Antes, mucho antes, de que se mueva una sola piedra del puente de la M-30 a su paso por Vallecas han surgido voces de alarma a propósito del riesgo de que esta medida necesaria incremente el precio de la vivienda en una zona que, aun siendo muy próxima al centro de la ciudad, se encuentra a la cola de los precios de la vivienda en compra y alquiler: detrás de Villaverde, Puente de Vallecas es el distrito con el metro cuadrado más barato en compra (2.275 euros/m2). Y, en cuanto al precio del alquiler (11,7 euros/m2), es también uno de los más bajos, con un descenso de casi un euro por metro cuadrado en el último año. 

Desde hace tiempo se viene advirtiendo del riesgo de gentrificación y expulsión de los actuales residentes del casco antiguo de Vallecas hacia zonas más periféricas, como consecuencia de la especulación inmobiliaria. Lo cierto es que este proceso se inició hace décadas y no precisamente por los efectos perversos del mercado, sino por la debilidad de las políticas públicas en la zona. 

En los barrios de San Diego y Numancia abundan las calles con aceras muy estrechas y mal iluminadas, equipamientos deficitarios, zonas verdes prácticamente inexistentes, pocas plazas de aparcamiento y, sobre todo, un parque de viviendas y un viario construido en buena parte en la primera mitad del siglo XX y con dimensiones muy reducidas. 

Estas características acarrearon inicialmente el envejecimiento de su población y su posterior sustitución por personas procedentes de otras zonas de Madrid, atraídas por el bajo precio de la vivienda: más de la mitad de los residentes actuales llegaron al barrio en los últimos 20 años. El mercado inmobiliario segrega socialmente y termina por distribuir a la población en relación con sus rentas y, en el barrio de San Diego, se han concentrado las rentas más bajas de Madrid junto con San Cristóbal. Sorprende, sin embargo, que el 76 por ciento del régimen de tenencia de las viviendas sea la propiedad, el 8% es por cesión y otras formas y el 24%, tres puntos menos que en el conjunto de Madrid, es en alquiler. 

Lo que hicieron los hijos de los anteriores residentes fue 'emigrar' a los nuevos desarrollos de Madrid Sur, Rivas o, más recientemente, al Ensanche, en busca de mejores condiciones de vida y habitabilidad, en muchas ocasiones gracias a los ingresos por la venta de las casas de sus padres. Pero esto es distinto a la gentrificación, que es la expulsión de los residentes de una zona por no poder pagar los pisos. Es probable que este proceso se reinicie, pero la única forma de frenarlo es con inversiones públicas de calidad, porque si no lo dirigirá el mercado. 

No solo es necesario derribar el puente de la M-30, son imprescindibles, además, programas de vivienda social aprovechando el suelo público que el Ayuntamiento pretende enajenar para vivienda de precio libre, continuando el esfuerzo promotor público de la anterior Corporación, que inició la construcción de 1.400 viviendas municipales. Es también necesario aprovechar los terrenos de ADIF en Abroñigal para un nuevo espacio de actividad económica, universitaria y residencial dirigida a los jóvenes. Y son necesarios programas de rehabilitación y adaptación bioclimática del parque residencial, que facilite unas condiciones dignas de habitabilidad y eficiencia energética. Igualmente, hay que controlar la evolución de los precios a través del impulso del observatorio municipal de la vivienda y que el Gobierno de la nación se decida a regular el precio del alquiler, sobre todo en zonas tensionadas.  

Por último, intervenir en el espacio público desplegando una red de servicios culturales, educativos, sanitarios, asistenciales y áreas infantiles de proximidad a los que se pueda llegar a pie en muy poco tiempo por itinerarios amplios, atractivos y seguros con una presencia importante del pequeño comercio. En definitiva, se tiene que complementar la flaqueza de los ingresos con un salario indirecto en forma de servicios públicos suficientes y de calidad ¿Imposible? No lo creo: vivimos en Vallecas, donde sus vecinas y vecinos consiguieron la remodelación urbanística más importante de toda Europa.

