Hubo algo fascinante en las imágenes de la turba de seguidores de Trump asaltando el Capitolio. Como ocurrió el 11 de septiembre de 2001, cuando los aviones se estrellaron contra las torres gemelas de Nueva York, la fuerza visual de ese violento caos resultó tan perturbadora como adictiva. La primera potencia mundial se desmoronaba en directo a ojos de todo el planeta, con el estrépito de una tragedia protagonizada por un personaje decadente y conmovedor. Sin épica, con sordidez. No había sido ese su lugar en el mundo ni la debilidad una región que soliera frecuentar. Quien no ha sido vulnerable suele lucir con menos decoro cuando vienen mal dadas.

La muchedumbre de tipos extravagantes, ridículos, vociferantes y violentos que irrumpió en la sede del Congreso norteamericano le dio aspecto de grotesca farsa a lo que en realidad era un drama. En esas cuatro horas se consumó el final de una época y el inicio de un tiempo que, aunque nos empeñemos en observar con esperanza, se presume lleno de incertidumbres y amenazas. No pudo estar más atinado el reputado profesor de estudios afroamericanos de la Universidad de Princeton, Eddie S. Glaude Jr. cuando en la noche electoral del 3 de noviembre afirmó que Trump era “la manifestación de la fealdad que hay en Estados Unidos”.

Como se ha repetido con insistencia estos días, el tiempo de Trump probablemente haya terminado pero no así el del trumpismo, que puede transformarse en una sustancia política todavía más tóxica y disruptiva. 74 millones de votantes es un capital inmenso con el que se justificarán nuevas tropelías en el futuro. Quienes tomen el relevo del empresario neoyorkino, bajo su segura tutela, buscarán los méritos del pupilo leal, siempre dispuesto a mejorar la obra del maestro para ganar su consideración. Y la obra política de Trump y su legado son la división, la crispación, el enfrentamiento y la normalización del racismo y el supremacismo como parte del lenguaje cotidiano.

Diego E. Barrios, profesor asistente de Literatura Comparada en Saint Xavier University de Chicago, explicaba en un artículo publicado en CTXT que “Trump es la reafirmación de que América es y siempre será una nación blanca, entendiendo lo anterior no como un color o una raza –que también–, sino como una forma de ver(se) dicha nación, junto a un desprecio inherente hacia el mundo exterior”. El presidente de los Estados Unidos sabe que las llamadas a la unidad, que con tanta insistencia y candor repite estos días su sucesor, son precisamente el combustible de su proyecto político, cualquiera que sea la forma que adquiera a partir del día 20 de enero, porque la mitad del país ha comprado su discurso de enfrentamiento. El 59% de sus votantes aprobó el asalto al Capitolio. Más del 80% considera que el principal responsable de esa turba fue Biden. El 70% está convencido de que las elecciones fueron fraudulentas.

El periodista de televisión británica ITV, Robert Moore, que grabó el asalto al Capitolio junto a los seguidores de Trump y tuvo la oportunidad de hablar con decenas de ellos, recordaba al día siguiente “que todos ellos regresaron a sus casas convencidos de que sus ideas conspiranoicas eran incuestionables y que les habían robado las elecciones. El problema va a seguir ahí.”. El escritor Richard Ford resumía este marco mental de manera sencilla a partir de tres componentes que conforman un brebaje explosivo: “uno claro es la ignorancia, otro es la complacencia, otro es el racismo”. Si además se suman unos políticos que no han tenido escrúpulos en mentirles reiteradamente, poniendo en cuestión el mismo sistema democrático para defender sus intereses personales, no es difícil aventurar un futuro lleno de problemas. Porque, en definitiva, esto es lo que ha estado en juego no solo en las últimas semanas sino en los últimos cuatro años. Los intentos de Trump por permanecer en el poder, coqueteando incluso con un autogolpe, han fracasado por la fortaleza de las instituciones norteamericanas. Pero la agresión a la que ha sido sometido el edificio democrático ha sido tan violenta que han quedado expuestas muchas grietas y escapes de agua. La restauración va a ser larga y costosa.

“No hay mejor incentivo para las tiranías que el cinismo de los ciudadanos” exclamaba recientemente el periodista argentino Diego Fonseca en The New York Times; lo que podría degenerar, como alerta el propio Ford, “en una ciudadanía dispuesta y capaz de desmantelar este país creyendo que necesita ser desmantelado o que lo están salvando”. En cierta medida, eso es lo que se escenificó en el Capitolio y lo que, desde hace mucho tiempo, vienen anunciando intelectuales, analistas y muchos políticos; la amenaza real de la democracia ante el empuje de los populismos, los nacionalismos y un fascismo de nueva generación que se ha integrado en esas instituciones democráticas para derribarlas desde dentro. Hay un movimiento de izquierdas en Estados Unidos, intelectualmente más moderno, audaz y capaz que los europeos, que está construyendo un discurso nuevo para enfrentarse a un desafío inmenso. Pero este desafío es global y, como sabemos, no todas las democracias tienen el mismo andamiaje para sostener las embestidas sin recibir daños irreversibles.

Obama cuenta en sus memorias, Una tierra prometida, que en 2008, al principio de su mandato, se encontró en Praga con Vaclav Havel, el dramaturgo que había llegado a ser presidente de la República Checa. Éste le hizo casi al final de la reunión una declaración para cincelar en piedra: “los autócratas de hoy son más sofisticados. Defienden las elecciones al mismo tiempo que desprecian poco a poco las instituciones que hacen que la democracia sea posible”. Es posible que el expresidente norteamericano rescatara con algo de oportunismo este testimonio para reforzar su sentido en el contexto actual, pero ayuda a fijar una cronología más precisa.

En el mismo artículo citado al principio, Diego E. Barros sostiene que quizá el país “comenzó a agrietarse la noche de la victoria de Obama en 2008. Cuando todo parecía posible nadie supo apreciar un ruido que empezó de inmediato”. Eddie S. Glauder Jr rasca más profundo: “es fácil para nosotros poner todo sobre los hombros de Donald Trump… pero esto somos nosotros”. A lo largo de sus memorias el expresidente norteamericano va madurando también la misma certeza a través de pequeñas observaciones y detalles rescatados al vuelo: todo empezó la noche en que ganó sus primeras elecciones.

¿Qué ha pasado desde entonces? El periodista argentino Martín Caparrós defiende que “los viejos dueños de la democracia perdieron el control, e intentaron recuperarlo, pero no lo consiguen porque el mundo que imaginan ya no existe”. Como consecuencia han quedado al descubierto todas las costuras de la democracia americana, modélica según el insistente relato propio divulgado exitosamente durante décadas, pero heredera de Jim Crow y de las desigualdades del capitalismo neoliberal inaugurado con Reagan. El poder del ejemplo de Estados Unidos, lamentaba esta semana la periodista de The Atlantic, Anne Applebaum, será a partir de ahora más tenue de lo que fue antes. “Los llamamientos estadounidenses a la democracia pueden ser rechazados con desprecio: ya no crees en ellos, entonces, ¿por qué deberíamos nosotros?”, señala. Se trata de un discurso realista pero también complaciente con la narrativa tradicional del país, que la inmensa mayoría de americanos se resiste a cuestionar: “Podemos seguir recurriendo permanentemente y de manera deliberada a leyendas y mitos para proteger nuestra inocencia”, denuncia Glaude Jr. Esa costumbre parece menos dolorosa que aceptar que Trump no es el problema sino el síntoma de un país que ya no puede ocultar por más tiempo su verdadera naturaleza.

El Partido Comunista nunca gobernó en España. Tan solo tuvo presencia minoritaria en los gobiernos de Largo Caballero y Juan Negrín ya en plena Guerra Civil. Cuando en 1975 murió el dictador, la voluntad por la reconciliación del PCE fue determinante para que la Transición culminara en la Constitución de 1978. Fue su gran aportación a la democracia española. Ahora que los que se autoproclaman constitucionalistas promueven una visión sesgada y excluyente del buen español, habrá que recordar que solo seis diputados votaron en contra de la Carta Magna en el Congreso, cinco de ellos pertenecían a la Alianza Popular de Manuel Fraga, origen del actual Partido Popular.

Después de 45 años de democracia, no hay duda de que esta se ha asentado en España pero no en muchos españoles, que siguen encerrados en marcos políticos y sociológicos que creíamos superados. La idea que se mantiene vigente sobre el PCE o el comunismo apenas se ha movido de aquellos discursos monótonos y plomizos de la plaza de Oriente, sobre los que el franquismo construyó su artefacto propagandístico. La educación en democracia no ha servido para desterrar aquella oxidada fruslería ideológica; y constatar esta evidencia a diario resulta hoy descorazonador.

El comunismo, que fue arquitecto indispensable de ese engolamiento llamado “espíritu de la transición”, sigue siendo la bestia parda de nuestro imaginario patrio. Al mismo tiempo, retorcemos la semántica para maquillar las fallas en la cultura democrática de quienes legitiman la herencia de Franco y airean desafiantes la versión de la historia que promovió la dictadura durante cuarenta años. Defienden la unidad de España, explican a modo de atenuante, los tribunos madrileños.

Y es ahí donde se quedan al descubierto las tuberías del sistema: no es tan importante el concepto de la democracia como la idea de España. A diferencia de los partidos en el gobierno, que practican el incómodo diálogo y el acuerdo con nacionalistas e independentista, la extrema derecha es radicalmente beligerante con quien no defiende una idea monolítica de la nación. Y al parecer, esa firmeza con los desafectos (o traidores a la patria) es la que respalda sus credenciales democráticas a ojos del mundo conservador. Y, en consecuencia, justifica los pactos en Madrid, Murcia o Andalucía como una ingeniería necesaria para salvar a España de sus enemigos.

Pero estas referencias están trucadas porque tienen la habilidad de una mirada de largo alcance en la que el sistema democrático no es más que un instrumento. Como explica el historiador Steven Forti, los ultranacionalismos “se mueven como pez en el agua en las grietas de nuestras sociedades multiculturales y juegan para convertir esas grietas en fracturas, yendo más allá de los clásicos clivajes izquierda-derecha”.

El problema es que esa España no existe, salvo en la corta y perezosa mirada de quien no entiende la complejidad de este país y opta por la sobreactuada y estridente épica de los relatos que desvirtúan la realidad. Es lo que Tony Judt llamaba “verdades abstractas”, que son las más complejas de desmontar, y que la ultraderecha gestiona con probada solvencia. Hasta el punto que, como denunciaba recientemente el historiador Julián Casanova, “en nombre de la democracia, se dedica a minar la democracia desde dentro”.

La derecha española ha sacado su artillería pesada para denunciar el acuerdo del gobierno de Pedro Sánchez con Bildu para aprobar los presupuestos generales. Es un recurso maniqueo que los gobiernos socialistas, en especial el de Zapatero, sufrieron cada vez que aplicaron las mismas políticas que la derecha en materia antiterrorista. Se puede y se debe condenar el legado de terror de ETA, que tanto dolor y sufrimiento causó durante décadas, y, al mismo tiempo, explorar caminos para el diálogo y el acuerdo siempre que resulten beneficiosos para el conjunto de los ciudadanos. Por encima del agotador debate sobre las identidades, ese lodazal, están los problemas cotidianos de los ciudadanos, cuyas soluciones deben juzgarse por sus resultados y no por la naturaleza de quienes las propusieron.

Hay que respetar el dolor de las víctimas y la incomprensión que suscita en muchos españoles el acercamiento a quienes hasta no hace mucho defendían la violencia como expresión política. Pero los gobernantes deben tener también altura de miras y sondear el dilema weberiano para interpretar cada tiempo e identificar las oportunidades que la democracia ofrece, una vez que las armas han callado. Es un principio de responsabilidad política.

“O bombas por votos” exigía al mundo abertzale en 2010 Alfredo Pérez Rubalcaba. Los independentistas, sin renunciar a sus legítimos objetivos, decidieron hacer política aceptando las reglas del juego democrático, tal y como los demócratas habíamos anhelado desde los oscuros años de plomo. Pero la narrativa no ha variado pese a que la realidad, afortunadamente, se ha impuesto tozuda y son ahora las víctimas las que piden que no se utilice su memoria como arma arrojadiza.

