Una conocida institución privada de educación superior acaba de publicar un informe sobre el estado de la profesión docente en España. En él se llama la atención sobre las dificultades que enfrentan los docentes para atender la creciente diversidad de las aulas, así como sobre el estrés laboral, el desencanto ante la falta de políticas públicas de apoyo al profesorado o su escaso reconocimiento social. Como consecuencia de todo ello, el informe alerta sobre un progresivo sentimiento de desafección en la profesión.

Diversos medios se han hecho eco del documento, que, por otra parte, corrobora y complementa lo ya expresado anteriormente por otros organismos, que vienen advirtiendo del aumento de los riesgos psicosociales a los que están expuestos los enseñantes. Es, en definitiva, el malestar que se palpa en muchos claustros; una sensación constante desde la pandemia, a veces difusa, pero muy concreta cuando determinados acontecimientos, como los de estos últimos meses, sacuden las conciencias del profesorado.

Aunque en el trabajo de enseñar abundan las vocaciones, las dificultades señaladas atemperan los iniciales y generosos impulsos de muchos docentes vocacionales, convirtiéndolos, con el transcurrir de los años, en simples profesionales que se limitan a cumplir con su deber; ni más ni menos… ¡lo que no es poco! A este catálogo de dificultades habría que añadir una de orden puramente político, relacionada con las ocurrencias de los responsables de la Administración educativa. Lo que en ocasiones hacen y dicen estos cargos contribuye, como ocurre ahora en Cantabria, no a mejorar el clima laboral en los centros escolares, sino más bien a lo contrario.

Declaraciones del consejero de Educación, Sergio Silva (PP), contando verdades a medias sobre los salarios del profesorado cántabro o estigmatizándolo como un colectivo absentista y privilegiado serían dignas de esculpirse en mármoles, como ejemplo futuro de lo que jamás debería hacer un político.

Cerca ya del ecuador de la legislatura, y más allá de la reivindicación de la adecuación retributiva, toca preguntarse sobre distintas actuaciones que, para mal, parecen agolparse en el departamento de Educación durante esta segunda parte del curso. La decisión de cerrar un centro público en Castro Urdiales, la lentitud a la hora de solucionar el problema del colegio Menéndez Pelayo de Santander, el proyecto de calendario escolar que concitó el rechazo unánime de toda la comunidad educativa, la amenaza de mantener la ratio máxima de veinticinco en el tercer curso de Primaria a partir de septiembre o la idea de modificar el Consejo Escolar de Cantabria mediante el aumento de la presencia en él de miembros de la Administración son solo algunas de las polémicas que acompañan en estas semanas al consejero Silva, y que se suman al asunto de la adecuación salarial, ya en fase de conflicto laboral.

Habitualmente, perfiles políticos más débiles suelen enrocarse en posturas rígidas en las mesas de diálogo. Su inseguridad les lleva a confundir la firmeza que inicialmente todas las partes suelen exhibir en una negociación con la pura intransigencia

Seguramente, esta última cuestión es la que más está evidenciando la torpeza del consejero a la hora de negociar con la Junta de Personal Docente de Cantabria. En efecto, no es solo su incontinencia verbal desbarrando en más de una ocasión contra los sindicatos de la enseñanza; son sobre todo actuaciones como las citadas o como la de proponer a las direcciones de los centros que valorasen solicitar la intervención de la policía durante los encierros docentes, lo que ha terminado de enconar unas relaciones con la Junta de Personal que, a día de hoy, parecen muy difíciles de recomponer.

No fue una buena idea nombrar a un consejero con un perfil político bajo como el de Silva. Un sector, el de la enseñanza pública, donde impera una cierta conciencia colectiva de igualdad y un orgullo arraigado por el servicio público que presta; un sector con tradición reivindicativa y con un importante nivel de sindicación, requiere un responsable político con experiencia, con peso específico en el seno del Gobierno autonómico, que sepa negociar y que no se asuste por tener que hacer concesiones. Otros consejeros que forman parte de este Ejecutivo regional sí han tenido la suficiente personalidad como para poder mostrarse flexibles y llegar a acuerdos con sus respectivas juntas y comités de empresa.

