El propósito de estas líneas es añadir dos propuestas a las medidas contra el genocidio en Gaza en relación con las relaciones armamentísticas entre España e Israel.

La primera es considerar algunos elementos del embargo de armas que la Unión Europa impuso a Rusia el 31 de julio de 2014, a través de la decisión del Consejo 2014/512/PESC y la regulación del Consejo 833/2014. 

En la decisión del Consejo en relación con Rusia, “quedan prohibidos la venta, el suministro, la transferencia o la exportación, de modo directo o indirecto”, así como “la importación, la adquisición o el transporte”, “efectuados por nacionales de los Estados miembros o desde los territorios de estos o utilizando buques o aeronaves que enarbolen su pabellón, con independencia de que sean o no originarios de dichos territorios”. 

En febrero de 2022, las modificaciones incluyeron “bienes y tecnología que pudieran contribuir al desarrollo militar y tecnológico de Rusia o al desarrollo del sector de defensa y seguridad”. Nótese que prohíbe expresamente el tránsito, que es una medida más completa que denegar las autorizaciones –que no siempre se solicitan.

Asimismo, ese embargo de la UE a Rusia prohíbe “prestar, directa o indirectamente, asistencia técnica, servicios de intermediación u otros servicios en relación con actividades militares y con el suministro, la fabricación, el mantenimiento y la utilización” de material de defensa, “a cualquier persona física o jurídica, entidad u organismo en Rusia, o para su utilización en ese país”. 

También prohíbe “proporcionar, directa o indirectamente, financiación o asistencia financiera en relación con actividades militares, en particular subvenciones, préstamos y seguros o garantías de crédito a la exportación, así como seguros y reaseguros, para cualquier operación de venta, suministro, transferencia o exportación de armamento y material relacionado, o para prestar, directa o indirectamente, asistencia técnica conexa, servicios de intermediación u otros servicios a cualquier persona, entidad u organismo en Rusia, o para su utilización en ese país”. Por tanto, ese embargo afecta no solo las transferencias sino a las relaciones armamentísticas en su conjunto.

Un elemento clave es la prohibición de la involucración de “cualquier persona física o jurídica, entidad u organismo” y que se incluya a filiales e intermediarios. De trasladar esto a las medidas sobre Israel, podría evitar algunas situaciones preocupantes que parecen estar produciéndose. Siguen algunos ejemplos recientes.

Eslovenia anunció en julio su decisión de prohibir las importaciones, exportaciones y el tránsito de armas en relación con Israel, pero sin especificar cómo iba a hacerlo. Una semana después de la prohibición, The Ditch alertaba de que la filial rumana de Elbit Systems –la mayor empresa de armas israelí– y una empresa serbia enviaron, desde el puerto esloveno de Koper, material de defensa a Israel.

El embargo a Rusia prohibió la venta, adquisición, suministro, transferencia, importación, exportación y transporte

El carguero ZIM Virginia, de la naviera israelí ZIM, forma parte de la línea regular ZIM Container Atlantic que conecta puertos en Israel y EEUU con Valencia y Barcelona. Según explicamos en este diario en noviembre, ese barco –con pabellón israelí– hizo escala en Valencia y Barcelona en doce ocasiones en el año anterior, y en al menos tres de ellas portaba envíos para el Ministerio de Defensa israelí, incluyendo vehículos militares procedentes de EEUU. Según The Ditch, el ZIM Virginia partió de EEUU a finales de agosto de 2025 con “22 toneladas de explosivos, 2,3 toneladas de balas y más de 19 toneladas de enlaces para municiones encargados por Elbit Systems”. Se esperaba que llegara a Haifa el 16 de septiembre, pero no hizo escala en España antes de llegar a Israel, sino en el de regreso, pasando por Barcelona entre el 2 y el 4 de octubre y por Valencia en estos momentos, entre el 5 y el 8 de octubre.

The Ditch también ha sabido que un cargo de 40 toneladas de barras de acero para IMI Systems (filial de Elbit Systems) partió de Brasil e hizo transbordo (es decir, cambiando de barco) en Roterdam, para unirse a la línea regular “Israel Express (EMEN) – MSC”, que conecta puertos en Holanda e Israel con Valencia, en el carguero ZIM America, de la misma naviera israelí. En este caso, ese buque lleva bandera de Liberia, aunque los intereses son, obviamente, israelíes. El ZIM America salió de Roterdam el 30 de septiembre, y pasará por Valencia el 22 de octubre, después de descargar en Israel. 

No se trata de tránsitos para llevar material de defensa a Israel, sino de escalas en circuitos de suministro armamentístico regular a Israel. De hacer como la UE en Rusia, esas escalas podrían haber estado prohibidas, afectando a la estabilidad del abastecimiento.

Vigilar las reexportaciones

La segunda propuesta tiene que ver con la preocupación de que material de defensa fabricado en España pueda ser transferido a Israel a través de terceros países. No hemos podido demostrar que esto haya ocurrido, aunque lo sospechamos. Cabe responder a las preguntas siguientes:

Empecemos por la última pregunta. En España, el modelo de autorización de exportación de la Secretaría de Estado de Comercio contiene apartados para recoger el destinatario, el usuario final si es diferente al destinatario y el uso final con su detalle. Todas las solicitudes de autorización deben contar con documentos de control (art 4.1 del Real Decreto 679/2014). Sin embargo, el tipo de documento depende de si el país receptor figura o no en el anexo V.2 del Real Decreto 679/2014. Israel no se encuentra en esa lista, pero sí están EEUU, Alemania, Noruega y Eslovaquia. 

¿Por qué nos interesan estos países? Porque allí se encuentran las compañías propietarias de algunas de las mayores fabricantes de armas en España: la alemana Rheinmetall fue la que más disparó su valor en bolsa en los diez días posteriores al 7 de octubre de 2023 (un 17%) y en tercera posición lo hizo el gigante estadounidense General Dynamics (un 10%). Son las propietarias de Expal y Santa Bárbara Sistemas, respectivamente, dos firmas emblemáticas de la producción española. Nammo Palencia (filial en España de la noruega Nammo) o la Fábrica de Municiones de Granada (del grupo eslovaco MSM) también han aumentado mucho su producción y sus ventas recientemente, orientadas a la exportación. Los cuatro grupos son grandes suministradores a Ucrania, pero los cuatro han destacado, también, por su cooperación armamentística, probada y significativa, con Israel. La pregunta es si lo que producen en España también puede acabar allí.

Cuando el destinatario no se incluye en ese anexo V.2, el documento a aportar es el “certificado de último destino” (art. 31.1.b del Real Decreto 679/2014), que requiere identificar al importador y al usuario final si es distinto del importador. En este documento, el gobierno del país comprador debe certificar que “no se autorizará la reexportación, ni la expedición, ni la transferencia, ni la venta, ni la donación, ni el préstamo a otro país de la mercancía a no ser que exista autorización previa por escrito para ello del Gobierno de España”. 

Por el contrario, en el caso de que el destinatario figure en la lista del anexo V.2, el documento requerido es el “‘certificado internacional de importación’ o documento equivalente” (art. 31.1.a del Real Decreto 679/2014). Sin embargo, en los anexos solo aparece el modelo que se utiliza cuando España importa armamento (anexo VI.16), pero no se establece el modelo que debe emplearse en las exportaciones.

El certificado de último destino es mucho más detallado que el certificado internacional de importación. Por ejemplo, el primero especifica que si los productos (bienes, software o tecnología) van a ser integrados o usados en el desarrollo, producción, uso o reparación de cualquier otro producto, se debe describir el producto final obtenido, así como su uso final, y especificar el país de último destino. Sin embargo, este requisito no figura en el modelo de certificado internacional de importación. 

La legislación española permite que se pueda exigir conocer el destino final, e incluso establecer cláusulas que requieran la autorización escrita del Gobierno español si el armamento se reexporta a otro país. Sin embargo, también permite una interpretación muy poco exigente con los países del anexo V.2, de manera coherente con la política de fomento de las exportaciones de material de defensa que han mantenido y mantienen los distintos gobiernos españoles. 

Usaremos el caso de Nammo y su filial Nammo Palencia –y sus exportaciones a EEUU– para intentar obtener algunas respuestas, aunque parte de lo detallado podría aplicarse a otras compañías y países. Con todo, avancemos la propuesta: excluir del anexo V.2 a los países que realicen exportaciones no alineadas con las prácticas españolas y se les exija garantías sobre su uso y destino final. Convendría que esta exclusión fuera automática para todos los países de la lista si se impone un embargo.

Estudio de caso: Nammo y EEUU

Noruega prohíbe la exportación de armas a Israel desde hace dos décadas. Sin embargo, no considera que las armas sean “noruegas”, merecedoras de un certificado de destino final impuesto al país comprador, cuando componentes fabricados en Noruega se incorporan a productos terminados en otros países. Este es el caso de motores de cohetes y las piezas de varios tipos de misiles que se exportan a EEUU y terminan en Israel. 

EEUU hace lo que quiere con sus arsenales, con independencia de quién los ha suministrado. En noviembre de 2023, el medio israelí Haaretz informó de que 1.800 lanzacohetes del tipo M141 BDM fabricados por la filial Nammo Talley iban a ser exportados desde EEUU a Israel. Un portavoz de Nammo eludió así responsabilidad: “Dado que las ventas de estos productos tuvieron lugar hace varios años y se hicieron a las autoridades estadounidenses, no estamos en condiciones de confirmar las transferencias posteriores desde EEUU a Israel, ni tenemos conocimiento sobre qué armas o material utiliza el ejército israelí”. Su director de Comunicación argumentó que “el cliente era el gobierno de EEUU y el usuario el ejército de EEUU. La venta tuvo lugar en 2014-2015”. En 2023, EEUU no preguntó a Noruega si podía exportar esas armas a Israel, y ni a Noruega ni a Nammo se les pasó por la cabeza que EEUU no pudiera hacerlo.

Ni Noruega pide a EEUU certificados de usuario final ni EEUU los acepta. Si Nammo vendiera armas a Marruecos y Rabat decidiera reexportarlas a Países Bajos, debería solicitar permiso a las autoridades noruegas. Pero quizá esto no suceda necesariamente al revés (de Países Bajos a Marruecos). Nicholas Marsh, investigador sénior en el Instituto de Investigación para la Paz de Oslo (PRIO), declaró a Haaretz que, “como otros países, Noruega usa certificados de usuario final (…) pero en el caso de los países de la OTAN, Noruega ha dejado claro en repetidas ocasiones que no solicita certificados de usuario final”. 

Marsh añadió que era “ciertamente posible” que haya armas producidas por las filiales de las compañías noruegas en el extranjero en países en guerra a los que la propia Noruega prohíbe la exportación. Esa misma opción es posible que exista en España. Todos los países del anexo V.2. del Real Decreto 679/2014 pertenecen a la UE o la OTAN (con la notable ausencia de Turquía), con las excepciones de Australia, Japón, Nueva Zelanda y Suiza.

El director ejecutivo de Nammo, Morten Brandtzæg, dijo que “no pueden hacer nada” para evitar que las armas que producen sus filiales en EEUU sean enviadas a Israel. Señaló que, según la legislación de EEUU, “ninguna industria puede discriminar a Israel, ni siquiera evitando vender cosas”, añadiendo que “es muy importante evitar que una empresa que produce armas tome decisiones políticas”. Afirmó que los productos fabricados en EEUU estaban sujetos a la legislación estadounidense, pero ¿y la de los producidos en otros países que pasan por su territorio? 

Brandtzæg sostuvo que las regulaciones de exportación de armas son bastante similares en la mayoría de los países occidentales, pero señaló una diferencia importante en EEUU: cuando Noruega o España autorizan la exportación de armas, pueden exigir el certificado de usuario final – o pueden no hacerlo. Sin embargo, EEUU no permite ninguna restricción y se arroga el derecho de reexportar o donar las armas y municiones que le plazca siembre y cuando no viole su propia legislación. – “¿Por qué?”, le preguntaron a Brandtzæg. – “No lo sé. Esto es así desde hace años”, respondió.

Según DataComex, Nammo Palencia ha enviado a Israel armas o municiones, desde Palencia, cada año entre 2017 y 2023, sumando al menos 3,64 millones de euros. En noviembre de 2023 exportó municiones valoradas en 987.000 euros, con una novedad: fue la primera vez que se exportaron desde Palencia cartuchos “de guerra” (código 9306303000). Nammo Palencia ya había exportado a Israel municiones “de guerra” y cartuchos “para revólveres y pistolas”, pero no cartuchos “de guerra” –un código distinto. 

DataComex también muestra que, entre octubre de 2023 y junio de 2025, se exportaron a EEUU desde Palencia armas o municiones valoradas en 5 millones de euros, el 85% de ese mismo código 9306303000. Este dato sorprende, porque, aunque las exportaciones desde Palencia a EEUU han sido frecuentes, nunca se había exportado nada de ese código antes de diciembre de 2023. Desde entonces, lo ha hecho en once meses distintos. ¿Se reexportaron esas municiones a través de EEUU cuando esos envíos fueron cuestionados en España? No lo sabemos, pero esa opción existe –incluso con el desconocimiento del Gobierno español. Cabría, por tanto, exigir garantías sobre el destino final.

Por otro lado, Nammo Palencia exporta en EEUU a otras filiales del grupo, como Nammo Mac LLC, cuyos clientes incluyen el Cuerpo de Marines y el Comando de Operaciones Especiales de EEUU. Por ejemplo, así ocurrió en enero de 2024, según esta documentación del envío de un contenedor con 20.894 kg de proyectiles de 12,7mm desde Algeciras. Con todo, el principal cliente de Nammo Palencia en EEUU parece ser, según ImportGenius, Olin Winchester, seguido de General Dynamics.

 La mayor parte de la munición de pequeño calibre del ejército de EEUU provienen de los arsenales de la Lake City Army Ammunition Plant, en Independence, Missouri, unas instalaciones públicas que opera bajo contrato Olin Winchester. Winchester es el mayor fabricante de municiones para armas ligeras del mundo y también es el mayor suministrador de esas municiones del ejército de EEUU. Olin y, sobre todo, General Dynamics han exportado grandes cantidades de municiones a Israel. Sabemos que EEUU ha utilizado sus arsenales para proveer de municiones a Israel con carácter de urgencia. Conviene, por eso, pedir ese certificado de destino final.

El Gobierno ha anunciado que este martes en el Consejo de ministros impondrá un paquete de sanciones a Israel. Esas medidas incluyen la aprobación urgente de un decreto ley que impondrá un embargo de armas a Israel.

Desde hace dos años, la medida que han pedido a gritos centenares de organizaciones sociales y personas destacadas de la cultura en España ha sido, precisamente, la de imponer, a través de un decreto ley, un embargo de armas. Pero uno integral, uno que abarque todo tipo de relaciones armamentísticas, incluyendo, entre otras, las exportaciones y las importaciones; el tránsito y el transbordo (también el que pasa por Rota); la adjudicación de contratos públicos (y la cancelación de los ya vigentes); y la cooperación armamentística empresarial y en I+D. Hasta hoy, España no ha tomado ninguna medida administrativa que obligue legalmente a restringir las relaciones armamentísticas entre España e Israel. Este anuncio del presidente del Gobierno llega tarde, y nos gustaría pensar que no contendrá ausencias ni letra pequeña y que incluirá todas y cada una de las etapas que alimentan la maquinaría armamentista israelí. A estas alturas y con la experiencia acumulada, reconozco mi escepticismo.

A finales de julio señalamos en este medio que el Gobierno estaba “impulsando” un embargo de armas mientras las estaba importando desde Israel. Por otro lado, recordarán que en junio autoridades del Ministerio de Defensa anunciaron un “plan de desconexión” de la tecnología militar israelí, lo que habría incluido –así lo anunciaron los medios– los proyectos relacionados con el misil Spike y el lanzacohetes SILAM, aunque la secretaria de Estado de Defensa aclaró que “no está en riesgo absolutamente ningún programa”.

¿Cómo casaba un embargo con no afectar “absolutamente” ningún programa? La clave puede encontrarse en los tiempos, en si todo lo que cabía importar ya se ha adquirido, por lo que el embargo puede ya aplicarse sin afectar a los intereses armamentísticos españoles. Sin embargo, la razón de los embargos suele ser precisamente la contraria: se imponen para impedir las transferencias.

Recordemos los datos: entre octubre de 2023 y mayo de 2025 España importó de Israel al menos 54.370.124 euros – 29.150.592 por el código 93 (“armas y municiones” y 25.219.532 euros por el 8710 (“tanques y demás vehículos automóviles blindados de combate, incluso con su armamento; sus partes”). Decimos “al menos” porque existe mucho material de defensa clasificado con otros códigos cuya aplicación militar no podemos determinar hasta que así lo haga Secretaría de Estado de Comercio dentro de bastantes meses. 17.655.431 euros de los 29 millones del código 93 se importaron entre diciembre de 2024 y mayo de 2025. Ese mismo mayo, el mes en el que se realizó la votación en el Congreso para admitir a trámite la modificación de la Ley 53/2007 sobre exportación de armas, España importó desde Israel 6,5 millones de euros de los códigos 93 (5.963.585 euros) y 8710 (548.623 euros). Mayo fue el mes con la mayor cantidad importada por el código 93 desde octubre de 2023 y fue también el quinto mes en la historia con más importaciones por ese código 93, después de marzo de 2009, diciembre de 2011, julio de 2013 y diciembre de 2022.

La primera noticia

En junio las importaciones han sido de apenas 300 euros, prácticamente han desaparecido. Todo apunta, por tanto, y a la espera de lo que indiquen las estadísticas de julio y agosto, a que lo que tenía que importarse ya ha llegado. El negocio está hecho y el Estado de Israel –a través de sus empresas públicas y las conexiones que también existen con las privadas– ya ha cobrado, alimentando la cadena de producción que hace viables la ocupación, las operaciones militares y el genocidio en Palestina, como hemos explicado con anterioridad.

No podemos demostrarlo, pero parece que los anuncios en junio y julio se produjeron tras un acelerón en las importaciones para que no resultaran afectadas los contratos en curso. Recordemos que la práctica totalidad de lo importado desde diciembre de 2024 y también en septiembre de aquel año correspondió al subcódigo 9306 (“bombas, granadas, torpedos, minas, misiles, cartuchos y demás municiones y proyectiles, y sus partes”), concretamente el 9306901000, que excluye los cartuchos y especifica “de guerra”. El 99,94% de los 21,1 millones importados por 9306 entre octubre de 2023 y mayo de 2025 se ha realizado desde septiembre de 2024. En los cinco meses de 2025 en DataComex aparece un mensaje que indica que el “flujo de importación está asociado a programas estratégicos del Ministerio de Defensa, para uso por el propio Ministerio de Defensa de España”. Por el tipo de producto, por el volumen económico y por los tiempos, todo parece indicar que esas importaciones pueden estar directamente relacionadas con dos programas: los misiles Spike y/o los lanzacohetes SILAM. Sospechamos que cuando la secretaria de Estado de Defensa dijo aquello de que “no está en riesgo absolutamente ningún programa”, sabía que ya estaba todo aquí.

