Señora Delgado, no me había pronunciado hasta ahora porque sé lo que es estar dentro de un gobierno, y conozco los tiempos y las dificultades. Pero también conozco de sobra las múltiples estrategias que existen para tirar balones fuera. La igualdad vuelve a tratarse como una asignatura optativa en esa agenda política de la que usted es responsable, así que, tras escuchar sus declaraciones del pasado día 9 de septiembre en sesión parlamentaria, me veo en la obligación moral de responder, no solo como ex directora del Instituto Canario de Igualdad que entiende cómo funciona la Administración, sino, por encima de todo, como ciudadana receptora de sus políticas a la que no le gustan las mentiras de un gobierno que debería velar por nosotras y, sin embargo, nos aboca a la desprotección. 

Usted ha dicho en sede parlamentaria que recibió una “herencia envenenada” en la gestión de los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género (PEVG). Permítame aclarar lo siguiente para general conocimiento: el informe de traspaso que entregué a mi sucesora recoge, de forma textual, que “están distribuidos todos los créditos hasta 2022” y que los de 2023 estaban pendientes de distribución por Orden de la consejera entrante. En cuanto a las justificaciones, le recuerdo que estamos en 2025. Me pregunto qué ha estado haciendo usted y su equipo hasta el día de hoy. Le recuerdo que cuando nosotras estuvimos en el gobierno, el Pacto de Estado, que coincido con usted sobre la dificultad en la coordinación, se distribuyó y funcionaba. Con muchas dificultades, pero se distribuía y se ejecutaba. 

En cuanto a las ayudas económicas directas a las víctimas de violencia de género, según el artículo 27 de la Ley estatal, afirma usted que heredó “98 solicitudes de 2022 sin gestionar” y “157 de 2023 a la espera de resolución”. No me deja usted opción, vayamos al dato de nuevo: según el citado informe de estado de la situación del ICI que les remití en mi salida como directora, en 2022 quedaban solo 12 expedientes pendientes de resolución final y 11 en trámite. Además, quedaban pendientes de tramitación y resolución de los procedimientos 128 expedientes hasta la fecha de dicho informe. ¿Sabe por qué? Porque en nuestro mandato informamos a la sociedad canaria de la existencia de estas ayudas y trabajamos, mano a mano, con el conjunto de profesionales de los distintos servicios competentes para fomentar la solicitud de dichas ayudas por parte de las víctimas. ¿Qué hicieron ustedes nada más entrar en el Gobierno? Reducir la partida presupuestaria de estas ayudas, de 1.540.301euros que teníamos nosotras asignados, lo redujeron a 700.000 euros. Asimismo, redujeron la partida de los Fondos de Emergencia Social (ayudas a las víctimas sin necesidad de mediar denuncia) de 840.000 euros que teníamos asignados nosotras a 390.000 euros. Creo que hay poco que comentar al respecto, ya que bien es sabido por todo el mundo que reducir drásticamente las partidas destinadas a las ayudas a mujeres y menores que sufren violencia es una declaración de intenciones por parte este ejecutivo regional y un claro posicionamiento político. 

Ahora bien, ¿quiere hablar de herencia? Pues hablemos. Y entonces yo le pregunto: ¿qué ha pasado con los convenios y protocolos de actuación consolidados con universidades, farmacias, RTVC, el sector transporte y el de mujeres con discapacidad (CERMI Mujeres)? ¿Qué trabajo está haciendo con las mujeres migrantes, víctimas de tantas violencias en origen, durante la travesía y en destino? ¿Qué ha pasado con todo el trabajo que llevamos a cabo de la mano de Educación: centros de profesorado y responsables de igualdad de los centros educativos de Canarias?

Sigamos hablando de herencia, me gustaría saber qué ha ocurrido con el llamado “Expediente Único Tindaya”, la aplicación informática para la gestión en red, de forma electrónica, del Expediente Único aplicable en los servicios de la Red de Atención Social a las Víctimas de Violencia de Género en Canarias. ¿Está funcionando o también lo han abandonado?

