Se acaba de aprobar la Ley de simplificación administrativa en las Cortes de Aragón. Entre las medidas que incluye merece la pena destacar la relativa a la utilización de la tecnología de registro distribuido, popularmente conocida como el «blockchain», en y ante la Administración. Se trata de una regulación vanguardista en este punto, de la que no se conocen antecedentes, que aporta la seguridad jurídica necesaria para el desarrollo de proyectos muy innovadores en nuestra Comunidad, como puede ser el desarrollo de un sistema que permita tener bajo control la gestión digital de nuestros datos personales. En inglés lo llaman Self Sovereign Identity (identidad autosoberana). Y en Aragón, anticipa la configuración de un régimen que jurídicamente podría singularizar nuestra «vecindad digital aragonesa». Bien por los grupos parlamentarios de las Cortes de Aragón que han sabido transaccionar los preceptos de la Ley que se referían al blockchain y han materializado esta oportunidad de progreso.

La nueva Ley abre la posibilidad de utilizar la tecnología blockchain para la gestión ante la Administración pública de algunos atributos de identidad. Para utilizar los que se refieren a la identificación de las personas (el nombre y apellidos y su número de DNI, o la denominación o razón social para las empresas y otras personas jurídicas) todavía habrá que esperar un poco, ya que la legislación estatal lo prohíbe de momento. Pero la norma aragonesa abre la posibilidad de utilizar blockchain para acreditar el resto de atributos de nuestra identidad que compartimos con la Administración en formato digital. Por ejemplo, nuestro número de cuenta bancaria para cobrar una subvención o un contratos públicos, nuestro teléfono o email en el que recibir comunicaciones, nuestra edad, si fuera requisito necesario para obtener una determinada autorización, nuestra dirección postal, nuestra condición de miembro de una familia numerosa para acceder a una subvención, y tantos y tantos otros atributos que conforman nuestra identidad. Todo con las máximas garantías de veracidad para la Administración, y de seguridad para los ciudadanos de que esa información no será utilizada para fines diferentes. Y se hará en Aragón antes que en ningún otro lugar del territorio nacional.

La ley de simplificación administrativa aprobada no se queda solo en la admisión del blockchain en el ámbito de la gestión de la identidad digital. Admitirá su utilización, con carácter general «para asegurar la aportación, acreditación e integridad de los datos y documentos en cualquier expediente, procedimiento o registro», «con plena validez legal para la tramitación administrativa automatizada». Con ello se podrán imitar, con plenas garantías jurídicas, proyectos como el que funciona en la Comunidad Autónoma desde 2018 para el registro de las ofertas que se presentan en los contratos públicos –y sobre el que el año pasado el World Economic Forum concluía su idoneidad para luchar contra la corrupción-.

En el horizonte del Covid se vislumbran grandes oportunidades para nuestra Comunidad Autónoma.

Recurro a una adaptación de la frase que se atribuye a James Carville para enfocar la estrategia electoral del candidato Bill Clinton en las elecciones que en 1992 le convirtieron en presidente de los Estados Unidos de América frente a George Bush (padre). En esta ocasión, para llamar la atención sobre los resultados de un informe, recientemente publicado, que analiza el uso estratégico que de los contratos públicos se hace en Europa para promover la innovación empresarial.

La Directiva 2014/24/UE, sobre contratación pública, que establece las directrices a las que debe ajustarse la contratación en todos los Estados miembros, señala que «Los poderes públicos deben hacer la mejor utilización estratégica posible de la contratación pública para fomentar la innovación» (considerando 47). Pero, ¿cómo se está cumpliendo esta disposición? Los resultados del estudio aludido ponen de manifiesto que, con carácter general, los órganos de contratación europeos se muestran «asintomáticos» en eso de promover la innovación empresarial a través de sus contratos de obras, servicios o suministros.

Por lo que a nosotros respecta, los resultados nos colocan en el puesto 8/30 en cuanto a cumplimiento de los indicadores establecidos. Pero no nos alegremos mucho. Únicamente llegamos a cumplir el 36,8% de los indicadores (la media es del 26,6 %). Vamos, que somos de los mejores… entre los suspensos. Por comunidades autónomas, el informe únicamente cita a Cataluña y Galicia, y también a los municipios de Madrid y Barcelona, como actores importantes en la promoción de la compra pública de innovación.

