Durante la madrugada del miércoles al jueves 1 de octubre a más de alguno le costó conciliar el sueño. Pasaban dos minutos de las doce de la noche cuando un temblor se dejó notar en viviendas de Zaragoza, Huesca y Ejea de los Caballeros, entre otras localidades. El motivo, un terremoto con epicentro en la localidad de Lizoáin, a escasos kilómetros de Pamplona, de 4,4 de magnitud y con intensidad 2 en zonas como la capital aragonesa, según el Instituto Geográfico Nacional. “Muy moderado para lo que puede ocurrir en la zona del Pirineo”, en palabras del catedrático de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Zaragoza y experto en Geodinámica Interna, José Luis Simón.

La especial incidencia de estos movimientos sísmicos en el Pirineo tiene una explicación. “La cordillera pirenaica se terminó de formar hace 20 millones de años. La inestabilidad que perdura a día de hoy tiene que ver, posiblemente, con grandes fallas longitudinales de la corteza, de este a oeste”, indica José Luis Simón. Y esa fractura de grandes bloques de rocas en la Tierra, da lugar a los seísmos.

La peculiaridad geológica de los Pirineos ha provocado en ocasiones movimientos sísmicos de gran magnitud. En 1923, la localidad de Martes, perteneciente a la canal de Berdún, vivió un terremoto con una intensidad de 8 grados, el mayor de los últimos cien años en Aragón. Nueve años antes, al otro lado de la cordillera, Benasque registraba un seísmo de intensidad 7. Echando la vista más atrás, al siglo XIV, aparece el del Embalse de la Peña, en la Hoya de Huesca, con una intensidad de 8 grados.

Mientras en la parte francesa de los Pirineos, los fenómenos sísmicos han sido más perjudiciales. En 1967, la localidad de Arette, colindante con Navarra a través del Valle de Roncal, sufrió un fenómeno sísmico de magnitud 5,8 y una intensidad de 8 sobre una escala de 12 grados. Traducidos estos números a la realidad, destruyó un tercio de las casas de esta población de alrededor de 1.000 habitantes.

Además de las características propias de la cordillera pirenaica, hay otro factor que puede generar o facilitar la existencia de seísmos en estas zonas: la sismicidad inducida debido a la construcción de obras hidráulicas o actividades de fracking. “Está absolutamente demostrado que todo lo que sea aumentar la presión a la que están los fluidos en el interior de la tierra aumenta la posibilidad de que se produzcan terremotos”, añade el catedrático José Luis Simón. Como ejemplos, señala la construcción del embalse de Itoiz, en la vecina navarra, que generó un centenar de pequeños terremotos, o el almacén de gas del proyecto Castor, al sur del Delta del Ebro, que desencadenó uno de los mayores movimientos de fallas.

Aragón registra una decena de terremotos al día

Según los datos proporcionados por el Instituto Geográfico Nacional, la Comunidad de Aragón registra a diario una media de diez terremotos al día. La totalidad de ellos son, prácticamente, imperceptibles para la población, puesto que “tienen unas magnitudes en torno a 2,5 y 3”, detalla el catedrático de la Universidad de Zaragoza. Estos fenómenos en sí no son preocupantes, porque son “una actividad de fondo, ya que la tierra no está quieta”. 

“Pedimos una reactivación inmediata de las agendas culturales y de eventos de las administraciones públicas, en especial las de las entidades locales, bajo el estricto cumplimiento de todos los protocolos de seguridad sanitaria”. Esta es la principal reivindicación que trasladaron este jueves por la tarde en Zaragoza los profesionales de los eventos, a través del movimiento 'Alerta Roja'. Tras recorrer el centro de la capital aragonesa con las maletas negras que utilizan en sus conciertos y espectáculos, 280 profesionales inundaron la Plaza del Pilar, para proceder a la lectura del comunicado, sobre las 21.30 horas.

La protesta comenzó horas antes en el Parque Macanaz, a orillas del Ebro. Desde allí, 280 profesionales de este sector, divididos en filas de tres, comenzaron a caminar. El efecto, visto desde lejos, era el de una serpiente negra -del color de sus camisetas y las cajas donde transportan su material- de más de 200 metros de longitud que cruzaba el Puente de Santiago y reptaba por el Paseo Echegaray y Caballero para llegar a la plaza del Pilar.

En un escenario habilitado en la fuente de Francisco de Goya, con el Consistorio zaragozano como testigo, Kike Cruz, técnico de sonido, leyó el manifiesto del movimiento 'Alerta Roja'. Lo hizo de manera simultánea a las otras 27 ciudades españolas donde los profesionales de este sector también salieron a la calle para visibilizar su situación.

Descenso del 80% de la actividad y 700 profesionales afectados

En Aragón, las actividades de las empresas del sector ha caído un 80% desde el coronavirus, y algunas han realizado un cese de actividad, apunta Carlos Marín, portavoz del movimiento 'Alerta Roja' en Zaragoza. Detalla que alrededor de 700 profesionales, entre técnicos, tramoyistas, chóferes y maquilladores, sufren los efectos de la cancelación de los eventos, especialmente en verano, su “temporada fuerte”. También la programación de las salas de conciertos ha caído en picado. Desde enero tan sólo han acogido 500 actuaciones, mientras que el año pasado por estas mismas fechas el número era cuatro veces superior, unas 2.000

Muchos de estos profesionales están viviendo “una situación límite”. “De no paliarse, supondrá la ruina de miles de familias, la imposibilidad de mantener el empleo y la inviabilidad futura de las empresas y de la actividad de muchos trabajadores”, anadió Kike Cruz, durante la lectura del comunicado. Entre las medidas que proponen, está el reconocimiento por parte del Gobierno de España del sector del espectáculo y los eventos, al igual que el turismo, como uno de los principalmente afectados por la pandemia de la COVID-19.

IVA reducido y ayudas directas

Además, el movimiento 'Alerta Roja' reclama una serie de medidas para el sector, como el establecimiento de ayudas directas a autónomos y empresas que acrediten una disminución del volumen de ingresos superior al 50% en relación con el ejercicio anterior, y la aplicación del IVA reducido en los sectores vinculados a la Industria Cultural, del Espectáculo y Turismo de Congresos, Reuniones y Eventos, como medida dinamizadora de la actividad.

También solicita medidas concretas para autónomos y empresas. En este último caso, piden una recuperación de los ERTE por fuerza mayor hasta que sea posible trabajar con el 100% de los aforos, y una reducción del tipo impositivo del Impuesto de Sociedades para los ejercicios 2020 y 2021. Por último, el movimiento insta al Gobierno a crear “de forma inmediata” una mesa sectorial que defina las necesidades de este colectivo, afectado por la estacionalidad e intermitencia de la actividad“.

Concentraciones en otras 27 ciudades españolas

Con lemas como #hacemoseventos o #alertaroja, 'Alerta Roja' ha realizado concentraciones simultáneas en otras 27 ciudades del país, como Madrid, Barcelona, Sevilla, Bilbao o Valencia. En todas estas movilizaciones se ha dado lectura al mismo manifiesto, que demanda un mayor reconocimiento y apoyo a este sector. Este movimiento forma parte de #redalert , una agrupación en la que participan siete países donde también se han realizado movilizaciones en las últimas semanas.

Las concentraciones, como en el caso de Zaragoza, se realizaron cumpliendo todas las medidas de seguridad e higiene ante la covid-19. En este sentido, los organizadores destacaron la capacidad y la experiencia de los profesionales de este sector para organizar eventos y espectáculos que cumplan con los protocolos establecidos desde las administraciones. 

Los perros potencialmente peligrosos representan un gran porcentaje entre los canes de los centros de protección animal. La obligación de contar con una licencia como propietario de uno de estos canes hace que muchos de los interesados en la adopción canina se decanten por ejemplares de otro tipo de razas no consideradas peligrosas. Así, mientras el tiempo medio de estancia de un perro abandonado en un refugio de animales es de 8,3 meses, según el estudio 'Él nunca lo haría', publicado por la Fundación Affinity en 2019, estos perros esperan, en ocasiones, más de cuatro años hasta que alguien decide darles una nueva oportunidad.

American Stanford, Pitbull Terrier o Rottweiler son algunas de las razas que la legislación determina como perros potencialmente peligrosos. También los cruces de estas y otras con menos presencia como el Dogo argentino, el Fila brasileiro, el Tosa Inu y el Akita Inu, estas dos últimas procedentes de Japón. En la actualidad, los centros de protección animal existentes en Aragón cuentan, entre todos ellos, con más de cien canes de este tipo. 

La tenencia de un perro considerado potencialmente peligroso conlleva una serie de responsabilidades complementarias a la de cualquier otro can. Es necesario disponer de una licencia y para su obtención se han de cumplir una serie de requisitos: ser mayor de edad, no tener antecedentes legales por delitos de agresiones, superar un test de capacidad física y un examen de aptitud psicológica y contar con un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros.  

