Cien días es el periodo de gracia que por regla general suele recibir casi cualquier gobernante antes de someterse a una primera valoración sobre su acción de gobierno y proyección de futuro. 100 días son algo más de tres meses y en este tiempo el nuevo Gobierno de Canarias, presidido por Fernando Clavijo y conformado por Coalición Canaria y Partido Popular, si algo ha dejado claro son sus prioridades. Y las sensaciones, francamente, no pueden ser más frustrantes.

De momento, ni una sola medida para la mayoría social de las islas. Ni frente a la escalada de precios de la cesta de la compra ni para lidiar con la situación de colapso que vive el mercado de la vivienda o para avanzar en la reconstrucción de la isla de La Palma. Cero. Como si se hubieran evaporado sus promesas electorales o algo todavía peor, que deliberadamente se hayan desentendido de ellas.

Los socios de gobierno, por el momento, solo han adoptado una medida de cierto impacto y ha sido, oh qué cosas, para beneficiar a una minoría entre las rentas altas; a apenas seis mil canarios y canarias con herencias superiores a los 300.000 euros a los que han decidido eximir del pago del impuesto de sucesiones. La medida fue adoptada en el primer Consejo de Gobierno de la nueva legislatura. Todo una declaración de intenciones.

El sesgo ideológico antes que cualquier respuesta tangible a las verdaderas necesidades de la mayoría. Este es el nuevo Gobierno que tenemos en Canarias, el más caro de la historia por cierto. Nunca antes este Archipiélago tuvo un Ejecutivo con tantos cargos políticos y puestos a dedo como el actual. Decían que venían a adelgazar la administración, pero tampoco aquí han cumplido con la palabra dada.

El segundo decreto ley aprobado por Coalición Canaria y Partido Popular en estos 100 primeros días sigue la misma estela, lejos del interés general: retirar al Parlamento el control de la Radio Televisión Canaria para entregárselo al Gobierno. El riesgo de instrumentalización de los servicios informativos públicos gana enteros.

Y, mientras, siguen sin concretarse cuáles son sus planes fiscales y financieros para el próximo curso. Por ahora, todo son simples conjeturas y coloridos titulares prensa. Sin embargo, en nada entraremos en las Navidades y seguimos a la espera de conocer el techo de gasto de las nuevas cuentas generales o si, como ya van deslizando, serán incapaces de cumplir con la que fue su principal promesa electoral: la bajada lineal del IGIC del 7 al 5%, tal y como exigían una y otra vez al Pacto de las Flores.

Está claro que una cosa es la crítica fácil y las propuestas imposibles de la oposición y otra bien distinta gobernar, tomar decisiones y hacerse cargo de sus consecuencias. Un fraude electoral que ya vivimos con Mariano Rajoy hace unos años, cuando prometió como candidato una bajada generalizada de impuestos y ya en Moncloa lo que hizo fue subirlos literalmente todos. Episodio memorable aquel de descrédito político y rico alimento para la desconfianza ciudadana.

Como cuando no se respeta la voluntad de la mayoría expresada en las urnas y quien acaba ocupando la presidencia del gobierno no es el primero ni el segundo candidato más votado, sino el tercero a lomos de una alianza de perdedores. Es lo que ha pasado recientemente en Canarias y cuyo resultado ha sido un gobierno de circunstancias al que estos cuatro años se le pueden hacer largos, muy largos. Canarias no está para perder el tiempo y sin embargo los socios ya han perdido sus 100 primeros días. Para preocuparse. 

Doce meses y algunas cosas han pasado desde entonces. Aunque, de las meritorias, ninguna realmente atribuible a la gestión del nuevo Gobierno de Canarias. La tarjeta de presentación de sus socios principales fue el incumplimiento con la palabra dada durante la campaña electoral. Recordémoslo una vez más: ni CC ni PP decían la verdad cuando prometían una bajada generalizada del IGIC.

Hoy, con ambos cómodamente instalados en el Ejecutivo, tampoco parece que tengan muy claro cuál debe ser el rumbo de esta comunidad autónoma. Al menos en materias sensibles como vivienda, turismo, lucha contra el cambio climático o respuesta social. Han visto en la excusa una respuesta posible y a ella han recurrido una y otra vez en esta primera etapa de la legislatura. Lo que no es culpa de la herencia recibida, dicen, lo es del Gobierno de España, y así, entre sollozos y sin sonrojarse, van intentando escapar, pasando los días, las semanas, los meses, un año ya.

Canarias cuenta en estos momentos con un gobierno que no gobierna, y que cuando lo intenta lo hace pensando únicamente en el interés de unos pocos. Como con la bonificación del impuesto de sucesiones, el decreto ley de vivienda o el descuento para el combustible. En cambio, ninguna medida aún para la mayoría social, ya sea para aliviar el coste de la cesta de la compra a las familias o para mejorar las expectativas laborales y de estabilidad de nuestros jóvenes.