La segunda noticia

La autoridad israelí de aduanas sigue diciendo en su portal de datos que España continúa exportando armas a Israel. En junio de 2025, esa base de datos oficial recoge cinco exportaciones, otras cinco en julio y tres en agosto, de cuatro categorías: 93059100 (“partes y accesorios de los artículos de las partidas 9301 a 9304”), 93040090 (9304 -“las demás armas [por ejemplo: armas largas y pistolas de muelle (resorte), aire comprimido o gas, porras], excepto las de la partida 9307”), 93051000 (“partes y accesorios de revólveres y pistolas”) y 93062100 (“cartuchos para armas largas con cañón de ánima lisa y sus partes, dentro de la categoría 9306 -”bombas, granadas, torpedos, minas, misiles, cartuchos y demás municiones y proyectiles, y sus partes“). Incluyendo los impuestos, lo que dice Israel que importó desde España por código 93 en junio, julio y agosto suma 3.633.570 shekels, unos 933.468 euros.

Según DataComex, España no ha exportado nada a Israel por el código 93 en junio (los datos de julio y agosto no están disponibles). Estas diferencias, a pesar de la utilización de códigos internacionalmente reconocidos, han sido recurrentes, al menos en la etapa posterior al 7 de octubre de 2023. En el informe Beneficio Colateral advertimos de 88 envíos de material bélico desde España a Israel, por importe de 5,3 millones de euros entre el 7 de octubre de 2023 y el 31 de marzo de 2025. Esta diferencia fue precisamente el motivo por el que se pidió la comparecencia de la ministra de Defensa en el Congreso para dar explicaciones. Durante más de tres horas se dijeron muchas cosas, relacionadas o no con las armas e Israel, pero no se respondió a la pregunta que había motivado esa comparecencia.

La única manera de hacer las cosas bien, aunque sea tarde, pasa porque hoy el Consejo de ministros imponga un embargo de armas a través de un decreto ley, que sea integral, que impida todas las transferencias y todo tránsito y transbordo por España; que obligue a cancelar todos los contratos con adjudicatarios israelíes –también sus filiales e intermediarios, por muy “españoles” que sean. Sin excepciones ni letra pequeña. Las relaciones armamentísticas con Israel son como el agua: si hay un agujero o filtración, por ahí pasa todo.

El pasado lunes 14 de julio, el PSOE y Sumar anunciaron un acuerdo para “impulsar” una ley que, afirmaban, establecería un embargo de armas a Israel. Ese mismo día, más de 1.200 profesionales de la cultura firmaban una carta en la que pedían un “embargo integral”. Aunque ambas iniciativas estaban estrechamente relacionadas, no pedían lo mismo de la misma forma.

PSOE y Sumar han acordado “impulsar” una modificación de la Ley 53/2007, sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso. Esa iniciativa, según señalaron, “permitirá incorporar la figura del embargo a la legislación española y habilitar así su aplicación efectiva para el caso de Israel”. Es decir, no es una ley para el caso de Israel, sino una modificación motivada por ese caso. La actual Ley 53/2007 no prevé la opción de un embargo, y la proposición de ley pretende cubrir ese vacío.

El acuerdo es una consecuencia de la proposición de ley llevada al Congreso por Sumar y Podemos el 20 de mayo, que contó con el apoyo del PSOE, ERC, EH Bildu, PNV, Junts y el BNG: 176 votos a favor por 171 en contra (del PP y Vox). Esa aprobación apenas suponía admitir a trámite la adopción de una proposición de ley que había sido presentada diez meses antes: el 19 de julio de 2024, por los grupos parlamentarios Republicano, Plurinacional Sumar y Mixto. En la base de la iniciativa se encontraba una petición de la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina (RESCOP) y la Campaña Fin al Comercio de Armas con Israel, que cuenta con 632 entidades sociales adheridas.

Un trámite lento

Es decir, PSOE y Sumar acaban de acordar “impulsar” en septiembre una modificación de la ley propuesta hace un año cuya “admisión a trámite” fue aprobada hace dos meses. ¿Qué falta para completar el proceso? Que el impulso se materialice, se discuta tanto en el Congreso como en el Senado, se propongan enmiendas y se cambie el texto, se acuerde una proposición del agrado de la mayoría, se vote, se apruebe, se hagan los procedimientos para modificar la Ley 53/2007 y se haga el trámite para el caso de Israel, todo respetando los tiempos correspondientes.

El mejor de los casos es que esa modificación de la ley se realice en los términos que está propuesta. El más probable es que quienes aprobaron en mayo su admisión a trámite no estén de acuerdo con formalizar todos sus contenidos y soliciten cambios. Algunos partidos ya se han manifestado favorables a una prohibición de las exportaciones, pero no de otras medidas incluidas en la proposición de ley, como las que figuran en relación con las importaciones o el tránsito. El proceso llevará, en el mejor de los casos, meses, y ya vamos dos años tarde.

Lo que pidieron los firmantes del mundo de la cultura fue un embargo integral de aplicación inmediata a través de un decreto ley, algo que, como indicó el investigador y profesor Eduardo Melero, puede aprobarse el próximo martes en el Consejo de ministros y entrar en vigor al día siguiente una vez publicado en el Boletín Oficial del Estado. Esa misma medida es la que llevan solicitando desde hace muchos meses centenares de organizaciones de la sociedad civil.

La Campaña Fin al Comercio de Armas con Israel “pide al gobierno que declare un embargo militar completo a Israel que incluya compra, venta, tránsito y cualquier otra relación militar”. “Cualquier relación militar” parece una petición proporcional, responsable y coherente con quien se acusa de cometer todos los delitos más graves que la humanidad haya conseguido tipificar: los crímenes de agresión, contra la humanidad, guerra y genocidio.

Esos son, precisamente, los supuestos que la proposición de modificación de la Ley 53/2007 quiere introducir para la activación automática del embargo. A Israel se le acusa de cometerlos todos, y todos ellos son crímenes que requieren respuesta inmediata. El procedimiento en curso tiene todo el sentido si –y solo si– corre paralelo a la imposición, por decreto ley, de un embargo que haga efectivo de manera inmediata todo lo que pretende conseguirse con la modificación de la Ley 53/2007.

Tanto PSOE como Sumar siguen afirmando que ha habido “un bloqueo comercial por el que no se compra ni se vende armamento ni munición a Israel desde el 7 de octubre de 2023”. Eso no es verdad y sorprende con la evidencia existente, sustentada en información oficial y pública. Como ejemplo destacado, España exportó cartuchos a Israel en noviembre de 2023, valorados en 987.000 euros. Así lo reconoce Nammo –la compañía exportadora–, el Gobierno y los medios de comunicación noruegos [Nammo es noruega, y cuenta con una filial en Palencia], la autoridad aduanera de Israel y las estadísticas oficiales de la Secretaría de Estado de Comercio de España. ¿Qué más evidencia hace falta?

En cuanto a las importaciones, desde octubre de 2023 el volumen en España es de nada menos que 29 millones de euros, según DataComex, solo considerando el código 93, que se denomina, precisamente, “armas y municiones”.

Un embargo habría impedido todo esto. También el grueso de las adjudicaciones de contratos armamentísticos a la industria israelí o el tránsito de armas con destino a Israel a través de territorio español.

Los intereses de Defensa con Israel

Acaban de salir los datos en DataComex correspondientes a mayo, precisamente el mismo mes en el que se realizó la votación en el Congreso. En mayo, España importó desde Israel 6,5 millones de euros de los códigos 93 (“armas y municiones”, 5.963.585€) y 8710 (“carros y vehículos blindados”, 548.623€). Se trata del mes con la mayor cantidad importada por el código 93 desde octubre de 2023. Es muy fácil comprobarlo en DataComex, les adjuntamos los pantallazos para facilitarlo:

También es el quinto mes en la historia con más importaciones por el código 93, después de marzo de 2009, diciembre de 2011, julio de 2013 y diciembre de 2022.

Entre octubre de 2023 y mayo de 2025 España ha importado de Israel al menos 54.370.124 euros (29.150.592 euros por el código 93 y 25.219.532€ por el 8710). Decimos “al menos” porque existe mucho material de defensa con otros códigos cuya aplicación militar no podemos determinar hasta que así lo haga la Secretaría de Estado de Comercio dentro de bastantes meses. 17.655.431 euros de los 29 millones del código 93 se han importado desde diciembre de 2024, en los últimos seis meses con registros.

Según DataComex, entre ese mes de diciembre y mayo de 2025, España ha sido la tercera máxima importadora en la Unión Europea (UE) de material de código 93 procedente de Israel [tras Países Bajos y Estonia]. Desde enero, la segunda [tras Estonia]y, desde febrero, la primera, con un tercio del total importado por la UE. En mayo, España importó el 78% del total de la UE por el código 93. En cuanto al código 8710, España ha sido la principal importadora de la UE desde diciembre, con el 69% del conjunto de los países miembros.

La práctica totalidad de lo importado desde diciembre de 2024 y también en septiembre de aquel año corresponde al subcódigo 9306 (“bombas, granadas, torpedos, minas, misiles, cartuchos y demás municiones y proyectiles, y sus partes”), concretamente el 9306901000, que excluye los cartuchos y especifica “de guerra”. El 99,94% de los 21,1 millones importados por 9306 entre octubre de 2023 y mayo de 2025 se ha realizado desde septiembre de 2024. En los cinco meses de 2025 en DataComex aparece un mensaje que indica que el “flujo de importación está asociado a programas estratégicos del Ministerio de Defensa, para uso por el propio Ministerio de Defensa de España”. Por el tipo de producto, por el volumen económico y por los tiempos, todo parece indicar que esas importaciones pueden estar directamente relacionadas con dos programas: los misiles Spike y/o los lanzacohetes SILAM.

Ambos programas se desarrollan en España, a través de empresas españolas que cuentan con un acuerdo con las fabricantes israelíes [Rafael para el Spike, Elbit para el SILAM] o de sus filiales en España [PAP Tecnos es una empresa española, pero también la filial de Rafael]. Pero los acuerdos de tecnología no lo ceden todo, y una parte continúa siendo exportada desde Israel.

En junio, autoridades del Ministerio de Defensa anunciaron el “plan de desconexión” de la tecnología militar israelí, lo que habría incluido –así lo anunciaron los medios– los proyectos relacionados con el Spike y el SILAM, aunque la secretaria de Estado de Defensa aclaró que “no está en riesgo absolutamente ningún programa”.

Unas medidas que se necesitan ahora

Es posible que para septiembre se haya importado de Israel todo lo que se pretendía importar. Quizá se completaron las entregas justo antes de que se anunciara el plan de desconexión o quizá se completen mientras se tramita la modificación de la ley. Es posible que se hayan acelerado esas entregas, pero también que simplemente se haya completado el calendario. En el Centre Delàs no tenemos manera de saberlo. En el Parlamento, tampoco. En cualquiera de estos supuestos, el procedimiento en curso que se espera (desea) que concluya con un embargo afectará al futuro, a pesar de que los crímenes son del presente y hace tiempo que vienen produciéndose.

El Gobierno de España ha tenido iniciativas y gestos que merecen reconocimiento, sobre todo cuando se comparan con las de sus aliados en la UE y la OTAN. De hecho, ese reconocimiento ha sido patente en todo el mundo, incluyendo, también, a una parte de la población palestina. Esas iniciativas y gestos han tenido un impacto en las relaciones armamentísticas con Israel, pero no en la forma que se ha comunicado. Desde octubre de 2023, la confusión ha sido frecuente en los medios de comunicación, los partidos políticos y entidades de la sociedad civil.

Desde el 7 de octubre de 2023, España no ha impuesto [todavía] ninguna medida administrativa que reduzca, limite, condicione, obligue o elimine las relaciones armamentísticas con Israel. Se está “impulsando” la primera –y la más importante– de esas medidas: el embargo. Pero llegamos muy tarde y las maneras propuestas sugieren que, en el mejor de los casos, vamos a tardar todavía más.

En un artículo la semana pasada en elDiario.es identificamos diez ámbitos de relaciones armamentísticas entre España e Israel, uno de ellos es la adjudicación en España de contratos públicos para la adquisición de productos de defensa israelíes. Con una sola medida, ninguno de esos ámbitos sería posible: un embargo integral.

Solo hace una falta una medida, esa, y no otra, una fórmula sobre la que aparentemente existe un apoyo mayoritario en el Congreso. Pero los ministros de Defensa y Exteriores ya la han objetado. José Manuel Albares defiende un embargo de las exportaciones, sin que afecte a las adquisiciones de material de defensa israelí. Defensa “pide realismo y no engañar a los ciudadanos con falsas expectativas”. Ambos argumentan que ya existe un “embargo de facto”. Pero no se trata de una medida formal, sino política, una donde la propia subjetividad del Ejecutivo determina cada criterio y lo modula en función del interés del momento: “Una cosa son licencias de determinada tecnología y otra cosa es armamento, y España no compra armas a Israel”, dijo la ministra Margarita Robles.

Eso no es un embargo de armas, ni de iure ni de facto, ni una medida acorde con lo que requiere la coyuntura actual en el territorio palestino.

Desde el 7 de octubre de 2023 el Gobierno ha tomado decisiones que le singularizan, en positivo, entre el conjunto de sus aliados de la Unión Europea y la OTAN. Sin embargo, los datos públicos disponibles sugieren que, desde aquella fecha, las relaciones armamentísticas entre España e Israel han sido más prolíficas que nunca, en particular en lo relacionado con la cooperación industrial y la adjudicación de contratos. Ese volumen no responde a una intención deliberada de aumentar esas relaciones gracias a lo que acontece en Gaza, sino a una herencia del pasado asumida acrítica e interesadamente; la continuación de esas relaciones va en aumento a pesar de las atrocidades cometidas en la Franja.

Los datos públicos disponibles sugieren que, desde el 7 de octubre, las relaciones armamentísticas entre España e Israel han sido más prolíficas que nunca

Aquí reside la primera reflexión que cabe hacerse: cómo ha sido posible generar semejante dependencia con quien nunca ha sido de fiar en cuanto a lo que hace con el mismo material de defensa que adquirimos. Sin rendición de cuentas, difícilmente se podrá aprender cómo mejorar.

Los misiles Spike

El misil Spike forma parte de los arsenales españoles desde hace cerca de dos décadas. Su propietaria es la empresa pública israelí Rafael Advance Defense Systems y lo ha publicitado desde el primer momento como “probado en combate”. Los medios de comunicación españoles suelen definir ese misil como “antitanque”. Sin embargo, Rafael lo califica de “multipropósito”. El Spike se utiliza en Gaza, con mucha asiduidad, pero las organizaciones armadas palestinas no tienen tanques. Ese misil ha sido usado para matar a civiles.

Recordarán que las Fuerzas de Defensa de Israel asesinaron a siete trabajadores de la ONG fundada por el cocinero español José Andrés, World Central Kitchen, en abril de 2024: un palestino, tres británicos, un australiano, un polaco y un canadiense-estadounidense. Los mataron con un dron de Elbit Systems, el Hermes 450, que disparó tres misiles que, con “mucha probabilidad”, eran los Spike de Rafael. Esa utilización contra civiles viene de lejos. Según Human Rights Watch, ese misil también fue disparado por los drones israelíes en 2009 durante los ataques a Gaza en la operación Plomo Fundido, matando al menos a 48 civiles.

El martes empezamos el día con la noticia de que algo había sido revocado en relación con las adquisiciones del misil Spike. Pero no quedó claro qué se había revocado exactamente. La primera sensación fue que había sido una licencia de importación: el 23 de mayo, el Gobierno había denegado la entrada en España por el puerto de Cartagena al buque “Danica Violet”, que transportaba “componentes” para fabricar los misiles Spike LR2. Es como si uno hace un pedido online –y lo paga– y echa al repartidor cuando llama al timbre. Ese proveedor merecía un rechazo, pero ese caso es paradójico y merece una explicación que todavía no ha sido proporcionada.

La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, aclaró que “se ha iniciado el proceso de revocación de la licencia tecnológica, y en este momento se está buscando cómo reorientar el programa e, incluso, se están estudiando los efectos de esa medida de cancelación”. Remarquemos: “iniciado el proceso de revocación de la licencia tecnológica”. Esa declaración rememora la que hizo el Ministerio del Interior el 29 de octubre de 2024 en relación con el famoso contrato para adquirir munición de 9 mm para la Guardia Civil. El titular de la noticia de Interior fue: “Interior inicia el proceso para rescindir el contrato de compra de munición a una empresa israelí”. Remarquemos: “Inicia el proceso para rescindir”.

¿Cómo interpretaron entonces muchos medios de comunicación esa noticia? Muchos dieron por hecho que la anulación ya se había producido: “Interior cancela la compra”, “Interior cancela el contrato”, “Interior anula la compra” o “Interior cancela la compra de munición”. Más tarde, se formalizó un contrato que nunca se había cancelado y esa situación continúa hoy, a pesar de los anuncios sobre su rescisión. No es tan fácil y no es tan rápido.

El martes, muchos medios volvieron a dar por hecho el fin del contrato para el suministro del Spike: “se cancela la compra”, “prescinde ya de misiles Spyke” (sic) o “Defensa revoca un contrato con una empresa israelí”. Esos medios afirmaron haber consultado a fuentes de Defensa. Para algunos, Pap Tecnos, la adjudicataria del contrato para el suministro de los misiles Spike, era una empresa “española”; para otros, “israelí” (se trata de una filial de Rafael establecida en España). Mientras que en España muchos medios han recogido la noticia de manera desigual ante la confusión, los medios de comunicación internacionales han dado por cancelado el contrato, en muchos casos citando a los medios españoles. También lo han hecho en Israel, al menos en una docena de medios de ese país.

La realidad es que ese contrato no está revocado. Al menos, eso es lo que han asegurado fuentes de Defensa a los medios que han preguntado. En la página web del Ministerio no aparece noticia alguna sobre este asunto y no existe ningún documento formal. Asimismo, Pap Tecnos comunicó a la agencia Associated Press que “no ha sido informada de ninguna cancelación” y lo mismo dijo en Israel la empresa Rafael. Tampoco Elbit Systems –propietaria del modelo en el que se basa el SILAM, un segundo contrato del que se ha informado sobre una eventual revocación– ha publicado nada en su web.

Según el portal defensa.com, ni siquiera se estaría iniciando proceso alguno para esa revocación: la licencia se renueva cada año, el martes expiraba la que se encontraba en curso y no habría sido renovada. Esa licencia, según el portal, era necesaria para la “importación de ciertos componentes que integran el misil que se fabrica en España, según el plan industrial liderado por Pap Tecnos, en el que participan empresas españolas como Tecnobit – Grupo Oesia, EM&E Group o FMG, empresas con las que se han cumplido los compromisos de transferencia tecnológica por parte del tecnólogo [Rafael]”. También identifica un “contrasentido” en suspender las licencias y mantener el programa. En una situación similar parece encontrarse el programa del lanzacohetes SILAM, del que se afirma que no usará tecnología israelí, sino íntegramente española, tanto en los lanzadores como en la munición.

Gratis no es, pero no debemos poner precio a la colaboración con quien está acusado de cometer los crímenes más horrendos que hemos sido capaces de tipificar

Una eventual cancelación de los contratos adjudicados conllevaría algunas derivadas: la modificación drástica del programa, alterando costes, plazos y logística; la búsqueda de alternativas sin tecnología israelí; la sustitución de un estándar del Ejército desde hace muchos años, que también forma parte del equipamiento de vehículos como el Dragón 8x8 o el helicóptero de ataque Tigre –la logística está adaptada, los operadores han sido instruidos y los técnicos han recibido la formación que necesitan–. Un cambio de modelo tendrá implicaciones económicas. Gratis no es, pero no se debe poner precio a la colaboración con quien está acusado de cometer los crímenes más horrendos que hemos sido capaces de tipificar.

