El final de la legislatura es el momento en que la ciudadanía debe evaluar la gestión del Gobierno, para decidir si revalida su apoyo al Ejecutivo, o por el contrario opta por conformar mayorías alternativas. Evaluar la gestión del Gobierno no está exento de dificultades. Por un lado, las legislaturas políticas siempre se inscriben dentro de dinámicas económicas cuyo control por parte del Gobierno es precario. Esto es particularmente cierto en países cuya integración en la economía mundial les hace altamente dependientes de fuerzas externas, y lo es más en el caso de España, que al ser miembro de la Unión Europea ha transferido una parte de sus herramientas de política económica a las instituciones comunitarias. Por otro lado, es más fácil evaluar el impacto de políticas específicas que la gestión macroeconómica, puesto que para la segunda carecemos de un contrafáctico claro, es decir, qué hubiera sucedido si no se hubieran tomado estas medidas.

Con estas dificultades en mente, en este modesto artículo intento ilustrar cómo se han comportado los principales agregados económicos durante esta legislatura y, en ausencia de mejor contrafáctico, hacerlo de forma comparada, en relación con el desempeño de nuestros socios en la Zona Euro. Con ello, espero contribuir a informar el debate sobre la gestión del gobierno que se someterá a votació en julio, al menos en su aspecto económico

Los shocks macroeconómicos de la legislatura: Covid-19 y crisis energética

No sería justo empezar un balance macroeconómico sin mencionar que en estos tres años y medio han tenido lugar dos acontecimientos de dimensiones extraordinarias, de esos que solo pasan una vez en un siglo, y que han tenido un fuerte impacto negativo en nuestra economía: la pandemia mundial de la Covid-19 y la invasión rusa de Ucrania. En esta sección intento ilustrar el impacto masivo que han tenido ambos acontecimientos en nuestra economía.

El gráfico 1 ilustra el impacto de la pandemia de la Covid-19 sobre el crecimiento económico en una perspectiva temporal. Como se aprecia en el gráfico, apenas habiendo tomado posesión el nuevo gobierno empezó la crisis pandémica, que obligó a “cerrar” bruscamente la economía para poder poner freno a la propagación del virus. El confinamiento y la cancelación de una parte importante de la actividad mercantil tuvieron un impacto extraordinario en el PIB. Mientras que en las legislaturas anteriores el crecimiento anual del PIB había sido mayoritariamente positivo, fluctuando entre -5 y 5%, en confinamiento produjo cifras históricas del -21,9% en el segundo trimestre de 2020 y el desconfinamiento del 17,9% en el segundo trimestre de 2021. La “gran” crisis financiera fue pequeña en comparación. Las cifras para el conjunto de la Zona Euro fueron igualmente históricas pero más modestas: mínimo de -14,1% y máximo de +14,1% en el segundo trimestre de 2020 y 2021 respectivamente. Desde entonces, el crecimiento económico en España ha sido superior al de la media de la Zona Euro.

El segundo acontecimiento histórico que ha tenido lugar durante esta legislatura es la guerra en Ucrania, la primera en Europa en 30 años. Las sanciones económicas a Rusia han tenido un fuerte impacto en los precios de la energía, debido a la dependencia europea de la importación de gas y petróleo rusos para sus insumos energéticos. Los precios de los alimentos también se han visto afectados, debido a la posición central de Rusia y Ucrania como principales productores mundiales de alimentos básicos.

El gráfico 2 muestra la inflación de los insumos energéticos: electricidad, gas y otros combustibles. Se puede apreciar el enorme impacto de la guerra. El precio de la energía llegó a crecer en España un 80% en mayo de 2022 respecto al año anterior. Mientras que el pico de la inflación energética para la Zona Euro en su conjunto fue más modesto y más tardío (un 59,2% en octubre de 2022), en la Zona Euro sigue en valores positivos (es decir, los precios suben), mientras que en España ya se aprecia una fuerte corrección y se sitúa en valores negativos (es decir, los precios bajan) desde noviembre de 2022. El tope al precio del gas y otras medidas del gobierno, que posteriormente se han adoptado también en la Unión Europea, han contribuido a amortiguar y revertir estas subidas.

Recuperación y crecimiento

Observamos, pues, que este gobierno de coalición ha coincidido con una de las épocas más convulsas a nivel macroeconómico en décadas. No sabemos cómo hubiera sido la gestión del gobierno sin estas crisis externas, ni sabemos cómo hubiera sido el desempeño de la economía bajo la gestión de un gobierno alternativo. Lo que sí sabemos es que la gestión de estas crisis ha sido significativamente mejor que la de la gran crisis financiera, en gran medida debido a los aprendizajes derivados de ella. Mientras que en la crisis anterior la imposición de medidas de consolidación fiscal produjeron una austeridad contractiva que sumió la economía en una recesión prolongada, el estímulo económico tanto fiscal como monetario han producido una rápida y potente recuperación. En este aspecto ha sido determinante el cambio de rumbo político en Europa, con la aprobación del paquete de estímulo NGEU de apoyo a la recuperación, un paquete que el gobierno de España impulsó y cuya implementación España está encabezando.

El gráfico 3 ilustra este punto. En el panel izquierdo comparo el comportamiento del PIB en España y en la Zona Euro en la crisis financiera y en la crisis del Covid-19 a partir del “año 0”, el año del pico anterior a la recesión, normalizando el nivel del PIB a 100 en ese punto. En España, la crisis financiera tuvo un impacto negativo muy prolongado (línea lila claro), y vemos que 5 años después del inicio de la crisis el nivel del PIB seguía por debajo de su pico, aproximadamente al 90%. Por el contrario la Zona Euro se recuperó de la crisis financiera (línea amarillo claro) más rápido, y 2 años y medio después ya volvía al nivel de PIB de su pico. La divergencia entre el desempeño económico entre España y la Zona Euro en la crisis financiera fue notable y el gráfico lo ilustra bien.

En el gráfico volvemos a apreciar que la crisis del Covid-19 fue notablemente más profunda, pero la recuperación ha sido mucho más acelerada: la Zona Euro había recuperado su nivel de PIB en año y medio, y España en 2 años. Además, la brecha entre España y la Zona Euro es cada vez más estrecha. El comportamiento del empleo también ilustra esta fuerte recuperación. En el panel derecho del gráfico del gráfico 3 se puede observar que la recuperación del empleo en España es pareja a la de la Zona Euro, y en los últimos trimestres se ha situado por encima.

Las crisis económicas siempre tienen un fuerte impacto en el mercado de trabajo, ya que las empresas despiden a sus trabajadores para ahorrar costes ante la caída de la demanda. La crisis de la Covid-19 fue una crisis particular en este aspecto, ya que la caída de la demanda no tenía que ver con la falta de ingresos de la población, sino con la imposibilidad de consumir debido al cierre económico, que era temporal. Para evitar que ante un cierre temporal las empresas redujeran plantilla de forma estructural, el gobierno puso en marcha el mecanismo de los ERTEs. Este instrumento, co-financiado por el programa SURE de la UE, absorbía el coste laboral de las empresas mientras sus trabajadores no pudieran ir a trabajar, evitando una ruptura del contrato de trabajo. Esto permitió que la reincorporación de los trabajadores al empleo tras la crisis fuera muy ágil.

El panel izquierdo del gráfico 4 ilustra cómo el impacto de la crisis en el desempleo consiguió amortiguarse. Las líneas lila oscuro (España) y amarillo oscuro (Zona Euro) muestran un aumento muy modesto comparado con el importantísimo impacto en el PIB. Este es un cambio estructural en el comportamiento del mercado laboral español, que siempre había sufrido más las crisis que la actividad económica. El panel derecho del gráfico muestra otro cambio estructural en el mercado laboral español. La temporalidad del empleo en España históricamente estaba alrededor del 22%, 10 puntos porcentuales más que en la Zona Euro. A raíz de la reforma laboral, la temporalidad se ha reducido de forma estructural, hasta niveles del 15% (el último dato observado). Probablemente seguirá bajando.

Inflación

La inflación es quizás el fenómeno económico que marcará de manera más determinante la campaña electoral y la percepción ciudadana de la gestión del gobierno. Esta inflación ha venido marcada por el impacto de la guerra en Ucrania sobre los precios de la energía y de los alimentos. Los elevados costes de la energía, además, elevan los costes de producción de bienes y servicios para el resto de empresas de la economía, y tienen un impacto generalizado. Tanto la energía como los alimentos son una parte importante de la cesta de consumo de los hogares. 

El gráfico 5 muestra el comportamiento de la inflación tanto en España (líneas lilas) como en la Zona Euro (líneas amarillas). La inflación general (incluyendo todos los bienes y servicios), marcada por el comportamiento de los precios energéticos, subió por encima del 10% con un pico de 10,7% en julio de 2022 en España y de un 10,6% en octubre de 2022 en la Zona Euro. Desde entonces, la desaceleración ha sido notable, y más marcada en España gracias a los valores negativos de la inflación energética. La inflación subyacente (excluyendo productos energéticos y alimentos) ha vivido incrementos más moderados, con un pico del 5,2% en febrero del 2023 en España, y del 5,7% en marzo de 2023 en la Zona Euro. A medida que sigan moderándose los precios de la energía, la tendencia para ambas variables será a la baja.

Algunos apuntes a modo de conclusión

Es imposible hacer un repaso exhaustivo de todos los aspectos económicos de una legislatura tan convulsa, y de este análisis han quedado necesariamente fuera cuestiones tan importantes como el acceso a la vivienda o el poder adquisitivo de las pensiones, que han sido objeto de reformas de calado durante la legislatura, cuyas consecuencias deberán evaluarse con el tiempo. Otras cuestiones que han experimentado cambios de tendencia positivos y que han quedado fuera del análisis han sido la inversión pública y la balanza por cuenta corriente. En conjunto, cabe concluir que a pesar de las dificultades históricas que se han dado en esta legislatura, la gestión del gobierno arroja un desempeño positivo de la economía española, al menos comparativamente con las crisis anteriores y con los países de nuestro entorno.

Sin embargo, la percepción ciudadana de la economía es negativa. Una razón obvia es que la ciudadanía no vota en función de resultados comparados: cuánto mejor lo ha hecho el gobierno de su país en función de lo peor que lo hayan podido hacer otros gobiernos. Tampoco vota en función del contrafáctico: cuánto peor estaríamos si el gobierno no hubiera tomado estas medidas. La ciudadanía vota en función de cómo estaba antes y cómo está ahora, y el balance económico arroja un resultado con matices, particularmente por el impacto de la inflación, si bien es cierto que su aumento es eminentemente exógeno y difícilmente atribuible a la gestión del gobierno.

Esta contradicción viene reforzada por un par de paradojas. Por un lado, las encuestas muestran que la ciudadanía percibe que la situación económica general es mala, pero la suya personalmente es buena. Por otro lado, la aprobación del gobierno es débil, pero la mayoría de sus políticas gozan de bastante apoyo entre la ciudadanía. Quizás si los medios de comunicación hicieran un mayor esfuerzo por presentar los resultados de forma comparada se comprendería mejor aquello que afecta a todos los países por igual, y se podría aislar la contribución del gobierno que debemos evaluar electoralmente. También quizás si el debate político se centrara más en cómo hacer frente a los problemas económicos de la ciudadanía, en vez de circular por otros derroteros, sería más fácil hacer pedagogía ante situaciones económicas muy adversas, pero que comparativamente se están afrontando bien.

El pasado 16 de enero trascendía en la prensa que el Ministerio de Trabajo está llevando a cabo una “macroinspección” laboral simultánea en las llamadas ‘Big Four’, las cuatro mayores empresas multinacionales de la consultoría y la auditoría: Deloitte, Ernst&Young (EY), KPMG y Price Waterhouse Cooper (PwC). La razón de esta inspección son las abusivas condiciones laborales, como las jornadas laborales de 12 horas por defecto y las horas extra sin remunerar, que se dan en estas empresas y que eran un “secreto a voces”, según relataba un trabajador a este mismo periódico el pasado mes de abril. Estas jornadas maratonianas tienen graves consecuencias para la salud física y psíquica de sus trabajadores, además de ser una ilegalidad flagrante en España, a pesar de las pretensiones fallidas de la patronal de las multinacionales de legalizar esta práctica.

Este escándalo de abuso laboral ha servido para poner el foco de manera más general en las ‘Big Four’, su modelo de negocio corporativo y su gran peso e influencia en el comportamiento y la regulación de ciertos mercados. Como argumenta Berna León, el abuso laboral les permite reducir costes y ejercer una competencia desleal ante sus rivales en el sector de la consultoría, un sector en el que acaparaban entre las cuatro más del 85% del mercado en 2011. Este elevado poder de mercado es particularmente preocupante en relación con los concursos públicos, un mercado en expansión por los mayores requisitos de evaluación de las políticas públicas, y su externalización dada la reducida capacidad del sector público para llevarlas a cabo tras años de recortes. El mercado de licitación no solo está caracterizado por esta dinámica oligopolística sino que también ha sido investigado por colusión, una práctica anticompetitiva en la que las empresas pactan los precios para sacar un mayor margen conjunto. Por este motivo, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sancionó en 2021 a 22 consultoras acusadas de colusión en el sector público, entre ellas Deloitte con 3.990.000€, PwC con 670.000€ y KPMG con 50.000€. 