El nombre de nuestro distrito se debe al puente construido en 1731 para unir Madrid y las vías de comunicación con Levante. Pocos años después, el historiador y abate Antonio Ponz se refería a este enclave con las siguientes palabras: “El camino de Madrid a Vallecas es pésimo en tiempos lluviosos y el arroyo que lo atraviesa, llamado el Abroñigal, peligrosísimo cuando crecen las aguas, en él han perecido no pocos pasajeros queriéndolo vadear, por estar el puente de lo más ruin”. Pero el tiempo es implacable y, una vez que el arroyo se canalizó, concluyó también la finalidad para la que se construyó el puente de Vallecas. 

Con la construcción de la M-30 surgió un nuevo paso elevado, esta vez sin enlazar nada. La paradoja del puente de Vallecas, si hablamos de la infraestructura actual, es que nunca cumplió la función principal de ser un puente, que es la de conectar, sino todo lo contrario: ha servido para separar Vallecas del resto de la ciudad. Es uno de los exponentes físicos del desequilibrio territorial que define a Madrid, en el que los barrios del sureste han sido siempre los grandes olvidados.

Desde hace más de 20 años, los vecinos y vecinas de los distritos de Puente de Vallecas y Retiro han reclamado la desaparición de este paso elevado, que supone una de las principales barreras que impiden la continuidad de la ciudad.

Esta reivindicación ha sido retomada con fuerza por la mesa de Medio Ambiente del Foro Local de Puente de Vallecas y recogida por Más Madrid en el proyecto Conecta Vallecas para ampliar y diseñar el comienzo de la que podría ser una de las actuaciones más importantes para el sureste madrileño. Sería esta la primera etapa de un plan más ambicioso sobre los terrenos de ADIF en el Abroñigal, entendido como un proceso de transformación participada en el que prime la sostenibilidad y la mejora de los servicios públicos.

Y lo proponemos justo ahora, en un momento en el que el Ayuntamiento de Madrid, gracias a la reducción de la deuda y el saneamiento de las cuentas -herencia de nuestra gestión en el mandato anterior-, la suspensión de las reglas fiscales que afectan a los municipios y la eliminación de los límites para el gasto público, tiene la posibilidad de acometer actuaciones de gran envergadura que inicien una transformación de la ciudad. Transformación en la que deben primar actuaciones y políticas de reequilibrio territorial, dirigidas a la mejora de las infraestructuras y el espacio público, así como a la intervención en ámbitos sociales, que permitan reducir la brecha entre las diferentes zonas que componen la ciudad.

En el caso de Vallecas, entendida como la 'Gran Vallecas' -integrada por los distritos de Puente y Villa de Vallecas-, hay que recordar que en 1950 dejó de ser municipio independiente para pasar a ser dos de los distritos que componen la ciudad. Desde entonces, el abandono institucional ha sido combatido con una fuerte iniciativa vecinal, ejemplo de lucha y solidaridad que, pese a su gran éxito en algunos ámbitos, no ha estado acompañado de políticas de reequilibrio que aseguren el derecho a la ciudad (entendido como la posibilidad de que la ciudad te proporcione servicios municipales dignos y suficientes en toda su extensión). En este sentido, no debemos olvidar, por ejemplo, que Vallecas sigue siendo el basurero de Madrid, pese a todos los informes que indican el enorme riesgo que las instalaciones del Parque Tecnológico de Valdemingómez tienen para su población.

Conectar Vallecas con Madrid supone iniciar una metamorfosis indispensable para construir una ciudad más verde, sostenible, saludable y amable para su ciudadanía. El desmantelamiento del paso elevado de Vallecas unirá dos distritos situados casi en los extremos del ranking de la desigualdad de nuestra ciudad: Puente de Vallecas es el más vulnerable en términos absolutos y Retiro, el primero más favorecido. 