Me pregunto, por otra parte, qué fue de la herramienta que construimos para profesionales del mundo académico y de la información y la comunicación. Me refiero a “Canarias con Perspectiva – Datos y estadísticas con perspectiva de género”. ¿Se han encargado de mantener los datos actualizados en la página web de la herramienta? Ya se lo digo yo: NO. 

Y, por último (porque la lista es enorme), hablemos de jornadas y conferencias: ni una sola actividad en este ámbito destinada a la formación, sensibilización y espacios de diálogos directos con la sociedad. Nada. Todo vacío. Sí, señora Consejera: “titulares vacíos”. Y usted sabe de sobra que esto es cierto. No hace falta que yo la informe de ello, ¿verdad?

Durante estos dos años ha acumulado un creciente malestar a su alrededor, fruto de una defensa basada más en la soberbia y la prepotencia que en la escucha y el diálogo. Mi experiencia en el gobierno autonómico, aunque limitada a cuatro años, me enseñó que la política solo se construye desde la cooperación, nunca desde la confrontación permanente. Nunca utilicé mi cargo para atacar a las directoras que me precedieron; muy por el contrario, cada vez que tuve ocasión agradecí su trabajo. Porque si algo me ha enseñado el feminismo es que, en la política, las mujeres nos defendemos o, como mínimo, no nos atacamos. Tenemos muchos frentes abiertos de mayor relevancia y trascendencia. Cuando tomé posesión como directora del ICI, desconocía en gran medida los engranajes internos de la Administración, pero tenía muy claro cuál era mi propósito: que mi gestión se valorara o juzgara por los hechos y los resultados, ya fueran positivos o negativos, pero por mi trabajo al fin y al cabo.

Cuando salí del gobierno dejamos en el ICI un gran legado que les hubiera permitido trabajar y brillar durante cuatro años. Dejamos un trabajo lleno de frutos y un terreno bastante óptimo para poder mejorar con creces lo realizado, para hacerlo incluso mucho mejor con esfuerzo y perseverancia. Pero eligieron no hacerlo. Se han dedicado a dejar morir lo construido en toda la legislatura. Porque, si algo es demostrable, es el compromiso del Pacto de las Flores en materia de igualdad, violencia de género y diversidad. No tiene más que revisar los presupuestos de cada año para ver el aumento gradual. No es a mí a quien ataca, ni al equipo de mi Consejería, ni al Pacto de las Flores: es a la ciudadanía en su conjunto y a todas las mujeres que viven en Canarias. 

Permítame una recomendación: le quedan dos años para revertir, al menos en parte, el daño causado. Le pido que ejerza esa humildad que tanto proclama y que aún no hemos visto reflejada y que, por fin, se ponga a trabajar en lo que verdaderamente nos importa a las mujeres en Canarias. Escuchar no es fácil: supone aceptar críticas y asumir demandas que, aunque puedan incomodarle, son legítimas y forman parte de sus responsabilidades como consejera.

Como exdirectora y como ciudadana le insisto: sea humilde y asuma esas voces. Y deje de pretender controlarlo todo. Es imposible. Seguirá fracasando si no delega. Rodéese de directoras y directores con autonomía, con conocimiento en la materia, confíe en su equipo y ofrezca espacio para trabajar espacio. Ese fue el mayor aprendizaje que recibí de mi consejera: confianza y autonomía para construir.

Según los últimos datos oficiales del Ministerio de Interior, en Canarias existen en la actualidad 6.734 mujeres en el sistema de protección. No merecen que la política de igualdad se convierta en un cruce de relatos. Merecen un gobierno que funcione, fondos que se ejecuten y responsables que se concentren en lo importante: garantizar vidas libres de violencia.