Un aspecto fundamental de las ‘Big Four’ que quizás ha recibido menos atención es el alto nivel de influencia que tienen en los procesos de redacción de leyes fiscales, que rigen las regulación nacional e internacional de las empresas en esta materia. Como relataba un informe de Corporate Europe Observatory en 2018, la presencia de las ‘Big Four’ es notable tanto a través de importantes lobbies o grupos de influencia de los intereses corporativos en Bruselas, como el European Business Initiative on Taxation y el European Contact Group, como también en el rol de asesoras en iniciativas institucionales y de consultoría lanzadas por la Comisión Europea en materia fiscal, como el Foro sobre los Precios de Transferencia y la Plataforma para una Buena Gobernanza Fiscal. Esta cultura de cercanía institucional también se ve facilitada por las puertas giratorias, en las que empleados públicos son ‘fichados’ para trabajar en el sector privado y viceversa.

La legislación internacional en materia de fiscalidad corporativa dictamina el reparto de beneficios entre jurisdicciones cuando las empresas multinacionales intercambian flujos de bienes, servicios y capital entre sus filiales, así como la remuneración de estos flujos. Estas normas llevan años siendo revisadas en el marco de la OCDE por sus múltiples resquicios legales por los que se escapan unos 200.000 millones de dólares en recaudación fiscal cada año. La captura del regulador de las ‘Big Four’ en materia fiscal es tanto más grave porque son estas mismas empresas las que venden sus servicios de consultoría a otras empresas a las que asesoran en sus planes eufemísticamente llamados de “optimización fiscal”. Una investigación de Chris Jones, Yama Temouri y Alex Cobham en 2018 encontró una elevadísima correlación entre las empresas multinacionales que mantenían estructuras financieras en paraísos fiscales para reducir su factura impositiva y la probabilidad de que estas empresas hubieran contratado alguna de las ‘Big Four’ como asesora en esta materia. Parece evidente que no deberían contribuir a redactar las leyes quienes luego asesoran a las empresas sobre cómo saltárselas.

Otra vuelta de tuerca en este conflicto de interés compuesto de las ‘Big Four’ es el que existe entre los servicios de consultoría fiscal y los de auditoría ofrecidos por estas mismas empresas. Las ‘Big Four’ son contratadas de forma rutinaria por otras empresas para ser auditadas y cumplir con la diligencia debida requerida por la administración pública. Es evidente que una auditoría llevada a cabo por alguna de las ‘Big Four’ va a bendecir las prácticas fiscales que las empresas auditadas siguen por indicación de esa misma Big Four por ser clientes de su rama de consultoría fiscal. Este pasado año 2022, la US Securities and Exchange Commission (el equivalente de la CNMV en España) está llevando a cabo una revisión sobre los conflictos de interés de las ‘Big Four’ con el objetivo de evitar casos como el de Perrigo, una empresa farmacéutica que siguió el consejo de EY de crear una subsidiaria ficticia en Israel evitando así pagar impuestos. Cuando la empresa que la auditaba puso en cuestión este arreglo, Perrigo rescindió su contrato en favor de la propia EY. El regulador americano está considerando medidas drásticas como obligar a separar las ramas de consultoría y auditoría de la ‘Big Four’ en dos empresas distintas.

Dadas estas circunstancias no es de extrañar que una encuesta de la OCDE sobre la percepción de los funcionarios de hacienda acerca de la cooperación de las empresas multinacionales con la administración encontrara grandes dosis de desconfianza en las ‘Big Four’. Según este estudio, sólo el 31% de los funcionarios de los países de la OCDE afirmaba que las ‘Big Four’ eran mayoritariamente transparentes y cooperativas aportando la información cuando se les requería y sólo el 29% afirmaba que las ‘Big Four’ no promovían estructuras artificiales de evasión fiscal.  Estos porcentajes caían hasta el 22% para los que afirmaban que estas empresas no intentaban explotar agujeros legales para obtener ventajas fiscales para sus clientes, frente a un 41% que pensaba que las ‘Big Four’ asesoraba a sus clientes para que tuvieran prácticas fiscales más agresivas. En general, menos del 30% de estos funcionarios pensaban que las ‘Big Four’ debieran tener un rol de asesoramiento sobre la legislación fiscal nacional e internacional.

El modelo corporativo de las ‘Big Four’ adolece en múltiples aspectos. Sus prácticas abusivas en el mercado laboral; su dinámica oligopolística en el mercado de la consultoría; su captura del regulador y sus servicios de asesoría en materia fiscal, que suelen estar vinculados a prácticas fiscales agresivas que generan pérdidas recaudatorias millonarias; y el conflicto de interés entre sus ramas en consultoría y auditoría, deben ser todos puestos bajo mayor escrutinio. En este sentido, lo grave es que el sector público no solo falla en su rol de regulador, no evitando estas prácticas abusivas de las ‘Big Four’, sino su complicidad asociada a permitirles un rol estructural en ciertos mercados, especialmente como proveedoras de servicios al sector público.

El 8 de noviembre pasado se celebraron las Midterm en Estados Unidos, unas elecciones para renovar la Cámara de Representantes (el equivalente del Congreso de los Diputados en España), un tercio del Senado (los senadores tienen un mandato de seis años), y los gobernadores de algunos Estados (nuestros presidentes de CCAA), además de un puñado de puestos de la administración, como fiscales generales y de distrito. En algunos Estados también se celebraban referendos sobre temas como el derecho al aborto, la legalización de la marihuana o las restricciones a la compra de armas. Estas elecciones, que se celebran, como su nombre indica, a mitad del mandato presidencial, sirven a menudo para que el presidente tome el pulso de la satisfacción ciudadana con su mandato (Biden lleva dos años en la Casa Blanca). 

Como prometer en campaña es más fácil que hacer efectivas esas promesas una vez en el gobierno, es frecuente que el apoyo popular a un presidente vaya perdiendo fuelle a medida que avanza su mandato. Desde hace varios lustros, todos los presidentes estadounidenses han perdido apoyo en el Congreso (que agrupa las dos cámaras, la de Representantes y el Senado) en las elecciones Midterm, un hecho que complica la viabilidad del mandato presidencial al comprometer las mayorías para la aprobación de legislación. Esto obliga a los presidentes a aprovechar la ventana de oportunidad que le brindan los primeros dos años para aprobar las medidas más importantes de su mandato. 

En 2020, la renovación del tercio del Senado que se celebró con las presidenciales le brindó a Joe Biden una mayoría por la mínima, con igual número de demócratas y republicanos pero con el voto de calidad de la vicepresidenta Kamala Harris otorgando mayoría a los demócratas. Este margen tan exiguo ha dado un gran poder de veto a los senadores demócratas y ha obligado a la Administración Biden a negociar intensamente cada uno de los votos. Algunos senadores han aprovechado esta circunstancia para lanzar órdagos al gobierno y amplificar su perfil personal. Este es el caso Joe Manchin, senador por West Virginia y propietario de una empresa minera, que con su sola negativa ha paralizado importantes proyectos legislativos, como el paquete de estímulo postpandémico Build Back Better, o la protección federal del derecho al aborto, después de que el Tribunal Supremo revirtiera su sentencia de 1973 Roe vs Wade y dejara los derechos de las mujeres en manos de los Estados, algunos gobernados por ultra-conservadores. 

En otras ocasiones, Biden ha sorteado estos obstáculos por la vía del decreto presidencial, con medidas muy populares como la condonación de entre 10.000$ y 20.000$ de deuda estudiantil a quienes ganan menos de 125.000$ anuales, que se calcula que ha beneficiado ya a unos 16 millones de americanos, con unos 26 millones habiendo solicitado la ayuda.

Además de los escollos en el Congreso, la situación económica también se ha complicado en los últimos meses a raíz de la guerra en Ucrania. Tras la pandemia la recuperación de la economía americana ha sido fuerte, gracias a importantes dosis de estímulo en forma de transferencias y de inversión pública. La rápida caída del desempleo ha contribuido al aumento de las rentas salariales, reforzadas por una oleada de sindicación decididamente apoyada por el gobierno. Sin embargo, desde principios de año, la combinación de los altos precios energéticos, las restricciones de oferta que tensionan las cadenas de producción global, y el aumento de los márgenes de empresas con importancia sistémica y gran poder de mercado, han disparado la inflación, que llegó a un pico del 9% el junio. La Reserva Federal ha respondido con una agresiva senda de aumento de los tipos de interés, con hasta seis subidas este 2022, la última de 0.75% este noviembre a las puertas de las elecciones. Tanto la inflación como la política monetaria para controlarla ponen coto a las políticas de demanda y apuntan a un ajuste por la vía de aumentar el desempleo que complica la gestión económica del gobierno.

Finalmente, las elecciones se celebran con el país aún digiriendo los acontecimientos del 6 de enero de 2021 y la no concesión de la derrota electoral por parte de Donald Trump. La Comisión de Investigación del Congreso ha arrojado fuertes evidencias del intento de golpe de estado de Trump, que sabiendo que había perdido las elecciones trató de impedir la certificación de los resultados electorales, y al no conseguirlo ha estado promoviendo teorías conspiratorias sobre fraude electoral. Trump, que oscila entre la posible imputación por obstrucción democrática y el anuncio de su candidatura a las presidenciales de 2024, ha estado agitando corrientes de fondo en el seno del partido republicano, forzando a sus candidatos a mostrar su adscripción a la teoría del fraude electoral. Una de las víctimas de esta campaña fue la congresista Liz Cheney, hija del antiguo vicepresidente Dick Cheney, que tuvo un rol destacado en la Comisión de Investigación sobre el 6 de enero, y perdió la nominación republicana en Wyoming frente a un trumpista convencido.

El creciente dominio de los republicanos trumpistas, o MAGA, en apelación al eslógan Make America Great Again, no solo está creando un cisma dentro del partido republicano sino que está poniendo a prueba la capacidad de resistencia de la propia democracia estadounidense. En un contexto de polarización mediática, el debate democrático se complica cuando la ciudadanía consume contenidos informativos tan diferentes y opera sobre conjuntos de hechos incompatibles (por ejemplo, un 70% de la base electoral republicana aún considera que Biden no ganó legítimamente las elecciones de 2020). Esto incentiva la estrategia de Trump de aumentar la radicalidad discursiva e intentar lanzar órdagos como obstruir la certificación de resultados electorales, para lo cual son cruciales muchas posiciones administrativas que también se eligen en las Midterm. Esta utilización torticera de las garantías democráticas para obstruir el normal desempeño de las instituciones no es patrimonio exclusivo de la derecha americana: la no renovación del Consejo General del Poder Judicial en España tiene la misma ascendencia.

A pesar de que las encuestas pronosticaban una victoria arrolladora de los republicanos en las Midterm, parece que los primeros resultados desmienten tal previsión. Aunque es probable que los demócratas pierdan la mayoría en el Congreso (particularmente en la Cámara de Representantes), el márgen republicano es menor de lo que se esperaba, y algunas candidaturas prominentes que habían marcado perfil trumpista no han conseguido ganar a sus contendientes, mientras que los demócratas han ganado asientos clave como Pensylvania. La mayoría republicana en el Congreso complicaría aún más el mandato de Biden, y tendría repercusiones en Europa: los republicanos han asegurado que no aprobarán más ayuda militar para Ucrania (la ayuda americana se calcula en 25 mil millones de dólares, frente a los 1.200 de Alemania). Pero los resultados electorales de las Midterm enfrían las expectativas de envalentonamiento trumpista. Además a Trump le ha salido un potente contendiente en el gobernador de Florida, Ron DeSantis, que ha arrasado en su Estado con casi 20 puntos de diferencia respecto al candidato demócrata, y que ha evitado posicionarse en público a favor de la teoría del fraude electoral. 

Si ninguno de los candidatos obtiene un apoyo por encima del 50%, se debe celebrar una segunda vuelta (runoff), y hasta entonces es posible que no se conozca la composición definitiva del Congreso. En particular, la mayoría demócrata del Senado pende un hilo. En Georgia ya sabemos que se tendrá que celebrar una segunda vuelta, con el senador demócrata Raphael Warnocke en cabeza pero por debajo del 50% y a menos de 40.000 votos del candidato republicano Herschel Walker. En Nevada también puede que acabe habiendo un runoff. Al cerrar este articulo, el republicano Adam Laxalt se ha quedado en el 49.6%, a menos de 20.000 votos de Catherine Cortez, la candidata demócrata. Puede que hasta el sábado no se sepa el resultado final, pues en este Estado hay aún mucho voto por correo que contar.

Con todo, cuando Estados Unidos se despierte con un nuevo Congreso, Trump aún seguirá ahí y una “victoria” pírrica en las Midterm no implicará la vuelta al Business As Usual.

El aumento de la participación femenina en el mercado laboral ha sido uno de los símbolos más palpables del progreso social de las últimas décadas. A pesar de ello, las normas y prácticas sociales perpetúan un sistema tradicional de cuidados en el que las necesidades de atención de personas dependientes son asumidas de forma altruista por parte de las mujeres de la familia. Paralelamente, la reducción de las tasas de natalidad y el aumento de la esperanza de vida en los países avanzados está aumentando rápidamente el número de personas mayores dependientes. Estas nuevas necesidades de cuidado tienen un impacto sobre la participación de las mujeres en el mercado laboral, que afecta desde sus ingresos y la acumulación de derechos pensionables, hasta su bienestar físico y emocional.

En una investigación en curso, mis colegas Seçil Akin, Ignacio González, Aina Puig y yo estudiamos el impacto del envejecimiento de la población y la necesidad de cuidados que genera sobre la oferta laboral de las mujeres en Corea. Como muestra la figura 1, Corea del Sur y España han vivido transformaciones socioeconómicas parecidas en el último medio siglo. Ambos eran países empobrecidos a mitad del siglo pasado, y han vivido un aumento sostenido del PIB per cápita desde entonces, aunque en España parece estancado desde la Gran Crisis Financiera (panel izquierdo). La tasa de actividad femenina partía de niveles muy bajos, particularmente en España, y ha ido creciendo hasta situarse por encima del 50% en ambos países (panel medio). Finalmente, ambos países acusan el envejecimiento de su población (panel derecho). En un trabajo relacionado, Laura Crespo y Pedro Mira (2014) estudian el efecto del cuidado informal a mayores dependientes sobre la participación laboral de las mujeres, y encuentran efectos significativos en Europa del Sur, particularmente para hijas de mayores con enfermedades asociadas a la vejez.