Habitualmente, perfiles políticos más débiles suelen enrocarse en posturas rígidas en las mesas de diálogo. Su inseguridad les lleva a confundir la firmeza que inicialmente todas las partes suelen exhibir en una negociación con la pura intransigencia, y esto acarrea muchos más problemas de los estrictamente necesarios.

Probablemente, la presidenta María José Sáenz de Buruaga (PP) ya ha tomado conciencia de la situación y piense que se equivocó con el nombramiento de Sergio Silva. Sin embargo, es posible que no quiera hacer ahora cambios al frente de la Consejería de Educación, quizás aferrándose a la vieja fórmula de que, en tiempos de tribulación, es mejor no hacer mudanza. Se equivoca de nuevo: si escoge mantenerse en la tribulación, tarde o temprano, además, tendrá que hacer mudanza. 

El conflicto que vive la enseñanza pública de Cantabria trasciende con mucho la legítima reivindicación de mejoras salariales. Es cierto que, en el contexto de una serie de adecuaciones retributivas para muchos colectivos profesionales dependientes del Gobierno cántabro, el sector docente ha quedado marginado en los presupuestos del 2025. Sin embargo, y con independencia de los agravios comparativos, el malestar del profesorado viene de más lejos. La Administración educativa no supo valorar en su momento el esfuerzo que tuvieron que hacer los enseñantes en 2020, improvisando una educación a distancia durante los dramáticos meses del confinamiento, ni el desgaste que supuso, al curso siguiente, el tener que impartir las clases respetando las medidas de seguridad que las autoridades sanitarias fueron estableciendo para poder recuperar y mantener la actividad lectiva presencial. Un profesorado que salió exhausto de la pandemia tuvo que enfrentarse, acto seguido, con unos cambios muy profundos en todo lo relacionado con las programaciones didácticas, currículos, evaluaciones, etc., derivados del apresurado desarrollo reglamentario y aplicación práctica de la nueva ley educativa. 

Los retos y dificultades a los que se han enfrentado los docentes de Cantabria han sido muchos desde hace cuatro años. Sin embargo, a tenor de los excelentes resultados alcanzados por nuestra Comunidad en evaluaciones internacionales como las últimas pruebas PISA, podemos afirmar que el sistema educativo cántabro es uno de los mejores del Estado español. Los únicos que parecen no haberse enterado de esto son las autoridades educativas que, en lugar de reconocer y prestigiar (también salarialmente) la labor de nuestros enseñantes, se han dedicado a exigirles cada vez más. Las labores burocráticas se han multiplicado en este cuatrienio, la administración de los centros educativos aumenta su complejidad año a año, y el profesorado vive diariamente agobiado por un papeleo asfixiante que, no ayuda, sino todo lo contrario, a planificar lo estrictamente educativo. 

El actual consejero de Educación prometió diálogo y mejoras de las condiciones laborales. En año y medio al frente de este Departamento, sólo ha puesto en marcha una medida: la reducción de horas lectivas para el profesorado mayor de 55 años que, en este primer curso, solamente ha beneficiado a setenta y seis personas. Un triste consuelo para los más de ocho mil docentes de la red pública que han esperado, hasta la tramitación de los presupuestos de 2025, con la esperanza de verse reconocidos en conjunto mediante alguna mejora general en sus condiciones laborales. La reciente aprobación por el Parlamento de Cantabria de una proposición no de Ley, que instaba al Gobierno a negociar con la Junta de Personal Docente la actualización de las retribuciones de todo el profesorado, operando en el componente general del complemento específico, fue un paso esperanzador en la buena dirección. No obstante, la Consejería de Educación ha cortado de raíz esta vía y no parece dispuesta a aceptar las propuestas del legislativo cántabro. De hecho, no solo se niega a incluir ninguna partida presupuestaria para empezar adecuar las retribuciones de los docentes en 2025, sino que ya advierte que, si lo hace en el futuro, no lo hará de manera general y lineal como reivindica la Junta de Personal y le propone el Parlamento de Cantabria. 

