Si cuesta tener casa es porque han venido muchos inmigrantes. Si no tienes más dinero a fin de mes es porque estás financiando la vidorra de los jubilados. Si no te va mejor es porque hay demasiados funcionarios y políticos viviendo del cuento. Nos pasamos el día escuchando este tipo de discursos. Es la agenda de la nueva derecha en todo el planeta, que se va propagando como la pólvora.

Pero es una cortina de humo. La dificultad para construir un futuro digno no tiene que ver con inmigrantes, pensionistas o funcionarios, sino con algo mucho más incómodo: la brecha patrimonial entre los ricos y el resto de la sociedad se ha duplicado en dos décadas.

En 2022 más de la mitad de la riqueza en España estaba en manos del 10% más rico. El 1% controlaba el 22%, mientras que la mitad de la población apenas reunía un 7%. Ese es el verdadero problema de fondo, y quizá va siendo hora de que hablemos de él.

Crecimiento y abundancia, ¿para todos?

En Europa alucinan con el milagro español: su PIB crece bastante más que el de la mayoría de grandes economías de la eurozona, hoy estancadas. Y muchos economistas lo celebran como sinónimo de prosperidad. Sin embargo, buena parte de la población no participa de los frutos de ese crecimiento.

Es innegable que el Gobierno ha subido el salario mínimo. Que, en general, los sueldos han aumentado. Pero cuando se comparan esas mejoras con el encarecimiento de la vivienda, la comida o la luz, la conclusión es clara: el poder adquisitivo de la mayoría no mejora. De hecho, y esta es la clave, gran parte de esas ganancias son absorbidas por los más ricos.

La clave para entender por qué crecen la desigualdad y el malestar está en quién controla los activos esenciales de la economía: vivienda, energía, alimentos, agua o infraestructuras, muchas veces a través de participaciones financieras que refuerzan ese dominio. A través de ellos, una minoría extrae cada vez más riqueza del conjunto de la sociedad. Cada vez que pagamos el alquiler, la hipoteca o la factura de la luz, una parte creciente de nuestro esfuerzo acaba en esos bolsillos. Son ingresos pasivos, que aumentan a un ritmo muy superior al de la economía y que se reinvierten en la compra de más patrimonio, alimentando un círculo vicioso que agranda la desigualdad.

El caso más visible es la vivienda. Desde 2008 hemos asistido a lo que llamo el Gran Acaparamiento. En pocos años, más de 1,3 millones de pisos han pasado al mercado del alquiler. No se trata de nuevas construcciones, sino de casas que familias trabajadoras perdieron o tuvieron que vender y que han acabado sobre todo en manos de patrimonios muy elevados. ¿Qué hacen con esos inmuebles? Los destinan a alquileres cada vez más lucrativos, suben los precios, y para una persona joven o trabajadora que quiere comprar un primer piso se vuelve casi imposible competir con ellos.

De la crisis financiera a la pandemia

Esta concentración creciente de riqueza empeora con cada crisis.

Durante la crisis de 2008, los gobiernos y los bancos centrales inyectaron enormes cantidades de dinero en el sistema financiero, para evitar el colapso. Sin embargo, la mayor parte de esas ayudas acabaron beneficiando a los sectores más ricos. En España, por ejemplo, el número de personas con patrimonios superiores a 30 millones de euros se duplicó entre 2007 y 2013.

Algo parecido ocurrió con la pandemia. Pese a las ayudas directas a familias y pequeñas empresas, los grandes beneficiados fueron de nuevo los grandes accionistas. Mientras las clases populares gastaban lo recibido en sobrevivir —pagando alquileres, hipotecas y facturas—, los más ricos acumularon liquidez, que después invirtieron masivamente en activos esenciales como viviendas, tierras, infraestructuras y empresas energéticas.

Tras cada crisis, la concentración de riqueza es mayor, el coste de la vida más alto y la mayoría social se ve con menos capacidad de construir un futuro digno.

El enemigo conveniente

Ante el empobrecimiento y el malestar crecientes, las grandes fortunas son plenamente conscientes del riesgo de que la población apunte hacia ellas. Por eso no sorprende que algunos de los más ricos, como Elon Musk, hayan girado en los últimos años hacia discursos basados en el rechazo a los inmigrantes.

Es una estrategia clásica: desviar la atención pública creando un enemigo conveniente entre los sectores más vulnerables de la sociedad. Así, las dificultades económicas se atribuyen a la llegada de extranjeros en lugar de al modelo económico extractivo que beneficia a una minoría.

No es inevitable

El drama de hoy no es solo el aumento de la pobreza, sino la pérdida de poder, autonomía y futuro para una parte cada vez mayor de la población, incluida buena parte de quienes aún se perciben como clase media. Pero no es inevitable: la humanidad ya ha corregido antes esta deriva.