Donde sí han estado veloces es con los recortes, restando a las primeras de cambio fondos y recursos a cultura, becas, ciencia e innovación, sector primario o dependencia. Este último caso es especialmente sangrante, ya que, con el Pacto de las Flores, hace un año, Canarias había alcanzado cifras récord en prestaciones concedidas. Incluso fue reconocida como la CCAA con mayor índice de progreso en políticas sociales, según la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Hoy el sistema de dependencia vive sus peores días, situándose al borde del colapso.

Caso aparte es la reciente derogación del catálogo de vestigios franquistas. Llama la atención que sea un partido que se denomina nacionalista el que impulse una decisión de estas características. Lo realmente grave es que nos interpela a todos como canarios y canarias, alejándonos del cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática para acercarnos a las posiciones más reaccionarias y negacionistas. Desconcertante.

Ya no digamos cuando se trata de afrontar debates de cierta complejidad, como la aplicación de una ecotasa, la regulación del alquiler vacacional o el reto demográfico. Entonces, finta y pelota a los cabildos o a los ayuntamientos. Que cada uno se las ventile como buenamente pueda. Está también el ya amplio repertorio de ocurrencias con las que el presidente Fernando Clavijo, en particular, ha ido dando respuesta a otros asuntos de calado, como la necesaria subida de salarios en Canarias.

Ha venido a plantear el presidente de Canarias que sea el Gobierno central, a través de los Presupuestos Generales y los recursos de todos, quien se haga cargo de esta demanda aplicando una rebaja fiscal a los empresarios que paguen por encima del convenio colectivo. Y a otra cosa… Es decepcionante.

Todo ello con la estructura de gobierno más cara y más gruesa en cargos públicos de la historia. Qué diferencia con el Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez. Solo tres ejemplos recientes de la sensibilidad de éste con nuestras singularidades: exención del pago de la tasa de emisiones, ampliación de las deducciones fiscales a las producciones audiovisuales y luz verde al concurso exprés antiapagones.

En días pasados, además, hemos sabido del firme compromiso del Gobierno central de cumplir con la extensión de la bonificación del 60% del IRPF a la isla de La Palma y elevar hasta los 7.337 millones de euros la cantidad que recibirá nuestro Archipiélago en concepto de entregas a cuenta. Y junto a todo ello, la transferencia de 66 millones de euros para combatir la pobreza y la sequía.

La denominada agenda canaria se está cumpliendo a rajatabla, lo reconoce hasta la otra parte firmante, Coalición Canaria. Este Archipiélago nunca antes tuvo un mejor aliado en Moncloa.

En un contexto más general, las noticias también son esperanzadoras. La economía española sigue liderando el crecimiento económico de la zona euro. Unas previsiones que avalan la política económica del Gobierno de progreso: crecimiento, creación de empleo y rigor fiscal, mejorando el poder adquisitivo de las familias y la competitividad de las empresas.

España va en la buena dirección. Canarias no tanto. 

Es lo que nos convierte en el partido de la mayoría social del Archipiélago. El que mejor la representa y el principal valedor de sus intereses. El que tiene más diputados en el Parlamento de Canarias y diputados en todas las islas, garantes de la cohesión de nuestra tierra. Somos sinónimo de municipalismo, progreso y canariedad y así ha quedado refrendado en esta doble cita electoral.

En los comicios autonómicos y locales de hace apenas dos meses, los canarios y canarias hicieron del PSOE la opción más votada y el único partido capaz de lograr alcaldías en todas las islas. Y con un liderazgo incuestionable, el de Ángel Víctor Torres, que no solo mejoró sus resultados de 2019 (21.000 voto más) sino que, además, logró una victoria inapelable en las urnas frente a los otros principales candidatos a la presidencia del PP y CC, a los que superó en más de 100.000 votos directos.

La tendencia se mantuvo en las recientes elecciones generales, en las que el PSOE repitió como primera fuerza en apoyos en Canarias, consiguiendo el 33% de los votos (frente al 31,70% nacional), ganando en cuatro de las siete circunscripciones insulares y sumando 66.400 papeletas más que en los pasados comicios generales del 2019. El mejor resultado de los últimos 15 años.

No cabe otra que afirmar (y reconocer) que la voz canaria en Madrid es socialista y que esta posición, además, se verá reforzada en la nueva legislatura, pues los resultados obtenidos el 23 de julio han supuesto un espaldarazo en este sentido. Con más de 339.000 votos escrutados, el PSOE Canarias incrementará su representación en el Congreso de cinco a seis diputados y volverá a contar con grupo territorial en la Cámara Alta con siete senadores.

Son datos todos ellos que reflejan el notable respaldo con el que hoy en día cuenta en Canarias estas siglas y su forma de entender la gestión del espacio compartido. Sin obviar, por supuesto, el reconocimiento que también conllevan estos resultados al duro trabajo realizado desde los gobiernos durante estos últimos años duros y difíciles, en los que, pese a las adversidades vividas, los y las socialistas nunca hemos dejado de priorizar el compromiso social, la igualdad y la defensa de los servicios públicos.

Comenzamos esta nueva legislatura en Canarias en labores de oposición, pero seguiremos comportándonos como el partido de gobierno que nunca dejaremos de ser. Esforzándonos cada día por sumar y construir para esta tierra, con lealtad, con responsabilidad y aportando siempre lo mejor de nuestras convicciones.

