Una actuación de los poderes públicos que pretenda simplemente parchear la situación y dar una respuesta meramente formal y aparente no hace sino profundizar en la brecha que ya existe. La desigualdad y discriminación de la mujer no es una anécdota que requiera de meras correcciones, es sistémica, general y estructural. Prueba de ello es que cuando desde el Ministerio de Justicia se encarga a la Comisión General de Codificación el estudio de la regulación de los delitos contra la libertad sexual nos encontramos con que son veinte varones los destinatarios de tal tarea. Ninguna mujer.

Y de nuevo frente a ello se pretende una nueva corrección anecdótica mediante la “invitación” de seis mujeres expertas a “colaborar” con el estudio de forma excepcional.

Las mujeres no somos invitadas de la historia sino protagonistas de la misma y es un deber moral y legal que ocupemos el lugar que nos corresponde. Un organismo asesor del Estado en materia legislativa formado únicamente por hombres y sin ninguna representación femenina carece simplemente de cualquier legitimidad y ninguna tarea debe encomendársele hasta que no se produzcan cambios fundamentales en su organización y estructura que incluyan la presencia igualitaria de hombres y mujeres en todos su órganos de forma permanente.

Frente a ello no caben operaciones de mero maquillaje o invitación a quien tiene derecho a estar allí por méritos propios. Los cambios deben ser profundos y abordarse desde la raíz, pues el problema al que nos enfrentamos está profundamente enraizado en nuestra sociedad.

Es necesario afrontar cambios en la instrucción de los operadores jurídicos que incluyan la igualdad y perspectiva de género como principio básico de nuestra actividad y que deberá estar presente durante toda nuestra trayectoria profesional mediante una formación obligatoria, continua y desde una orientación transversal y multidisciplinar. Es necesario abordar una reforma del Código Penal que regule los delitos contra la libertad sexual con conciencia de su significación patriarcal y acorde con el sentir social, de forma que una violación sea reconocida, legalmente también, como una violación

Y es, por último, fundamental arbitrar medidas eficaces de protección a las víctimas y asumir responsabilidades en este ámbito. La filtración de los datos personales de quien ha sufrido un delito de enorme gravedad y tras él a un duro proceso penal resulta intolerable y nos obliga a analizar qué ha fallado y qué mecanismos deben ser modificados para evitar que esto pueda ocurrir en el futuro. Se trata de una cuestión esencial pues, si no somos capaces de contener los daños que con ocasión del proceso se causa a las víctimas, este deja de tener sentido y ningún orden, bien jurídico o Justicia puede ser restaurada.

Por todo ello, la Asociación de Mujeres de Juezas de España:

1º. Exigimos la composición paritaria de todos los organismos e instituciones, y especialmente aquellos que tienen que ver con las reformas legislativas en nuestro país, de acuerdo con la obligación prevista en los artículos 54 y 16 de la Ley 3/2007 de Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres.

2º. La formación con perspectiva de género transversal y multidisciplinar , obligatoria y continua y debe ser impartida a todos los operadores jurídicos (fuerzas y cuerpos de seguridad, judicatura, fiscalía, abogacía y medicina forense) , especialmente de aquellas personas que se relacionan con delitos de violencia de género y delitos contra la libertad sexual. Y ello en cumplimiento del Convenio de Estambul de 2011, del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y de la resolución de la CEDAW.

3º. Cumplimiento integral del Estatuto de la Víctima, evitando su culpabilización y revictimización, así como respetando el derecho a su intimidad.