No deben perturbarnos este tipo de dudas cuando son planteadas por quienes no conocen la realidad insular, pero sí cuando se convierten en juicios de valor que ponen en tela de juicio la rigurosidad de los palmeros y las palmeras a la hora de cumplir con la legalidad vigente en materia urbanística y, por ende, también en materia tributaria.

Criticar desde el desconocimiento, y hacerlo sin que haya finalizado la emergencia, es de una irresponsabilidad supina, especialmente porque las emociones en la isla de La Palma ya son difíciles de gestionar como para sumarle el peso de tal injusticia.       

La Palma es una isla con actividad volcánica, al igual que otros territorios del planeta, como Italia, Islandia o Hawai. En estos lugares, igual que en Canarias, la actividad volcánica ha sido y es una constante en la historia. Afirmar que no se puede construir aquí por la presencia de actividad volcánica es como decir en Japón que no se puede hacer lo propio por el riesgo de seísmos o tsunamis, o tampoco en las zonas de Alemania y Bélgica donde este año se desbordaron sus ríos dejando más de 40 fallecidos.

Convivir con el riesgo supone evaluar y planificar, y para ello se elaboran y aplican planes territoriales para la valoración de esos riesgos que, además, en las memorias ambientales preceptivas de cada actuación también se valoran. Asimismo, supone ejercer medidas de educación y concienciación de la población.

En la segunda cuestión, la de las supuestas irregularidades en la construcción en la isla, vamos a comenzar por dar algunos datos para situar el estado del asunto: según los datos del Registro de la Propiedad, en La Palma hay actualmente unas 100.000 fincas inscritas, de las cuales 28.019 están en Los Llanos de Aridane (945 en Todoque), 7.409 en Tazacorte y 13.997 en El Paso. Esto hace un total de 49.425 fincas inscritas, es decir, prácticamente el 50% de los inmuebles debidamente registrados en La Palma se encuentran en el Valle de Aridane.

Digo más, el portal del Colegio de Registradores de España arroja un dato determinante: del total de fincas inscritas, 27.000, están georreferenciadas sobre el territorio. Esto quiere decir que en la última década se han actualizado los datos con la tecnología actualmente existente.

¿Qué indican estos datos? Que La Palma tiene un buen índice de registro público de bienes inmuebles y, según las fuentes contactadas, la realidad sobre las acciones registrales y catastrales de la isla no son distintas a lo que sucede en el resto de Canarias y, mucho menos, del conjunto del Estado español que, además, tiene los mismos problemas en este sentido que sus homónimos europeos.

¿Por qué se habla entonces de la proliferación en la isla de cuartos de aperos que se transforman en residencias y, además, de la gran cantidad de personas que tienen sus fincas sin registro o, a lo sumo con hijuelas? Sencillo, por simplificación de la cuestión o, en el peor de los casos, por cargar la responsabilidad de la mala o nula planificación urbanística sobre la ciudadanía, sin corresponsabilidad por parte de la Administración Pública.

Sí, es cierto que hay fincas históricas, esto es, inmuebles que en 100 años no actualizan en los registros oficiales su titularidad, con los consiguientes perjuicios sobre la hacienda pública que esto conlleva. También es cierto que hay quienes con mala fe solicitan licencia para una actuación y acaban realizando otra, en múltiples ocasiones y con un claro lucro y beneficio ilícito. Pero no es menos cierto que existen familias que construyen por necesidad desatendiendo la legalidad y los procedimientos vigentes. Aun así, esta no es la generalidad en la isla de La Palma, aunque sí la realidad, como dije anteriormente, del conjunto de España. Dicho esto, bien es cierto que, en cuanto pueden, estas construcciones son legalizadas, porque no olvidemos que existen los procedimientos para ello.

La prescripción y la caducidad son sinónimos de la dejadez por parte de la acción administrativa. Mediante la inobservancia de los procedimientos de inspección y de sanción, la Administración Pública, de todos los estamentos y de todos los colores políticos, está consintiendo tácitamente la construcción.

La promulgación de la Constitución Española de 1978 introdujo en su artículo 33.2 un concepto revolucionario, la función social de la propiedad. En primer lugar, este mandato constitucional reconoce el derecho a la propiedad privada pero, inmediatamente después, consagra la función social, esto quiere decir que el territorio es un ente superior de observancia imprescindible, en este caso por las Comunidades Autónomas y, por ende, las locales ya que el art. 148.1.3º transfiere la competencia sobre ordenación del territorio, urbanismo y vivienda.

La planificación urbanística y un procedimiento edificativo diligente minimiza los riesgos y reduce los costes, tanto para la ciudadanía que, con suelo público liberalizado en calidad de urbano o urbanizable, podrá construir legalmente y con todas las garantías. A su vez, la Administración competente podrá dirigir esa construcción ordenada en zonas que minimicen los riesgos y, además, reducirá los costes en la implantación de servicios públicos como el acondicionamiento de vías, acerado, saneamiento, iluminación pública o servicios como agua o electricidad.

Ahora toca hacer frente a la emergencia volcánica, a las necesidades de las cerca de 7.000 desplazadas, a las miles de familias afectadas y a su salvaguarda. Además, los cargos públicos, en la responsabilidad que hemos asumido, tendremos que sentar las bases de una cooperación interinstitucional, como así está siendo en realidad con la creación de la Comisión de Coordinación de las medidas de reconstrucción y reactivación de la isla de La Palma, dictaminada por el Gobierno de Canarias en el Decreto Legislativo 12/2021, de 30 de septiembre.