Entregamos una Canarias más próspera e igualitaria y con mejores datos que la que recibimos cuatro años atrás, y exigiremos al nuevo gobierno que haga lo mismo cuando termine su periodo. Nos debemos a la mayoría social del Archipiélago y por sus intereses velaremos. Ni retrocesos ni recortes; Canarias debe seguir creciendo y avanzando.

Los y las socialistas canarios estaremos a la altura. A la altura del primer partido de Canarias que somos. 

No es lo mismo quién nos gobierne y esta es la mayor prueba de ello.

En Canarias serán unos 120.000 trabajadores y trabajadoras los que se beneficien de la última subida en sus salarios base anunciada esta misma semana por el presidente Pedro Sánchez, por un total de 2,5 millones de empleados en el conjunto del país. Era parte de nuestro compromiso y lo hemos cumplido. Frente al ruido y el catastrofismo, los y las socialistas apostamos por ofrecer soluciones a los ciudadanos.

Se aplicará con carácter retroactivo a 1 de enero y es fruto del acuerdo alcanzado por el Gobierno y los sindicatos, con el propósito, una vez más, de proteger a la clase media de los efectos del alza de los precios y la inflación global. Lástima que la patronal haya decidido descolgarse de este consenso, que es bueno para las familias y también para el consumo.

Queda por saber ahora qué hará el Partido Popular cuando toque votar esta medida en las Cortes Generales. Por sus antecedentes, y el discurso nada constructivo al que nos tiene acostumbrados el señor Feijóo, no parece que en la calle Génova estén a estas cosas que son las que realmente preocupan a la mayoría social de nuestro país.

En siete años de gobierno (2011-2018), Mariano Rajoy apenas subió las pensiones 94 euros. En cambio, en estos cuatro años con Pedro Sánchez en la Moncloa, el SMI ha pasado de 736 a 1.080 euros, un 47% más. Ahora sí podemos decir que contamos con un salario medio equiparable al resto de países de la Unión Europea.

Donde antes, con el Gobierno del PP, frente a una crisis solo había recortes y debilitamiento de los servicios públicos, hoy hay una respuesta social y económica justa. Con medidas dirigidas a proteger a las personas más vulnerables, a avanzar en derechos e igualdad, que crean y que consolidan el empleo, y que sin duda tendrán que venir acompañadas de la solidaridad de quienes más tienen y se benefician de la crisis.

Este es un gobierno centrado en las personas, de ahí la denominación de el gobierno de la gente. Hoy hablamos del incremento del salario mínimo o la revaloración de las pensiones, que en Canarias ya es una realidad para más 300.000 jubilados y jubiladas, pero podríamos recordar otras tantas medidas desarrolladas durante esta legislatura que también han ido dirigidas a brindar certidumbre a la mayoría social y a la clase trabajadora, como el incremento de las becas, la eliminación del copago farmacéutico, el ingreso mínimo vital, la gratuidad del transporte público o la reforma laboral.

Medidas que en nuestro Archipiélago han contado con acciones de refuerzo como la aprobación de la Renta Canaria de Ciudadanía, la apuesta por la educación gratuita de 0 a tres años, los datos en dependencia, el refuerzo del personal sanitario y docente o los avances logrados en igualdad y expectativas en el ámbito de la empleabilidad. 

No, no es lo mismo quién nos gobierne; basta con mirar por el retrovisor y recordar de dónde partíamos al inicio de esta legislatura. Canarias y España en general están hoy mejor que hace cuatro años. Cuestión de prioridades de gobiernos que blindan y priorizan la atención a las personas.  

Números, sin embargo, que solo son la punta del iceberg de la que hoy es, sin lugar a dudas, la principal lacra social.

Por descontado nuestra absoluta condena y rechazo a cualquier comportamiento de esta índole. Es imposible no sentir rabia y dolor por tantas muertes y víctimas injustas. En Canarias son 101 las mujeres asesinadas desde 2003. Asumamos de una vez como un deber no mirar para otro lado. Extremando el cumplimiento de todas las medidas de prevención y protección, e implicando en esta tarea al conjunto de la sociedad.

Pero, también, contribuyendo a un mejor conocimiento de la violencia machista y las acciones y políticas públicas para prevenirlas. Potenciando la educación con perspectiva de género y mejorando la respuesta coordinada de las administraciones. No más gritos, golpes ni humillaciones. El machismo mata y necesitamos sentido de la responsabilidad por parte de todos y todas para pararlo.

Resulta muy preocupante conocer indicadores sociales que nos alertan del crecimiento del negacionismo de la violencia de género entre los y las jóvenes. O que muchas chicas que son objeto de esos comportamientos machistas no sean capaces de identificarse a sí mismas como víctimas. Necesitamos y debemos plantar acabar a esta realidad que tanto daño nos está haciendo y amenaza con normalizarse. Cualquiera en Canarias puede llamar al 112 para alertar de una situación de violencia de género. Pero, sobre todo, dejemos de contribuir a la difusión de discursos que niegan esta sinrazón.

