El siguiente texto corresponde a mi participación en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo para hablar sobre los impactos sociales y ambientales de las energías renovables gracias a la invitación de la Eurodiputada Sira Rego del Grupo Parlamentario de la Izquierda Unitaria Europea y gracias también a la participación y presión previa de numerosos colectivos y personas afectadas por el actual despliegue de energías renovables en Europa. Han colaborado en los contenidos de este texto Álvaro Campos, Luis Bolonio, Helios Escalante y Josefa Sánchez Contreras.

La Unión Europea es líder en generación de energías renovables y en políticas para su desarrollo como estrategia para abordar la emergencia climática. Las directivas del paquete de invierno y el Pacto Verde priorizan acertadamente la disminución de la demanda y la producción modular en zonas urbanizadas y en áreas degradadas cercanas a los lugares de consumo, reduciendo así las necesidades de materiales y las pérdidas en el transporte. También es reconocido el interés europeo en incrementar sustancialmente la aportación de las energías renovables al mix energético desde el 20% actual hasta alcanzar el 40% en 2030. La unión persigue por tanto reducir el uso de fuentes energéticas sucias como el carbón, el petróleo, las nucleares, o el gas que escasean en el viejo continente. La urgencia y profundidad de esta transición hacia las energías renovables ha aumentado vertiginosamente con la guerra de Ucrania y las necesarias medidas de embargo de los combustibles fósiles procedentes de Rusia, restricciones que esperemos se apliquen también al uranio ruso y kazajo.

Todo esto constituye un enorme desafío para los territorios europeos y para las instituciones de la Unión. Nos jugamos nuestro futuro y quizás el de nuestro planeta. Sin embargo, la política europea y el propio Green Deal incurren en numerosas contradicciones que podrían ser fatales. En primer lugar no han considerado los cuellos de botella relacionados con la escasez de minerales como el neodimio, el litio, la plata, y el cobalto entre otros, que son clave para la transición energética y para la electrificación masiva. En particular, la producción de energía eléctrica con fuentes renovables demanda grandes cantidades de materiales, que se localizan principalmente en zonas lejanas, de alta biodiversidad, habitadas por pueblos indígenas y ocupadas por estados autoritarios, incluyendo Rusia y China.

Además, estamos ante una transición que requiere de mucha superficie para instalar los sistemas de producción y transporte de la energía. Considerando una afección directa de 2,2 hectáreas por MW en solar fotovoltaica, la producción de los 672 GW necesarios en 2030 para alcanzar el 40% de fotovoltaica, necesitaría una extensión total de casi 1 millón y medio de hectáreas. En el caso de la eólica, se calcula una afección directa 32 hectáreas por MW, que determina unas necesidades de 14 millones y medio de hectáreas para los 451 GW previstos en 2030. La suma total para las renovables podría alcanzar los 16 millones de hectáreas, y para que entendamos la dimensión de lo que estamos tratando, la superficie cultivada de cereal en Europa es de unos 60 millones de hectáreas. Esta extraordinaria transformación territorial, sólo comparable a las épocas de mayor crecimiento urbanístico, está generando graves conflictos por la falta de planificación y el evidente desorden con el que se está desarrollando. Este problema que se ve acentuado por la disminución de controles que plantea la revisión de la Directiva de Energías Renovables (y otras medidas similares en los estados y regiones) para responder a las emergencias derivadas de la guerra de Ucrania.

La propia Estrategia Europea del Suelo 2030 señala que se existe suficiente superficie de tejados para alcanzar el objetivo del 40%. Sin embargo, el actual despliegue de renovables se está concentrando en las zonas menos pobladas del continente y en las regiones periféricas siguiendo un modelo de colonialismo energético basado en megaproyectos centralizados, masivos y a gran escala desarrollados por grandes empresas que ocupan territorios de sacrificio. Se alejan así las zonas de producción de las zonas de consumo, dando la falsa impresión a la población europea de que la nueva infraestructura renovable carece de impactos.

Sin embargo, en un contexto internacional donde aumenta la escasez de alimentos, en los territorios de sacrificio se están ocupando suelos agrícolas que las propias políticas europeas consideran necesarios para garantizar el abastecimiento de la población y para relocalizar los sistemas alimentarios como estrategia de descarbonización.

También se están destruyendo hábitats de especies esenciales para el buen funcionamiento de los ecosistemas siguiendo esquemas de evaluación ambiental que entre otros errores no consideran los efectos acumulativos de la concentración de estos megaproyectos, tal y como advirtieron para el caso Español decenas de investigadores en la revista Science en Diciembre de 2020.