Estas obligaciones suponen, además del fuerte carácter que se les presupone, un freno para muchas de las personas que se plantean adoptar un can de estas razas. “Cada vez es es más difícil encontrar hogares para ellos, imaginamos que debido a su mala fama, aunque en realidad son animales muy nobles y bastante simples que bien educados no tienen mayor problema”, cuentan desde la protectora turolense 'Amigo mío'. Allí, acogen desde junio de 2019 a Rocky, un Rottweiler al que a día de hoy todavía buscan un hogar. Koke, Federica y Hulk son los nombres de los tres perros potencialmente peligrosos que acoge la protectora municipal Calatayud. En Zaragoza, la lista de perros potencialmente peligrosos es casi interminable. A finales del 2019, el Centro Municipal de Protección Animal contaba con 101 ejemplares de esta raza, más del 70% sobre el total. 

Las protectoras no se rinden en busca de un hogar

Pese a las dificultades ya explicadas para la adopción de estos perros, las protectoras trabajan con la esperanza de que algún día puedan salir de sus instalaciones acompañados por un nuevo dueño. Este es el caso de la Asociación Protectora de Animales 'Pirineos' de Jaca, y la perra 'Alana'. Se trata de un cruce de Bull Terrier con American Stanford que llegó a este centro mayo del 2016. 

Los responsables de la protectora de Jaca definen a Alana como “una perrita sociable, alegre y juguetona”. “Cuando la conocimos nos dimos cuenta de que era sorda porque la ladraban a través del vallado y ella ni se daba cuenta, y cuando hay mucho jaleo en el centro, ella sigue de siesta al solete sin que nadie le moleste. Necesita una familia activa, con muchas ganas de aprender y de trabajar con una perrita sorda.”, añaden.

Los balnearios aragoneses atraviesan momentos complicados. La pandemia de la COVID-19 cerró sus puertas, y tan sólo cuatro centros termales de la Comunidad han regresado durante el verano. Ahora, algunos de estos establecimientos viven con la preocupación de tener que cerrar antes de que termine el año por la falta de público y demandan un mayor apoyo de la Administración.  

Uno de los centros termales que se encuentra en esta situación es el Balneario de la Virgen de Jaraba. Reanudaron la actividad tras el confinamiento, pero la campaña estival ha sido muy diferente a las de años anteriores. En el mes de agosto, registró una pérdida de ocupación del 25% respecto a 2019 y 2018. En el caso de julio, este descenso fue mayor, un 32%. 

Además, el perfil de los clientes ha variado, debido a la suspensión del programa de termalismo social del Imserso. Ahora, son familias y personas de entre 25 y 55 años, que realizan estancias cortas mayoritariamente. “La previsión para los próximos meses es aún peor que en el periodo estival, y nos aboca al cierre, si por parte de las instituciones no se reactivan los programas de viajes de los que dependíamos la mayor parte del año”, reclama Francisco Javier Zarzosa, director general del centro termal zaragozano. 

Desde el Balneario de Panticosa, otro de los que ha reabierto junto con el Balneario de Paracuellos de Jiloca y el Hotel Balneario Alhama de Aragón, también se demanda la puesta en marcha de actividades de dinamización rural y programas de termalismo de ámbito autonómico o provincial. Jesús María González García, director general del establecimiento termal situado en el Pirineo oscense, resalta la importancia de que “las instituciones pongan en conocimiento de los ciudadanos que el medio rural es una zona segura y en muchos casos, libre de coronavirus”.

González García asegura que han capeado la temporada estival, desde que reabrieron el 10 de julio. “Reducimos a la mitad el aforo de nuestros hoteles, pasando a 150 plazas en total, y también el de las estancias termales, por motivos de seguridad sanitaria. En agosto registramos un lleno absoluto muchos de los días, aunque debido a las medidas adoptadas hemos tenido un descenso del 30% de la ocupación respecto al año anterior”, detalla. Ahora confían en mantener hasta final de año la llegada de clientes mayores de 60 años, con estancias de cuatro o cinco días entre semana, y de parejas los fines de semana. Además, la temporada de nieve, que comienza en diciembre, es otro revulsivo para este establecimiento. “Estamos a la espera de cómo se desarrolla ante las circunstancias actuales. Hay que ir día a día viendo la evolución”, comparte.

Seis balnearios permanecen cerrados en Aragón desde el confinamiento

En la otra cara de la moneda, se encuentran seis balnearios que todavía no han recobrado la actividad desde mediados de marzo. El Balneario Sicilia y el Balneario Serón, ambos en Jaraba, permanecen cerrados al público, al igual que el Balneario Termas Pallarés de Alhama de Aragón, el balneario oscense de Vilas del Turbón y los de las localidades turolenses de Ariño y Manzanera.

A esta situación, se suma la entrada en concurso de acreedores del balneario de Segura de los Baños, en Teruel, y el cierre del hostal del balneario de Benasque por deficiencias en las instalaciones, reconstruidas a mediados de los años 50 tras ser arrasadas por un incendio en 1938. Este último es el balneario situado a mayor altura en toda España, a 1.720 metros, y fue edificado en 1801.

Víctimas del éxodo rural, un total de 842 pueblos desaparecieron en Aragón en apenas un siglo, de 1857 a 1991. La construcción de infraestructuras hidráulicas, la falta de electricidad, la ausencia de conexiones por carretera o su casi total destrucción a causa de la Guerra Civil fueron los motivos principales que llevaron a sus vecinos a emigrar a otras poblaciones. De un tiempo a esta parte, el silencio reinante en estos lugares ha dado paso a voces de nuevos pobladores y de los descendientes de antiguos habitantes, que regresan en busca de sus raíces.

La localidad de Jánovas pertenece al municipio de Fiscal, en la comarca oscense de Sobrabre, y es uno de los exponentes de la recuperación de un pueblo en el medio rural. Las viviendas de sus habitantes fueron expropiadas, entre 1962 y 1984, para construir un pantano a orillas del río Ara, obra hidráulica que nunca llegó a fraguarse. Tuvieron que pasar varias décadas hasta 2008 para que devolvieran la propiedad de las casas, y en 2018 regresó la luz eléctrica. Ya se han restaurado varias viviendas y la antigua escuela se ha reconvertido en un lugar de reuniones sociales entre los vecinos, con bar incluido.

Sesenta kilómetros por carretera separan a Jánovas de Búbal, otro municipio que resurgió del abandono. Enclavado en la comarca del Alto Gállego, y perteneciente al municipio de Biescas, Bubal pasó de 69 habitantes en 1960 a quedarse vacío en la década de los 70. “La imposibilidad de trabajar las mejores tierras de labor [anegadas por el pantano de Búbal] empujaron a aquellos cuyas casas no fueron anegadas a emigrar en la década de los 70”, explica el arquitecto Sixto Gavín en el dossier 'Pueblos Recuperados en el Altoaragón', obra editada por la Diputación Provincial de Huesca. A través del Programa de Recuperación de Pueblos Abandonados del Gobierno de España, la parte alta de Búbal se ha ido recuperando desde 1986. En la actualidad, el pueblo acoge cursos para jóvenes que con sus labores ayudan a finalizar las obras en el núcleo antiguo.

Casas rurales, hostelería y museos reviven a los pueblos abandonados

Junto con los anhelos de las familias de los antiguos moradores, el turismo ha sido otro de los motores de la recuperación de pueblos abandonados. La hostelería y las casas rurales han devuelto la vida a núcleos como Morillo de Tou, en la comarca de Sobrarbe, o Villanovilla, en el Valle de la Garcipollera. A escasos kilómetros de este último, se alza Bergosa. Sus antiguos vecinos han restaurado la fuente y el lavadero, dos símbolos de la vida en una localidad en los siglos pasados, y se reúnen una vez al año en este municipio para rememorar épocas pasadas.

También la cultura ha permitido revivir otros núcleos de población, como Mas Blanco, perteneciente al municipio de San Agustín, en la comarca de Gúdar-Javalambre. La asociación Recartografías restauró diferentes viviendas y puso en marcha el Museo de las Masías y la Memoria Rural. Compuesto por un conjunto de ocho edificios, entre los que se incluye la escuela, el horno comunal o la casa de la maestra, muestra cómo era la vida de los habitantes de las masías y permite descubrir las herramientas que utilizaban para la agricultura de secano y la vendimia, así como las vivencias de la posguerra en esta zona.

Estos pueblos son sólo una muestra de los cerca de 50 núcleos que se han recuperado -31 en la provincia de Huesca- en las últimas décadas, gracias al afán de los antiguos pobladores y la aparición de iniciativas emprendedoras relacionadas con el turismo, la cultura e, incluso, la ganadería, como ha ocurrido en Silvés Alto, en Sobrarbe. A todo ello, se está uniendo en los últimos meses otro fenómeno. El cambio de hábitos sociales, con la aparición de la pandemia, y la búsqueda de un entorno más tranquilo están aumentando los empadronamientos en los pequeños municipios de Aragón. Algunos buscan casas en el medio rural y en los pueblos abandonados que se están recuperando, hay un lugar donde comenzar una nueva vida. 

Reducir los aforos al 50%, establecer turnos en los servicios del comedor, contar con un responsable en cada grupo para dirigirse a los guardas, y realizar una desinfección diaria de todas las estancias de los refugios de montaña. Estas son las medidas del protocolo frente al coronavirus elaborado por estos centros propiedad de la Federación Aragonesa de Montañismo. Hasta la fecha, en ninguno de los once refugios se ha registrado ningún caso de coronavirus.