Si la Transición se promociona como un modelo de consenso y reconciliación, ¿por qué no se renueva ahora que España se enfrenta a nuevos desafíos? Nicolás Sartorius afirmaba esta semana: “no sé si hay pacto con Bildu, pero en la Transición pactamos con quien nos fusilaba”. Sería oportuno recordar que esos que fusilaban y mandaban a la cárcel a la oposición se hicieron demócratas de la noche a la mañana sin renunciar a su lealtad a los principios del franquismo y a la figura del dictador. Pasaron varias décadas hasta que el 20 de noviembre de 2002 el PP condenó por primera vez en sede parlamentaria la dictadura franquista.

Se señala a los homenajes que reciben en sus pueblos los etarras que abandonan las cárceles tras cumplir sus condenas para ilustrar que no hay arrepentimiento ni condena. De acuerdo, la memoria de sus víctimas es incompatible con la indecencia de estos aquelarres colectivos. Se enfatiza que los objetivos de los independentistas siguen siendo los mismos por los que mataba ETA, como si las ideas estuvieran manchadas por el pecado original y no por los fanáticos que decidieron defenderlas con asesinatos y extorsión. Quizá haya que acudir a la cirugía política para justificar el pacto con quienes no se sienten españoles; pero sabemos que la democracia es un sistema tan complejo que obliga al dialogo incluso con quienes desprecias o te desprecian. Por eso la cultura democrática siempre es vulnerable e incierta. ¿No es acaso ésta la razón por la que durante décadas presumimos de que la Transición española era un modelo admirado en el mundo? El politólogo holandés Cas Mudde afirma que el auge de la ultraderecha no es una causa sino un síntoma: “No refleja la fuerza de su ideario sino la debilidad de las instituciones democráticas”, sostiene. Éste es el verdadero problema ante el que debemos permanecer vigilantes.

Estos días ha estado en el centro de la polémica mediática el estreno en la plataforma HBO de “Patria”, la adaptación televisiva de la aclamada novela de Fernando Aramburu. La campaña de promoción lanzada por la cadena norteamericana de streaming desencadenó una fuerte controversia en España que, sin duda, ha ayudado a que la serie sea ya un fenómeno popular a la altura del libro.

En uno de los teaser de promoción se mostraba la imagen del Txato en brazos de Bittori, su desconsolada mujer, instantes después de ser asesinado por un pistolero de ETA. Enfrentada aparecía la imagen de un terrorista desnudo y en posición fetal rodeado por sus despreocupados torturadores. Políticos, periodistas y ciudadanos denunciaron la equidistancia de una imagen que situaba al mismo nivel de sufrimiento al ciudadano vasco asesinado por ETA y al etarra torturado. Se blanqueaba la acción criminal del terrorista al equiparar su dolor al de sus víctimas. Es decir, para HBO había víctimas a ambos lados. El propio Aramburu afirmó que el cartel era un desacierto: “pierde de vista el dolor de las víctimas”.

Pocos días después, abrumada por el alcance de la polémica, HBO rectificó, retiró el controvertido cartel y recuperó el original en el que sólo aparecía Bittori junto a su marido acribillado por las balas etarras. Además, para que no quedara espacio para interpretaciones, se incorporó al tráiler un texto contextualizador: “Más de 800 asesinados, miles de heridos y 52 años de terror”.

Desde que ETA anunciara el 20 de octubre de 2011 el cese definitivo de su actividad armada las victimas han venido denunciando la existencia en Euskadi de una batalla por imponer un relato que exonere de responsabilidades a los terroristas. Ocurre en las calles, en algunos medios de comunicación, en el revisionismo de políticos e historiadores y en los homenajes que reciben los etarras en sus pueblos tras abandonar la cárcel. En ese relato se pone de manifiesto la existencia de una guerra y, por lo tanto, de dos bandos que actuaron durante medio siglo según los códigos de un conflicto bélico.

Es un relato maniqueo, injusto y sesgado, que no corresponde con la dramática experiencia sufrida por las sociedades vasca y española, ni hace justicia a la memoria de quienes perdieron la vida a manos de los terroristas. Una coartada que no sostiene la historia. Aunque en ningún caso debería minimizarse la distorsión causada por la guerra sucia que ejerció el estado durante varias etapas de esa larga tragedia. Una aportación criminal que probablemente rearmó y alimentó durante más tiempo la chatarra ideológica que cargaba las pistolas de los etarras.

Los principales partidos integrados en el denominado “bloque constitucionalista”, y la mayoría de ciudadanos españoles, coinciden en el relato sobre el terrorismo y, salvo matices, defienden un mismo punto de vista sobre lo ocurrido durante este doloroso periodo de la historia del país. Se defiende incluso la necesidad de que los libros de texto expliquen claramente a las nuevas generaciones que nacieron o crecieron sin conocer el terrorismo etarra, qué fue, qué significó y quienes lo apoyaron. Hay un dato que se ha recordado con frecuencia en los últimos meses: el 47% de los universitarios vascos de primer curso desconoce quién fue Miguel Ángel Blanco, según un estudio realizado por el Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe.

Si resulta tan necesaria esta tarea pedagógica para defender la memoria de los asesinados en contraposición con los terroristas que pusieron en riesgo durante décadas la democracia española, ¿por qué no se defiende con el mismo ahínco la necesidad de una ley de memoria histórica o democrática que explique quién promovió en 1936 un golpe de estado contra el gobierno legítimo, qué fue la dictadura franquista y quiénes fueron las victimas de su brutal represión?

Tras la presentación del “Anteproyecto de Ley de Memoria Democrática” por parte del gobierno de coalición PSOE-UP, muchos han expresado su rechazo recurriendo al pertinaz argumentario: reabre viejas heridas, es revanchista, impone una mirada sesgada sobre la historia reciente de España u olvida que ambos bandos cometieron excesos. Este último adagio es el empeño clásico de las derechas españolas por hacer una equivalencia entre el gobierno de la República y los sublevados y, sobre todo, por disimular la devastación de los cuarenta años de dictadura. Al cuestionar la misma naturaleza antidemocrática del franquismo se cultiva el cinismo de un relato hecho a medida del consumidor. Exactamente lo mismo que se denuncia estos días en Euskadi.

La letra del anteproyecto es cuestionable en algunos de sus puntos y debe ser ajustada en su tramitación, pero nunca será, pese a ello, un texto de consenso. No puede serlo. La democracia española debería aspirar a que todos sus partidos políticos fueran capaces de compartir un mismo relato sobre la historia reciente del país. La consecuencia de ese consenso sería una ley pactada que no fuera rechazada o cuestionada por partidista o ideológica. Evidenciaría también una madurez democrática surgida de la experiencia y del tiempo. Para ello sería fundamental que la derecha española se desprendiera definitivamente de su pasado franquista y no titubeara a la hora de llamar dictadura a lo que no fue otra cosa. Y que no se arrojaran siniestros matices sobre la existencia de una España derrotada que vivió oprimida durante cuarenta años.

Muchos pensaron que, como ocurrió en largo proceso de desnazificación en Alemania, sería necesario que desapareciera la “generación culpable” para poder afrontar el pasado sin traumas y con perspectiva. Y que la Transición, un artefacto político útil para una coyuntura histórica, sería revisada y actualizada por los hijos de quienes la pactaron para que respondiera a las necesidades de la sociedad actual. No solo no ha ocurrido sino que las nuevas generaciones se han situado en posiciones más extremas e intransigentes.

Hay quienes consideran que la “Ley de Memoria Democrática” es una enmienda a la totalidad de la Transición, como si ésta fuera un presente continuo que determina la vida de los ciudadanos pero no requiere de ajustes; son ellos los que deben adaptarse. El historiador Raimundo Cuesta sostiene que la Transición se habría erigido en una suerte de “categoría metahistórica, en una entidad que se explica, con mayúscula, por sí misma”. Y en ese contexto, la izquierda es generosa y democrática si pacta y cede, como hizo en el 77, pero intransigente y sectaria si reclama cambios. Y de este modo lo que se definió como un tránsito (como su propia palabra explica) entre regímenes se ha convertido con el paso de los años en la hora fundacional de una nación con toda su parafernalia de mitos y leyendas.

El anteproyecto de ley detalla algunos apartados: auditoría del expolio, reparación del trabajo forzado, nulidad de las resoluciones de los tribunales franquistas, localización y exhumación de fosas, fiscalía para la investigación de ciertos hechos producidos entre 1936 y 1978, banco de ADN, censo de víctimas, retirada de honores, extinción de las fundaciones pro franquistas, introducción de la memoria democrática en la ESO y acceso a los archivos. Es difícil no encontrar justicia democrática en estos propósitos, más allá de posiciones ideológicas.

Como señalaba recientemente Emilio Silva, presidente de la “Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica”, en un momento en que Europa, incluida España, está viendo cómo sus parlamentos se llenan de diputados y diputadas de extrema derecha, “no podemos cometer el error de perder de vista la memoria de la antidemocracia. Entendiendo quiénes eran los fascistas, qué hicieron, para qué lo hicieron, quiénes colaboraron con ellos, qué papel tuvo la jerarquía de la Iglesia católica en el golpe de Estado y en el franquismo…”.

El historiador Francisco Espinosa recordaba en CTXT que Fritz Bauer, fiscal general del estado federal de Hess, inició su lucha contra la impunidad de los antiguos dirigentes nazis cuando entendió que el único punto de partida válido para la RFA exigía “erradicar las raíces del nacionalsocialismo, que pasaba obligatoriamente por una confrontación honesta con el pasado. Lo primero que consiguió, en 1952, fue establecer jurídicamente que el Tercer Reich había sido un ”Estado de no derecho“, legitimando así los levantamientos y atentados contra el régimen y el Führer”.

La “Ley de memoria democrática” no puede ser despachada por la derecha como otra batalla cultural de la izquierda revanchista sino como un ejercicio necesario de educación en democracia; en especial en un país con tan corta tradición democrática. Del mismo modo que es justo honrar la memoria de las víctimas de ETA, es necesario recordar a quienes sufrieron la represión de la dictadura. Porque se corre el riesgo, como denunciaba Eduardo Maura, profesor de filosofía en la Universidad Complutense de Madrid, de aceptar con naturalidad que “ser demócrata es estar en contra de ETA” y olvidar que ser demócrata significa también “ser antifranquista y antifascista”.

La cultura de la cancelación se ha convertido en uno de los sintagmas de moda en todo el mundo desde que el pasado 7 de julio un grupo formado por 135 intelectuales, académicos y activistas (la mayoría de ellos norteamericanos) publicara en Harper´s Magazine una carta en favor del derecho a discrepar y en contra del “clima de intolerancia instalado en los dos lados”. En “A Letter on Justice and Open Debate” los firmantes, un heterogéneo grupo en el se encuentran personalidades tan dispares ideológicamente como Noam Chomsky, Steven Paniker, Margaret Atwood, Michael Ignatieff, Salman Rushdi o J.K. Rowling, alertaba de que la censura “se extiende y hay intolerancia a los puntos de vista diferentes, inculpaciones públicas y ostracismo, y una tendencia a disolver los temas complejos en certezas morales cegadoras”.

En España los principales medios de comunicación, (El País, El Mundo, ABC y La Razón), se hicieron eco de la carta pero, curiosamente, le dieron un significado que los firmantes no habían expresado en ningún momento de manera tan explícita. Pese a que el ya famoso texto no citaba las palabras “progresista” o “izquierda”, los diarios españoles se aventuraron a afirmar que ésta quería denunciar los excesos censores que se estaban cometiendo desde cierta parte del espectro progresista.

La carta tuvo su réplica en España pocos días después, promovida por algunos de los intelectuales y periodistas orgánicos del régimen del 78 (aunque fue suscrita por muchos más): Juan Luis Cebrián, Arcadi Espada, Fernando Savater, Elvira Roca Barea, Mario Vargas Llosa o Javier Cercas. En ella, a diferencia de la carta publicada en Harper´s Magazine, culpaban a ciertas “corrientes ideológicas, supuestamente progresistas, que se caracterizan por su radicalidad”, de haber fomentado un clima de caza de brujas y cancelación contra aquellos que no seguían sus postulados ideológicos.

Quienes firman estas cartas han disfrutado a lo largo de las últimas décadas de importantes plataformas desde las que han expresado sin problemas sus opiniones. Muchos de ellos se han arrogado la autoridad moral para impartir doctrina con la resuelta arrogancia de quien se sabe miembro de una privilegiada minoría con aspiraciones de intelectualidad. Muchos de ellos realmente han sido y siguen siendo creadores de opinión y referentes intelectuales. Nunca han sufrido en democracia los rigores de la censura y, probablemente, nunca los sufrirán. Pero temen perder su capacidad de influencia. Como resumía con ironía en Twitter la joven escritora de origen haitiano Doreen St. Felix, colaboradora de The New Yorker: “Estamos dejando de ser relevantes’”.