Sin licencia, ¿no hay programa?

Sin licencias, no hay programa. ¿O sí lo hay? Habrá que leer la letra pequeña cuando esté disponible. Existe una manera de conciliar todos esos asuntos, una especie del gatopardismo imaginado por Giuseppe Tomasi di Lampedusa, aquel que consistía en un “cambiar todo para que nada cambie”. Seguir con los mismos productos, pero reetiquetarlos; utilizar la misma tecnología o similar, pero deslocalizarla de Israel; o simplemente prescindir de más transferencias desde Israel si lo realmente imprescindible ya ha sido transferido o se ha encontrado una alternativa para obtenerlo.

En el caso del SILAM, por ejemplo, el Ministerio de Defensa “ha comprado la Propiedad Intelectual del diseño”. ¿Ya no tiene entonces nada que ver con el sistema PULS que Israel está utilizando actualmente en Gaza? Otra opción es adquirir esas mismas licencias basadas en tecnología israelí de un fabricante europeo. En cualquier caso, cualquier tecnología o empresa involucrada, por muy filial que sea o muy relacionada que esté con la industria o el producto israelí será denominada “española”.

Compárese el esquema de la construcción del Spike de 2023 de Pap Tecnos (la primera imagen) con el que ofrece hoy la compañía en su página web (la segunda), donde destaca el “elevado grado de nacionalización”.

En el esquema actual desaparece la referencia a Rafael en relación con la fibra óptica, sin especificar cuál será la alternativa. Sin embargo, continúa la presencia de Pap Tecnos, como no podría ser de otra manera: el producto es el mismo y es suyo, de Rafael. De Israel.

La garantía que se pide al Gobierno es que la industria israelí, su Ejército o su Estado no se beneficiará de ninguna manera –ni en términos económicos, ni políticos, ni empresariales ni reputacionales– de las decisiones relacionadas con el material de defensa adquirido.

Sea cual sea la explicación –que se espera– de todo este embrollo, los contratos no están cancelados ni revocados, ni lo estarán en mucho tiempo, en el caso de que eso llegue a producirse. A no ser, claro, que se decrete un embargo. El 23 de octubre de 2024, la ministra de Defensa respondió a la solicitud por escrito del ministro de Derechos Sociales de cancelar los contratos vigentes con empresas armamentistas israelíes afirmado que se había dejado en suspenso todos los contratos de adquisición de armamento israelí, salvo los relacionados con el arreglo de piezas.

Sin embargo, no tenemos noticias de que eso esté sucediendo con la mayoría de los contratos identificados y todo parece apuntar a que siguen su curso, como el de la adquisición de designadores POD para sistemas de combate aéreo del que informaba este lunes este diario, un contrato formalizado en abril de 2024 con Rafael y que tiene su ejecución prevista hasta finales de 2027. De aquel anuncio de la ministra hace más de ocho meses, pero se dice que empieza ahora la búsqueda de cómo reorientar los programas y el estudio de los efectos de una eventual cancelación.

Este ritmo pausado con vistas al largo plazo contrasta fuertemente con la urgencia que requiere cualquier medida tomada en relación con la situación en la Franja de Gaza

De la búsqueda a la cancelación hay un trecho, que esperemos que se recorra. Con todo, este ritmo pausado con vistas al largo plazo contrasta fuertemente con la urgencia que requiere cualquier medida tomada en relación con la situación en la Franja de Gaza. El Gobierno español podría adoptar de inmediato un embargo integral a través de un Decreto Ley y facilitar, además, la revocación de contratos, porque formaliza las razones para hacerlo.

Un contrato se anula por la vía administrativa y, a día de hoy, desde el 7 de octubre de 2023, España no ha adoptado ninguna medida formal administrativa que obligue, restrinja, prohíba o condicione las relaciones armamentísticas con Israel. Ninguna.

Las declaraciones públicas de las autoridades españolas deben ser plenamente compatibles con lo que sostienen los datos proporcionados por el propio Estado. El propósito de estas líneas es presentar algunas discrepancias identificadas, con la intención de fomentar la formación de una opinión propia, facilitar la comprobación y el contraste y señalar asuntos que todavía requieren de clarificación. También añadimos información complementaría, por si se quedan hasta el final.

Las relaciones armamentísticas entre España e Israel tienen, al menos, 10 ámbitos, que pueden solaparse: 1) Las exportaciones; 2) las importaciones; 3) la adquisición de productos israelíes a través de contratos públicos; 4) la incorporación de componentes israelíes en sistemas de armas no israelíes; 5) la cooperación empresarial para vender a terceros países; 6) el tránsito o el transbordo por puertos y aeropuertos españoles; 7) la colaboración entre entidades israelíes y españolas, incluyendo las universidades, en programas de investigación; 8) la colaboración en los marcos de la OTAN (Israel no es miembro, pero participa con frecuencia en sus actividades y tiene acceso a sus estándares de producción armamentística) y la cooperación europea y bilateral en materia de inteligencia y seguridad; 9) el suministro de material de defensa y seguridad israelí en armerías españolas; y 10) la participación en eventos armamentísticos en ambos países, como las ferias o los foros de seguridad y defensa.

El informe del Centro Delàs de Estudios por la Paz “Beneficio colateral. Relaciones armamentísticas entre España e Israel desde el 7 de octubre de 2023”, publicado el 7 de mayo, detalla los primeros seis tipos de relaciones. En informes anteriores, hemos analizado el resto de esas relaciones, por lo general establecidas con anterioridad al 7 de octubre de 2023. La colaboración universitaria también ha sido analizada por el Centro Delàs en el ámbito estatal y el catalán.

No son datos “según el Centre Delàs”, sino “según el Estado español

La información que contiene el informe y lo que sostiene el Gobierno no casan bien. Nuestras publicaciones incluyen interpretaciones y análisis por los que debemos y podemos rendir cuentas. Sin embargo, los datos son públicos y fácilmente verificables. Encontrarlos y recopilarlos ha supuesto mucho esfuerzo, pero comprobar su veracidad apenas requiere de unos minutos haciendo clic en los hiperenlaces. No se trata de datos “según el Centre Delàs”, sino “según el Estado”. 

La adjudicación de contratos 

Hace tres semanas, el Centre Delàs adelantó un anexo en su informe con una lista con 46 adjudicaciones de contratos para el suministro o mantenimiento de material de defensa o seguridad israelí. No estaban todos los que eran, hay probablemente más, y algunos periodistas, como en Crític, han sabido encontrar adjudicaciones adicionales. La información que aparece en ese anexo no es imprecisa o errónea. Es fácil confirmar a través de los hiperenlaces que el 100% del contenido de esa lista proviene de la Plataforma de Contratación del Sector Público, dado que ese anexo no incluye valoración ni interpretación. 

En la comparecencia en el Congreso del ministro del Interior de este miércoles 21 de mayo, preguntado por la posibilidad de futuras adjudicaciones de contratos, el ministro dio a entender que no volverán a producirse. Sin embargo, eso no será posible a menos que se decrete una prohibición administrativa, porque sin ella no se puede impedir que empresas israelíes o sus representantes puedan seguir siendo adjudicatarias.  

Y no será posible, además, si no se prescinde de los productos ya adquiridos, porque serán sus fabricantes o sus representantes las que ganarán los contratos para el mantenimiento y la modernización de sus propios productos, porque nadie más puede hacer eso, sea por capacidad, por derechos de propiedad o por cualquier otra razón. De hecho, el anexo del informe muestra que en una mayoría de contratos la empresa adjudicataria fue la única licitadora, la única oferta presentada.  

Sin medidas administrativas, las empresas fabricantes israelíes, sus filiales, sus representantes en España u otras empresas que cuenten con su certificación y visto bueno seguirán encargándose de mantener, reparar o modernizar esos productos. Y en todos los casos se seguirá alimentando a la industria militar israelí y abaratando y haciendo viable lo que hace el Ejército de ese país. 

Las exportaciones desde España a Israel  

Las autoridades españolas han insistido en que las exportaciones de material de defensa a Israel han sido temporales con fines de mantenimiento y reparación. Sin embargo, según DataComex, portal de la Secretaría de Comercio, entre octubre de 2023 y febrero de 2025 España exportó un total de 1.262.960 euros a Israel de material calificado por el código 93 (“armas y municiones”).  

De esa cantidad, 125.240 euros (el 9,9%) tenía como destino a Filipinas y 987.000 euros (otro 78%) correspondieron a municiones transferidas desde Nammo Palencia, en España, hasta Elbit Systems, en Israel. Esas dos transferencias, que suponen el 88% del total por el código 93, requieren de clarificación sobre su encaje en la narrativa de las reparaciones. En Noruega, que prohíbe las exportaciones a Israel, Nammo redirigió su responsabilidad (la empresa es mayoritariamente noruega) al Estado que autorizó esas exportaciones: España. Esa transferencia está analizada al detalle en el informe del Centre Delàs, con sus correspondientes fuentes y referencias. 

Los datos de las exportaciones de España a Israel difieren sobremanera si quien informa son instituciones públicas españolas o israelíes. Desconcierta que, tratándose de datos técnicos aduaneros regulados internacionalmente, no coincidan los códigos. Estas diferencias son fáciles de comprobar, entrando en DataComex, (datos de España) y en las Estadísticas de Importaciones en Israel y haciendo en ambos portales la consulta para el código 93 (“armas y municiones”). Entre octubre de 2023 y marzo de 2025, las estadísticas israelíes listan 88 envíos desde España por una suma de 5,3 millones de euros. En DataComex, sin embargo, en ese periodo apenas aparecen 1.262.960 euros, 4,2 veces menos que lo referido por Israel.  

Un dato sugiere que quizá —es una mera conjetura que puede resultar equivocada— Israel computa con código 93 lo que España identifica con otros códigos: en el primer semestre de 2024 (el único periodo posterior al 7 de octubre de 2023 del que disponemos de datos del material de defensa exportado), España informó de un volumen económico de exportación de “material de defensa” (bajo numerosos códigos Taric, las claves usadas para clasificar mercancías en la UE) de 1,25 millones de euros, similar a lo que Israel cataloga con un único código, el 93. No puede determinarse con precisión, porque los datos israelíes están en su moneda, el shekels, la tasa de cambio es tan desconocida como el día en el que se formalizó la transferencia y existen hasta siete formas comerciales distintas en esas exportaciones, cada una de las cuales asigna unos costes de transporte diferentes. 

La colaboración industrial: más allá de la adjudicación de contratos

La adjudicación de contratos públicos es solo una de las cuatro maneras de colaboración empresarial identificadas entre España e Israel. La tabla anexo mencionada antes incluye los contratos públicos adjudicados a empresas de defensa israelíes, a sus filiales en España y a empresas españolas o establecidas en España que proporcionan productos o servicios de productos israelíes con certificación o acuerdos de transferencia de tecnología de las empresas israelíes, y por las que estas últimas reciben un beneficio económico. Insistimos: “productos israelíes”.  

La gran mayoría de las empresas adjudicatarias son israelíes o sus representantes en España. Pero también hay otros casos, entre los que destaca el sistema lanzacohetes SILAM: las adjudicatarias no son israelíes, pero sí lo es el producto original, de Elbit Systems, que obviamente hace negocio cediendo su tecnología, sin cederla toda, dejando una parte esencial en manos israelíes y generando dependencia. Lo mismo ocurre con el misil antitanque Spike. La adjudicataria fue la filial de Rafael en España, Pap Tecnos, una empresa “española”, pero también filial de Rafael, una compañía que pertenece a las Fuerzas Armadas de Israel. En su web, en la sección “Rafael Group” pueden localizar la bandera de España junto a otras dos para Europa (Alemania y Reino Unido). Allí aparece el logo de Pap Tecnos.

Quizá este caso inspiró el criterio del Gobierno de permitir las adjudicaciones a “empresas con sede y producción en España”. Al respecto, caben dos apuntes. El primero: qué más dará dónde se fabriquen los misiles y las torretas si lo que debatimos no son puestos de trabajo, sino la cooperación con un gobierno acusado de cometer genocidio. El segundo, no toda esa producción se realiza en España, al menos la tecnología esencial que la industria israelí guarda con celo. Y por eso importamos y seguiremos importando. 

La segunda forma de cooperación empresarial es la incorporación de componentes israelíes en sistemas de armas que no son israelíes. Es decir, lo “israelí” no es el sistema de armas o el producto finalizado, sino algunos componentes. En el informe utilizamos el ejemplo del vehículo blindado Dragón 8x8, un producto que se publicita como “español”, pero dispara misiles Spike de Rafael, incorpora un blindaje de la israelí Plasan, utiliza una radio de la empresa israelí Elbit Systems y sistemas de protección activa de Elbit y Rafael. Aquí no median directamente contratos públicos. Las adjudicatarias son empresas no israelíes que utilizan material de defensa israelí.

La tercera es la distribución en España de productos de seguridad y defensa israelíes. El ejemplo más destacado es la empresa Guardian Defense & Homeland Security, filial en Madrid del grupo Guardian LTD Israel. La empresa es clara en su web: “Guardian representa en España los principales fabricantes israelíes de material policial y militar”, y especifica que proporciona más de 100 “productos de seguridad” en más de 70 “distribuidores en España” tras más de 20 “años de experiencia”. La empresa concluye en su web que “los números lo dicen todo”.

Esa empresa ha sido adjudicataria de 19 contratos de instituciones públicas desde el 7 de octubre de 2023, pero su negocio en España va más allá de la contratación pública. Por ejemplo, proporciona un curso de “combate y protección” en Israel, “dirigido a miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado (GC, PN, Policías locales, Militares etc.) y al personal habilitado de seguridad privada” (sic). Entendemos que las siglas corresponden a la Guardia Civil y la Policía Nacional.

Elbit Systems es la principal suministradora del Ejército israelí, y lo que sucede en Gaza explica el enorme aumento de sus ingresos

La cuarta es la colaboración empresarial para productos conjuntos. En el informe se utiliza el ejemplo del vehículo blindado Sabrah para el Ministerio de Defensa de Filipinas producido entre la empresa General Dynamics European Land Systems - Santa Bárbara Sistemas (GDELS-SBS, que aporta los vehículos ASCOD –también conocidos como “Pizarro”) y la israelí Elbit Systems (que incorpora una torreta de mando y control y un cañón de 105 mm).

El grueso de las exportaciones se realizó antes del 7 de octubre de 2023, aunque el informe identifica 908.200 euros (de un total de cerca de 45 millones) que probablemente fueron exportados con posterioridad. Esta colaboración empresarial fue particularmente controvertida por aprovecharse del acceso privilegiado de Elbit al gobierno de Rodrigo Duterte, por su experiencia en combate y por no poner pegas a los acuerdos. Ese contrato fue firmado cuando el presidente filipino estaba siendo investigado en la Corte Penal Internacional. Hoy está detenido. Pero ¿qué relación tiene esto con lo que pasa en Gaza?

Elbit Systems es la principal suministradora del Ejército israelí, y lo que está sucediendo en Gaza explica el enorme aumento de sus ingresos. Así lo reconoce la propia compañía en su informe de resultados en el primer trimestre de 2025, en el que reporta unos ingresos de 1.900 millones dólares, un “impresionante” aumento del 22% en relación con el primer trimestre de 2024, y sitúa la cartera de pedidos en nada menos que 23.100 millones de dólares. Según ese informe, “aproximadamente el 66% de la cartera actual de pedidos corresponde a pedidos fuera de Israel. Está previsto que aproximadamente el 51% de la cartera de pedidos se ejecute durante lo que resta de 2025 y 2026”.

Esta estimación augura un aumento exponencial de sus ingresos en el corto plazo, a pesar de que la propia Elbit reconoce que “algunas operaciones han experimentado interrupciones debido a limitaciones operativas y de la cadena de suministro”. Dos de los factores que argumenta son la “escasez de materiales y componentes” y las “limitaciones impuestas por algunos países a las exportaciones a Israel”. Es decir, esas “limitaciones” tienen un impacto en el suministro en Gaza. Imagínense un embargo.  

Con todo, su presidente y CEO, Bezhalel Machlis, declaró en ese informe: “creemos que Elbit está bien posicionada para aprovechar las oportunidades que ofrece el aumento de los presupuestos de defensa a nivel mundial y en particular en Europa, gracias a nuestras filiales consolidadas en todo el continente, como lo demuestran los contratos conseguidos”. Solo en España, Elbit, sus filiales y las empresas que suministran, desarrollan y mantienen sus productos se han adjudicado 17 contratos públicos desde el 7 de octubre de 2023, por un total de 585 millones de euros. En su informe, Elbit anunció que el 7 de julio pagará los dividendos a los accionistas. 

GDELS - Santa Bárbara Sistemas se “benefició colateralmente” (en este sentido titulamos nuestro informe) de la adjudicación del contrato a Elbit en Filipinas. Esa misma colaboración va a repetirse. El Ministerio de Defensa de Letonia adjudicó en enero de 2025 un contrato de 373 millones de euros a Santa Bárbara para que le suministre 42 vehículos blindados ASCOD que serán previsiblemente fabricados en Trubia (Asturias). En abril, se conoció que Santa Bárbara “adjudicó”, a su vez, a Elbit Systems un contrato de 88 millones de euros para que arme esos vehículos con una torreta UT30MK2. No sabemos si Elbit hará negocio gracias a Santa Bárbara o si es Santa Bárbara la que se beneficia de Elbit, porque la oferta ganadora incluía su torreta, un atractivo “probado en combate”: esa expresión aparece en ocho ocasiones en la publicidad de ese producto. 

Lo que sí sabemos es que dentro de algunos meses aparecerán titulares señalando exportaciones de material de defensa a Israel. Por el ASCOD, pero también por la dependencia generada con la industria israelí. También seguirán adjudicándose contratos y continuarán el resto de los 10 ámbitos de relaciones armamentísticas que señalamos al principio. La única manera de que eso no suceda es oficializar administrativamente lo que se ha manifestado en la política: imponiendo un embargo integral.

Acabamos de conocer por elDiario.es una investigación de Progressive International en la que se informa de que 25 barcos con casi 1.200 envíos de material armamentístico procedente de EEUU con destino a Israel han hecho escala en el puerto de Algeciras entre mayo y septiembre de 2024.

Fue precisamente en mayo cuando el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, aseguró que “si hay un barco [con destino] a Israel con armamento, no vamos a permitir la escala”. Cabe, por tanto, preguntarse si el Gobierno ha sido conocedor de ese tránsito, con al menos dos interpretaciones: o lo sabía y, faltando a su palabra, permitió esas escalas; o prefirió no saberlo, porque esos tránsitos eran previsibles y conocidos.

No se trata de tráfico clandestino que requiera de inspecciones o investigaciones complejas, sino de información pública y disponible. La suscripción a la base de datos a la que presumiblemente ha recurrido Progressive International cuesta apenas 184 euros. El Gobierno no necesitaba siquiera gastarse ese dinero, porque debe tener a su disposición la documentación de viaje de los barcos que acredita su cargamento.

En el caso de que se alegue desconocimiento, nos permitimos añadir a la información publicada que esas mismas bases de datos revelan, además, que las escalas en Algeciras también se produjeron con anterioridad a mayo; que Maersk, señalada en la investigación, no es la única naviera que las ha realizado y que Algeciras no es el único puerto que se ha utilizado.