Peroratas que, en la mayoría de los casos, proceden, precisamente, de aquellos que un día tras otros se esfuerzan en dividirnos, propagando desinformación y alimentando la agitación con un daño directo sobre nuestros valores de convivencia. No desviemos la mirada y pasemos a la acción. Ya basta de lamentar vidas que pudieron ser salvadas. Los derechos de las mujeres, y por supuesto su vida y libertad, son derechos humanos. Cualquiera que tenga sospecha de violencia sobre una mujer que denuncie o llame para que pueda llegar a la Fiscalía.

En el PSOE siempre lo hemos tenido claro y por eso esta lucha hace tiempo que la convertimos en un asunto de Estado, impulsado la Ley Integral contra la violencia de género, el Pacto de Estado contra la Violencia de Género o más recientemente mejorando la protección de los y las huérfanas víctimas de violencia de género.

Por su parte, en Canarias, el Gobierno de progreso presidido por Ángel Víctor torres ha triplicado en esta legislatura el volumen de ayudas que se conceden a mujeres víctimas de violencia de género en las islas, ha amplificado las acciones de sensibilización y ha promovido el avance y la mejora de los recursos públicos de asistencia a esas víctimas y sus hijos e hijas. Y todo ello con un propósito de máximos: hacer de Canarias una tierra más justa e igualitaria.

Porque acabar con la violencia de género nos compromete como partido, pero sobre todo como sociedad y como democracia.

No paremos hasta derrotarla. No paremos hasta erradicarla.

Medidas dirigidas a la mayoría social de nuestro país, y no a unos pocos privilegiados, con efecto proporcional sobre el día a día de la gente y las familias. La nueva batería de acciones impulsada por el Gobierno central incorpora, por ejemplo, fondos y nuevos recursos específicos para la reconstrucción de la isla de La Palma, y ayudas directas tanto para las rentas anuales de hasta 27.000 euros, a las que miles de canarios y canarias podrán acogerse, como para los agricultores, un sector muy sensible en las islas.

A todo ello hay que añadir la gratuidad de la que podrán beneficiarse los usuarios habituales de las guaguas y el tranvía durante el ejercicio 2023, la prórroga del incremento del 15% del Ingreso Mínimo vital y de las pensiones no contributivas, la congelación del precio de la vivienda de alquiler, la suspensión de los desahucios y los corte de suministros esenciales o la revaloración de las pensiones en un 8,5%, efectiva a partir de este 1 de enero.

Asuntos todos ellos de vital trascendencia para la gente de a pie, especialmente para los vulnerables, cuya protección, una vez más, es la prioridad de nuestros gobiernos de progreso, tanto en Moncloa como en Canarias. Las recetas simplistas del Partido Popular, basadas en los recortes, la austeridad y el debilitamiento de los servicios esenciales, no solo han quedado desfasadas sino que podría decirse que son las grandes derrotadas en la gestión global de este periodo de crisis sin precedentes.

Lo está demostrando Europa, tomando al actual Gobierno de España como referencia de muchas de sus decisiones políticas --inversión pública, deuda común, impuestos a las energéticas e intervención en los mercados de la energía--, y lo confirman los grandes indicadores socioeconómicos. España es hoy el país con menor inflación de la eurozona, disfrutamos del mayor crecimiento de entre los grandes países europeos y tenemos niveles de empleo desconocidos desde hace 15 años.

Los datos de Canarias, al cierre de 2022, son igualmente positivos, confirmando la sólida recuperación económica y laboral de las islas. El Producto Interior Bruto (PIB) del Archipiélago ha crecido de forma interanual el 5,8%, al tiempo que la Seguridad Social presenta ahora el mayor número de afiliados de toda la serie histórica, con 872.068 personas.

A pesar de las dificultades, y a pesar del griterío, avanzamos como país y avanzamos como región. Y lo hacemos, además, desde la estabilidad gubernamental, protegiendo a quienes más lo necesitan, doblegando la curva de los precios, con políticas útiles y sensibles con la mayoría trabajadora.

El Gobierno de la gente cumple con sus compromisos.

Grandes fortunas y grandes compañías a las que, en un momento de máxima incertidumbre como el actual, les pedimos que echen una mano al conjunto de la sociedad española y ayuden, a través de un recargo fiscal temporal, a proteger los servicios esenciales, a reforzar el sistema de salud pública, el sistema educativo o a salvaguardar el sistema de pensiones.

La batería de medidas desplegadas por este Gobierno para paliar las consecuencias sociales y económicas de la crisis energética y de precios que ha provocado la guerra de Putin no tiene precedentes y exige la implicación de todos, especialmente de aquellos que más tienen. Por ello, los socialistas apostamos por un sistema fiscal progresivo, donde quienes más capacidad tienen más colaboren. Y así, con la aplicación de este impuesto temporal, contar con 3.000 valiosos millones de euros en los dos próximos años que serán utilizados en blindar los servicios esenciales.