Los firmantes de “The Letter” ponían como ejemplo del asfixiante clima censor reinante, la renuncia en junio de James Bennet como editor de la página editorial de The New York Times, días después de que la sección de opinión del periódico publicara un artículo del senador republicano por Arkansas Tom Cotton, que titulaba “Envíen las tropas”. El político instaba a que se hiciera “una demostración abrumadora de fuerza para dispersar, detener y, en última instancia, disuadir a los infractores de la ley”, en mitad de las protestas que se expandieron por todos los Estados Unidos tras la muerte a manos de la policía de George Floyd. El artículo provocó la ira de los lectores y redactores del Times.

Muchos periodistas en España se apresuraron a mostrar su solidaridad con Bennet y pusieron su ejemplo como paradigma del insoportable clima de opresión bajo el que desempeñaban su trabajo por culpa del acoso de una parte de la izquierda, principalmente en redes sociales. Ese lamento recordaba al estupor del prefecto Renault tras descubrir que en el café de Rick se jugaba. Algunos de los firmantes llevan meses pidiendo al New York Times que sustituya a su corresponsal en España, Raphael Minder, porque no comparten la manera en la que el periodista enfoca sus artículos sobre nuestro país, en especial en el tema de Cataluña. Cancelando que es gerundio.

El periodista; el norteamericano, el español y el de cualquier parte del mundo, está sometido desde la noche de los tiempos a una sutil cultura de la cancelación impartida por los poderes políticos y económicos. En España son cientos los profesionales que han perdido su trabajo o han visto limitada su capacidad de acción por las presiones invisibles pero contundentes de quienes tienen la capacidad real para hacerlo. No hay cultura de la cancelación más letal que la que impone el miedo a perder el trabajo. Ocurre a diario pero no merece ser alertada por opinólogos que más bien temen perder su estatus. La periodista de The Verge, Sarah Jeong, lo sintetiza bien: “para ser claros, los opinadores no están en peligro de una guillotinación real, excepto quizás metafóricamente, que no es en absoluto lo mismo. Seguirán publicando y algunos de ellos seguirán ganando mucho dinero”.

Bajo la idea de cultura de la cancelación se han almacenado diferentes fenómenos sociales, culturales y políticos que merecen tratamientos diferentes. Por un lado está el ruido en redes sociales (en especial en Twitter), donde es sencillo montar una campaña de desprestigio contra aquellas marcas o personajes públicos que han realizado declaraciones polémicas que han ofendido a su público objetivo. En Estados Unidos la popular marca de conservas Goya ha sido sometida a un boicot tras las declaraciones de su CEO, Robert Unanue, en las que afirmaba que “todos estamos verdaderamente bendecidos de tener un líder como el presidente Trump”. El principal nicho de mercado de Goya es el consumidor de origen latino, que sufre a diario el desprecio y los ataques del inquilino de la Casa Blanca.

Si habláramos en términos de marketing habría que convenir que no hay nada más capitalista que la cultura de la cancelación, pues se trata de una variable más que regula el mercado. Para ello se creó el concepto de la “reputación on-line”, que mide y trata de corregir los desajustes de una marca en su exposición pública. De la misma manera que una acertada campaña de marketing logra incrementar las ventas de un producto, en la sociedad de las redes sociales un desliz puede provocar el efecto contrario. Es el mercado, amigo. La periodista Surekha Ragavan defiende en PR Week que “dado que la cultura de la cancelación es un tema candente en este momento, las marcas deben comprender las deficiencias de su discurso, así como el potencial de hipocresía que lo acompaña”. Ellas son las víctimas de su propio juego. Como explicaba el propio Chomsky en una reciente entrevista en El País, “vivimos la ficción de que el mercado es maravilloso porque nos dicen que está compuesto por consumidores informados que adoptan decisiones racionales. Pero basta con poner la televisión y ver los anuncios: ¿buscan informar al consumidor y que tome decisiones racionales? ¿O buscan engañar?” El boicot, como bien sabemos en España, es una práctica ideológica que de vez en cuando se enmascara bajo el libre mercado.

Después hay una cultura de la cancelación que tiene que ver con las ideas; es un movimiento cultural y ciudadano, es transversal, transnacional e iconoclasta, y busca superar los marcos políticos e históricos actuales. Como todo movimiento revolucionario, y éste lo es en tanto aspira a una sociedad nueva, corre el riesgo de cometer excesos, abusos y de desviarse de sus impulsos originales. Está ocurriendo. Pero como nos enseña la historia, el tiempo moderará su furor inicial y filtrará los desvaríos iconoclastas para que se sustancie lo esencial: es necesario acabar con el racismo sistémico que vive la sociedad norteamericana y queda un largo trecho para conseguir la igualdad real entre el hombre, la mujer y las personas no binarias. Y, sobre todo, se impone revisar el relato y los símbolos que nos explican la historia común porque estos fueron encumbrados por los vencedores. Hay una nueva generación que quiere superar el marco impuesto por sus padres y poner el foco en aquello que nosotros hemos aceptado como irremediable por puro acomodo intelectual. Ocurre en cada generación. Hemos llamado cultura de la cancelación a lo que no es más que la manifestación de nuestra melancolía.

La periodista Sarah Hagi asegura en Time, que apelar a la cultura de la cancelación se ha convertido “en una solución general para cuando las personas en el poder enfrentan las consecuencias de sus acciones o reciben algún tipo de crítica, algo a lo que no están acostumbrados”. En Estados Unidos se ha enfrentado la idea de la cultura de la cancelación, con evidentes connotaciones negativas, con el derecho al “free speech”, cuya versión española más conocida es la que se autoproclama “políticamente incorrecta”. En redes sociales abundan sus epígonos, que se acompañan invariablemente de la bandera de España. El director Nacho Vigalondo lo dijo en el diario El Mundo: “esos que ahora se autodefinen como políticamente incorrectos son los tíos políticamente correctos de hace 20 años, que se han hecho viejos y demandan que vuelvan los chistes de mariquitas porque quieren que todo sea como antes. Esa incorrección política es nostalgia pura y dura de la peor calaña”.

La cultura de la cancelación no es la principal amenaza a la que se enfrenta el mundo. De hecho, está lejos de ser un problema para las sociedades bien pensantes. Tampoco existe una supuesta alianza progresista mundial coordinada para imponer sus recetas ideológicas. No hay mas que dar una vuelta por el mapa geopolítico global para observar que las izquierdas son irrelevantes en lo que despectivamente hemos llamado “primer mundo”. Ni siquiera en España, donde la socialdemocracia anoréxica del PSOE y el eurocomunismo descolorido de Unidas Podemos están aplicando, sin margen de maniobra, políticas fiscalizadas por la Unión Europea. En un mundo gobernado por personajes como Donald Trump en Estados Unidos, Vladimir Putin en Rusia, Alexander Lukashenko en Bielorrusia, Jair Bolsonaro en Brasil, Andrzej Duda en Polonia o Viktor Orban en Hungría, resulta una desasosegante frivolidad que algunos dirijan sus preocupaciones hacia las corrientes ideológicas progresistas. Trump acaba de llamar asquerosa (su epíteto favorito cuando se refiere a una mujer) a Kamala Harris, la vicepresidenta en la candidatura de Joe Biden. Trump está poniendo todos los impedimentos legales a su alcance para que el voto por correo no sea posible en aquellos estados en los que puede perder. En la considerada primera democracia del mundo millones de sus ciudadanos no podrán ejercer su derecho al voto en noviembre. ¿No hay peor cultura de la cancelación que ésta?

El neoliberalismo ganó su batalla ideológica iniciada a principios de la década de los 80 con Ronald Reagan y Margaret Thatcher, pues no hay ideología más poderosa que la que establece el marco económico. El colapso del mundo comunista acabó con los contrapesos y el capitalismo se desprendió de su último lastre para convertirse en el modelo predominante que es hoy. El sociólogo francés Ugo Palheta, autor de varios trabajos sobre el ascenso de la extrema derecha en Francia, alerta de que el desmantelamiento progresivo del Estado de bienestar y la sumisión a los capitales transnacionales, “es decir, el neoliberalismo hegemónico”, han favorecido la penetración de la extrema derecha en sectores populares cada vez más desprotegidos, “tanto como los discursos contra la inmigración y el autoritarismo creciente de los gobiernos”. Y es ahí donde está ahora la verdadera batalla cultural, en el terreno de lo moral y de las ideas. Por eso llaman cultura de la cancelación a lo que consideran la última amenaza para conseguir la hegemonía completa de su contrarreforma conservadora; la económica y la cultural.

Hace casi cuarenta años la Fundación Institucional Española comenzó a organizar el concurso “¿Qué es un rey para ti?”, dirigido entonces a los alumnos de la EGB y ahora de Primaria y 1 y 2 de la ESO. Se trataba de premiar a aquellos estudiantes que mejor supieran reflejar los valores democráticos que supuestamente emanaban de la figura del monarca. Oficialmente era una campaña educativa para divulgar la figura del jefe de Estado entre los estudiantes españoles, como máxima autoridad de la joven democracia, pero con cierta perspectiva también podía ser vista como una simple campaña de culto al líder.

Había un mensaje subliminal en ese ejercicio de proselitismo que promovía la peligrosa especie según la cual los valores democráticos debían ser vinculados a la figura del rey y no al anhelo colectivo de la sociedad española. La democracia, se deducía, era fruto de la graciosa voluntad del monarca y no el resultado de las luchas, movilizaciones y deseos de los españoles. Esa relación de ideas entre el rey y el proceso democrático, por la cual éste había sido posible gracias exclusivamente a la voluntad de Juan Carlos I, dejaba en mal lugar a la propia democracia española pues exponía la debilidad de sus cimientos y su dependencia en origen de la arbitrariedad individual. Una democracia que puede ser concedida graciosamente por un rey es una contradicción con los mismos valores democráticos, que emanan del pueblo.

En el relato oficial se sitúa a Juan Carlos I, nombrado por Franco su sucesor a título de rey en 1969, como el arquitecto de la Transición española que utiliza los poderes absolutos heredados del dictador para poner en marcha un plan que había madurado durante años para restituir las libertades democráticas. Suena bien, pero no es completo.

Juan Carlos I, que se reconoce con pocas luces pero gran olfato político, era consciente en 1975 de que solo podría ser rey de una España democrática, que solo sería reconocido por el resto de países si traicionaba a quien le había puesto en el trono. Lo pudo hacer guiado por convicciones democráticas pero también por cálculo y por instinto de supervivencia. Cuando los redactores de la Constitución llegaron al artículo 56 diseñaron un traje a medida del monarca que, en buena parte, estaba inspirado en las constituciones de las principales monarquías europeas: se establecía la regla de la absoluta irresponsabilidad regia, fiel reflejo del viejo aforismo británico “the king can do not wrong” (el Rey no puede hacer mal). La persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad.

A partir de ese momento al rey solo se le pedía que fuera decente y que la monarquía tuviera una actitud ejemplar, que fuera útil a la nueva democracia. Era la mejor aportación que podía hacer Juan Carlos I para justificar la restauración borbónica sin que mediara siquiera debate sobre cuál era el mejor modelo de estado para la nueva democracia. Muchos años después, en 1995, Adolfo Suarez, en un “off the record” con la periodista Victoria Prego, reconoció que en plena Transición su gobierno descartó la posibilidad de un referéndum para elegir entre monarquía o república porque, según las encuestas que manejaban, ganaba la segunda opción.

“Cuando la mayor parte de los jefes de Gobierno extranjeros me pedían un referéndum sobre monarquía o república..., hacíamos encuestas y perdíamos”, admitió el expresidente fallecido en marzo de 2014. La solución para que esta consulta no se realizara fue meter “la palabra rey y la palabra monarquía en la ley” de la Reforma Política de 1977. De esta manera, “dije que había sido sometido a referéndum ya”, explicó a Prego. Poniendo monarquía en la ley, se aseguró la permanencia de la institución. El viejo franquismo veía, de este modo, resueltos sus temores de una restauración de la república que vinculaban al comunismo y a la Guerra Civil.