“Nos hemos adaptado bien al protocolo elaborado desde la Federación”, apunta Jaime Arbex, guarda del refugio de Pineta. Este refugio, que se encuentra a 1.240 metros de altitud en el termino municipal de Bielsa, en la comarca de Sobrarbe, ha tenido que reducir de 72 a 36 plazas su aforo. “La demanda es igual que en veranos anteriores. Ha habido semanas en las que no hemos llenado todas las habitaciones, y otras en las que los montañistas han tenido que utilizar tiendas de campaña fuera”, añade Arbex.

La adopción de estas medidas ha impactado con severidad en la actividad económica de los refugios. “La gran parte de nuestros ingresos provienen de la campaña estival, y este año se ha reducido a la mitad”, afirma el guarda del refugio de Pineta. Lo que ocurra una vez finalice el mes de septiembre será, en palabras de Arbex, “una incógnita”. En este sentido, reclama un mayor apoyo institucional en forma de subvenciones.

Información, entrenamiento y sentido común para practicar montañismo

Las montañas de Aragón se han llenado este verano de nuevos aficionados. En comparación con años anteriores, se ha producido un aumento en la práctica de actividades como el senderismo, la escalada o el barranquismo. Los montañistas experimentados recomiendan planificar las rutas, adaptar la actividad al nivel físico, contar con el material adecuado y con alimentos suficientes.

Para Jaime Arbex las recomendaciones se resumen en tres aspectos: información, entrenamiento y sentido común. “Hay que tener información, saber adónde vas, con quién y qué vas a hacer; contar con un entrenamiento previo, y, sobre todo, tener sentido común, para ver si la ruta se adapta a tus cualidades”, explica. “En ocasiones, me he encontrado con gente que va en grupo y no tiene ni idea del recorrido que van a realizar por la mañana. Si el responsable sufre algún accidente, es complicado que sus compañeros puedan dar un aviso certero de la localización en la que se encuentran”, expone.

Los equipos de rescate han atendido a 156 personas en las montañas aragonesas

Hasta el 15 de agosto, el Grupo de Rescate Especial de Intervención en Montaña de la Guardia Civil ha atendido a un total de 156 personas en las montañas aragonesas durante la temporada estival. El 40% de ellos resultaron ilesos, y sólo se han registrado dos fallecimientos -el de una mujer de 43 años cerca del Aneto, y el de un hombre de 69 años en el Pico Posets-, frente a los ocho de 2019. 

Basta una mirada al calendario de ferias de artesanía en Aragón para comprender la realidad que atraviesa gran parte del sector. Desde que comenzó la pandemia, se han ido cancelando todos los eventos, uno tras otro. Alrededor del 50% de los artesanos aragoneses viven de sus ventas en estos acontecimientos y también de su relación con la música, la danza, el teatro y otras artes que ahora también atraviesan días difíciles. La situación para todos ellos es de “incertidumbre absoluta”, como transmite Susana Martín, la presidenta de la Asociación Profesional de Artesanos de Aragón.

Del total de 140 artesanos que componen esta asociación, más de 70 dependen directamente de las ferias y muchos de ellos llevan sin ingresos por ventas desde que comenzó la pandemia. El coronavirus provocó la suspensión de la Fería de Artesanía de San Jorge, una cita clásica el 23 de abril en la plaza de Los Sitios de Zaragoza, y de otra que se iba a celebrar por primera vez en la ciudad de Teruel. “Ha sido un trabajo de hacer y deshacer. Solicitamos un espacio en la calle Moret de la capital aragonesa, y se nos canceló la semana anterior”, apunta Martín, quien también ha notado los efectos de esta crisis en su taller de fabricación de vidrieras.

La falta de motivación es un sentimiento que ahora comparten muchos artesanos ante el escenario incierto de los próximos meses. “Siempre hemos sido unos supervivientes en todas las crisis, y hemos salido adelante, pero ahora mismo no sabemos a lo que nos enfrentamos. Además, son muchos ciudadanos los que se han visto en una situación económica difícil y sólo pueden hacer compras de extrema necesidad”, añade Susana Martín.  

Ferias con todas las medidas de seguridad y digitalización

También ha afectado a la organización de ferias de artesanía el hecho de que la mayoría de ellas coincidan en el tiempo con las fiestas locales, canceladas todas ellas por la pandemia. “Muchos ayuntamientos organizan sus ferias de artesanía como otra actividad de la programación de sus fiestas, pero hay que distinguir entre los grandes eventos de masas y otros actos con menos público y donde sí pueden respetarse las medidas de seguridad”, explica la representante de los artesanos aragoneses.

Comunidades como Galicia o Castilla y León han sido de las primeras en permitir la organización de ferias de artesanía, con la garantía de respeto a todos los protocolos sanitarios. En este sentido, Susana Martín demanda que las instituciones aragonesas faciliten la celebración de este tipo de actividades, “al igual que están apoyando la venta en los comercios y otros establecimientos”. 

Hasta el momento, la Asociación Profesional de Artesanos de Aragón sólo ha organizado un evento, un fin de semana de puertas abiertas en el Centro de Artesanía, ubicado en el antiguo matadero del barrio zaragozano de Las Fuentes. “Lo hicimos el mes de julio y funcionó muy bien, con la participación de 20 asociados. Confiamos en que lo podamos repetir una vez al mes, aunque sólo sea un domingo”, destaca su presidenta. También está prevista una feria para las Fiestas del Pilar de Zaragoza. En cuanto a la Feria de Artesanía Aragonesa, organizada todos los años en el Auditorio de la capital aragonesa en el mes de diciembre, “tenemos reservado el espacio para esas fechas, aunque la situación nos hace pensar que no será posible su utilización”, razona.  

Esta dificultad para la organización de ferias también está provocando que muchos de los artesanos apuesten por la digitalización para incrementar su visibilidad a través de internet y aumenten el público al que pueden llegar sus productos. “Es una oportunidad muy buena, aunque requiere tiempo, dedicación y el trabajo de profesionales”, considera Susana Martín.

La música deja de sonar (por el momento) en Gaitas Tremol

Instrumentos como las gaitas de boto o las dulzainas han dejado de sonar con la suspensión de las fiestas patronales en los diferentes municipios de la geografía aragonesa. Y sin actuaciones, las ventas de los talleres de instrumentos artesanales han caído en picado. Es el caso de Gaitería Tremol. “Con el inicio de la pandemia, nuestra facturación se redujo drásticamente. Tuvimos que cerrar, y yo ahora mismo todavía sigo en ERTE”, cuenta Nacho Martínez.

Antes de que estallara la crisis sanitaria, los fabricantes de instrumentos artesanales ya estaban atravesando “una etapa muy complicada”, apunta Martínez. “En los últimos años notábamos una menor afición por el folclore en Aragón, y eso directamente repercutía en nuestra cifra de ventas”, explica. Las gaitas de boto, con precios en torno a los 900 euros, y las dulzainas aragonesas, cuyo valor oscila entre los 200 y los 500 euros, son los productos principales de Gaitería Tremol. 

“Hemos de competir con las mismas reglas. No es justo que los agricultores de la Unión Europea estemos limitados a utilizar determinados fitosanitarios para el cultivo de nuestros productos y luego encontremos en el supermercado frutas y otras hortalizas producidas en terceros países donde sí están permitidos. Nos afecta seriamente”. Esta es una de las reivindicaciones que las organizaciones agrarias como UPA y ASAJA trasladan, nuevamente, a Europa. Lo hacen en el horizonte que se abre con la nueva Política Agraria Común (PAC), para el periodo 2021-2027.

En la actualidad, países de diversos continentes exportan diferentes variedades de frutas y hortalizas que llegan a los supermercados europeos. Algunos de sus productores, como denuncian desde las organizaciones de agricultores aragoneses, no están sujetos a las mismas normativas que Europa impone a sus países miembros. “Aquí tenemos prohibidos determinados productos químicos y fitosanitarios para acabar con las plagas que afectan a nuestros cultivos, pero luego, por ejemplo, vemos en las tiendas tomates procedentes de Marruecos u otros lugares del mundo donde tienen otras normativas”, explica Fernando Luna, presidente de ASAJA Huesca. En la misma línea se dirige la denuncia del secretario general de UPA Aragón, José Manuel Roche, quien denuncia que no producen “en las mismas condiciones”.  

Ante esta situación, los agricultores piden “jugar todos con las mismas cartas”, independientemente del lugar de producción. “Así no somos competitivos”, resalta Roche, antes de destacar la “responsabilidad brutal” demostrada por todos los agricultores europeos en una “situación muy complicada” como la crisis del coronavirus, donde “no ha habido desabastecimiento”. “Hemos demostrado ser un sector estratégico. Si nosotros dejáramos de producir, la pandemia se quedaría pequeña”, ahonda el responsable de la Unión de Pequeños Agricultores. Coincide con esta última afirmación Fernando Luna, quien advierte de que la actividad agrícola que se pierde no puede recuperarse de un día para otro. “Para cultivar en un invernadero hacen falta más de dos meses, y en el campo, cerca de un año”, apunta.

