“¿Dónde vas? ¿Crees que eres un tipo duro?”. Cristian Herrera, cocinero greco-chileno, caminaba por la calle en Exarjia, Atenas, cuando se cruzó con un grupo de antidisturbios. Desde la llegada al poder del partido conservador Nueva Democracia, este barrio de tradición libertaria ha cambiado: la policía, antes situada en los márgenes, está permanentemente apostada en muchas de sus esquinas.

Él no contestó. Al cabo de unas horas, volviendo a casa, pasó por el mismo sitio. “Corrieron detrás mío, me agarraron y me pusieron en una esquina, oscura. Me levantaron la camiseta, comentaron mis tatuajes. Me pusieron las manos en la ropa interior, para ver si llevaba algo. Me retuvieron como 10 minutos, intimidándome”, denuncia Herrera. “No tenían razón para pararme, lo hicieron porque podían”, señala.

Las denuncias de actuaciones violentas o arbitrarias por parte de la policía se han convertido en una tendencia creciente en Grecia en las últimas semanas. Algunas implican a personas muy jóvenes. Una chica de 22 años que fue sorprendida al salir de la universidad o un chico de 20 años que esperaba en la parada del bus han afirmado a los medios locales haber sido obligados a desnudarse en sitios como parkings o baños de restaurantes en presencia de los agentes.

“La brutalidad policial parece ser parte de un plan más general que se vale de la demostración de arbitrariedad para infundir miedo entre los ciudadanos y alimentar la creencia de la impunidad policial”, cuenta Niki Georgiou, abogada y miembro del recién creado “Equipo de Ayuda Legal”, cuyo objetivo es monitorear este tipo de casos.

Para contrarrestar las crecientes críticas, el Gobierno impulsó a finales de noviembre la creación de una Comisión para Investigar la Violencia Policial, bajo el paraguas del Defensor del Pueblo. Sin embargo, su presidente, Nikos Alivizatos, nombrado por el Ejecutivo, lamentó recientemente en una carta enviada al ministro de Protección Ciudadana que su presidencia “coincida con un aumento en los casos de violencia policial arbitraria” y advirtió que “la creación de esta comisión no puede actuar como una coartada”. El ministro, por su parte, defendió las actuaciones policiales y las enmarcó dentro de la legalidad.

eldiario.es ha contactado con el Ministerio de Protección Ciudadana para contar con su visión pero han declinado hacer comentarios.

El Gobierno también ha reorganizado el cuerpo de policía y ha creado unidades nuevas, como los Panteras Negras: fuertemente armados, uniformados en negro y desplegados en estaciones de transporte concurridas. También ha reactivado otras unidades especiales como la Drassi -antes Delta- a la que el anterior ministro de Protección Ciudadana, Nikos Toskas, desmanteló por ser los “hooligans de la Policía”, según declaró el pasado sábado en un canal de televisión griego.

Un chivo expiatorio

El barrio donde Cristian Herrera sufrió el episodio relatado con la policía, Exarjia, es uno de los epicentros de la vida política y el movimiento ‘okupa’ en Atenas. En este céntrico vecindario, el Gobierno de Kyriakos Mitsotakis ha focalizado buena parte de la estrategia “ley y orden”, concepto acuñado por la oposición y los medios. Para Yanis Almpanis, activista local, el Gobierno usa este barrio “como chivo expiatorio para toda Atenas”.

El pasado miércoles, el Ayuntamiento instaló un árbol navideño en la plaza principal. Fue pasto de las llamas en pocas horas. “Nadie puede quemar la Navidad”, afirmó el alcalde Kostas Bakoyannis, sobrino de Mitsotakis, cuando se volvió a colocar el adorno, que sería quemado otra vez poco después.

Además del despliegue permanente de policía en Exarjia, la estrategia de Mitsotakis se ha plasmado en el desalojo de prácticamente todos los espacios okupados de la zona, donde vivían personas migrantes y refugiadas desde hacía años, muchos tras la emergencia humanitaria de 2015.

“Es una victoria fácil de vender a una sociedad deprimida sin perspectiva de futuro. [El Gobierno] crea una situación inexistente y así se presentan a sí mismos como los que salvarán a la sociedad”, explica Almpanis. El pasado 22 de noviembre, el Gobierno dio un ultimátum para que todos los inmuebles okupados de Grecia fueran abandonados en un plazo de 15 días. Ninguno acató y la respuesta del Gobierno, aunque no inmediata, no se hizo esperar.

