Elisabeth es el nombre ficticio de una adolescente que fue vendida con 12 años por lo que cuestan unas cervezas para ser explotada sexualmente y que fue traficada entre Burundi y Tanzania. En un bar de Argentina, las pulseras de plástico que unas mujeres utilizaban indicaban el número de hombres con los que habían sido obligadas a tener relaciones sexuales.  

Estos dolorosos ejemplos son solo una mínima muestra del horror que viven decenas de miles de mujeres, niñas y niños alrededor del mundo, también en nuestro país. Por eso, cada año, con motivo del Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños que conmemoramos hoy, 23 de septiembre, es importante recordar datos y hechos que nos aportan instituciones y organismos nacionales e internacionales, porque detrás de cada uno de esos números hay una historia tan terrible como las que dan pie a este artículo.

La Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito (UNODC) da cifras elocuentes al respecto: la trata de seres humanos es un fenómeno a escala mundial (la ONU recoge datos de 152 países, un 94 por ciento de la población mundial) y, aunque es muy diversa, la trata con fines de explotación sexual representa el 50 por ciento de todas las formas de trata y sus víctimas, que hasta en un 92 por ciento son mujeres y niñas.

Si ponemos el foco en Europa, el 72 por ciento de las víctimas de todas las formas de trata y el 92 por ciento de las víctimas de trata con fines de explotación sexual son mujeres y niñas. En España, estos mismos porcentajes entre 2017 y 2020 se sitúan en el 59 y el 93 por ciento respectivamente; si hablamos exclusivamente de víctimas de explotación sexual, sin que esté por medio el delito de trata, en este mismo período hasta en un 97 por ciento las víctimas fueron mujeres y niñas.

Mas allá de los porcentajes, es importante dar datos concretos que dibujen en nuestra cabeza cuántas niñas como Elizabeth y cuántas mujeres como las del bar de Argentina existen en nuestros pueblos y ciudades: el año pasado, la Policía Nacional y la Guardia Civil liberaron a 1.056 víctimas de las redes de trata y por delitos de explotación sexual o laboral, incluidas dos niñas menores. Las víctimas liberadas de las redes de trata de seres humanos para su explotación sexual fueron 136 y las víctimas rescatadas de situaciones de explotación sexual fueron 355. La acción de ambos Cuerpos también hizo posible identificar a 4.704 personas en riesgo de ser prostituidas. De esto hablamos.

Por eso, hoy es una jornada para detenernos y reflexionar. En primer lugar, estamos hablando de un delito con una enorme dimensión de género sustentado en la consabida desigualdad estructural en la que se fundamentan todas las sociedades del planeta y que da pie a que se ejerza una violencia tan terrible como la que relatan las supervivientes de la explotación sexual. Por eso, urge intensificar la colaboración internacional, primero para acabar con uno de los negocios criminales más rentables del mundo; y, segundo, para mejorar las condiciones de vida de mujeres y niñas, cuya situación de desigualdad las hace extraordinariamente vulnerables.

En segundo término, es fundamental escuchar a las supervivientes y sus testimonios porque son las que nos pueden dar el contexto para luchar contra estos delitos; deben sentir nuestra protección y aliento como sociedad para romper la cadena del miedo y el chantaje a que son sometidas. Y, por supuesto, debemos protegerlas, acabar con su estigma y bridarles oportunidades para una nueva vida. 

También debemos seguir trabajando para acabar con la impunidad de quienes utilizan vilmente a las mujeres y las niñas y hacer reflexionar a quienes están dispuestos a pagar, porque la explotación sexual no existiría sin no hubiese quien pague por ella.

Debemos seguir apoyando a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para que continúen con la magnífica labor que vienen desarrollando para prevenir, detectar y perseguir unos delitos que se han agravado con la pandemia y se han expandido por Internet gracias al uso global de la tecnología. De la misma manera, España, un país moderno con una sociedad basada en el reconocimiento de los derechos humanos, debe dotarse de las herramientas legislativas necesarias para acabar con una de las peores manifestaciones de la esclavitud en el siglo XXI.

Importantísimo es también el trabajo de sensibilización y atención social que vienen desarrollando las entidades del Tercer Sector Social y a las que, desde el Gobierno regional, apoyamos con diferentes líneas ayudas, dentro de nuestro reducido ámbito competencial en esta materia, desde el cual también prestamos atención a las víctimas.

Es cierto que desde nuestra realidad nos puede costar a veces imaginar el calvario de abusos y violencia por el que pasan las víctimas de trata y explotación sexual; la sordidez de los lugares en los que se explota sexualmente a mujeres, niñas y niños o la vulnerabilidad y la desesperación de quienes buscan una vida mejor o de, como quien dice, acaba de llegar a este mundo y, sin embargo, ya es víctima de redes organizadas o individuos sin escrúpulos que no tienen ningún problema en destrozar la vida de criaturas…

Es difícil imaginar, pero no podemos ponernos una venda ante una realidad que tenemos la obligación de combatir de manera individual, porque como personas estamos unidas al resto de la humanidad; y de forma colectiva, porque no debemos seguir permitiendo que, en las lindes más oscuras de nuestra sociedad, por las que se mueven mafia y delincuencia, sigan transitando el dolor y el sufrimiento de miles de mujeres, de niñas y niños. 

El reto es grande, pero cuanto más grande es el reto más necesario es alzar la cabeza, apretar puños y dientes, fortalecer el ánimo y seguir caminando hacia adelante, sin miedos, sin desfallecimientos y sin dejar de hacer lo que debemos hacer. Por cierto, con 16 años Elisabeth logró volver a casa, en Burundi, con su familia.

