El acuerdo formalizado entre la Unión Europea y Estados Unidos para fijar un arancel general máximo del 15% se presenta desde Bruselas como un triunfo de la estabilidad y la previsibilidad. Ursula von der Leyen y Maroš Šefčovič lo han descrito como un paso estratégico para evitar una guerra comercial, pero, en realidad, lo que consagra es un pacto profundamente desequilibrado: un respiro limitado y ficticio para la automoción, a costa de abrir de par en par las puertas a la competencia agrícola norteamericana.

El beneficio para la industria automovilística es, además de exiguo, condicional. La rebaja de aranceles del 27,5% al 15% para los coches europeos solo se aplicará si la UE elimina sus gravámenes a una larga lista de productos agrícolas y pesqueros estadounidenses: carne de cerdo y bisonte, lácteos, frutas, verduras, semillas o aceite de soja. En otras palabras, los fabricantes de coches apenas aseguran un alivio parcial, mientras los agricultores europeos quedan expuestos a perder mercado en su propia casa, con la entrada masiva de porcino, frutas, hortalizas, semillas y otros productos agroalimentarios estadounidenses que podrán entrar a precios muy competitivos y a arancel cero. Productos que, además de ser más baratos, se producirán bajo exigencias regulatorias mucho más laxas que las impuestas a nuestros agricultores y ganaderos en la Unión Europea, generando una competencia desleal que amenaza con arrasar sectores enteros de nuestra producción.

La letra pequeña del acuerdo confirma lo que muchos economistas venían advirtiendo: se cambia un alivio dudoso en un sector industrial concentrado por un golpe directo a millones de pequeños y medianos productores. Las organizaciones vitivinícolas, como la Conferencia Española de Consejos Reguladores, lamentan una negociación “débil” que deja al vino y a las bebidas espirituosas bajo un arancel del 15%, dificultando aún más su presencia en el mercado estadounidense, donde ya habían perdido un 20% de valor en el primer semestre.

La Comisión Europea nos vende la teoría del “mal menor”: aceptar un arancel plano del 15% para evitar la escalada de una guerra comercial. Pero ese relato oculta lo esencial: Bruselas concede mucho más de lo que recibe. Se felicita de blindar un techo para farmacéuticos y semiconductores, sectores en los que Trump había amenazado con disparar los gravámenes, mientras sacrifica sin rubor al campo europeo, que no solo pierde cuota exportadora en Estados Unidos, sino que deberá competir en el mercado interno contra productos norteamericanos subsidiados y producidos bajo estándares ambientales y sociales mucho más bajos.

Lo más grave es lo que no se cuenta: el acuerdo abre la puerta a revisar o relajar normas europeas bajo el argumento de no imponer “restricciones indebidas” al comercio transatlántico. Eso afecta de lleno a las llamadas barreras no arancelarias, precisamente donde la UE defendía su autonomía regulatoria. ¿Dónde quedan ahora las “cláusulas espejo” que el PPE enarbolaba durante la campaña? Hoy se diluyen bajo la coartada de dar cobertura a unos intereses opacos, mientras se erosiona la capacidad europea de defender sus propios estándares y su soberanía económica.

El balance es demoledor. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha capitulado en un acuerdo que presenta como estratégico, pero que es, en realidad, una renuncia a defender los intereses económicos de Europa. Y Šefčovič, en segundo plano, ha legitimado esta cesión disfrazándola de “victoria técnica”. La consecuencia es clara: Europa abandona a sus agricultores, debilita su industria alimentaria y compromete su soberanía regulatoria. La Comisión se arropa en la retórica de la estabilidad, pero lo que ha firmado es un pacto de subordinación. Y ese precio lo pagarán los agricultores, los consumidores y, en definitiva, la credibilidad de la propia Unión Europea.

Y sobre todo esto, ¿sigue Vox aplaudiendo las medidas de Trump que tanto dañan a nuestros sectores productivos? ¿Qué tiene que decir el Partido Popular al respecto? ¿Callarán (y tragarán) también con esto, al igual que están haciendo con los recortes del presupuesto europeo?

Los últimos datos publicados por Eurostat muestran que la recuperación de la crisis económica en la Unión Europea no ha sido homogénea en todas sus regiones. Según las estadísticas, la brecha entre aquellas grandes urbes europeas con una buena red de telecomunicaciones y las regiones más aisladas y peor comunicadas no ha hecho más que aumentar en los últimos años. Además, la ralentización de la economía amenaza con seguir agrandando estas diferencias entre las regiones europeas.

El PIB per cápita de la región más rica de Europa es 18 veces superior al de la más pobre. En total, en toda la Unión Europea 113 millones de personas, que representan al 22% de nuestros ciudadanos, viven en hogares en riesgo de pobreza o exclusión social. Es decir, viven con unos ingresos inferiores al 60% de la renta mediana nacional, lo cual les impide hacer frente a cualquier gasto imprevisto.

La situación se agrava si nos detenemos a mirar el panorama en las zonas rurales europeas, y es que el 25% de las personas en riesgo de exclusión social de la UE vive en ellas. En ocho países, entre los que se incluye España, junto con Grecia, Lituania, Letonia, Croacia, Chipre, Hungría e Italia, el porcentaje se incrementa y se sitúa entre el 30 y el 40%. Lo que pone de manifiesto, de nuevo, la necesidad de invertir en las zonas rurales para tratar de reducir esta brecha que hace que la desigualdad se concentre en estas regiones alejadas de las grandes ciudades.

Se trata de una realidad que día a día padecen millones de europeos y europeas para quienes la salida de la crisis económica no se ha hecho aún realidad. Pero aún estamos a tiempo de poner remedio a esta desigualdad y conseguir una Unión Europea en la que la riqueza se redistribuya de forma equitativa entre todas sus regiones. Esta oportunidad nos llega a través de un presupuesto europeo post-2020 que logre que ningún ciudadano de la UE quede atrás y que el crecimiento económico se traduzca en una mejora de las condiciones de vida de todas las personas.

Los fondos europeos, especialmente los de cohesión, son y han sido una herramienta fundamental para la ciudadanía, impulsando y mejorando las infraestructuras y servicios de las regiones más desfavorecidas. Es por ello que debemos seguir apostando por estas partidas presupuestarias destinadas al desarrollo regional. Por este motivo desde el Parlamento Europeo ya hemos exigido a la Comisión Europea que no se reduzca el dinero destinado a programas como el Fondo de Cohesión o el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

El presupuesto europeo para el próximo periodo 2021-2027 nos brinda una excelente oportunidad para aprovechar los instrumentos que la Unión Europea posee al servicio de sus ciudadanos y ciudadanas. Es posible revertir cifras y porcentajes y conseguir una mayor igualdad en las condiciones de vida, independientemente de dónde se viva.