Imagínese usted como ciudadano, que al celebrarse unas elecciones, los votos en blanco pudiesen convertirse en escaños vacíos, por ejemplo, en el Congreso de los Diputados. Dada la falta de credibilidad y de confianza de muchos ciudadanos en la clase política y en los partidos, se trataría de que todos aquellos a los que no les gustase ninguna de las formaciones políticas que se presentan a las elecciones, pudiesen así votar en blanco, y ello sirviese para que una parte de los escaños quedasen vacíos y sin adscripción por tanto a ningún grupo político.

Sería conveniente, por otra parte, que en todas las papeletas electorales, además de los candidatos, hubiese una casilla específica y claramente visible para los votos en blanco, y que marcando la misma el ciudadano sabría que su voto podría así ser útil y por supuesto legítimo, y que a su vez estaría de alguna forma deslegitimando al conjunto de la clase política y sus eventuales representantes parlamentarios. Como es sabido, la actual legislación electoral española considera válidos los votos en blanco (a diferencia de los votos nulos), si bien no son computables a efectos de la atribución de escaños, por lo que en buena medida pierden su utilidad positiva, aunque sirvan para dar un voto negativo contra la clase política. 

Sería necesario, por tanto, que se modificase la legislación electoral, y pasasen a ser computables dichos votos en blanco a efectos de la atribución de escaños, de forma que si los votos en blanco alcanzasen un número equivalente a 14 o 15 escaños, por ejemplo, quedasen estos escaños vacíos en el Congreso de los Diputados, lo cual, aparte de visualizar la imagen de la desafección y un cierto castigo de los ciudadanos a la clase política, ahorrarían a la vez al erario público una importante cantidad de dinero, ahorrándonos así los sueldos, complementos, dietas de viaje, etc. de esos diputados, así como el amplio conjunto de asesores, asistentes, y otros gastos que rodean a cada diputado. Paralelamente se podría acordar que ese dinero ahorrado en los escaños parlamentarios, se pudiese destinar a Sanidad, Educación, Investigación científica, etc., lo que podría suponer una mayor utilidad social que pagárselo a los diputados y sus allegados, cuya utilidad y eficiencia está cuestionada por muchos ciudadanos.

Y puestos a generar en esta época veraniega nuevos imaginarios, podríamos también imaginar que en unas elecciones, en lugar de listas electorales cerradas según la legislación actual, los votantes pudiéramos excluir y tachar aquellos nombres que deseásemos en dichas listas (incluso el primero o primeros de las mismas), teniendo así algo más que decir y de participación en las elecciones, y por tanto en la democracia. Sería igualmente necesario en este caso modificar la normativa electoral para incluir esta posibilidad de listas abiertas o al menos desbloqueadas, combatiendo así de alguna manera la enorme partitocracia que hay en este país, ya que estamos a merced de unos partidos políticos en los que se evidencia falta de meritocracia y democracia interna al elegir los integrantes de las listas electorales, así como el orden de los mismos, cuestiones éstas que suelen decidir muy pocas personas dentro de las formaciones políticas.

Las dos anteriores son solo algunas de las numerosas medidas que podrían mejorar la participación efectiva de los ciudadanos en las decisiones y resultados electorales, y esperemos que algún día no muy lejano los políticos se pongan a la altura y al servicio de los ciudadanos, y puedan darles así un mayor grado de participación en la elección de sus representantes, y que no queden por ello estas propuestas como unos simples sueños de una noche de verano.

Sabido es que la Constitución española establece que el rey es quien ostenta la jefatura del Estado, siendo la monarquía el régimen político vigente y la Casa Real el primer baluarte institucional de dicha monarquía. Es por ello que esta institución ha de ser un referente en lo relativo a la transparencia y la apertura informativa a la sociedad y la ciudadanía. En estas líneas hacemos algunas observaciones y propuestas sobre esta transparencia de la Casa Real, poniendo de manifiesto lo que a nuestro juicio son luces y sombras en esta materia.

No vamos a evaluar otros aspectos como la idoneidad o conveniencia de la existencia de dicha Casa Real y por ende de la monarquía, frente a otros regímenes alternativos como pueda ser la república, debate que siempre estará abierto en nuestro país, y que en todo caso tendría un horizonte temporal a largo plazo, dado que estimamos que la sociedad actual tendría serias dudas de que entregar la jefatura del Estado a los políticos y a los partidos que tenemos actualmente en España fuese la solución óptima para representar a nuestro país en las más altas instancias, dada la desafección y el distanciamiento de la ciudadanía respecto a nuestra clase política, sobre la cual recae además una clamorosa falta de credibilidad.