Una PAC insuficiente

A esta situación de desventaja se suma la aplicación de la Política Agraria Común para el periodo 2021-2027; su dotación presupuestaria no contenta a ninguna organización agraria. Para UPA, las cuentas de la PAC “no hacen justicia”. Si se toma como referencia las cifras aportadas por el Gobierno central y del Ejecutivo aragonés, quienes aseguran que la ficha para España se ha mantenido (47.682 millones de euros frente a los 47.500 millones de los siete años anteriores), Roche lamenta que “no se ha tenido en cuenta la inflación”. Este hecho “significa que en Aragón los agricultores no vamos a poder gastar más de 40 millones de euros al año”.

Desde ASAJA ponen el foco en la rebaja de hasta un 10% de los fondos, al pasar de los 383.000 euros en 2014-2020 a los 343.900 millones en el nuevo presupuesto europeo. “Con esta disminución hay una incertidumbre mayúscula”, señala Luna, quien además advierte de otro problema añadido. “Se han incorporado a las ayudas unos matices de obligaciones con el medio ambiente y políticas de ecologismo que condicionan nuestra actividad. Si vamos a tener que dedicar parte de nuestra tierra al abandono, la situación empeora”, detalla.

Los criterios económicos, sociales y medioambientales “han de estar al mismo nivel, tanto en Europa como en el resto de países productores”, reclama Luna. “Nosotros apostamos por una intensificación agrícola sostenible. Está claro que cuanto más produzcamos mejor, tanto para los agricultores como para la economía, pero tampoco queremos una explotación de la mano de obra ni contaminar el medio ambiente”, defiende.

La nueva PAC eliminará cerca de 10.000 ayudas en Aragón

La entrada en vigor de la reforma de la PAC en 2023, con un periodo transitorio en 2021 y 2022, supondrá la eliminación de alrededor de 10.000 de las 37.000 ayudas que se estaban percibiendo en Aragón, señala el secretario general de UPA en la Comunidad. Además, la nueva Política Agraria Común trae consigo una serie de cambios, como la eliminación de los derechos históricos en 2025 y de las diferencias regionales por estratos, que distinguen los herbáceos en función de la zona donde se encuentran. También se establece la definición de agricultor genuino, para dotar de ayudas a aquel trabajador cuya renta agraria se sitúe entre el 20 y el 30% de sus ingresos totales.   

Desde ASAJA no comparten el concepto de agricultor genuino y apuestan por la “agricultura activa”. “Hay diferencias entre rentas de un millón de euros y de 10.000 euros. Es imposible generalizar a través de porcentajes. La ayuda tiene que ir a cada hectárea producida. De lo contrario, estamos dando matices a una economía de subsistencia”, señala Fernando Luna. 

Una vez afirmó Ernest Hemingway que “yendo en bicicleta es como mejor se conocen los contornos de un país”. Y este verano son muchos los que pedaleando descubren, o se reencuentran, con rincones de Aragón como el Pirineo, el Bajo Martín turolense o el camino natural del Ebro. La belleza del paisaje y la variada oferta de rutas para bicicletas de montaña, con siete centros BTT y más de 400 itinerarios, han convertido a la comunidad en uno de los espacios más elegidos para esta práctica deportiva.

En una temporada estival diferente, marcada por la crisis sanitaria del coronavirus, algunos han dejado la sombrilla y las hamacas de playa en el trastero, y le han dado una oportunidad a la bicicleta. En la Comarca de Sobrarbe, en el Prepirineo, han notado “una diferencia abismal en el número de ciclistas respecto al verano del año pasado”, asegura Susana Cubells, gerente de Zona Zero. Este espacio de BTT, que reúne a casi un centenar de empresas turísticas de la zona, ha registrado tan sólo durante este mes cerca de 350 consultas relacionadas con la bicicleta. Hasta este año, la temporada fuerte correspondía “a los meses que van de marzo a junio, y de mitad de septiembre a noviembre”. 

El tipo de público que practica este deporte también se ha ampliado. Como detallan desde Zona Zero, “ahora vemos familias enteras a las que le ha picado el gusanillo por practicar bicicleta de montaña”. Aunque este espacio BTT destaca por la práctica del Enduro (una de las modalidades que requiere una mayor técnica deportiva), también dispone de rutas adaptadas a todo tipo de condiciones físicas. “Contamos con un total de 2.500 kilómetros para practicar ciclismo, y seis rutas 'ZL', que son más 'light' y transcurren por lugares como la Bal de Chistau, el Río Ara o La Fueva”, explica Cubells.

La oferta ciclista de Zona Zero se va a completar, en los próximos días, con la apertura de un espacio 'pump-track', un circuito cerrado de pequeñas dimensiones que puede recorrerse con la sola inercia del cuerpo y la bicicleta. Con todo ello, confían en superar la cifra de 50.000 pernoctaciones alcanzada en 2019. 

Tiendas de bicicletas sin stock y talleres que duplican su actividad

A finales del mes de mayo, el comienzo de la desescalada en España permitió la posibilidad de practicar deporte al aire libre, con el consiguiente 'boom' de la bicicleta. Mientras la curva de contagiados bajaba en España, subía la de venta de este tipo de vehículos, hasta que un día cayó en picado. Las tiendas dieron salida en menos de un mes a, prácticamente, todo su stock, un hecho inimaginable en cualquier otra situación. “En 15 días vendí casi todas las bicicletas que tenía”, cuenta Ester Clavijo, responsable de Trek Bicycle Store Zaragoza. “La gente venía sobre todo a por bicicletas de montaña, con un presupuesto que oscilaba entre los 400 y los 900 euros”, detalla.

En medio del éxito por la práctica de deporte al aire libre, los comercios de venta de bicicletas sufrieron las consecuencias en la cadena de distribución del coronavirus y se quedaron vacías. “En España fuimos de los últimos en comenzar con el desconfinamiento. Entre tanto, las multinacionales de bicicletas estaban vendiendo sus productos en otros países europeos, y aquí no llegaban pese a tener pedidos realizados desde marzo”, añade Clavijo. A esta situación, se añaden los retrasos en la producción de los modelos de la próxima temporada. Las fábricas de muchos componentes, como platos o cadenas, han estado cerradas durante un tiempo.    

En la actualidad, “nos van llegando, con cuentagotas, bicicletas”, comparte la responsable de esta tienda zaragozana con 25 años de trayectoria, que ahora centra gran parte de su actividad en el taller. “En estos meses hemos notado un incremento en las reparaciones de un 20%”, apunta. 

Algo similar ocurrió en 'La Ciclería'. Por su taller en Zaragoza han pasado más de 1.000 bicicletas desde la desescalada. “Además de prestar un servicio de reparación, también alquilamos nuestros espacio para quienes deseen arreglarse la bici de manera autónoma”,cuenta Javier Cañada, socio de esta cooperativa. Este aumento en las reparaciones, más del doble que en el mismo periodo de 2019, se ha debido también a la situación de desabastecimiento de las tiendas de ciclismo. “Han sido muchos los que han tenido que sacarla del fondo del garaje y llevarla a arreglar, porque no había stock. Y conozco casos en los que han tenido que duplicar, o triplicar su presupuesto, para adquirir una nueva”, comparte.

También han notado en 'La Ciclería' un aumento en el alquiler de bicicletas, una vez recuperada la flota que pusieron a disposición gratuita del personal sanitario en Zaragoza durante los momentos más duros de la pandemia. Y, ahora, han innovado con la puesta en marcha en Zaragoza del primer Bike Escape Room, donde equipos de cinco personas en bicicleta, ayudados por un GPS, compiten por descubrir los enigmas que esconde la ciudad.   

El agosto (anticipado) de las empresas de aventura

Otro de los sectores donde también influye el aumento de la práctica de BTT, además de la hostelería y de las tiendas y talleres de bicicletas, es en las empresas de deporte al aire libre. Muchas de ellas están haciendo el agosto durante estos meses de junio y julio.

'Matarraña Aventura', instalada en dicha comarca turolense, ha incrementado un 30% su facturación respecto al año anterior. Entre sus actividades, destaca el barranquismo y el alquiler de bicicletas para realizar la ruta por la vía verde de Val de Zafan, que une la localidad de La Puebla de Hijar con la de Tortosa, en Tarragona, siguiendo la antigua línea del ferrocarril. “Desde que se permitió la movilidad entre comunidades, hemos tenido más de 900 usuarios. Muchos de ellos no realizan la ruta completa y optan por el tramo de 42 kilómetros, y regresan posteriormente en nuestra furgoneta”, apunta Javier Arias.  

Cataluña, Comunidad Valenciana y País Vasco son las comunidades de origen de la mayoría de turistas que llegan a este rincón de la provincia turolense. “También tenemos clientes de nuestra comunidad, aunque parece que a la gente de Zaragoza le cuesta más acercarse”, señala Arias.  

En Aragón ya es posible adjudicar un contrato público en cuestión de horas, o minutos, desde la presentación de las ofertas. El sistema de tecnología blockchain aplicado a la contratación que el Gobierno de Aragón implantó en 2017 se ha puesto definitivamente en marcha con la resolución del primer 'smart contract'. En este caso, el algoritmo va a sustituir a las valoraciones realizadas por el personal de la mesa de contratación para decidir la compañía encargada de suministrar 35.000 mascarillas reutilizables para el personal de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Aunque será el primer contrato inteligente, el Gobierno de Aragón ya ha utilizado el sistema de blockchain para llevar a cabo la presentación de ofertas en 24 licitaciones de contratos. Todo se realiza en un portal digital, donde los contratistas presentan sus ofertas a través de esta tecnología y la Administración sustentada la mesa de contratación. Ahora, el algoritmo sustituirá a este organismo público y formulará una propuesta de adjudicación. 