Evidentemente la derecha se ha opuesto a esta medida. En cambio, eliminar el impuesto de Patrimonio como sí han hecho en Andalucía o Madrid solo ha supuesto un regalo fiscal a una minoría de privilegiados de grandes consecuencias para el conjunto de la sociedad. Desciende la recaudación pública y, con ella, la capacidad de respuesta de la sanidad, la educación o la dependencia, debilitando así el legítimo derecho a la igualdad de oportunidades. A estas alturas ya sabemos qué intereses no defiende el PP y mucho menos Vox: los de la clase media y trabajadora. Los de la mayoría.

Pero frente a tanto ruido, a sus insultos y a esa posición de sistemático bloqueo, España y Canarias avanzan; avanzamos porque protegemos a la gente, porque gracias a los fondos europeos la economía crece; avanzamos porque a las grandes empresas les pedimos un mayor esfuerzo mientras se lo aliviamos a la mayoría de ciudadanos, porque damos estabilidad en un momento en el que nuestra gente más la necesita.

Los socialistas defendemos una política fiscal alternativa, temporal y solidaria, mientras que la derecha defiende a los grandes intereses, a los grandes capitales. Ni siquiera es creíble este PP que, desde la oposición, clama por la bajada de impuestos pero que cuando está en el gobierno los sube. El último gobierno de Mariano Rajoy llevó a cabo la mayor subida del IVA y del IRPF a la vez que aprobaba amnistías fiscales para una minoría privilegiada.

Son muchos los países de nuestro entorno que se están planteando aumentar los impuestos a las grandes fortunas, a las empresas energéticas y a las entidades financieras, y es lógico. Para financiar todas las ayudas a las familias y los sectores más afectados por la guerra en Ucrania es necesario tener un sistema fiscal fuerte y justo.

Eso es lo que estamos haciendo con este gravamen que tiene un carácter transitorio, junto otras medidas que también acompañarán a los nuevos Presupuestos Generales del Estado, como los beneficios fiscales a las rentas bajas, el incremento en becas y pensiones o la subida del Ingreso Mínimo Vital. Todo ello hará que en 2023, en Canarias y en el conjunto de España, contemos con las cuentas generales más sociales de la historia. Justicia social, justicia fiscal.

Esta primera semana de noviembre se cumplen siete meses desde que Alberto Núñez Feijóo se puso al frente del Partido Popular. Un hombre con sentido de Estado, cabal, moderado y constitucionalista, decían. Pues bien, la realidad es que desde entonces ha sido imposible cualquier tipo de pacto entre el Gobierno y el principal partido de la oposición. Cero.

En la semana de los terceros presupuestos del Gobierno de España y del 40 aniversario de la mayoría absoluta de Felipe González, hemos asistido a la penúltima decepción de quien se presentaba como alternativa al obstruccionismo y la negación que caracterizó la etapa de Pablo Casado. Porque no facilitar una solución a la crisis del poder judicial, después de cuatro años de interinidad y con un compromiso prácticamente cerrado, no admite otro calificativo que el de absoluta irresponsabilidad.

Señor Feijóo, hagan el favor de dejar de repartir carnés de españolidad y cumplan con las reglas básicas. 

La situación provocada por el PP no es cualquier cosa: mantiene más de medio centenar de nombramientos de la cúpula judicial bloqueados y afecta, además, a los más altos puestos de los tribunales superiores de justicia de las comunidades y a las audiencias provinciales. “El estropicio más grande en toda la historia de nuestra democracia”, en palabras de Carlos Lesmes.

Parece que no están dispuestos a reconocer la legitimidad de las urnas más que cuando ellos ganan. Asistimos a una crisis de liderazgo y solvencia por parte de Núñez Feijóo que trasciende a las siglas del Partido Popular y pone en aprietos a la misma democracia.

El proyecto de reforma del Código Penal no es ninguna novedad. Está entre los compromisos del PSOE desde el inicio de la legislatura. Y quien reforma el Código Penal es la mayoría parlamentaria, no la minoría en la oposición. Ya lo dijo el pasado fin de semana Felipe González: “Si a alguien no le gusta una ley, tiene derecho a cambiarla. Lo que no tiene derecho es a incumplirla”.

¿Qué es lo que le parece mal al PP?

Está claro que lo suyo son solo excusas para no cumplir con el mandato constitucional, causando con ello un serio daño a la Justicia, y un ejemplo más de su alarde antisistema. Se dicen patriotas pero es que son capaces incluso de votar en contra de todas las medidas que benefician a la mayoría de los ciudadanos. Se lo decimos una vez más: la Constitución se cumple todos los días, desde el primero al último de sus artículos, estés en el Gobierno o en la oposición. 

En Canarias, lamentablemente, no es muy distinta la realidad confusa de los populares con un presidente regional, Manuel Domínguez, cuya única aportación hasta el momento al libro de sesiones del Parlamentario ha sido la demagogia y las faltas de respeto, como cuando acusa una y otra vez al presidente Ángel Víctor Torres de “aprovecharse” y “publicitarse” con las catástrofes vividas en el Archipiélago durante los últimos tiempos. Resulta realmente decepcionante este nivel de oposición y alternativa.