El nivel de transparencia de la Casa Real española se podría calificar en general de aceptable, con un conjunto de aspectos positivos y también con una serie de carencias informativas, y ello en base al grado de información que esta institución ofrece desde su página web, esa ventana abierta permanentemente a la sociedad. 

Hemos de señalar, en primer lugar, que el nivel de transparencia ha aumentado notablemente en los últimos tiempos, ofreciendo ahora bastante más información que hace unos años, si bien propiciada por la existencia de una normativa legal que exige actualmente una buena parte de dicha información. Concretando algo más, podemos destacar la amplia y detallada información publicada en relación con las distintas actividades de la Corona, siendo destacable igualmente la detallada información económica y financiera, tanto en cuanto a las cuentas anuales, como a los presupuestos y a los informes de auditoría (en lo cual se nota la buena labor realizada por la intervención general del Estado). La información sobre los contratos y convenios suscritos por la Casa Real es igualmente detallada e individualizada; también se publican las retribuciones de los miembros de la familia real y los altos cargos que les acompañan. Es valorable igualmente que la web se publique en varios idiomas, tales como: castellano, inglés, catalán, euskera, gallego y valenciano.

Además de las anteriores luces positivas, la apertura informativa adolece a nuestro juicio de algunas carencias que indicamos aquí en clave constructiva y como sugerencias de mejora en esa información a la sociedad.

En cuanto a Información económica, y aunque en la web se publican los presupuestos y las cuentas anuales, por lo que vemos que los gastos de la Casa Real son aparentemente de 8,4 millones de euros, hemos de señalar que el coste real de esta institución supone realmente una cantidad bastante mayor, ya que en dicha cifra no se incluyen otros muchos gastos que tiene la misma, como pueden ser todos aquellos relacionados con la seguridad de la familia real, los vehículos que utilizan en sus traslados, los gastos derivados de instalaciones o residencias utilizadas (aparte del palacio de la Zarzuela), etc., gastos que están incluidos en los presupuestos de otros ministerios o instituciones, y que por tanto no se pueden conocer aquí por los ciudadanos. Es, por tanto, una importante asignatura pendiente que la sociedad pueda conocer el importe real que supone para el erario público esta institución; ello se podría resolver mediante una cuenta satélite o una simple transcripción y publicación ordenada de todas esas partidas en la web de la Casa Real. En relación con lo anterior cabría sugerir igualmente que se pudiesen calcular mediante una sencilla contabilidad analítica y publicar los gastos de cada una de las actividades principales: visitas oficiales, seguridad, protocolo, viajes, etc., y ello más allá, por tanto, de las simples partidas genéricas de las cuentas anuales. 

También sería conveniente, por otra parte, que se publicase una RPT (relación de puestos de trabajo) de la Casa Real, como hacen obligatoriamente miles de instituciones públicas: (ministerios, ayuntamientos, etc.) para poder disponer así de una información detallada de la plantilla completa y efectiva de la Casa Real. A un nivel algo más personal, pensamos se deberían publicar las declaraciones de bienes o patrimoniales de los miembros de la familia real y de los altos cargos y directivos de la propia Casa Real, al igual que han de hacer los altos cargos de las administraciones públicas, parlamentarios, etc.

En referencia a las relaciones con los ciudadanos nos permitimos sugerir, en primer lugar, que se estableciese de forma visible en la web un buzón de opiniones, sugerencias o quejas de los ciudadanos, además de la posibilidad legalmente existente de solicitar información a la Casa Real, la cual está actualmente canalizada solo a través una solicitud a la presidencia del Gobierno, lo que resulta algo incoherente y con algún riesgo de conflicto de intereses. También sería bueno, por otra parte, que hubiese un registro de lobbies, o al menos una relación de las personas o instituciones que visitan o se relacionan con la Casa Real. Y nos permitimos asimismo sugerir que se incluyese en la web un contador visible en tiempo real del número de accesos o visitas a la web, de cara a tener así una idea del grado de interés informativo de los ciudadanos en relación con esta institución.

