La mayoría de los juzgados no tiene su sede en las capitales de provincia, si no en poblaciones más pequeñas.

Si atendemos a la justicia que se despacha en las capitales de provincia, comprobamos que en ellas se encuentran juzgados especializados. Se trata de juzgados que se dedican únicamente a una materia: a casos penales, civiles, mercantiles, sociales, administrativos, cláusulas suelo (si, han leído bien, juzgados que únicamente analizan este tipo de materia), violencia de género, familia, incapacidades o registro civil.

En cambio, en la mayoría de juzgados de fuera de la capital, cada juez o jueza conoce (a la vez) de materias tan dispares entre sí como civil (desahucios, vicios de la construcción, tráficos), penal (investigación de robos, drogas, estafas… etc), familia (separaciones, divorcios), cláusulas abusivas, incapacidades y juicios de delitos leves. Y ya algunos juzgados van para nota, pues a las anteriores materias se les une la competencia exclusiva en registro civil o en violencia de género.

Una simple lectura a las líneas anteriores nos lleva a la conclusión que la situación de un/a juez/a de capital, que se dedica (y especializa) en una materia no puede ser igual que la de quien debe conocer a primera hora de la mañana un delito leve de hurto, pasar después una persona detenida por lesiones, resolver una incapacidad, celebrar un juicio de tráfico y terminar la mañana pasando un detenido por violencia de género.

Y eso no es todo; en la capital suelen contar con organismos especializados de atención a las víctimas, como Oficinas de Asistencia Integral, clínicas médicas, unidades especiales de valoración de menores, o incluso comisarías especializadas en denuncias por violencia de género, así como un turno organizado de asistencia a víctimas; recursos con los que la mayoría de juzgados de fuera de la capital no cuentan.

Y si nos centramos en el ámbito de la violencia de género, las diferencias de aplicación en justicia se incrementan: los juzgados de violencia de género de la capital cuentan con una distribución de guardias entre ellos (para así repartir la llegada de causas por esta materia), remuneradas, con fiscalía especializada en violencia de género, y recursos asistenciales que están al alcance de las mujeres, niños y niñas que lo precisen.

En cambio, los juzgados de fuera de la capital que además llevan violencia de género, reciben diariamente todo lo que entre de violencia de género, en cualquier momento, a lo que se suman las materias antes mencionadas, y todo sin tener prácticamente órganos de apoyo. Todo ello se debe compaginar con la debida atención que merecen las mujeres y menores víctimas de violencia de género, además del resto de personas que acuden al juzgado y que precisan de un pronunciamiento sobre sus asuntos, sean de violencia o no.

La falta de tiempo (y en consecuencia de dedicación) unida a la falta de medios, hace imposible que las condiciones profesionales de un/a juez/a de pueblo se puedan equiparar a las de un/a profesional de la capital. Ello no quita para que en la gran mayoría de casos los y las profesionales de justicia intenten, con su trabajo y voluntad, suplir las carencias institucionales que sufren por el mero hecho de no trabajar en una gran población.

Para arreglar algo hay que saber, primero, que ese algo no funciona. Y segundo, querer actuar. El problema está en que parece que no existe preocupación real en detectar la carencia de la pésima situación de los medios de la justicia de fuera de capital. Teóricamente, no debe existir una ciudadanía de primera y de segunda. Pero en la práctica sí la hay: no es lo mismo que te vayas a divorciar si vives en el centro de una gran ciudad que si lo haces a cincuenta kilómetros de ella, porque en este supuesto, tu caso se estudiará, con suerte, dentro de 8 o 10 meses.

Una mejor justicia, más igualitaria, cercana y accesible, es posible. Pero para ello hay que mirar de frente a los problemas, y ofrecer soluciones globales, que no afecten sólo a una minoría de la población.

Como Jueza de pueblo, reivindico la necesidad de planes concretos de actuación que pongan en el centro de las políticas a todas las víctimas y a sus concretas circunstancias. Y que se garantice el derecho a una justicia accesible, rápida y efectiva a todas las personas. Porque la justicia debe llegar a las grandes avenidas de las capitales, pero también a las callecitas estrechas de un pueblecito de montaña.