El 4 de junio tuvimos la oportunidad de escribir en este diario un artículo sobre el tránsito marítimo de material armamentístico. La tesis (y el titular) apuntaba a la elevada probabilidad de que barcos con armas con destino a Israel pasaran por España. La primera y principal razón, se señalaba, es que EEUU es, de largo, el mayor exportador de armas a Israel y esas transferencias, si son marítimas, han de atravesar necesariamente el estrecho de Gibraltar, como también sucede con el transporte procedente del norte de Europa. La única alternativa es circunvalar África y acceder por el Mar Rojo, una ruta más larga, cara y peligrosa.

La segunda razón es que los ataques en la entrada al Mar Rojo han afectado al tráfico a través del canal de Suez, por lo que muchas exportaciones de los países asiáticos sí han optado por rodear el continente africano, pero en la dirección contraria, para acceder al mismo mar Mediterráneo que baña a Israel por el estrecho de Gibraltar y por España.

Las estadísticas del Fondo Monetario Internacional o de Puertos del Estado recogen claramente el cambio de rutas y el aumento del tránsito en los puertos españoles. En Algeciras, pero en mayor medida en Barcelona, Las Palmas y Valencia.

El artículo entonces destaca la línea regular ZIM Container Atlantic, que hace la ruta: “Alexandria – Mersin – Ashdod – Haifa – Izmir (Aliaga) – Piraeus – Genoa – Barcelona – Valencia – Halifax – New York – Norfolk – Savannah – Valencia – Barcelona – Alexandria”. Es decir, los barcos pasan primero por Valencia y después por Barcelona cuando se dirigen a Israel desde EEUU y en el orden inverso cuando van en el sentido contrario.

Haifa es el principal puerto israelí y Ashdod es el segundo, y el más cercano a la Franja de Gaza, a apenas 30 km. El interés en esa ruta era múltiple: en primer lugar, ZIM es una naviera israelí, la mayor de carga del país, aunque los barcos que utiliza en esa línea suelen tener bandera de conveniencia de Liberia o de las Islas Marshall. En segundo lugar, incluye los tres puertos más importantes de exportación de armas y municiones a Israel (Nueva York, Norfolk y Savannah), según la base de datos Census de comercio estadounidense, y los dos principales de importación en Israel. Y tercero, está acreditado que, como advertimos en junio, utiliza los mismos barcos que han cargado material armamentístico en el pasado reciente. 

Escalas en Valencia y Barcelona

Hoy sabemos que lo han seguido haciendo en este último año, combinando la información que nos proporcionan, entre otras, las bases de datos ImportGenius, Census e ImportInfo, la herramienta asociada a ImportGenius Lighthouse y las propias webs de Port de Barcelona y Valencia Port. Esas fuentes de información sugieren que el tránsito de material armamentístico con destino a Israel por los puertos españoles es norma y no excepción, no solo por Algeciras, sino también por Valencia y Barcelona.

Según Port de Barcelona, el carguero ZIM Eagle ha hecho escala allí cuatro veces en el último año, la última el 6 de agosto. Tres días antes, descargó en Valencia más de 47 toneladas de “casquillos de cartuchos vacíos” procedentes de Nueva York, según ImportGenius y la web del puerto de Valencia. Por “casquillo de cartucho”, la compañía exportadora, Island Ordnance Systems, entiende desde municiones de calibre 5,56 mm hasta de 106 mm, según su catálogo. Se trata de un ejemplo de lo que pueden cargar esos barcos en esa línea regular.

La escala anterior en Barcelona, el 2 de julio, sí llevaba productos militares a Israel: el ZIM Eagle partió de Nueva York el 6 de mayo con 16 envíos contratados por “agentes del GOI/MOD”, un más que probable indicativo de “Government of Israel/Ministry of Defense”, a través de la compañía Interglobal Forwarding Services (IFS). Ese navío llevaba más de 263 toneladas de “placas de blindaje de acero” en cinco envíos y otras 231 toneladas en once envíos de productos sin identificar, todo adquirido por esos mismos agentes, embarcado en Nueva York y con destino inequívoco al puerto israelí de Ashdod tras hacer escala en Valencia y Barcelona.

Por la sensibilidad de esas transferencias y a quién o qué involucran, cabe atribuir la falta de identificación más a una intención deliberada que al error o la indiferencia. 

El barco ZIM Asia ha hecho escala en Barcelona y Valencia 11 veces en el último año. En al menos tres de esas ocasiones llevaba material embarcado en Nueva York con destino a Haifa o Ashdod encargado por “GOI/MOD”. En el del 4 de enero eran siete envíos: uno en blanco y seis con ambulancias Mercedes Sprinter. El del 5 de marzo también llevó esas ambulancias, además de seis envíos de camiones Kenworth y diez de placas de blindaje de acero. Y en el del 29 de abril fueron 42 envíos: 15 de camiones Kenworth, tres de botas y 24 sin especificar el contenido, en blanco. Los tres movimientos partieron de Nueva York entre 18 y 20 días antes.

Kenworth no fabrica camiones militares como hace décadas, pero los que produce pueden tener aplicaciones militares, y cabe notar que parece ser el Ministerio de Defensa quien los adquiere. Con todo, para el traslado de equipamiento pesado, tanques y otros vehículos Israel suele recurrir a los camiones militares HEMTT, de la estadounidense Oshkosh Defense. Según ImportGenius, las transferencias marítimas a Israel de esos vehículos HEMTT en los últimos meses no han atracado en Valencia o Barcelona, pero sí lo han hecho en Algeciras en varias ocasiones.

El ZIM China ha atracado en Barcelona y Valencia 10 veces en el último año. En dos ocasiones (diciembre y abril), con 27 envíos gestionados por “GOI/MOD”. En abril, diez de esos envíos consistían en camiones Kenworth y otros tres estaban sin especificar, en blanco. En julio y septiembre de 2024 el ZIM China transportó 38 envíos de la categoría 8710 (“tanques y otros vehículos blindados de combate” y sus partes), incluyendo vehículos Namer (“el blindado en que confía Israel para entrar en Gaza”, titulaba La Vanguardia) y Oshkosh o sus partes. No consta que pasaran por Valencia o Barcelona excepto a su regreso, en octubre. Sin embargo, según ImportGenius, barcos que cargaban los Namer o sus partes también hicieron escala en Algeciras en varias ocasiones el último año. El Namer ha sido muy utilizado en la Franja de Gaza en ese tiempo.

El carguero ZIM Virginia, con pabellón de Israel –los tres barcos mencionados antes lo tienen de Liberia–, ha hecho escala en Valencia y Barcelona en 12 ocasiones en el último año. El 15 de septiembre de 2024 pasó por Valencia (el día anterior, por Barcelona) con tres envíos de vehículos militares FMTV (Family of Medium Tactical Vehicles) cargados en Savannah el 13 de agosto. Se especifican un total de nueve unidades que suman casi 120 toneladas, gestionadas por “GOI/MOD”, con destino a Haifa. Ese mismo barco también hizo escala en Valencia el 27 de octubre de 2023, el 26 de diciembre y el 21 de abril con envíos para “GOI/MOD” con destino a Israel.

El portacontenedores Navios Indigo, con bandera de las Islas Marshall, ha sido asiduo en el comercio de armas en 2022 y 2023, como señalamos en junio. En el último año, ha hecho escala siete veces en Barcelona y Valencia. El 17 de abril cargó en Nueva York más de 306 toneladas en camiones Kenworth y partes de vehículos en once envíos, además de otras 118 toneladas en barras de acero y más de 39 toneladas de otros productos sin especificar, con la descripción en blanco. Todo fue gestionado por los “agentes del GOI/MOD” a través de Interglobal Forwarding Services y todo tenía como destino los puertos israelíes de Haifa o Ashdod, tras hacer escala en Valencia y Barcelona. El Navios Indigo también atracó en esos puertos el 10 de noviembre, el 16 de enero y el 9 de marzo, en los tres casos portando envíos “GOI/MOD” con destino a Israel.

El viaje de regreso

También es de interés lo que transportan esos mismos barcos en la dirección contraria: desde Israel hasta EEUU, pasando por puertos españoles. Según el portal de suscripción Lighthouse de ImportGenius, en lo relacionado con armas y municiones se trata de “cartuchos para armas, proyectiles inertes o cartuchos para armas pequeñas”.

El 15 de septiembre el ZIM China descargó en Savannah, procedentes de Haifa, 73 toneladas de esos cartuchos; el 11 de mayo lo hizo el ZIM Eagle (más de 38 toneladas); el 16 de abril el ZIM Asia (más de 133 toneladas); el 24 de febrero el Navios Indigo (más de 19 toneladas); y los 28 de enero y 30 de noviembre el ZIM Atlantic (un total de 109 toneladas). Esos barcos pertenecían a la línea regular ZIM Container Atlantic y el cargo provenía de Haifa para ser descargado en Savannah tras hacer escala en Valencia y Barcelona.

En todos los casos la compañía exportadora desde Israel fue IMI Systems, perteneciente al gigante armamentístico israelí Elbit Systems. Cabe mencionar que, por “cartuchos”, esta empresa considera desde municiones para armas pequeñas hasta las que utilizan los tanques.

¿Qué sentido tiene y qué controversia despierta el comercio de municiones desde Israel hacia EEUU en relación con el contexto actual? Esas transferencias pueden tener diversas explicaciones. Entre otras, puede tratarse de movimientos entre stocks internos de Elbit Systems (tiene fábricas importantes en EEUU), devoluciones de municiones exportadas con anterioridad desde EEUU o, simplemente, business as usual: el ejército israelí necesita armas y municiones, pero no de todo tipo. Es de esperar que se hayan reducido las exportaciones de aquellos productos que utiliza en Gaza o Líbano, pero también que los negocios de la industria armamentística israelí continúen como solían – o incluso hayan aumentado – con el resto de su extenso catálogo.

Recordemos que las exportaciones armamentísticas son un asunto de Estado para Israel y que permiten abaratar y hacer viable la ocupación de Palestina y las operaciones militares en la forma en las que las conocemos. Para ello, y también para abastecerse militarmente, utiliza las mismas líneas regulares que sirven para llevar todo tipo de productos, incluyendo vehículos de turismo, frutas o pipas de girasol. Se trata de un ejemplo más de la normalización que durante décadas ha convertido en cotidiano lo que muchísimas personas consideramos como inaceptable.

En el caso de las exportaciones hacia Israel no ha sido posible conocer el nombre de las compañías involucradas. Figura, en casi todos los ejemplos expuestos aquí, Interglobal Forwarding Services (IFS), en cuya dirección se menciona “agentes de GOI/MOD”. IFS es una empresa autodeclarada como “especializada en ventas militares extranjeras [estadounidenses] y contratos militares”. Según el informe Fatal Freight, elaborado en 2017 por Sergio Finardi y Peter Danssaert para el International Peace Information Service (IPIS), IFS habría actuado, durante la operación militar israelí Margen Protector en Gaza en 2014, como “un ‘transportista de conveniencia’ en nombre del ‘Ministerio de Defensa del Gobierno de Israel’, de modo que los conocimientos de embarque no indicaban el nombre de la empresa que en realidad enviaba el equipo militar (una práctica común para muchos envíos sensibles)”. Dejar en blanco la descripción de los envíos podría haber complementado esas intenciones.

Estos barcos no han sido los únicos que han pasado por Valencia y Barcelona portando material “GOI/MOD” con destino a Israel. También ha sido este el caso, como parte de la línea regular ZIM Container Atlantic, de los cargueros ZIM Iberia (hizo escala en Valencia el 1 de diciembre, el 31 de enero y el 24 de marzo); el ZIM Monaco (el 24 de noviembre); el Melina (el 21 de enero, 16 de marzo y 14 de mayo) y el ZIM Pacific (el 17 de febrero).

Todas las fechas corresponden a la llegada al puerto de Valencia, pero se trata de la misma línea regular que también conecta EEUU con Israel a través de Barcelona. Sumando todos los barcos mencionados en este artículo con estos mismos agentes “GOI/MOD”, en los 12 meses siguientes al 7 de octubre de 2023 ese material alcanza la friolera de, al menos, 8.618 toneladas que han pasado por Valencia y Barcelona en su tránsito hacia Israel.

Según ImportGenius, esos barcos portaban al menos 295 envíos “GOI/MOD”, incluyendo al menos once relacionados claramente con vehículos militares o sus partes (categoría 8710, en los navíos ZIM Iberia, ZIM Virginia y Melina) y otros 15 con máquinas Caterpillar o sus partes (en el ZIM Iberia). Cabe señalar que KLP, el mayor fondo de pensiones de Noruega, ha vendido su participación de casi 63 millones de euros en Caterpillar debido al riesgo de que se utilicen sus productos para violar los derechos humanos en Gaza y Cisjordania, como ha alertado el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. Los bulldozers de esa empresa, adquiridos y transformados por el ejército israelí, pueden ser tan temidos por la población palestina de Cisjordania como los tanques. Preocupa asimismo que en 96 de los envíos aparezca en blanco la descripción del producto transferido.

Las escalas también son ilegales

Todos estos ejemplos corresponden a los envíos identificados como “GOI/MOD”, pero cabe advertir que otros consignatarios también pueden haber transferido material armamentístico a Israel a través de puertos españoles. La investigación de Progressive International sobre Algeciras también limitó su investigación al “GOI/MOD”.

Sin embargo, ImportGenius también identifica al menos a otro actor al que atribuye envíos de contenido armamentístico: “DSV Air Sea Inc.” Esta referencia coincide, también los logos y las direcciones utilizadas, con la compañía de transporte y logística global DSV, con filiales en Israel y en España y numerosas oficinas. En su web incluye, entre sus servicios, la “logística de defensa”, y destaca su “especialización en programas U.S. FMS (Foreign Military Sales)”.

Según ImportGenius, esta empresa habría gestionado el envío a Israel, desde Nueva York y a través de Algeciras, de helicópteros o sus piezas, sin especificar su carácter civil o militar (en los barcos MAERSK Kensington, que partió de Nueva York el 9 de septiembre de 2024; MAERSK Sentosa el 8 de junio; y MAERSK Denver el 16 de abril); partes de aeronaves, sin aclarar tampoco ese carácter (MAERSK Pittsburgh el 7 de mayo y MAERSK Hartford el 30 de abril); o cartuchos y sus partes (categoría 930630), en numerosos envíos.

DSV tiene numerosos clientes, también en la industria militar, y también trabaja con Elbit Systems, como acredita la abundancia en LinkedIn de perfiles de personal de DSV integrado en esta compañía armamentística.

Recordemos, una vez más, que el artículo 6.3 del Tratado de Comercio de Armas especifica lo siguiente: “Un Estado parte no autorizará ninguna transferencia de armas convencionales comprendidas en el artículo 2, párrafo 1, ni de elementos comprendidos en el artículo 3 o el artículo 4, si en el momento de la autorización tiene conocimiento de que las armas o los elementos podrían utilizarse para cometer genocidio, crímenes de lesa humanidad, infracciones graves de los Convenios de Ginebra de 1949, ataques dirigidos contra bienes de carácter civil o personas civiles protegidas como tales, u otros crímenes de guerra tipificados en los acuerdos internacionales en los que sea parte”.

En el artículo 2, se detalla: “A los efectos del presente Tratado, las actividades de comercio internacional abarcarán la exportación, la importación, el tránsito, el transbordo y el corretaje, denominadas en lo sucesivo ‘transferencias’.”

El Tratado de Comercio de Armas forma parte de la legislación española. En junio, una comisión de investigación de la ONU concluyó que tanto Israel como Hamás eran responsables de múltiples crímenes de guerra cometidos tras el 7 de octubre. Hasta EEUU ha reconocido que es “razonable pensar” que Israel ha violado el derecho internacional en Gaza. La ministra española de Defensa incluso ha calificado la situación allí de “auténtico genocidio” y la Corte Internacional de Justicia de la ONU ha ordenado a Israel “‘tomar todas las medidas’ posibles para ‘prevenir’ un genocidio en Gaza, reconociendo que al menos algunas de las violaciones del derecho internacional denunciadas por Sudáfrica y para las que solicita protección son plausibles”.

El ministro Albares aseguró, en relación con la denegación de atraque del carguero Marianne Danica en mayo: “Es la primera vez que lo hacemos porque es la primera vez que detectamos que un barco que lleva armas a Israel quiere hacer escala en un puerto español”.

De resultar creíble la información de los portales de comercio internacional –y nada invita a cuestionarla–, así como su interpretación en la línea que sugiere este escrito, se confirmaría que el tránsito por España es la norma y no la excepción. Hoy conocemos una parte de lo que sucede en Algeciras, Valencia o Barcelona, pero es posible que lleguen otras evidencias, también de otros puertos, desde Las Palmas a Cartagena y, sobre todo, de ese pozo sin fondo ni transparencia que parece ser Rota.

Este miércoles 5 de junio estaba prevista la llegada de un barco a un puerto español, sospechoso de cargar armas con destino a Israel. Recordarán el caso del Borkum, que hizo escala en Las Palmas y renunció a atracar en Cartagena el 16 de mayo. La misma fuente que filtró que el Borkum llevaba municiones y acertó (entre más de 250.000 barcos en activo en aquellos momentos) también ha acertado al señalar que el segundo carguero, el Vertom Odette, lleva explosivos de la clase 1.1, según la web del puerto de Cartagena.

El origen y destino de los dos barcos ha sido el mismo, los puertos de Chennai (India) y Koper (Eslovenia) y, según indicaba el lunes por la noche el puerto de Cartagena, los dos habían sido asignados a un mismo muelle, el E026 dique SO, en paralelo, uno junto al otro, babor contra estribor. El Borkum, de regreso; el Vertom Odette, de entrada en el Mediterráneo. Sin embargo, unas horas después, el martes por la mañana, cuando se encontraba en el estrecho de Gibraltar, el Vertom Odette canceló su escala en Cartagena y la cambió, según VesselFinder, por otra en Bar, en Montenegro.

Se estará preguntando quien lea estas líneas, probablemente de manera retórica, si la fuente acertó al identificar a Israel como destino final. El propósito de este escrito es proporcionar nueva información que debería ocupar y preocupar a quienes no se muestren indiferentes, complacientes u orgullosos con que se utilicen los puertos españoles o europeos como tránsito para llevar armas a un país como Israel en un momento como este. 

El caso del Borkum

El caso del Borkum no debería estar cerrado, por mucho que se hayan apresurado a intentarlo en los medios de comunicación o la política. Por ejemplo, la Cadena SER de Murcia tituló: “Llega a su destino en Eslovenia y no a Israel, como denunciaron Sumar y Podemos”; el grupo Vocento: “El GPS desmiente a Podemos: el 'Borkum' y sus armas llegan a su verdadero puerto”.

Creo que nadie ha dicho nunca que el Borkum tuviera a Israel como destino, al menos no la RESCOP (Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina) en su alerta original. Lo que se temía es que su contenido llegara a Israel, con independencia del medio de transporte utilizado desde Koper y las escalas en ese periplo. 

La delegada del Gobierno en la Región de Murcia afirmó en su momento que el Borkum “viene de Las Palmas, va a venir a Cartagena, va a dejar unos doce contenedores de mercancía que van destino a Granada, y el resto de la mercancía va a la República Checa, que es su destino final y único”, añadiendo que “la mercancía es para su defensa y que esa es su única finalidad”. “No hay noticia y no hay polémica”, concluyó. El Borkum fondeó en aguas de Cartagena, pero no atracó en el puerto de Escombreras. Por tanto, no descargó los 12 contenedores para la Fábrica de Municiones de Granada.