La utilización del sistema de este sistema de tecnología blockchain, pionero en la Unión Europea, aporta un valor añadido a la acción de la Administración pública en términos de “transparencia y eficiencia”, como apunta Miguel Ángel Bernal, doctor en Derecho y director general de Contratación del Gobierno de Aragón durante la pasada legislatura. “En primer lugar, permite consultar si las empresas contratistas han cumplido los plazos de presentación. Después, es el algoritmo el que emite una propuesta de adjudicación”, explica. En este sentido, “se limitan los errores en la valoración de las ofertas y no hay riesgo de que ninguna persona altere el proceso”.

La tecnología blockchain abarata y reduce los plazos de contratación pública

Además, la tecnología blockchain agiliza el proceso para adjudicar un contrato. En esta ocasión, el Ejecutivo aragonés ha fijado un plazo de 24 horas, una vez presentadas las ofertas, para determinar el contratista, aunque podría resolverse en horas o minutos. Por el contrario, convocar a los miembros de una mesa de contratación lleva varios días o semanas.

En términos económicos, la implantación de este sistema ha supuesto para las arcas del Gobierno de Aragón un desembolso de 70.000 euros, una cuantía ínfima en comparación con el coste de los gastos de convocatoria de las mesas de contratación. Por su parte, la utilización de la herramienta “es muy barata, apenas unos céntimos de euro, por cada contrato”, detalla Bernal. 

Otra de las ventajas es que los funcionarios del Gobierno de Aragón encargados de los procesos de contratación ya están familiarizados con la tecnología blockchain, como valora Bernal. “Cuando se apostó por implantar este sistema, los trabajadores de la Administración recibieron una serie de formaciones y fueron ellos los que diseñaron los casos de uso. De esta manera, se generó un 'know-how' que está en la Administración y no en manos de consultoras privadas”, resume.

Cerca de 2.500 contratos públicos se licitan cada año en Aragón

La Administración aragonesa licita al año alrededor de 2.500 contratos, por un valor total de 6.000 millones de euros. Serán necesarios varios años hasta que el grueso de estos procedimientos de contratación se adjudique mediante tecnología blockchain. Pero el sistema implantado por el Gobierno de Aragón, de manera pionera, “terminará siendo una realidad en todas las instituciones públicas, porque además la ley ya obliga a la contratación electrónica”, señala Bernal, quien también es secretario ejecutivo del Observatorio de Contratación Pública.   

Instituciones como la Comisión Europea y el Foro Económico Mundial han reconocido la contratación inteligente puesta en marcha por el Gobierno de Aragón. Ambas coinciden en que se trata de una práctica ejemplar para luchar contra la corrupción y la injerencia del personal funcionario. 

La contratación inteligente es tan sólo el primer paso del recorrido que el blockchain tiene en la Administración pública. Los expertos señalan que esta tecnología, que en sus inicios se asoció a las criptomonedas, permitirá a las instituciones gestionar la identidad digital de los ciudadanos a los que prestan servicios. No obstante, será necesario que se derogue el Real Decreto 14/2019 que actualmente prohíbe este uso. “Se seleccionarán aquellos datos que sean realmente imprescindibles para identificarnos -pronostica Bernal-. En muchas ocasiones, nos piden el DNI para trámites en los que no necesitan saber el nombre de nuestros padres”.  

¿Que tendrían en común un viernes, antes de la crisis sanitaria del coronavirus, tres pasajeros en las estaciones de Caspe, a las 06:51, de Huesca, a las 07:35, y de Gallur, a las 21:50? Todos esperarían un tren con dirección a Zaragoza que ahora no va a llegar. Con el confinamiento, Renfe anuló gran parte de las expediciones de las líneas de Media Distancia y, en estos momentos, quedan por recuperar más de 20 en el territorio aragonés.

La pérdida de estas frecuencias de Media Distancia supone un obstáculo para la movilidad en el medio rural, como denuncian desde el Gobierno de Aragón. Este lunes, el consejero José Luis Soro remitió una carta a Renfe Viajeros solicitando la puesta en marcha de todas las expediciones contratadas a través del Ejecutivo autonómico. Desde la compañía ferroviaria, en declaraciones a elDiario.es, sostienen que la oferta se ha ido recuperando en las últimas semanas y que su compromiso es volver a ofertar todas las expediciones, aunque “es necesario estudiar la demanda actual”. 

Más de 20 expediciones de Media Distancia suspendidas

Los oscenses y vecinos de los municipios por los que pasa la línea de Media Distancia Huesca-Zaragoza son unos de los más afectados. Pese al alivio que pueda suponer la recuperación esta semana de la línea de AVE que une ambas ciudades y que llega hasta Madrid, hay suspendidas seis expediciones de tren regional, de lunes a viernes, en las franjas de mañana y tarde.

Los usuarios de la línea que une Zaragoza, Teruel y Valencia también han visto reducidas las frecuencias, al perder los dos trenes con salida al mediodía, desde la capital aragonesa y la ciudad del Turia, respectivamente. A la localidad de Ariza tampoco ha regresado, de momento, el regional que partía los viernes de la estación zaragozana de Miraflores, a las 16:09, y sucede lo mismo con el que debía llegar a Calatayud, también desde Miraflores, de lunes a jueves y domingos, a las 17:42. 

En la Ribera Alta del Ebro, los habitantes de localidades como Gallur, Pedrola o Alagón se han visto privados del tren que llega a la ciudad zaragozana, de lunes a viernes, a las 07:25 y al que hace años bautizaron por su rapidez como 'el chispa'. También han perdido el tren de las 22:00 hacia Zaragoza, y el que desde ahí salía, de lunes a viernes, a las 21:00, con parada final en la localidad navarra de Castejón de Ebro.

El trayecto de Media Distancia Caspe-Zaragoza es otro de los afectados con la suspensión de tres expediciones: una de ellas salía, de lunes a viernes, a las 06:51 de la localidad caspolina, y otra, en sentido inverso, llegaba todos los días a las 21:54. La localidad vecina de Fayón también es víctima de esta situación, al verse suspendidas cinco frecuencias de líneas que le conectan con municipios catalanes: dos con Ribarroja de Ebro y tres con Mora la Nova. 

Renfe asegura que está estudiando la demanda

A finales de junio, coincidiendo con la vuelta al trabajo y la actividad social de muchos ciudadanos, Renfe comenzó a recuperar progresivamente parte de los servicios que había suspendido con motivo del confinamiento. En estos momentos, aseguran que se están prestando gran parte de los servicios de Media Distancia en Aragón y que las próximas actuaciones dependerán de la demanda de los usuarios.

Aunque Renfe ha manifestado al Ejecutivo autonómico su compromiso de recuperar la oferta de trenes en el medio rural previa a la crisis del coronavirus, también hace un llamamiento a la responsabilidad. “Tenemos trenes y personal para prestar el servicio, pero queremos saber si hay pasajeros que ahora quieran subirse. Como sociedad, no podemos permitirnos llevar trenes vacíos”, señalan.

Nunca llueve a gusto de todos. La puesta en marcha de la Ley del Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha dejado al descubierto un agujero social que afecta, especialmente, a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. La eliminación en muchos casos de la prestación que reciben las familias con hijos discapacitados es una de las principales denuncias que trasladan desde Plena Inclusión Aragón, en línea con la postura de su entidad estatal. Han presentado alegaciones a la normativa para corregir esta situación e incluir dentro de los beneficiarios a personas que están tuteladas en centros residenciales y aquellos que se encuentran incapacitados judicialmente.

Hasta la aprobación del Ingreso Mínimo Vital, las familias con hijos con discapacidad intelectual a su cargo recibían una ayuda mensual, a cargo de la Seguridad Social, que oscilaba entre los 100 y los 500 euros. Ahora, esta prestación no se podrá solicitar en aquellos casos que el porcentaje de discapacidad sea inferior al 33%. “Esta medida no valora el sobresfuerzo de las familias con hijos discapacitados intelectualmente”, denuncia Santiago Villanueva, presidente de Plena Inclusión Aragón.

Este agravio radica en los criterios utilizados para determinar quién puede beneficiarse del Ingreso Mínimo Vital. En este sentido, la ley del Ejecutivo Central establece la unidad familiar de convivencia como referencia, excepto en los casos en los que el solicitante viva solo. De este modo, ejemplifica el presidente de Plena Inclusión Aragón, “un matrimonio con un hijo discapacitado a su cargo estaría en la misma situación para acceder a este ingreso mínimo que otro matrimonio con un hijo sin discapacidad e idéntico nivel de renta”.

La creación de una nueva categoría donde se enmarque a las personas con discapacidad es una de las medidas que entidades como Plena Inclusión reclaman. “Nosotros pedimos que la persona con discapacidad intelectual sea reconocida dentro de una unidad de convivencia especial”, señala Santiago Villanueva. Estas reclamaciones, apunta, se trasladarán este miércoles al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, a través de una reunión.