Vamos a terminar esta serie de sugerencias, con un último tema, algo más delicado, pero que entendemos que es de interés social, y es que se publicase información concreta sobre los gastos que, en su caso, pudiese estar o haber estado originando el rey emérito (como miembro actual de la familia real, según se señala en la propia web) en conceptos de asistencia, seguridad, etc., o bien indicar explícitamente que el gasto es cero (ello siempre será informativo para la ciudadanía).

Los anteriores aspectos sugeridos, o al menos algunos de ellos, creemos que deberían estar recogidos en una nueva norma legal en relación con la transparencia de la Casa Real, para no quedarse así en meras sugerencias realizadas por ciudadanos como el que escribe estas líneas. Esperamos en todo caso que el rey Felipe, que ha demostrado en ocasiones ser un defensor de la transparencia, y del que la mayoría de la población creemos tiene una buena opinión, pueda propiciar un aumento de la apertura informativa de una institución socialmente fundamental como es la Casa Real.

Se han cumplido recientemente 30 años de la desaparición de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), después de sus casi 70 años de existencia. En los días finales de 1991 tuvo lugar la disolución formal de lo que había sido un verdadero imperio político y territorial en el mundo. A pesar de la grandiosa obra política de Gorbachov, tanto a nivel nacional como sobre todo internacional, que propició el final de la Guerra Fría y un verdadero cambio en la Historia, y de la importante hazaña que supuso la perestroika, con su valiente política de Glasnost (transparencia), no pudo evitar ese final de la URSS, debido en buena medida a su talón de Aquiles, que no fue otro que la Economía soviética en ese periodo.

Vamos a hacer referencia en las próximas líneas a esa vertiente económica, a ese agotamiento y fracaso de las políticas económicas soviéticas que vinieron a suponer un importante y decisivo lastre que contribuyó decisivamente a la caída del imperio soviético.

Cabe recordar a este respecto que cuando Gorbachov llegó al poder en 1985 se encontró con el hecho consumado de un Plan Quinquenal que ya no le daba tiempo a cambiar. Los planes quinquenales eran el eje fundamental de la economía soviética, la cual a través de los mismos estaba absolutamente planificada desde arriba, y cuyas directrices, subdirectrices, planes y mandatos estaban perfectamente estructurados y jerarquizados hacia abajo de tal forma que órdenes y planes llegaban hasta la más inferior unidad económica, incluido el trabajador, y ello para esos periodos de tiempo tan absolutamente dilatados de cinco años. Aunque Gorbachov logró desactivar la obligatoriedad tradicional de esos planes, para que pasaran a tener un carácter orientador y consultivo en lugar de órdenes estrictas de funcionamiento, el sistema arrastraba unas inercias difíciles de combatir de forma efectiva y radical.

Hemos de recordar en este contexto que Gorbachov tuvo en sus inicios un fuerte apoyo social, de más del ochenta por ciento de la población soviética, según diversas encuestas de esa época, contando además con el sustancial apoyo de los intelectuales de aquella sociedad (escritores, artistas, compositores, cineastas y periodistas) si bien a lo largo de los cinco años siguientes y en virtud del fracaso y la ausencia de progresos económicos, el índice de popularidad y apoyo social a Gorbachov y a su perestroika bajó radicalmente, a pesar de la creciente y muy alta popularidad que este mandatario tenía en el resto del mundo. Por el contrario, fue creciendo un apoyo claro de la población a Boris Yeltsin, cuya elección como presidente del Soviet supremo de la Federación Rusa, la república más grande y poblada con diferencia, era apoyada por más del 80% de la población. Hay que recordar que Yeltsin fue el principal artífice político de la disolución de la URSS, al declarar la independencia de Rusia respecto a la URSS, lo cual fue inmediatamente imitado por la mayoría de las restantes repúblicas soviéticas. 

Una característica importante de la transición económica que se hizo en la perestroika, fue pasar a un sistema de iniciativa privada, esto es, a una cierta libertad para emprender actividades, negocios, proyectos, etc. sin la tutela o dependencia del Estado; pero ahí se quedó, no llegó a pasar a un sistema de propiedad privada, que hubiera podido culminar dicho proceso de cambio, lo cual marcó una importante limitación para el éxito de la política económica inherente a la perestroika, puesto que el sistema económico seguía estando anquilosado y era muy ineficiente, tanto a nivel micro como macroeconómico, sin llegar por tanto a una economía de mercado, similar a la imperante en Europa y en otras muchas partes del mundo. Este  sistema de impulsar la iniciativa privada sin dar la propiedad y por tanto el control y la responsabilidad última de lo bueno y de lo malo, quedó condenado al fracaso. 