Además, las infraestructuras de renovables consumen agua. De este modo, el actual despliegue de megaproyectos suponen un mayor estrés hídrico en zonas donde los recursos disponibles son escasos, compitiendo con los caudales ecológicos y con otros usos como el abastecimiento y el regadío, que tienen una gran importancia en todo el arco mediterráneo.

Por otro lado, es fundamental analizar el papel de las interconexiones eléctricas como base de este desarrollo. Mediante grandes líneas transfronterizas de muy alta tensión incluidas en los Proyectos de Interés Comunitario, Europa pretende facilitar el modelo de megaproyectos concentrados en las periferias, a pesar de la ineficiencia de este sistema. Si tomamos como ejemplo la interconexión eléctrica entre España y Francia a través del golfo de Bizkaia, la propia Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad en la última actualización del Plan de Desarrollo de la Red a 10 años reconoce que las pérdidas de transporte en este modelo centralizado serían cercanas al 40% de la nueva energía renovable que permitirían integrar en la red eléctrica transeuropea. Y en el caso de las nuevas interconexiones previstas entre España y Europa, estas pérdidas serían cercanas al 50%. Es decir, uno de cada dos megaproyectos renovables contribuiría únicamente a soportar estas pérdidas en forma de calor. Es preciso denunciar esta grave contradicción, sobre todo si tenemos en cuenta que una placa fotovoltaica instalada en Varsovia tendría una eficiencia solo un 35% menor que la misma placa instalada en los fértiles suelos de la Vega de Granada.

Aunque merecería un análisis más detallado, quiero apuntar aquí que la Estrategia Europea para el Hidrógeno profundiza todavía más esta perspectiva de colonialismo energético pretendiendo utilizar un vector energético que sin embargo tendría una ineficiencia que ronda el 90% en el caso de que llegara a utilizarse en los motores de la maquinaria pesada que no pueden utilizar energía eléctrica. En cualquier caso, no está claro que podamos utilizar el hidrógeno ya que acumula graves problemas tecnológicos aun sin resolver, tal y como reconoce el Grupo III del IPCC.

Finalmente, al desgobierno territorial y al diseño extractivista de las infraestructuras energéticas, se le suma el funcionamiento del sistema eléctrico europeo favoreciendo la especulación y el despojo de las poblaciones locales que además están pagando precios cada vez más altos por la energía. Las grandes empresas que dominan el sector en connivencia con las instituciones dividen a las comunidades y desprecian la participación pública, dejando indefensa a la ciudadanía y también a los entes locales que pretenden otras formas de desarrollo para sus territorios, incluyendo el autoconsumo energético. Como respuesta a esta realidad, decenas de municipios de Andalucía (en el sur de España) han firmado una Iniciativa Legislativa Municipal exigiendo otra transición energética.

De hecho, entre otros ejemplos destacables de este modelo, podemos nombrar el de España. Aquí las previsiones de producción renovable del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima para 2030 son de 109,5 GW aunque los proyectos actuales superan los 200 GW, muy por encima del consumo actual y futuro de este país. Aunque a tenor de la nueva planificación de la red de transporte, la cifra podría ser mucho mayor.

Más del 80% de las plantas fotovoltaicas proyectadas en España superan el umbral de 1 megawatt que define a los megaproyectos, y se concentran en regiones como Aragón, Galicia, o Andalucía, en las que se preveen más de 1000 proyectos de renovables.

Un lugar paradigmático de esta región es el territorio de Granada y Almería donde hay previstos 196 proyectos fotovoltaicos que podrían producir 9,16 GW cubriendo unas 20.141 hectáreas, y 38 proyectos eólicos que podrían producir 1,89 GW en unas 60.216 hectáreas. Esos 10,95 GW supondrían una tercera parte del consumo medio de energía eléctrica en España y el 10% de la producción total prevista para todo el país en 2030. Este despliegue favorecido por la Junta de Andalucía sin ninguna planificación territorial afectaría a la importante producción agroganadera de este territorio y a la biodiversidad asociada a sus paisajes. No nos olvidemos de que España, y en particular Andalucía, es el principal productor agrario de la Unión Europea y uno de los lugares más biodiversos del continente.

