Ante todo, importa conocer quiénes están de acuerdo con una norma diseñada para incrementar las oportunidades de las empresas españolas en terceros países y la presencia del Estado central en el ámbito europeo y multilateral. Porque el objetivo de la ley no es otro que favorecer la internacionalización de nuestros actores financieros y empresariales, particularmente en sectores clave como la transformación digital, la transición energética, la innovación tecnológica, etc. Y para ello se proyecta a España como un país comprometido con la lucha contra la emergencia climática, el feminismo, la diversidad y la democracia, que, además, posee una cultura y una lengua que constituyen un activo de gran valor en un mundo globalizado.

Se trata, en otras palabras, de posicionarse ante la decisión de asignar a la cooperación internacional un papel subalterno, aunque no desdeñable, en el movimiento apresurado para no perder pie en el cada vez más competido negocio global del desarrollo sostenible. Para que pueda ejercerlo eficazmente, se nos dice que es necesaria una reforma integral del sistema, muy debilitado tras años de recortes y abandono e inadecuado para operar en los nuevos escenarios priorizados. Sin embargo, la literalidad de la norma no se compadece con esa afirmación, pues mantiene intactos elementos de dicho sistema manifiestamente caducos y deja la mejora de muchos otros en manos de unos desarrollos reglamentarios cuyas directrices básicas ni siquiera se apuntan.

Pero no todo quedará igual tras su aprobación. En primer lugar, cambiará la cooperación financiera, cuya transmutación se camufla bajo el paraguas de una ley llamada de cooperación para el desarrollo y la solidaridad global. Ejercicio bochornoso, cuestionable tanto desde el punto de vista jurídico como político, que da carta de naturaleza al nuevo instrumento financiero sin debate, sin análisis técnico, sin evaluación del anterior y sin mencionar siquiera los códigos de responsabilidad actualmente vigentes. Un atropello comparable al que cometimos hace más de una década, cuando enterramos el cadáver aún caliente del Fondo de Ayuda al Desarrollo, para sustituirlo por un nuevo fondo que ahora reemplazamos con otro más nuevo aún. La diferencia es que entonces se denunció más. Tanta amnesia, tanta memoria selectiva, desmoralizan; por no hablar del hartazgo ante la ceremonia autoreferencial y autoreverencial a la que acostumbra recurrir la cooperación internacional para eludir problemas reales.

La segunda gran mudanza beneficiará a las denominadas alianzas público-privadas, última versión del secular intento de legitimar la subordinación de las políticas públicas a los intereses corporativos. Más que reiteradas a lo largo del texto, la ley pone a disposición de dichas alianzas el más amplio elenco de instrumentos “novedosos”, justificando la medida por la complejidad de los retos a encarar, que requiere que las empresas contribuyan con más ímpetu al logro de los objetivos compartidos de desarrollo.

Y, en fin, cambia también, y lo hace para peor, el papel y las funciones de la cooperación de las comunidades autónomas y los entes locales, convertidas en contribuyentes netas y ejecutoras de la política de un estado que tiene autoridad, pero no está capacitado ni tiene legitimidad, para imponer el modelo vertical y centralizado que la ley pretende sancionar. El futuro de la política pública de cooperación pasa por la cogobernanza, no por reconocimientos honoríficos y llamadas a la coordinación que encubren un ajuste fuerte para dirigir desde arriba y desde el centro la acción descentralizada que constituye el elemento más genuino de nuestro sistema.

La trascendencia de los anteriores debates hace que otros, como los relativos a la insuficiente colaboración interdepartamental e interinstitucional, o a la poca valentía en materia de evaluación, aprendizaje e investigación aplicada con inteligencia y generosidad, parezcan materia para iniciados, algo casi ridículo. Y de migraciones, cooperación y desarrollo hablamos, si gustan, otro día.

Las organizaciones sociales asistimos a esta transformación muy debilitadas y fragmentadas. Algunas ni siquiera comparecen, prefiriendo mantenerse al margen y resistir en sus estrechos espacios de autonomía. Otras, sobre todo las ONGD, seguimos atrapadas en la narrativa de la profesionalización y en una lógica que define a los actores de la cooperación por lo que son y no por lo que hacen. Tras haber renunciado desde hace tiempo al análisis y el discurso realmente crítico, y con serias dificultades para movilizar a la ciudadanía en general y a la

juventud en particular, apenas hemos sido capaces de conseguir que se acepte una parte de nuestra tabla de reivindicaciones gremiales: reconocimiento como socias confiables de las políticas gubernamentales y acceso a más recursos en condiciones menos burocráticas y más flexibles. Frente a la invitación a practicar una solidaridad débil y el neoasistencialismo caritativo, o asistir al espectáculo de víctimas de catástrofes sin responsables salvadas por ejércitos y organizaciones humanitarias, necesitamos diálogo político entre iguales para creer, crear y construir un nuevo internacionalismo capaz de frenar la barbarie que domina los comienzos de este siglo XXI y asegurar a la mayoría una vida buena en la única tierra que conocemos.