Cabe señalar, por otra parte, que la Federación rusa de Yeltsin implantó paralelamente y de forma autónoma el denominado Programa de los 500 días, que era bastante más concreto y radical que el aprobado por el Gobierno central soviético, siendo realmente un programa dirigido a la implantación efectiva de una economía de mercado, incluyendo una reforma bancaria, tributaria y presupuestaria, así como la liquidación de los ministerios ramales, una liberalización de los precios y una reforma monetaria. A través de este programa, los ciudadanos, que no podían ser hasta el momento propietarios más que de los bienes corrientes de consumo, y como máximo, y con carácter minoritario, de la vivienda, podían acceder así a la propiedad de los medios de producción, tanto  los agrícolas como  los industriales. 

Todas estas reformas estaban claramente apoyadas por los ciudadanos rusos, y en definitiva constituyeron un firme soporte o baluarte social para la independencia de Rusia proclamada por Yeltsin, y en definitiva a la caída del imperio soviético, en la cual, aunque hubo otros factores causales, tuvo bastante que ver, por tanto, el componente económico. El fracaso soviético en este ámbito, derivado en buena medida de la atadura de manos que tuvo el bueno de Gorbachov, al que no le dejaron hacer las reformas económicas que tenía previstas, y ello por la fuerte inercia y la importante cantidad de mandatarios e instituciones soviéticas inmovilistas, que se negaban a cambiar el anquilosado e ineficaz sistema colectivista imperante en las siete décadas anteriores, fuerzas éstas que recordemos intentaron dar un golpe de Estado contra Gorbachov, golpe que fracasó, y que en todo caso precipitó los acontecimientos en Rusia y la disolución y caída del imperio soviético.

La Ciencia es esencial para el progreso del ser humano, cuyo desarrollo ha estado fundamentado en su particular proceso de conocimiento y de adaptación a la naturaleza, a ese mundo en el que en cada momento le ha tocado nacer, vivir y desenvolverse. Los resultados de esa secular interacción con su entorno han ido paulatinamente mejorando gracias al avance científico, y logrando con ello una mayor capacidad de supervivencia, longevidad y bienestar.

En estas líneas vamos a hacer referencia a los horizontes y retos actuales de la Ciencia y la investigación que la sustenta; y ello lo vamos a hacer en base a las reflexiones y propuestas generadas en el seno de un Grupo multidisciplinar de reflexión, formado por más de un centenar de personas pertenecientes a muy distintas disciplinas e instituciones que en su conjunto elaboraron un total de 540 propuestas sobre más de 20 áreas temáticas, muchas de ellas relacionadas con el propio ámbito científico.

Las propuestas y reflexiones que hemos seleccionado las vamos a agrupar en diversos temas que consideramos como más representativos en este contexto. Vamos a hacer así referencia a aspectos tales como: la Ciencia abierta y la transparencia divulgativa; el necesario apoyo a algunas disciplinas considerables como vanguardistas; la educación y formación científica, así como a la inversión y financiación de la Ciencia, y a la necesidad de que el avance científico tenga un importante componente de multidisciplinariedad.

En relación con la Ciencia abierta, existe un importante consenso en que los gobiernos y los organismos más cercanos al ámbito científico han de tomar medidas claras e inmediatas para impulsar el libre conocimiento de los artículos científicos y las investigaciones, fomentando jurídica e institucionalmente el intercambio libre y gratuito de los trabajos y sus resultados, de cara a poder conseguir logros como el de las vacunas contra el Covid, materia en la que gracias al impulso de la cooperación científica internacional, mediante el libre intercambio de datos, procedimientos y resultados, ha sido posible obtener así un buen número de vacunas en un tiempo récord. En este sentido se considera necesario evitar la indeseable situación de de que numerosas editoriales científicas se pueden enriquecer con suscripciones realmente caras, e incluso haciendo pagar a los propios autores importantes cantidades por publicar sus trabajos. Es muy conveniente por tanto un mayor nivel de transparencia científica y fomentar el impulso y la difusión de los repositorios de artículos y trabajos científicos a nivel nacional e internacional, y ello con un carácter abierto y gratuito, otorgando en nuestro país un papel relevante en esta tarea a las numerosas sociedades científicas (más de un centenar) de unas y otras disciplinas existentes en España.