Alrededor de 8.790 ciudadanos aragoneses presentan una discapacidad intelectual

Alrededor de 8.790 personas con discapacidad intelectual viven en la Comunidad, según datos aportados en 2018 por el Gobierno de Aragón. De este total, el 65% (unos 5.700) presentan una minusvalía inferior al 75%, según estiman desde Plena Inclusión. “Son estos últimos los más perjudicados por los cambios incorporados a raíz de la aprobación del Ingreso Mínimo Vital”, asegura Villanueva. Además, “el 50% de las personas que están tuteladas por fundaciones en centros residenciales han quedado fuera”, denuncia.

Matrimonio en paro, con dos hijos y sin respuesta del IMV

Guillermo Pérez es uno de los tantos ciudadanos que ha solicitado el Ingreso Mínimo Vital. Hace ya varias semanas que este zaragozano de 26 años y padre de dos hijos realizó los trámites a través de internet, aunque todavía no ha recibido respuesta.

La situación de Guillermo, que tiene una discapacidad intelectual, se agravó durante la pandemia. Contrajo el coronavirus y su pareja tuvo que pedir premiso en el trabajo para cuidarle y hacerse cargo de los niños, de 5 y 4 años. Después de esto, ella no pudo reincorporarse y se encuentra en el paro, al igual que su marido.

La familia reside en una vivienda social del Ayuntamiento de Zaragoza y Guillermo cobra un subsidio de excarcelado de 430 euros al mes. “Es lo único que tenemos. Mi mujer no tiene derecho a paro, porque trabajaba a media jornada y no ha cotizado lo suficiente. A mí me ocurre lo mismo”, explica.

En la actualidad, un total de 1.800 familias en Aragón ya han recibido la confirmación de que recibirán desde este mes de junio el Ingreso Mínimo Vital. En total, son 6.400 personas, más de la mitad niños, tal como anunció en las Cortes la consejera de Derechos Sociales y Ciudadanía del Gobierno de Aragón, Mariví Broto. También en sede parlamentaria, aseguró que el número de beneficiarios de esta nueva prestación va a ser “más numeroso” que el del Ingreso Aragonés de Inserción (IAI), ayuda que gestiona el propio Ejecutivo autonómico y que será complementaria con el IMV.

Adaptarse o morir. Ante la pandemia del coronavirus y su impacto en la economía, algunas empresas del tejido aragonés vislumbraron una oportunidad para enfocar sus negocios hacia las nuevas demandas. Mascarillas, geles hidroalcohólicos o mámparas de protección son sólo algunos de los productos que se han convertido en habituales en el día a día de la sociedad. Detrás de muchos de ellos, hay un sello 'made in Aragón'.

Crealmat es una de las empresas que, una vez decretado el Estado de Alarma, adaptó parte de sus talleres de costura en Zaragoza. Donde hacía escasos días confeccionaban trajes de comunión, pasaron a fabricarse mascarillas y batas para sanitarios. “Tuvimos que adquirir material e implementar unos nuevos patrones”, detalla Jorge Mateo, gerente de esta compañía fundada en 1983 y ubicada en el Polígono Montemolín. Durante estos meses, han realizado más de 100.000 mascarillas de tela reutilizables, de las que el 70% se han exportado a Francia, y cerca de 70.000 batas para el Salud. La producción de este material, apunta Mateo, les ha permitido capear las embestidas de una primavera sin comuniones. “Servimos a grandes cadenas comerciales y, tras su cierre temporal, más de 700 trajes se quedaron en el almacén sin poder facturarlos”, concreta. Desde hace dos semanas, ya han recuperado parte de su actividad inicial, con la fe de que muchos niños puedan comulgar en los próximos meses.

Donde también han recobrado su producción original es en Grupo Escriche, empresa situada en Cuarte de Huerva y dedicada a la fabricación de rótulos a medida y elementos decorativos. Con la crisis de la COVID-19 adaptaron sus instalaciones de más de 2.000 metros cuadrados para la producción de mámparas de protección de diversos tamaños, máscaras faciales y diferentes modelos de soportes de hidrogel, que ahora comercializan a empresas, comercios y establecimientos sanitarios como farmacias. En la actualidad, “hemos recuperado el 70% de nuestra producción”, señala Rodrigo Arévalo, responsable de la compañía.

La reinvención también ha llegado a las otras dos provincias aragonesas. En la localidad oscense de Loporzano, la empresa Tecmolde ha fabricado máscaras protectoras con la colaboración de entidades empresariales de la zona. En el taller de donde salieron decorados para series como 'Juego de Tronos' y películas como 'Lo imposible', se realizaron más de 200.000 unidades, con tres turnos al día, de lunes a domingo. Además, el Centro Especial de Empleo de la Fundación Térvalis, en Utrillas, dedicado a servicios de lavandería y productos de nutrición vegetal, centró sus esfuerzos desde la pandemia en la confección de mascarillas y también en la elaboración de gel hidroalcohólico con esencia de lavanda que han comenzado a comercializar.

Cooperación empresarial ante la covid-19

Desde el inicio de la crisis sanitaria, CEOE Aragón y el Gobierno de Aragón lanzaron con la colaboración del resto de agentes sociales la iniciativa #AragónEnMarcha para aunar esfuerzos en la fabricación de Equipos de Protección Individual (EPI) como mascarillas o batas, hidrogeles y respiradores, además de la importación de tests de detección de coronavirus. Un total de 203 empresas han colaborado con la aportación de cerca de 4 millones de mascarillas (entre quirúrgicas y FFP2), 10.000 test rápidos y 5.000 test PCR. Además, la cifra total de donaciones asciende a 5,87 millones de euros.

No obstante, la reinvención empresarial no ha estado en manos de todas las empresas y muchas tuvieron que bajar la persiana. En los meses de marzo y abril, Aragón perdió 1.850 empresas, según reflejan los registros de la Seguridad Social. CEOE Aragón apunta que la cifra está “por debajo incluso” de la registrada “en los peores momentos de la crisis, en el año 2013”.

Ante esta situación, algunos empresarios como Jorge Mateo (Crealmat) reclaman un mayor compromiso de la Administración pública con la producción local para fomentar la empleabilidad. “Esta situación que todos hemos vivido ha puesto de manifiesto la importancia contar con empresas de proximidad. Las instituciones deberían consignar una parte de sus gastos a compañías de la zona. Puede que sea menos rentable que comprar en otros países, pero están garantizando puestos de trabajo y creando riqueza”, justifica.

“Las mascarillas de un solo uso aportan una ventaja especial, protegen frente a la COVID-19, una ventaja que no tienen las pajitas de los refrescos o los vasos de plástico de las bebidas. Siempre que haya un correcto reciclaje no van a suponer una parte importante de la contaminación por plástico, al igual que tampoco sucede con las jeringuillas del mismo material utilizadas por sanitarios”. Estas son las declaraciones del catedrático Luis Salvatella, docente e investigador del Departamento de Química Orgánica de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Zaragoza.

Salvatella considera que “no hay que sacar de quicio” la utilización de pantallas protectoras, los guantes o las mascarillas de un solo uso, para evitar los contagios por coronavirus en nuestra actividad laboral y social, o para realizar la compra en el supermercado. “Hasta hace poco todos utilizábamos de manera normal unos guantes de plástico para meter una manzana en una bolsa, también de plástico”, añade.

El catedrático de la Universidad académica resta importancia al impacto en la contaminación que pueda tener el uso de mascarillas y guantes “siempre y cuando la sociedad esté concienciada y se reciclen bien”. “No buscaría mayor problema”, apostilla, antes de poner el foco en el uso abusivo de materiales de plástico como los cubiertos y vasos, entre otros, que utilizan algunos establecimientos de hostelería. Precisamente, el Consejo de Ministros de este martes aprobó el anteproyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados, donde se limita el uso de estos plásticos.

La contaminación de plásticos, un desafío reciente

Para Luis Salvatella, la contaminación de plásticos en el planeta es uno de los “desafíos más recientes” para la comunidad científica. “Cuando comenzaron a fabricarse, percibimos que eran más duraderos, y de un tiempo a esta parte, nos hemos dado cuenta que también tardan más en desintegrarse”, expone.

Frente a otro tipo de contaminación, el catedrático de Química Orgánica señala que “la provocada por los plásticos no es un problema de kilos; está más relacionada con la vida útil de estos materiales”. “Las bolsas que llegan a un río pueden acabar con los seres vivos más grandes”, ejemplifica.

La Universidad de Zaragoza, escuela de la Economía Circular

Luis Salvatella es, asimismo, el coordinador del Máster en Economía Circular de la Universidad de Zaragoza, impulsado dentro del Campus Iberus junto con otras instituciones académicas. Centrado en el aprovechamiento de los recursos disponibles para minimizar su impacto en la Sociedad y el Medio Ambiente, el posgrado está dirigido a titulados en disciplinas tan variadas como Derecho, Ingeniería, Arquitectura o Química. La modificación de los modelos de negocio y consumo, así como en la reducción del consumo de materias primas y la generación de residuos, son los temas de sus principales materias teóricas.

La elaboración del Trabajo Fin de Máster junto con las prácticas en empresas, administraciones públicas y ONG comprometidas con la sostenibilidad suponen “una gran oportunidad” para que sus alumnos tengan una experiencia próxima con los principios de la Economía Círcular.