Se lo digo alto y claro: el ICI está muerto. Nadie imagina cuánto lo siento y cuánto duele al pensar en las grandes profesionales que hay dentro y que llevan años trabajando por la igualdad en esta Comunidad Autónoma.

Kika Fumero. Directora Instituto Canario de Igualdad (2019-2023)

La pasada semana, el actual Gobierno de Canarias presentaba sus presupuestos para el próximo año 2024. Causa pavor asistir al recorte significativo de las partidas presupuestarias destinadas a ayudas a víctimas de violencia de género, especialmente en un momento en el que el propio ejecutivo anunciaba, el pasado 25 de octubre, un aumento de este tipo de violencia en nuestras islas. En concreto, las llamadas al 112 se incrementaron en un 40% con respecto al mismo período del año anterior. Hay que poner de manifiesto la enorme labor que se llevó a cabo por el equipo de gobierno en la pasada legislatura mediante campañas de sensibilización, espacios de aprendizaje y debates comunes (a través de jornadas y congresos) y una estrategia de comunicación externa diaria, todo ello con el fin de llegar a un mayor porcentaje de mujeres para que supieran de primera mano que #NoEstánSolas, que el Gobierno estaba ahí y podían confiar en los recursos puestos a su disposición y apoyarse en ellos. El aumento de llamadas, si bien es indicador de un aumento de casos de violencia de género, también implica una mayor confianza a la hora de utilizar los servicios públicos. Por tanto, la decisión de reducir 450.000 euros de los Fondos de Emergencia Social y 840.301euros del crédito destinado a las ayudas directas, según el artículo 27 de la Ley estatal de Violencia de Género, no es baladí. Muy por el contrario, es una prueba más que evidente de la importancia que el Gobierno liderado por Fernando Clavijo (CC) otorga a las víctimas de violencia de género. 

Es muy fácil tergiversar la justificación de unos presupuestos amparándose en motivos que, a priori, pueden resultar totalmente lícitos y loables. Sin duda, lo primero sí que lo es, pues parte de una decisión democrática, aunque no de una política pública que rinda justicia a dicha democracia, en la que las víctimas de violencias machistas deberían estar cada vez más protegidas, y no contar con cada vez con menos recursos. En cuanto a lo segundo, lejos queda esta decisión de ser un posicionamiento loable. Para quienes no conozcan estas dinámicas –porque entender los presupuestos de un Gobierno requiere de un conocimiento específico que no todo el mundo tiene por qué tener–, la partida de los Fondos de Emergencia Social se aumentó de 390.000 a 840.000 euros en la pasada legislatura. Dichos fondos van distribuidos, de acuerdo con unos porcentajes ya establecidos, a los distintos Cabildos Insulares, con quienes el Instituto Canario de Igualdad tiene firmados convenios plurianuales para la coordinación y gestión de los recursos públicos canarios para víctimas de violencia de género. Su misión (la de los fondos) es cubrir las ayudas que las víctimas que no han denunciado necesitan para su subsistencia en la vida cotidiana (alimentación, alquiler, etc.). Los cabildos se gastaban todo el dinero distribuido. Volver a los antiguos 390.000 euros implica una reducción drástica y preocupante del dinero del que las víctimas que no denuncian pueden disponer. 

Asimismo, recortar en poco más de 840.000 euros la partida destinada a las ayudas directas a víctimas que sí han denunciado implica vulnerar su derecho constituido por ley. En Canarias cerramos el año 2022 con un reparto de casi un millón de euros, de ahí que aumentáramos a un millón y medio dicho fondo de cara a 2023. En 2024, tan solo se contará con 700.000 euros. Además, para mayor sorpresa, justo esta partida supone un gasto que el Gobierno estatal reembolsa. Desde mi punto de vista y mi experiencia, es sumamente grave la decisión adoptada por Coalición Canaria y el Partido Popular. Estamos ante una medida que va en consonancia con la línea política que este último partido está ejecutando en distintas comunidades autónomas, en muchas de ellas de la mano de VOX. 