Se considera necesario, por otra parte, potenciar el apoyo jurídico y financiero para el desarrollo de investigaciones en disciplinas punteras como la Nanociencia y la Nanotecnología, verdaderos pilares hoy día para el progreso social y el desarrollo sostenible, así como para la implantación y divulgación de la Inteligencia artificial, como medio esencial de eficiencia económica y progreso social. También se hace referencia a la necesidad de impulsar las investigaciones y la inversión de recursos en la Inmunología, ciencia biológica crucial para avanzar en la investigación y curación de un gran número de enfermedades, así como también el impulso del Big data, gracias al cual se puede generar un nivel de cálculo y obtención de datos impensable hace pocos años, y que permite obtener resultados realmente importantes en muy diversas disciplinas, tanto del ámbito de las ciencias de la naturaleza, como la Física, Química, Biología o Medicina, como de las ciencias sociales, tales como la Economía, la Psicología, o la Estadística. 

Otro vector esencial para el progreso de la ciencia es la Educación y la formación científica. En este terreno se hace referencia a la necesidad de cambiar el modelo de investigación universitaria, de cara a propiciar una mayor proyección y eficiencia social de la misma. Es necesario considerar la formación científica como un servicio público y como una inversión de futuro, promoviendo ya desde las etapas previas a la universidad, una educación más enfocada a la investigación y las tecnologías, y potenciando el profesorado universitario a tiempo completo, dado que en numerosas disciplinas existe en las universidades una alta proporción de profesores asociados, cuyo rol y dedicación se apartan claramente de la investigación.

A la hora de potenciar la Ciencia es necesario, por otra parte, un claro impulso de la inversión y financiación de la actividad investigadora. A este respecto existe un claro consenso, en primer lugar, sobre el gran retraso inversor que en I+D+i existe en España y la necesidad urgente de llegar al 2% del PIB en recursos financieros destinados a la ciencia, para ir acercándonos progresivamente a otros países desarrollados que dedican más del 3% a la misma. En este sentido se hace referencia a medidas tanto políticas como económicas, y tanto públicas como privadas. Se postula sobre todo la necesidad de un Pacto de Estado claro y detallado en este terreno, que facilite entre oras cosas el emprendimiento innovador y la creación de nuevas empresas de base tecnológica, así como un reconocimiento social explícito del papel de la ciencia y la importancia de los científicos. También se propone la necesidad de abrir nuevas vías de mecenazgo y participación del mundo privado y la sociedad civil, así como potenciar la vuelta de investigadores emigrados. Algunas propuestas giran en torno a la participación de la banca en el fomento de alianzas y acuerdos entre investigadores y empresarios, mediante el establecimiento de créditos con condiciones muy favorables para las empresas e instituciones que apuesten por la Ciencia.

Otro aspecto a potenciar es la carrera investigadora en España, tratando de revertir además el envejecimiento progresivo de las plantillas universitarias, y facilitando en mayor medida el acceso a la carrera investigadora, así como la estabilización y promoción en dicha carrera, con unas condiciones mínimamente dignas que permitan desarrollar las crecientes vocaciones científicas existentes entre los jóvenes.

Finalmente, una dimensión fundamental de la Ciencia y el desarrollo científico, ya en el presente y sobre todo en el futuro, es el fomento de la multidisciplinariedad en el trabajo académico y científico. Se postula así la necesidad de incluir perfiles multidisciplinares en todos los órganos de gobierno de los distintos ámbitos de la política científica. Hoy día las tecnologías y los modelos científicos y conductuales permiten además la investigación interdisciplinar, esto es, aquella que se basa en modelos comunes y protocolos compartidos por distintas disciplinas y áreas de conocimiento. Resulta además necesario en este contexto establecer unos pilares que orienten el trabajo multidisciplinar, dedicando una mayor cantidad de recursos públicos y privados para ello, dado que las investigaciones siguen siendo en su gran mayoría monodisciplinares. Se trata, en definitiva, de fomentar en los centros universitarios y organismos de investigación un creativo y esperanzador diálogo entre disciplinas científicas y áreas de conocimiento.