Crear un gran parque urbano por donde hoy pasa una autovía es un paso imprescindible para instaurar un nuevo modelo de ciudad más cohesionado, regenerando barrios como San Diego y Numancia, donde los índices de vulnerabilidad han experimentado un notable crecimiento, interviniendo en el mercado de la vivienda y del suelo para evitar la gentrificación de la zona. 

En el futuro, tal vez, será más apropiado hablar de 'los puentes de Vallecas' que del paso elevado de Vallecas. Mejor aún, puesto que no habrá puente, hablemos de ellos como una metáfora: un puente de barrios o un barrio de puentes. Puente de solidaridad con los más desprotegidos, puente de entendimiento entre diferentes formas de pensar, puente de culturas diversas y, sobre todo, un puente de futuro, construido sobre los pilares de una nueva ilusión colectiva que nos una como comunidad para vadear corrientes impetuosas y obstáculos aparentemente infranqueables. Sabido es que el puente es funcional si conecta al que necesita con lo necesitado. Un punto intermedio entre la realidad y la utopía, un espacio común, público y de encuentro, pero en permanente tránsito, porque el puente es encrucijada y, en definitiva, cambio.

En este imprevisible y trágico 2020 que acabamos de despedir, Más Madrid ha logrado consolidarse como principal fuerza opositora al PP en la Comunidad y en el Ayuntamiento madrileño y renovar dos liderazgos fuertes, situando a Rita Maestre y a Mónica García al frente del proyecto. También hemos estrechado la colaboración con las más de 800 organizaciones sociales que han participado en la concreción de las propuestas que trasladamos a los Pactos de reconstrucción. Y fortalecido la presencia a pie de calle,  pegados al terreno junto a los ciudadanos que sufren los efectos de la crisis sanitaria y social de la pandemia, agravadas por el deterioro de servicios públicos esenciales, la emergencia alimentaria de muchas familias, la situación de las residencias de mayores, el retroceso medioambiental de la ciudad y la ausencia de medidas efectivas en los distritos más vulnerables.

La perspectiva de una nueva cita electoral, ya en el horizonte, nos emplaza a lanzar una convocatoria a la ciudadanía madrileña, para construir una agenda de gobierno y un plan de ciudad.  Una iniciativa que amplíe el espacio progresista y no lo reduzca. El futuro y la prosperidad de Madrid reclaman un nuevo ciclo suficientemente duradero de reformas y políticas públicas, encaminadas a reducir la desigualdad social, brindar oportunidades de futuro a las nuevas generaciones y orientadas a la transformación ecológica del modelo de ciudad y de región.

Pero las cosas no suceden respondiendo a apelaciones retóricas ni por las ganas de que ocurran, aunque sean necesarias. Es preciso una organización eficaz y cohesionada consciente de sus objetivos,  medidas atractivas que despierten un apoyo mayoritario, una hoja de ruta definida y alianzas en la sociedad que hagan posible los cambios que nos proponemos.

Se trata de una estrategia cimentada en lo local, distinta a la reorganización del espacio que ha venido ocupando históricamente Izquierda Unida y a la confluencia electoral de todos los sectores a la izquierda del PSOE. En política, las sumas no siempre multiplican como alguna vez se ha dicho, sino que en ocasiones restan. La coalición de Unidas Podemos de 2016 supuso un retroceso en términos globales de más de un millón de votos y la difuminación de las identidades preexistentes, sin que ni una cosa ni otra volvieran a recuperarse. Los resultados de las confluencias en las autonómicas de Galicia y Euskadi y los vaticinios de los sondeos para elecciones catalanas muestran importantes carencias y dificultades en este campo.

A lo que estamos llamados es a movilizar a los sectores progresistas, sin desmotivar a ninguno ni renunciar a la identidad de cada uno.  En este sentido, la fragmentación electoral de la derecha con la irrupción de VOX,  lejos de suponer un lastre, fue un factor determinante de su victoria en los anteriores comicios locales. Los Presupuestos Generales han sido aprobados gracias a una amalgama variopinta de 11 partidos, que reúnen una mayoría clara en el Congreso de los Diputados. La pluralidad vuelve a sumar y no a restar, porque diversidad no es necesariamente sinónimo de división y, mucho menos, de derrota.

