Las elecciones presidenciales de EE.UU. en 2020 serán recordadas por mucho tiempo. Y no solo porque llevó varios días conocer el resultado y por primera vez una mujer, Kamala Harris, fue elegida vicepresidenta, sino también porque, desafiando a todos los que argumentaban que esta promesa era la mejor manera de perder, Joe Biden se comprometió a aumentar los impuestos a las empresas y al 1% más rico de la población desde el inicio de su mandato. Y ganó las elecciones.  

Es de esperar que esta victoria marque la toma de conciencia por muchos estadounidenses de que décadas de políticas tributarias que han favorecido a los ricos y poderosos han aumentado la desigualdad de la riqueza a sus niveles más altos desde el decenio de 1960, cuando comenzó a estimarse este dato en los Estados Unidos. Como lo han demostrado los economistas Emmanuel Saez y Gabriel Zucman, los multimillonarios están ahora sujetos a un tipo impositivo efectivo más bajo que la clase trabajadora.

Esto no es una peculiaridad de los Estados Unidos. En las últimas décadas, los gobiernos de todo el mundo han reformado sus sistemas tributarios para beneficiar a los más ricos y a las multinacionales. Como resultado de ello, estas últimas pueden declarar legalmente sus utilidades en paraísos fiscales e infravalorar así las que obtienen en países donde los impuestos son elevados, incluso si es allí donde concentran sus actividades. Del mismo modo, los multimillonarios se aprovechan de la falta de transparencia para ocultar en el extranjero activos e ingresos no declarados.

Y acabemos con este mito: el abuso de los impuestos por parte de los más ricos no es marginal, ni es un mal necesario para mantener la economía mundial en funcionamiento. Cada año, el mundo pierde más de 362.000 millones de euros debido a los abusos fiscales internacionales, como se revela en un nuevo estudio, “El Estado de la Justicia Fiscal 2020”, publicado por Tax Justice Network, la Internacional de Servicios Públicos y la Alianza Mundial de Justicia Fiscal. Si bien la pandemia ya ha generado más de 1,3 millones de muertos en todo el mundo, el informe afirma que los paraísos fiscales absorben el 9,2% del presupuesto de salud de los países del mundo, el equivalente a los salarios anuales de 34 millones de enfermeras.

En los países de menores ingresos, la situación es particularmente trágica, con pérdidas por desplazamiento de utilidades hacia los paraísos fiscales que ascienden al 52,4% de sus presupuestos de salud. En España, la pérdida de ingresos tributarios equivale al 5,04% del presupuesto de salud, lo que permitiría pagar los salarios de 107 mil enfermeras.

La crisis sanitaria ha recordado a todos los gobiernos, incluidos los conservadores, lo esencial que son los servicios públicos. Necesitan invertir más en salud, escuelas e infraestructura, pero también en el apoyo a las empresas, especialmente a las más pequeñas. Y como la cuenta tendrá que ser pagada, necesitamos urgentemente que quienes se están beneficiando del sistema contribuyan a él.

Uno de los primeros pasos debería ser la introducción de impuestos progresivos sobre los servicios digitales de las empresas multinacionales. Irónicamente, los gigantes digitales son los grandes ganadores de la crisis de salud, ya que se benefician de que no necesitan interacción personal con sus clientes. Además, los gobiernos deberían aplicar un impuesto más elevado a las empresas que se encuentran en situación de monopolio u oligopolio, especialmente a las que se han aumentado sus utilidades durante la pandemia, las de los sectores tecnológicos y farmacéutico.

Sobre todo, no debemos sucumbir a las sirenas de los recortes de impuestos que las grandes empresas están pidiendo, alegando que son indispensables para la recuperación. Ya sabemos que, en tiempos normales, no son los impuestos los que impulsan a una empresa a invertir en un país, sino la calidad de la infraestructura y de la mano de obra, el acceso al mercado y la estabilidad política. Además, cuando los proyectos de expansión se ven limitados por la incertidumbre y el exceso de capacidad de las empresas, no son los recortes fiscales los que estimularán la inversión privada.

Por último, es imperativo introducir una tasa mínima efectiva de tributación sobre las empresas de al menos el 25%, como propugnamos en la Comisión Independiente para la Reforma de la Tributación Corporativa Internacional (ICRICT, por su sigla en inglés). Toda empresa multinacional que registre sus utilidades en un paraíso fiscal sería, por tanto, gravada, en su país de origen a esta tasa mínima. Esto reduciría su interés en transferir sus beneficios a los paraísos fiscales.

La presión en las negociaciones globales sobre cooperación tributaria para fijar esta tasa mínima global en el 12,5% ha perdido toda justificación. De hecho, alentaría a los países con impuestos más altos a participar en la carrera para bajar los impuestos, reduciendo así sus recursos. Como la administración Biden aboga por un aumento del impuesto a las empresas en Estados Unidos hasta el 28% y una tasa mínima efectiva global del 21%, ahora le toca a la Unión Europea poner el listón alto. Como estos dos mercados son los más importantes del mundo, ninguna empresa multinacional podrá boicotearlos para evitar este nivel de impuestos. Por consiguiente, la tasa del 25% puede establecerse a nivel mundial, proporcionando a los Estados recursos suficientes para reconstruir sociedades y economías más prósperas, pero también más justas.

Frente a la indignación que existe en el mundo por los bajos o nulos impuestos que pagan algunas de las multinacionales más grandes del mundo, el Grupo de los 20 designó hace unos años a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para que diseñara alternativas orientadas a poner fin a estos abusos. Como respuesta, esta semana la OCDE presentó propuestas para un nuevo sistema tributario internacional que podría imponerse al mundo en las próximas décadas.