Las anteriores ideas y propuestas vienen a reflejar algunos horizontes e ilusionantes retos que tiene la Ciencia actualmente, y que de llevarse a buen puerto pueden posibilitar un mayor progreso económico y bienestar social, aunque para ello es necesario que los responsables públicos y políticos de unas y otras ideologías asuman mancomunadamente la importancia de la Ciencia y los avances científicos para el progreso de la sociedad y la comunidad humana que habitamos esta Aldea global.

Mucho se habla y debate últimamente en este país sobre consultas y referéndums: su viabilidad legal, los posibles destinatarios, si podrían ser vinculantes o no, etc., sobre todo en relación con un posible referéndum sobre la independencia de Cataluña. En este terreno nos gustaría destacar un derecho fundamental de los ciudadanos, como es la transparencia y el derecho a saber, y ello en cualquiera de las actuaciones de las instituciones y cargos públicos, incluidos por tanto los referéndums.

Las consultas mediante referéndums habrán de plantearse de una forma en que los ciudadanos puedan, en primer lugar, entender el contenido de la/s pregunta/s, y sobre todo de las consecuencias de sus posibles respuestas. En el caso, por ejemplo, de un posible referéndum sobre la eventual independencia de Cataluña, y para que los ciudadanos no se vieran burlados o ninguneados con la consulta, se les debería informar, al formularles la pregunta, de lo que conllevaría en la práctica esa posible independencia.

Más concretamente, si la independencia de Cataluña conllevara automáticamente su salida de la Unión Europea, ya que eso es lo que ocurriría automática e inexorablemente según el tratado de la UE (preámbulo, y artículos 4, 49 y 52), así como varios pronunciamientos de la Comisión Europea, de otros organismos internacionales como el Comité de las Regiones, y de muy diversos expertos nacionales y foráneos.

Aunque se pudiera iniciar posteriormente un proceso de admisión como nuevo miembro, ésta necesitaría la aprobación de todos y cada uno de los 27 miembros de la UE, en un proceso con un resultado muy improbable y que en todo caso duraría bastantes años. Esta consecuente salida de Cataluña de la UE, deberían conocerla los ciudadanos antes de ejercer su voto, y la pregunta que se hiciera en ese posible referéndum, no debería ocultar esa consecuencia.

En este sentido y en aras de la transparencia, habría que formular una pregunta, por ejemplo, del siguiente tipo: “¿Estaría usted de acuerdo con la independencia de Cataluña de España, y su salida de la Unión Europea?”. Para muchos ciudadanos la independencia de Cataluña podrá ser prioritaria si se pudiese hacer sin consecuencias en clave europea; pero sabiendo que esta salida conllevaría la salida de la Unión Europea, habrá muchos ciudadanos independentistas que prefieran conservar y anteponer su ciudadanía europea a una eventual ciudadanía catalana que les sacara de la UE. 

El derecho a saber de los ciudadanos ante un referéndum conllevaría también el necesario conocimiento del camino o la forma en que se llevaría a cabo el proceso de independencia, y es por ello que los partidos independentistas deberían explicar previamente al referéndum la forma en la que afrontarían los consecuentes cambios institucionales, económicos y sociales, condicionados en buena medida por su no cabida en la actual Constitución.

Por ejemplo, deberían explicar en su Plan de independencia, la forma y los medios que utilizarían para prescindir (o expulsar, en caso de probable conflicto o desacuerdo derivado de una posible vía unilateral) al Ejército, los Jueces, los Organismos públicos, las Fuerzas de seguridad (Policía y Guardia civil) etc. de los territorios de Cataluña, o cómo iban a resolver el tema de las pensiones de los ciudadanos, cuyas cotizaciones anteriores están en la caja única y estatal de la Seguridad Social, o cómo iban a afrontar el tema de las fronteras (controles, aranceles, etc.). con el resto de España y con los demás países, o de la imposibilidad de disponer o emitir euros por salir de la Unión Monetaria, o incluso de la pérdida de los fondos europeos concedidos a España, entre otros temas.