Entre los años 40 y 70, después de la Segunda Guerra Mundial, la concentración de riqueza en Europa se redujo drásticamente gracias a impuestos altos a los más ricos, a la recuperación del control público de bienes y servicios esenciales y a políticas que priorizaban la inversión productiva sobre la rentista.

Hoy necesitamos una agenda similar. Thatcher y Reagan llegaron al poder con la promesa de que si a los de arriba les iba bien, a los de abajo también. Pero hace mucho que quedó demostrado que el “trickle down economics” no funciona.

¿Crecimiento? Claro que sí. Pero tiene que crecer la riqueza de la gente trabajadora, que pague menos impuestos y pueda prosperar. Y eso pasa por hacer lo contrario con la acumulación de riqueza improductiva: más impuestos y más regulación para frenar la redistribución hacia arriba. Parece difícil, pero no hay alternativa: o reducimos la desigualdad, o el futuro será cada vez más precario e incierto.

Los diez años de orgía inmobiliaria entre 1997 y 2007 dejaron un reguero de paisajes devastados. En 2011, entre grúas oxidadas y desiertos de hormigón, el Estado registraba 3,4 millones de casas vacías. Desde entonces, ha calado la idea según la cual no hace falta seguir construyendo para solucionar la crisis de la vivienda. “¿Para qué más ladrillo si hay suficientes casas para todo el mundo?”, se pregunta mucha gente. Sin embargo, sucede que la realidad actual de algunas ciudades ya no encaja con esa hipótesis.

Según el último censo, el Ayuntamiento de Barcelona encontró 10.052 pisos vacíos el pasado marzo. Una cifra mucho más baja que la publicada en 2011. Ciertamente, ahora hay que contar con un número muy alto de viviendas que operan como hoteles clandestinos (9.613 con licencias turísticas) o que se destinan a usos comerciales, muy distintos de aquellos para los que fueron planificadas. Y sin duda, es fundamental que la Generalitat tome medidas contundentes para incorporarlas todas al parque de vivienda. También que el Gobierno del Estado regule los precios del alquiler, vinculándolos a los salarios y ahuyentando la especulación. Ahora bien, tenemos que empezar a asumir que ninguna de estas medidas bastará: disculpen la tautología, pero si Barcelona quiere tener un sistema de vivienda público de nivel europeo, tendrá que hacer mucha más vivienda pública. Y si no quiere fomentar la segregación, deberá construir en los pocos espacios céntricos cuyo suelo sigue siendo público.

En ese sentido, hay una zona de la ciudad que se está convirtiendo en objeto de debate, por sus importantes dimensiones: los terrenos municipales que ocupa el recinto ferial de Montjuïc. ¿Deben seguir siendo un recinto cerrado para mega-eventos, o pueden acoger un barrio abierto y diverso con miles de viviendas públicas? Es la pregunta que lanza La Fira o La Vida, plataforma integrada por más de sesenta organizaciones de la sociedad civil. Y no podría ser más pertinente. Dado que la mayoría de las actividades de la Fira de Barcelona se han mudado al nuevo recinto de l’Hospitalet (entre los diez mayores de Europa) y teniendo en cuenta la profundidad de la crisis habitacional, cabe preguntarse cuál es el sentido de seguir regalando 27 hectáreas de suelo público (equivalente a 21 manzanas del Eixample) a intereses privados.

Ojo al dato. Fira de Barcelona le paga al Ayuntamiento un alquiler anual de 25 céntimos por metro cuadrado: el equivalente a una renta de 1,6 euros al mes por un piso céntrico de 80m². Ya quisiera un precio así cualquiera de las familias asfixiadas por los alquileres abusivos, o los miles y miles de personas que no encuentran casa. A cambio, organiza eventos al servicio de sectores privados que no siempre están alineados con el interés general de la ciudad o con la urgencia de hacer frente a retos como la gentrificación, la contaminación del aire o la crisis climática. Y a los que, además, les sobra espacio. Un lujo difícilmente explicable en una ciudad tan necesitada de vivienda pública y tan golpeada por el huracán de la especulación inmobiliaria, que no para de triturar vidas y barrios a su paso. La gravedad de la situación obliga a priorizar.

Las próximas semanas serán cruciales para el futuro de Barcelona. El contrato entre Ayuntamiento y Fira termina el 2025, pero su continuidad más allá de esa fecha se decide ahora. Es urgente abrir un proceso participativo para que la ciudadanía pueda debatir y decidir sobre los terrenos de Montjuïc. Por mero principio democrático. Porque hay mucho en juego.

Jaime Palomera es investigador en vivienda y miembro del Sindicat de Llogateres de Barcelona y David Bravo es arquitecto