Julián Ayala Armas y Luis Pérez Serichol son presidente y vicepresidente de la Asociación para la Defensa de las Pensiones Públicas de Canarias

El 7 de abril se conmemoró el Día mundial de la Salud y la Sanidad. Su relevancia ha sido, en esta ocasión, muy especial por la excepcional situación que atravesamos y por lo que esta nos está enseñando. Con frecuencia representantes de instancias oficiales se llenan la boca, declarando que España tiene uno de los mejores sistemas públicos de salud, y es posible que sea así, que tengamos un buen modelo sanitario, basado en la sanidad universal financiada por el Estado, con excelentes hospitales y mejores profesionales.

Sanidad devastada.

Sin embargo, hemos podido constatar, tristemente, que no es oro todo lo que reluce. La pandemia ha puesto de relieve las graves carencias del sistema sanitario español, consecuencia de las políticas de privatizaciones, que a partir del ya lejano año 1991 fueron eliminando los aspectos progresistas recogidos en la Ley General de Sanidad promulgada por el PSOE de Felipe González en 1986, que sobre el papel no permitía la entrada de empresas privadas en la sanidad pública.

Este lento proceso de deterioro tomó carta de naturaleza a partir de la Ley 15/1997 aprobada conjuntamente por PSOE, PP, CIU, Coalición Canaria y PNV que, con el pretexto de “modernizar la sanidad”, permitió la entrada de todo tipo de empresas privadas lucrativas en la gestión sanitaria pública, dando lugar al progresivo desmantelamiento del Sistema Nacional de Salud, acelerado con las políticas del PP y otros partidos (Coalición Canaria en nuestra Comunidad) antes, durante y después de la crisis de 2008, con la consiguiente reducción de centros (los hospitales del Norte y del Sur siguen en el limbo), camas, personal y medios, cuyos efectos nocivos se han puesto de manifiesto en la actual crisis del coronavirus.

Para centrarnos solo en algunos casos más significativos, resulta deplorable observar cómo el personal sanitario se ha tenido que enfrentar a un virus tan contagioso con una gran carencia de medios.

El resultado es que 20.000 de ellos se han infectado por falta de equipos de protección individual (EPI) y algunos incluso han fallecido. Concretamente en Canarias, el número de sanitarios que han dado positivo por coronavirus supone un 20% del total de contagios.

La industria sanitaria se ha depauperado hasta el punto de no poder garantizar mascarillas para los trabajadores y trabajadoras de la salud y mucho menos para el conjunto de la población. A más de dos meses del inicio de esta crisis, seguimos en la misma situación, y eso en un país con los recursos económicos que tiene España.

No podemos dejar de señalar también la carencia de material esencial para el tratamiento de los pacientes, como los necesarios y escasos respiradores, que han obligado a los facultativos, en casos puntuales, a decidir a qué enfermos se les debía aplicar.

Las personas mayores, las más afectadas.

En el Día Internacional de la Salud y la Sanidad, queremos llamar también la atención sobre la situación de las personas mayores ingresadas en residencias. Ya han muerto, según los inciertos recuentos de hace unos días, más de 3.600, aunque posiblemente la cifra sea mucho mayor, porque la información transparente brilla por su ausencia, los datos no están centralizados y cada comunidad informa como y cuando quiere.

Pero sí hemos podido acercarnos al conocimiento de lo que ocurre detrás de esas paredes. El 75% de las residencias de mayores en nuestro país son privadas (un 87% en Madrid), y la mayoría de ellas pertenecen a fondos buitre de inversión, los mismos que desahuciaron y siguen desahuciando a muchos miles de personas de sus viviendas.

Esos fondos de inversión, sobre todo franceses, pero también británicos, no han venido a invertir en residencias de mayores por su vocación de cuidado a las personas dependientes, sino por ganar dinero. España es un país con una gran longevidad y esas multinacionales han visto aquí un nicho de negocio seguro.

El resultado está siendo desastroso para las personas alojadas, hasta el punto de que el número de muertos en esas residencias supone un 30% del total de fallecidos por el covid-19 en todo el país. Esto se debía haber prevenido y evitado.

En Canarias, el número de residencias privadas no es tan alto como en la Península, alrededor de un 46% del total de las plazas existentes, pero las largas listas de espera evidencian que la oferta pública no está cubriendo las necesidades y va cediendo terreno al negocio privado.