Los últimos desalojos se produjeron la semana pasada en el barrio ateniense de Koukaki. Fue una actuación que creó polémica porque, según el relato a los medios locales, la policía intentó entrar a través de una vivienda vecina sin orden judicial previa, los inquilinos se negaron y acabaron esposados y, según declararon, apaleados.

Al día siguiente, el exprimer ministro y ahora líder de la oposición, Alexis Tsipras, interpeló a Mitsotakis en sede parlamentaria y señaló que actuaciones como las de Koukaki “no generan seguridad” pero sí la sensación de vivir “en un país ocupado”.

Solicitantes de asilo sin Seguridad Social

Por otra parte, para el Ejecutivo, la migración también es un tema de seguridad. Sin ir más lejos, suprimió el Ministerio de Migración e integró sus competencias en el de Protección Ciudadana. Mitsotakis ha endurecido la política migratoria y de acogida: en enero de 2020 entrará en vigor una nueva ley de asilo criticada por organizaciones como ACNUR o Human Rights Watch por “dificultar el acceso a la protección internacional”.

La abogada Niki Georgiou afirma que implica una “disminución de los derechos de los refugiados y viola los estándares legales europeos e internacionales al levantar barreras permanentes en el acceso al asilo e incrementa las detenciones y las deportaciones”.

Paralelamente, en los últimos meses el Gobierno ha dejado de expedir el número de la Seguridad Social (AMKA) a solicitantes de asilo hasta que se resuelva su petición, un proceso que por lo general dura varios años. Este número es imprescindible para trabajar legalmente y acceder al sistema sanitario. “Supone una clara violación de sus derechos al trabajo y a la sanidad; la gente con problemas de salud severos no tiene acceso a tratamiento médico o medicinas”, denuncia la abogada.

“Una blitzkrieg contra la sociedad”

blitzkriegNontas S., miembro del centro social Nosotros, también en el barrio de Exarjia, recuerda que la primera medida que promovió el gobierno de Nueva Democracia al llegar al poder fue el endurecimiento de penas del Código Penal. “Todo esto era la pre-organización estatal para preparar esta blitzkrieg [guerra relámpago] contra la sociedad y reducir los derechos sociales y civiles”, afirma.

Quién está al mando de esta estrategia es un viejo conocido de los movimientos: Mijalis Jrisojoidis, antiguo ministro del Interior del PASOK y ahora a cargo del Ministerio de Protección Ciudadana como independiente. Este ministro protagonizó algunas polémicas durante su mandato como ministro del Interior en 2012, entre las cuales destacan el escándalo por la detención de una veintena de prostitutas y la difusión de sus fotos y datos personales.

“Jrisojoidis lo sabe todo de los movimientos, tiene un conocimiento profundo sobre cómo suprimirlos”, subraya Nontas.

El activista Yanis Almpanis, que milita en la Red para los Derechos Políticos y Sociales y que formó parte de Syriza hasta septiembre de 2015, cuando el partido sufrió una escisión al aceptar el tercer rescate de la UE, afirma que la represión actual no es algo nuevo. “Es algo que en Grecia pasa una y otra vez, cuando el Estado se siente inseguro”.

Asimismo, cree que existe cierto componente estructural también, ya que el proceso de democratización de la policía griega nunca ha fraguado del todo. “El hecho de que la Policía actuase como un mecanismo de represión durante y después de la guerra civil (1946-1950) y la dictadura de los Coroneles (1967-1974) es un factor crucial para definir qué es este cuerpo”.

Pero no todo son malas noticias para los activistas: tanto Almpanis como Nontas coinciden en que el cambio de gobierno y la represión, paradójicamente, han revitalizado el movimiento. “La situación actual ha forzado a los movimientos sociales a organizarse mejor, ser más políticos y pensar mejor la estrategia”, afirma Almpanis.

Nontas se muestra optimista porque, cuenta, “después de cinco años de Syriza, que devastaron a los movimientos sociales, ahora nos encontramos en un gran momento. Tenemos gente y esperanza”. Según el activista, el partido de Alexis Tsipras “asimiló todos los movimientos” porque sus principales activos provenían de ellos, lo que implicó la pérdida de músculo de los colectivos.