Por último, es importante resaltar que, a día de hoy, el Ejecutivo regional actual no ha llevado a cabo ninguna política nueva en materia de Igualdad. El trabajo con los centros de crisis 24 horas para víctimas de violencia sexual que hay en la actualidad es, ni más ni menos, el mismo trabajo que dejamos hecho. Desde el ICI contratamos a una arquitecta con perspectiva de género que elaboró el estudio con todos los cabildos, y se consensuó que fueran cinco los centros. Además, redactamos los pliegos administrativos que quedaron en fase de fiscalización previa por la Intervención de la Comunidad Autónoma. Y en cuanto al Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Comisión General de Coordinación del Sistema Canario de Prevención e Intervención Integral contra la Violencia de Género, dicho reglamento fue aprobado en el último Consejo de Gobierno de la anterior legislatura, en el mismo Consejo en que se aprobó el gasto plurianual destinado a los convenios con los cabildos para los recursos público a víctimas de violencia de género de los próximos cuatro años. ¿Ya se firmaron? No, aún no. 

Quienes están en el poder han sido elegidos de manera democrática y han construido una alianza por ese mismo sistema que defiendo y defenderé siempre. Ahora bien, quienes hemos estado ahí sabemos de primera mano que no están mostrando todas las cartas en la exposición de sus motivos y que los presupuestos no son opiniones políticas, sino datos objetivos. La opinión política, la mía, es la que manifiesto en este artículo. Pero los datos no los aporto yo.

En los cuatro años que estuve como directora del Instituto Canario de Igualdad, desde la Consejería de Derechos Sociales luchamos por que el Pacto de las Flores aumentara el presupuesto del ICI cada año. Y así se hizo. “Buena política” no equivale a marear a la sociedad con justificaciones que juegan con la falta de conocimiento acerca del funcionamiento y diseño presupuestario de los distintos departamentos gubernamentales. No es suficiente con convocar actos para lamentar los casos de feminicidio y dar el discurso de turno. Se requiere coherencia con las políticas diseñadas y respeto a las víctimas. Los presupuestos son la cara visible de dicha coherencia y respeto. Tampoco hace falta dedicar esfuerzos en intentar ocultar el trabajo ajeno. Lo que marca la diferencia de unas buenas políticas públicas son los hechos objetivos y el trabajo propio. ¿Dónde están? No lo sé. Seguimos esperando. 

Aprovecho esta oportunidad para hacer una llamada al sentido común y la sensatez del actual equipo de Gobierno de Canarias y que corrija unas cuentas cuyo impacto puede ser especialmente nefasto para las víctimas de violencia de género. Confío en que doten este presupuesto recortado de los recursos necesarios en el actual período de enmiendas abierto en el Parlamento.

En las elecciones del 28M, la ultraderecha consiguió entrar en 17 comunidades autónomas. De la mano del PP, gobernará durante los próximos cuatros años en 140 ayuntamientos en nuestro país.

Estos números, que a priori pudieran parecer meras cifras, se traducen en una de las mayores amenazas a nuestros derechos humanos fundamentales desde la muerte de Franco y la posterior transición hacia una democracia que aún sufre las secuelas de los 40 años de dictadura franquista. Legitimar un discurso negacionista –que niega la mayor– supone camuflar violencias y recuperar privilegios de aquel sistema fascista que, desgraciadamente, aún habita nuestra sociedad. 

Por eso el feminismo debe entender que necesitamos unidad, porque nuestros derechos, incluso nuestras vidas, están en riesgo. Por supuesto, la vida de las mujeres LBT, también. Una parte del feminismo más rancio se atreve aún hoy a decir que la diversidad sexual y de género no forma parte de la agenda feminista. Las mujeres estamos en todas partes y el feminismo se reduciría a tres –y, por tanto, perdería su esencia– si obviamos la perspectiva interseccional que como seres humanos nos atraviesa. Las mujeres somos rurales, urbanas, mayores o jóvenes, negras, gitanas, judías, lesbianas, bisexuales, trans, con o sin discapacidad… Por tanto, somos sujetos políticos del feminismo, porque, como mujeres, el patriarcado nos amenaza. 