También hay que tener en cuenta que buena parte de las residencias públicas son de gestión privada, con lo que no es aventurado suponer y las denuncias al efecto lo confirman, que, al igual que sucede en otros lugares, la lógica del beneficio prima muchas veces sobre la atención que merecen las personas.

Las evidencias sobre las malas condiciones de vida de las personas ingresadas en esas residencias y sobre la falta de medios y de personal con formación adecuada para cumplir sus funciones son numerosas, pero las administraciones hacen oídos sordos.

La Comunidad de Madrid es la más afectada por los decesos y el Gobierno Autonómico (integrado por PP y Ciudadanos con el apoyo de Vox) se ha negado sistemáticamente a aceptar las comisiones de investigación exigidas por la oposición en numerosas ocasiones, a partir de las denuncias de sindicatos y personal de los centros sobre el mal funcionamiento de muchas de las residencias, ahora puesto en evidencia por la pandemia.

Lo de Madrid es una catástrofe evidente atribuible sobre todo al PP, que gobierna esta Comunidad desde 1995 hasta la actualidad. Alberto Ruiz Gallardón, Esperanza Aguirre, Ignacio González y Cristina Cifuentes —todos sometidos a investigación judicial por los numerosos casos de corrupción en los que aparecen implicados— fueron los antecesores de la actual presidenta Isabel Díaz Ayuso.

Durante estos años, especialmente durante la crisis de 2008, la Comunidad madrileña fue líder de recortes y privatizaciones en sanidad y hoy registra el trágico ranking de ser la Autonomía con menor inversión sanitaria por número de habitantes y mayor privatización de hospitales y residencias de mayores. Pero no es solo Madrid; pocas comunidades autónomas españolas saldrían bien paradas de una inspección seria. Los cadáveres de ancianos localizados por la Unidad Militar de Emergencia no se han encontrado únicamente en la capital de España.

Prepararnos para la guerra de clases que vendrá.

La alarma pasará y todos nos felicitaremos por lo bien que hemos sorteado la pandemia y, como los chinos, homenajearemos a los sanitarios que nos han cuidado, a los farmacéuticos, a los trabajadores de los comercios de alimentación, a las limpiadoras…

Todos y todas habremos tomado conciencia de la importancia de disponer de unos servicios públicos universales y de calidad, pero si no aprovechamos esa conciencia recién adquirida para crear organismos y plataformas ciudadanas que enfrenten con resolución y firmeza los años de crisis que vendrán, cuando la pandemia deje de ser nuestra principal preocupación, volverán los recortes y las privatizaciones.

A poco que bajemos la guardia, esa exigua minoría de grandes empresarios capitalistas sin conciencia, para los que la acumulación de riqueza está por encima del bienestar general y, como constatamos ahora con claridad, también por encima de la vida, no cejarán en su intento de hacernos pagar la crisis a las clases trabajadoras y medias, a los pensionistas, a los jóvenes subempleados, a los parados y paradas, a los inmigrantes con y sin papeles, a los marginados y excluidos sociales, a las clases subalternas en general.

Esa minoría expoliadora no cejará nunca en su ambición. Ni tampoco sus testaferros y mamporreros: la ultraderecha política y social y sus medios de prensa afines, que ya desde hoy, con sus ataques desaforados al Gobierno de coalición PSOE-UP, están preparando el terreno para la guerra de clases que vendrá.

“No volveremos a la normalidad, porque la normalidad es el problema” escribió alguien especialmente consciente en una pared, durante las pasadas protestas en Chile. No hay normalidad a la que volver cuando la pandemia se controle, porque esa normalidad nos ha llevado a la situación que sufrimos hoy. A la gente de abajo nos toca inevitablemente crear una nueva normalidad, que tenga en cuenta por encima de todo la noción y el objetivo del bien común. Utópico, pero no imposible. Nos va la vida en ello.

Gestha, el sindicato de técnicos de Hacienda, estima que con un plan eficaz, y con personal suficiente para gestionarlo, se podrían recaudar en el país 40 mil millones de euros más y reducir el escandaloso porcentaje del 25% en que se estima la economía sumergida en España. También denuncia que el número de funcionarios de Hacienda necesarios para perseguir ese fraude se ha reducido los últimos años, en lugar de incrementarse. Mientras tanto, 10 personas se suicidan cada día por motivos económicos.