Llegamos a este 28 de junio celebrando en Castilla-La Mancha el Día Internacional del Orgullo LGTBI de una manera muy especial, pero siempre reivindicativa. El pasado 5 de mayo, las Cortes regionales aprobaron por unanimidad la Ley de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI en nuestra región. Una jornada que se tiñó de color, alegría, justicia y conquista en derechos humanos para toda una ciudadanía que, aún hoy, pese a los logros conseguidos, ha de continuar su lucha por el reconocimiento, la visibilidad y la consecución de su derecho a amar, a ser y a sentir en condiciones de plena igualdad y no discriminación.

¿Era necesaria una ley de estas características en Castilla-La Mancha? Si ya nuestra Constitución blinda derechos y libertades para todas las personas, sin ningún motivo que pueda justificar esa discriminación, ¿por qué era necesario hacer una ley específica para proteger los derechos y libertades de las personas LGTBI en nuestra región? ¿Por qué? ¿Es suficiente con la Constitución? La respuesta es no, no lo es.

La Constitución es nuestro gran marco jurídico para la arquitectura institucional de nuestro país y para la democracia, para los derechos y las libertades, para las obligaciones, para las políticas, para todo lo que hacemos bien o mal, pero solo con la Constitución no es suficiente. Nadie se ha atrevido nunca a protestar porque se haya aprobado una ley de protección de las personas con discapacidad, por ejemplo, aunque sus derechos estén protegidos en nuestra Carta Magna; por otro lado, y aunque haya quien lo cuestione, la mayoría de la sociedad acordamos hacer leyes que impulsaran la acción positiva para que las mujeres alcanzásemos la igualdad material y la igualdad de oportunidades que aún nos queda por conquistar.

Entonces, ¿por qué hay contestación para que se protejan con una ley específica en Castilla-La Mancha los derechos de las personas LGTBI? La Constitución, en su artículo 10, habla de la dignidad de la persona, del derecho a la intimidad personal y familiar; el artículo 14, del derecho a la igualdad y a la no discriminación. Si nos centramos en el artículo 9.2, para aquellos que critican y dicen que no son necesarias leyes específicas, dice lo siguiente: “Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en los que se integra sean reales y efectivas -reales y efectivas, no solo legales- así como remover los obstáculos que impiden y dificulten su plenitud, y facilitar la participación de todos los ciudadanos -y añado ciudadanas- en la vida política, social, cultural y económica”.

Esto es lo que dice la Constitución, por tanto, nos está dando a los poderes públicos el siguiente mandato: este es el marco jurídico, desarrollen leyes, y después de las leyes, reglamentos, decretos, programas, proyectos, subvenciones y todo lo que sea menester para acabar con la discriminación. Ese es el mandato constitucional y esta ley viene a desarrollar este encargo que protege los derechos fundamentales. En ese sentido, Castilla-La Mancha no es menos y las personas LGTBI de Castilla-La Mancha no son menos.

En cualquier caso, esta ley nos va a permitir hacer políticas efectivas, nos da el marco jurídico y es un paso hacia adelante para conquistar los derechos por los que las personas LGTBI llevan mucho tiempo luchando, siendo resilientes y visibilizando con 'mucho orgullo' la diversidad sexual.

Se trata, en definitiva, de un instrumento legal para proteger de manera efectiva los derechos humanos, para atender a quien tenga secuelas por un ataque violento o haya sufrido acoso o humillaciones que se producen en redes sociales y en persona. Esto es así. Podemos mirar hacia otro lado, pero sabemos que esto es así, y, por tanto, no podemos, y no debemos dar la espalda a esta realidad porque la inmensa mayoría de la gente es sensata y permite la libertad porque entiende que su libertad también tiene que ser permitida por las demás personas, es decir, debe ser algo recíproco. Sin embargo, hay una minoría que no respeta los derechos y las libertades. Frente a esa minoría y esas actitudes nos tenemos que pertrechar de instrumentos que garanticen el desarrollo de políticas públicas en materia LGTBI para conseguir la visibilidad, la igualdad y la no discriminación de todas las personas.

Hoy es un día de alegría. Hoy celebramos con orgullo la aprobación de una ley que emana directamente de nuestra hermana mayor, la Constitución Española de 1978, una ley que no va absolutamente contra nadie sino a favor de todas las personas.

Te sientes culpable por la brutal violación que has sufrido. Tú, que estás empezando a vivir, con tus preciosos 16 años. Estás empezando a salir, a sentirte mujer, a relacionarte con personas nuevas, a divertirte y disfrutar de tu juventud. De día y de noche. Y deberías poder hacerlo en LIBERTAD.

El hecho de que te sientas culpable es una demostración de la sociedad en la que vivimos. Es una demostración de que el pensamiento machista impregna nuestras vidas.

Querida niña:

Tú no has sido culpable de nada. Quienes te han agredido y violentado son unos indecentes criminales, no hay excusas.

Ni tu falda, ni tus pantalones, ni tu escote o su ausencia. Ni tu mirada, ni tu sonrisa, ni tu manera de bailar ni tus ganas de vivir son culpables de nada.

Tú has sido víctima de un terrible crimen que casi se lleva tu vida por delante. Un acto cruel, execrable, abyecto y profundamente machista, de un machismo enfermizo.

Ellos, tus atacantes, son los criminales, los violadores y, por ello, merecen pagar.

Tú tienes derecho a volar libre, tienes el derecho a ser respetada de la misma manera que estás obligada a respetar. Y tienes derecho a recuperarte de tus heridas, las físicas y las emocionales (de más difícil curación), y la sociedad la obligación de apoyarte, quererte y estar a tu lado.

Así lo veo yo, así lo vemos la inmensa mayoría de la sociedad.

Por ti. Por todas.

Ni una más.

La vida de Amelia Tiganus costó 300 euros. Los que pagó un proxeneta español a las mafias de su país. Años después, tras ser obligada a prostituirse por toda España, pudo escapar y en la actualidad se ha convertido en una de las principales activistas contra la explotación sexual y la prostitución. ¿Por qué? Porque ha vivido para contarlo.