Ante esta situación, conviene recordar que con la creación del “Programa Norte-Sur” en 1989, el gobierno socialista del Presidente Lerma hizo suyas las demandas de la ciudadanía, que desde tiempo atrás venía exigiendo una acción de solidaridad internacional más decidida con las luchas por la autodeterminación y la democracia de pueblos como el saharaui, el nicaragüense o el salvadoreño. Ese año se concedieron las primeras subvenciones, se constituyó un consejo de participación social pionero en el estado y se desarrollaron iniciativas de diversa índole, muchas de ellas descentralizadas y unitarias, que, vistas en perspectiva, nada tienen que envidiar a las actuales en coherencia y eficacia. Poco después, en 1992, un reducido número de entidades valencianas vinculadas a los partidos y sindicatos de izquierdas, la iglesia católica, o procedentes en sentido amplio de los denominados comités de solidaridad, constituyeron la Coordinadora Valenciana de ONGD. Por su parte, una serie de municipios decidieron sumar esfuerzos y recursos para mejorar sus intervenciones en este campo a través del Fons Valencià per la Solidaritat, una iniciativa singular inexistente en otros países. Sirva todo ello como ejemplo del dinamismo de una sociedad que quiso y pudo protagonizar, junto a otras, el surgimiento de la cooperación descentralizada española.

Cuando el Partido Popular ganó las elecciones en 1996, la cooperación internacional había reforzado su respaldo social tras las recientes movilizaciones por el 0,7% y contaba con entidades ciudadanas y una institucionalidad suficientes para asentar un proceso coherente y continuado de crecimiento y maduración. Esta fue la herencia recibida, y tras diecinueve años, ese mismo partido nos legó un ecosistema enfermo y esquilmado por la manipulación, el clientelismo, la instrumentalización y los recortes presupuestarios. El Conseller Blasco pudo hacer lo que hizo, algo inimaginable en otros lugares, por una combinación de circunstancias que siguen pendientes de solución. El daño causado al cuerpo de la ayuda al desarrollo ha sido enorme, y sus efectos en forma de desprestigio, cuestionamiento y erosión del tejido social todavía continúan.

El nuevo ciclo político inaugurado en el 2015 supuso una esperanza de cambio. Y ciertamente lo hubo: nuevos equipos más sensibles, reconstrucción del diálogo, avances en transparencia y participación, presupuestos de nuevo al alza… Sin embargo, el balance de la pasada legislatura pudo ser mejor en aspectos clave como el control parlamentario, el consenso con las entidades sociales, el fortalecimiento de las mismas y la mejora de los instrumentos a su alcance, la investigación o la consolidación de su rango institucional en el organigrama del Consell. En lugar de aprovechar la oportunidad para dotar a la cooperación internacional de una visión compartida de largo plazo y del proyecto político y los medios necesarios, se decidió lanzarla al estrellato de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030, convertidos de la noche a la mañana en la música obligada de todos los bailes. Se obvió el diagnóstico de partida y, por tanto, se aplicó un tratamiento inadecuado que no permitió trascender el interés partidario, el regateo por los recursos y el marasmo burocrático. La responsabilidad de todo ello recae principalmente en nuestros representantes, pero, también, en la ciudadanía y sus organizaciones, que tal vez no supimos presionar lo suficiente y con el acierto necesario.

La desmemoria es uno de los rasgos más característicos de la ayuda para el desarrollo, encerrada en un bucle autojustificativo que borra el pasado y acaba con la reflexión histórica, ampliando la brecha entre la retórica y la práctica y reduciendo hasta la irrelevancia su potencial contribución al cambio social. En tales circunstancias, desperdiciar las oportunidades para construir un entendimiento común de cuál es el sentido y las potencialidades de la cooperación internacional impulsada desde una Comunidad como la Valenciana es una equivocación difícil de perdonar. El 2019 se nos va de las manos con buena parte del trabajo por hacer. Aprovechemos, pues, el 2020, cuando se cumplirán 25 años de las movilizaciones por el 0,7%, donde tanta gente salió a la calle y acampó en los parques para reclamar a los gobiernos democráticos que cumplieran sus obligaciones de solidaridad internacional. Sin añoranzas de un pasado que no fue ni mejor ni peor, sino como esfuerzo de análisis crítico que anime la creación colectiva innovadora y transformadora. Los tiempos lo exigen, y el respeto a quienes nos marcaron el camino y nuestra dignidad ciudadana, también.

*Rafael Maurí Victoria, Associació de Solidaritat Perifèries