El Estado de Alarma ha dejado en la comunidad aragonesa numerosos comportamientos irresponsables por parte de la ciudadanía. En unos momentos difíciles para el país y con la Sanidad desbordada por la pandemia del coronavirus, hay a quienes no les importó ni siquiera exponerse a sanciones de hasta 10.000 euros por incumplir el confinamiento: desde el ciclista que presumía por las redes sociales de saltarse la cuarentena para entrenar, a los vecinos que quedaron para jugar un partido de fútbol.

Los quince primeros días del Estado de Alarma en Aragón dieron lugar a propuestas de sanción y hechos difícilmente imaginables en una situación inédita. Entre ellas, la del varón de 57 años que circulaba ebrio con su bicicleta y que terminó cayendo a una acequia, en el término municipal de Mallén. Cuando la Guardia Civil lo encontró, estaba cubierto de barro y con síntomas de hipotermia. Por este último motivo, la benemérita solicitó una ambulancia para trasladar al accidentado a un centro hospitalario de Zaragoza. La historia no acabó ahí. A mitad de trayecto, el hombre se tiró de la camilla e intentó bajar del vehículo en marcha. Los agentes se personaron, nuevamente, y tras comprobar que la persona no presentaba limitaciones de movilidad ni muestra de dolor alguna, decidieron deshacer el camino y trasladar personalmente al infractor a su vivienda.

El 'idilio' entre infractores y bicicletas en esta cuarentena tiene otros capítulos más. Eduardo Santas, medallista paralímpico y campeón del mundo de ciclismo en pista, recibió el 28 de abril la denuncia de la Guardia Civil cuando se encontraba entrenando en las calles de su urbanización sin disponer de ningún permiso. Tal y como explicó al instituto armado, y luego declaró a la agencia de noticias EFE, formaba parte de su rutina diaria de ejercicios especializados: “Tras estar calentando previamente en casa, salgo al barrio, lo he hecho dos o tres veces, y doy la vuelta de bajar y subir una cuestecita al lado de mi casa donde no hay absolutamente nadie, ni un gato”.

Menos discreto fue el vecino de Caspe, que alardeó en los primeros días de confinamiento de romper las normas y subió a una red social las imágenes del recorrido de su entrenamiento en bicicleta: “[...] si ellos están tan amargados y presos en sus casas, no es mi culpa. Indignaros (sic) con la gente que os engaña y se ríen en vuestra cara...”. La entidad deportiva a la que pertenece, el Club Ciclista Caspolino, actuó de manera inmediata e informó debidamente a la Guardia Civil. La detención de dicha persona, propia de un film de Berlanga, se produjo en las puertas de su garaje, tras ignorar las luces y sirenas de la patrulla. Esgrimió que volvía de un campo de su propiedad, pero era falso.

También fueron cazados a través de las redes sociales cinco vecinos de la localidad turolense de Andorra. Se citaron nada más comenzar la cuarentena para jugar un partido de fútbol por la noche y luego compartieron un vídeo en internet. El resultado: sanción, al igual que en los casos anteriores.

Cazado en Huesca con medio kilo de hachís en la rueda de repuesto, y recolecta de setas en tierras turolenses

Los controles realizados por la Guardia Civil para asegurar el cumplimiento de las restricciones del Real Decreto del Estado de Alarma también han dejado escenas cuando menos llamativas. Un hombre de 38 años y vecino de Panticosa fue detenido el 2 de mayo en la N-240, a la altura del término municipal de Sigüés, por tráfico de drogas, además de infringir las medidas impuestas por el Gobierno central. Ocultaba 500 gramos de hachís en la rueda de repuesto de su coche.

Un joven valenciano de 19 años en La Almunia de Doña Godina fue imputado el 29 de abril por un delito de robo con fuerza y otro contra la seguridad vial, pues no tenía carnet de conducir. Un día después, y en la misma localidad zaragozana, también fueron detenidos tres jóvenes de Ricla como presuntos autores de un delito contra la salud pública, al incautarles cerca de ocho gramos de marihuana, 162 comprimidos de antidepresivos y ansiolíticos, 100 euros en billetes y una trituradora manual con restos de marihuana.

La recolecta de colmenillas, una especie de setas utilizadas en la alta cocina, llevó a un vecino turolense a saltarse la cuarentena y desplazarse a mediados del mes de abril hasta La Ginebrosa, localidad de su misma provincia. Cuando llevaba recogidas cerca de un kilo de setas, fue sorprendido por agentes del Seprona de la Guardia Civil, quienes lo sancionaron por incumplir el confinamiento y la Ley de Montes de Aragón, ya que hacía uso de una bolsa para impedir la caída de esporas.

Personas sin hogar sancionadas en Zaragoza por esperar en un comedor social

Más allá de las sanciones impuestas por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado debido a comportamientos poco edificantes de la ciudadanía, hay otros casos donde la aplicación estricta del Real Decreto de Alarma ha dado lugar a multas que podrían ser objeto de recurso. En concreto, desde la ONG Bokatas en Zaragoza denuncian situaciones donde las personas sin hogar se han visto perjudicadas.

Algunas de las personas sin hogar en Zaragoza no han accedido a los recursos del Albergue Municipal y el pabellón temporal habilitado por el Consistorio. La espera a la entrada de los comedores sociales ha supuesto varias multas para este colectivo ciudadano. Entre todos estos casos, el coordinador de Bokatas Zaragoza, Pedro Casanova, destaca el de una persona que recibió una sanción “por ir una hora antes de la apertura del comedor de la Parroquia del Carmen para empezar a hacer fila en el turno del mediodía”.

El recurso de las sanciones

Desde el inicio del Estado de Alarma, el 14 de marzo, se han registrado en Aragón 30.193 propuestas de sanción y 190 detenidos (cifra actualizada el domingo 24 de mayo). En los casos de incumplimiento de las restricciones del Gobierno central durante el confinamiento, el Ministerio del Interior ha elegido la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, más conocida como 'Ley Mordaza', como vía para interponer las sanciones.

Esta decisión, la de seleccionar la Ley Mordaza frente a otras como la Ley General de Salud Pública o la de Protección Civil. ha dado lugar a un aviso por parte de la Abogacía del Estado, que señala en un informe que incumplir las limitaciones no puede ser calificado directamente como infracción, tal y como contempla el artículo 36 de dicha norma. Añade la Abogacía que, para ser sancionado, el ciudadano debería desatender el requerimiento del agente que le haya descubierto incumpliendo ley. A las complejidades normativas se une la dificultad de procesar todas las propuestas de sanción por parte del Ministerio del Interior, que ascienden a 1.044.717, a fecha del 23 de mayo.

Desde diferentes despachos de abogados se suman a la tesis de la Abogacía del Estado y cuestionan las multas interpuestas a ciudadanos por no ir a comprar al supermercado más cercano o adquirir productos que no son de primera necesidad. “Su legalidad es cuestionable, ya que la norma que declara el estado de alarma permite salir a la calle para comprar alimentos, sin ninguna limitación respecto a la distancia de la tienda o qué alimentos adquirir”, señalan desde Doga Abogados.

Ante la notificación de una sanción con la que el ciudadano no está de acuerdo, hay dos opciones: pagar la multa inmediatamente con un 50% y recurrir directamente en los tribunales, o recurrir la multa a través de un proceso que puede constar de varias fases. En este último caso, se da la opción a la persona sancionada de presentar alegaciones; si son desestimadas, se podrá recurrir la multa ante la Administración antes de acudir, por último, a los tribunales. Sea como fuere, los plazos para el recurso de las multas están suspendidos mientras dure el Estado de Alarma. 

La Navidad llega hoy a la capital aragonesa, y lo hace con el encendido del alumbrado para estas fiestas. Tras cuatro años en los que Zaragoza en Común (ZeC) optó, al frente del consistorio, por un gasto reducido en esta partida, el actual equipo de gobierno, formado por el Partido Popular (PP) y Ciudadanos, ha tirado la casa por la ventana. Lo ha hecho nada más llegar, y a golpe de modificación presupuestaria. Pese a sus constantes quejas por la herencia recibida, ha engalanado las céntricas calles de la capital aragonesa, lugares de villancicos, fiestas y reencuentros en estas fechas señaladas. Ha cubierto los 470 metros de la calle Alfonso con paños de luces LED, ha mejorado la iluminación del paseo Independencia y la plaza del Pilar, y ha contratado a un arquitecto zaragozano para diseñar un gran árbol de más de 20 metros de altura que lucirá en la plaza Aragón tras el puente de la Constitución. El presupuesto ha pasado, en tan sólo un año, de 100.000 a 400.000 euros.

Con esta modificación en la partida presupuestaria destinada a la iluminación navideña, el alcalde Jorge Azcón (PP) ha cumplido con una de sus principales reivindicaciones en sus tiempos de azote del gobierno de Pedro Santisteve: acabar con la imagen “pobre” de Zaragoza durante la Navidad. Y tanto se ha afanado en ello que ha recurrido a los servicios del arquitecto bilibilitano Sergio Sebastián para diseñar el árbol que va a instalarse en la plaza Aragón, y a dos empresas externas de Toledo y Córdoba, encargadas de crear e instalar el alumbrado y la decoración en puntos neurálgicos como la calle Alfonso. Allí, se han tendido unos paños de LED de bajo consumo que crean un efecto de manto de luz clara a seis metros de altura. Además, el Día de la Constitución, el viernes 6 de diciembre, las luces colocadas en esta vía peatonal que conduce a la plaza del Pilar brillarán con los colores rojo y gualda de la bandera de España.