El electorado progresista es heterogéneo como muestran los diferentes perfiles que arrojan los estudios postelectorales del CIS. Analizando a los electores del PSOE y Unidas Podemos en 2016 y a los de Más Madrid en 2019, se observa que los perfiles de sus respectivos electorados varían en su posicionamiento ideológico, la edad, el nivel de estudios, su grado de feminización, el nivel de rentas y su capacidad de atracción de abstencionistas, nuevos electores o votantes moderados. Todas y todos son necesarios.

Nuestro sistema electoral en el caso de las elecciones locales es muy proporcional, siendo suficiente el cinco por ciento de los votos para lograr representación. Es preferible la concurrencia de una pluralidad de alternativas que permita establecer, desde la autonomía de cada una de ellas, mayorías postelectorales con capacidad de pactar un programa de gobierno. Para ello, hay que agitar las aguas estancadas en las que se ha venido moviendo la política madrileña en las últimas décadas. El escenario postelectoral de 2023 es insospechado ¿Quién se imaginaba que Ada Colau lograría retener la Alcaldía de Barcelona con menos porcentaje de votos que Manuela Carmena, gracias al apoyo de Cs?  

La irrupción de Compromís como fuerza de gobierno en las principales instituciones valencianas ha sido fundamental para invertir la dinámica que parecía inacabable de gobiernos del PP, marcados como en Madrid por la corrupción y la ineficacia.  Estoy convencido de que Más Madrid acudirá a las elecciones de 2023 como una alternativa madrileña de gobierno, promoviendo candidaturas ciudadanas sin cuotas de partidos y facciones, elegidas en consultas democráticas y con un programa construido colaborativamente con las organizaciones sociales y los ciudadanos que se involucren en una convocatoria abierta a todas y todos para ganar Madrid en 2023. Una propuesta progresista autónoma, regional, municipalista, dirigida a una amplia base social, ecologista, feminista y solidaria, que dará continuidad a la variante abierta por Ahora Madrid en 2015 y dispuestos para competir por la hegemonía en el espacio del progreso. Las cosas claras.

Recientemente se han publicado los datos segregados por distritos y municipios, correspondientes a las personas infectadas por el coronavirus en la Comunidad de Madrid. Puente de Vallecas vuelve a ocupar el primer lugar estadístico de un indicador negativo en nuestro municipio, con 1.978 casos confirmados, por encima de Leganés y Alcalá de Henares, que le siguen a corta distancia. Pero el dato más llamativo se refiere al número de contagiados por cada 100.000 habitantes. Moratalaz, con 888 casos, ocupa la primera posición en este apartado, seguido de Puente de Vallecas con 869, Villa de Vallecas con 853, Tetuán con 821 y Vicálvaro con 769, siendo la media de todo el municipio de 679 afectados.

Con todas las salvaguardas de la fiabilidad de las determinaciones diagnósticas, sorprende que cuatro de los primero cinco distritos con mayor número de personas infectadas en relación con su población son distritos limítrofes, ubicados espacialmente en el sureste de la ciudad, pero que albergan realidades sociales y demográficas muy diferentes. Determinar la causa de esta agudización en un mismo espacio sub municipal puede ser muy importante a la hora de entender las formas de propagación de la pandemia, ya que la diferencia entre unos y otros es suficientemente grande para que sea fruto del azar.

¿Cuáles son las características comunes de índole social, económico, sanitario, ambiental y de flujos de movilidad? Me referiré brevemente a alguno de ellos. Puedo aportar algunos factores como la existencia de varias líneas de autobuses que discurren cruzando estos distritos. Otro factor, los cuatro distritos constituyen ellos solos el Lote 5 de los contratos integrales de limpieza y mantenimiento de zonas verdes del Ayuntamiento de Madrid, siendo atendidos estos servicios esenciales por la misma empresa y con los mismos recursos y procedimientos. También, la situación limítrofe y las interconexiones laborales y sociales con el Corredor del Henares, que también ha sido un foco de la pandemia.