Las necesidades de cuidado de mayores dependientes emergen aproximadamente en la segunda mitad de la vida laboral adulta. En la muestra de datos con la que trabajamos, se pregunta a las personas encuestadas por la situación de sus progenitores. En el panel izquierdo de la figura 2, vemos como cuanto más joven es la persona, más probable es que responda que sus padres están vivos y son autónomos (franja rosa). Cuanto más mayor es la persona, más probable es que responda que sus padres han fallecido (franja verde). Sin embargo, hay una tercera posibilidad que adquiere importancia entre los 40 y los 60 años de edad, en la que los padres viven y necesitan cuidados (franja azul oscuro). 

El panel derecho desagrega esta tercera respuesta en función de quién provee esos cuidados. Este gráfico muestra la prevalencia de las normas sociales en Corea, donde la responsabilidad de cuidar a los padres mayores dependientes suele recaer sobre el varón primogénito. Del 22% de personas encuestadas de 50 años que responden que sus padres reciben cuidados, más de la mitad de estos padres son cuidados por el hijo mayor y su esposa, seguido de otro hijo y su esposa, y en menor medida las hijas o todos los hijos e hijas juntos. Como revela el análisis econométrico, la respuesta formal de que los padres son cuidados por el hijo mayor y su esposa acaba significando en la práctica que es la esposa la persona sobre la que recaen mayoritariamente las responsabilidades del cuidado de los suegros dependientes.

Si observamos la actividad principal de las personas encuestadas por sexo  y edad, vemos que el patrón laboral de los hombres sigue una forma de campana. Entre los 20 y los 30 años se produce la incorporación masiva de hombres jóvenes en el mercado laboral. El panel izquierdo de la figura 3 muestra cómo menos del 10% de los hombres de 20 años trabaja, mientras que a los 30 años trabajan aproximadamente el 90% de ellos. Este porcentaje se mantiene muy elevado hasta los 60 años, y a partir de ahí la dinámica de jubilación empieza a reducirse paulatinamente (la jubilación en Corea se produce en muchos casos más allá de la edad oficial, a los 65 años). Cuando los hombres no trabajan, generalmente estudian cuando son jóvenes, o no hacen nada cuando son mayores.

El patrón de actividad principal de las mujeres a lo largo de la vida (panel derecho) es radicalmente diferente. También se observa una forma de campana, si sumamos todos los tipos de trabajo, formal e informal. Sin embargo, esta campana se divide entre trabajo formal (azul), trabajo de cuidados (verde oscuro y verde claro) y bajas por maternidad (amarillo fuerte). Esta campana es más ancha que la campana de los hombres, dado que las mujeres alargan su trabajo de cuidados mucho más allá de la edad de jubilación. El patrón de trabajo formal de las mujeres (azul) sigue una forma de M, con el valle entre los dos picos explicado principalmente por el impacto de la maternidad (amarillo fuerte). 

Las dos franjas verdes representan actividades de cuidado del hogar y de personas dependientes que pueden interferir en la decisión de las mujeres de participar en el mercado laboral. Para un elevado porcentaje de mujeres (verde claro), esta responsabilidad de cuidados implica el abandono del mercado laboral, es decir que ajustan su oferta laboral en el margen extensivo: trabajar o no trabajar. Pero para un porcentaje no menor (verde oscuro), el trabajo formal se compatibiliza con el de cuidados, impactando en el margen intensivo (cuánto trabajar). Esto indica que para entender el impacto de la responsabilidad de cuidados en la oferta laboral de las mujeres debemos tener en cuenta tanto la decisión de trabajar o no, como el número de horas trabajadas.

La figura 4 muestra estas dos variables de interés, es decir, la participación en el mercado laboral y el número de horas trabajadas, por sexo y por edad. En cuanto a la tasa de actividad laboral (panel izquierdo), el gráfico reproduce las dos curvas ya observadas en el gráfico anterior, en forma de campana para los hombres, y en forma de M para las mujeres. A pesar de que hay una recuperación de la actividad formal después de la maternidad, la tasa de actividad de las mujeres nunca llega a alcanzar la de los hombres, y empieza a decrecer antes de los 50, siendo un indicio de la intensificación de las responsabilidades de cuidado que apuntaba la figura 2. En el caso de las horas trabajadas (panel derecho), el impacto de la maternidad también abre una brecha entre las jornadas de hombres y mujeres que empieza a cerrarse a partir de los 30 años y llega casi a converger alrededor de los 50, para abrirse de nuevo antes de llegar a los 60.

En nuestro análisis econométrico, encontramos que el impacto de las responsabilidades de cuidado sobre la decisión de las mujeres de trabajar o no (margen extensivo) se suele producir en edades más tempranas, con un pico entre los 45 y los 50 años. Por otro lado, cuando las mujeres están más cerca de la edad de jubilación, a partir de los 55, el impacto de la responsabilidad de cuidados es mayor sobre el número de horas trabajadas (margen intensivo). También tenemos evidencia de que los hombres sobre los que recaen responsabilidades de cuidado suelen ajustar mucho más en el margen intensivo, reduciendo sus horas de trabajo, que en el margen extensivo, dejando de participar del todo en el mercado laboral.

En el caso de las mujeres, los resultados preliminares muestran que la responsabilidad de cuidar, que medimos de forma binaria en función de si las encuestadas responden si cuidan de los suegros o no, está asociada con una reducción del 5% en la probabilidad de participar en el mercado laboral y, si trabajan, con unas 3 horas y media menos de trabajo a la semana. Los efectos no son significativos para los hombres que dicen cuidar a sus padres. También observamos si se producen transferencias entre padres e hijos. Curiosamente, el apoyo financiero o material a padres o suegros se asocia con un menor número de horas trabajadas para las mujeres, y con una participación laboral más elevada en el caso de los hombres. 

Finalmente, nos preguntamos si las responsabilidades de cuidado tienen un impacto heterogéneo sobre la participación laboral de mujeres de diferentes características. En concreto, buscamos medir si el estatus socioeconómico produce una respuesta diferencial de la oferta laboral femenina cuando emergen las necesidades de cuidado de los mayores dependientes. En este sentido, la teoría predice dos canales que apuntan en direcciones opuestas. Por un lado, el coste de adquirir cuidado formal en el mercado (por ejemplo, pagando una residencia de ancianos o contratando a una persona para que cuide en casa) es elevado, y esto puede suscitar en las familias la necesidad de trabajar más para cubrir ese coste. Por otro lado, los salarios que ganan las mujeres en las familias de ingresos más bajos pueden ser inferiores a los costes del cuidado, empujándolas a abandonar sus empleos ante el balance de costes y beneficios. Nuestros resultados preliminares indican que el impacto negativo de la responsabilidad de cuidados sobre la participación laboral es mucho más elevado y significativo sobre las mujeres de clase trabajadora y clase media-baja.

Como todos los fenómenos sociales, el envejecimiento de nuestras poblaciones y las necesidades de cuidado que generan están atravesados por la desigualdad. En el caso de las personas que cuidan a mayores dependientes, la desigualdad entre hombres y mujeres sigue siendo patente, a pesar de la reducción en la brecha salarial y del aumento de la participación laboral de las mujeres. Además, la carga de estos cuidados, ya sean los cuidados informales directos dentro de la familia o los cuidados formales indirectos a través de las alternativas de mercado, recae particularmente sobre las espaldas de las mujeres con menos ingresos. Las políticas públicas dirigidas a atender el número creciente de mayores dependientes deben apoyar la transformación de los sistemas tradicionales de cuidados teniendo en cuenta estas desigualdades persistentes. Sólo así podremos repartir los costes del envejecimiento de la población de manera justa.

La fuerte sacudida de la pandemia mundial nos sacó del impasse en el que estábamos sumidos después la resaca de la gran crisis financiera de 2007 y la crisis de la Eurozona de 2011. A pesar del reconocimiento de sus contradicciones subyacentes y de su naturaleza insostenible, el modelo de crecimiento sustentado en la globalización financiera no parecía tener un reemplazo obvio en la pasada década. Incluso con los mercados dopados de la ultra-liquidez de los bancos centrales, el crecimiento raquítico y sin rumbo aparente ya empezaba a mostrar signos de agotamiento a finales de 2019, cuando la mayoría del mundo miraba atónita lo que se antojaba una sobre-reacción china a una nueva variante de la gripe. Sobra decir que nos equivocamos.

Ya sabemos lo que vino después: la COVID-19 viajó por nuestras cadenas de producción globales y profundamente interconectadas tan rápido como lo hacen mercancías y trabajadores (casi tan rápido como el capital). El coste inconcebible en vidas humanas al que nos hubiera condenado la inacción propició un cierre económico que indujo una recesión súbita (el PIB en España se desplomó un 18,5% entre el primer y el segundo trimestre de 2020). Sin embargo, a diferencia de la crisis anterior, la intervención pública sostenida por un aumento decidido del gasto ha permitido recuperar rápidamente en la mayoría de países los niveles de empleo o del PIB anteriores a la pandemia. Contribuyó a ello que se tratara de una crisis con una presencia endémica de externalidades, es decir, de situaciones en las que las acciones individuales afectan las condiciones en las que toman decisiones los demás. También ayudó que el desarrollo de la situación sanitaria y sus posibles soluciones, como las vacunas, se produjeran en una situación de una incertidumbre radical, ante la cuál emergen los fallos de coordinación (el mecanismo de mercado falla porque no puede emitir señal de precios y el desconocimiento de las intenciones de los demás sesga las decisiones hacia la inacción). 

Las externalidades y otros fallos de mercado y de coordinación constituyen en la teoría económica una razón de primer orden para la intervención del sector público. Estas características permitieron activar el arsenal del que dispone el Estado para regular la economía, convirtiendo la COVID-19 en testigo de su potencial para garantizar ingresos, movilizar recursos, organizar los asuntos colectivos y amortiguar los vaivenes de la naturaleza y del mercado. Sobre todo al principio fue particularmente interesante el reconocimiento colectivo de los profundos déficits de conocimiento ante una situación tan insólita. Esto proporcionó cierto margen para pensar y experimentar desde las políticas públicas, y actuar comunicando, al mismo tiempo, que se carecía de evidencias sólidas para algunas decisiones y que estas se irían adaptando en función de los aprendizajes derivados de su implementación. La responsabilidad ciudadana fue loable y parecía por un momento que la política había alcanzado la mayoría de edad. 

En paralelo al redescubrimiento del potencial del Estado también se hicieron patentes las carencias de un modelo de globalización sin mecanismos de redundancia productiva, de autonomía estratégica y sin espacios de cooperación para la gobernanza global.

Las cadenas de valor sin redundancias configuradas bajo el criterio único de minimización de costes productivos, sobre todo laborales, amplificaron los shocks económicos. El aprovisionamiento de inmediatez, conocido como supply-on-demand, desaconseja la acumulación de inventarios, que actúan de colchón cuando algunas de las fuentes de suministros fallan. Las economías de escala en la coordinación logística del transporte global de mercancías han propiciado la aparición de grandes hubs que adelgazan las redes de distribución por su paso, generando cuellos de botella. Cuando el buque portacontenedores EverGiven embarró en el canal de Suez durante seis días en marzo de 2021, paralizó el transporte marítimo mundial y congeló casi 10.000 millones de dólares de comercio al día. Las últimas medidas anti-Covid-19 en Shanghai han restringido las operaciones de fábricas, puertos y aeropuerto de mercancías de uno de los epicentros de la producción y el comercio globales, con repercusiones en todo el planeta. 

Del mismo modo que la mundialización de la producción ha producido estas cadenas de valor propensas a disrupciones severas, también ha permitido, junto con un “superciclo” de abaratamiento de las materias primas, el período de mayor desinflación de la historia. Ambas tendencias parecen llegar a su fin. Las crecientes tensiones geopolíticas, agravadas por la invasión rusa de Ucrania, han provocado una fuerte apreciación de las fuentes de energía fósil y de las materias primas. No es solo en Ucrania: en el último año y medio se han producido 6 golpes de estado entre las regiones del Sahel y del África occidental, con el telón de fondo de la lucha por el control de la riqueza mineral de la región. La energía y las materias primas, al ser insumos productivos para el resto de la economía, afectan directamente a la estructura de costes del tejido empresarial, además de ser uno de los gastos más inelásticos de los hogares. 

Por otro lado, el desabastecimiento de material sanitario al inicio de la pandemia o la vulnerabilidad que supone la dependencia externa para el consumo energético resaltan la ventaja de gozar de autonomía estratégica para la provisión de ciertos bienes esenciales. Otra partida que tiene números de sumarse a esta lista son los activos tecnológicos intangibles, y en especial la recolecta, el almacenamiento y el procesamiento de datos, con ramificaciones de seguridad nacional. Mientras que las políticas antimonopolio aconsejarían evitar la emergencia de grandes empresas con poder de mercado, la competencia global empuja a los estados a favorecer la creación de “campeones nacionales” que garanticen autonomía en industrias e infraestructuras estratégicas. La relocalización de algunos procesos productivos y la promoción de monopolios domésticos añadirán presión sobre el nivel de precios.