El señor Domínguez, como su jefe en Génova, deberían empezar por tomarse un poco más en serio a sí mismos, siendo conscientes de lo que representan. De lo contrario, hay razones para dudar de sus capacidades. Es el momento de un Gobierno a la altura, de acuerdo, pero también de una oposición fiable y responsable.

Aunque aún queda un largo proceso de análisis y debate en las dos cámaras legislativas, los socialistas estamos orgullosos de presentar unas cuentas que incluyen el mayor gasto social e inversión productiva para hacer de Canarias, y de toda España, un país más justo, avanzado y productivo.

Hemos pasado dos años muy duros, en los que hemos tenido que hacer frente a una pandemia y, en Canarias, además, con Ángel Víctor Torres como presidente, a múltiples fenómenos, como incendios, cero energético, calima, entre otros.

Afortunadamente, todas estas adversidades han sido gestionadas por gobiernos socialistas, que han hecho todo lo posible por buscar soluciones justas para todos y todas, y ofrecer una respuesta rápida y eficaz a las necesidades más acuciantes.

Ahora estamos ante unas cuentas que se han elaborado bajo las premisas de impulsar el crecimiento económico, teniendo en cuenta cómo podemos ser más resilientes en un futuro, en todos los ámbitos.

Los presupuestos del próximo año asegurarán, entre otras medidas de carácter social, mejoras en las prestaciones por desempleo, en las pensiones contributivas y no contributivas, así como un esfuerzo económico para llevar a cabo refuerzos en materia sanitaria, en especial en Atención Primaria, educación y dependencia; todo ello, además, incorporando fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que orientarán la economía española hacia un modelo más digital, más verde y más productivo.

Desde el Gobierno de Canarias, ya se ha anunciado, también, que se mantendrán las negociaciones para extender a 2023 el descuento del 50% de guaguas y tranvía, como ya planteamos desde el Archipiélago en la firma del Protocolo inicial con el Estado.

Como socialista, me siento orgullosa de pertenecer a una formación, con años de historia, en la que podemos alzar la voz y decir bien alto que siempre hemos estado, estamos y estaremos al lado de los que más lo necesitan. Porque sabemos escuchar y ponernos en el lugar del otro y, sobre todo, porque tenemos capacidad para gestionar los recursos de forma que lleguen a todos y todas, potenciando la cohesión de los territorios, de forma que podamos asegurar la justicia social.

Espero que, al igual que ocurrió el pasado año, el esfuerzo realizado por los y las socialistas sea reconocido por la mayoría parlamentaria. Confío en que logremos llegar a acuerdos, a través del diálogo y con altura de miras, para evitar una prórroga de las cuentas actuales, y que esto provoque una merma para nuestras islas, tanto en inversión como en recursos a favor de la igualdad y el Estado del Bienestar en cada una de ellas.

Sin duda, estas cuentas representan la estabilidad de un Ejecutivo que gobierna, que ofrece respuestas y que hace avanzar al país con iniciativas y reformas. Confío en que podamos aprobarlos próximamente en las dos cámaras, porque tenemos proyectos importantes que nos permiten mirar al futuro con confianza y seguridad.

Esta rebaja fiscal anunciada por el líder popular viene marcada por su notoria inclinación a favor de las minorías privilegiadas, que tan sólo representan un 0,2% de la población andaluza, y por su tendencia hacia unos pocos a costa de reducir los recursos públicos destinados al estado del bienestar.

Pero la eliminación del “impuesto a los ricos” no es solo una clara representación de los intereses de la política de derecha, sino una amenaza a la búsqueda de una mayor justicia social. Nuestro partido no busca dar privilegios ni enriquecer a unos pocos a costa del empobrecimiento de millones de españoles y españolas.

Nosotros seguimos al lado de la mayoría social y un ejemplo claro es el anuncio de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, de que establecerá un impuesto especial a las grandes fortunas con el fin de aumentar la recaudación entre los grandes patrimonios y rentas.

Según los datos ofrecidos por la Agencia Tributaria con respecto al ejercicio de 2021, la recaudación por el Impuesto sobre el Patrimonio ascendió a 120 millones de euros y el número de contribuyentes a 20.661. Y es que, mientras el Gobierno de España, en línea con la Comisión Europea, trabaja para que las energéticas y bancos contribuyan más, el popular Moreno Bonilla se dedica a regalar 6.000 euros a los más ricos.

Su nuevo paquete fiscal es una medida minoritaria que supondrá un regalo económico de 36.500 euros para un patrimonio neto de cuatro millones de euros, lo que se traduce en una decisión que solo beneficia a las rentas más altas y no ataja los problemas de inflación de las más bajas.

Un planteamiento que no tiene nada que ver con el trabajo que el Partido Socialista hace por lograr un equilibrio más justo y por garantizar la igualdad de oportunidades, tal y como ha quedado patente en la propuesta a la Comisión Europea de establecer un tope a los ingresos de las empresas que producen energía a bajo coste, incluidas las grandes empresas de petróleo, gas y carbón.