Amelia es testigo excepcional ya que la experiencia de miles de mujeres queda oculta bajo el peso de la extorsión, el miedo y las amenazas. Su testimonio es muy valioso y debe llamarnos la atención sobre la necesidad de escuchar a las supervivientes de esta esclavitud.

Hay que tomar conciencia de que para prevenir la trata de personas necesitamos pasar por un proceso de seria autocrítica social. ¿Es razonable que el cuerpo de una persona, incluso durante su infancia, se compre y se venda como cualquier producto en un mercado? Porque a eso nos referimos cuando hablamos de trata y eso es lo que ocurre cuando se paga por sexo.

Prevenir el delito, ayudar a las víctimas a salir del infierno, acabar con su estigmatización y por supuesto, acompañarlas en todo el proceso para que inicien una nueva vida son los objetivos que nos debemos marcar para acabar con la gravísima violación de los derechos humanos que supone la trata de personas con fines de explotación sexual y que afecta mayoritariamente a mujeres y niñas, aunque también a niños.

Esa es nuestra obligación y para ello debemos dotarnos de instrumentos en un país, como España, con una democracia moderna y unas instituciones fuertes.

Instrumentos de los que hoy en día no disponemos, lo que deja en una terrible situación de vulnerabilidad a las víctimas. Según el último Informe Global sobre la Trata de Personas 2020, de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 7 de cada 10 personas traficadas en el mundo son mujeres y niñas, y la mitad de todo el tráfico de personas tiene fines de explotación sexual. Es más, según este mismo informe, el 92 por ciento de las víctimas de explotación sexual son mujeres y niñas.

Es urgente la necesidad de una respuesta internacional contundente para acabar con estas redes mafiosas que trafican con personas aprovechándose de la pobreza, la falta de recursos, y los desastres que provocan guerras y catástrofes naturales

Estos datos evidencian lo estrechamente relacionadas que están trata y prostitución. Y, por tanto, la urgente necesidad de una respuesta internacional contundente para acabar con estas redes mafiosas que, sin ningún tipo de escrúpulos y con pingües beneficios, trafican con personas aprovechándose de la pobreza, la falta de recursos, y los desastres que provocan guerras y catástrofes naturales.

Este último año, la COVID-19 ha complicado aún más la situación puesto que las redes sociales se han convertido muchas veces en la puerta de entrada a los hogares de criaturas de corta edad que, primero bajo engaño, y posteriormente bajo extorsión, terminan siendo abusadas cibernéticamente o directamente engañadas para su explotación sexual.

El Gobierno de España debe actuar con rapidez y firmeza, y el resto de instituciones debemos ponernos a su disposición porque las cifras confirman machaconamente que nuestro país es vía de acceso, lugar de tránsito y destino para las víctimas de trata. Tenemos el vergonzante record de ser uno de los países con mayor demanda de prostitución.

Urge por tanto actuar en diferentes sentidos: primero, legislando para iniciar el camino que lleve a la abolición de la prostitución; de forma paralela, estableciendo las medidas necesarias para dar una salida a las víctimas, escuchándolas y teniendo en cuenta sus testimonios; y, finalmente, propiciando los cambios sociales, educativos y culturales sobre los que se construyan relaciones de igualdad entre mujeres y hombres porque sin prostitución no hay trata.

Todo ello bajo el paraguas del consenso político y social que debe presidir una actuación de este calado. Y, desde luego, para devolver una vida digna a quien se le ha robado. Se trata de derechos humanos, tan simple como esto.

Por nuestra parte, desde Castilla-La Mancha, a pesar de nuestro escaso ámbito competencial en la materia, seguiremos prestando atención especializada a las víctimas y continuaremos trabajando de la mano de las entidades del Tercer Sector impulsando acciones de prevención y sensibilización para acabar con la tolerancia social hacia la prostitución. Todo ello con el máximo compromiso y haciendo la causa propia.

Un 17 de mayo como hoy, pero en 1990, se produjo un hecho fundamental en el reconocimiento de la dignidad y los derechos de las personas LGTBI: la Organización Mundial de la Salud retiró la homosexualidad de su clasificación internacional de enfermedades, lo que convirtió a esta jornada en el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia.

Ojalá, tantos años después, no fuera necesario apelar a la conmemoración de este día porque hubiéramos logrado ya una sociedad inclusiva e igualitaria, libre de todas las formas de discriminación. Sin embargo, basta con echar una pequeña mirada al mundo para descubrir que la homosexualidad está castigada en 72 países y en 12 de ellos con la pena de muerte.

Afortunadamente, en nuestro país nos encontramos en el polo opuesto, España es considerada como uno de los países que más respeto muestra hacia la diversidad sexual. Pero aún nos encontramos lejos de erradicar la discriminación contra el colectivo LGTBI, especialmente ante el auge que están adquiriendo los discursos de odio de quienes no respetan la libertad y la igualdad de derechos de todas las personas. Una afirmación que no es gratuita, sino que viene avalada con datos como que el 40% de mujeres lesbianas asegura haber sufrido algún tipo de agresión verbal o física; o que la mitad de las personas LGTBI en España evitan cogerse de la mano por la calle con su pareja por temor a sufrir agresiones.

Y las noticias no son mucho mejores. Hay que recordar algunas como la agresión homófoba a un hombre de 43 años por 16 personas, algunas menores, mientras proferían gritos como “fuera de aquí, maricón, te vamos a matar”; o a una mujer trans de 19 años en Barcelona a la que golpeaban mientras llamaban “travelo” y “engendro”. No puedo evitar ponerme en su piel, sufrir por ello y preguntarme: ¿Por qué tanto odio?