En las últimas décadas, el comportamiento de los precios en las economías occidentales no ha supuesto una restricción a la gestión macroeconómica, permitiendo estímulos públicos a coste inflacionario reducido. En las próximas décadas, esta coincidencia virtuosa tiene visos de revertir, y se le sumarán nuevos retos inflacionarios derivados de la acción climática, como por ejemplo, los aranceles de ajuste del carbono en frontera u otros impuestos energéticos, cuyos efectos distributivos están siendo capitalizados por movimientos de inclinación ideológica ambigua, como los Gilets Jaunes. Un régimen macroeconómico con fricciones de oferta complica la acción de la política monetaria. Una subida del tipo de interés después del aumento generalizado del endeudamiento para hacer frente a la crisis pandémica tiene riesgos para la estabilidad financiera. Los bancos centrales debaten cómo salir de este período de super-liquidez con economías tan dependientes de un elevado precio de los activos financieros sin causar una recesión.

Finalmente, la pandemia también puso de relieve la ausencia de marcos de cooperación para la gobernanza global. Especialmente al principio, muchos países actuaron de forma no cooperativa: cierre de fronteras, acaparamiento, subastas al mejor postor incumpliendo acuerdos comerciales previos, obstrucción de la información, etc. Más de dos años después, a pesar de saber que la inmunidad sólo puede ser global porque ahí donde se deja circular el virus se desarrollan nuevas variantes, el porcentaje de población en países pobres que ha recibido al menos una dosis apenas supera el 15% mientras que en los países ricos roza el 80%. Estas cifras atestiguan la descompensación de un modelo globalizador que ha primado las instituciones que protegen los derechos de propiedad frente a las que mancomunan riesgos colectivos. La salida dispar de la pandemia profundizará la divergencia entre países.

La espiral belicista acentúa las brechas y no admite ni ambigüedad ni ingenuidad. Pero si la gestión post-pandémica, tras comprobar la capacidad del Estado, abría una ventana de oportunidad para atajar cuestiones pendientes como la desigualdad o la sostenibilidad, el retorno de la inflación y de la tensión geopolítica suponen un riesgo de retroceso. La fase desglobalizadora que se abre amenaza con dificultar la emergencia de una política que busque resolver las contradicciones del capitalismo global evitando lógicas mercantilistas de suma cero. Conviene recordar que las interdependencias no son solo consecuencia de la integración económica, y que el desarrollo de instituciones políticas para gobernarlas es imprescindible para poder plantear reformas en un sentido democrático y primar el interés colectivo en asuntos como el cambio climático.

Con la asimétrica y accidentada apertura de las economías después del descalabro pandémico, la inflación ha repuntado a lo largo del mundo hasta niveles que no veíamos desde hacía décadas. Esto ha suscitado un renovado debate sobre sus causas -un exceso de demanda por la reapertura súbita, unas restricciones de oferta derivadas de problemas en las cadenas de producción y suministros globales, disfunciones de los mercados energéticos-, y también sobre la respuesta política que requiere este aumento de los precios. Ante la enorme incertidumbre en la evolución de la situación económica y sanitaria y su previsible prolongación en el tiempo, no es controvertido aconsejar la cautela. Sin embargo, a medida que las incógnitas sobre las condiciones objetivas empiecen a despejarse, si la inflación perdura emergerá el conflicto subyacente sobre los costes agregados y distributivos de las políticas necesarias para hacerle frente.

Cuando la teoría macroeconómica ha intentado explicar las causas del crecimiento económico, de la inflación o de sus fluctuaciones cíclicas, las discusiones sobre la naturaleza del dinero y su papel en la producción y el intercambio de bienes y servicios han ocupado un lugar central. Los consensos económicos sobre esta cuestión han ido evolucionando a lo largo de la historia, configurando regímenes políticos con consecuencias dispares para la desigualdad. Parece evidente que para que haya crecimiento económico es necesario un aumento de la cantidad de bienes y servicios que se pueden producir con unos determinados recursos, pero lo cierto es que los procesos de producción, distribución y consumo son continuos en el tiempo y sus cantidades se determinan conjuntamente. La equivalencia contable entre producto, ingreso y gasto no sugiere ninguna dirección causal, que depende, en gran medida, de la capacidad de mover poder adquisitivo en el tiempo, del futuro hacia el presente, a través de la deuda, o del presente hacia el futuro, a través del ahorro.

Para explicar cómo se determinan los procesos de producción, distribución y consumo, las diversas teorías económicas han puesto énfasis bien en los flujos reales, otorgando una importancia secundaria e incluso “ilusoria” o “distorsionante” al dinero, bien en los flujos monetarios, otorgando una importancia fundamental al dinero. Por ejemplo, el consenso clásico tiene su epítome en la máxima del economista francés Jean-Baptiste Say de que “La oferta crea su propia demanda”. Esto evoca la idea de unos mercados autorregulados en los que no hay problemas de exceso de oferta o falta de demanda, se sustenta en la dicotomía clásica: existe un equilibrio real de la economía, determinada por las preferencias de intercambio de los agentes, y la cantidad de dinero es neutral, no afecta ese equilibrio. Por su lado, el nivel de precios viene determinado por la cantidad de dinero en circulación (lo que se conoce como la teoría cuantitativa del dinero), reproduciendo una visión reduccionista del dinero en su rol como medio de pago / intercambio. 

El advenimiento del Keynesianismo cambia el órden lógico que había establecido Say. Para los keynesianos, es la demanda efectiva la que determina el empleo de recursos para la producción. El dinero está en el centro de la determinación del proceso productivo, porque el dinero es deuda, y la deuda permite que la demanda se produzca antes del ingreso, y éste antes de la venta del producto. Sin embargo, el rol del dinero como resguardo de valor ante el riesgo suscita un ahorro independiente de las necesidades de consumo (lo que se conoce como preferencia por la liquidez). Así, se puede producir una paradoja: un mayor ahorro individual redundará en una menor demanda de consumo, que determinará una producción menor, generando menores ingresos, y menor capacidad de ahorro colectiva. Por lo tanto, no hay un equilibrio real independiente del monetario, ni una tendencia natural al pleno empleo de los recursos, especialmente del trabajo. Por ello, cuando el sector privado no es capaz de generar la demanda suficiente para conseguir una situación de pleno empleo, el sector público debe compensarlo. Este estímulo de la demanda será o no inflacionario en función del exceso de oferta, es decir, del nivel de utilización de la capacidad productiva.

Las distintas posiciones sobre la naturaleza monetaria de la economía y sobre cómo se determina el nivel de precios tienen implicaciones desde un punto de vista normativo sobre qué rol debe jugar el Estado en la organización de los asuntos económicos, y particularmente en la gestión del dinero y de los precios. La inflación comporta una devaluación de los activos financieros y del valor de la divisa en los mercados internacionales. La importancia del riesgo cambiario para el comercio y la demanda internacional de capitales condiciona la política monetaria, aunque no siempre en la misma dirección, en función de si se quieren estimular las exportaciones de bienes y servicios o las importaciones de capital. 

Si la política económica prioriza mantener el valor del dinero sin restringir los flujos de capital, debe contar con activos en condiciones de escasez para que la elasticidad de la demanda de la divisa dé margen de gestión a la política monetaria con los tipos de interés. Esta opción imprime un sesgo deflacionario y recesivo sobre la economía doméstica. Por el contrario, si la política económica prioriza estabilizar los vaivenes de la economía doméstica garantizando un nivel de gasto compatible con el pleno empleo, se enfrenta a la disyuntiva de elegir entre restringir los flujos de capital o sacrificar la estabilidad cambiaria. Como bien explicó el economista turco Dani Rodrik, la arista de este trilema monetario que elija la política económica tiene importantes implicaciones distributivas.

Bretton Woods, el sistema de tipos de cambio fijos pero ajustables que gobernó la economía internacional durante el consenso Keynesiano, se situaba en la arista de la soberanía monetaria para estimular la economía, reprimiendo la globalización financiera. El aumento de la inflación en la década de los 70, derivada de la política de sostén de ingresos, la crisis del petróleo y el coste de la Guerra de Vietnam acabaron con este consenso político-económico. Hasta el momento la inflación y el desempleo se consideraban mutuamente excluyentes, definiendo la disyuntiva de la política económica en el corto plazo (conocida como la curva de Phillips). Sin embargo, la concurrencia de ambos fenómenos dio pie a un retorno de la teoría cuantitativa del dinero, según la cuál la inflación es siempre es un fenómeno monetario, y cualquier intento del sector público de estimular la economía, por ejemplo elevando los salarios que mantengan poder adquisitivo ante el aumento de precios, será fútil en términos reales, pero puede provocar una espiral inflacionaria con consecuencias catastróficas. 

Con la perspectiva del tiempo, parece extraño desde un punto de vista teórico que la concurrencia de inflación con desempleo no se interpretara como señal de la predominancia de factores de oferta y se optara por una política agresiva de represión de la demanda, con subidas históricas de los tipos de interés. En todo caso, ese giro político-económico dio inicio a un período de globalización financiera que si bien ha permitido una reducción histórica de las presiones inflacionarias hasta la práctica desaparición de la pendiente en la curva de Phillips, lo hizo a costa de otros desequilibrios macroeconómicos quizás más peligrosos, cuyas consecuencias llevamos tres lustros padeciendo. Una de ellas es el elevado nivel de endeudamiento, tanto público como privado, que la respuesta necesaria ante el Coronavirus no ha hecho más que profundizar. Ante este panorama, mientras que una inflación moderada ayudaría a aliviar el peso de las deudas, las subidas de tipos de interés pueden tener consecuencias peligrosas para su sostenibilidad. Además de analizar bien las causas del período inflacionario actual, que parecen apuntar, de nuevo, a la importancia de las restricciones de oferta, es importante que no olvidemos que la política económica se enfrenta siempre a disyuntivas, y que la elección entre distintas alternativas tiene importantes implicaciones para la desigualdad. 

Después de años de ver con impotencia cómo grandes empresas y patrimonios reducían su factura fiscal explotando incoherencias entre códigos tributarios y cobijándose en jurisdicciones de fiscalidad baja, en estas últimas semanas se han producido pasos de gigante de cara a atajar el problema con un gran acuerdo de reforma de la fiscalidad internacional. El acuerdo, firmado el 1 de julio por 130 países del marco inclusivo de la OCDE y ratificado por el G-20 la semana pasada, busca actualizar la noción de nexo fiscal y establecer un mínimo efectivo en el impuesto de sociedades para alcanzar una fiscalidad más justa en un mundo profundamente globalizado, financiarizado y digitalizado. Si hasta ahora la fiscalidad ha sido por principio una competencia nacional y cada jurisdicción decidía su código tributario, las interdependencias que genera la integración económica han propiciado una competencia fiscal a la baja insostenible para hacer frente a la desigualdad y a los retos del Estado del Bienestar.

Una multinacional combina procesos productivos de distintas jurisdicciones para vender potencialmente en todo el mundo y revertir los beneficios a sus accionistas. En este proceso se producen al menos tres hechos imponibles: la producción, el consumo, y la distribución de beneficios. Cuando los flujos económicos cruzan fronteras o se poseen activos en el exterior, los estados han establecido una amalgama de acuerdos bilaterales y multilaterales con el fin de evitar la doble imposición (que un mismo flujo tribute dos veces en dos jurisdicciones diferentes por el mismo concepto). Hasta ahora, los principios de fiscalidad internacional otorgaban derechos tributarios a dos jurisdicciones: en la fuente, donde tiene lugar la producción (y no la venta), tributa el ingreso activo, es decir, los beneficios. La presencia física de factores productivos como el capital y el trabajo son indicativos de que una empresa tiene un establecimiento permanente en una determinada jurisdicción, y por lo tanto está sujeta a imposición en ella. En la jurisdicción de residencia de los propietarios tributa el ingreso pasivo, es decir, el derivado de la propiedad de los activos, como dividendos, intereses, regalías o ganancias de capital.

Los principios de fiscalidad internacional también establecen que las distintas subsidiarias y filiales de una multinacional deben mantener una contabilidad separada, valorando el comercio de bienes y servicios intragrupo bajo las condiciones comerciales que habrían prevalecido si no hubieran estado vinculadas. Este principio de libre concurrencia, o arm’s length principle, es de difícil aplicabilidad práctica y facilita la manipulación de los precios de transferencia, permitiendo a las multinacionales trasladar beneficios exportando a precios exorbitados hacia filiales en jurisdicciones con fiscalidad elevada, erosionando sus bases imponibles. Por un lado, en muchos casos no hay condiciones comerciales comparables para juzgar objetivamente si el valor está bien fijado. Por otro lado, el principio de libre concurrencia tiene poco sentido económico, al ser contradictorio con la naturaleza de las multinacionales, que deberían ser más rentables que la suma de sus partes, precisamente porque la integración vertical se produce buscando ganancias de eficiencia y la horizontal economías de escala. Las diferentes filiales de una multinacional internalizan el impacto que tienen sobre el resto, mancomunan riesgos y explotan su complementariedad.

Además, estos principios de fiscalidad internacional se establecieron hace un siglo en el contexto de una economía menos globalizada y más analógica. La profunda integración económica de las últimas décadas ha separado geográficamente los procesos de producción, distribución y consumo, involucrando múltiples jurisdicciones, facilitando el arbitraje regulador que permite explotar incoherencias en los códigos tributarios a través de los tratados de doble imposición para acabar logrando una doble no imposición. La globalización aumenta la movilidad del capital y la proliferación de instrumentos financieros y entramados corporativos de gestión transfronteriza de activos dificultan la aplicación de la diligencia debida y la verificación de los beneficiarios últimos de las transacciones económicas, generando de facto ingresos sin estado ni propietario. Más del 20% de inversión extranjera directa no es propiedad de una persona física identificable. En países como Luxemburgo, Chipre, Malta, Holanda o Irlanda los stocks de inversión extranjera directa representan varios múltiplos de su PIB, que no corresponden a actividad económica real sino a flujos en tránsito en busca de ahorro fiscal (el caso de Luxemburgo es paradigmático, en 2017 su stock de inversión extranjera directa era 6.749 veces su PIB).