Como ya he señalado anteriormente, estos impactos están generando una conflictividad creciente en los territorios a sacrificar que están retrasando el despliegue de las energías renovables. El parque “Gunaa Sicarú” de EDF en el Istmo de Tehuantepec (México) ha sido cancelado por las resistencias locales, el parque en el territorio Sami de Noruega ha sido declarado ilegal por la Corte Suprema de ese país gracias a las resistencias locales, decenas de proyectos han sido cancelados en España, Francia o Italia por la presión ciudadana. Es necesario por tanto que la transición energética esté basada en una contribución solidaria a la descarbonización, es decir la reducción del consumo, que disminuya la brecha entre el centro y las periferias, y no en un colonialismo energético claramente ineficiente. Quiero terminar este texto, retomando el lema de las masivas movilizaciones sociales celebradas en España el último año. Renovables sí, pero no así.

Hace años que atravesamos el rubicón del cénit del petróleo a partir del cual se inicia el declive en la disponibilidad de este recurso energético fundamental para el funcionamiento del sistema-mundo. Además, en algún momento de las dos próximas décadas vamos a alcanzar el cénit del conjunto de fuentes no renovables (petróleo, gas natural, carbón y uranio). Por lo tanto, en el siglo XXI asistiremos a una transición energética en la que ya no serán asequibles el uranio y los combustibles fósiles utilizados de forma masiva desde la Revolución Industrial.

A esta escasez energética se le suman numerosos problemas ambientales que están poniendo en serio peligro la posibilidad de una vida buena en el planeta Tierra. Por ello en los últimos meses se han sucedido movilizaciones internacionales sin precedentes que exigen una acción urgente frente a la emergencia climática y los escenarios de colapso a los que nos dirigimos.

Toda vez que podemos descartar por inciertas y en todo caso muy lejanas fantasías tecnológicas como la fusión nuclear fría, la esperanza para mitigar la escasez se encuentra en las energías renovables. Pero hay una condición de partida que ya es reveladora de las dificultades que afrontamos: por mucho esfuerzo que hagamos no vamos a poder cubrir con fuentes renovables la demanda energética actual, así que no tenemos más remedio que reducir nuestro consumo energético. Para muestra dos botones: la mayoría de biocombustibles no suponen una generación neta de energía pues tienen una tasa de retorno negativa, es decir, se consume más energía en su producción de la que conseguimos cuando los usamos. Y aunque es un dato todavía desconocido, la tasa de retorno de las placas solares fotovoltaicas también es muy baja lo que no evita que la mayoría de los gobiernos como el español, el alemán o el chino estén apostando claramente por ellas.

Por lo tanto, ahora mismo los ojos del mundo científico, del ecologismo, y obviamente de los grandes capitales están puestos sobre la energía eólica que tiene una mayor tasa de retorno energético.

Sin embargo, también existen limitaciones importantes para el desarrollo de esta fuente energética. En primer lugar, no todos los espacios tienen buenas condiciones de viento para la instalación de estructuras de producción masiva de energía eólica (los llamados parques eólicos).

A este problema hay que sumarle otro factor limitante para los parques eólicos: los impactos ambientales que generan sobre el medio, incluyendo claro está, la ocupación y transformación del territorio en el que se instalan. Aunque existen ciertas compatibilidades de usos, si el parque eólico no se ha construido respetando la agricultura y la ganadería, puede limitar o eliminar esta actividad. Además, la población no puede residir bajo los molinos eólicos ni en lugares cercanos, por el riesgo de accidente y porque generan ruidos y otras molestias que afectan a la salud humana.

Finalmente existe el problema añadido de que el modelo de producción de las energías renovables tiende a seguir el patrón masivo, centralizado y jerárquico de los combustibles fósiles y las nucleares. Los megaproyectos eólicos que se nos venden como sostenibles, muy al contrario, generan transformaciones que atentan de manera directa contra el derecho al territorio y en definitiva contra el derecho a existir de las comunidades donde se instalan. Esta nueva forma de expolio incluye en muchos casos pérdidas irreparables de la memoria biocultural que las poblaciones campesinas y/o indígenas han ido acumulando durante siglos en forma de estructuras territoriales y saberes esenciales en la obtención de manera sostenible los recursos necesarios para la vida.

Este escenario de gran demanda energética, escasez de territorios óptimos y megaproyectos supone que se multipliquen las tensiones sobre los suelos disponibles y se intensifiquen las guerras coloniales por el territorio y los recursos.

Uno de los mayores ejemplos de esta nueva ola colonial, es el megaproyecto eólico del istmo de Tehuantepec en el sur de Oaxaca (México) que se analiza con detalle en un reciente documento de Ecologistas en Acción. Se trata de la mayor infraestructura de este tipo en Latinoamérica con 28 parques eólicos que incluyen un total de 2.122 turbinas instaladas (y alrededor de 3.000 más en proyecto) en uno de los territorios más biodiversos del mundo. Como ocurre en otros sectores extractivistas, las empresas transnacionales tienen un papel central como agentes colonizadores y ejecutan los proyectos acaparando tierras comunales e impidiendo el acceso de la población a los parques eólicos (algo ilegal en Europa). Con ello expulsan a quienes habitan esos territorios desde hace siglos y acaban con sus sistemas agrarios tradicionales.