Las condiciones socio económicas, los estilos de vida y el entorno son condicionantes de la salud igual de importantes que el sistema sanitario, por lo que podemos fácilmente concluir que nuevamente la enfermedad se ceba con los más desfavorecidos. Pero también llama la atención que sean los habitantes de estos distritos los que comparten en su mayoría como hospital de referencia el Infanta Leonor, uno de los primeros que se ha destinado casi exclusivamente a la atención de pacientes de la Covid-19.

No tengo conocimiento ni posibilidad de comprobar si en alguna de estas características comunes está en el origen de la agravación de la epidemia en los distritos del sureste municipal, pero sí estoy convencido de que ello no se debe a la casualidad. Debo terminar indicando que esto no ha terminado, que no debemos bajar la guardia en ningún frente y por ello señalo el hecho de que la A-III pase por los cuatro distritos, la misma autovía que utilizan los vehículos que transportan diariamente los residuos sanitarios del coronavirus, cuyo único destino es Valdemíngomez. No creo que esto ayude mucho a distritos más afectados.

Urge por tanto una investigación, un estudio que trate de determinar cuáles han sido estos factores, y nos ayude a, en el futuro, aplicar políticas públicas que ayuden a reducir los efectos nocivos que se ceban siempre con los mismos. Por último, hago un llamamiento para que la aplicación rigurosa del confinamiento domiciliario se mantenga tanto como las Autoridades Sanitarias valoren conveniente a fin de derrotar al virus y, también y sobre todo, se comience, teniendo en cuenta estos datos poblacionales, con el testeo masivo con pruebas de determinación rápidas del contacto y/o presencia del Covid-19 en las personas.

Puede sorprender el interés del Partido Popular por acoger en Valdemingómez, las basuras procedentes de una administración gobernada por el Partido Socialista. Un afán desmesurado y extraño que ya se hizo evidente cuando en el segundo semestre de 2018, la Comunidad de Madrid solicitó al Ayuntamiento, que los residuos de la Mancomunidad del Sureste se trasladaran a las plantas de Valdemingómez en el distrito de Villa de Vallecas, ante la “inminente” colmatación del vertedero de Alcalá de Henares, algo que dado el tiempo transcurrido se ha demostrado como falso. Una medida que causará un daño irreparable a los intereses de la ciudad de Madrid y pone en riesgo la salud de la ciudadanía de Vallecas y su entorno.

Pero hagamos un breve repaso a los acontecimientos. A mediados de 2018 se aprobó inicialmente la nueva Estrategia Municipal de Residuos que aboga entre otras cosas, por incorporar a Madrid a los objetivos en esta materia de la Unión Europea y caminar hacia una economía circular con nuevos y diferentes actores, la apuesta por la minimización, separación y recogida selectiva de la materia orgánica que haría posible el cierre de la incineradora en 2025.

A continuación, el Gobierno de la Comunidad de Madrid solicitó al Ayuntamiento acoger las basuras de la Mancomunidad del Este. El Gobierno y el Pleno municipal se opusieron, pero tras las elecciones, con la nueva Corporación de PP y Ciudadanos con el apoyo de Vox, el ejecutivo regional interpuso un recurso contencioso administrativo contra la Estrategia Municipal de Residuos. Paralelamente la Comunidad de Madrid, administración competente en materia de planificación de residuos, ha propiciado el caos de los vertederos de la región por su total inacción no solo en el caso de Alcalá, también en los de Colmenar y Pinto, que se encuentran al límite de su capacidad.

La gestión de las basuras al igual que otros servicios municipales, se ha convertido en un gran negocio para empresas globales que gestionan distintos servicios públicos. Según el Observatorio Sectorial DBK, el negocio mueve en España 1.500 millones de euros cada año con un crecimiento anual del 5 por ciento. Un sector donde las cinco primeras empresas detentan el 68 por ciento de la tarta.