Paralelamente, la digitalización de los procesos productivos ha facilitado la provisión remota de servicios, de manera que empresas con alta presencia comercial en determinadas jurisdicciones pueden evitar la consideración de establecimiento permanente. Para plataformas digitales, cuyos usuarios y sus datos y contenidos suponen una fuente principal de valor, es difícil argumentar que parte de la producción no tiene lugar en las jurisdicciones de mercado. El aumento de la importancia de activos intangibles permite a las empresas ubicarlos estratégicamente en jurisdicciones con baja presión fiscal, además de tratarse de un capital tan específico que dificulta mucho la aplicación del principio de concurrencia, dando lugar a abusos de los precios de transferencia. El uso intensivo de datos y algoritmos en la producción genera fuertes economías de escala y alcance y externalidades de red, y ha propiciado la emergencia de empresas con gran poder de mercado, precisamente esas rentas que querríamos tasar más.

No es de extrañar, pues, que los principios de fiscalidad internacional hayan supuesto un coladero para abusos de ley que permiten a grandes corporaciones multinacionales reducir su factura fiscal a través de una multiplicidad de técnicas, como el abuso de los precios de transferencia, la localización estratégica de capital intangible, el endeudamiento intragrupo, el arbitraje regulador o la elusión del estatus de residencia permanente. Los diferenciales en el tipo impositivo, en la definición de la base imponible y en el estatus de residencia entre países generan fuertes incentivos para intentar trasladar los beneficios allí donde tributen menos. Los estados lo saben y actúan en consecuencia, bajando sus tipos impositivos para atraerlos, erosionando las bases fiscales de sus vecinos, que reaccionan a su vez de igual forma. En los últimos años se ha producido una competencia fiscal a la baja que ha reducido el impuesto de sociedades en todo el mundo. Como muestra el gráfico, en Europa, la media no ponderada del tipo de estatutario de sociedades se ha reducido del 35% en 1995 hasta el 21% en 2021.

En un mundo globalizado los sistemas reguladores son interdependientes y eso pone en entredicho la idea de la soberanía fiscal absoluta, más cuando la falta de coordinación lleva a un equilibrio perjudicial para todos. La competencia fiscal a la baja tiene consecuencias sobre cómo se produce el reparto de las rentas antes de impuestos y la posibilidad de alcanzar un reparto más justo por la acción de nuestro sistema fiscal. En primer lugar, las bases imponibles más móviles consiguen reducir su presión fiscal, tornando el sistema más regresivo, porque el mayor peso de la recaudación tiende a recaer sobre el consumo más que el ingreso, sobre el factor trabajo más que el factor capital, y sobre las PyMEs geográficamente localizadas, más que las multinacionales. Esto distorsiona la competencia leal y neutral entre empresas (más de una vez la Comisaria de la competencia europea Margrethe Vestager ha intentado perseguir concesiones fiscales a grandes empresas en estos términos, con éxito relativo). En el informe país por país publicado por la Agencia Tributaria con datos de 112 multinacionales de matriz española que facturan más de 750 mil millones de euros globalmente, 22 de ellas, que suponen un 18,5% de la facturación y casi un 26,6% del beneficio, apenas aportan el 2,1% de los ingresos fiscales.

El acuerdo alcanzado estas últimas semanas es un intento de romper con estas dinámicas a través de dos pilares. El primero redefine el nexo fiscal atribuyendo derechos tributarios a las jurisdicciones de mercado. Si bien esto reconoce la nueva naturaleza de los procesos productivos digitales, también es cierto que la producción, el consumo y la propiedad globales no se reparten equitativamente entre jurisdicciones. Mientras la producción se sitúa mayoritariamente en países en vías de desarrollo, el consumo se ubica de manera preponderante en los países ricos, y la propiedad está mucho más concentrada. El segundo pilar derriba el mito de la doble imposición proponiendo un mínimo global efectivo en el impuesto de sociedades a través de retenciones en la fuente y subsanando el diferencial impositivo en residencia. Aunque es un primer paso, un mínimo efectivo del 15% es bajo como para que sea restrictivo en muchos casos, y si ciertos países, como Irlanda, se niegan a colaborar, seguirán existiendo rendijas de elusión fiscal para las empresas. La solución definitiva pasa por armonizar la fiscalidad corporativa y apostar por la tributación unitaria de las multinacionales, repartiendo sus beneficios en base a reglas que aseguren un reparto equitativo de los derechos tributarios entre distintas jurisdicciones.

La comisión parlamentaria del Pacto de Toledo ha aprobado recientemente sus recomendaciones para la reforma del sistema de pensiones. Después de varios años de deliberaciones, la Comisión ha acordado 22 recomendaciones, que servirán de base para la reforma de pensiones prevista para el primer semestre del 2021.

La reforma tendrá lugar en un contexto de caída pronunciada de los ingresos de la Seguridad Social, a lo que se une la acumulación de déficits desde la anterior crisis económica. A estos factores coyunturales, hay que añadir otros de tipo estructural. Durante las próximas tres décadas, España se enfrenta al retiro progresivo de la generación baby-boom, siendo uno de los países europeos con menor tasa de natalidad y mayor esperanza de vida. Estos factores demográficos han centrado el debate sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones. Sin embargo, el futuro de la Seguridad Social también depende de otros aspectos macroeconómicos, que apenas han recibido atención, pero que son muy relevantes. Nos referimos al aumento de la desigualdad y su relación íntima con el estancamiento económico y los bajos tipos de interés, un fenómeno conocido en círculos académicos como “estancamiento secular”, que está siendo objeto de un intenso debate y que guarda una importancia vital para el sistema de pensiones.

El sistema público de pensiones en España es un sistema de reparto, conocido en inglés como “pay-as-you-go”. Esto significa que las prestaciones que recibe la población jubilada en el presente se pagan con las contribuciones de los actuales trabajadores. La alternativa son los conocidos como sistemas de capitalización, en los que los trabajadores hacen aportaciones periódicas a una cuenta de ahorro que se invierte a lo largo del tiempo y cuyos retornos se devuelven al trabajador cuando se jubila, normalmente en forma de mensualidades.

Aunque existen diferentes tipos de sistemas de reparto, que difieren en su nivel de contributividad y, por tanto, en cuánta desigualdad laboral trasladan a la vejez, en general estos sistemas son más equitativos y garantistas que los de capitalización, que por definición proyectan la desigual capacidad de ahorro de los trabajadores a las pensiones que reciben, y trasladan el riesgo asociado a la inversión de sus ahorros a sus ingresos como pensionistas. Por ejemplo, en Estados Unidos, donde los fondos de capitalización complementan a la Seguridad Social y constituyen un pilar del sistema de ahorros para la vejez, los fondos de pensiones perdieron un 23% de su valor durante la crisis financiera, lo que supuso para los trabajadores americanos una pérdida de 5,4 billones de dólares en ingresos por pensiones. El acuerdo político cristalizado en las recomendaciones del Pacto de Toledo, aunque abre la puerta a sistemas complementarios como los planes de empresa, descarta tajantemente “cualquier transformación radical del sistema”.

Las tendencias demográficas son importantes para un sistema de reparto ya que afectan a la tasa de dependencia, es decir, a la relación del número de personas que reciben pensiones respecto a la población trabajadora que las financia. La caída de la natalidad y el aumento de la esperanza de vida son las tendencias que más presión imprimen en el medio plazo sobre la sostenibilidad del sistema. Pero no son las únicas. Otra tendencia demográfica que recibe menos atención, pero que también es una fuente de tensión, es el aumento de la distancia de edad entre generaciones, causada por el retraso en la edad de maternidad. España tiene una de las más altas de la Unión Europea, lo cual está indudablemente relacionado con la precariedad laboral de los hogares jóvenes. Este fenómeno implica que cuando las personas mayores se vuelvan dependientes, sus descendientes seguirán estando en edad de trabajar, dificultando el trabajo intra-familiar de cuidados en ausencia de alternativas públicas en su provisión. Esto sitúa en particular a muchas mujeres en la disyuntiva de elegir entre cotizar los últimos años de su vida laboral o atender las necesidades de sus mayores. Mientras la sostenibilidad de las pensiones requerirá vidas laborales más largas, también hará cada vez más probable que se produzcan situaciones de este tipo.

La Seguridad Social española es deficitaria desde el año 2010. En respuesta a los pronósticos demográficos y su efecto sobre los déficits del sistema, las reformas del 2011 y 2013 buscaron garantizar la sostenibilidad presupuestaria aumentando la edad de jubilación (2011) y reduciendo la generosidad, medida por la tasa de sustitución (relación entre pensión y salario), mediante un aumento gradual del periodo de cotización de 15 a 25 años (2011), un factor de sostenibilidad, que se acabó posponiendo sine díe (2013), y un nuevo índice que limitaba la revalorización y que prácticamente suponía la cuasi-congelación de las pensiones actuales (2013). Aunque no es este el lugar para comentar la eficacia presupuestaria e impacto redistributivo de aquellas reformas, el debate no se cerró y ha continuado desde entonces con propuestas recientes que abogan por pasar del actual sistema de prestaciones definidas, donde los cotizantes pueden anticipar el valor de sus pensiones en función de sus cotizaciones, a uno de contribuciones definidas, similar al existente en Suecia o Italia. Los sistemas de contribución definida reducen la generosidad ajustando la tasa de sustitución en función de la evolución de la esperanza de vida y de las necesidades presupuestarias del sistema, así como aumentando la contributividad. Lo primero traslada los riesgos macroeconómicos y de longevidad al trabajador, mientras lo segundo aumenta el grado de desigualdad laboral que se proyecta hacia la vejez.

Estas reformas han girado en torno a los factores demográficos. A pesar de su relevancia, creemos que el debate sobre el diseño del sistema de pensiones no puede desvincularse de otras consideraciones económicas como el estancamiento de la productividad o el descenso secular de los tipos de interés. Estos factores macroeconómicos, que afectan al crecimiento en general y a las rentas del trabajo y su distribución en particular, deberían ser de primer orden en el análisis de la sostenibilidad de las pensiones.

Las conclusiones de la comisión del Pacto de Toledo (recomendación 19bis) ya advierten que los incrementos en la dispersión salarial debido a una mayor precarización en el mercado laboral y las nuevas relaciones laborales intermitentes aumentan el riesgo de que la protección social contributiva sea insuficiente. Debido a los topes de cotización, que además imprimen regresividad en la financiación del sistema, el aumento de la desigualdad salarial también reduce la base de cotización con la que se financian las pensiones. Aunque en el pasado las pensiones mínimas han aumentado respecto a las cotizaciones mínimas, no hay razón que nos haga pensar que los cambios en el mundo del trabajo, presentes y futuros, no requerirán más ajustes en la contributividad del sistema.

Un aspecto crucial de los sistemas de reparto es la evolución de las rentas del trabajo y del empleo. En un sistema como el español, los derechos pensionables se derivan de salarios percibidos en el pasado, mientras que las pensiones se financian con salarios actuales. La evolución de las rentas del trabajo vincula los derechos de pensiones adquiridos con los salarios que han de financiarlos. Entre otras cosas, la revalorización de las pensiones con la inflación, que asegura su poder adquisitivo, se basa en un régimen macroeconómico en el que la evolución de precios y salarios estaba muy relacionada. Pero la relación agregada que vincula la inflación con el mercado laboral, la conocida como curva de Phillips, ha perdido fuerza en el nuevo contexto macroeconómico.

Este nuevo contexto también se caracteriza por una reducción de la participación de las rentas del trabajo en el PIB, lo que visiblemente ha ocurrido en España, especialmente a partir de la anterior crisis económica. Dados estos cambios, cuya evolución es de difícil pronóstico, nuestro sistema de pensiones necesita reglas flexibles que garanticen no sólo la sostenibilidad, sino también la protección de los trabajadores en un contexto de creciente desigualdad. Mientras que complementar el sistema de reparto con sistemas de capitalización, como los planes de empresa que recogen las recomendaciones de la comisión del Pacto de Toledo, suele favorecer lo primero, no compensaría el aumento observado de la desigualdad y los cambios inciertos en el mundo del trabajo.

Tanto un sistema de capitalización como complementar la financiación de la Seguridad Social vía presupuestos generales harían que las rentas del capital participaran de la financiación de las pensiones. Sin embargo, tienen implicaciones muy diferentes para la desigualdad. Mientras que con un sistema de capitalización la nula capacidad de ahorro de la parte baja de la población se trasladaría en una elevada desigualdad en las pensiones percibidas, la financiación vía presupuestos generales tendría un importante componente de equidad.

En una investigación actual intentamos evaluar los cambios en el sistema de financiación de las pensiones desde la perspectiva de las nuevas tendencias macroeconómicas, atendiendo a las características del mercado de trabajo y la estructura productiva del país. Políticas que favorezcan una mejora del modelo productivo, más necesarias que nunca como ha puesto de relieve la pandemia, y otras que refuercen los mecanismos no contributivos, no solamente ayudarían a la sostenibilidad del sistema de pensiones, sino que también reducirían la desigualdad. Finalmente, la cada vez mayor relevancia de las rentas del capital en la economía, concentradas en la parte alta de la distribución, nos debe hacer considerar la posibilidad de que asuman parte del peso de financiar las pensiones que ahora recae sobre las rentas del trabajo.