“La suspensión del atraque del buque a nosotros nos supone que no entre un material necesario para nuestra fabricación, cuyo destino final es Ucrania”, señaló el director de esa empresa, que estimó las consecuencias directas en dos semanas de retraso de producción y treinta puestos de trabajo perdidos. Sin embargo, nadie había suspendido el atraque y nada impedía al barco cumplir con su compromiso de entrega de la mercancía.

En palabras del portal de noticias Ports Europe, “si la documentación era correcta, ¿por qué no paró el barco, como estaba planeado, en Cartagena?”. Cabe esperar que un incumplimiento voluntario y unas consecuencias tan significativas acarreen multas o compensaciones, sean para el barco o para las empresas comercializadoras. Así sucede en general en los acuerdos comerciales. La primera pregunta es qué tipo de riesgo justificaba esos costes adicionales. La segunda es dónde se destinará ese material. Según declararon fuentes gubernamentales a Granada Hoy en su momento, se desconocía qué iba a suceder con esa carga no entregada: “tendrá que ser el armador con su cliente el que determine qué hacer con mercancía. Esto entra en las relaciones entre empresa y cliente”. 

El cliente

¿Quién es el cliente? La Fábrica de Municiones de Granada es propiedad del eslovaco MSM Group que, a su vez, pertenece al holding internacional Czechoslovak Group (CSG), dirigido por la familia Strnad, con fuertes vínculos con el gobierno checo. Según Forbes, Jaroslav Strnad, el fundador y líder (ahora es su hijo quien dirige la compañía), fue “uno de los principales donantes de la campaña de reelección del presidente Zeman en 2018. Zeman ha demostrado ser una voz eficaz para la causa de CSG, criticando los controles de las exportaciones de armas de su propio país”.

Según esa misma fuente, tras años de anonimato, Jaroslav Strnad fue ampliamente conocido porque su empresa (entonces llamada Excalibur) vendió a la israelí Elbit armas que llegaron inmediatamente a Azerbaiyán, que tenía en vigor un embargo de la OSCE, de la que la República Checa es miembro e Israel no lo es. Las conexiones de CSG con IMI Systems y Elbit Systems –las mismas empresas a las que se atribuía el encargo de lo que contenían el Borkum y el Vertom Odette– están más que probadas.

También lo están las del Gobierno checo: según el medio checo Denik Referendum, cuando Amnistía Internacional cuestionó en su informe la exportación de armas de la República Checa a Israel, Ondřej Kolář, miembro de la coalición gubernamental SPOLU, respondió diciendo: “La exportación de armas a Israel es correcta, estoy orgulloso de ello y si pudiera conducirla hasta allí, tomaría una furgoneta y la arrojaría justo delante de sus narices, como en Ucrania”.

El Borkum tuvo desactivado su Sistema de Identificación Automático al menos 6 días, algo “inusual”, según Ports Europe

La ruta y 6 días con el sistema de identificación desactivado

El Borkum atracó en Koper el 23 de mayo, descargó y partió hacia Venecia al día siguiente. Tanto en Eslovenia como, sobre todo, en Italia, las protestas sociales y las solicitudes de inspección por parte de grupos políticos fueron importantes, lo que no fue óbice para que, en contra de lo que hizo en Cartagena, el carguero atracara sin problemas. Según el grupo Corriere della Sera, el Borkum llevaba a su entrada en el puerto italiano doce contenedores con trinitrotolueno (TNT) y la razón del atraque en Venecia sería, según la autoridad portuaria, “recibir un cargamento de tubos de acero con destino a Kuwait e Irak”.

Una diputada italiana pidió explicaciones al Gobierno italiano y la respuesta de los controles de prefectura fue que no era material de guerra. La Fábrica de Municiones de Granada hablaba de municiones para Ucrania, y el TNT es un compuesto químico explosivo que se utiliza en los proyectiles de artillería. Si se trata del mismo cargo, alguien no está siendo riguroso.

La salida del Borkum de Venecia estaba anunciada para el 28 de mayo, pero MarineTraffic la registra el día siguiente. Desde entonces y hasta al menos este martes, durante al menos seis días, el Borkum tiene desactivado su AIS (Sistema de Identificación Automático, en sus siglas en inglés), algo que es “inusual”, según Ports Europe. Tampoco informó de su destino, por lo que las webs de seguimiento marítimo desconocen si se detuvo en algún lugar o qué ruta siguió.

Otro barco, el Marianne Danica, también tuvo su AIS desconectado durante casi una semana, desde que se encontraba en aguas de Grecia camino a Israel hasta que volvió a aparecer, ya de regreso, casi en el Adriático. El puerto de Cartagena ha anunciado, con apenas un día de antelación, la escala del Borkum el 5 de junio para labores de desembarque (se supone que de los doce contenedores pendientes). Tiene una llegada prevista el 11 de junio a las 17 horas al puerto de Mundra, en el estado indio de Gujarat.

Si la embarcación tiene que pasar por España, tras rodear África, y por el Golfo Pérsico, llegará tarde a Mundra, incluso si pasa por India antes de ir a Kuwait. Llegaría a tiempo a través del Canal de Suez, pero no se espera que lo haga. Además, esa opción haría todavía más sospechosa la decisión de no descargar en su momento la mercancía en Cartagena.

El cargamento

El cargo del Borkum ha sido objeto de especulación. En el certificado de destino final entre la República Checa e India aparecían 80.000 unidades de mortero HE (high explosive) de 120 mm y 50.000 unidades de municiones HE de 125 mm. Según el documento de tránsito compartido por el ministro de Transportes, el carguero llevaba 24 contenedores de la clase 1.1D UN 0209 (“cartuchos de trinitrotolueno (TNT)”) y 8 contenedores de la clase 1.1E UN 0006 (cartuchos para armas, con carga explosiva). Ese documento mencionaba “Contenedores: 32 sin confirmar”, pero se desconoce si se refería a los 32 contenedores ya detallados o a otros tantos adicionales. 

Esa carga generó dos debates, los dos de interés: uno, si esos productos se podían reexportar a Israel desde la República Checa y, dos, si el destino era Ucrania y no Israel. En relación con el primero, República Checa ha demostrado ser el país de la UE que, quizá, más ha apoyado lo que ha hecho Israel en la Franja de Gaza, y ganas de exportarle armas no parecen faltarle. Sobre el segundo, el argumento para sostenerlo se centraba en las municiones de 125 mm, dado que no las utilizan los carros de combate que utiliza Israel, sino modelos de la extinta Unión Soviética como los que posee Ucrania.

El razonamiento es legítimo y probable, dado que, según una fuente especializada, la República Checa fue el primer país que firmó un acuerdo con Ucrania para producir municiones de 125mm. También se ha apuntado a una posible transferencia secreta de India a Ucrania. En este caso, la delegada del Gobierno habría fallado a su palabra al asegurar que esas armas se quedarían en la República Checa. Con todo, caben tres comentarios al respecto. 

El primero es que la República Checa podría quedarse con esas municiones. Dispone de esos mismos tanques de calibre 125 mm, como también es el caso, entre muchos otros, de India y otros países de la antigua órbita de influencia soviética, como Polonia, que también compra esas municiones para sus fuerzas armadas y también las fabrica para exportarlas a Ucrania.

El segundo es que Israel, aunque no utiliza ese calibre, sí lo fabrica, tanto en Israel (Elbit Systems) como en India (IMI Systems, a su vez parte de Elbit Systems). Por tanto, la entrega a Israel podría ser coherente con una lógica de devolución de material exportado, con un tratamiento diferencial o especializado en Israel, con una transferencia de productos entre secciones de una misma empresa o con una importación con lógica de exportación a un tercer país, entre otras posibilidades.

Los envíos de armas a Israel tienen probabilidad elevada de usar el territorio español para tránsito

Productos con códigos distintos

Se conoce que India ha autorizado la entrega de armas y municiones a Israel. Lo hizo por ejemplo a la compañía pública Munitions India Ltd (MIL) el 1 de enero y el 18 de abril. Según The Wire, MIL solo produce municiones, pero la autorización de enero habría sido emitida por la Dirección General de Comercio Exterior y no por el Departamento de Producción de Defensa, es decir, como material de doble uso civil-militar, con categorías ambiguas en cuanto a su potencial uso militar.

Una situación similar podría haber sucedido con otra compañía, Premier Explosives Ltd. (PEL), que obtuvo autorizaciones para exportar a Israel el 20 de noviembre y el 1 enero. Advertía The Wire que, en el contexto actual en la Franja de Gaza, existía “toda posibilidad” de que ese material fuera “utilizado por las Fuerzas de Defensa Israelíes para sus fines militares”.  

Con todo, el tercer comentario, el más importante en el asunto que nos ocupa, es que esos productos no son de los que alertaba la filtración original, sino que los códigos son distintos. La fuente advertía de un material distinto que estaría destinado a Israel en un barco que también portaba otro material que nadie había denunciado que estuviera destinado a Israel, porque nadie entre quienes denunciaron tenía conocimiento alguno de esa carga.

Es como si, en una inspección sanitaria en un camión, alguien alerta de la existencia de manzanas envenenadas y la autoridad replica que las peras se encuentran en perfectas condiciones. Con la diferencia de que, en el caso del Borkum, esas peras también pueden llevar tóxicos.

El Vertom Odette

El Vertom Odette fue señalado por la filtración como el segundo de los barcos, tras el Borkum, que portarían armas a Koper haciendo escala en España. La fuente dijo que el carguero llevaría material de la clase 1.1 y así lo ha confirmado el puerto murciano (sin aclarar si se trata de TNT). En este caso, se alertaba de que la escala se realizaría en Las Palmas, Algeciras o Gibraltar, no en Cartagena.

Es poco probable que ese carguero no haya sabido del revuelo generado a raíz de la alerta de la RESCOP, no tanto en relación con el Borkum como con la denegación del atraque para el Marianne Danica. Ese rechazo ha sido noticia en muchísimos más medios de comunicación internacionales que el Borkum, porque no se conoce que haya existido en el pasado una denegación similar.

La reacción ha sido de sorpresa, incluso de enfado. Asombraba que, cargado de explosivos, el Vertom Odette hubiera solicitado hacer escala precisamente en Cartagena, donde existe la posibilidad de ser inspeccionado o, al menos, provocar atención indeseada, aunque tanto el carguero como el Gobierno habrían negado relación alguna con Israel. No es descartable que se tratara de un encuentro intencionado con el Borkum, como así estaba previsto que sucediera. Según el puerto de Cartagena, el Vertom Odette iba a descargar, por lo que quizá atraque allí más adelante. Por cierto, el Marianne Danica también tiene previsto atracar en Cartagena tras descargar armas en Israel y pasar por el puerto montenegrino de Bar. Según MarineTraffic, llegará el día 10 de junio. 

La filtración señaló cinco productos. El primero es el TNT, un producto que portaba el Borkum para descargar en Cartagena (para la Fábrica de Municiones de Granada) y en Koper. Según el documento de tránsito, este último estaba destinado a la República Checa, aunque ese producto no figuraba en el certificado de usuario final entre ese país y la India. Al menos no explícitamente, dado que podrían formar parte de las municiones declaradas, aunque estas ya contenían la carga explosiva, según se indicaba en el documento de tránsito. El Vertom Odette también lleva productos de la clase 1.1, compatible con el TNT.

El segundo producto son los motores de cohetes, que podrían corresponderse con los que llevaría el Marianne Danica, aunque según El País, transportaba 26,8 toneladas y no 20 como indicaba la fuente. De darle credibilidad a la filtración, y existe base para hacerlo, queda por identificar, como mínimo, dónde están los cohetes con carga explosiva, los propulsores para cañón y las sustancias explosivas (distintas al TNT, de la clase 1.3C). Quizá no llegaron a cargarse, quizá se encontraban en el Borkum (es probable que ya nunca lo sepamos), o quizá se encuentran en el Vertom Odette o en cualquier otra nave. Porque, como veremos, pasan muchos barcos por España de camino a Israel.

Son preocupantes las conexiones entre puertos de EEUU conocidos por exportar armas a Israel que pasan solo por España

“Papeles en regla”, como en el tráfico ilegal

Las autoridades españolas, eslovenas e italianas han recurrido a un mismo argumento: los documentos del Borkum estaban “en regla”. Por su lado, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, aseguró, en relación con la denegación de atraque del carguero Marianne Danica, que “es la primera vez” que lo hace “porque es la primera vez que se detecta que un barco que lleva armas a Israel quiere hacer escala en un puerto español”.

Albares no es, en ningún sentido, el capitán Louis Renault, pero su declaración de sorpresa recuerda a la del uniformado en la película Casablanca, cuando ordenó el cierre del Café de Rick con aquel “¡qué escándalo! ¡Aquí se juega!”, mientras recibía sus ganancias en el juego. El propósito de las líneas que siguen no es demostrar que se ha producido tránsito por España de armas con destino a Israel, aunque en algún caso ese paso esté insinuado, sino mostrar la preocupación por la alta probabilidad de que esas escalas de esos barcos se hayan producido.

La coyuntura internacional y la geografía sugieren que los envíos de armas a Israel tienen una probabilidad elevada de utilizar el territorio español para tránsito, tanto si los envíos vienen de EEUU como si lo hacen desde el resto del mundo. Por un lado, EEUU es, de largo, el mayor exportador de armas a Israel, ha sido el país que más ha aumentado sus exportaciones a ese país y, por geografía, la única manera de realizar esas transferencias por barco es atravesando el estrecho de Gibraltar. Excepto si se rodea África y se accede por el mar Rojo, una ruta más larga, cara y peligrosa. Según FluentCargo, existen al menos diez rutas marítimas de carga entre EEUU e Israel y todas atraviesan, obviamente, el estrecho de Gibraltar. Las rutas parten de Nueva York, Savannah, Baltimore, Wilmington, Charleston y Miami. Excepto esta última, las otras cinco coinciden con los puertos de salida de las armas y municiones, según la base de datos Census, de comercio estadounidense. Esas rutas hacen escalas, según FluentCargo, en Italia o Turquía. La excepción es la ruta entre Nueva York y Haifa, cada 1-2 semanas, que es precisamente la ruta más rápida (menos de 23h) e incluye una parada en Algeciras.

Por el otro lado, el transporte marítimo desde el norte de Europa también pasa por el estrecho de Gibraltar y, en relación con las exportaciones de países asiáticos, los ataques en la entrada al mar Rojo han afectado el tráfico a través del canal de Suez. Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), en los dos primeros meses de 2024 el tráfico en esa ruta se ha reducido en un 50% respecto a 2023, mientras que el número de barcos que opta por la alternativa a través del cabo sudafricano de Buena Esperanza se ha incrementado en un 74%. Los cargos con destino al Mediterráneo atraviesan ahora mucho más el estrecho de Gibraltar, aumentando significativamente el tránsito en puertos españoles, sobre todo el transporte de contenedores. Según Puertos del Estado, ese aumento en el primer trimestre de 2024 habría sido del 10,1%, pero en algunos puertos habría sido superior: Barcelona (un incremento del 47,7%), Las Palmas (28,5%), Valencia (18,2%) y Algeciras (6,5%).

El Navios Indigo hizo escala en España y llegó a Israel. No sabemos qué portaba, pero sí que es asiduo en el comercio de armas

Representantes del gobierno, periodistas y tertulianos han esgrimido que el Borkum tenía “los papeles en regla” para justificar la ausencia de inspección del cargamento. Es una obviedad señalar que todos los barcos que trafican clandestinamente tienen sus “papeles en regla”. Uno de los pilares del crimen organizado es su fuerte logística y su capacidad para coartar o incentivar la colaboración de personas trabajadoras o funcionarias. Qué fácil sería combatirlo si los delitos se detectaran en la documentación. Los “papeles en regla” pueden estar falsificados o su contenido puede no ajustarse a lo que portan los contenedores. El tráfico ilegal o irregular afecta a todo tipo de compañías. 

Pongamos un ejemplo significativo. La mercante suiza MSC es la empresa más grande del mundo en su sector. En 2019 uno de sus barcos, el MSC Gayane, paró brevemente en Filadelfia en su camino hacia Rotterdam. Llevaba contenedores con vino y frutos secos, o eso decían los “papeles en regla”, pero los agentes encontraron también 20 toneladas de cocaína valoradas en 1.000 millones de dólares. Se trató de la mayor confiscación en la historia de EEUU. La investigación mostró que más de un tercio de la tripulación, todos empleados de MSC, participaba en el negocio, y también que el crimen organizado habría estado utilizando los barcos de MSC durante más de una década.

Otros barcos de MSC han estado involucrados en tráfico de drogas, según este reportaje. Uno es el MSC Carlotta, donde agentes encontraron aquel año, en el puerto de Newark, en New Jersey, 3.200 libras de cocaína en contenedores con frutos secos y papeles en regla. Más tarde, en abril, agentes peruanos encontraron en el mismo barco 2,4 toneladas de cocaína. Otro es el MSC Desiree, donde se encontró en marzo de 2019, también en Filadelfia, más de media tonelada de cocaína. Parte de la tripulación de esos dos barcos participaron en el negocio. Si se encontró la droga en esos cargueros es porque se realizó una inspección, a partir de chivatazos o los indicios percibidos por los que hacían otros barcos de la misma compañía.

El MSC Desiree cubre en la actualidad la línea regular “Israel Express (EMEN) – MSC” que conecta los puertos de Hamburgo, Rotterdam, Le Havre, Amberes, Damietta (Egipto) y Valencia con los puertos israelíes de Ashdod y Haifa. En ocasiones participan en la ruta otros puertos españoles. Por ejemplo, según la web de ZIM, la compañía mercante israelí, este 1 de junio llegó el MSC Desiree a Haifa, procedente de Ashdod y, antes, de Las Palmas; partió al día siguiente, con destino a Damietta y, posteriormente, el puerto de Valencia. En cuanto al MSC Carlotta, según My Ship Tracking, hizo escala en Valencia el 7 de mayo en su camino hacia Ashdod, donde llegó doce días más tarde tras otra escala en Italia.

Otros barcos participan en la línea Israel Express (EMEN) – MSC, como el MSC Laura (según la web del Puerto de Valencia hizo escala en Valencia el 22 de abril y el 29 de mayo), el MSC Loretta (escalas en Valencia el 18 de abril y el 23 de mayo), o el ZIM Vietnam (escalas en Valencia el 2 de mayo). Nótese que los casos utilizados en este párrafo y los que siguen corresponden apenas al último mes y medio.

De mayor interés es la línea regular “ZIM Container Atlantic”, que hace la ruta: “Alexandria – Mersin - Ashdod – Haifa – Izmir (Aliaga) – Piraeus – Genoa – Barcelona – Valencia – Halifax – New York – Norfolk – Savannah – Valencia – Barcelona – Alexandria”. El interés es múltiple: es una línea regular de ZIM, la compañía israelí; incluye los tres puertos más importantes de exportación de armas y municiones a Israel (Nueva York, Norfolk y Savannah); y utiliza los barcos que cargan armas. Por ejemplo, dos de esos barcos son el ZIM Eagle y el ZIM Asia. Según la web ImportInfo, el 16 de abril llegó al puerto de Savannah el ZIM Eagle, portando municiones. Después, ese barco continuó su ruta hacia Valencia (llegando el 28 de abril), Barcelona (el 29) y Ashdod (el 8 de mayo).

