La universidad: ¿abandonada en la pandemia?

En abril, el Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó un texto consensuado con autoridades universitarias y estudiantes. En él se declaraba una gran preocupación y se desplegaba una batería de medidas que pretendía dar respuesta a las necesidades de la comunidad universitaria ante la pandemia para, decían, no comprometer el curso 2020-2021. Del mismo modo, la Comunidad de Madrid afirma que ha estado trabajando en medidas “que se activarán a partir de la semana que viene” para dotar suficientemente a las universidades.

Ahora bien, si uno se detiene en los protocolos, se ve que, aparte de los 30.000 test, la mayoría son medidas que tienen que implementar las propias universidades: limitación de aforos, uso de mascarillas y distancia, organización de campus, limpieza y desinfección, docencia online, equipos digitales… Al final de curso, como ya denunciamos desde Más Madrid, la Consejería realizó algunas tareas de coordinación, pero invirtió exactamente cero euros en facilitar el cierre de curso universitario en condiciones tan complicadas. Cundía la sensación de abandono por parte de las universidades, por ejemplo, tuvieron que adquirir casi 1.400 equipos informáticos.

¿Es la situación muy diferente ahora? ¿Qué es lo que ha hecho la Comunidad de Madrid en el inicio de curso universitario?

El inicio de curso: carencias y propuestas

La partida de becas ha sufrido zarandeos. Primero, las becas Seguimos, en teoría diseñadas para cubrir situaciones sobrevenidas por COVID-19, finalmente tomarán el ejercicio 2019 a efectos de determinación de la renta, y serán en todo caso las universidades quienes puedan tramitar la consideración de la renta de 2020, con la consiguiente sobrecarga burocrática. En segundo lugar, las becas de Excelencia quedaron temporalmente suspendidas, si bien, debido al malestar provocado, la Consejería tuvo que echar marcha atrás y mantenerlas. Es necesario blindar el aumento de becas a 19 millones, garantizar que realmente cubren las situaciones sobrevenidas y reducir los plazos para que los destinatarios reciban la ayuda antes del inicio de curso.

El Gobierno saca también pecho de 40 millones para transformación digital, que anunciaron el 17 de julio. Si solicita y evalúa proyectos elaborados por los órganos de gobierno de las universidades, es difícil que la ayuda esté disponible para el comienzo de curso, que es cuando era necesaria con urgencia.

Por último, la Comunidad de Madrid ha recibido 291,6 millones del Fondo COVID-19 movilizado por el Gobierno central. De ellos, el 20%, es decir 58,3 millones, tenían que destinarse a educación superior. Con el curso ha empezado, el fondo sigue en el limbo. Madrid afirma que ha asignado esos 58 millones a educación superior y de ellos 49 irán a universidades -cantidad que, huelga decir, debe destinarse exclusivamente a cubrir necesidades sobrevenidas por la crisis de la pandemia, y no a financiar deuda pendiente de años anteriores-. La pregunta es: ¿cuándo van a ingresarlo? Estamos a final de mes, las 6 universidades públicas madrileñas ya han empezado el curso, y aún no han visto ni un euro de ese fondo, aunque durante la pandemia han tenido que ir gastando en limpieza, reforzamiento de las redes de comunicaciones, contratación de personal de apoyo, simuladores de prácticas y ordenadores, préstamo de materiales a hospitales ….

Hay muchas otras medidas que la Consejería debería implementar en este inicio de curso, tal y como también han reivindicado los representantes de estudiantes: ayudas para alquiler y transporte, especialmente para alumnos de fuera de Madrid, que con la semi-presencialidad tienen dificultades añadidas. Refuerzo del transporte público en horas punta. Refuerzo del PAS para atención a estudiantes en el comienzo de curso, y del PDI para sustituciones por previsibles bajas por COVID-19. Digitalización administrativa, especialmente en universidades que aún tienen sistemas de matriculación presencial. Ayudas a las universidades para la compensación de solicitudes de anulación o prórroga de matrícula o exención excepcional de segundas matrículas. Estudio dirigido desde la fundación Madri+d del impacto de la pandemia en las calificaciones de los y las estudiantes. Vigilancia por parte de la misma agencia del cumplimiento de la adaptación y los estándares d calidad en la docencia telemática y presencial así como en las guías docentes. Mayor coordinación interuniversitaria y con los representantes de PDI, PAS y estudiantes. Mayor transparencia y accesibilidad de la información en la web de la Consejería.

En resumen; las medidas adoptadas por la Consejería para el inicio de curso son insuficientes y llegan tarde. Pero hay una cuestión de fondo todavía más preocupante.