A principios de marzo, cuando andábamos desempolvando mapas olvidados que nos ayudaran a navegar el terreno ignoto de una pandemia mundial, se popularizó la historia de un pequeño pueblo británico, Eyam, y su gestión particularmente draconiana de la peste negra en el siglo XVII. Cuentan que a la entrada del pueblo aún yace un letrero que reza: “Cualquier medida que se tome antes de una pandemia parecerá exagerada. Cualquier medida que se tome después parecerá insuficiente”. 

Esta pequeña píldora de sabiduría resume a la perfección uno de los principales problemas del que adolecen las ciencias sociales frente a las ciencias naturales: la ausencia de un contrafáctico. Dado que nuestro objeto de estudio es la sociedad, con personas reales que interactúan constantemente, diseñar un contexto exactamente igual frente al que comparar, para aislar y cuantificar los efectos de una sola medida, resulta imposible, cuando no inmoral. La frase también apunta a la existencia de otro fenómeno, el sesgo de negatividad: la percepción cognitiva que tenemos de situaciones favorables tiende a subestimar su impacto, mientras que la percepción de las desfavorables es mucho más intensa.

Este sesgo sobre los contextos que condicionan nuestra actuación se traslada lógicamente hacia la percepción que tenemos del mérito propio al evaluar sus resultados. Por ejemplo, las generaciones que se incorporaron al mercado laboral en épocas donde la inversión pública, el crecimiento de la productividad y el dinamismo económico eran fuertes tenderían a sobrevalorar su propio mérito a la hora de cosechar los retornos de la inversión educativa y la carrera profesional con facilidad mientras disponían de una red pública de protección fuerte. Las generaciones que se incorporan al mercado laboral en un contexto de estancamiento y recortes de lo público serían mucho más conscientes de la adversidad que enfrentan a la hora de conseguir una recompensa a sus esfuerzos y de su extrema vulnerabilidad en caso de no hacerlo. 

La situación se complica cuando ambos grupos, llamémosles baby boomers y millennials, tienen que ponerse de acuerdo sobre el reparto de recursos comunes en un contexto de estrés económico compartido pero de impacto asimétrico. Es fácil que los discursos que culpan a las personas vulnerables de su propia situación calen entre quienes se perciben como “hechos a sí mismos” ignorando su contexto favorable, mientras que las personas que se encuentran en esa situación tienen una percepción más objetiva de cómo el contexto adverso les condiciona de manera determinante a pesar de su esfuerzo. Tanto la asimetría de partida como la de percepción dificultan la cooperación incluso cuando el acuerdo es mutuamente beneficioso dadas las múltiples interdependencias. Más aún cuando hay agentes políticos que explotan el razonamiento motivado activando lógicas de suma cero para erigirse en representantes del descontento.

Los economistas Linda Babcock y George Loewenstein explican cómo este tipo de sesgos crean un relato artificial sobre lo que es justo o necesario que sirve a los intereses propios y puede hacer que las negociaciones acaben en punto muerto. Resulta demasiado evidente el paralelismo con las dificultades durante la Cumpre Europea celebrada este fin de semana sobre el Fondo de Recuperación propuesto por la Comisión Europea para relanzar la economía después de la pandemia. Hay numerosos estudios que certifican que países como Alemania, Austria y Holanda han sido los más beneficiados por el mercado único y por la creación del Euro. Holanda es el segundo país más dependiente de sus exportaciones al resto de la UE. Sus empresas gozan de un mercado más grande al que exportar sin riesgo cambiario ni la posibilidad de que sus competidores se protejan con devaluaciones, políticas de sustitución de importaciones o controles de capitales. Los costes de disolución de la UE y la reintroducción de barreras arancelarias le serían particularmente perjudiciales. Y sin embargo, parece estar poniendo todo su empeño en hacer peligrar su supervivencia.

No se me escapa la existencia de intereses que buscan la perpetuación de este reparto asimétrico de los beneficios del mercado único a costa de mantener al Sur en una situación de permanente estancamiento. Sin embargo, se hace difícil racionalizar el cortoplacismo de una posición que corre el riesgo de auto-infligirse una doble recesión como en 2010-2012 y que condena a la UE en su conjunto al estancamiento y a una pérdida de relevancia geo-económica. Quizás convendría echar mano del clásico de Kalecki sobre los aspectos políticos del pleno empleo para sofisticar el análisis. Con permiso de Kalecki, la politóloga Catherine de Vries apunta a una explicación más mundana: Mark Rutte ha encontrado en la intransigencia en Europa su baza electoral frente a competidores euroescépticos que le pisan los talones.

Sin embargo, que haya políticos cuyo tacticismo particular no está alineado con el interés común es una eventualidad inevitable. La vuelta de tuerca que nos condena al callejón sin salida es el requisito de unanimidad en las decisiones del Consejo Europeo. Es el requisito de unanimidad lo que da a esos intereses espurios de un primer ministro en campaña electoral una capacidad omnipotente de veto. Mientras la UE no tenga mecanismos automáticos para repartir equitativamente los beneficios colectivos del mercado único, las decisiones europeas seguirán sujetas al bloqueo de electorados que confunden ventajas con virtudes. El coste de la unanimidad aumenta si estos mecanismos pretenden diseñarse en momentos de extrema dificultad, compartida aunque de impacto asimétrico, en los que la agilidad en la respuesta es clave para atenuar el golpe. Una cosa es segura, y parafraseando el letrero de Eyam: si el tamaño del Fondo de Recuperación les parece ahora exagerado, la historia desde luego lo juzgará insuficiente.

La crisis económica derivada de la pandemia del Coronavirus va camino de tener tal dimensión, que la Gran Recesión de hace apenas 13 años puede acabar siendo pequeña en comparación. Se trata de una crisis sin igual, tanto por su simultaneidad como por sus singulares características. Múltiples shocks afectan a la economía de manera sincrónica. Shocks de oferta, con contagios de trabajadores, disrupción de las cadenas de producción y parón obligado de muchas actividades económicas. Shocks de demanda, con hogares perdiendo trabajos e ingresos a gran velocidad, reduciendo su consumo; y empresas anticipando problemas, acumulando inventarios y recortando la inversión. Shocks financieros, en un sector cuya expansión ya acusaba señales de agotamiento, si la caída del valor de los activos desemboca en problemas de solvencia y las bancarrotas se generalizan.

Ante un escenario tan radicalmente incierto, las expectativas pesimistas se retroalimentan y ahondan la espiral negativa, y el único actor que tiene capacidad para garantizar la supervivencia de familias y del tejido económico, para actuar de cortafuegos y de asegurador de última instancia, es el sector público. Así, gobiernos y bancos centrales de todo el mundo se han embarcado en una inyección de liquidez sin precedentes en sus economías.

Sin embargo, no todos los Estados tienen la misma capacidad. Recientemente, Bruegel comparaba los tamaños de la respuesta fiscal de los distintos países ante la pandemia. La heterogeneidad es notable. En términos de gasto público sobre el PIB, las cifras van desde el 0,7%-0,9% de países como España e Italia, hasta el 6,9% en el caso de Alemania (mayor incluso al 5,5% de EE.UU.). España e Italia sufrieron de manera singular la Gran Recesión, que derivó en elevados niveles de deuda pública. Con el impacto profundo de la pandemia llueve sobre mojado, y ambos países quieren evitar una repetición de la crisis de la deuda.

En la Zona Euro, la ausencia de estabilizadores automáticos genera tensiones tanto en el mercado de bonos soberanos como en la política intergubernamental. Por ahora, el Banco Central Europeo ha podido aplacar el estrés en las primas de riesgo. Pero en el plano político parece emerger el conflicto entre acreedores y deudores a semejanza de las crisis europeas de 2012 y 2015.

Mientras el mundo se pregunta cómo poner a hibernar la economía sin causarle daños irreparables, en la Zona Euro la respuesta se vuelve a estancar por los obstáculos políticos a implementar mecanismos compartidos de riesgo (risk sharing) y de carga fiscal (burden sharing). Ante una crisis sanitaria tan dolorosa que en Europa se ha llevado la vida de más de 77.300 ciudadanos, causa perplejidad ver el retorno de ciertas narrativas y acusaciones centradas en el riesgo moral, que han causado un profundo malestar.

Desde muchos sectores de la sociedad civil, científica y política, también en el seno de países como Alemania y Holanda, proliferan llamadas a la solidaridad. Mientras en la crisis del 2008 se daba una cuasi unanimidad en la opinión pública de estos países en torno a la necesidad de austeridad, en esta ocasión el debate está más abierto y una solución ambiciosa a escala europea parece gozar de bastante apoyo.

Compartimos y agradecemos las apelaciones a la solidaridad, pero creemos que situar el debate sólo en términos morales desvía el foco de análisis y pierde perspectiva respecto al alcance del problema. La política monetaria mancomunada y la profunda integración económica generan externalidades e interdependencias que condicionan la capacidad de actuación de los Estados. Sin una respuesta conjunta, las asimetrías en el presente se tornarán divergencias en el futuro, pues difícilmente éstas se paliarán dentro de un área monetaria que tiende a generar desequilibrios comerciales entre los países y que, a su vez, carece de mecanismos de corrección de los mismos. Por ello, más que nunca la equidad interterritorial justifica una acción conjunta que intente reducir los impactos en la Eurozona que se derivarán de la actual crisis.

Es imposible que un Estado que debe responder simultáneamente a una crisis sanitaria y salvaguardar la actividad económica, pueda hacer frente también a desequilibrios fiscales. El riesgo es que ciertos Estados no gasten lo suficiente por miedo a reabrir un déficit que tanto ha costado cerrar, causando un daño innecesario en sus economías y ciudadanos en el corto plazo y lastrando la recuperación en el medio plazo.

Los gráficos muestran como las medidas nacionales anunciadas hasta el momento guardan poca correlación con el impacto estimado de la crisis en cada país. La respuesta europea se ha basado hasta el momento en una oferta de subvención del endeudamiento nacional a través de 3 instrumentos: el Banco Europeo de Inversiones (BEI), el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), y un programa de créditos para financiar los ERTEs, el SURE de la Comisión Europea. A la espera de que se concrete el Fondo para la Recuperación, lo acordado hasta ahora, a pesar de ser un primer paso necesario por la urgencia de liquidez y el riesgo de descontrol, dista de ser una respuesta fiscal ambiciosa y que soluciona los problemas de capacidad asimétrica que ahondan en las divergencias entre economías europeas.

* Gráfico izquierdo: media, mínimo, y máximo,de previsiones de crecimiento del PIB en 2020. Gráfico derecho:tamaño de las medidas fiscales anunciadas hasta la fecha.de previsiones de crecimiento del PIBtamaño de las medidas fiscales anunciadas

Como cada crisis pone de relieve, la arquitectura incompleta de la Unión Monetaria hace que la estabilización de la economía de la Eurozona no sea automática sino contingente a los frágiles equilibrios de una gobernanza multilateral cuyo requisito de unanimidad tiene tendencia al bloqueo. Pero hay argumentos en términos de eficiencia e interés común superior que deberían permitir un acuerdo.

La inacción europea resultará costosa para el conjunto de países y no sólo para aquellos con menos márgenes fiscales. Si se disparan los costes fiscales sin que el BCE o los nuevos mecanismos de liquidez consigan contenerlos, el potencial desestabilizador de la economía continental es enorme. Las dinámicas de las economías más afectadas se propagarán al resto de países a medio plazo. Las cifras de desempleo, el cierre de empresas y el deterioro de las cuentas públicas hacen presagiar que la salida de la crisis difícilmente será en V. Las cadenas de producción extendidas a lo largo del mercado comunitario pueden sufrir una retracción si las caídas actuales de la demanda se mantienen en el tiempo. La economía continental corre el riesgo de caer en la irrelevancia global en términos geoeconómicos si la dinámica de estancamiento persiste.

Más allá de los argumentos económicos, la dimensión sanitaria justifica también de una solución conjunta. Bienvenidos los incipientes intercambios de recursos, pacientes y capacidades entre países, pero la solución no puede quedarse aquí. Los confinamientos en Italia y España actúan de cortafuegos del contagio hacia otros países, que se benefician de ellos sin asumir su severo coste económico.

Al ser un virus relativamente desconocido, la curva de aprendizaje médica es muy pronunciada al principio. Esto hace que el país que sufre primero la crisis sanitaria gaste relativamente más que aquellos que vendrán después, que habrán ganado tiempo, información, know-how y una capacidad de respuesta mejorada. El caos y la escasez en el mercado de material sanitario han obligado a la UE a establecer compras concertadas. Hay que aprovechar también las sinergias y economías de escala a nivel industrial para adaptar las cadenas de producción europeas y evitar cuellos de botella, acelerando la producción y disponibilidad de material necesario.

Además, hay que coordinar, integrar y orientar las múltiples iniciativas de investigación epidemiológica y terapéutica, a modo de misión pública paneuropea, permitiendo la eficiencia de la escala y anticipar las necesidades de producción industrial de potenciales vacunas y tratamientos. Si la pandemia se alarga con el tiempo, el coste y la efectividad de una solución conjunta frente a la descoordinación puede ser determinante.

Resulta desalentador constatar la ausencia de estos argumentos en el debate acerca de la acción europea ante la COVID-19. En lugar de destacar el interés compartido de una acción conjunta, cuyo potencial es mayor que el de la suma de las partes, se impone una falsa lógica de suma cero en la que si unos ganan es porque pierden otros. Por eso, no (sólo) se trata de solidaridad, sino de aumentar la capacidad de respuesta a través de nuevos instrumentos fiscales que doten de mayores recursos al presupuesto comunitario para que nos beneficiemos todos. De esta forma conseguiremos, por un lado, salir de la pandemia sin cicatrices más profundas y, por el otro, corregir fallos ya existentes en el propio mercado comunitario.