Por su parte, el ZIM Asia llegó el 11 de mayo al mismo puerto de Savannah, también con municiones. En ambos casos el lugar de origen de la mercancía era Haifa y la compañía que realizaba la transferencia IMI Systems. No sabemos si se cargaron armas para su traslado en el viaje de regreso porque solo tenemos el detalle de lo que EEUU importa, no de sus exportaciones. Según el Port de Barcelona, el ZIM Eagle hizo escala allí el 22 de abril (en Valencia lo hizo al día siguiente) y lo hará el 6 de junio, mientras que el ZIM Asia ha hecho escala, además del 29 de abril, el 5 y el 25 de marzo, el 4 y el 29 de enero, el 1 de diciembre y el 6 de noviembre.

Más preocupantes todavía son las conexiones directas entre los puertos de EEUU conocidos por exportar armas a Israel (Savannah, Norfolk y Nueva York) que pasan solamente por España. Por ejemplo, según My Ship Tracking, el carguero portacontenedores Navios Indigo, con bandera de las Islas Marshall, salió de Savannah el 23 de abril procedente de Norfolk y Nueva York, hizo escala en Valencia y Barcelona los 7 y 9 de mayo y llegó a Ashdod el 18 de mayo. No sabemos lo que portaba, pero sí que ese barco es asiduo en el comercio de armas: según un informe de IPIS y la organización belga Vredesactie, el Navios Indigo portó armas al puerto de Amberes en tres ocasiones (diciembre de 2022 y febrero y abril de 2023) totalizando más de 88 toneladas.

Lo mismo ha sucedido con el carguero ZIM Atlantic, que hizo escala en Barcelona el 3 de abril justo antes de arribar a Ashdod cinco días después, según My Ship Tracking. Ese barco llevó 41 toneladas de municiones a Amberes en marzo y abril de 2023, según el informe mencionado. 

Finalmente, existen casos que, sin poder probarse, han sido señalados por transferir armas a Israel previo paso por España. Por ejemplo, el 6 de noviembre de 2023 un grupo activista bloqueó en el puerto de Tacoma (Washington), durante casi doce horas, un barco de la marina de EEUU que argumentaban cargaba armamento con destino a Israel. El barco, el MV Cape Orlando, es parte de la Flota Disponible de Reserva de EEUU que ha sido utilizado tanto en las guerras en Irak como en Afganistán. El 30 de noviembre ese barco estaba en Rota, el 4 de diciembre en Algeciras. Según indicaron las webs Marinetraffic y My Ship Tracking, durante su regreso a Tacoma volvió a hacer escala en Rota el 19 de diciembre.

Una manera adicional de canalizar armas es destinar los cargueros a puertos europeos, pero desembarcar antes (o después) los contenedores para enviarlos hacia otro lugar. Así pasa, según The Telegraph, con las armas para Hezbollah: barcos cargados de armas y otros bienes teóricamente destinados para los puertos de Amberes, Ravenna y Valencia se habrían desviado de su ruta para descargar esos productos en el puerto sirio de Latakia, desde donde serían transportados al sur de Líbano. 

Salvando las distancias, algo similar podría haber sucedido con el Borkum y el Vertom Odette.

La Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina (RESCOP), alertó este martes de que un carguero procedente de Chennai (India), que había parado en Las Palmas de Gran Canaria y tenía prevista otra escala en Cartagena (Murcia) portaba armas, componentes y explosivos que tendrían como destino final el puerto de Ashdod, en Israel, localizado a unos 30 km de la Franja de Gaza. No se trataba de una noticia menor: el artículo 6.3 del Tratado de Comercio de Armas, parte de la legislación española, prohíbe expresamente el tránsito de esos productos con destino a países que puedan estar violando, entre otros, el derecho internacional humanitario. A estas alturas, hasta EEUU, el padrino de Israel, reconoce que es “razonable evaluar” que eso se ha producido. Sin embargo, apenas un puñado de medios de comunicación se interesaron por la noticia. Por el contrario, las declaraciones del Ministerio de Transportes negando la mayor sí han sido objeto de cobertura generalizada. Es sintomático dónde se percibe la noticia. 

El ministro de Transportes, Óscar Puente, dijo en un tuit lo siguiente: “Algunos andan enredando con un barco (Borkum) que hará escala en Cartagena y que, según ellos, lleva armas a Israel. FALSO. El barco ya tocó suelo español en Las Palmas, donde pasó aduana. Su carga se dirige a la República Checa, a donde llegará tras ser descargada en Eslovenia (Koper)”. El ministro compartió en su tuit un documento de autorización de tránsito del Borkum, con la fecha borrada, con un número “IMO 99457153”, con llegada a Las Palmas el 10 de mayo y salida el día 11. Esto parece coincidir con el barco IMO 9457153 (el IMO tiene siete dígitos, no ocho) que, según VesselFinder, llegó a Las Palmas el día 12 de mayo a las 0:12 y salió a las 6:30, tras poco más de seis horas en el puerto canario.

Ese documento muestra la autorización para 32 contenedores (el Borkum puede transportar muchos más, hasta 385, según la compañía propietaria, Sunship, aunque las fotos obtenidas muestran que va poco cargado), y confirma que ese barco porta armas y explosivos, concretamente de clase 1.1D UN 0209 (según el documento, “cartuchos de trinitrotolueno (TNT)”) y de clase 1.1E UN 0006 (cartuchos para armas, con carga explosiva). Cabe aclarar que un “cartucho” de 30 mm de calibre puede llegar a pesar más de medio kilo y uno de 120 mm más de 20 kg. Por su lado, la RESCOP había alertado en su comunicado de 20 toneladas de motores de cohetes (código UN 0186), 12,5 toneladas de cohetes con carga explosiva (código 0181), 1.500 kilos de sustancias explosivas (0477) y 740 kilos de propulsores para cañón (0242), todo de la clase 1.3C.

El punto de partida es una filtración “desde dentro”. Alguien con conocimiento de la lógica completa de la transferencia, anteponiendo la integridad moral a la profesional, habría comunicado a personas de su confianza que ese barco lleva armas con destino a Israel y facilitado el documento en el que se exponía a los posibles comerciantes las condiciones requeridas. Ese documento sería previo a la contratación y, por tanto, no está referido ni el barco ni el contratista ni las escalas. Se trata de la demanda del servicio y no de su materialización. Es decir, el operador escogido determinaría, a posteriori, cómo se llevaría a cabo. La fuente ofreció detalles adicionales, manuscritos en el documento filtrado, que incluían, entre otros, los datos del barco, las escalas o el destino final del barco (Koper, en Eslovenia) y de los contenedores con las armas, municiones y explosivos (Ashdod, en Israel).

En realidad, esa fuente no informó de un barco, sino de dos. Según la filtración, otro carguero, el Vertom Odette, de bandera de Luxemburgo y número IMO 9373333, procedente de Chennai y con llegada esperada a Luanda (Angola) este viernes, proseguirá después hacia Las Palmas, volverá a detenerse en algún puerto en el estrecho (Gibraltar o Algeciras) para repostar y también descargará su contenido en Koper. Este segundo barco partió de Hai Phong, en Vietnam, y transporta, siempre según la fuente, material de la clase 1.1, concretamente “TNT” (trinitrotolueno), además de armas, en entre 36 y 45 contenedores. El destino sería el mismo que el del Borkum, para ser transferido después a Ashdod, en Israel. La filtración dejaba anotado un aviso: “el barco paró en Chennai tras Vietnam, posible que cargara contenedores con más ”IMO 1“ [(explosivos)] armas, motores de cohetes, etc.”.

Una misma fuente alertó de dos tránsitos en España de armas con destino a un mismo puerto en Eslovenia y destino final en Israel de material que se cargaba en un mismo lugar, Chennai, advirtiendo de que los cargos podían ser modificados. La presencia de uno de los productos de los que avisaba la fuente, el trinitrotolueno, ha sido confirmada por el ministro de Transportes. Conviene insistir en que la información filtrada no corresponde a la documentación del transporte real, sino a las intenciones que tenían las empresas que querían llevar a cabo la transferencia. El documento exigía confidencialidad, en los siguientes términos: “el uso del nombre IMI Systems (IMI) o Israel (…) no será de ninguna manera publicitado en Internet”. IMI Systems es propiedad de Elbit Systems, la principal empresa israelí, la 24ª del mundo en cuanto a ventas y, probablemente, la más involucrada en lo que hace en la Franja de Gaza el ejército israelí, a quien suministra, entre otros, artillería y drones, que publicita sin tapujos como “probados en combate”.

Según MarineTraffic, en la noche del martes 15 de mayo estaba siguiendo el movimiento de 266.197 barcos en todo el mundo. La fuente filtró a alguien de su confianza que dos de ellos estaban de camino a Israel a través de España y Eslovenia y cargaban armas, municiones y explosivos. Solo ha llegado uno de esos cargueros, y el Gobierno ha confirmado dos de esos tres elementos: va a Eslovenia y porta municiones y explosivos, de la misma categoría que advertía la fuente. El resto de los materiales quizá no llegaron a cargarse, quizá están en ese mismo barco o quizá llegarán en breve en el Vertom Odette o en cualquier otra nave.

De hecho, ha aparecido un tercer carguero, el Marianne Danica, de bandera danesa, con IMO 9006241 y también procedente de Chennai. Según El País, ese barco transporta 26,8 toneladas de material explosivo con destino a Haifa (Israel). Lo curioso es que se encuentra a apenas cinco días de distancia de Cartagena, aproximadamente a la altura del Sáhara Occidental, después de haber hecho escala en Cabo Verde, y tanto MarineTraffic como VesselFinder siguen, en la tarde del jueves, mostrando a ese puerto español como destino. Haifa es el puerto alternativo señalado en el documento filtrado por la fuente como destino de las armas. El Gobierno ha rechazado el permiso de escala a ese buque, y todo apunta a que esta denegación es reciente y es una consecuencia directa de la comunicación de la RESCOP. A medida que van apareciendo documentos y declaraciones, la punta parece mostrar un iceberg cada vez más grande. 

Quedan más elementos de preocupación. El primero está relacionado con el puerto esloveno de Koper; el segundo, con la República Checa. Según el medio israelí Globes, ante las dificultades encontradas, los importadores israelíes han considerado introducir mercancías turcas a través de los puertos eslovenos de Koper o Liubliana.

Así funciona, según el artículo: “Se considera que es fácil trabajar con la aduana de Koper en Eslovenia. Tan pronto como las mercancías llegan a la ciudad eslovena o a cualquier puerto de otro tercer país, se pueden descargar en el muelle, ya sea un contenedor completo o parcial. En esta etapa, se informa a la aduana local que las mercancías no entrarán el país. Se intercambian conocimientos de embarque y las mercancías se recargan en otro barco y desde allí se envían al destino final”.

En cuanto a la República Checa, caben varias observaciones.

En primer lugar, la misma fuente que probó acertar, aun parcialmente, en sus advertencias, dejó claro que los cargueros no van a Israel, sino a Koper, señalando que, desde el puerto esloveno, llegarán a Israel, sin concretar si será directamente o con tránsito en uno o varios países.

En segundo lugar, la República Checa puede reexportar esas armas. Cuando España u otro país de la UE autoriza la exportación de “material de defensa”, solicita al receptor un certificado de destino final, de manera que pueda conocer dónde terminan sus productos. Si el receptor de esas armas decide a posteriori reexportarlas, tiene que pedir autorización a España, el país exportador original. Existen algunas excepciones, pero esta es la idea general que se recoge en la legislación española y europea.

En el caso que nos ocupa, India parece haber pedido una certificación similar a la República Checa. En España, los detalles de esa información son secretos, pero el certificado de la República Checa e India se ha publicado. Ese documento no dice que los productos no serán reexportados, sino que esa operación debe estar autorizada. En tercer lugar, Israel tiene unas relaciones privilegiadas con India en materia armamentística.

Por lo general, las transferencias van en el sentido opuesto, de Israel a India, pero nos encontramos en un contexto de “necesidad” para Israel, como demuestran las peticiones de suministro de municiones que ha realizado con carácter de urgencia. Según el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI), la fuente más prestigiosa en esta materia, el 37% de todo lo que exportó Israel al mundo en el periodo 2019-2023 fue destinado a India, mientras que India no aparece entre los 25 exportadores de armas que lista el SIPRI.

Sin embargo, también produce y vende armas a Israel, incluyendo motores de cohete, uno de los tipos de armamento del que alertaba la fuente. Finalmente, en cuarto lugar, la República Checa es, quizá, el Estado de la UE que más ha demostrado apoyar lo que está haciendo Israel en la Franja de Gaza.

Por un lado, en el apoyo político. Por ejemplo, en la resolución de la Asamblea General de la ONU de 27 de octubre, en la que se pedía una tregua humanitaria, la República Checa fue la única en la UE, junto con Austria, Croacia y Hungría, que votó en contra; en la resolución que pedía un alto el fuego, de 12 de diciembre, solo Austria y la República Checa se opusieron; en la resolución de 10 de mayo, para pedir al Consejo de Seguridad el reconocimiento de Palestina como miembro de pleno derecho de la ONU y la ampliación de derechos mientras tanto, Hungría y la República Checa fueron los únicos países de la UE que votaron en contra.

Por el otro lado, en el apoyo armamentístico: la República Checa no solo no paró sus exportaciones de armas a Israel en octubre, sino que, como sugieren las estadísticas, podría haber aprovechado que otros países así lo hicieron para aumentar sus envíos. Solo considerando la categoría 93 (armas y municiones) de la base de datos de la Secretaría de Estado de Comercio (el “material de defensa” suele tener un volumen económico muy superior al añadir vehículos, aeronaves, barcos, electrónica o componentes ópticos, entre otros), la República Checa fue el tercer país de la UE, tras Eslovaquia y Rumanía, en volumen de exportaciones a Israel. Envió armas y municiones valoradas en 618.630 euros en 2019, en 2020 fueron 363.030, en 2021 469.700, en 2022 313.460 y en 2023 1.778.140. Exportó en octubre, noviembre y diciembre, y, solo en febrero de 2024 (último mes con datos disponibles), se exportaron 795.520 euros, de los que 615.540 correspondieron a la categoría 9306 (“bombas, granadas, torpedos, minas, misiles, cartuchos y demás municiones y proyectiles, y sus partes, incluidas las postas, perdigones y tacos para cartuchos”).

En esa categoría, la República Checa ha exportado más en los cinco meses entre octubre y febrero que en los 57 meses anteriores, entre enero de 2019 y septiembre de 2023. Es esperable que, cuando se publiquen los datos de mayo o junio, aparezcan nuevas exportaciones de la República Checa en las mismas categorías de lo que filtró la fuente (en buena parte, la 9306), pero esos datos no podrán probar si pasaron por España.

Este caso permite sacar algunas conclusiones.

La primera es que parece existir una vía para canalizar armas a Israel desde Chennai, como puerto de origen o de tránsito en el que puede o no realizarse transbordo, esto es, carga o descarga, y que esta vía ha incluido puertos españoles. El Marianne Danica no es un desconocido en el tráfico de armas más controvertido, un informe de Sergio Finardi y Peter Danssaert de 2012 ya señaló a ese carguero en relación con transferencias a Egipto durante la denominada Primavera Árabe. Es como mínimo llamativo que un barco así utilice esa ruta.

La segunda es que, al parecer, esa vía ha sido descubierta tras la alerta de la RESCOP, porque el hecho de que en los buscadores siga figurando Cartagena como el lugar adonde se dirige el Marianne Danica sugiere que la denegación ha sido muy reciente. Será de interés seguirle la pista para ver qué escalas alternativas utiliza.

La tercera conclusión es que Koper como puerto y la República Checa como destino merecen un escrutinio específico. Se han localizado tres barcos en movimiento en apenas tres días sospechosos de llevar armas a Israel a través de una misma ruta. Han pasado 222 días desde el 7 de octubre, y no parece prudente suponer que esta vía acaba de abrirse. Convendría hacer una investigación de los barcos que la han utilizado para conocer la envergadura del problema, que continúa, porque varias de las opciones que pueden identificarse en este texto son susceptibles de ser reproducidas, y aparecerán otras.

Con todo, el asunto en relación con España no está, ni de lejos, cerrado. El Borkum continúa presentando algunos interrogantes.

Por ejemplo, el destino de los “cartuchos de trinitrotolueno” que figuran en el documento de autorización de tránsito compartido por el ministro Puente no ha sido aclarado, y recordemos que era uno de los productos que alertaba la fuente que necesitaba en Israel IMI Systems. El País ha informado de que está previsto que el Borkum desembarque parte de su carga con destino a la Fábrica de Municiones de Granada, propiedad de la firma eslovaca MSM, pero el TNT figura en un documento de tránsito, no de importación.

También está pendiente conocer qué porta el Vertum Odette y si estarán autorizadas sus escalas en España; o conocer si cualquiera de esos barcos porta algo más de lo que se ha informado o de lo que figura en los documentos oficiales; o si la carga que denunciaba la fuente coincide con lo que cargan otros navíos que han pasado o pasarán por España. 

Y ya que estamos, ¿podría el Gobierno garantizar que otros lugares el territorio español no se están utilizando para el tránsito de armas a Israel? Según el diario israelí Haaretz, al menos 40 aviones militares de transporte pesado C-17 y otros 60 aviones 747 de transporte civil alquilados suministraron armas y equipos militares desde las bases en EEUU y Europa a la base de la Fuerza Aérea de Israel de Nevatim, localizada a unos 15 km de la ciudad de Beerseba, en el desierto del Néguev. Esos suministros habrían partido de distintas bases: Dover (EEUU), Ramstein (Alemania), Al-Udeid (Qatar), Alexandroupoli (Grecia), Sigonella (Italia) y Rota, en Cádiz. Los C-17 pueden transportar desde tanques a helicópteros de combate.

Por otro lado, el portal Declassified señala que las armas estadounidenses probablemente también se suministran desde la base militar británica de Akrotiri, en Chipre, procedente de las bases militares estadounidenses en Turquía, Alemania y España. Los 18 y 24 de octubre, por ejemplo, dos gigantescos aviones militares de transporte C-17A Globemaster de la Fuerza Aérea de EEUU volaron de Rota a Akrotiri. Aquí se muestran los detalles del segundo trayecto. Según Declassified, estos vuelos son raros, ya que no pudo encontrar ningún vuelo entre esas bases en los dos meses anteriores al 7 de octubre.

La RESCOP ha alertado de una preocupación mayúscula y compartido una información valiosa, pero el Gobierno ha mirado el dedo y no adonde este señala. Debe evitar proactivamente que un material así llegue, a través de España, a un lugar como Israel en un momento como el actual, revisar lo que haya podido pasar con anterioridad y estar alerta a lo que pueda venir.

El 11 de febrero se conoció por este diario que municiones fabricadas en España valoradas en 987.000 euros habían sido exportadas a Israel en noviembre. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares había dicho el 5 de diciembre en el pleno del Congreso de los Diputados que desde el 7 de octubre no se producían “operaciones de exportación de armas españolas a Israel”. También respondió a Àngels Barceló el 23 de enero en la Cadena SER que “ya se había producido” el embargo de armas por el que le preguntaba la periodista, y en la Comisión de Exteriores del Congreso aseguró que no se había producido ninguna operación de “venta de armamento”. El miércoles pasado insistió en el Congreso en que “no se va a dar ninguna licencia de exportación de armamento”, defendiendo que poco más puede hacer el Gobierno en este sentido. Este texto pretende aportar nueva información para defender que las preocupaciones perduran y que el espacio de mejora es todavía muy grande.