El problema es realmente serio. En Estados Unidos, por ejemplo, 60 de las 500 empresas más grandes, incluyendo Amazon, Netflix y General Motors, no pagaron impuestos en 2018, pese a una ganancia conjunta de 79.000 millones de dólares, porque el sistema actual les permite hacerlo, y además, de manera totalmente legal.

Lo hacen a través de esquemas complejos, desarrollados por ejércitos de abogados, pero el principio es muy simple. Juegan con su red de filiales para declarar los beneficios en las jurisdicciones donde tienen las menores tasas de tributación. De esta manera, asignan pérdidas allí donde los impuestos son relativamente altos, aunque estos países sean aquellos donde la empresa realiza la mayor parte de sus actividades, para declarar las utilidades en jurisdicciones donde los impuestos son más bajos o incluso nulos, aún si la empresa ni siquiera tiene clientes allí.

Como resultado, cada año, los países en desarrollo pierden al menos 100.000 millones de dólares, escondidos por las empresas en paraísos tributarios. A escala mundial, así se desvía el 40% de los beneficios extranjeros de las multinacionales, según los cálculos del economista Gabriel Zucman.

Con la acelerada digitalización de las economías, las cantidades que se desvían han aumentado constantemente, tal como lo han resaltado el Fondo Monetario Internacional, la OCDE y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). La acción está en cabeza de la OCDE, que a principios de 2019 comenzó a estructurar propuestas para que las multinacionales dejen de declarar sus beneficios en las filiales de su elección.

Tras décadas de inacción, el proceso de cambio podría ser muy rápido: después de la publicación, hace unos pocos días, de su primera propuesta en este campo, la organización hará una final en 2020. Después de esa fecha, será prácticamente imposible influir en el proceso de reforma.

Por ello hay que levantar la señal de alarma para los países en desarrollo. Ya no pueden decir que no tienen voz en el proceso. La OCDE les ha ofrecido un lugar en la mesa de negociaciones mediante la creación de un grupo llamado el “marco inclusivo”. Con 134 miembros, esta es la arena donde se decidirá el sistema tributario mundial del mañana.

Desafortunadamente, pese a su nombre, no jugamos en igualdad de condiciones en este “marco inclusivo”. Los países ricos tienen más recursos humanos, políticos y financieros para hacer que sus opiniones prevalezcan. Como sedes de las grandes multinacionales, son también más sensibles a sus presiones. De ahí la importancia de propuestas impulsadas por el conjunto de países en desarrollo que participan en las negociaciones.

La propuesta de reforma de la OCDE se basa en dos “pilares”. El primero es establecer claramente dónde se generan las utilidades de las empresas para propósitos tributarios. Para el ICRICT, la comisión de reforma tributaria internacional que presido, la opción optima sería considerar que la multinacional es una empresa única, cuyas utilidades totales deberían ser gravadas en los lugares donde opera según criterios objetivos y no manipulables, como empleo, ventas, recursos naturales utilizados y usuarios digitales.

En este campo, sin embargo, las propuestas de la OCDE no son suficiente ambiciosas ni equitativas, como lo explicamos en nuestro último informe. La parte de las utilidades que se redistribuiría internacionalmente se limitaría a la parte denominada “residual” de los beneficios totales de las multinacionales. Peor aún, este principio solo se aplicaría a multinacionales muy grandes y la asignación de estos beneficios dependería únicamente del volumen de ventas, excluyendo el empleo u otros factores que favorecerían a los países en desarrollo.

El segundo pilar es la introducción de una tasa efectiva mínima de impuesto de renta a las sociedades a nivel mundial. Algunos países en desarrollo parecen ver esto como un peligro: temen que, al abandonar la posibilidad de usar incentivos tributarios, ya no puedan atraer inversión extranjera. La evidencia de que estos incentivos atraen inversión es debatible, de acuerdo con investigaciones del FMI. Aún más importante, si la comunidad internacional se pusiera de acuerdo en un tipo suficientemente elevado (y desde ICRICT estamos a favor de que sea al menos del 25%, la tasa promedio vigente en los países desarrollados), se pondría fin a la carrera a la baja que estamos presenciando, cuyos únicos ganadores son las multinacionales. Esto permitiría, por una parte, eliminar la razón de ser de los paraísos tributarios, pero también garantizar que todos los Estados tengan acceso a recursos esenciales para su desarrollo.

A falta de un consenso internacional, algunos países han optado por encontrar soluciones parciales. Este es el caso de Francia, que gravará el 3% en la facturación de determinados servicios digitales. Otros, como México, están considerando la posibilidad de obligar a plataformas como Uber o Netflix a pagar el IVA sobre los servicios prestados en su territorio. Si bien es una buena iniciativa hacer tributar rentas que ahora se escapan, es imposible compartimentar la economía digital y tomarla como único objetivo de la reforma, ya que cada vez son más las empresas que utilizan las tecnologías digitales como parte de sus actividades comerciales.

Es hora de que los países en desarrollo se movilicen. Aumentar sus recursos fiscales es la única manera de mejorar el acceso a la salud, la educación, la igualdad de género o la lucha contra el cambio climático. Si los jefes de Estado y los ministros de Hacienda de estos países siguen subestimando la importancia de estos debates, pronto se verán obligados a aceptar un nuevo sistema tributario internacional que no les conviene. Los ganadores seguirán siendo los mismos, y entonces será demasiado tarde para protestar.