Una Unión que se muestra impotente y al borde de la fractura cada vez que emerge una situación de crisis es insostenible. En estos días que recordamos pandemias de siglos pretéritos, quizás lo peor sea tener que explicar a las generaciones futuras que la Unión Europa se paralizó no por incapacidad sanitaria, sino por la falta de acuerdo entre quienes sufrieron el golpe primero y quienes se creyeron a salvo. Estamos a tiempo de evitarlo.

La economía está plagada de situaciones en las que las acciones de múltiples agentes son interdependientes; es decir, las consecuencias de la decisión de un agente dependen de la decisión que tomen otros agentes, y al revés. Cuando alguien decide sin tener en cuenta las consecuencias de sus propias acciones para los demás se produce una externalidad.

La mayoría de veces estas decisiones se toman sin coordinación, no tanto basadas en criterios infalibles, sino más bien especulando ante la incertidumbre radical de no saber qué harán los demás. Esto puede llevar a emprender ciertas acciones (o a una falta de acción) que se demuestran erróneas cuando sus consecuencias se materializan, generando amplios vaivenes económicos.

Un ejemplo clásico de la teoría de juegos analiza el “Dilema del prisionero”, en el que dos cómplices arrestados por un delito se enfrentan a un interrogatorio y deben decidir si confesar o negarlo todo sin saber qué va a hacer su compañero. Si uno lo niega todo y el otro confiesa, el primero saldrá indemne, mientras que el segundo será severamente castigado. Si los dos confiesan la pena se reparte equitativamente.

La conclusión es que haga lo que haga el otro preso lo mejor es negarlo todo, con lo que la policía inculpa a los dos no sólo por el delito sino, además, por falta de colaboración; mientras que si ambos hubieran confesado, hubieran recibido una pena con atenuantes. Una estrategia de cooperación hubiera conllevado un resultado mejor, pero la competencia empuja a los prisioneros hacia un equilibrio peor para ambos.

Podemos analizar la burbuja de crédito que precedió a la crisis financiera desde esta perspectiva. Para un banco individual tenía sentido aumentar el endeudamiento para maximizar los retornos sobre el capital (en nuestro ejemplo, negarlo todo). Sin embargo, que todos los bancos hicieran lo mismo contribuía a alimentar la burbuja especulativa, aumentando el riesgo sistémico y la probabilidad de crisis (una pena de cárcel mayor para todos).

No es necesario apelar a la avaricia o al egoísmo, sólo al instinto de supervivencia: si los demás bancos prestan de manera predatoria y comercian con derivados financieros, quien se niegue a hacerlo (quien confiese a la policía, en nuestro ejemplo) pronto tendrá retornos inferiores a los demás, los accionistas abandonarán el barco en favor de sus competidores y esos ejecutivos prudentes perderán su trabajo (recibirán una severa condena).

Aunque todo el mundo sea consciente de la tendencia especulativa del mercado, una posición responsable suele ser insostenible. Como dijo Keynes, el mercado puede permanecer irracional más tiempo del que un inversor puede permanecer solvente. O como ilustró de manera gráfica el exCEO de Citigroup: mientras la música suene, te tienes que levantar y bailar.

Una característica crucial de los modelos económicos tiene que ver con la forma de representar estas interacciones. Una parte importante de las discrepancias entre las predicciones de las distintas teorías radica en qué implicaciones asumen que tiene una acción determinada en el conjunto de interacciones que configuran un mercado. Si esa acción suscita movimientos de signo contrario en otros puntos del mercado, de manera que si una desequilibra, las otras reequilibran, hablamos de sustituibilidad estratégica. Si una acción suscita movimientos del mismo signo, de manera que el desequilibrio se retroalimenta y amplifica, hablamos de complementariedad estratégica.

Muchos modelos económicos se construyen sobre la idea de sustituibilidad estratégica; por ejemplo, cuando cae la demanda, disminuye el precio del producto demandado y esto atrae a otros consumidores menos pudientes. Gracias a ello aumenta de nuevo la demanda y el mercado se estabiliza. En estos modelos el mercado es inherentemente estable y los precios son el principal mecanismo equilibrador.

En el caso del sistema financiero, sin embargo, las complementariedades estratégicas son generalizadas. La dependencia del crédito produce dinámicas de retroalimentación (positive feedback loop). Cuando aumenta la demanda de activos, aumenta su precio; esto enriquece a los propietarios y les permite pedir mayores préstamos, que suelen ir ligados al valor de los activos.

Los fondos que se consiguen a través de estos nuevos préstamos se reinvierten en la compra de activos, haciendo aumentar más el precio. La expectativa de un precio en aumento atrae a más compradores en busca de ganancias especulativas, ya que la inversión, al menos en el corto plazo, parece segura. La posibilidad de comprar a crédito lo hace golosamente accesible, ya que no es necesario aportar muchos fondos propios para invertir. Un mercado caracterizado por externalidades que se retroalimentan es intrínsecamente inestable.

Además, el mercado de crédito es un mercado particular; no se comercia con productos objetivamente verificables, idénticos y reproducibles, sino que se basa en la promesa de un deudor de devolver el dinero prestado, y en la confianza del prestamista de que así será. No es un mercado anónimo, la identidad del deudor y del prestamista importan, así como sus interdependencias y las garantías que se dan.

El mercado de crédito también es lo que se conoce como un “mercado de limones”. Cuando los bancos compiten para aumentar su cuota de mercado abaratando el crédito, reducen la calidad de la demanda: cuanto más barato es endeudarse, más proyectos de rentabilidad dudosa empiezan a ser viables, y más deudores de dudosa solvencia pueden acceder a él. Así se produce una progresiva degradación en los estándares y la calidad de los créditos.

La inestabilidad sistémica que se acumuló durante los 90 y los 2000 saltó por los aires el 15 de septiembre de 2008 con la quiebra de Lehman Brothers. Con el shock financiero se invirtió la tendencia de los círculos viciosos, que se retroalimentaron y amplificaron esta vez en una espiral negativa.

Las interdependencias financieras suponen un riesgo de contagio y fugas que pueden provocar un hundimiento descontrolado del mercado. Si todo el mundo intenta vender los mismos activos a la vez, su valor se desploma, poniendo en apuros a sus propietarios, que necesitarán vender aún más para obtener los fondos necesarios para mantenerse a flote.

Si un banco entra en bancarrota, es poco probable que devuelva sus deudas, de manera que el valor de esas deudas (obligaciones financieras) en el mercado cae. Esas obligaciones son activos para otras entidades. Los otros bancos que habían invertido en esos activos se ven obligados a asumir las pérdidas de valor en sus hojas de balance. Esto pone presión sobre su solvencia, que a su vez hace que sus obligaciones pierdan valor, y así sucesivamente.

Al mismo tiempo, poner freno a esta espiral negativa es complicado. Aunque colectivamente no convenga provocar pánico, si hay dudas de que un banco no puede devolver sus deudas, tiene sentido que quien tiene obligaciones de ese banco intente poner cuanto antes los fondos a resguardo. Pero cuantos más agentes reclamen el dinero a la vez, menos probable es que el banco pueda hacer honor a sus deudas. Especialmente si el banco en bancarrota tiene importancia sistémica, para evitar que este espiral bajista se contagie es necesaria la colaboración para crear una salvaguarda común.

Este fue el caso del programa de rescate de activos tóxicos en EEUU (TARP, en inglés), en el que participaron todos los grandes bancos, aunque no lo necesitaran. Así se evitó que solicitar ayuda se convirtiera en un estigma, que hubiera puesto en aprietos a entidades ya vulnerables. Sin embargo, las afectaciones suelen ser asimétricas. Algunos bancos, por su mayor tamaño, capacidad y solvencia, no se verán tan afectados, y tienen todos los incentivos para aprovecharse de la debilidad de sus competidores, generando aún más inestabilidad.

La importancia vital de la provisión de crédito, las enormes externalidades del sistema financiero hacia la economía real y su inherente inestabilidad otorgan al sector público un importantísimo rol regulador y estabilizador. Así, a las redes de interdependencia financiera se añade otra capa de interacciones complejas: la de los bancos con el sector público.

La política monetaria se transmite a través del sistema financiero. Los bancos nacionales son los principales inversores en bonos del tesoro. El Estado es el principal responsable de la estabilidad del sistema financiero, garantizando depósitos, proveyendo liquidez o estableciendo mecanismos justos de resolución en caso de quiebra. Los problemas de solvencia de los bancos pueden poner en apuros la solvencia del Estado y viceversa.

Paradójicamente, la implicación del sector público supone a la vez un subsidio implícito para el sector financiero, que sabiéndose protegido, tiene incentivos para hacer apuestas más arriesgadas (lo que se conoce como riesgo moral). Una parte importante de la regulación financiera consiste en determinar hasta qué punto la necesaria mancomunación de riesgos (risk-sharing) reduce o aumenta el riesgo sistémico.

Finalmente, la integración financiera global también genera importantes interdependencias entre los Estados, encargados de su regulación y supervisión. De la misma manera que la competencia en el sector privado empujó a los bancos a aumentar su exposición al riesgo, la competencia por atraer fondos en un mercado de capitales internacional e hípermóvil propició una race-to-the-bottom regulatoria y una presión a la baja sobre los tipos de interés.

La desregulación del sistema financiero, la liberalización del mercado de derivados, o la creciente laxitud de la supervisión fueron la norma en la fase alcista del ciclo. Una vez estalló la burbuja, las respuestas descoordinadas y unilaterales para estabilizar el sistema bancario nacional, aumentando la garantía de depósitos y extendiendo líneas de crédito o garantías para activos de alto riesgo, obligaban a los demás países a hacer lo mismo, para que los fondos no huyeran al país más seguro.

Así como en caso de insolvencia de un banco, el supervisor debe garantizar una solución coordinada, cuando un país no puede estabilizar su sistema financiero sin entrar en una crisis de pagos debe haber coordinación externa para aliviar la presión y contener el contagio.

Sin embargo, aunque la estabilidad es un beneficio colectivo, su consecución requiere soluciones asimétricas; quien se encuentra en mejores condiciones debe aceptar un cierto subsidio hacia los actores más débiles.

Durante el rescate financiero, la Reserva Federal dejó que bancos no americanos pudieran beneficiarse de sus programas y extendió líneas de canje de dólares a otros bancos centrales, asumiendo ser el prestamista internacional de último recurso. Esto contrasta con la gestión en la Eurozona, cuya lentitud en reconocer sus interdependencias y la necesidad de una solución colectiva acabó por provocar una recaída en la recesión, a pesar de los ingentes desembolsos de dinero público de los Estados miembro para el rescate y la estabilización de sus sistemas financieros nacionales.

El sistema financiero está plagado de externalidades e interdependencias que se amplifican y lo hacen inherentemente inestable. Es preciso que los modelos económicos capturen bien estas dinámicas complejas para informar los procesos de reforma financiera que están en marcha.

Los múltiples fallos de coordinación y acción colectiva, así como los incentivos de actores fuertes de abusar de situaciones asimétricas, obligan a una fuerte regulación. Al mismo tiempo, la interdependencia reguladora configura un entramado continuo de poder soberano.

Si no hay instancias políticas que domestiquen, desde un interés común, los azotes de las economías globales fuertemente integradas, las soluciones del multilateralismo corren el riesgo de ser insuficientes, en el mejor de los casos, y en el peor, de ser poco democráticas.

En un artículo anterior, analicé las características de procesos productivos, modelos comerciales y estructuras de mercado de la nueva economía digital, argumentando que tienen una tendencia natural a la concentración y los monopolios. El proceso de digitalización de la economía supone un reto mayúsculo, que puede quebrantar los mercados tradicionales de trabajo, bienes, servicios y capitales, y que tiende a aumentar la desigualdad. Este reto es global, se produce en red, y es de naturaleza intangible. En este artículo reflexiono sobre las dificultades de las políticas regulatorias y de fiscalidad para hacerle frente.

Las leyes antimonopolio están diseñadas para evitar el abuso de posición dominante y la colusión entre empresas, que distorsionan la competencia, deterioran la calidad o aumentan el precio de los productos para los consumidores. La digitalización ha introducido nuevas modalidades de prácticas anticompetitivas. La discriminación de precios, que consiste en cobrar a clientes diferentes un precio distinto por el mismo producto, parece un concepto obsoleto ante servicios cada vez más customizados, valorados por algoritmos, en un mercado donde el valor añadido está en la creación de perfiles de clientes que permiten la fragmentación. Por otro lado, el control de ciertas plataformas y redes de distribución confiere a las compañías un rol indispensable para que otras empresas puedan distribuir sus productos, llegar a los consumidores o recaudar ingresos, aunque no tengan una posición dominante en el mercado. Como es el caso con Amazon, un alto precio a los consumidores no es un buen criterio para identificar abusos de mercado. El control de redes, mercados y bases de datos permite explotar economías de alcance, creando nuevos productos o tomando nuevos mercados a mucha velocidad aunque partan de cuotas de mercado muy pequeñas.

Las leyes antimonopolio regulan las fusiones y adquisiciones (M&A) que pudieran resultar en empresas con posición dominante. Sin embargo, la mayoría de M&A de las grandes compañías tecnológicas son con startups, que adquieren como forma de i+D. El proceso de innovación, que es muy costoso y de resultados inciertos, se externaliza así hacia un ecosistema de pequeñas startups que compiten entre sí y que las grandes compañías compran cuando las perspectivas de ganancia comercial son más seguras. Aunque esas startups pudieran eventualmente competir con las grandes tecnológicas, no lo hacen en el momento en que son compradas, así que no caen bajo el radar de las leyes de M&A. El proceso de innovación tecnológica también es muy dependiente del sector público; ejemplos de ello son el buscador de Google, resultado de una investigación pública, o el GPS, desarrollado por el ejército americano. Junto con las externalidades de red, esta dependencia genera un complejo trade-off de las políticas de competencia con la política industrial, como se ha hecho evidente en el reciente caso de la fusión prohibida por la Comisión Europea de Alstom y Siemens, o la tecnología 5G. La propiedad y el almacenamiento de datos también tiene implicaciones geopolíticas.