Probablemente, todos los avances que hemos conseguido sean fruto de nuestra capacidad de empatía y de ponernos en el lugar de los menos favorecidos. En todo momento, nuestro objetivo ha sido proteger a la clase media y trabajadora, a las pequeñas y medianas empresas de España, con el fin de garantizar, en mayor proporción, al bienestar colectivo y, especialmente, favorecer a los más vulnerables.

Desde las elecciones andaluzas del pasado mes de junio, las opciones para candidato al próximo gobierno han ido encaminadas hacia la derecha. Este hecho es un claro ejemplo de lo que se espera de los partidos conservadores, caracterizados por subir todos los impuestos a la clase obrera y aprobar amnistías fiscales para los ricos. Y es que ninguna de las medidas tributarias aprobadas hasta ahora por Moreno Bonilla ha beneficiado a los bolsillos de las familias que peor lo están pasando con esta crisis económica.

El Partido Socialista ha sido y es el partido de la mayoría social y de la clase trabajadora y es, en estos momentos, cuando más hay que demostrar cuáles son nuestros intereses y desenmascarar quiénes se esfuerzan por sacar proyectos e iniciativas adelante y quiénes prefieren quedarse en la confrontación y la demagogia. 

En esta línea es en la que seguiremos trabajando hasta el final del mandato y en la que continuaremos trabajando tras los comicios de 2023 si los ciudadanos deciden apostar por los que, a diferencia de los que se dedican al populismo, luchamos por defender los intereses de la mayoría, por el bienestar de las clases medias y trabajadoras, por hacer de este país un territorio igualitario y justo.

No es Moreno Bonilla. No es Feijóo. No es Ayuso. Es el PP al que estamos acostumbrados, que gobierna a favor de unos pocos a costa de la mayoría. Es el de los recortes y menos servicios públicos en beneficio de las grandes fortunas. Es el que arremete contra los derechos fundamentales de todos los españoles y españolas y va en contra de aquellos que luchamos por la educación y la sanidad pública. Por lo tanto, que no nos engañen, que no queremos más populismo fiscal.

No fue fácil, pero teníamos algo absolutamente claro: debíamos cambiar la sinergia política en las islas, articular herramientas para la prosperidad de la ciudadanía y que transformara el hartazgo en ilusión. Por eso dijimos alto y claro Cambia Canarias, Hazlo Posible. 

Ese tiempo se forjó desde la generosidad y la voluntad de la integridad del Partido Socialista, sabíamos que estábamos cerca de conseguirlo y que justamente dependía de nuestra fortaleza interna. La militancia, nuestros representantes públicos, un candidato entregado y con un mensaje claro, hicieron que el 26 de mayo el Partido Socialista Canario obtuviera la mayor representación institucional de su historia.

Sin saber lo que pasaría el 14 de marzo del 2020, aquella noche fue de vértigo, ilusión y responsabilidad, mucha responsabilidad; se abría un nuevo tiempo en Canarias de la mano del PSOE.

Y sí, luego ha pasado todo lo que ha pasado y ahí ha estado el PSOE, gestionando la mayor crisis sanitaria de los últimos tiempos, el parón económico y el cero turístico que, unido a la gestión de los flujos migratorios, han marcado la agenda del día a día del Gobierno que preside Ángel Víctor Torres.

Todo ello sin renunciar a nuestro programa electoral y por supuesto al pacto de Gobierno progresista, porque ése también se ha cumplido: Agenda 2030; Ley de Cambio Climático; la inversión en I+D+I; el compromiso hecho realidad con la educación 0-3 años o la formación profesional; el indiscutible y evidente avance en materia de infraestructuras sanitarias ejemplificado en las operaciones que, ya hoy, tienen lugar en el Hospital del Sur de Tenerife, el impulso a las políticas de vivienda y nuestro compromiso con la igualdad de oportunidades en todos sus ámbitos y la lucha contra la pobreza.

Estos valores, hoy convertidos en políticas desde las instituciones, fueron los que nos impulsaron a ser el partido referente en Canarias el 26 de mayo de hace dos años. Hoy nuestro compromiso es reafirmar el camino iniciado, ser realistas con la actualidad y mirar hacia el futuro próximo de la mano de la ciudadanía para crecer conjuntamente como comunidad.

El PSOE es y será el referente de la transformación social, económica y medioambiental y ahora, cuando se cumplen dos años de las últimas elecciones, esta realidad debe estar más presente que nunca, más fuerte que nunca. 

Por esto, ahora, cuando han pasado estos dos años, queremos reafirmar nuestro compromiso y entrega con la sociedad canaria, con los pilares que nos hicieron llegar hasta aquí y los que se están sentando para proyectar a nuestras islas a la justicia social, al desarrollo sostenible y a la economía solidaria.

Desde luego que aquel secretario general elegido el 23 de julio de 2017, no sólo ha fortalecido al PSOE. El presidente Torres ha hecho, desde la honestidad y el trabajo, que Canarias afronte las nuevas y heredadas dificultades pensando siempre en la mayoría y también y especialmente en las próximas generaciones, con transparencia y claridad, reposicionando Canarias dentro del mapa político nacional, sin estridencias y pensando en el interés general.