Siempre me gusta recordar un ejemplo muy ilustrativo: cuando una mujer camina por las calles de la mano de su pareja hombre, está infinitamente más a salvo que cuando dos mujeres caminan por la calle mostrando abiertamente que son pareja. El motivo no es que unas suframos más que otras (esto no va de “y yo más”), el motivo es, simplemente, que la sociedad lee a la mujer que va con un hombre como una mujer que ya tiene dueño, y se respeta el pacto entre hombres; mientras que en el caso de las lesbianas somos leídas como “dos mujeres solas y disponibles”, acusado por la erotización simbólica del lesbianismo en la pornografía. Pero la base de la violencia es la misma en uno y otro caso.

Las lesbianas transgredimos el sistema heteropatriarcal, ese que le dice a los hombres que las mujeres somos de su propiedad y estamos al servicio de sus deseos. Las bolleras venimos a decirles a los hombres hijos del patriarcado que jamás los desearemos y jamás los amaremos como compañeros de vida. Esto enfada al 'macho alfa', a todos aquellos que tantas veces vienen a demostrarnos que sí pueden poseernos: es lo que sucede cuando nos agreden sexualmente al vernos de la mano con nuestras parejas o cuando se enteran de nuestra homosexualidad en los espacios de trabajo o en las escuelas. Se llama acoso, agresión, bullying. Y todas las lesbianas del mundo saben de lo que estoy hablando. ¿Por lesbianas? Sí, por el mero hecho de ser mujeres lesbianas y osar desviarnos de las normas de su deseo. 

El amor, la sexualidad y la identidad son aspectos políticos. En ella se basan los pilares de nuestra sociedad, sobre los que se construye todo un sistema familiar, económico y social. Por tanto, sí, las mujeres LBT somos sujetos políticos del feminismo y nuestras vidas están en peligro. ¿De muerte? Sí. La ultraderecha ya ha demostrado a lo largo y ancho del mundo que nuestras vidas no valen nada. 

La lesbofobia aumenta conforme avanza la ultraderecha y la derecha que pacta con ella. El odio hacia las personas LGBTI se ha convertido en un arma arrojadiza constante (diaria) en las redes sociales y en las calles, en las familias y en el trabajo. Pero la diferencia hoy es muy grande, porque ya conocemos la libertad y no tenemos miedo. Calladas, nunca. Esto no va tanto de amor (que, por supuesto, también), esto va de derechos humanos, constitucionales, y no vamos a permitir que nos los arrebaten. 

La ultraderecha está avanzando a nivel internacional. En Italia, un país tan cercano, europeo y vecino, ya han atacado a nuestras familias por no asumir que pueda haber dos mamás y han dejado a criaturas indefensas al arrebatarles legalmente la figura de una de sus madres. En nuestro país ya lo han dicho alto y claro: derogarán las leyes que nos protegen y nos otorgan dignidad como seres humanos, derogarán aquellas que, como mujeres, nos protegen de las violencias machistas, condenándolas como delitos que son. Quieren acabar con las comunidades autónomas, sacarnos de Europa y reducirnos a una España negra cuyas cenizas aún arden, removiendo heridas. Lo que nos saben quizá es que esas heridas nos han hecho más fuertes. 

Tan fuertes que seguimos en la lucha: de frente, con orgullo, reivindicando nuestros derechos, celebrando los conquistados, brindando por la vida, bailando y besándonos a cara descubierta: hasta que nuestros besos dejen de ser motivo de insulto, hasta que nuestros derechos dejen de molestar. Como decía Alba Flores en la Plaza Zerolo de Madrid durante el pregón de este Orgullo 2023: no hay cunetas donde puedan meternos a todas. Así que aquí estamos, abrazando la diversidad que nos enriquece como sociedad. Y desde el feminismo, que no lo duden.