Es de suponer que ya tengan pensado (sería preocupante que no lo hubieran hecho) cómo van a afrontar estos problemas en un proceso de independencia, pero hasta el momento la transparencia brilla por su ausencia, y los ciudadanos no han recibido ninguna información sobre estas importantes cuestiones derivadas de esa eventual independencia. Tampoco los restantes partidos, los no independentistas, han informado a los ciudadanos y fomentado el debate sobre estos temas, por lo que los ciudadanos no han podido siquiera pensar en los mismos, y se han de limitar necesariamente a crisparse de una forma genérica y desinformada sobre su posición a favor o en contra de esta posible independencia de Cataluña.

Creemos, por tanto, llegado el momento de la transparencia, y la aclaración de muchas de estas cuestiones, antes de pensar y decidir sin más sobre ese posible referéndum de autodeterminación. Mientras que no se diluciden estas posibles consecuencias de la independencia, y por ende del posible contenido de la pregunta en el referéndum, sin duda muy aclaratoria para los ciudadanos, la idea de proponer un referéndum de independencia, no dejará de ser una música celestial (para crédulos), de los partidos que lo proponen, ignorando que los ciudadanos –informados– son bastante más racionales y maduros que lo que se creen –y desearían– muchos políticos. Toca hablar ahora, en resumen, de transparencia y derecho a saber de la sociedad en relación con el contenido y características de ese eventual referéndum.

Cualquier ciudadano que haya podido leer estos días los programas electorales de los partidos políticos de cara a estas próximas elecciones legislativas, habrá podido comprobar que la corrupción parece que ha dejado de ser un asunto fundamental para las formaciones políticas, a tenor de la escasa relevancia y contenidos que otorgan a este importante problema social en dichos programas. Y ello a pesar de que la corrupción sigue siendo una de las máximas preocupaciones de los ciudadanos, como lo vienen evidenciando las encuestas del CIS de estos últimos años, en las que normalmente solo se ve superada por el desempleo como máxima preocupación social.

Se comprueba por tanto una vez más el nivel de indiferencia de las formaciones políticas ante las preocupaciones de la sociedad española, lo cual viene a justificar la importante lejanía y desafección de los ciudadanos respecto a la clase política, y lo que explica además que en las citadas encuestas sean los políticos precisamente los que suponen una tercera máxima preocupación para los ciudadanos de este país.

En este contexto nos parece necesario hacer referencia a algunas de las medidas que tanto los ciudadanos como la sociedad civil y numerosos expertos vienen considerando necesarias e incluso urgentes de cara a combatir de forma efectiva la corrupción.

Cabe recordar en este sentido que los ciudadanos han manifestado la urgencia de diversas medidas contra la corrupción, como son las que se incluyeron en una macroencuesta publicada en un diario nacional (El País) ya en 2014, y que transcurridos más de cinco años, siguen ignorándose y sin implementarse por parte de los partidos y grupos parlamentarios, medidas a las que nos vamos a referir seguidamente, teniendo en cuenta además que han sido propuestas reiteradamente por diversas organizaciones de la sociedad civil tales como Transparencia Internacional España. En relación, en primer lugar, con las listas electorales, sería necesario el establecimiento de un sistema de listas abiertas, de modo que los votantes pudieran cambiar el orden de los candidatos que aparecen en las papeletas de voto o incluso tachar algunos de ellos, lo cual aumentaría el nivel de participación efectiva y de implicación de los ciudadanos en los comicios electorales, al tener así una mayor capacidad de decisión a nivel electoral. Además, en una evaluación y contraste del nivel de compromiso electoral contra la corrupción que realizó TI-España en 2015, la inmensa mayoría de los partidos políticos asumió explícitamente el compromiso electoral de reformar la legislación de cara a desbloquear las listas actualmente cerradas de los partidos.

También sería necesario, por otra parte, que estuviera prohibida por ley la inclusión en las listas electorales de personas investigadas o procesadas por corrupción, medida esta que estaba apoyada por 94 de cada 100 entrevistados en la citada macroencuesta. Otra de las medidas firmemente apoyada por los ciudadanos (96 de cada 100) es la de cambiar la legislación para limitar los actuales privilegios jurídicos y judiciales de los aforados, es decir, de las personas que por su cargo político no pueden ser investigadas por los jueces del mismo modo que cualquier otro ciudadano; esta medida fue igualmente asumida por la mayor parte de los partidos en la citada evaluación de TI-España. También sería importante el establecimiento de un sistema de protección jurídica a todos aquellos ciudadanos que denuncien posibles casos de corrupción, al igual que se hace ya en otros países; esta protección a los denunciantes fue apoyada por 95 de cada 100 ciudadanos, y también fue asumida por la mayor parte de los partidos en la citada evaluación.