Como sociedad debemos condenar todas las formas de violencia, vejaciones y humillaciones hacia un colectivo históricamente estigmatizado y demostrar un férreo compromiso en algo tan sencillo como es el respeto a los Derechos Humanos. Nuestra Constitución promueve la igualdad de oportunidades, el derecho a la no discriminación y al libre desarrollo de la personalidad. Por esta y otras razones debemos sentir orgullo de un país con este marco constitucional y la obligación de desarrollar estos derechos en las leyes.

En el objetivo de construir un mundo más justo, vivible y respirable, no debemos olvidar que, en democracia, el respeto por las demás formas de ser, vivir y sentir, aunque no sean las nuestras, merecen ser protegidas. La libertad se construye desde la vida en comunidad, respetando los límites de la libertad ajena y protegiendo siempre a quienes presentan situaciones de vulnerabilidad. Y hoy, en pleno s.XXI, las personas LGTBI siguen estando más expuestas al rechazo social, a la estigmatización y a la discriminación.

Aprovechando el lema elegido para la conmemoración de este año, 'Resistiendo, apoyando y sanando', quiero evidenciar el compromiso del Gobierno de Castilla-La Mancha con esta lucha que se materializará en la Ley de Diversidad sexual y Derechos LGTBI, lo que supondrá, sin duda, un gran paso para seguir contribuyendo a la erradicación de la LGTBIfobia y equiparar los derechos del colectivo en nuestra región.

Este ha sido y seguirá siendo nuestro camino: transformar reivindicaciones justas en derechos que se plasmen en leyes para garantizar un marco social justo e igualitario en el que sintamos orgullo de la diversidad humana y en el que todas las personas, al margen de cualquier consideración, disfrutemos de los mismos derechos y oportunidades.

Hoy, 11 de octubre, celebramos el Día Internacional de la Niña, una jornada en la que conmemoramos que hay más de 1.100 millones de niñas sobre esta tierra que pisamos cada día. ¡Más de 1.100 millones de niñas!, una hermosura que es un canto a la vida y a la esperanza de un mundo mejor.

Sin embargo, la realidad es que la desigualdad en el acceso a la educación o a la atención médica, los diferentes tipos de violencia que sufren, prácticas bárbaras como el matrimonio forzado o la injusticia climática dependiendo de la parte del Planeta en que estén, constituyen la realidad diaria con la que conviven muchos de estos millones de niñas. Por eso desde hace 8 años, el 11 de octubre es el día en el que reivindicamos la necesidad de que se conozcan sus problemas y se reconozcan sus derechos.

Para mí, además, este Día debe convertirse en el más importante del calendario para luchar por la igualdad de género de las niñas, porque además de ser un derecho humano fundamental, la igualdad de género es la gran fuerza transformadora para que el sueño de una sociedad más justa, igualitaria y pacífica sean cada vez más realidad y menos quimera.

Por esta razón, es preciso que todas las niñas del Planeta tengan su propia voz y contribuyan a definir cómo afrontamos los desafíos que tenemos como Humanidad, entre los más urgentes la falta de acceso a la educación y a la sanidad, la desigualdad por razón de género, o el cambio climático.

Están preparadas para hacerlo y así nos lo vienen demostrando. El caso más conocido es posible que sea el de la activista sueca contra el cambio climático Greta Thunberg. Pero como ella, otras niñas y adolescentes han alzado la voz y trabajan, por ejemplo, para acabar contra el racismo como lo ha hecho Zulaikha Patel en Sudáfrica; o como Payal Jangid, en India, que con solo 10 años comprendió que la educación era la única salida a la tradición del matrimonio forzoso y pactado; o el caso del Emma González, superviviente de un tiroteo en Estados Unidos que clama por el control de armas. Son apenas unos ejemplos, pero ilustran el potencial que encierran esos millones y millones de niñas.

Por todo ello, no podemos estar más de acuerdo con el lema escogido por Naciones Unidas para celebrar en 2020 esta jornada, ‘Mi voz, nuestro futuro en común’. En el Gobierno de Castilla-La Mancha tenemos la firme convicción de que, si se lo permitimos, esos 1.100 millones de niñas pueden ser lo que deseen ser, llegar donde decidan ir y alcanzar las metas que se propongan.

Ellas pueden seguir avanzando en la agenda global para promover los derechos y el empoderamiento de las mujeres y las niñas que se propuso hace ahora 25 años en la Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing.

Ellas pueden ser quienes nos ayuden a conseguir que los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la hoja de ruta para que el progreso que sea sostenible y no deje a nadie atrás, sea una realidad.

Ellas pueden convertirse en la generación más impresionante de mujeres capaces de afrontar los grandes desafíos que tenemos como sociedad en todo el mundo. Démosles entonces la oportunidad de hacerlo, imaginando un mundo mejor y formando parte de él.

¿Tenemos derecho a comprar lo que nos apetezca y cuando nos apetezca? ¿El único límite es el tamaño de nuestra cartera?

Formulo estas preguntas porque cada vez es más recurrente el argumento de que hay personas que ‘libremente’ quieren vender su cuerpo y, si esto es así, ¿por qué no legalizar actividades hasta ahora ‘alegales’? ¿Por qué no recaudar impuestos por dichas transacciones? ¿No estarían más protegidas dichas personas? (léase mujeres donde digo personas).

La trampa de esta idea es que realmente no reflexionamos a fondo sobre todas las puertas que se abren bajo esa premisa del liberalismo más liberal de todos, porque cuando escuchamos estos argumentos es para justificar que hay gente dispuesta a pagar por sexo o por un bebe en un vientre de alquiler. La necesidad y la pobreza hacen que haya miles de mujeres abocadas a ser quienes ‘venden’. ¿Pensaríamos igual si esa misma necesidad y pobreza las abocara a vender un riñón?

Desde esa ‘libertad’ de quien sufre una perentoria necesidad económica o vive bajo extorsión y amenazas o en régimen de semilibertad en un país extranjero y sin documentación, o todo a la vez…. ¿Estaría justificado que legislásemos para que pudiera vender sus órganos?