Sí, orgullosa de poder ser, de poder existir sin tener que ocultarme y fingir quien no soy. Orgullosa de no tener que tocar un timbre para tomarme una copa con mis (des)iguales sin ser señalada, insultada e intimidada físicamente. Orgullosa, en definitiva, de esta larga lucha por que se nos escuchara y se nos considerara ciudadanas de primera. Pero no siento orgullo por ser sujeto de pleno derecho, porque es lo mínimo que se despacha para cualquier ser humano. En todo caso, la vergüenza para quienes quieran o han querido privarnos de nuestros derechos humanos fundamentales.

Hoy en día los gays ya no delinquen y las lesbianas ya no pecamos. A pesar de esa parte reaccionaria de la ciudadanía, la sociedad canaria es y se siente plural, y ha demostrado con creces una capacidad infinita en generosidad y humanidad. El colectivo LGBTI ya no está solo. Somos una utopía hecha realidad, una realidad que ha llegado para quedarse. Cada día contamos con mayor número de personas aliadas que entienden que nuestra lucha forma parte de la lucha por unos derechos fundamentales que nos corresponden como seres humanos. Personas que han entendido que el silencio siempre nos hace cómplices y deciden romper con sus temores al estigma y unir su grito al nuestro.

Ya no estamos solas, nuestra fuerza ya es invencible. Nos hacemos responsable de los miedos que sienten las personas LGBTI a ser rechazadas; asumimos esa responsabilidad de acabar con todos los miedos a ser y a existir. Canarias es plural. Somos una sociedad que sonríe y se colma de alegría ante la libertad de su gente para crecer y desarrollarse, libre y en democracia. Somos un archipiélago orgulloso de su gente. De toda su gente. Somos una #CanariasOrgullosa.

Pero no, así no. Esta es una carrera de fondo. Y si algo agradezco al feminismo es lo grande que ha conseguido ser sin derramar una sola gota de sangre. En ocasiones también me vengo abajo, porque el dolor por el asesinato de menores y mujeres es muy grande, porque la pasividad del mundo alrededor me reduce, me deja encogida.

Desde que hice mío el feminismo como modo de vida he sentido cada muerte, cada violación, cada acto de violencia, como si de mi madre o de una gran amiga se tratara. Cada mujer maltratada vale tanto como ellas. Si no fuera así, estaría construyendo un mundo en el que la vida de mi familia (en el más amplio sentido de la palabra) valiera más que la vida del resto de familias. No hay diferencias, excepto que con mi madre o mis amigas tengo un pasado compartido y, por tanto, un vínculo personal. Pero en esta lucha, cada muerte es la muerte de una parte de ellas, de nosotras. Así lo sentimos quienes nos corre el feminismo por las venas. Por eso gritamos que si nos tocan a una nos tocan a todas. Porque realmente lo sentimos así. Y lloras porque empatizas con ese dolor nada ajeno. Porque nada humano nos es ajeno y mañana la suerte podría hacer que te tocara a ti que me estás leyendo, a ella que no nos lee porque no la dejan, o a mí. Esto es como una suerte de ruleta rusa. Y mientras, vamos cayendo.

Hasta aquí pareciera que no tengo esperanzas, que me ronda tirar la toalla. Sin embargo, nada más lejos de la realidad: soy optimista y sé que ganaremos esta carrera de fondo, sé que llegaremos a la meta y que, justo en ese momento, al mirar a nuestro alrededor, no estaremos solas, sino que nos acompañarán el resto de compañeras y compañeros: llegaremos a la meta de la mano, no me cabe la más mínima duda.