El informe resalta en sus conclusiones que en España se utiliza la compra pública de innovación, fundamentalmente, cuando Europa co-financia las operaciones con cargo a Fondos Estructurales o de Inversión. Cuando no hay cofinanciación, no se suele comprar innovación. No diré que practicamos el

Unamunismo (¡que inventen otros!), pero del informe resulta que el sector público español está dispuesto a comprar innovación sólo si le pagan -al menos- la mitad.

Los peores resultados los alcanza España en los indicadores relativos a planificación y compromiso de gasto para fomentar la innovación. En relación con esto último, contrasta el «silencio» de la recientemente aprobada Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación para el período 2021-2027 con el acuerdo de gobierno que, en 2011, la entonces ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, sacó adelante para reservar el 3 por ciento del importe de la contratación estatal a compras públicas de innovación. También sacamos un cero si de lo que se trata es de evaluar la innovación generada, en aquellos procesos de compra pública de innovación que conseguimos licitar. Mejor no hablemos de la gestión compartida de los derechos de propiedad intelectual o industrial que pueden derivar de las actividades de investigación y desarrollo inherentes a los procesos de innovación. Lo de obtener un retorno por esa vía suele gustar mucho a los responsables políticos. Menos a las empresas adjudicatarias. Y para quienes tienen que definir ese régimen de gestión compartida en los pliegos… es un dolor de cabeza.

La innovación empresarial resulta fundamental para el progreso social, y el sector público no puede eludir su responsabilidad a la hora de promoverla. Para ello cuenta con diversas herramientas, y los contratos públicos son una de ellas. En manos de quienes tienen la capacidad de dirigir esos contratos está la posibilidad -y obligación, conforme al Derecho europeo- de utilizarlos de manera estratégica para adquirir bienes, obras y servicios innovadores que contribuyan a prestar mejor los servicios públicos.

No es la primera vez que el Gobierno de Aragón, y en concreto, la Dirección General de contratación pública, es reconocido en el Congreso Nacional de Innovación y Servicios Públicos. Lo fue en 2017 por su estrategia de compra pública de innovación, y ha vuelto a serlo en 2020 por el proyecto de «registro distribuido de ofertas para licitaciones públicas» como «mejor Proyecto con Tecnologías Innovadoras». La utilización de blockchain para la contratación pública, para que se me entienda.

El proyecto se puso «oficialmente» en marcha en septiembre de 2018, cuando se convocó una licitación para proveer una solución alternativa a la presentación en el registro de la Administración de los sobres en los que se incluyen las ofertas de los contratistas. El objetivo, aparte de transformar ese trámite y adaptarlo a un escenario  digital, era lograr una tramitación más transparente del proceso de presentación de ofertas (que todo el mundo pudiera comprobar cuándo se presentaban) así como una actuación más eficiente (mediante la automatización de la valoración de las ofertas). Blockchain era la oportunidad de lograrlo, y podía salir bien…o mal. Porque el riesgo de fracaso era bastante alto, habida cuenta del estado de inmadurez tecnológica, y que había de sostenerse con unos instrumentos normativos no preparados para la era digital. Las posibles repercusiones políticas -la oposición en las Cortes de Aragón llegó a presentarse hasta tres Proposiciones No de Ley relacionadas con la tecnología blockchain- eran también otro factor a considerar, y algunos «gurús» de la Administración (y de fuera) concluyeron que era imposible, y que «la Administración nunca usaría el Bitcoin» (¡qué nivel!, como si el Bitcoin y la tecnología blokchain fueran lo mismo).

Lo más fácil, con esos antecedentes, hubiera sido abandonar, tal y como sucede en tantas ocasiones. Pero resultó vital la confluencia en aquél momento de una serie de personas para que, a día de hoy, el Gobierno de Aragón disponga de un sistema de licitación electrónica de vanguardia, hasta el punto de que se rumorea que la Comisión Europea puede avocar el proyecto y desplegarlo en el ámbito de una red blokchain europea que está preparando. Gente que, a pesar del escenario descrito, se rebeló contra el tópico del «esto se ha hecho siempre así», y apostó por innovar, desde dentro de la Administración, en el ámbito de la contratación pública.