La oposición democrática aceptó la solución monárquica dentro de la Constitución a cambio de limitar al máximo el poder ejecutivo del rey, de tal modo que quedara en una figura meramente sancionadora. El monarca era, de algún modo, el tótem que sostenía la dudosa narración histórica del país más antiguo de Europa, le daba continuidad y justificación en el tiempo y, por razones de simbología política, garantizaba su estabilidad territorial e institucional. En última instancia mantenía la identificación del país con las viejas naciones europeas, como si si se tratara de un reposo de legitimidad, y se olvidaban las desastrosas experiencias del pasado con la dinastía de los Borbones.

Los partidos de larga tradición republicana, como el PSOE, se acomodaron sin demasiados problemas a la teoría de Montesquieu según la cual el país podía ser “una nación en la que la república se amaga bajo la forma de monarquía”. Tenían la coartada moral para enterrar definitivamente, sin demasiados prejuicios, el debate pendiente sobre el modelo de estado. Tampoco los liberales españoles se rasgaron las vestiduras pese a que, como ha escrito uno de los grandes teóricos del republicanismo, el politólogo irlandés, Philip Pettit, “la concepción republicana de la libertad debería atraer a los liberales, en la medida en que, centrada en la capacidad individual de elección, tiene mucho en común con la noción negativa de libertad como no-interferencia”. Podríamos decir que el “juancarlismo” militante sirvió para maquillar las contradicciones ideológicas.

En el relato oficial también se dice que el 23F el rey logró definitivamente la legitimidad que necesitaba al detener el golpe de estado. A estas alturas no caben las teorías de la conspiración para implicar al monarca en la trama pues muchos y rigurosos estudios e investigaciones, como el de Javier Fernández, desmontan dicha hipótesis. El monarca tenía muy presente la experiencia de su abuelo Alfonso XIII, cuyo reinado comenzó a derrumbarse el día que apoyó el golpe de Estado de Miguel Primo de Rivera en 1923. Pero también se sabe, y lo explicó bien Javier Cercas en “Anatomía de un instante”, que el rey alentó de manera irresponsable en los meses previos, con su indiscreción y charlatanería en corrillos políticos y castrenses, la impresión de que no vería con malos ojos un golpe de timón que acabara con el gobierno de Suárez. Maniobró para acabar con un político que ya no le servía, con el que ya no congeniaba pero que había ganado las elecciones generales de 1979.

Tras el fracaso del golpe de estado el rey se retiró a sus cuarteles de invierno y se dedicó a borbonear, que es una mezcla de charlatanería, hedonismo, soberbia, irresponsabilidad, indiscreción, banalidad, frivolidad e incapacidad para medir los márgenes de su desempeño institucional. Desde ese momento, como ha recordado estos días el historiador zaragozano, Julián Casanova, “al Rey Juan Carlos se le sacralizó como el piloto del cambio desde la dictadura a la democracia. Una construcción positiva, estimulada por políticos, intelectuales y medios que le dejó fuera de las zonas oscuras, errores o deficiencias de la democracia”.

El rey vivió protegido por un pacto de silencio de los medios de comunicación y de la clase política; un cordón de seguridad que lo mantuvo alejado de cualquier crítica y que le exoneró de grandes responsabilidades institucionales. El rey pasó de las páginas políticas de los periódicos a las de sociedad, abrigado por un relato que describía una familia, la suya, modélica y ejemplar que representaba, otra vez más, los valores de la nueva España. Se construyó una imagen de “hombre de estado” con elementos específicos del tradicional casticismo español como su campechanía o austeridad. Lo hacían más cercano. El rey era el mejor embajador de España en el mundo, explicaba el férreo relato oficial. A cambio se le pedía prudencia y discreción pero Juan Carlos I, ebrio de ego, traicionó ese confianza y, de paso, también a los españoles.

Con el nuevo siglo la figura del rey comenzó a deteriorarse a golpe de escándalos financieros y de alcoba. En los tres momentos más graves de la reciente historia de España el protagonismo de la monarquía española ha sido bochornoso: en abril de 2012, en plena crisis económica, meses después de reformarse la Constitución para garantizar el pago de la deuda, con las cajas de ahorros quebrando y lo desahucios diarios conmoviendo a un país en ruina, saltó la noticia del accidente del rey mientras cazaba elefantes en Botswana con su amante. Ahí comenzó su final.

En octubre de 2017, pocos días después del referéndum por la independencia de Catalunya que el gobierno de Mariano Rajoy intentó evitar con desproporcionada represión policial, Felipe VI ofreció un discurso en el que no dedicaba ni una sola palabra a los heridos por la actuación de las fuerzas del orden. El rey renunciaba a su condición de árbitro imparcial y dejaba de lado a una parte de los españoles.

El domingo 15 de marzo, al día siguiente de declararse el estado de alarma en España como consecuencia de la pandemia de coronavirus, la Casa Real emitió un comunicado en el que anunciaba que el rey Felipe VI retiraba la asignación constitucional que hasta entonces percibía su padre. También renunciaba a su condición de beneficiario de una estructura 'offshore' creada por el rey emérito y que supuestamente le habría permitido ocultar 64,8 millones de euros recibidos de Arabia Saudí. El “segundo beneficiario” de esa fortuna era Felipe VI, quien ya tenía conocimiento de este hecho desde hacía un año pero que no hizo nada hasta que un diario suizo desveló la noticia a principios de marzo.

Durante estos meses, con un país golpeado con una dureza desconocida por el virus, ha quedado de manifiesto la irrelevancia de la Casa Real y su incapacidad para reconstruir una imagen con la que los españoles puedan sentirse identificados. Se ha revelado como una institución intrascendente. Cada paso que ha dado para lavar su reputación, con la falsa idea de una monarquía cercana, moderna y austera, ha constatado lo lejana que, en realidad, se encuentra de los problemas reales y cotidianos de los españoles. Es difícil no ver en cada acción una estrategia de comunicación diseñada más en beneficio propio que como consecuencia de una preocupación real por la situación del país.

Puesto que el rey no está sometido a la sanción de las urnas y la Constitución lo declara irresponsable de sus actos, aunque estos fueran constitutivos de delito, la exigencia máxima de decencia y ejemplaridad debería ser la única guía de su reinado, sin ningún tipo de mácula o excepción. En 1978 la mayoría de españoles decidió olvidar la historia de España y confiar nuevamente en un Borbón; éste solo tenía que ser ejemplar pero decidió corromperse. Juan Carlos I ha abusado de la confianza de los españoles y estos comprueban ahora con desasosiego que la justicia no es igual para todos. Si la monarquía deja de ser modélica, entonces deja de tener sentido en democracia porque renuncia a su papel de moderador. Y si no se le puede juzgar arrastrará para siempre la vergüenza de su desatino, que afectará al actual rey pues se trata de una institución hereditaria.

El rey no se ha sacrificado por España, otro de los hits del relato oficial, sino que, como vemos estos días, se ha aprovechado de ella. Los que se declararon durante décadas juancarlistas o los que siguen defendiendo, pese a todo, a la monarquía estos días tienen que preguntarse seriamente para qué sirve un rey. La evidencia de que los españoles que viven en democracia tienen derecho a elegir a su jefe de estado, principio básico del republicanismo, cada vez es más difícil de rebatir.

Juan Carlos I ha agotado buena parte de la reserva de confianza que conservaba la monarquía española. Lo ha hecho en el peor momento. Vivimos tiempos convulsos e iconoclastas en los que las sociedades están experimentando cambios profundos e imprevisibles. Lo que antes se toleraba o se obviaba corre ahora el riesgo de ser derribado sin contemplaciones, como lo son estos días las estatuas que ya no evocan personajes gloriosos de la historia sino episodios vergonzosos que no admiten celebración. El anacronismo de la monarquía tienen mal encaje en las nuevas corrientes de pensamiento que penetran en las jóvenes generaciones, y posiblemente dentro de no mucho el rey sea un afectado más por esa cultura de la cancelación que está revisando todos los marcos mentales y políticos en el mundo. Quizá lo único que salve de momento al monarca sea la ausencia de un intelectual español con la autoridad moral de Ortega y Gasset que vuelva a escribir “Delenda est Monarquía”.

La bandera, más allá de la representación oficial del país, es un concepto abstracto y, por lo tanto, irracional. No cabe apelar a ordenamientos jurídicos cuando se trata de asimilar su representatividad a la idea siempre subjetiva e íntima de la patria. Por eso las banderas deberían ser un elemento aséptico de la identidad nacional para que nadie pudiera sentirse extraviado bajo su cobijo o, por el contrario, para que nadie tuviera la tentación de atribuirle unos determinados valores que forzaran una uniformidad excluyente.

O se siente o no se siente. Si se siente habría que aceptar sin aspavientos el derecho de cada español a identificar esa bandera con unos valores determinados o con una representación propia de la patria. Un marco mental y emocional personal e intransferible. E incluso asumir como un ejercicio de libertad ciudadana la desafección hacia la enseña nacional. En España, desafortunadamente, un sector importante de la derecha española se apropió hace décadas de la bandera y la vinculó a una serie de valores que gravitan solo en su universo particular. Buena parte de esa panoplia ideológica es incompatible con otras interpretaciones igualmente legítimas de la idea de la patria, la nación o la comunidad. En consecuencia, han convertido la bandera en un símbolo que solo representa a una parte del país.

Lo vemos estos días en muchas calles de España durante las movilizaciones promovidas por VOX y el Partido Popular. La bandera que, dicen, deberían lucir todos los españoles con orgullo y sin complejos es utilizada para atizar a la mitad del país, sociológicamente de izquierdas, que no se identifica con toda esa fruslería ideológica. Irónicamente, un sector de la derecha culpa a los ciudadanos de izquierdas de esa apropiación y les acusan de pasividad y desdén. Es decir, son ellos los que se han dejado robar la bandera. El argumento, construido a partir de una monumental falacia, ha provocado, sin embargo, la reacción de miles de españoles en redes sociales, que han acudido decididos a reivindicar la bandera como símbolo común por encima de ideologías. La bandera es de todos, dicen.

Es cierto que la izquierda española no ha sentido fervor por la rojigualda porque la identificaba con la dictadura franquista, que la impuso tras ganar la Guerra civil. Es cierto que a lo largo de la democracia ha tenido una relación cargada de prejuicios y complejos de tipo sentimental e ideológico. Es cierto que por tradición se ha sentido más representada por la tricolor republicana. Pero también es verdad que tras la muerte del dictador quienes más concesiones hicieron en la construcción de la nueva democracia fueron los partidos de izquierdas, que sufrieron durante 40 años la terrible represión franquista. Todo el corpus de símbolos, empezando por la propia monarquía, fue asimilado dócilmente para facilitar una transición rápida y pacífica.

Hay un momento en la historia de esa transición que ilustra bien el contexto en el que se desarrolló la Transición. El 14 de abril de 1977, cinco días después de la legalización del PCE, los comunistas españoles celebraron la primera reunión de su Comité Central desde el final de la guerra. El ruido de sables era ensordecedor y Adolfo Suárez, a través de su estrecho colaborador, José María Armero, pidió a Santiago Carrillo un gesto para calmar los exaltados ánimos de los cuarteles. Las palabras con las que abrió el líder comunista aquella reunión ya son historia:

“Nos encontramos en la reunión más difícil que hayamos tenido hasta hoy desde la guerra[...] En estas horas, no digo en estos días, digo en estas horas, puede decidirse si se va hacia la democracia o se entra en una involución gravísima que afectaría no sólo al Partido y a todas las fuerzas democráticas de la oposición, sino también a las reformistas e institucionales [...] Creo que no dramatizo, digo en este minuto lo que hay”. En el transcurso de ese Comité el PCE adoptó la bandera rojigualda y la lució junto a la comunista en su primera comparecencia ante los medios de comunicación. Adolfo Suárez logró lo que quería.

Aunque el tiempo haya reducido a una anécdota de la historia española ese momento dramático, siempre es conveniente ahondar en la raíz de los problemas para entender sus derivaciones actuales. El propio Pedro Sánchez, en el acto de presentación de su candidatura a la presidencia del gobierno en las elecciones generales de 2015, se dirigió a sus seguidores desde un escenario presidido por una inmensa bandera española. “Atrás parecen haber quedado los tiempos en los que el PSOE se avergonzaba de los símbolos nacionales de su país” decía la crónica del periódico digital El Español.