Se comprende, por tanto, la irritación de los representantes sindicales, el malestar del colectivo docente y el desconcierto general de la comunidad educativa, que contempla cómo este Gobierno hace crecer por encima de la media el presupuesto destinado a la enseñanza privada, en lugar de hacer justicia reconociendo salarialmente la magnífica labor del profesorado durante estos últimos años. Escuchar a un diputado del Partido Popular jactarse, en sede parlamentaria, de que nunca la enseñanza privada concertada ha estado mejor financiada en nuestra Comunidad Autónoma que con los presupuestos de 2025, a la vez que el consejero niega cualquier mejora para los enseñantes de la pública, es toda una declaración de intenciones cuyas consecuencias, quizás, el consejero y quienes le susurran al oído no han sopesado bastante. 

Seguramente, la Administración educativa quiera ganar la batalla del relato aireando demagógicamente las cifras de las retribuciones del profesorado y argumentando que Cantabria está en el pelotón de cabeza del conjunto de Comunidades Autónomas, pero, seguramente no explicará que eso sólo es así en el inicio de la carrera profesional, y que los docentes de esta Comunidad caen por debajo de la media estatal a medida que van adquiriendo antigüedad. Iniciar esta batalla de cifras es no comprender que un servicio público de primer orden requiere profesionales cada vez mejor retribuidos. Dicho de otra manera: la calidad del sistema educativo y las condiciones laborales de los enseñantes no son las dos opciones de una disyuntiva, sino las dos caras inseparables de una misma moneda.

Entre 1931 y 1933 se abordaron en España profundos cambios en el sistema educativo, cambios impulsados desde el Ministerio de Instrucción Pública y llevados a cabo por un colectivo docente comprometido no solo con la enseñanza pública de manera particular, sino, en general, con el proyecto de regeneración que representaba el régimen republicano. Fue la República de los Maestros.

El régimen instaurado el 14 de abril partía de la convicción de que la escuela podía ser un motor de transformación social. Erradicar el analfabetismo, el atraso secular del país, la superstición y la incultura eran los retos que había que emprender actuando en y desde el sistema educativo. Ese fue el proyecto de los ministros Marcelino Domingo y Fernando de los Ríos y del director general de Primera Enseñanza, Rodolfo Llopis. A ellos se debe un amplio programa de reformas que iban desde las construcciones escolares hasta las Misiones Pedagógicas, pasando por los cambios en la formación inicial del profesorado.

En efecto, solo durante el gobierno provisional y el bienio social-azañista se construyeron más de trece mil escuelas, es decir, en apenas dos años y medio se habían hecho más escuelas que en las últimas tres décadas. Junto con el proyecto de construcciones escolares se tomaron una serie de medidas que dignificaron la profesión docente: se incrementaron espectacularmente los salarios del profesorado, se mejoraron sus condiciones laborales, se reconoció su estatus y se elevó su consideración social. Pero el programa de reformas fue mucho más allá, empezando por la formación inicial del profesorado. Quienes en aquellos momentos estaban al frente del Ministerio eran herederos de las mejores tradiciones de la Institución Libre de Enseñanza y, en consecuencia, cambiaron radicalmente el Magisterio español. La renovación del programa de estudios, la innovación pedagógica, el contacto con corrientes educativas modernas procedentes de otros países y la coeducación de maestros y maestras que por primera vez estudiaban el mismo currículo y en las mismas instituciones, constituyeron el crisol en el que se forjaron promociones de docentes que iban a transformar la escuela española, y con ella – pensaban - el conjunto del país. Muchos de ellos, contagiados por ese optimismo reformador, colaborarán de forma desinteresada en el proyecto de las Misiones Pedagógicas que presidía el pedagogo krausista Manuel Bartolomé Cossío; proyecto con el que pretendían llevar los ideales de la cultura y la ilustración hasta las aldeas más remotas de la España rural y a las clases populares menos formadas.