Identificar a quien hubiera sido el máximo responsable en caso de fracaso del proyecto es una tarea muy fácil. Pero ahora que el proyecto es una realidad, se van tramitado varias decenas de expedientes y lo usan varios Departamentos del Gobierno de Aragón, y comienza a obtener reconocimientos fuera de la Comunidad Autónoma, creo que es conveniente recordar a quienes contribuyeron al éxito del mismo. Aunque sólo sea para dejar constancia escrita de sus méritos. La tentación de identificarlos nominalmente es muy alta, pero creo acabaría infringiendo la normativa sobre protección de datos, y metiendo en problemas a eldiarioaragon.es y a mí mismo. Así que lo haré cuidando de no sobrepasar esa «delgada línea roja».

En este sentido, como verdaderos artífices del proyecto, hay que señalar a los empleados públicos del Gobierno de Aragón que, superado el estadio de escepticismo inicial, se «convirtieron» a esta nueva tecnología y participaron en el diseño e implantación del sistema. Me refiero a la gente de la Oficina de Contratación Pública y del Servicio de Contratación Centralizada del Gobierno de Aragón. También a los técnicos del Servicio de Conservación de Bienes Inmuebles, cuyos contratos han sido los primeros en utilizar el nuevo sistema y demostrado su viabilidad técnica y jurídica. Ellos atesoran ahora el know how del proyecto, y harían bien los responsables del Gobierno en rentabilizarlo y exportarlo a otros casos de uso. Impagable fue también el apoyo de algunos amigos y aliados de ITAINNOVA, que revisaron el proyecto y ofrecieron un segundo diagnóstico en la valoración de las ofertas que se presentaron durante la licitación.

Hay que reconocer que un proyecto así no hubiera sido posible sin la complicidad del entonces Consejero de Hacienda, que vio en esta iniciativa la oportunidad de comenzar a cambiar algunas piezas de nuestra vetusta maquinaria administrativa. Desde el «ala este» del Pignatelli, el Secretario General de la Presidencia se prestó rápidamente a ser «colaborador necesario» en la aventura. Y no debe olvidarse la simpatía despertada en los entonces responsables de la Administración electrónica del Gobierno (el Director general del ramo, y la Gerente de Aragonesa de Servicios Telemáticos), que también prestaron a la causa todo el apoyo que se les solicitó.

No podemos olvidarnos de la contribución empresarial. El proyecto inicial fue enriquecido con las aportaciones de las empresas que participaron en el procedimiento de licitación convocado al efecto. OESÍA y Open Canarias fueron las ganadoras, pero también debe ponerse en valor la calidad de las ofertas que presentaron el resto de licitadores (AT Sistemas, Deloitte, Ernst & Young, Eurohelp, Guadaltel, DXC Technology, Iecisa, Inycom, y Sericat), así como las contribuciones de otras empresas que, aun no participando finalmente en el procedimiento, ofrecieron sus soluciones e ideas en una fase previa (IBM, Everis, Minsait, GMV).

Incluso hay que reconocer su parte de mérito también a quienes no apostaron o incluso torpedearon el desarrollo del proyecto, que también los hubo. La necesidad de tener que hacerles frente hizo más fuerte al grupo que desarrolló la iniciativa, y más sólidos los fundamentos del proyecto.

Para el Gobierno de Aragón, mi enhorabuena por el premio que acaba de obtener. Y para todos ellos que hicieron posible la primera aplicación de la tecnología blockchain en la Administración aragonesa, mi reconocimiento y gratitud. Porque de ellos aprendí que lo imposible, sólo cuesta un poco más.

La primera vez que expliqué lo que era el blockchain a un dirigente público me contestó que sí, que lo había convencido de comprar Bitcoins esa misma tarde. Era hacia finales de 2017, y le sucedió lo que a la mayor parte de la gente la primera vez que escucha esos «palabros» en inglés. Pensó que blockchain y Bitcoin son la misma cosa.