Otra importante medida en aras de prevenir y combatir la corrupción sería una reducción al mínimo, y con requisitos muy estrictos, de la capacidad legal de los gobiernos para conceder indultos, y que además estos no fuesen posibles en los casos de corrupción; también esta propuesta tenía un apoyo generalizado de los ciudadanos (95 sobre 100) y fue igualmente asumida como necesaria por la totalidad de las formaciones políticas (los 12 mayores partidos) en la citada evaluación de TI-E.

Otra importante medida social, sobre todo para prevenir la corrupción, y que fue asumida igualmente por la totalidad de los partidos políticos, así como por 92 de cada 100 ciudadanos, es la introducción en los distintos niveles educativos de este país de enseñanzas y actividades relacionadas con materias y contenidos éticos, de valores, y contra la corrupción; esta es otra importante propuesta que sigue siendo ignorada en la práctica por las formaciones políticas, y que sería realmente necesaria para prevenir y reducir los riesgos de corrupción de nuestras generaciones

venideras.

Hay otras importantes medidas que también fueron asumidas y comprometidas por los distintos partidos políticos, sin que haya habido tampoco ningún avance en relación con la mayoría de ellas, tales como: el cumplimiento estricto de las recomendaciones sobre transparencia financiera del Consejo de Europa (GRECO), o la tipificación jurídica del delito de enriquecimiento ilícito. También sería igualmente necesario un debate parlamentario anual sobre aquellos partidos políticos que estén excesivamente endeudados, y que incluso estén en situación económica de quiebra técnica, tal como ha calificado a algunos de ellos reiteradamente el Tribunal de Cuentas en base a su fiscalización contable anual.

Además de las anteriores medidas sería necesaria la retención de toda subvención pública a aquellos partidos políticos y/o fundaciones o entidades vinculadas que no hayan remitido sus cuentas al Tribunal de Cuentas, así como limitar las donaciones de personas jurídicas a las citadas entidades.

Otra necesidad importante en relación con la transparencia de los partidos y sus relaciones con determinados sectores económicos e institucionales sería el desarrollo de una regulación legal de los lobbies a nivel estatal, creando un registro público obligatorio, online y abierto, de todos estos grupos de interés, así como de sus integrantes y actividades básicas relacionadas con los cargos públicos y parlamentarios. También sería necesaria una adecuada regulación de las puertas giratorias, y el establecimiento de mayores limitaciones al ejercicio por los parlamentarios de actividades privadas con posterioridad a su cese.

De cara igualmente a una mayor transparencia del Poder legislativo sería necesario un control detallado y publicidad de los gastos de viaje de los parlamentarios, de forma que se publicasen en la web de los propios parlamentos aquellos gastos de viaje y dietas de cada uno de ellos, con desgloses de los gastos por conceptos y actividades, de cara a fomentar así el control social de estos gastos públicos. Otra medida necesaria sería establecer mecanismos de transparencia y de control económico, financiero y ético de todas aquellas empresas controladas total o mayoritariamente por el Estado o por cualquiera de los niveles de la administración pública. También sería importante impulsar la formación de los funcionarios y empleados públicos en materia de transparencia, rendición de cuentas y prevención de la corrupción. Finalmente, y en relación con la Fiscalía General, sería necesario avanzar inequívocamente desde un punto de vista legal e institucional en la autonomía del Ministerio Fiscal respecto al Poder ejecutivo, delimitando claramente las facultades del Fiscal General del Estado y potenciando las funciones del Consejo Fiscal, de las Junta de Fiscales y de la Junta de Fiscales de Sala, siendo igualmente necesario en este contexto un reforzamiento de los medios materiales y personales del Ministerio Fiscal, especialmente de la Fiscalía Anticorrupción. Todas las anteriores son medidas contra la corrupción claramente demandadas por los ciudadanos y la sociedad civil, y que constituyen, en definitiva, una muy importante asignatura pendiente para los distintos partidos y grupos parlamentarios de este país, y en especial para aquellos que vayan a ostentar el poder legislativo y ejecutivo tras estas próximas Elecciones Generales.