Es necesario que la definición que consta al principio del artículo deje de ser una vergonzosa realidad, y podamos llegar a equiparar la justicia de pueblo con la de la capital.

Mejor ponernos a trabajar, que ya vamos tarde.

Por supuesto que hay que actuar en contra de cualquier tipo de violencia. Faltaría más. Desde la sociedad, desde el ámbito policial, desde la justicia. Creo que esto queda fuera de toda duda. Sin embargo, sí me gustaría hacer una precisión. O varias, ya puesta. Es conveniente, en la vida en general y en la violencia de género en particular, no mezclar conceptos, a fin de evitar confusiones.

Situémonos. Más de mil mujeres víctimas mortales a manos de sus (ex) parejas o (ex) maridos desde que comenzaron los registros, en 2003. Sin contar todas las mujeres (miles) que están sufriendo en vida esta lacra. Y los cientos de hijos e hijas huérfanos/as asesinados/as en el contexto de esta violencia. Es ya sabido la necesidad social de mostrar el rechazo por este tipo de violencia.

Un tipo de violencia, por cierto, reconocido no por cuatro grupos feministas, como parecen, en ocasiones, hacernos creer a la ciudadanía: la violencia de género es un delito reconocido en la normativa interna e internacional.

Desde que en 2004 se publicó la Ley Orgánica contra la violencia de Género, de 2004 -que reconoce y recoge la normativa internacional al efecto-, se han sucedido un conjunto de leyes, normas, convenios internacionales (como el tan nombrado Convenio de Estambul), y pactos nacionales y autonómicos, que otorgan a la violencia de género carta de naturaleza, considerando estas manifestaciones de violencia como delitos propios, autónomos. Reconocen todos ellos que la violencia de género otorga un plus de desvalor al delito cometido en sí, pues estos tipos de delitos afectan a la mujer por el hecho de serlo, o se trata de delitos que les afectan de manera desproporcionada a las mujeres.

Por supuesto que la violencia es inaceptable en cualquier entorno y en cualquier forma: violencia sexual, física o psicológica. Contra cónyuges, parejas, familiares o extraños. Y así lo reconoce nuestro Código Penal y nuestras leyes.

Sin embargo, lo que el jueves se reivindicaba en el Ayuntamiento de Madrid hace referencia a una lucha internacional, a un tipo de violencia concreta: la de género. La ejercida contra las mujeres por el hecho de serlo. Si no quieren participar, que no participen. Pero la actuación de Vox pretendió confundir conceptos.

Que se actúe en contra de la violencia de género no significa que se deje de perseguir, ni que se justifique de ningún modo, otras manifestaciones de violencia. Y de la misma manera que hay reivindicaciones contra la violencia hacia personas refugiadas, inmigrantes, de colectivos minoritarios a los que tratan de manera desigual, también puede haber (y hay) manifestaciones contra la violencia familiar, es decir, la cometida contra ascendientes, descendientes, hermanos/as y (ex) maridos o (ex) novios.

Por el contenido de la pancarta de Vox, parecía que quería inducir a la ciudadanía a creer que si estás en contra de la violencia contra las mujeres no puedes estar en contra del resto de tipos de violencia. Y esta conclusión es absurda. Cada violencia tiene su campo de acción.

Y contra este tipo de conductas, que tienden a confundir a las personas, debemos ser claras y contundentes: la lucha contra la violencia de género es una lucha reconocida nacional e internacionalmente, en normas y convenios, que implica a toda la sociedad. Y esta lucha ni desmerece ni desprotege la persecución de cualquier otro tipo de violencia, familiar o hacia extraños, reprochable igualmente y digna de persecución.

Contra la oscuridad, claridad. Contra la ambigüedad, objetividad. Y contra la ignorancia: lectura.

*Lara Esteve, jueza experta en violencia de género