Si la actuación de la República en materia educativa tuvo un profundo calado, no lo tuvo menos la contrarreforma puesta en marcha por la dictadura franquista desde prácticamente las primeras semanas de la sublevación militar. La maquinaria ideológica de Franco señaló al sistema educativo republicano, y especialmente a los maestros y maestras de Primera Enseñanza, como culpables del adoctrinamiento en ideologías disolventes y responsables de todos los males que arruinaban el solar patrio. La inmediata represión se ensañó de forma especialmente cruel entre el profesorado e incluyó dos dimensiones. Una primera, de corte castrense, que consistió en el castigo por la militancia política y sindical, o simplemente por las simpatías de muchos docentes con el régimen republicano. Esta dimensión explica las penas de muerte o las de privación de libertad dictadas en miles de consejos de guerra contra miembros de los diferentes cuerpos de profesorado. Pero hay una segunda dimensión, más específicamente docente, que se implementó desde las Comisiones depuradoras creadas en noviembre de 1936.

Acudiendo a investigaciones de ámbito local y provincial, y a falta de un estudio definitivo que ilumine todos los rincones del universo represor franquista, diversos expertos estiman que las citadas Comisiones separaron del servicio de forma definitiva alrededor de un tercio del profesorado español. Otros muchos enseñantes también fueron depurados, aunque con sanciones menos severas: traslados forzosos, suspensiones temporales de empleo y sueldo o inhabilitación para el ejercicio de cargos directivos. Las depuraciones lastraron gravemente al sistema educativo que tuvo que recurrir, en muchas ocasiones, a personas con escasa o nula preparación profesional para proveer miles de plazas que habían quedado vacantes. Se impuso, además, un severo control de los contenidos, desapareció la innovación, se reimplantaron prácticas y métodos pedagógicos del pasado, se paralizaron las construcciones escolares y se volvió a dejar el monopolio de la educación de las élites sociales en manos de la Iglesia. La reforma educativa republicana desapareció de forma abrupta y dolorosa.

Es necesario contar todo esto. Nunca es tarde para la memoria y la reparación moral, y menos en este momento, que desde un extremo del tablero político se blanquea sin complejos una de las dictaduras más largas y tenebrosas de la Europa del siglo XX. Precisamente ahora, noventa años después de ese abril de 1931, es una buena ocasión para invocar a los maestros y maestras de la República, para recordar su contribución generosa a la cultura y el progreso, para honrar su compromiso con la democracia, y para revivir los ideales, los anhelos y las esperanzas de toda una generación de docentes que soñaron con una España mejor.  

Las distintas administraciones que vertebran el Estado español llevan años abusando de la temporalidad en la contratación de su personal. Así lo dicta una ya famosa sentencia de 19 de marzo de 2020 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). El abuso en la contratación temporal, por parte del sector público educativo, se concreta en el recurso a un ingente número de nombramientos de personal interino. En Cantabria, el 37,2% del personal docente ocupa una plaza vacante en esta situación precaria, en Secundaria asciende al 44,8%, y en la etapa de la Formación Profesional supera durante el curso actual el 50%. La Comunidad Autónoma se enfrenta así a unas tasas de interinidad que ahogan la gestión del personal, y lastran todo el sistema educativo, aquejado de una inestabilidad crónica en sus plantillas docentes.

La sentencia del TJUE supuso un varapalo para el Estado español; pero, en realidad, no resolvió el conflicto, porque dejó en manos de nuestros tribunales de justicia el tipo de sanción a aplicar por esta mala práctica de la Administración. Y ahora lo que hay es un gigantesco problema: ni se pueden paralizar todos los procesos selectivos hasta que el Gobierno dé una solución global al tema de la temporalidad, ni se puede hacer una oferta pública de empleo que ponga en juego la totalidad de las plazas cubiertas en régimen de interinidad. Lo primero supone más abuso de temporalidad, o sea, un círculo vicioso; y lo segundo pone en riesgo a todo un colectivo, el interino, que puede verse expulsado para siempre del sistema. 

En este curso escolar se convocan procedimientos selectivos para el ingreso a cuerpos docentes. En Cantabria se ofertan 396 plazas. Con ello sólo se reducirá la tasa de interinidad aproximadamente en siete puntos, es decir, en dos años volveremos a estar igual. Se trata, por tanto, de una cuestión sistémica, que tiene que ser abordada por el Gobierno central cuanto antes, y así evitar, por un lado, engordar más los porcentajes de temporalidad y, por otro, eludir una litigiosidad en los tribunales de justicia que no augura nada bueno para ninguna de las partes, salvo enmarañar legalmente más un tema ya complejo de por sí. 