La gran mayoría de los parques son construidos y operados por empresas españolas (p. eje. GAMESA, GAS NATURAL FENOSA, ENDESA, ABENGOA, ACCIONA, IBERDROLA, RENOVALIA, PRENEAL), italianas (p. eje. SIGMA, ENEL) y francesas (p. eje. EDF). Y además, la producción energética está destinada casi en exclusiva a grandes industrias de capital transnacional como Bimbo, Coca Cola, Cemex o WallMart (práctica que también es ilegal en Europa). De este modo las comunidades locales a las que expolian sus recursos y que reciben los impactos ni siquiera se benefician directamente de la energía que se produce en sus territorios.

Desde hace más de una década, numerosos colectivos sociales y los pueblos indígenas del istmo de Tehuantepec están resistiendo a este extractivismo de nuevo tipo. A pesar de que venden los proyectos eólicos como inversiones sostenibles en realidad se trata de un expolio de tierras comunales que se ha podido consumar a través de pagos irrisorios y mediante presiones de todo tipo, incluyendo agresiones a la población y asesinatos de activistas en defensa del territorio. Es el capital de las empresas transnacionales, principalmente españolas, el que constituye una parte fundamental de la violencia estructural que sufre la región, ya que ataca a la sociedad civil y se apoya en los caciques locales que son la base de una economía criminal.

Otro megaproyecto regional similar es The Sahara Wind Project. Se trata de 5 parques eólicos con 336 turbinas en total construidas en el Sáhara Occidental por el gobierno de Marruecos, junto con otros países y organismos internacionales, y en partenariado con empresas transnacionales europeas.

En este caso la producción de energía eólica se desarrolla gracias a la ocupación militar del territorio por parte de Marruecos y sirve para abastecer a las industrias de este país incluyendo las mineras que despojan al pueblo saharaui de sus recursos. The Sahara Wind Project está vinculado a un megaproyecto que incluye la construcción de grandes infraestructuras de producción y transporte de energía en la región del Sahara que sería finalmente utilizada por Europa.

Siguiendo un esquema de colonialismo interno, en Andalucía también se está produciendo una extraordinaria expansión de los megaproyectos de energía renovable y de las redes de alta tensión para enviar la producción a los lugares de más consumo en el centro y norte del país. Sirva de ejemplo la nueva autopista eléctrica para el norte de la provincia de Granada que está diseñada para evacuar la energía que producirían unas 5000 turbinas. Incluso las cooperativas de energía renovable cuya clientela se concentra en las zonas ricas del país, están deslocalizando su producción al sur peninsular con la excusa de que el suelo es más barato.

Es profundamente injusto y paradójico que las comunidades campesinas y los pueblos de las regiones periféricas que son quienes menos se han beneficiado del desarrollo generado gracias a la utilización de sus recursos (incluyendo los combustibles fósiles) tengan que llevarse (de nuevo) la peor parte de la transición energética que pretende ser sostenible pero que finalmente vuelve a reproducir las lógicas de expolio y dominación colonial.

Por lo tanto, para abordar la crisis climática siendo coherentes con el componente social de la sostenibilidad tenemos que apostar claramente por sociedades de bajo consumo energético. Además, la energía que utilicemos debe producirse principalmente de forma local en lugares adecuados utilizando fuentes renovables en el contexto de sistemas descentralizados y conectados en red para compartir los sobrantes. Este modelo es posible con las energías renovables que no tienen por qué seguir con la estructura de grandes instalaciones propugnadas por la forma colonial de jerarquías territoriales y productivas del actual sistema-mundo.

Si les interesan estas cuestiones, durante los próximos días hay previstos diversos debates gracias a la presencia en nuestro país Mariana Solórzano y Josefa Sánchez Contreras, activistas en defensa del territorio del istmo de Tehuantepec (Oaxaca, México).

Madrid 21 de Noviembre, 18:30 en el Espacio Abierto FUHEM.

Madrid 23 de Noviembre, 19:00 en el Ateneo Cooperativo Nosaltres.

Granada 26-29 de Noviembre, Universidad de Granada.

Sevilla 4 de Diciembre, 20:00, Lanónima-tramallol.