El histórico conflicto político entre Catalunya y España ha estado marcado en los últimos años por tres sentencias judiciales: la del Tribunal Constitucional de 2010, que fulminó el Estatuto aprobado en referéndum por el pueblo de Catalunya; la del 9N que ha inhabilitado a dirigentes políticos por permitir la celebración de una consulta sobre el futuro político de Catalunya; y la referente a los hechos del primero de Octubre, que ha condenado a durísimas penas de cárcel a los miembros del Gobierno y líderes independentistas por haber posibilitado que los catalanes ejercieran el derecho a decidir. Si la primera sentencia significó una rotura del pacto constitucional, la segunda y la tercera han supuesto, para muchos catalanes, una creciente insatisfacción con la democracia española y un alejamiento de las instituciones que la representan.

Esto lo podemos afirmar porque el Centre d’Estudis d’Opinió (CEO), organismo dependiente de la Generalitat, pregunta habitualmente a los ciudadanos de Catalunya sobre sus opiniones y percepciones en relación con la situación política, social y económica. Pero, ¿qué piensan los ciudadanos del resto del Estado sobre el conflicto entre Catalunya y España? El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el homólogo estatal del CEO, no incluye preguntas sobre esta cuestión en sus estudios, tal vez porque no les interese saber los resultados o no quieren que se hagan públicos. Por este motivo, el Govern de Catalunya ha encargado una encuesta que, por primera vez, se interesa por la opinión de los españoles sobre el debate territorial en el Estado.

Y entendemos este encargo como un ejercicio de responsabilidad, porque el convulso contexto político que vivimos requiere que la acción de los representantes del pueblo esté orientada al máximo posible a la búsqueda de soluciones democráticas, es decir, ajustadas a la voluntad del pueblo. Sólo así podremos dar respuesta a las necesidades e inquietudes de nuestra sociedad.

En este sentido, la encuesta nos ha servido para contrastar la posición mayoritaria de los partidos políticos españoles con la opinión de los ciudadanos, y los resultados enmiendan la plana a los partidarios de la judicialización del conflicto: preguntados sobre qué es más necesario en cuanto a las relaciones entre Catalunya y el resto del Estado, los entrevistados eligen de manera mayoritaria la vía del diálogo, ya sea sin límites o en el marco de la Constitución. En Catalunya, la suma de estas dos opciones contaría con un porcentaje del 80%, mientras que en el resto del Estado llegaría al 66% de la población.

La encuesta revela un dato que me parece muy significativo: si una mayoría clara de ciudadanos catalanes optasen por la independencia en un referéndum legal y acordado, el 48,2% de los españoles aceptaría el resultado, frente a un 44,3% que no lo aprobaría. En Catalunya, el porcentaje de encuestados que aceptaría el resultado de un referéndum legal y acordado se incrementa al 81,3%.

Estos datos chocan con la situación actual de falta de diálogo, a pesar de las peticiones que hacemos desde el Govern de la Generalitat y desde diferentes entidades sociales y económicas para sentarnos y hablar. Observamos, pues, que existe una parte de la población española favorable al diálogo más grande y transversal de lo que representan los liderazgos políticos en este momento en el Estado, que mantienen unas posturas más intransigentes que las de su electorado.

Otro punto de coincidencia que constata la encuesta es el alto grado de insatisfacción con el funcionamiento de la democracia española. La inmensa mayoría de la población se muestra poco o nada satisfecha, un 87,5% en Catalunya y un 75,5% en el resto del Estado. Estos datos, en nuestra opinión, son gravísimos, por cuanto esta percepción negativa se refleja de manera palpable en la falta de confianza en las instituciones.

En Catalunya, suspenden las principales instituciones representativas del Estado. La Monarquía encabeza el sentimiento de insatisfacción con la peor nota, un 2,21, pero también suspenden los tribunales de justicia, el Tribunal Constitucional y el Congreso, mientras que los gobiernos y Parlamentos autonómicos tienen mejor valoración que el Gobierno central y las Cortes. En el resto del Estado, la monarquía también suspende, con una puntuación de 4,21. Asimismo, la institución menos valorada son los partidos políticos, con un 2,8, seguidos por la banca, con un 3,3, y el Congreso, que obtiene un 3,6.

La encuesta también revela diferencias de opinión significativas en la cuestión territorial en función de la procedencia de los encuestados. Sobre la relación entre Catalunya y España, los resultados en Catalunya muestran que un 37% apuesta por un Estado independiente, un 27% por una comunidad autónoma y un 22% por un estado federal. En el resto del Estado, se considera mayoritariamente, con un 61%, que Catalunya debe ser una comunidad autónoma, un 21% una región y un 7% un Estado federal.

También encontramos divergencias en la percepción del trato que confiere el Gobierno central a las diferentes comunidades autónomas. En Catalunya se considera que las tres comunidades más favorecidas son Madrid (53%), Andalucía (50%) y, en menor medida, Extremadura (24%). En el resto del Estado, en cambio, un 65% de los encuestados que responden que el Gobierno beneficia más a unas comunidades que a otras, creen que Catalunya es la más favorecida, seguida de lejos por Euskadi (44%) y Madrid ( 39%).

Sin duda, estas respuestas demuestran que en la sociedad española han cuajado muchos estereotipos sobre Catalunya, a menudo por la falta de transparencia y de publicación de datos objetivos por parte del Estado. Estamos convencidos de que estos prejuicios podrían disminuir con un mayor conocimiento de la realidad catalana.

La sociedad catalana y española, como hemos podido comprobar con esta encuesta, difieren en muchos aspectos, pero coinciden en dos puntos fundamentales: el alto grado de insatisfacción con el funcionamiento de la democracia española y la necesidad de impulsar un diálogo como vía de solución al conflicto político entre Catalunya y España.

Para el gobierno que represento, los resultados del estudio reafirman un posicionamiento que tenemos muy claro y que defendemos desde hace mucho tiempo: este conflicto político solo se solucionará desde el diálogo y la negociación. No nos cansaremos de reclamar un acercamiento que nos permita sentarnos en una mesa a escuchar y a ser escuchados. Pedimos al Gobierno en funciones de Pedro Sánchez altura democrática para desencallar un conflicto que no se resolverá con más represión.

Hemos preguntado a los ciudadanos españoles y nos han respondido que hay que volver a la política. Tomemos nota.