Además, el accionariado de las empresas que gestionan los servicios de limpieza, recogida y tratamiento de residuos coinciden en gran medida, con el de las sociedades concesionarias de los hospitales del sistema público de salud madrileño. Su influencia es máxima. Al día de hoy, la administración regional debe a las concesionarias de los hospitales más de 700 millones de euros.

Dado que el partido de Aguirre, González y Cifuentes, no suele guiarse por la filantropía y mucho menos por la solidaridad universal, es lógico preguntarse por la verdadera razón de un empeño que más de un año después, se va a llevar a cabo en contra de la decisión del Pleno del Ayuntamiento, expresada en dos ocasiones distintas y también de los informes técnicos.

Uno de los principales reparos era la incompatibilidad entre el modelo de tratamiento de los residuos de Madrid con el de la Mancomunidad del Este, donde no se separan los residuos. Ahora, el Alcalde de Alcalá de Henares nos quiere convencer de que unos cuantos operarios, podrán seleccionar manualmente las basuras de 31 municipios.

El señor Rodríguez Palacios, también presidente de la Mancomunidad del Este, ha declarado que las basuras podrían ser tratadas provisionalmente en el vaso finalizado de Loeches, pero que no pueden hacerlo porque la Comunidad de Madrid le ha respondido… que tardaría dos años en tramitarle la autorización.

La situación del vertedero de Alcalá y el retraso en la construcción de la nueva planta de Loeches, imputable a los reiterados desacuerdos internos en la Mancomunidad, son una excusa para enterrar un plan que genera incertidumbre en las empresas que gestionan Valdemingómez, cuyos contratos vencen en 2020, entre ellos el de la incineradora.

Tal como se afirma en el informe elaborado en diciembre de 2018 por los responsables de la planta, el incremento de 220.000 toneladas dificulta la eficacia de las inversiones en ejecución adecuadas a la cantidad de vertidos actual, imposibilita alcanzar los objetivos previstos de reducción de residuos e incrementará las molestias odoríficas que sufre una población de 700.000 personas.

Si la estrategia diseñada por el gobierno de Ahora Madrid se enfrenta al modelo de negocio vigente, el incremento de un 20 por ciento de basuras es un ataque premeditado contra esa medida. Valdemingómez le cuesta al Ayuntamiento de Madrid casi 100 millones de euros al año que van a parar a las concesionarias mediante contratos de larga duración que, en algunos casos, superan los 10 años de vigencia. Se trata de un negocio multimillonario que necesita toneladas de basura y residuos que alimenten la incineradora y el resto de trabajos necesarios para su tratamiento. Esta es la verdadera razón por la que las basuras del Henares, viajan a Vallecas.

Apenas 50 metros separan los distritos de Puente de Vallecas y Retiro en Madrid. Parece poca distancia, pero estos 50 metros separan realidades sociales y urbanísticas muy alejadas. La renta media de los hogares de Puente de Vallecas se sitúa 36 puntos por debajo de la media de la ciudad; la de Retiro, 34 puntos por encima. La tasa absoluta de paro escala en el Puente de Vallecas hasta el 11,3% y cae al 5,7% en Retiro desde una media, para el conjunto de la ciudad, del 7,9%. Solo el 9% de la población de Puente de Vallecas tiene estudios superiores, una cifra que asciende al 42,9% en su distrito vecino.

Madrid está lleno de contrastes como este que son, si cabe, más sustanciales si ampliamos el foco y miramos el conjunto de la ciudad. Esta realidad, evidente para cualquiera que conozca la geografía de la ciudad, es cuantificable. Eso es lo que hizo el equipo de Gobierno de Manuela Carmena en colaboración con un grupo de expertos en Inteligencia Artificial de la Universidad Carlos III, medir la realidad de Madrid. A tal fin elaboró un Índice de vulnerabilidad basado en 5 dimensiones y 12 indicadores, que permite clasificar los 21 distritos y los 131 barrios administrativos de Madrid según su vulnerabilidad y que se actualiza gracias a un algoritmo elaborado ad hoc.