En primer lugar, podemos confirmar que la empresa que exportó las municiones en noviembre fue Nammo Palencia. El director de comunicación de la multinacional ha reconocido esas exportaciones, no en España sino en Noruega. Nammo Palencia no respondió a los medios españoles que le pidieron explicaciones, pero en Noruega se trata de una empresa pública. Nammo es propiedad a partes iguales del gobierno noruego y del grupo finlandés Patria. A su vez, el 49,9% de Patria pertenece a la noruega Kongsberg Gruppen que es en un 50,004% propiedad del Ministerio de Comercio noruego. El medio que recogió esas declaraciones fue Vårt Land.

Nammo confirmó a ese medio noruego que la empresa destinataria de las exportaciones palentinas fue Elbit Systems. Elbit no es una firma más en el enorme complejo industrial-militar israelí, sino su principal empresa, la 24ª del mundo en cuanto a ventas. Según la base de datos DIMSE, de exportaciones israelíes de defensa y seguridad, Elbit ha proporcionado la mayor parte del equipamiento de tierra y de los drones que usa el ejército israelí, unos drones que la compañía publicita sin tapujos como “probados en combate”. Elbit también produce el mortero guiado Iron Sting, que se ha “puesto en funcionamiento en combate” por primera vez en octubre, en la Franja de Gaza. Elbit es también quien proporciona al Ejército de Tierra español el sistema de mortero Cardom (con el que se dispara el Iron Sting, y también probado en combate), además de lanzacohetes, equipos de transmisiones, cámaras térmicas o designadores láser. Precisamente, el Ejército de Tierra formalizó el contrato para el mantenimiento y adquisición de artículos para el Cardom el 14 de noviembre, por 496.000 euros. Elbit fue excluida del Fondo de Pensiones Global de Noruega en 2009 por su “conducta” “en contravención del derecho internacional” y su rol en el muro de separación de Cisjordania y el “régimen de control asociado”. Sin embargo, la reciben con los brazos abiertos en el mercado español.

También sabemos por Vårt Land que la respuesta dada a los medios de comunicación por parte de la Secretaría de Estado de Comercio no fue precisa del todo. La Secretaría dijo que lo que se había enviado era “munición sin explosivo”, pero Nammo ha aclarado que al menos 200 de esos cartuchos eran “normales”, es decir, completos, con su carga explosiva. Esos 200 cartuchos apenas representan el 1,5% del total exportado, según la información proporcionada por la propia compañía, pero no habría estado de más esa aclaración por parte de la Secretaría de Estado de Comercio. No deja de sorprender que, en España como en Noruega, se argumente la ausencia de carga explosiva para justificar la “no letalidad” (así defiende las exportaciones de armas a Israel desde 2001 el ministro Albares). Como si no se pudiera añadir ese explosivo en destino. Como si exportar armas fuera menos controvertido si no se envía con ellas las municiones. En cuanto al otro argumento utilizado, Nammo ha aclarado en Noruega que la finalidad de todos esos cartuchos era para pruebas, como también afirmó la Secretaría de Estado de Comercio. Como si las pruebas no fueran un componente integral de la operacionalización de las armas. Como si Elbit no se hubiera hartado de publicitar que prueba sus productos en la Franja de Gaza.

Nammo Palencia no ha exportado a Israel armas o municiones solamente en noviembre. Lo ha estado haciendo, desde Palencia, cada año desde 2017, totalizando 3,64 millones de euros, según se interpreta de los datos de DataComex. 2023 es el año con un mayor volumen económico de exportaciones, todas en noviembre. Siempre han sido productos de la categoría 9306 (“bombas, granadas, torpedos, minas, misiles, cartuchos y demás municiones y proyectiles, y sus partes, incluidas las postas, perdigones y tacos para cartuchos”). 598.450 euros fueron de la subcategoría 930690 (que excluye los cartuchos), mientras que más de tres millones han correspondido a la subcategoría 930630 (los cartuchos). Hasta noviembre de 2023, todo lo que se había exportado de la categoría 930630 había sido de la subcategoría 93063010 (“para revólveres y pistolas”). Sin embargo, en noviembre, por primera vez en la historia de Nammo Palencia, la empresa exportó a Israel cartuchos “de guerra” (subcategoría 9306303000). No se trata de la primera vez que Nammo Palencia exporta a Israel productos catalogados como “de guerra”, también lo hizo de la categoría 930690 en agosto 2018 y agosto de 2020, pero noviembre sí fue la primera vez que la empresa exportó a Israel cartuchos “de guerra”, tras haber realizado exportaciones de cartuchos en nueve meses distintos de 2017, 2019, 2021, 2022 y 2023.

Ingrid Fiskaa es la portavoz de política exterior de SV, el Partido de la Izquierda Socialista de Noruega, socio presupuestario del gobierno de Jonas Gahr Støre, líder del Partido Laborista. El SV ya fue antes socio de coalición del predecesor de Støre, Jens Stoltenberg, el hoy secretario general de la OTAN. Según Vårt Land, a Fiskaa le ha molestado la noticia sobre los envíos de Nammo Palencia a Israel, y su argumentación parece coherente: “Como propietario de Nammo, el Gobierno debe dar un mensaje claro de que debe cesar el envío de armas a Israel. No importa si la producción se realiza fuera de las fronteras de Noruega: Nammo es responsable de toda la cadena de producción, ya sea que las armas se produzcan en Arizona, Palencia o Raufoss”. Noruega tiene prohibido exportar armas a Israel desde hace veinte años y en el país nórdico echan las culpas a las legislaciones española y estadounidense por las exportaciones a Israel que hacen las filiales de Nammo. Creen que esas legislaciones son muy mejorables, al menos en casos como el de Israel.

La segunda parte de este artículo está dedicada a otra novedad: la exportación de Nammo Palencia de noviembre no ha sido única en España tras el 7 de octubre. Según DataComex, en diciembre de 2023 también se exportaron armas de España a Israel, valoradas en 125.240 euros. En este caso la exportación no se realiza desde Palencia, sino desde la Comunidad de Madrid. Según el mapa interactivo del Centre Delàs, existen al menos 139 empresas militares en esa comunidad, casi la mitad de las que operan en España. Como en noviembre, esa exportación también pertenece a la categoría 9306 (recordemos: “Bombas, granadas, torpedos, minas, misiles, cartuchos y demás municiones y proyectiles, y sus partes, incluidas las postas, perdigones y tacos para cartuchos”). Sin embargo, esta vez no se trata de cartuchos, la totalidad de la exportación pertenece a la subcategoría 93069010: “bombas, granadas, torpedos, minas, misiles y otras municiones y proyectiles, y sus partes (excluidos los cartuchos)”, también “de guerra”. Al realizar la consulta en DataComex, aparece un mensaje junto a la información estadística: “Dicha operación tiene una finalidad de reexportación a un tercer destino, en concreto, a Filipinas, que es su destino final”. Este aviso es, cuando menos, curioso. Por dos razones: la primera es porque ese mensaje no aparece en otros años, cuando los ejemplos de exportación a Israel con una finalidad de reexportación a un tercer país son numerosos. Según los informes oficiales de exportaciones que elabora la Secretaría de Estado de Comercio, en 2021 España exportó armas a Israel con una intención de ser reexportadas a India, Filipinas, EEUU y España (devolución); en 2013, a EEUU, Indonesia y España. Hagan la prueba: si consultan la información para los años mencionados, únicamente aparece la advertencia de diciembre de 2023. Quizá la intención sea la de ahorrar nuevas aclaraciones a los medios. El segundo elemento curioso es que en 2022 se denegaron seis licencias individuales y una licencia global de exportación de material de doble uso a Israel, todas ellas relacionadas con vehículos aéreos no tripulados para reexportar a Filipinas, “debido a la existencia de denegaciones de otros países y riesgo de desvío en uso y destino”.

Según ha confirmado este diario, la exportación de diciembre corresponde a “estabilizadores de bombas de aviación”. Se trataría así de un producto fabricado en España que pasa por Israel para ser transformado o integrado (y por eso no se envía directamente a Filipinas). Desconocemos, de momento, los detalles de la operación, pero sabemos que no se trata esta de la única colaboración entre empresas de Israel y España para suministrar armas al archipiélago asiático. De hecho, la exportación de diciembre bien podría haber correspondido a otro proyecto: la compañía de armas Santa Barbara Sistemas, que forma parte del gigante estadounidense General Dynamics, exportó en la segunda mitad de 2023 vehículos blindados “ligeros” (30 toneladas) para el gobierno de Filipinas. Se fabricaron en la Fábrica de Armas de Trubia, en el conceyo asturiano de Oviedo y se exportaron desde Algeciras, en la otra punta de la península. Esas entregas son parte de un contrato más amplio, de 172 millones de dólares, firmado entre las fuerzas armadas de Filipinas y la empresa israelí Elbit Systems, que es con quien tiene el convenio Santa Bárbara. El modo de adquisición fue un acuerdo de gobierno a gobierno entre Israel y Filipinas, y se llevó a cabo bajo la presidencia de Rodrigo Duterte, quien había declarado en septiembre de 2018 que solo compraría armas a Israel porque, al contrario que EEUU, Rusia o China, no imponía restricciones. El vehículo es una versión adaptada del ASCOD (denominado “Pizarro” en España), que incorpora una torre de mando y control y un cañón de 105 mm. El ASCOD es un producto de Santa Bárbara y la torre y el cañón son de Elbit. El conjunto se denomina “Sabrah” y, según la promoción utilizada, tiene “eficacia probada en combate”. Según Infodefensa, esos vehículos “antes de ir al país insular pasaron por Israel, donde Elbit instaló sus sistemas de armamento”. Según el último informe oficial de exportaciones de la Secretaría de Estado de Comercio, en relación con el primer semestre de 2023, España autorizó exportaciones a Israel por valor de 44,37 millones de euros. La Secretaría de Estado de Comercio confirmó a El País que las licencias correspondían a 18 blindados para reexportar a Filipinas, de los que 17 se enviaron en julio, el último en septiembre y 9 ya habían llegado al país insular en diciembre. Según el informe oficial de exportaciones de 2021 (el año inmediatamente posterior a la firma del contrato de Elbit) España envió a Israel otro “vehículo blindado para reexportación a las FF.AA. de Filipinas”. Este acuerdo entre Elbit y Santa Bárbara es uno entre otros proyectos de colaboración entre empresas de los dos países que han permanecido inalterados a pesar de lo que acontece en la Franja de Gaza. La pregunta es si, fruto de estos acuerdos previos, cabe esperar que en las estadísticas de enero, febrero o en los meses sucesivos sigan apareciendo exportaciones de armas españolas a Israel. El tiempo transcurrido entre una autorización y la materialización de esa exportación puede ser largo, incluso de muchos meses, y las licencias aprobadas antes del 7 de octubre no se han revocado. Se trata de otra medida que podía haber tomado el Gobierno, pero ha preferido no aplicar.

Por su lado, Israel también continúa enviando armas a España. La Secretaría de Estado de Comercio confirmó a elDiario.es que las importaciones desde Israel no se han suspendido (podría hacerlo el Gobierno si quisiera). Según DataComex, en diciembre se importaron desde Israel 5,9 millones de euros de dos categorías. Por un lado, la 930120 (“lanzacohetes, lanzallamas, lanzagranadas, torpedos y otros proyectantes”), por 1,7 millones de euros; por el otro, la 930591 (“partes y accesorios de armas de guerra”), por 4,2 millones. El 15 de diciembre se adjudicó un contrato de más de 576 millones de euros para el suministro a las fuerzas armadas españolas del sistema de lanzacohetes de alta movilidad (SILAM), un proyecto conjunto entre las compañías Escribano Mechanical & Engineering, Rheinmetall Expal Munitions y Elbit Systems. El contrato lo había autorizado el Consejo de Ministros el 10 de octubre y en noviembre ya se sabía quién iba a ser la adjudicataria. El SILAM está basado en otro lanzacohetes, el PULS, de Elbit. Cabe señalar que estas relaciones empresariales tampoco son únicas: la española Escribano probó en septiembre un sistema de protección activa desarrollado con Elbit, con la colaboración de Indra e Instalaza, para integrar el sistema Iron Fist de Elbit sobre la estación remota Guardian 30 de Escribano, con la intención de producir esa tecnología en España y utilizarla en los vehículos del Ejército de Tierra.

Una pregunta adicional que cabe hacerse: con su negación a las exportaciones de armas a Israel, ¿se refería el ministro a un “embargo” o cualquier otra forma de prohibición o restricción oficial, impuesta a través de procesos formales? ¿o se trataba de una mera declaración política de intenciones? De haberse tratado de una prohibición formal, Nammo Palencia podría ser sancionada o incluso ser acusada por el delito potencial de contrabando. No tenemos respuesta a esas preguntas, aunque se ha intentado. El 20 de enero, un investigador del Centre Delàs, el profesor de derecho administrativo de la Universidad Autónoma de Madrid y experto en comercio de armas Eduardo Melero, registró una solicitud de información en base a la Ley 19/2013, “de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno”. Quería saber si alguna autoridad española había “acordado la suspensión temporal de las autorizaciones de exportación de material de defensa con destino a Israel” y, en ese caso, acceder a “una copia de la decisión administrativa adoptada en la que se acuerda la suspensión temporal”. El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa le respondió el 18 de febrero que “no se está solicitando una información pública” y que se trata de una “materia clasificada” en la Ley 9/1968 (¡1968!) sobre Secretos Oficiales, desestimando por tanto la solicitud. El ministro respondió a Àngels Barceló que “se había producido” un embargo. Se preguntaba Melero si, siguiendo esa misma argumentación se podría decir que Albares había revelado secretos de Estado o si todo se trataba de una muestra más de la política de opacidad del Gobierno en esta materia, en concreto de la Secretaría de Estado de Comercio.

Las compañías españolas siguen aprovechando la marca Israel probada en combate para hacer negocios en terceros países; España exportó armas o municiones a Israel cuando el Gobierno aseguró que no lo hacía; e importa armas y adjudica contratos a las mismas empresas israelíes que se lucran con la actuación del ejército israelí en la Franja de Gaza, como solía hacerlo España antes del 7 de octubre, como lo ha hecho durante muchos años de ocupación, represión y operaciones militares contra el conjunto de la población palestina. Contrariamente a lo que sostuvo el ministro, hay mucho que puede y debe mejorar España en relación con sus relaciones armamentísticas con Israel. 

El 23 de enero de 2024 la prestigiosa periodista Àngels Barceló, en la Cadena SER, le preguntó al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares: “¿Por qué no se impulsa un embargo total de armas a Israel?” (minuto 7:08). La pregunta fue clara e inequívoca. El ministro respondió: “Desde luego, es algo que España ha realizado, desde el mismo día 7 de octubre de 2023 no se produce ninguna operación de venta de armamento a Israel”.

Albares representa a un Gobierno progresista que enarbola la bandera de la transparencia. La preocupación a la que se refería Barceló no era menor, y cabe presuponer que Albares quería decir lo que parecía: que España había impuesto un embargo desde aquel fatídico 7 de octubre. Sin embargo, existen indicios que contradicen las declaraciones del ministro y merecen una explicación.

El primero tiene que ver con las exportaciones realizadas. El portal oficial DataComex, de comercio exterior, dice que España sí ha exportado armas a Israel tras ese 7 de octubre. En realidad, se trata de municiones, pero cabe suponer que el ministro no estaba jugando con definiciones conceptuales. A fin de cuentas, lo que mata son las municiones y que se mate es lo que preocupaba a Barceló. Esa base de datos señala (datos provisionales) que, en 2023, España exportó 1,48 millones de euros (35.571 kilos) en bienes de la categoría 93 (“armas y municiones; accesorios”), mientras que importó 4,35 millones de euros (67.456 kilos) de esa misma categoría. La mayor parte de esas exportaciones se realizó en noviembre. Según esa misma base de datos, ese mes se exportaron bienes de la categoría 93 por un valor de 987.000 euros, en su totalidad correspondientes a la subcategoría 9306: “Bombas, granadas, torpedos, minas, misiles, cartuchos y demás municiones y proyectiles, y sus partes, incluidas las postas, perdigones y tacos para cartuchos”, subcategoría 930630: “Los demás cartuchos y sus partes”, subcategoría 93063030, “Los demás”, subcategoría 9306303000: “Para armas de guerra”. Eso no son perdigones. La totalidad de esos 987.000 euros proviene de un mismo lugar: Palencia. Según el mapa interactivo del Centre Delàs, en Palencia existen tres empresas fabricantes de armamento: dos están relacionadas con el grupo empresarial INMAPA, que no fabrica municiones. La otra es Nammo Palencia. 

Nammo es una de las mayores industrias de munición especial y motores de cohetes del mundo. Pertenece en un 50% al Gobierno noruego y otro 50% a la empresa pública finlandesa Patria Oyj. Está presente en varios países incluyendo a España, donde Nammo Palencia adquirió en 2013 de General Dynamics (a su vez, de Santa Bárbara) la antigua Fábrica de Armas en la ciudad palentina tras ocho décadas de historia. Nammo Palencia es uno de los principales proveedores de munición de las Fuerzas Armadas españolas. Uno de los productos estrella de Nammo es el lanzacohetes M72. Nammo Palencia lo presentó con orgullo en la feria de armas de Madrid Homsec, en marzo de 2017. Nammo ha vendido ese lanzacohetes a Israel, al menos su filial en EEUU, llamada Nammo Talley, que le suministró en 2010 más de 5.000. Uno de esos lanzacohetes M72, etiquetado inequívocamente como fabricado por Nammo Talley, apareció en manos de una mujer palestina en la Franja de Gaza en una foto de portada publicada el 22 de septiembre de 2014 en el diario Dagbladet. Trabajaba en una organización local de Khan Younis que contaba con el apoyo de Aldeas Infantiles SOS, Save the Children y UNICEF, y dijo haber escondido el arma que habrían abandonado los soldados israelíes durante la operación Margen Protector en aquel verano como prueba y “recordatorio de quién había destruido lo que yo había ayudado a construir”.

A finales de octubre de 2023 Nammo Talley ha vuelto a enviar a Israel 1.800 lanzacohetes, esta vez del tipo M141, de un pedido de 3000, según informó el medio israelí Haaretz. Noruega no exporta (desde Noruega) armas a Israel, y la compañía argumenta que sus empresas en el extranjero están sometidas a las leyes y restricciones a la exportación aplicadas en los países desde donde operan. Nammo Talley y Nammo Palencia son dos filiales de una misma empresa con unos mismos líderes y políticas. El portal Infodefensa señalaba ese mismo noviembre de 2023 que Nammo Palencia “atraviesa un buen momento” y que “la demanda de munición dispara la facturación”. La noticia señalaba la guerra en Ucrania, pero no sería la primera vez que Nammo Palencia exporta desde España municiones a Israel. Según averiguó Greenpeace, en 2017 se exportó a Israel munición fabricada en Palencia, cabía suponer que por parte de Nammo, por valor de 600.000 euros, en dos envíos: por tierra desde Gipuzkoa y por aire desde Burgos, probablemente a través de la compañía Ukraine Air Alliance. 

Quizá quien lea estas líneas tienda a excusar a Albares argumentando que Nammo Palencia no es una empresa española, sino noruega. Puestos en ese plan, podríamos recortar buena parte de lo que aparece en el catálogo de la industria “española” de defensa. Por ejemplo, Expal (antes Explosivos Alaveses) sería alemana, por haber sido adquirida por Rheinmetal; Santa Bárbara Sistemas es estadounidense, dada su pertenencia al conglomerado General Dynamics; la Fábrica de Municiones de Granada (FMG) es eslovaca (la adquirió MSM de la propia Santa Bárbara); o Telefónica tiene capital saudí. Por otro lado, mucha producción made in Spain contiene componentes extranjeros. Como “española” figura, asimismo, Pap Tecnos, la filial del gigante israelí Rafael, que fabrica los misiles Spike ampliamente utilizados en la Franja de Gaza, y que también están a disposición del Ejército de Tierra español y la Armada.