Una semana más tarde volví a intentarlo. Le dije que se olvidara de los Bitcoins, que ese era solo un caso de uso, el que más éxito había cosechado hasta ese momento, pero que lo importante no era la criptomoneda sino la tecnología que hacía posible ese intercambio de valor entre pares sin necesidad de un intermediario financiero, como hasta ahora es lo habitual. Esta segunda vez tuve más éxito. Le convencí de que, aparte de casos de uso de naturaleza financiera, la tecnología tenía muchísimo potencial para mejorar la actuación administrativa y la prestación de servicios públicos, y logré su implicación para poner en marcha algunas iniciativas que han colocado a la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón en la vanguardia de Administraciones que se preparan para el futuro tecnológico.

No debíamos ir muy mal encaminados. Un año después de aquella conversación, el Parlamento Europeo señalaba el potencial de esta nueva tecnología para el desarrollo de «nuevos modelos de administración pública». Y a renglón seguido, en la primavera de 2019, un caso de uso de esta tecnología en el ámbito de la contratación pública desarrollado en la Comunidad Autónoma de Aragón se colaba (como única referencia de proyecto desarrollado desde una Administración pública europea) en el informe sobre «Blockchain for Government and Public Services» del Observatorio blockchain de la Comisión Europea.

Y es que la cuestión no es si la tecnología blockchain llegará o no a la administración pública. De eso nadie debe tener ninguna duda. La cuestión importante es cuándo va a llegar. En este sentido, la entonces Comisaria Europea de Economía Digital, Mariya Gabriel, cerraba su intervención en el acto de constitución del European Blockchain Partnership afirmando que “en el futuro, todos los servicios públicos utilizarán blockchain”. Aviso para navegantes, le toma el relevo en la Comisión la holandesa Margrethe Vestager como Comisaria para el «encaje de Europa en la era digital», con rango de vicepresidenta. Las inversiones europeas en blockchain fueron anunciadas en el discurso inicial de la Presidenta Von der Leyden, por lo que a nadie debe sorprender que, este 2020, la Comisión siente las bases para la puesta en marcha de una infraestructura blockchain para la prestación de servicios públicos transfronterizos. El registro de certificaciones académicas y la identidad digital soberana son, de momento, los casos de uso que se encuentran más avanzados.

Es hora, por tanto, de que las Administraciones comiencen a pensar dónde la utilización de esa tecnología de registro distribuido aporta valor, en un sentido amplio, no solo económico (aunque también), a su actuación administrativa. En este sentido, entre otras ventajas, blockchain favorece la transparencia de la actuación administrativa; facilita la automatización de las decisiones para reducir el tiempo de tramitación de los procedimientos, y podría acabar con algunos trámites burocráticos y hacer efectivo principio digital de “solo una vez” (The Only One Principle). También permite asegurar la integridad de datos, documentos y procesos, facilitando tanto su conservación como los procesos de fiscalización y auditoría posteriores, tal y como recientemente han puesto de manifiesto en su trabajo final un grupo de alumnos del Programa Ejecutivo en Blockchain desarrollado en el Parque Tecnológico Walqa de Huesca.

En mi opinión, aprovechar las ventajas de esta tecnología es una exigencia del principio de «buena administración», y las Administraciones no deberían demorar mucho más el inicio de sus respectivos procesos de transformación digital, aprovechando para simplificarlos y adaptarlos a esa nueva «era digital» que da título al cargo de la nueva Vicepresidenta y Comisaria Europea.

Sorpresa en el inicio de la campaña electoral. El Gobierno en funciones ha aprobado un Real Decreto Ley invocando sus competencias en materia de seguridad pública (en su vertiente de “ciberseguridad”), como reacción a un supuesto “proyecto de república digital catalana” al que, sin citarlo expresamente, se alude hasta en dos ocasiones. Algunos representantes del Gobierno catalán (antes de conocerlas) precalificaron las medidas adoptadas como “un 155 digital”, en referencia al precepto constitucional que faculta para la suspensión de la autonomía.

Administración electrónica, contratación pública y telecomunicaciones han sido los primeros escenarios del patio de operaciones digital al que se traslada la batalla que hasta ahora se libraba en las calles de Barcelona.

La medida más mediática es la que dispone que los “servidores” donde se almacenan determinados datos personales en poder de las Administraciones públicas “deberán ubicarse y prestarse dentro del territorio de la Unión Europea”. Menos ruido han producido las medidas orientadas a “configurar al Documento Nacional de Identidad, con carácter exclusivo y excluyente, como el único documento con suficiente valor por sí solo para la acreditación, a todos los efectos, de la identidad y los datos personales de su titular”.

