Este martes, El País informaba de que el Instituto Nacional de Estadística ha cerrado un acuerdo con las principales empresas de telefonía móvil del país para llevar a cabo un estudio inédito: trazar la movilidad geográfica de la población española durante ochos días, del 18 al 21 de noviembre, el 24 de noviembre, el 25 de diciembre, el 20 de julio y el 15 de agosto. El objetivo no sería otro que conocer cómo nos desplazamos en esas fechas y así poder ofrecer una información más detalladas a los responsables políticos de cara a la mejora de la infraestructura de transportes.

La reciente sensibilidad que hemos desarrollado por la privacidad, impensable tan sólo hace unos pocos años, hizo que las redes ardieran ante esta información y el ruido se apoderara de la conversación. No quedaba claro cómo se llevaría a cabo el estudio ni a qué información tendría acceso el INE, lo cual llevó a que la AEPD se pronunciase y anunciara que pediría al organismo estadístico detalles sobre los protocolos con los que llevará a cabo el tratamiento de los datos. La preocupación social ante las capacidades tecnológicas que el Estado desarrolla en materia de vigilancia y control sobre la población están plenamente justificadas. No en vano, ha sido gracias a este tipo de polémicas que hoy contamos con avanzadas legislaciones, muy difíciles de hacer cumplir, en materia de protección de datos de carácter personal. Sin el caso SAFARI, por ejemplo, Francia no contaría hoy con la Comisión Nacional de la Informática y las Libertades.

Ahora bien, que el INE utilice datos sobre millones de españoles para saber qué hacemos y cómo nos comportamos no es algo nuevo, de hecho es la razón de ser de un organismo estadístico. El problema está en que no sabemos exactamente qué información van a facilitar las telecos y, por tanto, si el principio de proporcionalidad al que está sujeto el INE por la Ley 12/1980 se cumplirá. Esto no es una cuestión menor, ya que el volumen de información disponible es clave para saber si los datos serán auténticamente anónimos: múltiples estudios han avisado de que una información correctamente anonimizada puede dejar de serlo si se cruza con otras fuentes de información; y eso es algo relativamente sencillo en la época del Big Data.

La polémica se ha centrado demasiado en el papel del INE y eso está haciendo que pase desapercibido el núcleo del problema: las empresas de telecomunicaciones llevan años haciendo negocio con la venta de datos sobre el comportamiento de sus clientes. Por ejemplo, Telefónica a través de su unidad de datos, LUCA, ofrece a las administraciones públicas un servicio de “turismo inteligente” cuyo fin es, precisamente, la venta de datos estadísticos sobre cómo se desplazan por el territorio los turistas, conocer cuál es su perfil socioeconómico, descubrir sus patrones de comportamiento e incluso medir el impacto económico de un evento concreto.

La publicidad ha sido históricamente la industria que mayor interés ha tenido por conocer cuáles son los gustos de la población. A más información, mayor capacidad para acertar mejor con sus mensajes. No es casual, por tanto, que las principales empresas que dominan el sector de Internet hayan basado su modelo de negocio en el desarrollo de una economía de la vigilancia orientada a la extracción de datos sobre el comportamiento de los usuarios. Al fin y al cabo, Google, Facebook y Twitter son empresas que viven de la venta de publicidad, y su ventaja competitiva es que pueden ofrecer a los anunciantes herramientas muy precisas para definir el público de sus anuncios. Sus servicios no son gratuitos para los usuarios, les estamos pagando con nuestros datos.

Ahora que las telecos se han sumado a la economía de la vigilancia cabría preguntarnos qué va a ser de nuestra privacidad. Si ya era preocupante la cantidad de información que almacenan las plataformas digitales sobre nosotros, ¿qué podremos esperar de unas empresas que tienen la capacidad de observar todo nuestro tráfico de datos y voz, y que pueden geolocalizarnos a través de los repetidores de telefonía móvil con mayor precisión que cualquier plataforma digital?

A las clásicas preguntas de carácter ético y político sobre los problemas que implica esta falta de privacidad, cabe añadir una reflexión sobre la justicia económica que esta economía de la vigilancia plantea. Si los usuarios somos los que estamos generando la materia prima que luego transforman en mercancía la industria del seguimiento, ¿no deberíamos ser remunerados en función del valor que estamos aportando? El caso del INE es paradigmático: estamos pagando vía impuestos por unos datos que nosotros mismos generamos.

No es fácil responder a esta pregunta, está en juego el derecho fundamental a la privacidad y quizá deberíamos negarnos a que se siguiese desarrollando este mercado de datos. Lo que es seguro es que el actual enfoque basado en la protección de datos de carácter personal resulta insuficiente y urge plantear la privacidad en el contexto de la economía de la vigilancia: es hora de regular el mercado de datos.