La actual legislación cuenta con instrumentos para hacer frente a situaciones como ésta. Ahora hace falta voluntad política para desarrollarlos y aplicarlos. Nuestro sindicato viene planteando al Ministerio, por ejemplo, que haga uso de lo dispuesto en el artículo 61.6 del Estatuto Básico del Empleado Público, y que impulse una ley en virtud de la cual, por una sola vez y con carácter excepcional, permita el acceso a la condición funcionarial de carrera mediante un concurso de méritos. Y si no es esta la solución legal al problema de la interinidad, estamos dispuestos a plantear otras, como un sistema de acceso diferenciado. Históricamente, en momentos en los que también como consecuencia del abuso en la contratación temporal la función pública docente se colapsó con un volumen de enseñantes interinos disparatado, se buscaron soluciones excepcionales como la que hubo durante la implantación de la LOGSE. 

La Administración educativa tiene que asumir que existe un colectivo docente, el interino, que ha demostrado suficientemente su valía, que está perfectamente formado y que cuenta con una dilatada experiencia, es decir, dispone de todo un capital humano del que no puede desprenderse bajo ningún concepto. Ni sería justo laboralmente, ni sensato desde el punto de vista de la calidad del sistema. La solución tampoco pasa por ir demorando las convocatorias de procesos selectivos como desde hace años se plantea demagógicamente por algunas instancias; ni a medio y largo plazo se remedia nada con ofertas de empleo público raquíticas.

Desde la responsabilidad sindical que ejercemos a nivel autonómico, se ha ido construyendo en Cantabria uno de los sistemas regulatorios del empleo interino más estables de todo el Estado; pero esto no es suficiente, porque el profesorado que se encuentra en esta situación tiene derecho a demandar una solución definitiva a su situación laboral. Y la solución sólo pasa por una modificación del sistema de ingreso a la función pública docente que reconozca, como hemos dicho, lo excepcional de las actuales tasas de interinidad, implemente una doble vía de acceso que garantice el trabajo de las actuales personas interinas y, a la vez, no cierre la puerta a las nuevas promociones que legítimamente también aspiran a incorporarse a la profesión docente. Ni es la cuadratura del círculo porque hay alternativas, ni el actual Ejecutivo puede escurrir el bulto porque sea un problema heredado de anteriores administraciones. Es, en materia de personal, el reto principal que tiene por delante el conjunto del Gobierno y el Ministerio de Educación en particular; a ellos les compete y, en consecuencia, es a ellos a los que exigimos una solución negociada.

El curso escolar 2020/21 arranca en medio de dos polos: el de la preocupación por la pandemia y el de la esperanza por retomar la presencialidad perdida durante los pasados meses de confinamiento. En esa incertidumbre nos vamos a mover. Las primeras semanas serán clave para saber hasta qué punto los centros educativos son capaces de recuperar una cierta normalidad académica y convivencial sin que por ello se conviertan en focos de propagación de la enfermedad. Nadie duda de que, al retomarse la actividad lectiva presencial en colegios e institutos, se producirán brotes; la cuestión está en saber si solamente serán casos esporádicos con cadenas de trasmisión bien definidas y, por tanto, de fácil control, o, si por el contrario, se generalizarán situaciones de transmisión comunitaria no controlada que obliguen al cierre temporal de centros.

Ante este horizonte incierto no tiene sentido dedicarse a hacer profecías; y, si nadie puede garantizar el riesgo cero, tampoco se puede vaticinar que en las actuales circunstancias el sistema esté abocado a un inevitable colapso. De lo que se trata ahora es de analizar si se han diseñado medidas que den a la comunidad educativa una prudente tranquilidad frente a una pandemia tan compleja. Desde diversas instancias, como es la sindical en este caso, pensamos que no se están tomando todas las medidas que razonablemente sería posible implementar, para aportar un mayor grado de seguridad a la actividad lectiva en los centros escolares de Cantabria. Las administraciones, tanto la educativa como la sanitaria, deberían concienciarse de que no es el momento de la propaganda, sino de dar explicaciones detalladas y honestas a la sociedad, sobre todo de lo que no están haciendo.