Las últimas movilizaciones cuentan con más gente, más joven y que se desmarca más de partidos o sindicatos. A la movilización de estudiantes contribuyen tanto la supresión del asilo universitario -decretado en agosto por el Gobierno y que permite la entrada de policía en los campus sin permiso del rector- como la inminente aprobación de una reforma educativa.

“Los jóvenes no tienen esperanza de alcanzar algo mejor en el futuro y esto conlleva descontento, infelicidad y rabia, que a su vez genera movilización”, señala Almpanis. “La mayoría de jóvenes que está ahora en las calles se movilizó después de 2015. No tienen la experiencia del chasco de Syriza. Son muy jóvenes y aún tienen esa rabia dentro”, concluye el activista.

Cuando el motor de la furgoneta cesa, los chavales empiezan a salir sin prisa de la aparentemente abandonada nave industrial y saludan a los voluntarios de la organización No Name Kitchen. Son unos 70, algunos apenas adolescentes. Viven en las fábricas en desuso del puerto de Patras, el segundo más importante de Grecia y puerta a Europa Occidental. Duermen en las pasarelas suspendidas junto a las ventanas, para poder escabullirse en caso de que los policías efectúen una redada.

Todos están aquí por lo mismo: hacer el game – juego, en inglés –. Así se refieren a cruzar la frontera. No solo en Patras, también en muchas otras. Sobre el tejado de las fábricas, algunos otean el tráfico y cuando identifican a los camiones que se disponen a embarcar, uno de los chicos intenta atravesar corriendo la autopista costera para aferrarse a los bajos de un tráiler. El camión embarcará en un ferri que, presumiblemente, irá a Italia. Aunque siempre está la incertidumbre sobre dónde irá a parar.

“Conozco a un chaval que consiguió salir de la isla de Lesbos ilegalmente, llegó a Patras, se metió en un ferri y volvió aparecer en Lesbos”, relata un mediador cultural de Médicos Sin Fronteras (MSF) que prefiere no dar su nombre.

“Es muy difícil meterse dentro del barco pero no tenemos otra opción”, se resigna Ali, joven iraní de 24 años. Cómo él, la mayoría de sus compañeros son solicitantes de asilo, pero prefieren salir del país a terminar el proceso aquí. Ali tiene la entrevista para reexaminar su petición de asilo para el 2021. No quiere esperar, necesita continuar con su vida. Su caso no es extraordinario: la obtención del asilo en Grecia es un camino largo. “Posiblemente no se deba tanto a una estrategia intencionada del Gobierno sino a la burocracia griega en sí misma”, explica Vasilis Psomos, abogado de la organización Lesbos Legal Center.

El pasado 30 de octubre, el Parlamento heleno aprobó una nueva ley de asilo impulsada por el Gobierno conservador que pretende acelerar los exámenes de las solicitudes de asilo y las deportaciones. La legislación ha sido duramente criticada por ONG internacionales. Según la portavoz de Human Rights Watch en Grecia, Eva Cossé, es “un intento sin complejos de bloquear el acceso a la protección e incrementar las deportaciones para combatir el aumento de llegadas”. Acnur se sumó a las críticas y denunció que la ley “debilita la protección de los refugiados”.

Actualmente, 96.500 personas refugiadas y migrantes viven en Grecia y en los últimos meses las llegadas han aumentado, según los datos de Acnur. En septiembre arribaron 12.000 personas al país, el número mensual más alto desde marzo de 2016, cuando se firmó el polémico acuerdo entre la UE y Turquía y el cierre de la ruta de los Balcanes que dejaron a miles de personas bloqueadas en el país heleno.

En 2019, Grecia se ha convertido en el principal punto de entradas irregulares por mar a Europa. Las ONG especializadas y organismos como Acnur han reclamado en reiteradas ocasiones a la puesta en marcha de vías legales y seguras de acceso para evitar que quienes huyen la violencia se vean empujados a arriesgar su vida en su camino a Europa.