Lo que se ventila estos días no es solo la apropiación de los símbolos y su utilización como arma arrojadiza sobre el adversario, sino su instrumentalización para otros fines políticos de mayor alcance y profundidad. Las demostraciones en la calle forman parte de una lucha ideológica por la defensa de unos privilegios de clase que se consideran amenazados. Hay una estrategia de acoso y derribo a un gobierno que consideran ilegítimo por la presencia de comunistas y por sus acuerdos con los independentistas. La narrativa es, a veces, tan delirante y retorcida que muchos de ellos reclaman libertad y democracia mientras ondean banderas franquistas.

“Pactan con los enemigos de España”, denuncian cuando el gobierno de Sánchez acuerda con Bildu la derogación de la reforma laboral aprobada unilateralmente por el PP en 2012. De nuevo el mismo marco mental para hablar del país. ¿De qué España hablan? Pactar con Bildu (una coalición de partidos entre los que se encuentra la antigua Eusko Alkartasuna, la Aralar de Patxi Zabaleta o la escisión de Izquierda Unida, Alternatiba), leyes que benefician a millones de trabajadores españoles en situación de precariedad no pone en peligro la unidad de España ni su estado de derecho. Tampoco deslegitima su fin. Tan solo constata la complejidad y diversidad de un país que no es visible desde una sola óptica y que necesita pactos y acuerdos multilaterales para ser gobernado. La democracia, efectivamente, obliga a dialogar, negociar y ceder. Lo que en realidad se enfrentan son dos conceptos de la patria: la de los símbolos frente a la social y de progreso. Y para millones de españoles no es peor pactar con Bildu leyes que mejoran las vidas de miles de trabajadores que gobernar comunidades autónomas gracias al voto de la ultraderecha que añora la dictadura franquista. El recurso a la bandera pretende uniformizar un país que ya no es una, grande y libre.

El escritor italiano Antonio Scurati recrea en su fantástica biografía novelada sobre Mussolini, “M. El Hijo del Siglo”, el ascenso del dictador al poder a partir de la construcción de un nuevo relato sobre el país trufado de manipulaciones que apelaban a las más bajas pasiones de los italianos. Cuando Mussolini se refiere a los Osados, un cuerpo de veteranos de élite que luchó en la Primera Guerra Mundial y que se sumó desde la primera hora a su proyecto político, los describe como “fanáticos, supervivientes que, creyéndose héroes consagrados a la muerte, confunden una sífilis mal curada con una señal del destino”. La analogía con el momento actual es tentadora. En la primera reunión de los Fascios de Combate celebrada en 1919, Il Duce duda y especula con los nombres más adecuados para cubrir los principales cuadros de mando: “a los otros dirigentes los escogeremos al azar entre los que monten más alboroto en las primeras filas”, concluye. Las recetas son viejas; el ruido siempre como recurso para distraer la atención.

Los politólogos Steven V. Miller y Nicholas T. Davis, de Texas A&M, han publicado recientemente en Estados Unidos un documento de trabajo titulado “Intolerancia a los grupos externos blancos y disminución del apoyo a la democracia estadounidense”. Su estudio encuentra una correlación entre la intolerancia de los blancos estadounidenses y el apoyo a un gobierno autoritario. Cuando los blancos intolerantes temen que la democracia pueda beneficiar a las personas marginadas, abandonan su compromiso con la democracia. El informe muestra que las personas que dijeron que no querían vivir al lado de inmigrantes o de personas de otra raza apoyaban más la idea de un gobierno militar o de un líder fuerte que pudiera ignorar las legislaturas y los resultados electorales.

Hans-Georg Betz, un destacado experto en populismo y derecha radical en las democracias liberales desarrolladas, defiende en Open Democracy que “lo que diferencia a los partidos populistas en general, y a los partidos populistas de extrema derecha en particular, es que estos apelan principalmente a una variedad de emociones: ira, indignación, nostalgia y especialmente resentimiento”.

Existe una narrativa populista radical y universal de derechas que acusa a la izquierda intelectual, cultural y política desde la década de 1960, como insiste el destacado líder holandés de la formación ultra Foro para la Democracia, Thierry Baudet, de fomentar una estrategia destinada a destruir la “sociedad burguesa, las tradiciones burguesas y el estilo de vida burgués de la gente común” para establecer la “utopía” igualitaria.

La escritora y activista canadiense Naomi Klein advertía recientemente de que “la extrema derecha está siendo mucho más internacionalista que la izquierda; están intercambiando estrategias, trucos políticos y tecnologías”. Ésta es la verdadera agenda que se esconde tras las banderas y el ensordecedor ruido de las cacerolas. No se trata de patriotismo sino de mantener unos privilegios a costa de los derechos de las clases menos favorecidas. La pandemia y el confinamiento, que ha igualado a todos, sólo ha acelerado un proceso que, como queda demostrado, viene de lejos y es global.

La izquierda se equivoca cuando aspira a competir con la derecha en el terreno de los símbolos, un espacio en el que las emociones tienen más predicamento que los argumentos. Como afirman los periodistas Pablo Carmona y Nuria Alabao en CTXT: “la única manera efectiva de enfrentarse a la ultraderecha es recuperar la calle con demandas materiales”. Y es ahí donde Andy Robinson, periodista y economista, defiende una nueva Internacional Progresista “para coordinar estrategias para el mundo de la post pandemia en vez de dejar que los ultra nacionalistas delirantes de la nueva derecha inspirada por Steve Bannon sean los que monopolicen las redes internacionales”. Quizá sea el momento para que la izquierda española haga autocrítica, abandone algunas de las herramientas filosófico-culturales que han determinado su acción política en los últimos años, muchas dentro de las lindes de la mera propaganda, y se dedique a las demandas materiales. Es la única batalla que puede disputar a la ultraderecha sin necesidad de atizarse con la bandera y salir mal parado.

En la carrera por darle una interpretación exclusivamente política, o politizada, a la crisis del coronavirus muchos observan las cifras diarias de muertos, infectados y recuperados como la consecuencia exclusiva de la gestión del gobierno de turno y no como el resultado de un gran número de factores, muchos de los cuales pertenecen al ámbito científico y, por lo tanto, de difícil comprensión para la mayoría.

Esta semana Paul Villeneuve, profesor de Epidemiología Ambiental y Ocupacional en la universidad canadiense de Carleton, afirmaba en un artículo que “es casi imposible tratar de ajustar la influencia de todos estos factores porque las interacciones entre estas variables son muy complejas”. Villeneuve se refería específicamente al estudio de la Universidad de Harvard que sugiere que la polución podría aumentar las tasas de mortalidad entre las personas con la enfermedad. Pero su reflexión domina todo el debate científico e ilustra lo complejo que es el terreno de las pruebas en contraste con la ligereza insoportable con la que se visten muchos opinólogos estos días.

Este escenario incomoda especialmente a los políticos populistas, acostumbrados a arrojar simplezas para explicar problemas que exigen soluciones complejas, argumentos más elaborados y mayor responsabilidad ante la ciudadanía. La batalla de los bulos que ha desplegado la ultra derecha española es la reacción lógica ante su incapacidad para hacer política responsable en tiempos de emergencia mundial. No saben y no pueden, porque si lo hicieran estarían poniendo en riesgo su propia razón de ser, su cuota de mercado. La desinformación se viste de estrategia para cuestionar la ciencia, los científicos y los datos. Como explicaba Noam Chomsky en una reciente entrevista: “viven del engaño. Se va metiendo en la cabeza de la gente. Y dicen: ”¿Por qué vamos a creérnoslo? ¿Por qué vamos a creer las noticias? Solo son fake news“.

El virólogo Jonas Schmidt-Chanasit, del Instituto Bernhard-Nocht de Hamburgo, reconocía la semana pasada en un reportaje publicado en el El País, en el que se analizaba qué ha hecho bien Alemania para que su cifra de muertos sea muy inferior a la de otros grandes países sin que la población haya estado confinada totalmente y sin colapsos en los hospitales, que “el 80% ha sido suerte y el resto buena gestión”. Lo mismo ocurre en el estado de California, donde muchos factores estructurales como la naturaleza tecnológica de su tejido empresarial, la tradición del teletrabajo o el ineficaz transporte público han actuado inesperadamente como diques de contención en la propagación del virus. Son declaraciones o explicaciones que no encajan en ese relato apocalíptico que se centra en buscar culpables sin prestar demasiada atención a las soluciones y al contexto. Es una cuestión de prioridades para no renunciar a la agenda política propia; y ésta es, posiblemente, una de las grandes tragedias que vive hoy España y que condicionará, me temo, su futuro. Estos días circula insistentemente por las redes sociales el vídeo del periodista Javier Ruiz el día que se despidió de su audiencia en “Las Mañanas de Cuatro” en junio de 2018: “Hay una guerra ahí fuera entre los hechos y las consignas, entre la información y la propaganda, entre los datos y las mentiras”. Palabras premonitorias que el tiempo ha confirmado y esta crisis ha agravado.

Los factores estructurales, que corresponden a las circunstancias específicas de cada país, no exoneran a los gobernantes de su responsabilidad en la gestión de la crisis; ellos son, al fin y al cabo, los únicos que tienen la capacidad para tomar las decisiones que han alterado la vida y el futuro de millones de ciudadanos en todo el mundo. Pero, a diferencia de la crisis económica de 2008, donde los países ricos soportaron mejor el golpe financiero y se recuperaron más rápidamente, el virus no se ha distinguido precisamente por ensañarse con los más débiles. Grecia y Portugal, zarandeados con dureza hace una década, son puestos hoy como ejemplo de gestión ejemplar frente al coronavirus. Francia y Reino Unido sufren la pandemia con la misma virulencia que Italia o España. No hay patrón que pueda establecer un modelo de conducta porque, en todos los casos, hay factores endógenos que influyen tanto como el acierto o la inoperancia de los gobernantes.

En España, donde las comunidades autónomas tienen las competencias en sanidad desde hace décadas, el fuego cruzado entre los partidos políticos para repartirse culpas y reproches resulta un espectáculo obsceno porque todos son responsables del sistema de salud que está soportando el avance de la pandemia. Lo es todavía más el intento de analizar el comportamiento del virus como un problema territorial y, por lo tanto, atribuible a un color político. Como explicaba hace unos días la periodista María Zuil en un interesante reportaje en El Confidencial, “esto no va de países y regiones sino de brotes”. Cada país tiene su zona cero que ha intentando aislar con mayor o menor fortuna. Al analizar los datos a partir de esos brotes la realidad ofrece nuevos ángulos: pese a la buena gestión del gobierno portugués, la zona de Europa donde más casos se concentran es en el norte del país, que registra el 60% de los portugueses infectados, con más de 13.000 casos. La Rioja es la región europea que más casos acumula por cada millar de habitantes, debido a las altas cifras del conjunto de España y a su menor densidad demográfica respecto a la media nacional.

Es evidente que las cifras pueden retorcerse, interpretarse o analizarse de manera sesgada para adaptarlas a nuestro relato o hacerlas encajar en nuestros prejuicios. Incluso se pueden manipular u ocultar durante un tiempo, pero dada la magnitud de la tragedia y la rapidez con la que evolucionan estos datos, tarde o temprano nos enfrentaremos a ellos sin filtros ni lecturas políticas posibles. Esas cifras serán la foto de un país nuevamente desgarrado que necesitará el esfuerzo colectivo de sus ciudadanos para recomponerlo. Con la crispación actual el panorama es desolador. Y es aquí donde la gestión política sí que debe ser fiscalizada con rigor y exigencia, porque de ella dependerá que millones de ciudadanos no se queden en la cuneta, como ocurrió en la crisis de 2008.

Es el momento de agilizar al máximo la burocracia para que el acceso a las ayudas sea rápido y efectivo. Se pone como ejemplo estos días a Canadá, que ha optado por una administración digital de las ayudas que evite a los ciudadanos engorrosos y largos trámites en momentos de gran incertidumbre. Canadá, dentro de un paquete multimillonario de rescate a ciudadanos, estudiantes, propietarios y empresas, ha destinado una ayuda de 2.000 dólares canadienses mensuales (1.318€) durante seis meses a todos los trabajadores que hayan perdido su empleo por el coronavirus o que hayan visto mermados sus ingresos por debajo de los 1.000 dólares mensuales. Según Estadísticas Canadá, más de 3 millones de trabajadores han engrosado las listas del desempleo o han visto reducida su jornada laboral desde que el gobierno decretó las primeras medidas para contener la epidemia a mediados de marzo (muy similares a las de España salvo el confinamiento obligatorio). El trámite para acceder a estas ayudas se puede realizar a través del portal creado por la administración canadiense y se cumplimenta en apenas dos minutos. El gobierno de Trudeau ha optado ahora por no poner demasiados problemas en la concesión de estas ayudas y reclamarlas más adelante, cuando se recupere cierta estabilidad, si comprueba que se otorgaron a quien no las merecía. Es decir; conceder ahora y preguntar después.