Estas medidas parecen la respuesta que desde el Estado se ofrece a la presentación por la Generalitat de Cataluña del proyecto IDentiCAT a principios del pasado mes de septiembre. IDentiCAT se anunció como un medio de identificación ante las Administraciones públicas catalanas, soportado con tecnología de registro distribuido, popularmente identificada como “blockchain”. Pues bien, por Real Decreto Ley se establece que “no serán admisibles en ningún caso y, por lo tanto, no podrán ser autorizados, los sistemas de identificación basados en tecnologías de registro distribuido …, en tanto que no sean objeto de regulación específica por el Estado en el marco del Derecho de la Unión Europea”. La rotundidad de la disposición contrasta sin embargo con la naturaleza “puntual y provisional” que se dice atribuir a esta medida en la Exposición de Motivos.

Lejos de lo que algunos piensan, este nuevo sistema de identidad digital no es una “ocurrencia” de la administración catalana. Al contrario, el Parlamento Europeo, en una Resolución de 3 de octubre de 2018, destacaba el valor diferencial de este nuevo modelo de identidad digital, que permitiría configurar un sistema de identidad “soberano” (del inglés self-sovereign identity), en el sentido de que los ciudadanos controlan sus propios datos y deciden cuáles compartir, con quién compartirlos y bajo qué condiciones.

La prohibición, siquiera temporal, del uso de la tecnología de registro distribuido, es “universal”, en el sentido de que no es solo para el proyecto IDentiCAT, sino que afecta a cualquier otra iniciativa que se estuviera desarrollando o estudiando (y hay alguna en marcha en alguna Comunidad Autónoma, o incluso en la propia Fábrica Nacional de Moneda y Timbre).

Esto no se si se ha advertido convenientemente por los responsables autonómicos. No es descartable que, cuando los servicios jurídicos analicen el contenido de la norma, alguna otra Comunidad Autónoma plantee, igual que casi seguro hará Cataluña, un recurso de inconstitucionalidad frente al Real Decreto-Ley, por el impacto que, exhibiendo el título competencial de la “seguridad pública” se produce en la potestad de autoorganización del resto de Administraciones públicas.

Las medidas señaladas parecen orientadas a mantener la soberanía del Estado en cuanto a la expedición de un medio de identificación concreto, el Documento Nacional de Identidad, que tiene una finalidad eminentemente policial (de hecho se regula en la Ley de protección de la seguridad ciudadana de 2015). No estoy seguro de que eso estuviese en riesgo. En cambio, sí que estoy seguro de que el DNI es perfectamente compatible con sistemas soberanos para la gestión de nuestra identidad en el mundo digital. Primero, porque los atributos de identidad que pueden hacerse valer con el DNI electrónico son muy limitados. Insuficientes para la gran variedad de transacciones que pueden realizarse en el entorno digital. Y segundo, porque la realidad es que los ciudadanos apenas utilizamos el DNI electrónico en nuestras relaciones con las Administraciones públicas.

Utilizamos “otros” medios de identificación, igualmente admitidos en la Ley de procedimiento administrativo en el marco de un sistema de lista abierta en la que, en mi opinión, también tendría cabida un sistema de identidad digital soberano apoyado en tecnología de registro distribuido. Es más, en paralelo a esa prohibición de uso de la tecnología de registro distribuido, en tanto no haya una regulación estatal o europea (la autonómica parece que no serviría), lo que echo de menos es el anuncio de una iniciativa estatal en esta materia.

Hubiera sido el momento para anunciar un “sandbox” en materia de identidad digital, orientado al establecimiento de un servicio público de identidad electrónica orientado a empoderar a la ciudadanía para la gestión de sus datos en el mundo digital. Eso sí que sería una prueba de que la medida de prohibición tiene vocación temporal, y permitiría “descontextualizarla” de los sucesos acaecidos en Cataluña. Son alcances distintos de un mismo concepto, el de soberanía, los que se proyectan sobre la emisión del DNI y los nuevos sistemas de identidad digital, por eso no deberían entenderse las medidas de protección del primero como cortapisas para el desarrollo de los segundos.