Para mí la respuesta es clara en los tres supuestos: no, no y no. Por esa razón, hoy, 23 de septiembre, ‘Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, de Niñas y Niños’, reivindicamos el fin de esta aberración que podemos calificar como la esclavitud del siglo XXI.

En España hay miles de mujeres y niñas esclavizadas, usadas como objetos para ser explotadas sexualmente. La mayoría llegan engañadas, vienen con las expectativas de una vida mejor, la misma que deseamos todas las personas, y se encuentran con una realidad y unas circunstancias que nada tienen que ver con sus sueños, sus ilusiones y sus esperanzas. Por tanto, hay que alejar la tentación de pensar que están ahí porque lo han decidido. No es cierto, no se corresponde con la realidad.

Desde este momento, su vida se convierte en una pesadilla en la que los daños físicos y psicológicos que provoca la explotación sexual caminan de la mano. 

No podemos dejar pasar un día más sin mirar esta realidad de frente porque es la manera de demostrar que realmente creemos en los valores democráticos

A esto hay que unir las enormes dificultades para salir de la situación en la que están. Las deudas contraídas, el hecho de no conocer a nadie en el lugar al que llegan, la extorsión y la intimidación a la que son sometidas por mafias, proxenetas y explotadores, el miedo a no poder seguir enviando dinero a sus familias en sus países de origen -muchas veces el único ingreso que reciben-, o las amenazas de las que son objeto ellas mismas y sus familiares son algunos de los hilos que tejen esa red pegajosa y tiránica en la que quedan atrapadas.

No podemos dejar pasar un día más sin mirar esta realidad de frente porque es la manera de demostrar que realmente creemos en los valores democráticos que deben prevalecer en todo estado de derecho, que nos definen como país y de los que sentimos orgullo. Por eso, y aprovechando este día, volvemos a reivindicar una Ley contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual ya que, personalmente, se me antoja que hay tantos motivos para promulgarla como mujeres en esta situación.

Mientras, desde el Gobierno de Castilla-La Mancha seguiremos trabajando -aunque nuestro marco competencial en esta materia es estrecho y nos da poco margen- en colaboración con las entidades del Tercer Sector y gracias a los Fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, en la ayuda a mujeres que se encuentran en situación de explotación sexual.

Al contrario de lo que desde hace algunos años se repite machaconamente, nuestra región no tiene un problema mayor en esta materia que el resto de España. De hecho, según el último estudio del Instituto de la Mujer de España, en Castilla-La Mancha se encuentran ubicados entre el 8 y el 10% de los prostíbulos de nuestro país, aunque esos datos no hacen que nuestro compromiso sea menor.

La política debe servir para que la sociedad sea más justa, más feliz y más libre; pero una libertad bien entendida que jamás puede sustentarse sobre la base del sufrimiento ajeno. Por eso tenemos muy claro que #LasMujeresNoSeCompran.

Dice el Diccionario de la Lengua Española que orgullo es el ‘Sentimiento de satisfacción por los logros, capacidades o méritos propios o por algo en lo que una persona se siente concernida’. Y hoy, 28 de junio, Día Internacional del Orgullo LGTBI, se me llena la boca al decir la palabra orgullo.

Orgullo por un movimiento que, a pesar de lo sufrido, ha mantenido la cabeza alta hasta conseguir que su dignidad haga también un poco más dignas nuestras vidas y nuestra sociedad. De manera que sí: orgullo y satisfacción, porque sus logros nos han hecho mejores y más libres. Y, en efecto, como dice el diccionario me siento concernida por todo ello ¿alguien podría no estarlo?

Por eso, en este 28 de junio, me parece imprescindible empezar reconociendo al colectivo LGTBI todo lo que nos ha dado: un mundo más diverso, más libre, más justo y más digno. Y, sobre todo, la inspiración y la energía para seguir persiguiendo la igualdad de todas las personas y su derecho a vivir en libertad.

Este año celebramos el Día del Orgullo LGTBI en un contexto agridulce como consecuencia de una pandemia que nos ha hurtado la posibilidad de celebrarlo en las calles. Sin embargo, no va a lograr que perdamos fuerza en la reivindicación que cada 28 de junio se repite y que sencillamente es la diversidad sexual que a cada persona nos hace ser, sentir y estar en el mundo de la forma que nos da la felicidad.

Además, en este 2020 el Día del Orgullo LGTBI está dedicado con acierto a las mujeres lesbianas, bisexuales y transexuales con el fin de defender sus derechos, darles visibilidad y luchar por su igualdad dentro del colectivo y en el conjunto de la sociedad.

Me gustaría hacer mención especial a las mujeres transexuales cuyos derechos se vulneran de manera sistemática y de múltiples formas. Quiero condenar la violencia que se ejerce contra todas las mujeres en sus múltiples manifestaciones y, en particular la que sufren de manera cruel las mujeres lesbianas, bisexuales y transexuales, debido a la diversidad en su forma de ser, sentir y desear.

Las mujeres seguimos luchando para acabar con la desigualdad histórica que hemos padecido solo por el hecho de serlo y el propio movimiento LGTBI debe enarbolar esta lucha como principio fundamental. Por eso, la reivindicación que hacemos este año y que debemos hacer siempre, también dentro del movimiento LGTBI, es la puesta en marcha de la transversalidad de género.

Pero, a pesar de las adversidades, debemos seguir haciendo camino como lo hemos venido haciendo en las últimas décadas. Quiero recordar que se cumplen ahora 15 años de la ley que permitió el matrimonio igualitario, posible gracias a la sensibilidad de un Gobierno y de una sociedad que convirtió una reivindicación histórica en un derecho, el derecho en un acto de igualdad y la igualdad en felicidad para miles de personas y de familias.