El grado de digitalización de la administración española, según la consultora británica Apolitical, está en los mismos niveles que la canadiense y por encima de la media mundial. No existe excusa, por lo tanto, para articular en estos momentos de emergencia la misma respuesta ágil y eficaz que transmita a los ciudadanos la certeza de una administración cercana y útil. La política tiene que desempeñar ahora un papel determinante que no puede ser sustituido por la suerte o por factores exógenos. El país que salga de esta crisis será el resultado exclusivo de la determinación de sus políticos por priorizar a los ciudadanos.

Michael Ignatieff afirma en 'Fuego y cenizas' que “la candidez no está muy bien recompensada en el mundo de la política”. También asegura solemne que “nada te va a causar más problemas en política que decir la verdad”. El prestigioso profesor de Harvard y líder del Partido Liberal de Canadá entre 2008 y 2011 plasmó en su excelente libro de memorias su efímero y accidentado paso por la política canadiense. Lo hizo de una manera casi impúdica y conmovedora, reconociendo no solo su fracaso sino intentando identificar las razones que pudieran explicar su nefasta experiencia. Es un manual de autoayuda para políticos y también una reflexión lúcida y serena sobre los arcanos de las democracias modernas, en las que, según su opinión, “el objetivo no es derrotar a un adversario, sino destruir a un enemigo al negarle el derecho a ser escuchado”.

He recordado estos días algunas de la reflexiones escritas por Ignatieff en 2014 a raíz de la grave crisis del coronavirus y de la sensación latente de que los gobernantes y las sociedades de todo el mundo se encuentran a la deriva, aterradas por una tormenta que aun anunciada no esperábamos, sin capacidad para enderezar el barco. Los reproches y criticas que se lanzan unos y otros manifiestan impotencia, desconcierto y miedo. Por primera vez en décadas los políticos no pueden ocultar la verdad porque ésta no puede ser explicada con metalenguaje. Crece la inquietante sensación de que una época se está acabando y de que otra se va a abrir sin tener la más remota idea de cómo será.

Todavía permanece una visión fanática de la política según la cual la gestión de nuestros adversarios políticos siempre será nefasta y la de los nuestros salvadora. Ese ejercicio de filias y fobias que guía nuestro ser político se ha oxidado ante el empuje de un enemigo global que no hace distingos y que arrasa por donde pasa. De repente los viejos códigos de la política tradicional, la que practican los políticos profesionales y los ciudadanos, han envejecido y se observan incapaces de explicar el desafío al que nos enfrentamos. Ya no se trata de tener una fe ciega en los nuestros y una sospecha permanente sobre el adversario, ese espacio en el que hemos almacenado tradicionalmente nuestros prejuicios; la ideología se intuye inservible ante la necesidad de una acción de rescate rápida y colectiva.

Estos días los gabinetes de crisis de todos los gobiernos del mundo improvisan, rectifican, dudan y temen. Nadie se salva. Jean Twenge, profesora de psicología de la Universidad Estatal de San Diego afirma que “en muchos sentidos, el brote de coronavirus es mayor que el 11 de septiembre. También podría ser más grande que la Gran Recesión”. El filósofo esloveno Slavoj Žižek señala en un reciente artículo que “la epidemia del coronavirus no es solo una señal de los límites de la globalización mercantil, también señala el límite, aún más fatal, del populismo nacionalista que insiste en la soberanía absoluta del Estado”.

Suenan ahora premonitorias las palabras escritas por Amin Maalouf en 2009 en “El desajuste del mundo” cuando el mundo se adentraba en la gran recesión: “el tiempo no es nuestro aliado, es nuestro juez, y ya estamos con aplazamiento de condena”. ¿La hemos empezado a cumplir tras una década de gracia? Epidemiólogos, políticos, economistas, periodistas, expertos en ciencia social, opinólogos y gurús advenedizos se enredan estos días en juegos deshonestos de anticipación retroactiva. ¿A quién creer? El caso es que estábamos advertidos pero el mundo desarrollado, desde su confortable zona de confort, se había acostumbrado a los heraldos del Apocalipsis como quien asume la pobreza como elemento irremediable del escenario en el que nos desenvolvemos. Un drama incómodo pero llevadero. Estábamos enfocados en superar la crisis económica de 2008, en mantener nuestros niveles de comodidad, pero fuera se estaba armando una amenaza invisible y silenciosa que ha encontrado a todos los países del mundo sin preparación y sin capacidad de reacción.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud, advirtió hace un año de que el riesgo de que un nuevo virus de la gripe se propague de los animales a los seres humanos y cause una pandemia era “constante y real. La cuestión no es saber si habrá una nueva pandemia de gripe, sino cuándo ocurrirá”.

Se ha hecho viral estos días una conferencia pronunciada por Bill Gates en febrero de 2017, en la que afirmó que sin medidas drásticas, un patógeno que se contagia por aire y se mueve rápidamente “podría matar a más de 30 millones de personas en menos de un año”. El fundador del portal digital norteamericano Vox, Ezra Klein, ya escribió en 2015 tras una entrevista con el fundador de Microsoft que “una enfermedad pandémica es la catástrofe más predecible de la historia de la raza humana, aunque solo sea porque le ha sucedido a la raza humana muchas veces antes”.

Era predecible pero no cabía en nuestra adocenada imaginación. Michael R. Brumage, director médico de Cabin Creek Health Systems en West Virginia, ofrece en un artículo publicado en The Atlantic, una imagen aterradora de la América rural, aquella que votó a Trump y que concentra todos los desequilibrios generados durante las últimas décadas: “es una población en declive, sin estructuras de apoyo social, falta de acceso a alimentos nutritivos y un bajo rendimiento educativo, todo lo cual dificulta la resiliencia a los desastres naturales y a los provocados por el hombre”. Ahora piensen en qué condiciones pueden afrontar esta crisis otros países con menor riqueza y desarrollo.

Todas las endebles costuras que la crisis dejó en las sociedades mundiales han saltado por los aires a las primeras de cambio y han generado con la misma fuerza un sentimiento colectivo de unidad y otro de sospecha sobre quienes nos gobiernan. Y esto puede provocar en el futuro, si la pandemia se prolonga, situaciones incontrolables. “Si no confías en el gobierno, es menos probable que lo escuches cuando te diga que te quedes en casa, afirma Jean Twenge. Y si así ocurre, quizás debamos estar preparados para las reacciones de los gobiernos, que asumirán una narrativa de guerra, ya lo está haciendo Trump, para intentar recuperar el control sobre todo lo que dejó de ser sólido. Y aquí hay que regresar a Stefan Zweig, quien nos recuerda en 'El Mundo de ayer' que ”nada demuestra de modo más palmario la terrible caída que sufrió el mundo a partir de la Primera Guerra Mundial como la limitación de la libertad de movimientos del hombre y la reducción de su derecho a la libertad“.

El filósofo Javier Gomá argumenta en una entrevista en La Vanguardia que “la situación es lo más parecida a una guerra defensiva contra un invasor”. ¿Y si la III Guerra Mundial era esto?: un enemigo invisible y global que exige para combatirlo el desarrollo de la ciencia y no el de la tecnología armamentística. Algo es algo. Pensemos en positivo: el coronavirus y el confinamiento nos han hecho valorar y añorar, después de años de deshumanización digital, el contacto físico y las relaciones personales. La crisis ha revelado que nuestras necesidades básicas siguen siendo las mismas y que el el valor de lo colectivo, arrumbado por el individualismo capitalista, permanece en la genética de nuestras sociedades. Si salimos de ésta con un contrato social reforzado, un nuevo consenso sobre la necesidad inalienable de un sistema de salud pública sólido, y los populismos y nacionalismos felizmente desterrados por su descrédito ante desafíos globales como el que tenemos enfrente, quizá no esté todo perdido. Quizá.

'Los cielos españoles' es un documental producido por José Manuel Herráiz e Isabel Soria que narra la peripecia de numerosos artesonados mudéjares aragoneses que acabaron a principios del siglo XX en manos del magnate norteamericano Randolph Hearst. Era un tiempo en el que, como señala Herráiz, “se podía comprar prácticamente todo en España, también el arte”.

Uno observa con desasosiego la fotografía de un país subdesarrollado, despreocupado, inculto e ignorante, sumido en su convulsa decadencia, pues eso es lo que de verdad subyace en esta historia que los autores han armado con toda la austeridad narrativa del buen documental. No necesita ni juegos retóricos ni una panoplia de juicios de valor para provocar la conciencia del espectador. Los hechos hablan por sí solos.

Herráiz y Soria reconstruyen una trama urdida por millonarios con ínfulas, mercachifles sin escrúpulos, políticos arribistas y la iglesia, casi siempre, como cómplice necesario y activo instigador de esta sangría de bienes artísticos. Las grandes fortunas surgidas a finales del siglo XIX y principios del XX en los Estados Unidos, provenientes de nuevas industrias, ferrocarriles y finanzas, buscaron la manera de distinguirse del resto de la sociedad mediante la adquisición compulsiva de bienes inmuebles, arte, joyas y, si era necesario, un pasado acorde con su nuevo estatus. No solo era cuestión de dinero sino también de prestigio.

Estos nuevos magnates acudieron a la decadente Europa, donde la historia se había hecho vieja de tanto usarla, para adornar sus estancias, dignificar genealogías, construir palacios, adquirir criterio cultural y refinar el gusto. España, Italia, Francia o Grecia fueron los destinos preferidos de esos “tours”, al estilo de los viajeros románticos del XIX, en los que no se captaban paisajes, experiencias y emociones sino valiosas obras de arte que habían permanecido en sus lugares de origen, casi siempre humildes y remotos, durante siglos.

Al ver el documental de Herráiz y Soria hay un lamento constante de fondo, que tiene que ver con la rabia por el país que fue y, sobre todo, por el que pudo ser; sin Ilustración ni Reforma. Remite a aquella declaración que Gerald Brenan atribuía en 'El laberinto español' al economista Francisco Martínez de la Mata: “No existe en ninguna de sus partes ni amor ni interés por la conservación del todo; cada hombre piensa únicamente en su utilidad presente y en modo alguno en la futura”. Esta observación sobre España fue realizada a mediados del siglo XVII.

'Hearst Castle', la mansión construida por Randolph Hearst entre 1919 y 1947 en California, es el resultado del desvarío megalómano de un hombre obsesionado con el arte español. Varias de sus salas principales fueron cubiertas con artesonados procedentes de Barbastro, Teruel y Calatayud. La arquitecta Julia Morgan, la encargada de diseñar aquella extravagancia, reconocería años después que su desconocimiento del arte mudéjar le hizo cometer numerosas tropelías a la hora de instalar los techos, que habían sido desmontados pieza por pieza en España y transportados en largas travesías hasta los Estados Unidos. Muchos de esos artesonados permanecieron en sus cajas almacenados durante décadas y acabaron en manos de otros propietarios después de interminables cambalaches. Perfecta metáfora para quien hizo del arte simple expresión del capitalismo feroz.

El de Hearst y los artesonados mudéjares es solo un episodio más de la historia del patrimonio aragonés emigrado durante todo el siglo XX. Cientos de piezas (retablos, pinturas murales, tallas, claustros, sepulcros, artesonados, puertas, capiteles…) se esfumaron de sus lugares de origen a causa de la combinación perversa de avidez material e ignorancia popular. El contexto siempre era el mismo: multimillonarios que suspiraban por una colección privada, venerables museos americanos fascinados con el arte medieval europeo, museos nacionales con afán centralizador, anticuarios al acecho de nuevos clientes, ávidos coleccionistas, testaferros sin escrúpulos y especialistas guiados por un sincero espíritu de conservación.

Casi siempre los compradores eran asesorados por experimentados anticuarios y reputados hispanistas que utilizaban sus conocimientos y prestigio para fines poco edificantes pero muy lucrativos. Kingsley Porter, Chandler Post o Arthur Byne son determinantes para enfocar y materializar el interés por el arte medieval de las nuevas fortunas norteamericanas de principios del siglo XX. Libros como el publicado por Byne, asesor personal de Randolph Hearst, y su esposa Mildred Stapley, 'Arquitectura española del siglo XV', fueron utilizados después casi como un catálogo de subasta.