Ahora bien, mientras estemos en el camino, debemos diseñar estrategias que nos permitan avanzar desde el feminismo, es decir, desde la razón y convenciendo. No podemos caer en sus mismas redes ni utilizar sus mismas armas por mucho dolor que nos cause. Ya lo decía nuestra compañera Audre Lorde: “las herramientas del amo nunca desmontarán la casa del amo”. Si algo sabe el patriarcado es de violencia, si respondemos con violencia estaremos jugando en su terreno y con sus mismas armas, las armas que han originado tanto sufrimiento, y habremos perdido. Y nosotras necesitamos avanzar.

El sábado pasado amanecí con la noticia de que la Fiscalía pedía prisión permanente revisable (PPR) para el acusado de asesinar a su tía el mes de febrero de 2019 en la isla de Tenerife.

“Un asesino tiene que estar dentro de la cárcel porque la víctima ya no vuelve a salir” - decía un ciudadano de Almería en la concentración homenaje al niño Gabriel.

“Esto no es una invención del PP. Esto existe en la gran mayoría de los países. No es cadena perpetua: es prisión, es permanente y es revisable. Y persigue que una persona no vuelva a cometer unos crímenes que tanto daño nos hacen a todos” – afirmó Rajoy en su día.

En el caso de Laura Luelmo, por ejemplo, yo no dejaba de hacerme la misma pregunta: ¿cómo es posible que una persona que permanece 17 años privada de libertad salga igual que como entró? ¿Qué estamos haciendo mal como sistema? Y no lo tratemos como un hecho aislado, porque no lo es. Nos guste o no, Bernardo Montoya no fue la excepción, sino que representa una generalidad a la que debemos hacer frente y atender.

Considero que estamos cavando nuestra propia tumba, que, entre la ley mordaza y la prisión permanete revisable, estamos caminando hacia una sociedad que será en sí misma una prisión permanente y no revisable. Así no se avanza. La evolución se llama democracia. Las violaciones y los homicidios son terribles, pero no podemos apoyar condenas que nos hagan retroceder en derechos humanos. Debemos apostar por medidas políticas (revisables, estas sí) que apuesten por la reinserción. La ley del Talión nos pone a la altura de criminales. Entiendo la rabia que provocan determinados crímenes, pero hagamos valer la razón, porque esto se nos está yendo de las manos. Acabaremos metiendo en prisión permanente a los más pobres y los ricos serán los únicos revisables.

Tras cada asesinato o violación de nuestros derechos humanos, nos toca recomponernos y volver a las barricadas para seguir con cabeza lúcida y centrada. Hemos de poner la razón por bandera, dejar a un lado las ansias de vendetta, las condenas a muerte, las cadenas perpetuas, las prisiones permanentes revisables y toda esa sarta de propuestas que atentan contra los derechos humanos, contra los avances conseguidos (que tantas vidas están costando). Convirtamos el odio en fuerza y utilicemos la rabia en modo positivo, que también sirve para no decaer. El machismo se vence con mucha paciencia; no se vence matando ni torturando a los agresores y asesinos, sino con políticas de reinserción y destinando recursos humanos y económicos a la educación y prevención. El machismo se vence revisando la prisión permanente que supone para muchas mujeres y menores los hogares en donde viven y el miedo a no ser creídas. Esa prisión sí ha de ser nuestra responsabilidad como Gobierno, así como la #CoeducaciónPermanenteNoRevisable como política de prevención.

A veces me pregunto si deberíamos inventar otro término, si tal vez “igualdad” no esté ya muy manido como significante. Sueño con un esperanto igualitario – el esperanto de la igualdad, ¿se imaginan?- en donde los derechos humanos sean un idioma común y, por tanto, un modus operandi [y pensanti] de todos los sectores de la sociedadmodus operandipensanti: desde la elaboración de un presupuesto a la gestión de una empresa. La dirección de toda empresa ha de velar por los derechos de sus trabajadores y trabajadoras. Si un o una clienta agrediese sexualmente al mismo director, nadie dudaría acerca de cómo actuar. El sentido común se impondría.