Desde Castilla-La Mancha también hemos contribuido a estos avances desde diferentes ámbitos, uno de los más notables ha sido promover el derecho de igualdad de trato a las mujeres lesbianas en materia de reproducción humana desde 2017. También quiero citar por su importancia la futura ley para la igualdad LGTBI que esta misma semana ha retomado sus trámites y que será un reflejo de la diversidad de nuestra tierra.

Y así poco a poco, paso a paso, como si fuese un precioso proceso de alquimia, hemos de seguir transformando reivindicaciones en derechos y los derechos en leyes que garanticen un marco social justo e igualitario en el que sintamos orgullo de la diversidad y en el que todas las personas, al margen de cualquier consideración, disfrutemos de los mismos derechos y oportunidades.

Hoy conmemoramos el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Sexual en los Conflictos. Fue el 19 de junio de 2015 cuando la Asamblea General de Naciones Unidas proclamó este día internacional con el objetivo de concienciar sobre la necesidad de ponerle fin, honrar a las víctimas y rendir homenaje a las personas que se han dejado la vida intentando erradicar estos delitos.

Este día es por tanto una fecha de gran importancia que nos permite visibilizar una terrible vulneración de los derechos humanos y condenar la violencia sexual como táctica de guerra. Está más que documentado que, a lo largo de la historia, la violencia sexual se ha utilizado en los conflictos como un arma de guerra más, convirtiendo el cuerpo y el alma de las mujeres y de las niñas en parte del campo de batalla.

Porque cuando hablamos de ‘violencia sexual en los conflictos’ nos referimos a violaciones, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazos forzados, esterilización forzada o cualquier otro acto de grave violencia sexual perpetrado en situación de conflicto, principalmente contra mujeres y niñas, aunque en menor proporción también se ejerce contra hombres y niños.

Algunas cifras nos muestran la dimensión del problema: violaciones masivas de mujeres alemanas (algunas cifras hablan del millón) por parte del Ejército Soviético en la Segunda Guerra Mundial; 200.000 esclavas sexuales al servicio del ejército japonés en esta misma contienda; se estima que hasta 400.000 mujeres fueron víctimas de violencia sexual durante el conflicto que dio lugar a la creación de Bangladesh como Estado independiente en el 71.

O hechos más recientes en la década de los 90 del siglo pasado, como el genocidio de Ruanda o las guerras de los Balcanes, y en particular, la guerra en Bosnia, en la que se utilizó de manera generalizada y sistemática la violencia sexual como parte integral de la limpieza étnica, llegando a producirse entre 20.000 y 60.000 violaciones.

“¿Cómo se contabilizan las violaciones repetidas o las violaciones en grupo?”

Y en todos estos casos siempre con las mismas preguntas rondando: ¿De las víctimas mortales, cuántas habían sido violadas? ¿Cómo se contabilizan las violaciones repetidas o las violaciones en grupo? ¿Cuántas no se han denunciado o, si se ha hecho, ni siquiera se han registrado como tales?

Sin embargo, y a pesar de estas atrocidades, solo hace doce años que se condenó esta gravísima violación de los derechos humanos y seis desde que se instauró este día internacional para exigir su eliminación, lo que permite afirmar sin equívocos que la violencia sexual ha sido invisibilizada e ignorada.

Es por ello que adquiere vital importancia, especialmente en estos momentos en los que la COVID-19 ha ocultado con su urgencia todo lo demás, este día para pedir a la comunidad internacional esfuerzos conjuntos dirigidos a frenar estos horrores y a acabar con la impunidad de quienes los cometen, mientras la sociedad en su conjunto debe ser capaz de tejer la red de solidaridad que necesitan las víctimas.

Días como este 19 de junio sirven para poner negro sobre blanco la constatación de que estos brutales hechos se siguen utilizando como práctica de guerra y terrorismo, seguramente en este mismo instante, como herramienta de política represiva, de limpieza étnica, para desplazar comunidades… En suma, como medio de odio, de represión, de terror y de control, lo que nos debe hacer tomar plena conciencia de la urgencia de acabar con ello.

No importa donde suceda, no hay distancia ni lejanía cuando hablamos de la vida de las personas. Desde el Gobierno de Castilla-La Mancha colaboraremos para dar voz a las víctimas silenciadas, pero también con nuestros recursos para ayudar a las que llegan hasta nosotros huyendo del terror y quizá secuestradas en un prostíbulo soportando las mismas violaciones aunque lejos de sus países.

Desde hace 18 años en Castilla-La Mancha venimos publicando el Informe sobre Violencia de Género, una herramienta muy útil que nos dimos como sociedad y que como sociedad nos ha permitido crecer, sensibilizarnos y mejorar la protección de las mujeres, las niñas y los niños que sufren esta cruel violencia.

Este informe que nació en 2002 y que cumple ahora su mayoría de edad, nos ha permitido trabajar en tres grandes ejes. El primero, el conocimiento real de la situación gracias a la radiografía que aporta: prevención, sensibilización y divulgación; servicios de información y atención especializada; recursos de alojamiento y protección para víctimas de la violencia de género; seguridad de las víctimas, ayudas sociales y económicas; actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y procedimientos judiciales. En segundo lugar, la implementación de servicios, recursos, planes y medidas para atajar estas situaciones de violencia. Y, derivado de estos dos grandes bloques, lo más importante, el fin en sí mismo del estudio: la protección de las mujeres y de sus criaturas víctimas de la violencia machista.

Conviene recordar, además, que su elaboración no es fruto del voluntarismo, sino de la voluntad política del Gobierno de Castilla-La Mancha, que siempre ha tenido claro que hay que proteger y apoyar más a quien más lo necesita.