Varios anticuarios nacionales, entre ellos Celestí Dupont, Luis Ruiz y Josep Bardolet –algunos de los cuales llegaron a abrir sucursal en Nueva York–, o coleccionistas como el catalán Lluis Plandiura, rivalizaron en la carrera por las piezas más codiciadas. El historiador Antonio Naval recuerda que “en ese tiempo se hicieron no menos de 30 subastas monográficas de arte español en Nueva York”. Naval, que lleva años siguiendo el rastro de las piezas aragonesas dispersas en Estados Unidos, calcula que al menos 200 han cruzado el charco.

Este expolio se produce con la complicidad necesaria de muchos poderes locales y eclesiásticos, pero también con la oposición de una minoría ilustrada que empieza a crear conciencia sobre la necesidad de preservar el patrimonio nacional, no solo el cultural sino también el natural. En esa primer tercio del siglo XX surgen instituciones como el Centre Excursionista de Catalunya, el SIPA (Sindicato de Iniciativa y Propaganda de Aragón) o la Junta de Museos de Barcelona, que alertan de la desaparición del patrimonio religioso, principalmente de las iglesias pirenaicas. El 16 de agosto de 1918 el rey Alfonso XIII declara por Real Decreto el Parque Nacional de de Ordesa, una medida que solo fue posible gracias al empeño de Pedro Pidal, Marqués de Villaviciosa.

En 1919 la Nunciatura Apostólica prohibió la “venta y extracción de objetos artísticos y de pinturas de sus templos o conventos” y el gobierno español promulgó en 1926 la ley contra la exportación de obras de arte. Estas leyes se mostraron insuficientes para frenar la ambición de los poderosos compradores e intermediarios, que siguieron operando a sus anchas durante décadas. El expolio adquirió formas menos sofisticadas y más contumaces, como el robo. El caso más famoso fue el de Erik el belga, que asaltó iglesias y ermitas del Aragón rural y se apropió de joyas de incalculable valor como la silla de San Ramón de la catedral de Roda de Isábena. El fenómeno se enmarca en los años 60 y 70 del siglo pasado, cuando el éxodo rural y el desapego de los pueblos en retirada dejaron indefenso el patrimonio. Lo expoliado se pierde en una cartografía indescifrable de coleccionistas privados.

La pregunta que surge un siglo después es inquietante. ¿Es posible que esto siga ocurriendo en la España democrática? Araceli Pereda, directora de Hispania Nostra, la asociación de defensa del patrimonio artístico e histórico que elabora una relación de los monumentos en peligro en nuestro país, respondía de manera tajante en una reciente entrevista en el diario El País: “Creo que sí. Ahora hay más vigilancia, pero se sigue comerciando. Como cada comunidad autónoma cuenta con sus propios sistemas de control, la información fluye menos que cuando había un órgano centralizador, el Ministerio de Cultura. Basta con ver las tiendas de los anticuarios y las subastas”.

Aunque es indudable que existe más educación y una mayor conciencia en la sociedad sobre el valor del patrimonio, y que el estado de las autonomías ha permitido generar mayores recursos para su rehabilitación, catalogación y conservación; uno tiene la sospecha de que en ocasiones los políticos conceden al patrimonio un carácter folclórico, como a otros muchos elementos de la tradición y de la historia que se protegen y se promocionan para mayor gloria del turismo y de la identidad local. Eso que ahora se llama retóricamente “poner en valor”.

La llegada de Unidas Podemos al gobierno de coalición que preside Pedro Sánchez ha despertado (si es que alguna vez permanecieron dormidos), todos los fantasma que la derecha española suele sacar a pasear cuando pierde el poder. La presencia de Alberto Garzón, miembro del PCE, en el ministerio de Consumo ha reactivado una dialéctica que nos remite a la larga noche del franquismo, cuando el judaísmo, la masonería y el comunismo eran los enemigos de España.

Probablemente el dictador se sorprendería si viera ahora el crecimiento que ha experimentado aquella lista canónica de traidores a la patria, que incluso incluye también a Teruel, una de las provincias históricamente más marginadas del país. La defensa del concepto más rancio y obtuso de la nación no admite, como se puede observar, ni la disidencia ni la tibieza.

La derecha española actúa con cinismo cuando se refiere al comunismo español. Lo hace por falta de cultura política, desconocimiento de la historia de España, cálculo electoral y una manifiesta incapacidad para superar unos marcos políticos y sociológicos trasnochados y, por lo tanto, una narrativa anclada en confrontaciones ideológicas anacrónicas.

Cuando se acusa a Unidas Podemos de ser un partido antisistema simplemente se está mintiendo. La formación que lidera Pablo Iglesias presentó un programa electoral con una batería de medidas homologable a cualquier socialdemocracia europea. El problema es otro: la crisis económica, el populismo y el resurgimiento de los nacionalismos identitarios han alterado dramáticamente las tradicionales posiciones ideológicas, de tal modo que los consensos sobre los que se construyó la nueva Europa tras la II Guerra Mundial parecen ahora peligrosos movimientos revolucionarios.

Pablo Iglesias reconocía en una reciente entrevista en este diario las estrecheces del campo de juego en el que van a desarrollar su acción de gobierno: “somos absolutamente conscientes de los límites. Y de algo muy evidente, como cualquier ciudadano europeo y más como cualquier ciudadano de un país del sur de Europa, vivimos en una democracia limitada por poderes económicos”.

En los debates electorales televisivos celebrados en las campañas electorales de abril y noviembre Iglesias representó la moderación en medio del fuego cruzado de exabruptos, ataques, andanadas, ocurrencias y golpes de pecho del resto de candidatos. Se lo pusieron fácil, especialmente los candidatos de la derecha. Su apelación sin estridencias al texto de la Constitución casi resultó una provocación frente al ensordecedor ruido de los salvapatrias. Para ellos, los problemas de identidad nacional son más importantes que la salud de la democracia, un asunto menor cuando los discursos se pronuncian con una bandera en la mano.

Pero este país, esta democracia y esta Constitución a la que se aferran como si fueran sus únicos garantes, a riesgo de dañarla de tanto usarla torticeramente, no hubieran sido posibles sin los comunistas españoles. El patriotismo responsable del PCE en la Transición hizo factible que ésta llegara a buen puerto y que España recuperara la democracia con la aprobación de la Carta Magna en 1978. No hay que olvidar que uno de los padres de la Constitución, Jordi Solé Tura, pertenecía al PSUC, partido federado entonces con el PCE.

La derecha española suele anunciar el apocalipsis cuando se refiere al comunismo. ¡Vienen los comunistas!, advierten a sus fieles con duelo y crujir de dientes. Es irónico que dramaticen los miedos a una supuesta dictadura del proletariado que España nunca sufrió, pero se muestren complacientes con la única dictadura que sometió a los españoles durante cuatro décadas, la del dictador Franco.

Establecer vínculos entre el comunismo de Stalin, en un desolador ejercicio de simplificación, y lo que representa el PCE en la monarquía parlamentaria española del siglo XXI es una más de las inconsistentes falacias de la derecha española. Al sostener estas analogías se obvian una serie de hechos que forman parte ya de la historia reciente de España y, en consecuencia, se deforma el relato de la democracia. Los que magnifican engoladamente el espíritu de la Transición eliminan a uno de los principales actores que la hizo posible.

El Partido Comunista fue el único que mantuvo una oposición organizada al régimen de Franco, lo que supuso la represión y cárcel de miles de sus afiliados. Cuando murió el dictador los comunistas españoles ofrecieron un extraordinario ejemplo de generosidad y responsabilidad, no siempre reconocido. El PCE de Santiago Carrillo renunció a sus reivindicaciones históricas, aceptó la monarquía parlamentaria como un régimen constitucional y democrático y asimiló la bandera rojigualda, que desde el día de su legalización el 9 de abril de 1977 presidió todos sus actos públicos junto a la roja de la hoz y el martillo. En aquellos meses convulsos en los que el ruido de sables amenazaba a diario con procesos involutivos, los comunistas españoles pusieron en práctica el dilema “weberiano” de la ética de la convicción frente a la ética de la responsabilidad. Y se impuso la segunda.

Un mes antes, el eurocomunismo de Enrico Berlinguer, Georges Marchais y Santiago Carrillo, había hecho su puesta de largo en Madrid para anunciar al mundo que los comunistas italianos, franceses y españoles se alejaban del modelo desarrollado en la Unión Soviética, aceptaban el sistema parlamentario pluripartidista y reconocían el marco capitalista. El 27 de febrero Carrillo y Adolfo Suárez se habían reunido por primera vez en un encuentro secreto celebrado en un chalet de Pozuelo de Alarcón, propiedad del escritor José María Armero, estrecho colaborador del entonces presidente del Gobierno. Carrillo contaba que cuando se vieron cara a cara Suárez actuó como si le conociera de toda la vida. Sabían que el diálogo era el único camino.

Aquella reunión, de haberse filtrado a la opinión pública, hubiera supuesto probablemente el final de la carrera política de Suárez. Que el antiguo secretario general del Movimiento cometiera la osadía de reunirse con el líder clandestino del partido que había encarnado durante cuarenta años todos los males del imaginario franquista, era una cesión intolerable ante los enemigos de la patria. Pero aquellos años fueron un tiempo para la política con mayúsculas y para los políticos de altura. Cuando en la doble sesión de investidura de Pedro Sánchez el miembro de la mesa del Congreso, Adolfo Suárez Illana, dio la espalda a la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, durante su intervención quedó de manifiesto que la virtud en política no se hereda.

Los diputados comunistas convivieron en la legislatura de 1979 con el notario de extrema derecha, Blas Piñar, único diputado del partido ultra, Unión Nacional. Uno de sus simpatizantes y colaboradores más cercanos, Carlos García Juliá, fue uno de los tres pistoleros que irrumpieron el 24 de enero de 1977 en el despacho de los abogados laboralistas pertenecientes al Partido Comunista, en la calle Atocha de Madrid, y acabaron con la vida de cinco de ellos. Los comunistas y el resto de los partidos de izquierdas, ilegales hasta 1977, podrían haber renunciado legítimamente a la reconciliación y defender la ruptura con el pasado, podrían haber esgrimido que no podían compartir el Parlamento con quienes habían sido sus opresores durante 40 años, podrían haber defendido la reinstauración de la República, pero no lo hicieron.

Los parlamentarios del PCE mantuvieron durante aquella legislatura la misma dignidad y el mismo talante conciliador que habían ofrecido durante el multitudinario funeral de los abogados asesinados, celebrado en Madrid, que para muchos fue la mayor demostración de organización, de disciplina y de contención política de cuantas se produjeron durante la Transición. El colofón de aquella breve legislatura fue la imagen de Carillo y Suárez sentados en sus escaños mientras el resto de diputados se escondía de las balas de los golpistas liderados por Tejero. Los dos traidores que, según Javier Cercas en “Anatomía de un Instante”, hicieron posible la Transición democrática en España

El comunismo español asimiló hace tiempo la nueva realidad económica, social y política del país y del mundo, revisó su argamasa ideológica sin renunciar a sus principios de justicia social y, en definitiva, hizo la travesía intelectual para superar unos marcos en los que buena parte de la derecha hispana sigue atrapada. No hay que ser comunista para reconocer los hechos y ponerlos en contexto, para que no se olvide y, sobre todo, para que no nos confundan.

La presencia de comunistas en el nuevo gobierno de Sánchez es una buena noticia para la democracia y, sobre todo, una oportunidad para que la praxis acabe con el relato de los necios. Es probable que la realidad tozuda se imponga y que, como contaba Paul Quilès, ministro de Mitterrand en 1981 en un gabinete integrado también por miembros del PCF, acaben siendo “ministros comunistas, no comunistas ministros”.

Me cuesta entender el fenómeno de la “España vacía”. Será que, en tanto que pirenaico y por lo tanto hijo de esa España montaraz, he crecido y he forjado mi identidad en la melancolía del abandono y de las soledades. Me pertenece. La he escrito como periodista en cientos de artículos y en varios libros y, sobre todo, la he leído durante años en los textos de Enrique Satué, Severino Pallaruelo, Eduardo Martínez de Pisón, Joan Obiols, Violant i Simorra o María Barbal, por citar tan solo a algunos de los autores que mejor han explicado la vida en las montañas pirenaicas.