Al margen de la españolidad de las armas y como aseguran en Nammo, la ley que aplica es la del país exportador. En España, como en otros lugares, esas transferencias deben contar con la autorización del Gobierno. Tras recibir la petición del cliente en el exterior, la industria “española” debe aportar los documentos de control a la Junta Interministerial de Material de Defensa y Doble Uso (JIMDDU) que, tras una deliberación secreta, decidirá si autoriza o no las exportaciones. Una vez se obtiene la autorización, se fabrica el producto y se establece un calendario de exportaciones, en una tanda o en varias. Por eso cabe diferenciar entre “autorizaciones” y “exportaciones”, los dos conceptos que utilizan la Ley 53/2007 y el informe oficial que se publica a posteriori. Por esos informes, sabemos que España apenas deniega exportaciones a Israel: lo ha hecho cinco veces en los últimos 21 años, por 557 autorizaciones, a pesar de que la ley contiene criterios cuya adecuación al caso de Israel resulta profundamente cuestionable, sobre todo en aquellos relacionados con el respeto de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, la existencia de tensiones o conflictos armados, la estabilidad regional y el riesgo de desvío. El reporte oficial de lo que ha autorizado o exportado España a Israel en el segundo semestre de 2023 lo sabremos dentro de unos cuantos meses.

Albares habla de “ventas”, y cabe preguntarse a qué se refiere: ¿quiere decir que España no ha exportado, que no ha autorizado o que no ha hecho ninguna de las dos cosas desde el 7 de octubre de 2023? Aunque la base de datos oficial de Comercio así lo sostenga, incluso en el caso de que pueda estar equivocada caben interpretaciones distintas a las de una “suspensión” o un “embargo”. Una opción es que el calendario de exportaciones no tuviera prevista ninguna entrega desde el 7 de octubre. Otra es que la propia industria haya decidido no materializar esas exportaciones en un momento particularmente delicado, en el que no podrá publicitar su éxito empresarial y, por el contrario, les reportará mala prensa. Una tercera opción es que haya sido el propio Gobierno el que haya aconsejado o pedido a la industria retrasar las exportaciones.

En todo caso, responder “desde luego, es algo que España ha realizado” cuando Àngels Barceló le preguntaba expresamente por un embargo de armas a Israel es, en mi opinión, incorrecto. Un embargo de armas es algo serio, una decisión formal y formalizada, argumentada, una medida con una duración condicionada y un posicionamiento claro. También es cuestionable calificar la “no venta” de España a Israel como una suspensión. Al menos, cabría localizar en qué momento y lugar se ha tomado formalmente esa decisión. No habría sido la primera vez: como consecuencia de la operación militar israelí Margen Protector en Gaza, España decidió “paralizar cautelarmente”, de manera temporal durante el mes de agosto de 2014, las ventas de armas españolas a Israel (concesión de nuevas autorizaciones y suspensión de las ya tramitadas), una decisión (formal) que debía analizarse apenas un mes después y no afectaba a ninguna compraventa anterior a ese agosto.

Aquella decisión ya tuvo su objeción, pero sorprendió la argumentación del entonces ministro, el popular José Manuel García-Margallo, quien calificó la situación, ante la Comisión de Exteriores del Congreso, de “desastre humanitario de una magnitud sin precedentes en el siglo XXI”, afirmando que no era “un incidente aislado”, sino “un hecho recurrente que se repetirá en el tiempo hasta que no se alcance un acuerdo entre Israel y Palestina”. Algunos medios de comunicación internacionales describieron la iniciativa como un “embargo” de armas, incluso en Israel, también otras suspensiones temporales españolas a Egipto y Ucrania, además de Venezuela en lo referente a material policial. Con el diccionario en la mano, el término puede ser correcto, en cuanto a prohibición del comercio decretada por un Gobierno, pero incluso en el caso de que se hubiera prohibido (de lo que ahora no existe constancia alguna) no lo sería en el marco de lo que las relaciones internacionales entienden como un embargo. Por ejemplo, Alemania hizo público el 9 de abril de 2002 que suspendía sus ventas de armas a Israel, pero dejó muy claro que no se trataba de un embargo. La “suspensión” temporal española de 2014 tuvo un precedente no formalizado en la operación Plomo Fundido, entre diciembre de 2008 y enero de 2009. Durante el primer semestre de 2009, España no materializó ninguna exportación, simplemente las pospuso, aunque autorizó, con Gaza todavía humeante, nuevas solicitudes. Sin embargo, en el segundo semestre recuperó terreno y exportó lo que tenía pendiente.

España debe imponer un embargo de armas a Israel. Uno de verdad. Ese embargo debe ser integral: debe cubrir tanto las exportaciones como las importaciones, así como la adquisición de bienes y servicios relacionados con el mantenimiento y la modernización. Israel exporta un modelo, y necesita a España mucho más para vendérselo que para comprarle armas. Por un lado, para abaratar y hacer viables una ocupación y unas operaciones militares que son carísimas. A más producción, menor coste por unidad de producto, pudiendo destinar el exceso a otros mercados (la industria militar israelí exporta tres cuartas partes de lo que produce). Por el otro lado, la exportación del modelo facilita su legitimación y permite, además, que determinadas personas tengan un poder que, sin el problema palestino, no tendrían. El Ejército de Tierra o la Armada utilizan armas israelíes publicitadas con orgullo como probadas en combate (en Gaza), como el misil Spike o el mortero Cardom.

La adjudicación de contratos públicos españoles a empresas de seguridad y defensa israelíes o sus filiales en España desde del 7 octubre de 2023 ha continuado como solía, y los ejemplos son cuantiosos y variados, como puede comprobarse en la Plataforma de Contratación del Sector Público. Ahí figura, por ejemplo, la adjudicación de 15 de diciembre de 2023 para el suministro del sistema lanzacohetes de alta movilidad (SILAM), un contrato de más de 576 millones de euros para un proyecto conjunto entre Elbit Systems y las compañías españolas Escribano y Expal; la adjudicación de 22 de noviembre a PAP Tecnos para el suministro de 168 sistemas de misiles contra carro Spike LR2, por 237 millones de euros; la adjudicación de 28 de noviembre del mantenimiento y adquisición de los repuestos de los sistemas de radioenlace, por 3,7 millones de euros, a ELBIT Systems C4I&Cyber Solutions; la adjudicación de 23 de noviembre a PAP Tecnos para el servicio de apoyo al mantenimiento integral de la torre RCWS Mini Samson de dotación del Ejército de Tierra, por 82.644 euros; la adjudicación de 22 de noviembre a Netline Communications Technologies para la adquisición de bienes complementarios de los sistemas inhibidores de frecuencia vehiculares de las Fuerzas Armadas, por más de 1,4 millones de euros; o el mantenimiento y adquisición de artículos de clase IX del mortero embarcado Cardom a Elbit Systems por 496.000 euros. Este último contrato fue adjudicado el 5 de octubre, pero fue formalizado el 14 de noviembre, como si nada hubiese ocurrido en ese intervalo de tiempo. Además, el 13 de diciembre se adjudicó y formalizó otro contrato a Elbit por el mismo concepto. Todos los datos son sin impuestos y, según sugiere la motivación esgrimida en las adjudicaciones, sin escrúpulos.

Los indicios apuntan a que España no ha formalizado ninguna prohibición para exportar armas a Israel, que tampoco ha impedido todas las transferencias en la práctica y que la tragedia en Gaza no ha sido óbice para seguir adquiriendo los mismos productos y servicios con los que se materializa aquella barbarie. Si esto no es así, merecemos una aclaración. Si las cosas son como parecen, cabe una rectificación. Por pedir, que sea en la forma de un embargo de armas. De los de verdad.

Es un error. La urgencia es parar la guerra, no alimentarla. No se trata aquí de cuestionar el derecho de las personas agredidas a defenderse, sino de señalar que existen alternativas a las tres opciones que se han puesto hasta ahora sobre la mesa: la escalada (con más armas y más guerra), la imposición de sanciones cuyo objetivo declarado es el de asfixiar la economía de Rusia (que es también la economía de su población y tiene también implicaciones en otras gentes) o la rendición declarada del gobierno ucraniano. Ni Putin ni Zelenski ni la OTAN pueden permitirse derrotas públicas ante sus audiencias, y por ello cabe cambiar radicalmente el marco de la respuesta y priorizar espacios de diálogo. La invasión rusa no tiene justificación alguna y merece la máxima condena, pero no conviene olvidar que una parte de los argumentos esgrimidos en los últimos meses, también los de Moscú, merecen atención, debate y negociación, sobre todo aquellos que giran en torno a la arquitectura de seguridad en una Europa en la que también se encuentra Rusia.

Con todo, el propósito de estas líneas está relacionado con la comparecencia este miércoles de Pedro Sánchez en el Congreso, en la que ha comprometido el envío de “material militar ofensivo” que se sumará a la partida española del fondo europeo de ayuda a la paz, a través del cual la Unión Europea ha decidido canalizar a Ucrania 500 millones de euros. Enviar armas como ayuda a la paz, una contradicción tan mayúscula como irresponsable. El rechazo a esta iniciativa está fundamentado en razonamientos morales y pragmáticos. Sin embargo, quienes la apoyan podrían hacerse las dos preguntas que se sugieren en este artículo. La primera tiene que ver con si son armas lo que necesita Ucrania. La segunda, con las consecuencias en el medio o largo plazo, también allende sus fronteras.

Ucrania produce armas, muchas. También las exporta, en grandes cantidades. Según el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI, en su acrónimo en inglés), entre 2016 y 2020 ocupó la décimosegunda posición en el ranking de mayores exportadoras del mundo (en 2012, antes de las guerras, fue la cuarta). En 2019 destacaron las transferencias a Arabia Saudí para que Riad hiciera la guerra en Yemen. Nótese que en ese periodo, 2016-2020, Ucrania sufría un conflicto armado, pero aun así le sobraban armas. Cabe además combinar este dato que sitúa a Kiev como gran exportadora con otro cuanto menos sorprendente: si bien la principal destinataria de las armas ucranianas en ese periodo fue la misma China que ahora le da la espalda (receptora del 38% del total), la segunda fue, precisamente, Rusia (allí llegó el 20%). Esas armas se exportaron con la aprobación del gobierno ucraniano, fueron transferencias legales (del tráfico ilegal nos ocupamos más abajo). Fueron armas comprometidas con Rusia con anterioridad a 2014, pero que ni guerras ni anexiones impidieron. Es este un buen ejemplo de cómo los negocios pueden anteponerse al sufrimiento de tu propia gente.

Ukroboronprom es la mayor industria de armas ucraniana. Ocupa el lugar 77 entre las cien mayores empresas de armas del mundo, en un ranking en el que la mayoría de las compañías son de EEUU, China y Rusia. Como ejemplo comparativo, la primera española, Navantia, es la 84. Esta empresa ucraniana emplea a cerca de 80.000 personas para producir, entre otros, sistemas de armas, carros blindados, municiones y explosivos, y tiene 34 filiales. Solo Ukroboronprom vendió armas por un valor de 1.320 millones de dólares en 2020, bastante más del doble de lo que puede recibir de la UE. Y Ucrania tiene mucha más industria militar.

La segunda pregunta, más bien una preocupación, tiene relación con el hecho probado de que Ucrania ha sido reconocida como una de las suministradoras de armas ilegales más activas del mundo, también a algunas de las guerras más desastrosas que hemos conocido. Esto incluye transferencias ilegales a Saddam Hussein o a los talibanes, entre muchas otras. El fin de la Unión Soviética dejó volúmenes extraordinarios de armas en Ucrania por su relevancia estratégica y su proximidad geográfica a los miembros de la OTAN. La fuerte disponibilidad de armas a precio de saldo, la corrupción del sector de Defensa y el oportunismo de los negocios, por sucios que sean, facilitaron que buena parte de los traficantes de armas del mundo hayan portado pasaporte ucraniano o hayan utilizado las facilidades o los arsenales en ese país. A modo de ejemplo, otro informe del SIPRI señaló en 2009 que Ukrainian Cargo Airways, propiedad del Ministerio de Defensa ucraniano, habría estado involucrada “en entregas de armas desestabilizadoras a fuerzas armadas parte de los conflictos en la República Democrática del Congo y Angola”.

El párrafo anterior tiene que ver con las garantías que Ucrania puede ofrecer, tras la desestabilización que produce la guerra, de que el “material militar ofensivo” enviado no terminará matando personas en otros conflictos armados. Estas garantías las solicita la legislación española sobre exportaciones de armas, que está a su vez basada en la Posición Común que obliga a todos los miembros de la UE (y que tampoco recomienda esas transferencias a contextos bélicos o con potencial desestabilizador regional). La experiencia en otras donaciones nos advierte de la posibilidad de envío de material anticuado o poco atractivo para un país que destaca como productor de armamento, y susceptible de ser reexportado si no se necesita. Esas garantías están por llegar en un lugar con estructuras, contactos y saber hacer en el tráfico de armas.

La mejor expresión de solidaridad con la población ucraniana es parar la guerra. Parafraseando al agresor, desputinizándola y desotanizándola. Pero forzándoles a reconducir sus diferencias en una mesa de negociación desprovista de “material militar ofensivo”.

La Moncloa comunicó este martes 15 de octubre que “condena” la intervención militar de Turquía en Siria y que denegará nuevas licencias de exportación de material de Defensa “susceptible de ser utilizado” en esta operación. Cabe aplaudir la condena a una iniciativa que está produciendo un enorme sufrimiento, pero también conviene preguntarse por las motivaciones, por el efecto real de las denegaciones y por el impacto que la colaboración militar con Turquía ha podido tener en la ofensiva actual. Siguen tres claves que pueden facilitar las respuestas.

En primer lugar, una aprobación de nuevas licencias es, sencillamente, ilegal. Las exportaciones a Turquía violan de manera flagrante al menos cuatro de los ocho criterios contenidos tanto en la posición común de la UE como en la propia legislación española. Estos criterios están relacionados con el respeto de los derechos humanos, la situación de conflicto armado, la estabilidad regional o la observancia del derecho internacional humanitario. No hay manera de determinar a priori si un arma, equipo, material militar o munición española será o no utilizada en Siria o si servirá para violar cualquiera de los criterios mencionados. Pero tampoco existe forma alguna de negar esa posibilidad, en particular en el contexto actual. Una vez exportado, Madrid no tiene modo alguno de evitar un uso específico de ese material. Por otro lado, si bien la ofensiva que provoca el embargo es nueva, Turquía lleva mucho tiempo inmersa en varios conflictos armados. Además de su participación en Siria –en donde lleva tiempo combatiendo– y varias tensiones geopolíticas con distintos países –como Israel o Rusia, por ejemplo–, cabe recordar que el histórico conflicto armado con los kurdos suma más de 40.000 muertos, entre uno y tres millones de desplazados y miles de desaparecidos. Además, en los últimos años la situación de violencia se ha agravado sin que las distintas escaladas hayan tenido reflejo en las prácticas exportadoras española o europea.

En segundo lugar, el comunicado señala “nuevas licencias”, sin afectar a las exportaciones ya acordadas. Entre la aprobación de una licencia y la exportación del producto terminado, o sus componentes, puede pasar mucho tiempo, incluso años, dependiendo del pedido concreto. Un tiempo dedicado a obtener financiación y producir el material. Sin embargo, el espíritu de un embargo es suspender la exportación de armas que puedan ser utilizadas hoy, y no dentro de, digamos, tres años. Otros países europeos que se adelantaron a España, como Finlandia, Noruega, Francia o Alemania, también se refieren a la denegación de nuevas licencias, no a exportaciones ya aprobadas. Con todo, este último país señala que su gobierno ya implementa una política “muy restrictiva” de exportación a Turquía desde 2016, como consecuencia de su ofensiva en la región de Afrin, en el norte de Siria. Por su lado, España no alteró entonces su práctica exportadora. Con todo, cabe preguntarse por unas restricciones que no impidieron que, en 2018, Turquía fuera la destinataria, con 243 millones de euros, de casi un tercio de las exportaciones de armas alemanas. Al menos, los noruegos han señalado que también revisarán todas las licencias ya aprobadas, una medida que les singulariza positivamente entre sus aliados.

En tercer lugar, cabe preguntarse por el impacto producido por las exportaciones ya realizadas. Sorprende la enorme relevancia de Turquía en las exportaciones de armas españolas y europeas. Entre 2014 y 2017, últimos cuatro años completos con datos oficiales disponibles, Turquía fue la quinta mayor importadora de armas españolas, tras Reino Unido, Alemania, Francia y Arabia Saudí, con un total de 798 millones de euros. Sólo en el primer semestre de 2018, España exportó a Turquía 162,5 millones de euros, o el 9,5% de sus exportaciones. En 2015, los países miembros de la UE autorizaron 2.600 millones de euros en exportaciones de armas, algunas de las cuales pueden estar exportándose en la actualidad. Por otro lado, España no solo exporta material de Defensa, sino que también lo produce en suelo turco, sin necesidad, por tanto, de ser “exportado”. Es el caso del buque de asalto anfibio TCG Anadolu para la Armada de Turquía, construido en ese país por un consorcio entre la turca Sedef Shipbuilding y la española Navantia, y basado en el buque Juan Carlos I de la Armada de España. También de los 50 aviones militares CN-235 de la española Construcciones Aeronáuticas S.A., parcialmente fabricados y montados en Turquía por la compañía TAI (Turkish Aerospace Industries). O también de la empresa española de explosivos Maxam, de cuya filial en Turquía, Maxam Anadolu, procedieron las 21 toneladas de cuerda detonante (explosivos) que bien podrían haber tenido como destino intencionado grupos armados no estatales en Siria. Además, España mantiene en Turquía una presencia militar de un máximo autorizado de 150 soldados y una batería de misiles Patriot. Como consecuencia del intenso comercio armamentístico, la colaboración industrial y militar de todo tipo con sus aliados de la OTAN y el acceso privilegiado a estándares, información y saber hacer que proporciona ser miembro de pleno derecho de la Alianza, Turquía ha desarrollado una industria de armas independiente que ya no necesita a sus socios para hacer la guerra. Sólo en 2017, dos compañías turcas, incluidas entre las 70 principales firmas militares del mundo por volumen de ventas, ASELSAN y TAI, incrementaron su total combinado de ventas en un 24% con respecto al año anterior. Según el propio ministro de Asuntos Exteriores turco, Mevlüt Cavusoglu, “hace quince años producíamos sólo el 20% de lo que necesitábamos, hoy producimos el 70% - todo eso [por los embargos] solo nos fortalecerá”.

Cabe insistir en que esa intensa colaboración comercial, industrial y militar ha sucedido mientras Turquía se encontraba en conflicto armado, violaba el derecho humanitario y los derechos más elementales de una parte de su población y formaba parte de un frágil y explosivo rompecabezas geopolítico en Oriente Medio. Es de esperar que el anuncio de Moncloa no tenga efecto alguno en las consecuencias humanitarias de la ofensiva turca, al menos no en el corto plazo. Por el contrario, nadie podrá garantizar que a una parte del sufrimiento producido no contribuyan bienes y servicios made in Spain.