Palabras nuevas, problemas antiguos

Hay un camino fácil, que es y siempre ha sido el de quienes se preocupan solo de las exigencias y las necesidades inmediatas de su época. Según ese punto de vista, lo importante es el pragmatismo, darse mucha prisa, adaptarse a lo dado. Así, la universidad madrileña necesita, según el vocabulario habitual de la Consejería, “hacer de la crisis una oportunidad”, “cartera estratégicas”, “demandas emergentes”, “nuevos tipos de valor” “innovación”. Sin embargo, un filósofo dijo hace tiempo que quedarse en esas necesidades superficiales sería comparable a tener un templo con múltiples adornos exteriores, pero sin sanctasanctórum dentro. La comparación arcaizante es pertinente. Porque quizás lo que ocurre es que la situación de la universidad en esta pandemia no requiere inventar la Luna o novísimas soluciones con muchas palabras en inglés, sino atender a problemas antiguos.

Tan antiguos, pero tan reales, como que la universidad madrileña lleva 25 años infrafinanciada, con sentencias judiciales que año tras año condenan al Gobierno a pagar; y las que quedan, porque aún está en tribunales la deuda correspondiente a 9 años. Tan antiguos y reales como que la Comunidad de Madrid es la Comunidad que menos invierte por estudiante y más carga a las familias con el coste de la educación superior. Tan antiguos y reales como que está dilatando la ya obligatoria -acordada en CGPU- bajada de precios públicos, para la que además hay aprobada una PNL en la Asamblea de Madrid -con voto en contra de PP y Cs-, y siendo además precisamente la negativa a compensar esta parte a las universidades lo que les reporta condenas judiciales año tras año; la última vez que se les recordó, el Consejero amenazó, en sede parlamentaria, con eliminar todo el presupuesto en ciencia en la Comunidad de Madrid. Tan antiguos y reales como que ha tenido que llegar una pandemia para que la Comunidad de Madrid se decida a aumentar su raquítica inversión de 10 millones en becas y acercarla al nivel de otras comunidades autónomas.

El problema, decimos, es que se intentan tapar problemas antiguos con palabras nuevas; pero, lo que es incluso peor, con esas palabras se tratan de demoler certezas que a la humanidad le había costado, por lo menos, 3 siglos -si no 25- construir. Certezas como que si hay ciudad y ley es porque se legisla para todos; certezas como que no hay Estado de derecho sin un “público” que se forma, aprende y debate; certezas como que no hay uso de la razón si éste es solo privado; certezas como, en fin, que el acceso a ese espacio público requiere resolver la cuestión del reparto de recurso y la garantía de la igualdad de oportunidades.

Si uno quiere ver la plasmación de estas invenciones nuevas que se disponen a demoler el edificio construido por tres siglos de Ilustración europea, no tiene más que escuchar a la Consejería hablar de su Ley de la Sociedad del Aprendizaje. Ya no se trata de “educación superior”, sino de “aprendizaje”, en un vuelco integral hacia la retórica de las competencias y destrezas en lugar de contenidos, donde las universidades, por supuesto, son ante todo lugares de formación para el empleo. Hay que convertir Madrid, dicen, en un “hub educativo con centros de investigación y empresas productoras de tecnología”, pero sin financiación: la solución es, como siempre, la “co-financiación”, o búsqueda de financiación privada, que podría afectar incluso a la propia financiación básica de las universidades en forma de “financiación por objetivos”. Por supuesto, ni una mención a la universidad como motor de igualdad de oportunidades y progreso social. En una palabra: universidades bajo asedio, con el blindaje de la autonomía científica y académica destruido, sometidas a los ritmos frenéticos del mercado, la rentabilidad y la empleabilidad antes que a los tiempos lentos que requieren la investigación y el conocimiento.

El presidente de los rectores era tajante: “No les oculto que el sistema está al borde del colapso y una situación como la que se ha producido ahora agrava mucho más el escenario […] La voluntariedad y la solidaridad tienen un límite y nos tenemos que plantear el nuevo curso con unas situaciones parecidas a las que hemos vivido recientemente”. La Comunidad de Madrid bien puede ser la primera comunidad autónoma de toda España que más tenga que ponerse a la escucha del aviso. Porque hay palabras que señalan la gravedad extrema de poner en peligro certezas muy antiguas.