Por eso, estableció la obligación legal de publicarlo y remitirlo a las Cortes regionales, primero con la Ley 5/2001, de 17 de mayo, de Prevención de Malos Tratos y de Protección a las Mujeres Maltratadas de Castilla-La Mancha cuyo artículo 11 establecía la obligación del Ejecutivo de remitir a las Cortes este informe y posteriormente ha sido la Ley 4/2018 de 8 de octubre para un Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla-La Mancha, la que en su artículo 32 sobre ‘Evaluación de implementación y eficacia de las medidas’, recoge la obligación del Instituto de la Mujer de realizarlo.

Otra razón más para hablar hoy de este informe, en un momento en el que la emergencia sanitaria de la COVID-19 ha provocado un repunte en la violencia machista, es porque sus páginas no solo contienen información muy valiosa acerca de cómo hemos ido evolucionando como sociedad, sino que son el hilo conductor de nuestra propia historia en lo que a igualdad y lucha contra la violencia machista se refiere.

El repaso de esta información nos muestra que hemos mejorado en la prestación de servicios, pasando de 39 centros de la mujer a 84 y triplicando la inversión para su mantenimiento de 3 a 9 millones de euros.

La comparativa entre los datos de los primeros años y los últimos arroja un incremento de llamadas a la Línea 900, (2.699 en el informe de 2001, cuando este año, sólo en el estado de alarma han sido 1.435), de lo que se deduce que las estrategias de sensibilización, visibilización y apoyo a las víctimas funciona.

También hay más sentencias condenatorias al año, más denuncias y más procedimientos incoados. Se han multiplicado por seis la ayuda a las mujeres a la salida de los recursos de acogida (de 1.000 euros hasta un máximo de 6.000). También entonces se empezaba a utilizar un lenguaje inclusivo que ahora hemos ido depurando y mejorando. Otros avances han sido la creación de planes de empleo específicos para mujeres víctimas de violencia de género, el acceso a viviendas tuteladas o las becas Leonor Serrano.

En el lado opuesto, un dato muy preocupante como ya revelaba aquel informe, es que la violencia de género entre los más jóvenes sigue aumentando, por lo que tenemos que seguir haciendo hincapié en la sensibilización, y reflexionar acerca de cómo atajar esta situación porque nuestra juventud es el futuro y es la esperanza.

Si hablamos de los hitos que engarza ese hilo podemos citar la Modificación de la Ley electoral de Castilla-La Mancha para incluir listas paritarias en las elecciones autonómicas (2002); la puesta en marcha de nuevos planes de igualdad de oportunidades y de medidas para la conciliación de la vida laboral, familiar y personal (2007); la creación de la I Escuela de Pensamiento Feminista de Castilla-La Mancha (2008); la Ley 12/ 2010 de Igualdad entre Mujeres y Hombres de Castilla- La Mancha; el Decreto 75/2016, de 07 de diciembre de 2016, que reguló la Comisión de Igualdad de Castilla-La Mancha; la Ley para una Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla-La Mancha de 2018; el Decreto de Orfandad de 2019 por el que se conceden ayudas a menores víctimas de violencia de género y la creación de la Consejería de Igualdad este mismo año.

Se puede concluir por tanto que el repaso de los datos e hitos de estos 18 años son un binomio inseparable: los primeros nos hablan de la realidad, lo segundos de todo lo que hemos hecho para mejorarla.

Dice Neruda: ‘nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos’. Es cierto, en este tiempo nuestra sociedad ha sido capaz de analizar la realidad e ir tomando las medidas necesarias para acabar con la violencia machista. Pero también es verdad que no hemos conseguido erradicarla y que hemos de seguir trabajando con todos los instrumentos que tenemos a nuestro alcance, y con los que sea necesario crear, hasta alcanzar la sociedad igualitaria y justa que queremos. En eso estamos y en eso seguirá estando el Gobierno de Castilla-La Mancha.

Hoy, como cada 17 de mayo desde el año 2004, se conmemora el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia para llamar la atención sobre la desigualdad, la violencia y la discriminación que sufren lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, intersexuales y todas las demás personas con diversas orientaciones sexuales, identidades o expresiones de género y sexo.

Este año las organizaciones internacionales han elegido el lema: ‘Rompiendo el silencio’, una idea que cobra más fuerza que nunca en este contexto de emergencia sanitaria y social que ha provocado el coronavirus.

Cientos de miles de personas en todo el mundo siguen reclamando la equiparación de sus derechos y libertades, a través de la adopción de medidas integrales que logren la sensibilización y visibilidad de la diversidad sexual en su conjunto.

La sociedad castellanomanchega presenta una gran diversidad y un amplio contraste entre sus territorios que combinan medio urbano y rural. Este último, tiene una gran presencia en nuestra región y se ha visto afectado por el sexilio de su población, entre otras causas. Es por ello, que se hace necesaria la adopción de medidas y puesta en marcha de políticas públicas que garanticen la igualdad efectiva de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales e intersexuales, teniendo en cuenta el carácter eminentemente rural de nuestra región.

El reconocimiento y apoyo institucional es necesario para garantizar la igualdad de trato y de oportunidades para todas las personas LGTBI en cualquier ámbito. Un proceso que se debe procurar en todas las etapas de la vida y en todas las contingencias del desarrollo humano, teniendo en cuenta todas las interseccionalidades que conllevan múltiples discriminaciones, especialmente en personas mayores, menores o mujeres LBT.

En este proceso, la participación de las entidades LGTBI en nuestra región ha sido y es el punto de partida sobre el cual establecer un nuevo marco normativo que garantice el principio de igualdad de trato y no discriminación de este colectivo, asumiendo sus demandas y estableciendo un diálogo permanente, constructivo y capaz de garantizar la transversalidad social que se requiere para la consecución de derechos.

Precisamente, quiero destacar que durante la crisis sanitaria estas entidades no han cesado su actividad y han formado parte de una cadena solidaria que evidencia su carácter abierto, social y humano; asumiendo un compromiso altruista con toda la población, en especial con aquella que se encuentra en una situación de mayor vulnerabilidad.