Este índice permite calcular qué parte del presupuesto reservado al reequilibrio se destina a cada distrito, para que las políticas de reequilibrio incidan de forma proporcional al grado de vulnerabilidad de los distritos y los barrios de Madrid. Es decir, se ideó un método científico para que las políticas públicas de reequilibrio sean eficientes y no se ahonde en desequilibrios históricos que suelen perseverar si las Administraciones públicas no adoptan políticas públicas de reequilibrio.

Durante el mandato anterior, entre 2015 y 2019, el Ayuntamiento de Madrid destinó más de 100 millones de euros para ejecutar 423 proyectos distribuidos en los 21 distritos, entre ellos 85 talleres de empleo con más de 1.000 participantes; puso en marcha 20 Equipos de Actuación Distrital; remodeló o rehabilitó cuatro campos de fútbol, 38 instalaciones deportivas básicas, cuatro plazas, 29 colegios públicos y dos locales para albergar Espacios de Igualdad, entre otros. Todas las actuaciones se distribuyeron de acuerdo al índice de vulnerabilidad para llevar más recursos a las zonas más desfavorecidas.

Sin embargo, las cuentas presentadas por PP y Ciudadanos para 2020 representan una amenaza para todo lo conseguido y para lo mucho que aún queda por hacer en los barrios. El gasto en cohesión y reequilibrio territorial se reduce un 53% respecto al de 2019: pasa de los 54,7 millones que destinamos a los Planes de Barrio y al Fondo de Reequilibrio Territorial en 2019 a los 25,5 millones de euros que destinan a estos programas en 2020. El dinero destinado a los Planes de Barrio disminuye de 14,6 millones a 11,1 millones; el del Fondo de Reequilibrio Territorial pasa de 40 millones a 14,4 millones; los Equipos de Actuación Distrital, un proyecto de formación y empleo en el que participan personas en riesgo de exclusión dirigido a mejorar zonas urbanas degradadas reducen su presupuesto un 38%.

No solo eso, se trata de un Presupuesto que deja de ser un instrumento de reequilibrio. El equipo de los distritos de Salamanca o Retiro percibirá la misma cuantía que los de Villaverde o Usera, por ejemplo, de modo que el número de personas que acceden al proyecto en los distritos más vulnerables se reducirá un 56%. Vallecas Labora, un proyecto emblemático de formación y empleo en el que participaron 995 personas de Puente y Villa de Vallecas entre los años 2016 y 2018 con un índice de inserción laboral del 54% desaparece como tal.

El presupuesto que el actual equipo de Gobierno destina a los Planes Estratégicos de Reequilibrio no se distribuye de acuerdo al índice de vulnerabilidad. Incorpora grandes proyectos de inversión que se concentran en la terminación del parque de La Gavia, en Villa de Vallecas, ya licitado por el Gobierno anterior, y de la Cuña de O'Donnell, en Moratalaz, y apenas reserva cinco millones de euros para proyectos nuevos. Una cifra que, dividida entre los nueve distritos más vulnerables, arroja un saldo casi sonrojante y que describe el grado de ambición y de apuesta política por el reequilibrio del nuevo equipo de Gobierno.

Hay que añadir a todo esto el efecto que provocará la congelación del gasto social en la calidad de vida de los sectores sociales más desfavorecidos. El incremento del gasto social, que creció un 73% durante los cuatro años anteriores, apenas sube un 0,5% en 2020.

El proyecto de Presupuestos del Gobierno de Almeida y Villacís es, por tanto, un presupuesto regresivo que pone freno a la tendencia impulsada durante el anterior mandato de corregir el desequilibrio histórico de Madrid, haciendo crecer más a los distritos menos favorecidos, una regresión que algunos barrios y distritos no se pueden permitir.