Hay diversas razones que explican la necesidad de la candidatura de Más País. La primera es del orden de lo inmediato: España necesita un gobierno, y necesita que ese gobierno sea progresista. Ello, a su vez, depende de la movilización del voto progresista, pero no solo: también requiere la capacidad de acuerdo. El 28A hubo una movilización fuerte para frenar la entrada de Vox, pero de nada sirve una mayoría en las urnas si después no se convierten en acuerdos de gobierno. Hubo la voluntad popular, pero los partidos no han estado a la altura para saber ejecutarla. El país lleva seis meses paralizado porque los partidos han privilegiado sus intereses antes que el mandato democrático y han sido incapaces de alcanzar un acuerdo. En estas condiciones, lo extraordinario, lo revolucionario, era ser responsable y dar un paso adelante.

Sin embargo, paradójicamente, solo mirando lejos pueden encontrarse las bases para un acuerdo en lo inmediato. Era necesario que surgiera una fuerza política que permita un cambio de mirada: una mirada larga, con vocación de futuro, que hable de la próxima década de los españoles, no del siguiente telediario o el siguiente congreso del partido. Ello implica comprender que la política no trata de intereses organizativos, posiciones morales o afirmaciones identitarias, sino de leer las necesidades de la gente; de comprender al pueblo que ya existe, en lugar de lamentarse por cómo nos gustaría que fuera; en una palabra, de poner el país por delante de las siglas.

Italo Calvino dijo que había que escribir “integrado en la vibración del tiempo”. Lo mismo cabría decir del político: si no sabe leer la “música de las cosas”, su capacidad de transformación quedará reducida a la nada. El tono, la atmósfera de hoy, suena a desafección, a angustia, a hartazgo, a resignación colectiva. El neoliberalismo en general, y los años de crisis en particular, han destruido derechos y garantías, erosionado nuestros vínculos colectivos y generado un horizonte de precariedad y atomización para grandes capas de la sociedad. La violencia machista y las agresiones rompen la sociedad cada día. La mercantilización depredadora de todo lo que existe hace peligrar la propia existencia del planeta, la naturaleza o la vida. La crisis climática pone el peligro nuestra propia supervivencia. La economía de mercado ignora sistemáticamente la necesidad de poner en el centro de la vida social los cuidados y la reproducción de la vida. La jungla del todos contra todos como estado psíquico colectivo genera desconfianza y ansiedad. El deterioro, en fin, de las condiciones económicas, naturales y vitales se dibujan como negro horizonte de futuro.

En estas condiciones, es urgente un proyecto político que vaya más allá de las consignas para ganar unas elecciones y que sea capaz de mirar a largo plazo: de diseñar políticas contra la precariedad, de retejer nuestros lazos como sociedad, de reunirnos en un proyecto colectivo de futuro como país y de ofrecer horizontes de estabilidad y certidumbre para emprender proyectos vitales a largo plazo como la elección de un hogar, una carrera profesional o una familia. Son estos los retos a los que hay que derrotar, no al oponente electoral de turno. Se trata, en suma, de ofrecer un proyecto para reconstruir el país: no de fundar un partido, sino de contribuir a reconstruir España.

Eso significa que la política tiene que dejar de ser una telenovela privada volver a hablar de lo que importa: el planeta, la naturaleza, la familia, la comunidad. Esto requiere el diseño de políticas públicas que marquen la dirección para, al menos, la siguiente década en España. Hay medidas que podrían concretarse de forma inmediata, como son el establecimiento de un techo a los precios del alquiler, una reforma reforma fiscal que baje los impuestos a autónomos y trabajadores y reduzca las bonificaciones a las grandes compañías o la derogación de la reforma laboral. Pero, además de eso, habría, al menos, tres líneas a medio plazo que responden a los retos esenciales de nuestro país:

Una transición ecológica que transforme nuestra economía mediante la innovación tecnológica y el empleo verde, realizando la justicia social y trabajando por tener un planeta habitable.

Una transformación social y económica que logre poner en el centro la vida, los cuidados, la familia y la comunidad en lugar del trabajo y el consumo.

Un posicionamiento contra la desigualdad de género que nos permita ir a las raíces estructurales y subjetivas de la violencia machista, promoviendo masculinidades no tóxicas y construyendo condiciones de libertad, derechos, diversidad e igualdad para todos y todas.

Es innegable que las condiciones de partida eran exigentes: una convocatoria electoral imprevista, en unos plazos muy ajustados, sin disponer del aparato organizativo consolidado con que cuentan otros partido. Sin embargo, la expectación generada, que se ha manifestado en altos índices de audiencia, asistencia a los actos y suma de los territorios a la candidatura, hablan de que quizás comienza a dibujarse un nuevo ciclo político, con nuevas lógicas, nuevos actores, nuevas formas de hacer. El bloqueo, la cerrazón y la esterilidad de estos últimos meses han sonado demasiado a vieja política. Más País puede contribuir a construir el paradigma político de futuro que España necesita.