Desde el Gobierno de Castilla-La Mancha estamos en disposición de seguir avanzando, de manera conjunta con toda la sociedad civil, en la atención de la diversidad en todas las situaciones de discriminación que se encuentran las personas LGTBI y sus familias, teniendo en cuenta las circunstancias personales o sociales que puedan ser causa y consecuencia de las mismas.

Sentimos orgullo de nuestra gente y de nuestra diversidad. Entendemos que solo mediante el acceso a recursos y resarcimientos efectivos se garantizará a las personas LGTBI la reparación de sus derechos vulnerados por motivo de su orientación o identidad sexual y expresión de género.

En este camino, entendemos que la futura ley LGTBI de Castilla-La Mancha debe ser el instrumento que cohesione todas las políticas de igualdad de trato y no discriminación como uno de sus principios rectores, garantizando la prohibición de terapias o pseudoterapias de conversión, aversión o contracondicionamiento y velando por los derechos y las libertades de este colectivo.

En definitiva, no queremos dejar pasar la oportunidad de reivindicar como somos. Tenemos muchas razones para llevar a cabo acciones plurales que garanticen nuestra libertad de ser, sentir, amar, desear y vivir sin miedo y sin violencia. Desde cada una de nuestras acciones rompemos el silencio y alzamos la voz contra la lesbofobia, homofobia, bifobia y transfobia porque nuestro objetivo sigue siendo conseguir una sociedad más justa, libre, inclusiva y democrática.

Cuando aún resuenan los ecos violetas de la ‘emergencia feminista’ convocada el pasado 20S, llamamos a la reflexión contra otra forma de violencia de género que también se ejerce contra las mujeres y es especialmente cruel. Me refiero a la explotación sexual y la trata de personas, dos tristes realidades íntimamente relacionadas porque sin la una no existiría la otra.

El Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres es un buen momento, si bien la lucha es necesaria todo el año, para reflexionar sobre los datos tremendamente alarmantes que nos obligan a trabajar con ahínco para erradicar la que podríamos denominar como la esclavitud del siglo XXI.

El Informe Mundial de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito del año 2018 sobre la trata de personas subraya que el principal objetivo de los traficantes de personas son las mujeres y las niñas, proviniendo la gran mayoría de zonas en conflicto, como el África Subsahariana y el Oriente Medio, en las que aquellos se aprovechan de la vulnerabilidad estructural para lucrarse a través de la mercantilización del cuerpo femenino, sin importarles que ello suponga vulnerar los derechos humanos, aplastar la dignidad de las víctimas e, incluso, destruir su inocencia en edades muy tempranas.

Si tenemos en cuenta que el año pasado se detectaron unas 14.000 esclavas del sexo en España, y estimamos que solo se detecta uno de cada 20 casos, nos podemos hacer una idea de la dramática realidad que tenemos enfrente ya que, según la ONU, el 90 por ciento de las mujeres prostituidas lo son contra su voluntad. Es decir, 9 de cada 10 mujeres en esta situación han sido engañadas o secuestradas, compradas y vendidas; son constantemente víctimas de vejación, coacción, humillación y maltrato.

Hace apenas un mes el propio Tribunal Supremo dictaba una sentencia contundente y clara, en la que reconoce la existencia del delito de trata con fines de explotación sexual en clubes de alterne de las carreteras españolas, donde mujeres extranjeras son obligadas a prostituirse como “seres cosificados” y en condiciones donde la dignidad humana “carece de la más mínima significación”. Y agrega que “no hace falta irse a lejanos países para observar la esclavitud del siglo XXI de cerca, simplemente adentrarse en lugares tan cercanos, a lo largo de los márgenes de nuestras carreteras, en donde hallar uno o varios clubs de alterne en cuyo interior se practica la prostitución con personas forzadas, esclavizadas”.

Contra la legalización

Esta es la realidad que esconde la mal denominada “industria” del sexo que mueve diez millones de euros al día, y que algunos partidos proponen legalizar, ya que supone casi el 0,4 por ciento del PIB español -la misma cifra que la industria del calzado-; pero si hay que legalizar esta actividad bajo la premisa de que mueve mucho dinero y de la supuesta libertad de las mujeres que la ejercen les pido una reflexión, ¿sería esta una profesión digna para nuestras hijas? Para mí la respuesta es rotunda y clara: NO.

Con estos datos está claro que queda un importante camino por recorrer, erradicar lo que constituye una violación de los derechos humanos, pero, a su vez, supone enormes beneficios para unos pocos, por lo que será una ardua tarea. Por ello, en Castilla-La Mancha quisimos dejar claro a través de la Ley contra una Sociedad Libre de Violencia de Género que la prostitución ejercida de manera forzada es violencia de género, sin ambages ni medias tintas. La prostitución de hoy es una de las formas de violencia de género más extendidas y aceptadas socialmente, ya que cuatro de cada diez hombres la han consumido alguna vez.

Por esa razón, hay que visibilizar el problema con toda su crudeza, no podemos cerrar los ojos ante esta realidad que le roba la vida a decenas de miles de mujeres en España y millones en todo el mundo. La sensibilización es nuestra principal tarea y debemos seguir trabajando en programas destinados a la divulgación de la prostitución y la explotación sexual como una manifestación de la violencia contra las mujeres; a visibilizar la trata de personas como una realidad existente en el entorno; y a la prevención del consumo de prostitución entre los jóvenes, fundamental para abolir esta forma de violencia contra las mujeres que vulnera los derechos fundamentales.

Todo tipo de violencia de género, de atentado contra los derechos humanos y, en general, de injusticia y violación de los principios de igualdad real contarán siempre con la respuesta firme del Gobierno de Castilla-La Mancha. Aunque a veces sepamos que la tarea que tenemos enfrente es ingente, no debemos cejar en el empeño de conseguir una sociedad más justa y, por ende, más feliz para quienes la conforman. Ese es nuestro reto constante.