Sin embargo, cuando dudamos por defecto de la persona agredida por el hecho de ser mujer, estamos favoreciendo un marco de pensamiento machista y misógino -y seguramente clasista-, en donde la integridad de las personas vale según una jerarquía cultural preestablecida en el imaginario colectivo. De acuerdo con dicha jerarquía, la mujer ocuparía el puesto más bajo y su lugar iría empeorando a medida que le atravesaran otros valores tales como el nivel profesional, la procedencia cultural, la orientación sexual, etc.

Pongamos por caso las camareras piso. Más exactamente, pongamos por caso el hecho acaecido el pasado 10 de agosto en un hotel de una gran cadena hotelera ubicado en Yaiza (Playa Blanca, Lanzarote), en donde una camarera de piso fue agredida sexualmente por un cliente (así lo reconoce una sentencia que condena al turista a pagar una multa de más de 2.000 euros por un delito de abusos sexuales en grado de tentativa). Este le ofreció 60 euros a cambio de relaciones sexuales y, ante la negativa de ella, mantuvo un forcejeo del que ella, afortunadamente, logró escapar. En dicha ocasión, según relata la trabajadora agredida, el personal encargado del hotel, no solo intentó disuadirla de poner la denuncia, sino que tampoco llamó a la asistencia médica ni a las fuerzas de seguridad, omitiendo así, presuntamente, su obligación de socorro y protección a su personal.

Pretender que quede relegada a la intimidad de una habitación todo intento de agresión sexual, o bien, pretender que agredir sexualmente a una mujer no es tan grave; ambos son síntomas claros de una mentalidad machista y patriarcal que ubica a las mujeres como objetos a disposición de los múltiples deseos de clientes masculinos. Semejante actitud viene a perpetuar los mandatos de la masculinidad hegemónica, concretamente aquel que sitúa el deseo sexual masculino en el vértice de la pirámide.

Disuadir a la trabajadora agredida de su derecho a la denuncia equivaldría a decirle que no merece dignidad ninguna como ser humano, que el capitalismo y, con él, cualquier negocio o imperio empresarial, valen más que sus derechos como persona. Resumiendo, equivaldría a afirmar que el cliente siempre tiene la razón, así como que siempre cuenta con todos los servicios del hotel a su disposición, camareras incluidas.

Esta vez le salió mal, pero podría haberle salido bien: este es el menaje que estamos transmitiendo cuando no se reacciona con firmeza. A la hora de proceder ante un caso de violación de derechos humanos y laborales, deberíamos tomar en consideración la capacidad que tenemos de educar a la sociedad, de dar ejemplo, de crear conciencia. Nuestros gestos nos posicionan en el mundo y, si esos gestos proceden de puestos de poder (como es el caso de la dirección de grandes empresas), estaremos incidiendo directamente en la sociedad.

Además, incluso poniéndonos “el traje de directiva”, debemos tener muy presente que, más allá de las buenas estrategias, nuestras empresas sobreviven y triunfan gracias al personal laboral. Trabajamos con seres humanos, por tanto, se ha de velar, por encima de todo, por sus derechos humanos. Es nuestro deber y obligación.

En el caso del hotel ubicado en Yaiza y perteneciente a una gran cadena hotelera, hemos de lamentar la oportunidad de oro que perdió la empresa. Nuestro objetivo en el sector laboral debiera ser que, en casos como estos, las empresas den un paso al frente y se pronuncien alto y claro, posicionándose en contra de las violencias machistas. Tan fácil como manifestar: “No queremos ni admitiremos clientes agresores ni maltratadores. Nuestra empresa vela por la integridad física y psíquica de nuestro personal laboral. Mostramos nuestra repulsa ante lo sucedido”. Ese debe y tiene que ser el mensaje, el de toda imagen corporativa ante cualquier violación de derechos humanos. Sin excepción.