El consejero de Sanidad tendría que aclarar por qué ha despreciado la petición unánime y reiterada de la Junta de Personal Docente de realizar pruebas PCR antes del inicio de las clases. Arrancar el curso con la certeza de que ningún docente es portador de la Covid habría sido un elemento bastante tranquilizador, no sólo para el profesorado, sino también para muchas familias. Así lo han entendido en otras Comunidades Autónomas, por ejemplo Asturias, que, curiosamente, con un consejero de Sanidad del mismo partido político que el de Cantabria, ha optado por realizar pruebas a los más de quince mil enseñantes con que cuenta el Principado. Seguramente que en Asturias harán otras cosas peor que nosotros, o por lo menos de forma diferente, pero es un hecho que ellos pueden presumir objetivamente de unas cifras epidemiológicas mejores que las nuestras; y medidas como ésta que acaban de tomar pueden explicar, al menos en parte, el porqué de esta mejor gestión de la pandemia.

También lo tiene complicado la consejera de Educación a la hora de justificar que no se hayan seguido todas las indicaciones de Sanidad y Educación en lo que a limitación de los contactos en los centros se refiere. Estos dos ministerios, en su último documento sobre medidas de prevención, higiene y promoción de la salud, recomendaban limitar los contactos creando grupos de convivencia estable en las etapas de Infantil y Primaria, con un número ideal de quince alumnos y alumnas por aula y un máximo de veinte. Llevar adelante esta medida de disminución de ratios implica una contratación potente de nuevo profesorado. Algunos territorios como Madrid o Galicia no han hecho nada, lo que, unido a los recortes que padecieron en su día y que nunca revirtieron, les ha dejado desnudos en el comienzo de un curso que allí se prevé desastroso. Por el contrario, otras comunidades autónomas, como es el caso de la valenciana, han hecho un enorme esfuerzo incrementando sus plantillas docentes en un 7,5%, además de poner en marcha un ambicioso plan de digitalización. Como media en todo el Estado las plantillas han aumentado un 4,6%. En Cantabria, se han contratado unos doscientos docentes, que representan un incremento porcentual del 2,7%. Nuestra Comunidad se ha quedado muy atrás, hasta tal punto que apenas ha invertido la mitad del llamado Fondo COVID-19 creado para este fin por el Gobierno central, mediante un Real Decreto-ley de 16 de junio.

La Consejería de Educación ha dejado pasar el verano en medio de titubeos, haciendo oídos sordos a casi todas las demandas de los representantes del profesorado, sin iniciativas y escasa inversión. Mientras, los equipos directivos no han salido apenas de los centros organizando el curso, y el conjunto del profesorado se ha ido mentalizando para realizar otro sobreesfuerzo como el que hizo durante los meses del confinamiento. En definitiva, nuestro sistema educativo sobrevivirá a la pandemia a pesar de la Administración y gracias al voluntarismo de los docentes; pero, desgraciadamente, esta política tan mediocre nos pasará factura a medio plazo, y Cantabria seguirá languideciendo hasta dejar de ser, en materia de política educativa, el referente que en su día fuimos para otras comunidades autónomas.

Hace veinte años que Cantabria asumió sus competencias en materia educativa. El resto de comunidades autónomas que entonces formaban parte aún del territorio MEC no lo hicieron hasta un año después. Desde mediados de los ochenta, el STEC había iniciado diversas campañas de sensibilización, demandando para Cantabria la gestión de su sistema educativo. Argumentábamos razones ideológicas como el reforzamiento del autogobierno, y razones prácticas que tenían que ver con las ventajas que suponía aproximar la administración a nuestro territorio y sociedad.  Vislumbramos entonces también las enormes posibilidades que se abrían ante la perspectiva de poder combinar negociación y presión frente a una administración que dependía solo de los votos de la ciudadanía de Cantabria. Veinte años después podemos decir que no nos equivocamos.

Administrar desde la calle Vargas lo que antes se tejía desde los lejanos despachos de la madrileña calle Alcalá supuso un reto de primer orden para el Gobierno autonómico; pero también para las fuerzas sindicales representativas del profesorado, que de repente quedaron huérfanas de dirección central. No fue el caso del STEC, única organización confederal, acostumbrada a tomar decisiones de forma soberana, y que después de las elecciones sindicales de 1998 (celebradas un mes antes de las competencias) se convirtió en la organización mayoritaria entre el profesorado.