El consistorio zaragozano también ha apostado porque la ornamentación navideña llegue a los diferentes barrios. La plaza de las Canteras en Torrero luce el modesto árbol que hasta las pasadas navidades estaba instalado en plaza Aragón, y se han instalado decorados festivos en San José, Las Fuentes o Delicias, en colaboración con los comerciantes de la zona. Todo ello para estimular las compras y convertir a la capital aragonesa en una ciudad atractiva durante estas fechas.

Pero la aventura de las luces no acabaría aquí. El gasto continuará el próximo año, según publican medios como Heraldo de Aragón y Arainfo. Estás informaciones apuntan que el Ayuntamiento de Zaragoza tiene previsto llegar hasta los 700.000 euros en 2020. La cuantía presupuestaría todavía está lejos de las cifras que manejan otros consistorios. En Madrid, el también popular José Luis Martínez Almeida ha destinado para estas Navidades un total de tres millones de euros, y en Vigo, la administración del socialista Abel Caballero cuenta con un presupuesto que ronda el millón de euros, y donde se incluyen 62 cañones de nieve artificial. Málaga sigue de cerca a ambas ciudades, con 800.000 euros.

“Un gasto efímero mientras se castiga a los ciudadanos”

Desde el anterior equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Zaragoza censuran la apuesta de PP y Ciudadanos por multiplicar por cuatro el dinero destinado al alumbrado de Navidad. “No se puede castigar a los ciudadanos diciendo que no existen recursos para servicios sociales, plantear que hay una situación económica desastrosa y destinar el dinero a cuestiones efímeras como esta”, señala la concejal de Zaragoza en Común, Luisa Broto.

En este sentido, Broto recuerda que “unas 500 personas no pueden acceder, actualmente, a un servicio tan importante como la teleasistencia. La prestación para estos ciudadanos está valorada en 100.000 euros. Si no se hubiera realizado el aumento de 300.000 euros en las luces de Navidad, se podría atender al colectivo que se ha quedado fuera y sobrarían aún 200.000 euros para otras prioridades”.

Respecto al efecto positivo que el alumbrado pueda tener en los comercios zaragozanos, la concejal de ZeC opina que “hay otras formas” de apoyar a los comerciantes. “Nosotros creemos y defendemos el comercio de proximidad y sostenible, en el asociacionismo entre los pequeños vendedores y sus vecinos, mientras que PP y Ciudadanos están con las grandes superficies, como Torre Village”, añade.

El alumbrado navideño en otras ciudades de Aragón

Zaragoza es de lejos la ciudad aragonesa que más dinero ha destinado al alumbrado navideño. No obstante, la inversión en la compra e instalación de los diferentes adornos ha supuesto a cada uno de sus 666.880 habitantes (INE, 2018) una cantidad de 0,58 euros. Se trata de una cantidad inferior a la de localidades como Utebo (Zaragoza), donde el encendido de las luces va a salirle un poco más caro a sus más de 18.000 vecinos. La colocación de un gran árbol de cinco metros de alto en la plaza del Ayuntamiento, y el adorno de las principales calles con luces LED, costará a los uteberos cerca de 0,86 euros por cabeza.

En Monzón (17.061 habitantes) se ha destinado tan solo una partida de 3.000 euros para instalar una decoración que inauguró, este jueves, el atleta olímpico Javier Moracho. Cifras muy similares manejan en Calatayud (20.837 habitantes), con 4.000 euros. El dinero ha servido para renovar toda la ornamentación de Navidad con la participación de un total de 800 personas entre alumnos de la escuela taller y los colegios, y miembros de las diferentes asociaciones. No obstante, la cuenta sube para los bilbilitanos si se suma la inversión de 20.000 euros realizada en el paseo Cortes de Aragón, aunque esta iluminación lucirá durante todo el año.

En Huesca “se aprovecha todo el material existente de años anteriores”, tal y como apuntan desde el Ayuntamiento, y la instalación se ha realizado a través de las brigadas municipales, por lo que “el coste atribuible al presente ejercicio es de cero euros”. La novedad en la ciudad oscense para estas fechas de Navidad es un tren turístico que recorrerá, desde este viernes, varias zonas del centro. Teruel también reutiliza la mayoría de adornos navideños, y estiman en 6.000 euros el gasto en nuevos elementos, destinados principalmente al decorado de la plaza de la Catedral, desde la que se dará la bienvenida al Año Nuevo. El símbolo de la ciudad turolense, el Torico, volverá a ver como miles de personas depositan sus deseos en un árbol gigante.

Las calles de la ciudad de Zaragoza son para cerca de 150 personas el único lugar donde pasar la noche, donde dormir. No tienen un hogar. La cifra de personas que carecen de una vivienda en la capital aragonesa asciende hasta casi 500 si se suman aquellos ciudadanos, hombres y mujeres, que hacen uso de los servicios que instituciones y fundaciones como el Albergue o la Hermandad del Refugio ofrecen durante todo el año, servicios que en estos meses de frío se refuerzan, ampliando el número de camas. Varón, mayor de 45 años y en situación de desempleo son tres rasgos que componen el perfil tipo de estos ciudadanos, según informan desde la Coordinadora de Centros y Servicios para personas sin hogar de Zaragoza.

Los hombres siguen siendo el colectivo mayoritario de las personas sin hogar (88%). No obstante, aumenta el porcentaje de mujeres, que pasa del 7 al 12,5%. Estos datos son un avance del estudio que Cruz Roja realiza, cada dos años, sobre este colectivo vulnerable y que verá la luz antes de 2020. Otro de los aspectos destacados de este informe es que, por primera vez, los ciudadanos españoles abocados a dormir en la calle representan el 50% del total.

La pérdida del empleo es la principal causa (60%) que lleva a los ciudadanos a quedarse sin hogar. No obstante, hay otros “fenómenos más complejos”, como explica Susana Royo, subdirectora de intervención social de Cruz Roja Zaragoza. “El alcoholismo, la salud mental y otros factores llevan a las personas a esta situación. En muchos casos, se juntan dos o más motivos”, asegura.

Las calles y plazas del centro de la capital aragonesa son los lugares donde más personas sin hogar se concentran para dormir por las noches, junto con las zonas próximas a los albergues. “La calle da frío, pero también mucho miedo. Por eso es lógico que grupos de dos o más personas elijan situarse en estos sitios céntricos”, indica el portavoz de la Coordinadora de Centros y Servicios para personas sin hogar de Zaragoza, Goyo García Carpinteros.

El acompañamiento, un paso para salir de la calle

El 36% de las personas sin hogar en Zaragoza llevan entre uno y tres años en la calle, según datos de Cruz Roja. Sin embargo, desde esta entidad alertan de aquellos casos crónicos, los de hombres y mujeres que carecen de un hogar desde hace más tiempo y que se ven sumidos en la falta de esperanzas para encontrarlo. “Actualmente, acompañamos a 20 personas a través de un equipo social y sanitario. Realizamos curas y les vacunamos de la gripe, ya que en muchos casos encontramos un rechazo por su parte a acudir a los hospitales y centros de salud”, destaca Susana Royo.

Una labor similar realizan desde Cáritas Zaragoza, donde Goyo García ejerce como trabajador social. El año pasado ayudaron a 64 personas a salir de la calle. “Trabajamos centrados en mejorar su calidad de vida, que obtengan unos ingresos mínimos y que puedan tener una ocupación útil del tiempo, más allá de fomentar su empleabilidad”, explica.

Este último aspecto, el de ocupar el tiempo libre en un ocio cultural y con valores, es fundamental para evitar los casos de recaída en aquellos fenómenos que les han llevado a perder su hogar. “Somos conscientes de que existe ese riesgo, pero estamos contentos porque el 70% de quienes han participado en este proceso han logrado acceder a una vivienda o un piso compartido”, añade.

Voluntarios para abrigar a las personas sin hogar

El frío es uno de los peores enemigos de este colectivo durante los meses de otoño e invierno. Aunque el Albergue de Zaragoza ha aumentado su número de plazas en cerca de 40, hay gente que se ve obligada a dormir en la calle. Con el objetivo de arroparlos y visibilizar la realidad del sinhogarismo, el Voluntariado Express regresaba este pasado viernes a la capital aragonesa, a través de Bokatas Zaragoza, ONG que acompaña varios días a la semana a las personas sin hogar desde 2015.

Cerca de cien voluntarios participaron en Zaragoza en esta iniciativa, que en menos de 24 horas recaudó fondos de organizaciones y particulares, y repartió kits contra el frío, compuestos por sacos de dormir y ropa térmica, entre quienes duermen en la calle. El año pasado arroparon a un total de 58 personas.

“Es así como nos acercamos a una realidad desconocida que nos hemos acostumbrado a ver en nuestras calles. Las personas sin hogar son gente normal que, simplemente, han tenido más problemas que nosotros y no se han visto con los apoyos suficientes para salir de esta situación”, señalan desde la organización.