Denuncian devoluciones desde Italia

Ali lleva en Patras un mes y medio, pero él ya ha pisado suelo italiano. Hace unos días logró colarse en un ferri y, después de algunas horas de navegación, llegó a su destino. Desconoce a qué puerto llegó pero sabe que era Italia por el uniforme de los agentes. “Me preguntaron dónde quería ir, y dije Francia”. Ali cuenta que estuvo esposado durante una hora y los agentes le dijeron “no deport, no deport” antes de meterlo en un compartimento cerrado de un barco que describe como mercante. Al arribar, relata, un operario portuario le acompañó a tierra, donde reconoció la fisonomía ya conocida de Patras.

“Las devoluciones [desde puertos italianos a Patras] son una táctica estandarizada. Los mandan de vuelta al país por dónde han entrado a la Unión Europea, es decir, Grecia. En un año y medio, 4.000 personas han sido devueltas desde los puertos italianos de Brindisi y Bari”, explica Nikos Papageorgiou, miembro del Movimiento por la Defensa de los Derechos de los Refugiados y los Inmigrantes de Patras.

Papageorgiou es uno de los activistas locales más conocidos por su labor en defensa de los derechos de los migrantes. El colectivo del que forma parte fue creado en 2007, cuando apareció el primer campo de afganos en la ciudad. La organización se dedica principalmente a asegurar las necesidades básicas de los refugiados, incluyendo alimentación, asistencia médica y aprendizaje del idioma, pero también promueven “la interacción con los locales y la acción política contra las políticas migratorias de la Unión Europea y el Gobierno”.

“Patras siempre ha sido la puerta de entrada a Europa”, cuenta Papageorgiou. Cruzar esta puerta siempre ha sido difícil, pero en los últimos años se ha complicado aún más. “Los que no lo logran se enfrentan a la represión del Estado y a las deportaciones”, añade. El activista lamenta que la reacción de la población local hacia los refugiados no ha sido siempre buena, y esta dinámica es atizada por “núcleos de extrema derecha y los intereses económicos”.

Quienes viven en las fábricas abandonadas no cuentan con ningún tipo de apoyo del Gobierno. El Ayuntamiento – encabezado por un alcalde del Partido Comunista Griego, KKE – les provee prácticamente de la totalidad de su comida, aunque es No Name Kitchen quien hace de intermediario y les entrega las raciones ya preparadas. Una vez al mes, les dan alimentos no perecederos que los mismos migrantes cocinan.

Vigilancia policial constante

La presencia policial en las fábricas es habitual. Los voluntarios de No Name Kitchen denuncian que, según los migrantes, cuando los agentes se presentan a la hora de comer, les vuelcan las ollas. Una vez, dicen, llegaron a tirar un zapato dentro del pote. La organización de Papageorgiou ha intentado que la Policía no vaya durante estas horas para que puedan comer tranquilos, sin éxito.

Los jóvenes están alerta para dar la voz de alarma cuando llega la Policía. Normalmente, desde los tejados de las fábricas avistan a los agentes y avisan a sus compañeros para que desaparezcan de la vista.

Dos agentes les sorprendieron cocinando el día en que eldiario.es hablaba con ellos. Uno de ellos, temido por los migrantes y conocido por su nombre de pila, apareció sujetando su pistola al cinto y exigió la identificación de las personas con perfil racializado allí reunidas.

Un refugiado menor de edad que había llegado a la fábrica hacía solo dos días intentaba pasar desapercibido y que no le vieran, aunque le pedían de forma reiterada que mostrara sus papeles. “Acabo de llegar, no quiero que me lleven a Atenas”, repetía, asustado.

Este es uno de los escenarios más temidos por los migrantes: que los lleven de vuelta a Atenas. Es una práctica que choca con la legalidad, porque como solicitantes de asilo gozan de libertad de movimiento por todo el país. Papageorgiou aduce que este derecho es “violado” bajo la justificación de que en Patras no hay equipamientos de alojamiento para migrantes. Una vez en Atenas, explican los chicos, los sueltan en medio de la calle, sin darles un sitio dónde pasar la noche.

Ali sabe mejor que nadie lo difícil que es cruzar al otro lado y lograrlo, pero tiene pocas alternativas. No puede volver atrás, porque perdería los cerca de 500 euros que, según los voluntarios, cuesta atravesar a la otra orilla. Pero ir hacia delante tampoco entraña ninguna garantía ni certeza. Lo seguro es que lo seguirá intentando.