El balance, veinte años después y a pesar de haber contado en algunos momentos con consejeros nefastos, es positivo. En el ejercicio de nuestro autogobierno se amplió la red pública de centros, con la construcción de un elevado número de colegios e institutos, además de la ampliación de las escuelas oficiales de idiomas, de los centros de adultos, de la creación de dos conservatorios de música y de una escuela de arte. Se pusieron en marcha las aulas de Infantil para niños y niñas de dos años, con un modelo educativo único en todo el Estado, que combina la presencia de una maestra y una técnico superior. Si a esto unimos el reforzamiento de la atención a la diversidad o el crecimiento de la oferta de la FP específica, entenderemos que las plantillas docentes, por todo ello y por otras razones ligadas a la calidad, pasaron de 4.500 enseñantes en 1999 a los más de 7.500 que tenemos hoy.

La asunción de competencias nos permite iniciar un camino por el que tenemos que seguir transitando, y que tiene que ver con la reafirmación de nuestra identidad histórica, cultural y social. Según señala el Observatorio de Patrimonio de la Universidad de Cantabria, debemos seguir mejorando la oferta educativa, contenidos curriculares, materiales escolares, formación del profesorado y sensibilización del alumnado en lo que respecta a nuestro patrimonio colectivo, porque cuando algo no se conoce, no hay sensibilidad y no se valora ni protege.

También a partir de las competencias educativas hemos podido poner en marcha todo tipo de planes y proyectos, desde un calendario pedagógico desvinculado de las festividades religiosas, hasta el mencionado modelo de aulas de Infantil. Permitió adaptar mejor a nuestras particularidades toda una serie de servicios como comedores o transporte escolar. Posibilitó, en fin, aplicar el principio de que la calidad del sistema educativo se encuentra indisolublemente unida a un profesorado bien tratado laboralmente. Fruto de ello han resultado una serie de mejoras en las condiciones de trabajo del colectivo docente que habrían sido impensables permaneciendo en la órbita ministerial.

Sería muy subjetivo especular con qué habría ocurrido si hubiésemos seguido dependiendo del Ministerio. Es más objetivo, por ejemplo, analizar pruebas internacionales de evaluación del sistema (con todas las precauciones con que hay que tomarlas) para ver que Cantabria, a nivel estatal, se ha posicionado en el grupo de cabeza, y que lo ha hecho con un crecimiento constante del alumnado matriculado en la red pública, que en este periodo ha aumentado su diferencial con respecto a la privada en casi diez puntos porcentuales.

El sistema educativo cántabro afronta en la actualidad muchos otros retos: revertir definitivamente los recortes que todavía arrastramos, revalorizar la figura del docente con una nueva dignificación salarial, aprovechar el descenso demográfico para bajar las ratios máximas, reducir las elevadas tasas de interinidad, acabar con las externalizaciones de servicios educativos (PROA, ayudantes lingüísticos, etc.), hacer frente al vaciamiento de nuestros pueblos potenciando la escuela rural, etc. En definitiva, hay que dar un nuevo impulso a la educación, un impulso pegado al terreno y que sea capaz de ilusionar a la comunidad educativa en general, y al profesorado muy en particular. Y esto, a la vista de la experiencia de dos décadas, solo puede hacerse desde una administración próxima y que actúe con la mayor autonomía posible.

Señalamos esto en un contexto en el que determinados poderes mediáticos y la ultraderecha política están desinformando al respecto. Que aprovechando determinados conflictos y en medio de un ciclo electoral interminable se pretenda recentralizar la administración educativa demuestra muchas cosas, pero mencionaremos solo dos. La primera es que la educación se ha convertido en un arma arrojadiza en manos de políticos irresponsables. Y la segunda, que quien apuesta de forma simplista por afrontar los complejos retos que tiene el sistema educativo en la sociedad del siglo XXI gestionándolo de manera centralizada y uniforme desde un departamento ministerial, o es un malvado o no sabe nada de educación.