Las leyes que limitan cláusulas de exclusividad o preferencia, u otras cláusulas abusivas, deben aplicarse para prevenir la acumulación de poder de mercado y la extensión de posiciones dominantes a múltiples mercados. Pero la velocidad a la que estas compañías crean o toman mercados hace que el establecimiento legal de posición dominante llegue demasiado tarde. Estos procedimientos suelen ser largos y las autoridades de la competencia carecen de los recursos necesarios para enfrentarse al reto. También están limitadas por sus fronteras domésticas, ya que las prácticas anti-competitivas de las multinacionales a menudo implican múltiples jurisdicciones. La emergencia de grandes conglomerados digitales con poder de mercado global necesita nuevas maneras de hacer frente a las actitudes anticompetitivas, con mayor énfasis en sus prácticas monopsonísticas. Además, tanto la propiedad de los datos, como su acceso, el cruce entre bases de datos, y el propósito de su explotación son cuestiones cruciales que deben regularse mejor. La coordinación de las leyes de competencia con las de regulación del uso y protección de datos es imprescindible.

La fiscalidad corporativa es otro terreno en el que las políticas públicas tradicionales están desbordadas ante los procesos de digitalización. Las grandes compañías digitales se caracterizan por una discordancia importante entre las jurisdicciones donde la recaudación se genera (donde están los usuarios) y las jurisdicciones donde los beneficios están sujetos a imposición, que resulta en una presión fiscal escandalosamente baja. Hay tres razones básicas por las que las compañías digitales evaden impuestos fácilmente. La primera es que el sistema actual de fiscalidad corporativa internacional establece un nexo fiscal, es decir, el derecho a poner un impuesto por parte de una jurisdicción, cuando una empresa tiene una presencia física significativa en el territorio. Hoy en día, sin embargo, los servicios digitales se proveen de manera remota usando inputs productivos intangibles, como los datos, y también outputs intangibles, como la publicidad, extraídos de y distribuidos en ubicaciones donde la compañía digital no tiene por qué tener una presencia física.

El segundo elemento está relacionado con el hecho de que los datos se “cosechan” de los usuarios, a cambio de un servicio gratuito. Las acciones de los usuarios son esenciales en la creación de valor de estas compañías, pero al ser un intercambio gratuito donde los usuarios también son consumidores, es complicado establecer una valoración objetiva de los datos extraídos y del valor añadido que crean los usuarios. El programa contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios (BEPS) de la OCDE considera la posibilidad de extender el concepto de presencia significativa para reflejar mejor la realidad económica digital. Bajo estas propuestas, una compañía digital tendría establecimiento permanente en las jurisdicciones donde tiene un gran número de usuarios y socios comerciales. Otra propuesta sería que los datos tuvieran un status de recurso natural, de manera que el país fuente pudiera aplicar ciertas retenciones al valor de los datos extraídos (como hacen los países de los que se extraen recursos naturales).

En tercer lugar, la naturaleza intangible de los procesos productivos facilita el arbitraje regulador y supone un reto a la hora de atribuir los beneficios que se generan en múltiples jurisdicciones. Las normas actuales se basan en el principio de igualdad de condiciones (arm’s length), las condiciones comerciales que habría fijado una matriz con su subsidiaria si no hubieran estado vinculadas. Pero datos y algoritmos no se ubican en una jurisdicción determinada, ni tienen precio de mercado, permitiendo abusos en los precios de transferencia y en el uso de créditos fiscales por inversión y amortización. Estos no se reducen sólo a las compañías tecnológicas, ya que se producen también a través de la inversión extranjera directa y los contratos de crédito intra-grupo. Los beneficios de las multinacionales deberían gravarse de manera unitaria y atribuirse de forma prorrateada en función de las ventas y de la masa laboral. Además, mientras no haya una armonización de tipos y bases imponibles, los incentivos para trasladar beneficios a jurisdicciones con menor presión fiscal siguen ahí, provocando que los países se enzarcen en una competición a la baja, mermando las arcas públicas.

La teoría económica propone varias maneras de hacer frente al incremento de poder de mercado. En primer lugar, la política de competencia. Pero esta tiene límites porque las bases de datos son bienes públicos y su uso a través de algoritmos y su distribución a través de redes convierte a las empresas en monopolios naturales. La fiscalidad podría tasar rentas monopolísticas, pero poner un valor concreto a activos intangibles que no tienen precio de mercado y ni localización definida tiene grandes dificultades. Cuando las dos opciones anteriores fallan, la teoría económica propone la provisión pública. Poner los datos bajo propiedad colectiva, acotando el mercado a su uso y explotación, es una solución que merece la pena explorar. El uso de datos también deber incorporarse a la gestión y la mejora de los servicios públicos, una avenida recientemente explorada por el Instituto Nacional de Estadística.

Eventualmente, encarar los retos de la digitalización requiere repensar la estructura de propiedad de estas tecnologías y los derechos sobre los retornos que generan. Una buena gobernanza digital, que consiga domesticar la concentración de mercado y sus consecuencias para la desigualdad, garantizará que el progreso sea compartido.

No han pasado ni 25 años desde la comercialización masiva de internet y de servicios y dispositivos digitales, pero estos han penetrado tan profundamente en nuestra vida cotidiana que apenas somos conscientes de cómo han cambiado la estructura de nuestra sociedad. Desde la transformación del lugar de trabajo a través de la robotización y la disponibilidad a distancia hasta la creación de nuevos productos, servicios y mercados, la digitalización transforma la configuración económica a una velocidad tan vertiginosa que nuestros sistemas fiscales y regulatorios no consiguen mantener el ritmo. Datos y algoritmos son los nuevos activos y factores productivos para las compañías digitales, cuyas estructuras de costes y sus mercados en red se caracterizan por fuertes tendencias monopolísticas. Este artículo analiza la tendencia a la concentración del sector digital y sus consecuencias para la desigualdad. En un próximo artículo reflexiono sobre las capacidades y limitaciones de los sistemas fiscales y regulatorios para hacerles frente.

El debate sobre el impacto de la digitalización ha girado sobre todo entorno a las amenazas de una adopción generalizada de tecnologías sustitutivas de mano de obra con su consiguiente pérdida de empleos. Aproximadamente la mitad de las tareas que ahora realizamos podrían automatizarse en las próximas décadas. Trabajos rutinarios, poco cualificados y relacionados con el transporte son más susceptibles de desaparecer. Trabajos que requieran creatividad e inteligencia emocional, donde el factor humano es indispensable, están en menor riesgo. La producción industrial, tradicionalmente masculinizada y fácil de externalizar, está más en riesgo que los servicios y los cuidados, tradicionalmente feminizados y domésticos por naturaleza. Más allá de la división sexual del trabajo, la transición hacia una economía de servicios reduce el crecimiento de la productividad, a la que los salarios deberían estar ligados. 

Además, la frontera entre trabajo y ocio y el propio concepto de lugar de trabajo se van evaporando, flexibilizando horarios y atomizando la fuerza de trabajo, con apps que median entre empleador y empleado y dificultan la sindicación. Estos cambios en las relaciones laborales y las nuevas posibilidades de externalización crean un lugar de trabajo fisurado que reduce el poder de negociación del trabajo. Con la reducción masiva de los costes de transporte, las cadenas de producción se globalizaron siguiendo criterios de reducción de costes laborales. La automatización puede revertir parte de ese proceso volviendo a acercar la producción al consumo, pero esta vez sin requerir mano de obra. Si el trabajo remoto es posible a gran escala (un ejemplo temprano son los teleoperadores), la compresión competitiva de un mercado de trabajo mundial presionará a la baja los salarios de poca cualificación, al mismo tiempo que una demanda global pujará por esas habilidades más únicas, aumentando la desigualdad.

Hasta ahora, cada avance tecnológico ha cambiado la naturaleza del trabajo, compensando la destrucción de empleos en el corto plazo con muchos más empleos a largo plazo. Esta vez, sin embargo, los cambios tecnológicos vienen acompañados de tendencias hacia la concentración y de una capacidad inédita, junto con petroleras y farmacéuticas, de generar ventas y beneficios y de alcanzar una elevada capitalización bursátil con muy poca masa laboral. Que el progreso tecnológico beneficie a la sociedad en su conjunto depende de manera crucial en cómo se reparten las rentas que generan los aumentos de la productividad.

Las empresas digitales tienen tres características que hacen que sus estructuras productivas, de costes y comerciales sean fundamentalmente diferentes de las de las empresas tradicionales. En primer lugar, el input productivo más importante son los datos. Las bases de datos son un activo muy particular. Se “cosechan” de los usuarios, extraídos cual recurso natural intrínseco de cada persona. Son un bien no rival: usar una base de datos una vez no disminuye la cantidad de información disponible para otras ocasiones. Sin embargo, el acceso a los datos puede restringirse. En economía los bienes con estas dos características se conocen como “bienes club”, o bienes artificialmente escasos, cuya oferta suele adoptar la forma de monopolio natural.

En segundo lugar, los datos se explotan con algoritmos que, por ejemplo, muestran publicidad customizada o predicen los deseos de consumo. Los algoritmos son activos intangibles que las empresas desarrollan para sus propios usos productivos. Su desarrollo conlleva tiempo e investigación, pero una vez programados, se pueden ejecutar una infinidad de veces a coste prácticamente nulo. Dado que están diseñados para operar en una empresa determinada, son raramente comercializables y es muy difícil calcular su valor de manera objetiva. Además, cuanto mayor es la base de datos sobre la que se aplica el algoritmo, más patrones se pueden identificar y más complejas y precisas serán sus predicciones. La combinación de datos con algoritmos genera retornos a escala extremos; por ejemplo, cuanto mayor es la base de datos de Google más eficientes son los espacios que ofrece a las compañías de publicidad. Esto hace que los costes medios de las grandes compañías sean inferiores a los de las compañías pequeñas, y es una barrera natural a la competencia.

El tercer elemento es que los productos de las corporaciones digitales se distribuyen sobre todo en red. Las externalidades de red emergen cuando el aumento del número de usuarios de una red incrementa su utilidad para usuarios previos. Hay múltiples ejemplos en la historia de las telecomunicaciones: la red que opera antes crece más rápido por la ventaja first-mover, expulsando a la competencia del mercado sin necesariamente ser la mejor. En algunos casos, las corporaciones digitales no sólo distribuyen sus productos a través de redes, sino que son el mercado en sí mismo. La función más importante de Uber o de AirBnB es la de poner a proveedores y clientes en contacto, sin añadir más valor a la operación. El contacto entre pares (p2p) beneficia a ambas partes si reduce la necesidad de intermediarios. Pero no es el caso si la plataforma es un intermediario ineludible y cobra cuotas por el acceso y el uso de su infraestructura de distribución. El control del acceso al mercado tanto de la oferta como de la demanda, la convierte en el único empleador, es decir, un monopsonio, y en el único proveedor, un monopolio. Las comunidades digitales a las que tienen acceso algunas de estas compañías son mayores que las poblaciones de muchos estados; quizás estén dejando de ser los estados-nación, como decía Polanyi, quienes garantizan la existencia de un mercado interior.

La transformación hacia una economía de servicios está relacionada con cambios en los patrones de consumo: de la adquisición de bienes hacia el alquiler de servicios. Imaginemos una empresa como Uber que en vez de poner a conductores en contacto con pasajeros, posea una flota de coches automáticos (driverless) y cobre una cuota por usarla. El cambio de una sociedad de consumo a una de uso y alquiler podría facilitar una mancomunación de recursos y su utilización más eficiente (los coches privados están parados un 95% del tiempo). Pero si esto no viene acompañado de nuevas fórmulas de propiedad, lo que implica es una concentración de la riqueza. Este modelo mercantil tiene menos la forma de un juego de suma positiva y más la forma de un rentista tradicional que cobra cuotas por ceder el usufructo de su propiedad.

La supremacía de las compañías digitales las ha llevado incluso a disputar a los bancos la provisión de servicios financieros. La conjunción entre la extracción de datos de los usuarios y su rol en las cadenas globales de producción las sitúa en una posición privilegiada a la hora de redirigir sus modelos corporativos hacia la creación de crédito, teniendo una información mucho más fehaciente de los patrones de ingreso y gasto y la capacidad de pago de sus clientes. Además, con sistemas de pago cada vez más digitalizados, el monopolio tradicional de los bancos sobre los métodos de pago como las tarjetas de crédito puede perder terreno frente a otras fórmulas de transacción monetaria, por ejemplo a través de móviles. Esto abre un potencial enorme a las compañías digitales para restringir el acceso, segmentar el mercado y cobrar recargas abusivas en función de las características del cliente (¡sobre todo si las decide un algoritmo!).

En resumen, los datos son un bien público. El desarrollo de algoritmos implica un coste fijo importante y costes marginales (de producir una unidad adicional) tendientes a cero. La distribución de los productos a través de redes explota externalidades y economías de escala y de alcance. Las características de los mercados digitales dan a las empresas mucha ventaja por ser las primeras, que las demás tienen difícil superar. Estos mercados tienden hacia la concentración. Un alto grado de poder de monopolio suele traducirse en abusos a trabajadores y consumidores, y en actitudes rentistas a costa de la inversión productiva y una distribución primaria entre las rentas entre capital y trabajo equitativa. En el próximo artículo analizaremos qué pueden hacer las políticas públicas para evitar estos procesos.