La “España vacía”, como apuntaba el escritor Alberto Olmos, es un impreciso aserto que se beneficia de su precisa ambigüedad. Es perfecto para estos tiempos postmodernos en los que lo estético tiene más recorrido que lo intelectual, en los que se anhela el sintagma revelador que nos ahorre las explicaciones complejas. Frente a esta brillante ocurrencia siempre tiene que existir una contraparte que azuce el debate digital, pues de eso se trata, de generar militancias que nos posicionen y nos aíslen de la sórdida geografía de los indecisos.

Y ese debate se ha situado entre los que defienden la “España vacía” como una suerte de versión canónica y los que consideran que la “España vaciada” explica mejor la realidad de una parte del país. La primera, observa. La segunda, juzga. Se trata, desde mi punto de vista, de una polémica instalada en la inerte placidez de lo ornamental, pues ambas expresiones han hecho fortuna en los medios de comunicación y en los debates públicos gracias a su fuerza como eslogan, como tropo retórico. Es suficiente el empuje de su sonoridad y la cuota de tendencia que cubre.

Pero como señalan acertadamente Fernando Collantes y Vicente Pinilla, profesor y catedrático respectivamente de historia económica en la Universidad de Zaragoza, “si la expresión 'España vacía' nos parece algo imprecisa (al fin y al cabo, hay miles de conciudadanos viviendo en ella), la expresión ”España vaciada“ nos parece particularmente desafortunada porque transmite una imagen distorsionada, exageradamente politizada, de las causas de la despoblación”.

Considero que hay un evidente prejuicio urbano en esas miradas que, como lamentaba la escritora María Sánchez, autora de 'Tierra de mujeres. Una mirada íntima y familiar al mundo rural', arrastra también una fuerte carga de paternalismo y condescendencia. No puede ser de otro modo. Se habla de esa España vacía o vaciada como si se tratara de un hallazgo, de una epifanía. En cierta medida como lo hicieron los escritores románticos ingleses, franceses y alemanes a finales del siglo XVIII, cuando buscaban, sobre todo, lo exótico y pintoresco. Pero ese país ya estaba ahí, y sus problemas y viejos diagnósticos, también. Muchos defienden que la fortuna del sintagma ha servido para situar nuevamente a la España rural en el centro del debate político. Lo dudo. No hay tal interés ni tampoco creo que haya una voluntad real, simplemente porque no hay capacidad. Hay una tendencia política y, sobre todo, mediática, que, sospecho, pasará como ya ocurrió en el pasado.

Leo con frecuencia artículos de análisis y opinión sobre los males de la España rural, surgidos al calor de este fenómeno, y me suenan a vieja chatarrería que ya fue vendida hace muchos años en otros foros menos solemnes, cuando sólo se hablaba de esa España por lo que computaba en los Fondos de Cohesión de la UE. Ni una sola nueva idea, ni un solo nuevo argumento que explique las cosas, ni una sola contribución que estimule un nuevo escenario que, sospecho, es tan poco edificante como ya lo era hace veinte, treinta y cuarenta años. Salvo algunas excepciones, casi todo es fruslería argumental y pretenciosidad intelectual.

El economista aragonés José Antonio Biescas, ya denunciaba en 1977 en su libro “Introducción a la economía de la región aragonesa” que “el éxodo vertiginoso ha motivado ya un cambio de la estructura demográfica: una jerarquización de las ciudades del interior muy poco favorable, pues Zaragoza es quince veces superior en habitantes a la ciudad de Huesca, que le sigue en importancia”. Biescas concluía que “si se quiere evitar la desertización de Aragón, va a ser necesaria la creación de núcleos intermedios”. Más de cuarenta años después la escena es la misma.

Tengo la sensación que estas nuevas miradas impulsadas por el fenómeno de la España vacía o vaciada no se distancian mucho de las del etnógrafo que hace catas arqueológicas en la memoria popular. Y como advertía Severino Pallaruelo, “las complejas mutaciones que la vida siempre trae mientras existe, se ven sustituidas por la simpleza esquemática y falsa de la uniformidad. Entre el colorido vivo y cambiante de la realidad y los tonos ajados del viejo escenario de un teatro anacrónico, los etnógrafos suelen optar por los segundos”. Es posible que, como ya explicara John Berger en 1979 en 'Puerca tierra', el problema de supervivencia de las sociedades periféricas esté en el capitalismo, cuyo papel histórico es “destruir la historia, cortar todo vinculo con el pasado y orientar todos los esfuerzos y toda la imaginación hacia lo que está a punto de ocurrir”. Ahí debería estar el debate.

Canadá suele ser observado por los nacionalismos vasco y catalán como el ejemplo de democracia plena, capaz de gestionar sus conflictos internos de manera civilizada y racional. Su manera de resolver la tortuosa relación con Quebec, que votó dos veces en 1981 y 1995 para conseguir la independencia, es el anhelo de quienes consideran a la democracia española como un artefacto defectuoso e incapaz.

Habría que dejar clara una cosa: ni Canadá (entiéndase su gobierno federal) ni la mayoría de canadienses han aprendido a convivir con Quebec. En eso los españoles nos parecemos bastante. Aquella conllevancia de la que hablaba Ortega y Gasset respecto al problema catalán es igualmente aplicable a Canadá. Sus ciudadanos aceptan la existencia de una disonancia en la estructura del país pero la miran de reojo, con distancia e indiferencia. La tratan de evitar.

Los referéndum de 1980 y 1995 fueron una experiencia traumática para el país porque acentuaron el mito de las “dos soledades” que había acuñado en 1945 Hugh MacLennan. En su libro se refería a estas “two solitudes” para describir la desconexión y el alejamiento cultural entre francófonos y anglófonos. Esa realidad social y política solo fue a peor en los años posteriores con la conformación de un movimiento político independentista, la irrupción de la violencia terrorista con la crisis de octubre de 1970 y los dos plebiscitos que certificaron la fractura de Quebec en dos mitades.

Se suele aceptar que esos procesos fueron la expresión radical de la sólida cultura democrática canadiense. Creo que habría que introducir algunas matizaciones: en realidad fue la consecuencia de un vacío en la estructura de un país que estaba todavía diseñando su arquitectura legal y política. La actual Constitución canadiense, promovida por el primer ministra canadiense, Pierre Trudeau, no fue ratificada hasta 1982 (cuatro años después de la española) con la firma de todas las provincias que componen la confederación, excepto Quebec.

Trudeau el québécois, padre del Canadá moderno, fue en 1971 el ideólogo de la multiculturalidad como seña de identidad de un país carente de un imaginario colectivo propio. Es decir; el impulso intelectual de un político brillante y audaz dio forma a la personalidad de un país que en 2017 cumplió 150 años. En Quebec, por el contrario, el idioma y el peso de la religión católica habían actuado durante décadas como la argamasa de una sociedad homogénea y orgullosa de su hecho diferencial dentro del Canadá anglófono.

La famosa “revolución tranquila” iniciada en 1960 en Quebec, un fenómeno inclasificable desde una perspectiva europea, fue la reacción de los quebecois al yugo de la iglesia católica, que impedía la modernización social y política de la provincia y su equiparación al resto del país. Ese movimiento reformista acabaría impulsando el nacimiento del nacionalismo quebecois moderno, basado en una nueva narrativa que ofrecía un relato colectivo sin réplica posible en el Canadá de habla inglesa. El país se estaba haciendo a empentones en una caótica asimetría emocional.

Los dos referéndums, que ganó el no a la independencia por estrecho margen, fueron posibles en cierta medida por la ausencia de una pujante identidad colectiva como país y, principalmente, por la vigencia de un improvisado corpus legal incapaz de dar respuesta a los desafíos generados por el independentismo quebecois. Años después se supo que el primer ministro de Canadá en 1995, Jean Chétien, tenía preparado un referéndum alternativo, en caso de triunfar el Sí, en el que habrían tenido a derecho a voto todos los canadienses. Después del plebiscito, que ganó el No por un puñado de votos, el gobierno federal entendió que el país no podía ser sometido a más tensiones si quería garantizar su cohesión y viabilidad.

Y en contra del mantra común, no acudió a la política para solucionar el problema sino a la ley. El 20 de agosto de 1998 la Corte Suprema de Canadá respondió a una consulta realizada por el gobierno federal canadiense sobre el derecho de Quebec a una secesión unilateral. Ottawa quería acotar definitivamente el irresoluble conflicto entre la provincia francófona y el resto de la federación, de naturaleza anglófona, que yacía en el origen mismo de la nación.

La respuesta del Tribunal sentó jurisprudencia: de acuerdo con el Derecho Internacional no existía ese derecho por parte de un territorio que no se encontrase en situación colonial. Pero con la misma contundencia sostenía que un Estado democrático no podía negar ese derecho si existía una voluntad cualitativamente mayoritaria y manifestada democráticamente mediante una consulta. Sin una mención clara en la Constitución canadiense a este supuesto, la Corte sólo podía instar a ambas partes a negociar de buena fe llegado el caso.

Dos años después veía la luz la famosa “Ley de la Claridad” que consagraba el “parámetro canadiense” sobre el derecho a la independencia de la provincia de Quebec. Su redactor, el prestigioso político quebecois Stephen Dion, quería que el texto determinara claramente las normas de juego en las que se tenía que desenvolver la aspiración de la provincia francófona. Quebec, se suele olvidar, nunca ha aceptado esta ley e incluso aprobó poco después su propio texto; la “Ley sobre el respeto del ejercicio de los derechos fundamentales y prerrogativas de las personas y el Estado de Quebec”, que se inspira en la declaración de la Corte Suprema pero desde una interpretación bien diferente. 

Es decir, cuando los independentistas catalanes y vascos ponen como ejemplo la “ley de la claridad” canadiense para explicar cuál es el modelo a seguir para dar solución a sus aspiraciones secesionistas, suelen omitir que esa ley tampoco fue considerada por el independentismo de Quebec. No ha solucionado el problema. Lo que sí que consiguió el texto de Dion fue fijar un marco tangible en la discusión sobre las consecuencias de una hipotética independencia. Desde entonces, el porcentaje de quebecois que apoyan la secesión de la provincia ha ido descendiendo hasta situarse en un 23%, una de las cifras más bajas de las últimas décadas. Los hijos de los que lideraron los movimientos independentistas en los años 80 se movilizan ahora por unas preocupaciones más globales y transversales: el medioambiente, la inmigración y el futuro laboral. Una Quebec independiente ya no figura entre sus prioridades. Pero como escribía recientemente el columnista Nico Johnson en el Post Millenial, “el separatismo en Quebec no está muerto sino dormido”.

Sin embargo, la Canadá moderna y ejemplar ante el mundo sufre los mismos males que que el resto de democracias homologadas. El populismo, el nacionalismo, la insolidaridad y la xenofobia brotan de manera inquietante en un país que se prepara para el segundo mandato del liberal Justin Trudeau, que ganó las elecciones federales el pasado mes de octubre pero perdió la holgada mayoría absoluta que había conseguido en 2015. El actual primer ministro continuará en el poder gracias a la proporcionalidad del voto amasado en el área más poblada y desarrollada de Canadá: Toronto. Cuando uno echa un vistazo a la inmensa geografía canadiense observa un mapa pintado casi por completo de azul, el color que identifica al partido conservador. 

Cuando se acerca la lente los matices describen un panorama todavía más inquietante. En Ontario, la provincia más poblada de Canadá, gobierna Rob Ford, una versión canadiense de Donald Trump. En Quebec venció en las últimas elecciones provinciales François Legault, antiguo miembro del independentista Partido Quebecois y fundador de CAC (Coalition Avenir Québec), partido que defiende reforzar la identidad de la provincia pero sin abandonar Canadá. Sus posiciones conservadoras en aspectos como el control de la inmigración, la defensa a ultranza del francés o la necesidad de un “examen de valores quebecois” para acceder al país definen de manera alarmante un ideario que pone en cuestión el tradicional carácter inclusivo y solidario del país.

Esas fallas en la construcción social de Canadá se remueven estos días con más fuerza y perfilan un escenario con nuevas zonas de tensión. En Alberta, provincia tradicionalmente conservadora, rica en petróleo pero escasamente poblada, unos recientes sondeos muestran que un 30% de su población apoya la independencia de Canadá. ¿Razones?: el excesivo dinero que aporta al fondo de solidaridad del país para reducir las desigualdades entre provincias, su dependencia de las políticas de Ottawa para gestionar sus recursos naturales y su escasa representación en los organismos comunes de Canadá. Es la revolución de los ricos con la bandera del petróleo, y no parece que vaya a ser tranquila.