Termino diciéndole a la población que no tenga miedo, que no se amedrenta frente a cualquier cuestión sobre la documentación de sus bienes inmuebles porque a la propiedad se accede de diversas maneras y, para cada acceso, se exigen pasos diferenciados que están siendo facilitados por las entidades y Administraciones Públicas como, por ejemplo, por el Colegio de Registradores de España y el de Notarios, que ofrecen asesoramiento gratuito e incluso algunos trámites igualmente gratuitos como la obtención de certificados registrales.

Además, el Colegio de Abogados de La Palma ha creado un turno específico de atención gratuita para los damnificados, ya que el Estatuto de la Abogacía y su código deontológico prohíbe la captación de clientes y el ofrecimiento de servicios en momentos de emergencia como el que vivimos.

Debemos poner ya las medidas correctoras para la que la Administración cumpla su papel de garante, porque la violencia machista es un problema de todos.

Un año más hemos recordado esta semana el 25 de noviembre, Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer. Y lo hemos hecho desgraciadamente con una mujer más asesinada por culpa del machismo. Sara se ha unido a las 91 mujeres asesinadas en Canarias desde que existe registro (2003) y a las 8 en lo que llevamos de año.

Ellos son sus verdugos, pero ellas también habrán sido víctimas de una violencia estructural, de un sistema de normas y valores socioculturales que discrimina a la mujer y promueve su sometimiento a cualquier precio, incluso con su vida.

La violencia machista forma parte de un trágico día a día ante el que no podemos aceptar el conformismo. Cada muerte es evitable. Tiene que serlo. Y para ello hay que detectarla e incidir en cada uno de los momentos o lugares en los que podía haberse actuado para impedirla. Hay que conocer las dimensiones de esta tragedia, y es que desde el 2003, año en que empezó a contabilizarse las víctimas de la violencia machista, mil mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas.

Desde el Gobierno de Canarias son conscientes de ello, y por este motivo, esta misma semana el Consejo de Gobierno ha decidido no realizar cómputos anuales de las mujeres asesinadas, porque con ellas no cabe cada año un borrón y cuenta nueva.

En el pasado Pleno del Parlamento, advertí que es hora de que hablemos del ciclo de la violencia, y que tenemos obligatoriamente que articular medidas para que la víctima no lo sea doblemente, primero de su agresor y luego del sistema. Salvo casos de extrema violencia, el silencio es el mayor de nuestros problemas, y de ahí la necesidad de trabajar más en la coordinación, colaboración y cooperación entre administraciones públicas.

La protección y el apoyo a las víctimas de maltrato es un punto fundamental de la lucha contra la violencia machista. Hay mucho que mejorar en este sentido. Son demasiadas las mujeres que aún no se atreven a denunciar. No solo se trata de animarlas a hacerlo, sino de implicar a toda la sociedad en la detección de los casos de maltrato.

Una mayor coordinación y formación son las claves para mejorar la detección de casos y la atención a las víctimas de violencia de género Las especialistas constatan que existen problemas de comunicación entre los diversos agentes implicados, como policial y judicial, así como una necesidad de implicar a profesionales formados.

Los datos son claros. De las 51 asesinadas en España, hasta el momento de la estadística oficial, sólo 11 de ellas habían interpuesto denuncia previa, y de esas 11, sólo 5 habían solicitado medidas de protección, estando vigentes en el momento del asesinato sólo 4 de ellas. En Canarias, el número de denuncias aumenta y además aumentan los asesinatos. ¿Cómo logramos la confianza de las víctimas en la protección del sistema?

La solución pasa por trabajar desde las administraciones públicas, la justicia y la seguridad para que los índices de violencia de género disminuyan, y tenemos que seguir trabajando en la coordinación del ámbito judicial, policial, sanitario, servicios sociales y servicios especializados de atención a las víctimas de violencia de género, en el ámbito educativo, unidades de violencia de género, emergencias y en el ámbito de familia e infancia, Gobierno de Canarias, Cabildos y municipios.

Como ya solicité en sede parlamentaria, en el ámbito de emergencias no podemos perder la oportunidad cuando una mujer vence el miedo y se decide a romper el ciclo de la violencia, es decir, cuando en una situación de emergencia se llama al 112, me pregunto qué sucede en los casos en los que los hechos ya han pasado o no hay peligro inmediato. Esos datos se pierden, y no hay seguimiento de la víctima.

En el ámbito jurídico, la inhibición al Juzgado de Instrucción correspondiente se debe hacer más rápido en los casos en los que un hecho se comete en un domicilio distinto al de la residencia de la víctima, caso que suele darse mucho en las islas. Y si esperamos, las consecuencias pueden ser fatales. Los colegios de abogados deberían tener un sistema rápido de orientación jurídica para las víctimas de violencia de género.

También debería hacerse viable la implantación de un servicio de protección a las víctimas a través de la Policía Local, y no puede haber lagunas en cuanto a partes de lesiones dependiendo de si la víctima acude a la sanidad privada o pública. Administración (Servicio Canario de Salud) que debería contar con la instalación del programa Viogen. En las unidades de atención a las víctimas, las casas de acogida deben tener una recogida de datos y seguimiento, porque hay casos en que la víctima la usa como medio de ruptura del ciclo de violencia.

Debemos poner ya las medidas correctoras para la que la Administración cumpla su papel de garante, porque la violencia machista es un problema de todos.

*Matilde Fleitas Diputada por La Palma del Grupo Parlamentario Socialista