El Banco Santander obtuvo en 2015 unos beneficios de más de 3.455 millones de euros y de más de 2.300 millones en 2016, según sus declaraciones fiscales; pero no tributó ni un euro por esas ganancias. Lo mismo que Bankia y la mayor parte de las otras entidades financieras del país. En esos años, miles de personas fueron desahuciadas por no poder pagar sus hipotecas a esos mismos bancos, a los que el Gobierno del PP prestó para cubrir las pérdidas producidas por su mala gestión 65 mil millones de euros que no van a devolver.

Por su parte, las empresas eléctricas encarecen sus recibos cada año sin ninguna explicación convincente, a la vez que miles de personas sufren pobreza energética y no pueden pagar la luz ni la calefacción.

Fraude fiscal, evasión de capitales y dejación del Gobierno

En este país existe un fraude fiscal reconocido de 90 mil millones de euros y una evasión de capitales a paraísos fiscales estimada en más de 400 mil millones. Mientras, distintos gobiernos nos dicen que no hay dinero para mejorar la vida de quienes perciben pensiones de miseria y salarios que no permiten llegar a fin de mes. Así, 400 mil pensionistas del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez se tienen que conformar con alrededor de 400 euros mensuales; más de 450 mil, receptores y receptoras de pensiones no contributivas, malviven también con 400 euros al mes, y más de 2.500.000 no sobrepasan los 700 euros mensuales.

Para lograr sus objetivos los grandes empresarios no dudan en valerse de paraísos fiscales, trucos financieros y otras artimañas que bordean la legalidad, y dan lugar a que unos gobiernos estatales, desaprensivos e irresolutos, no recauden los impuestos correspondientes a la riqueza real del país. Al contrario, en vez de atacar las raíces del problema, prefieren la opción más fácil de recortar los servicios públicos esenciales (sanidad, educación, dependencia, subsidios de desempleo, pensiones, etcétera). Todos gastos sociales a los que obliga la Constitución de 1978, según la cual España es un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y la pluralidad. Asimismo, el artículo 31 de la Carta Fundamental española establece que todos debemos contribuir al sostenimiento de los gastos públicos mediante un sistema tributario justo y progresivo, y el artículo 128 dice que toda la riqueza del país, cualquiera que sea su titularidad (es decir, tanto la pública como la privada) está subordinada al interés general.

Es evidente que los sucesivos gobiernos que hemos sufrido han hecho dejación de sus responsabilidades constitucionales. Los informes de Hacienda revelan con claridad que el sistema tributario, en vez de justo y progresivo es injusto y regresivo, inversamente proporcional a las ganancias de las empresas y la riqueza del escasísimo sector social que se beneficia de ellas: quienes más ganan menos pagan. La igualdad como valor superior brilla por su ausencia, pues es de sobra sabido que la desigualdad y la pobreza aumentan en nuestro país de una forma alarmante, a consecuencia de las políticas económicas contraproducentes aplicadas por los últimos gobiernos, no sólo durante los años de la crisis, sino también en los últimos cinco años de crecimiento económico.

Exigimos la gran reforme fiscal que precisa el país

Los y las integrantes de las plataformas y asociaciones para la defensa de las pensiones públicas, integradas en la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (COESPE), conocemos muy bien esta realidad y sus consecuencias y por eso venimos exigiendo, entre otras demandas no menos importantes, la gran reforma fiscal que necesita el país, el control efectivo de la economía sumergida y de la evasión fiscal y de capitales, y por supuesto, la adopción de medidas eficaces para acabar con la corrupción empresarial y política. Sólo así el próximo Gobierno que finalmente se constituya (si se logra) podrá disponer de los recursos necesarios para hacer frente a las obligaciones sociales que impone la Constitución Española y precisan las ciudadanas y ciudadanos de las clases menesterosas y más desprotegidas del país.

Y si el nuevo Ejecutivo no lo hace, se lo demandaremos por todos los medios a nuestro alcance, en las calles y en las instituciones, porque el movimiento de pensionistas tiene bien claro que gobierne quien gobierne, las pensiones y los derechos sociales se defienden. Y así vamos a seguir hasta lograr una vida más justa para las actuales y las futuras generaciones.