Estamos ante una situación de absoluta emergencia que, sin lugar a dudas, necesita una inyección pública sin precedentes. Creo que en pocas ocasiones, los liberales están tan de acuerdo en un intervencionismo claro de la economía con los incentivos y la inversión pública. No puede ser de otra manera.

Ha cambiado la perspectiva de la Unión Europea sobre esto, quizás tengamos en nuestra memoria de forma muy reciente la actuación de la crisis de 2008, también la de los gobiernos estatales y como no, las comunidades autónomas. Es una pena, que en algunos aspectos, la política no sufra ese tipo de cambios necesarios para afrontar estos desafíos desde la unidad.     

Pero el escenario clarificador que ha dado el Ministerio de Hacienda tras el Consejo de Política Fiscal y Financiera, es cuanto menos, esperanzador. Garantizan la realización de unas cuentas expansivas para 2021, una administración que tira y tirará del sector privado, que mantendrá las prestaciones sociales de protección, que mantendremos el nivel de compromiso social para afrontar esta crisis, que incrementará la financiación autonómica pese a la caída de recaudación y del PIB, y que por lo tanto, pese a los agoreros, no habrá recortes en 2021.

Era muy difícil encontrarnos en otro escenario que no fuera éste. Aunque algunos han intentado tirar de la retórica del abandono, el Gobierno de España, este gobierno, ha sido el gobierno de las herramientas para afrontar la crisis, superávit, endeudamiento, remanentes, entregas a cuenta y si hablamos de políticas propias, todos las conocemos; ERTES, líneas ICO o Ingreso Mínimo Vital. Algún lector puede caer en la cuenta de que al gobierno no le quedaba más remedio, la diferencia es que otros sabemos ya lo que hubieran hecho.

La suspensión de las reglas fiscales y financieras para 2020 y 2021 suponen un alivio, pero también supone que se podrá combatir con toda la fuerza de la política social esta desastrosa crisis, la parálisis, y se podrá abordar la recuperación con la inyección necesaria de nuestro sector público.

Desde luego que en Canarias, a las puertas de la aprobación en el Parlamento autonómico del Plan Reactiva Canarias, supone un impulso, un espaldarazo a la ficha financiera planteada. Es muy difícil oponerse, cada día que pasa hay más certezas sobre este plan, por tanto, a quienes buscaban excusas, sobre la mesa garantías numéricas.

Las garantías y necesidad política han quedado más que demostradas desde el 14 de marzo a hoy. 

Canarias tendrá presupuestos en 2021 y no cualquier presupuesto. Canarias, como sabíamos, tendrá Plan de Reactivación, protección, expansión e inversión. El cumplimiento de lo firmado, sin recortar en los servicios públicos ni en la inversión. 

Un documento que se empezó a elaborar los días siguientes a la activación del Estado de Alarma en nuestro país en reuniones de trabajo en previsión de las consecuencias sociales y económicas que supondría el coronavirus en las islas. Una economía altamente dependiente que conllevaría la pérdida de riqueza colectiva, de miles de empleos, de empresas, y que arrastraría (más aún) a la pobreza a muchos canarios y canarias.

Consecuencias devastadoras que han de tener una respuesta de las mismas magnitudes. Por ello, el ambicioso pacto propuesto recoge cinco ejes fundamentals. El primero es el principal colchón para reducir el impacto social en las familias canarias: el mantenimiento de los servicios públicos y sobre todo su defensa como eje vertebrador de la sociedad; la sanidad pública, la educación pública, la dependencia, las pensiones. En definitiva, el fortalecimiento del Estado del Bienestar, que como hemos visto en esta crisis, es el mecanismo más efectivo para proteger a los más vulnerables.

El segundo tiene mucho que ver sobre el cómo saldrá nuestro sistema sanitario y su capacidad de carga de esta crisis. Considero que, a estas alturas, nadie puede discutir la calidad y la necesidad de nuestra sanidad pública, pero sí bien es cierto que tiene que estar preparada para el futuro próximo en previsión de otras pandemias, y con la garantía de poder atender en condiciones óptimas a la ciudadanía evitando el riesgo sanitario.

Para ello, la inversión en material y en infraestructuras, reforzar la Atención Primaria, trabajar los indicadores de medición y los protocolos. También es fundamental la mejora de la capacidad sociosanitaria, la mejor herramienta, sin lugar a dudas, es la Ley de Dependencia, su aplicación y financiación plena.

El documento entregado también recoge un tercer apartado dedicado a la delicada situación de las personas que en Canarias están en pobreza o riesgo de la misma. Es cierto que ya el Gobierno activó en tiempo record y de forma ejemplar, el Ingreso Canario de Emergencia, una medida de muchas que vienen a conformar un gran escudo social que permita un mínimo de dignidad social.

Por ello, es vital no olvidar el artículo 24 de nuestro Estatuto de Autonomía y la Renta Ciudadana, así como agilizar, facilitar y mejorar la Prestación Canaria de Inserción, siempre en coordinación con los Cabildos y Ayuntamientos, que serán fundamentales para la reactivación.

Y todo ello, fomentando el empleo, fundamental mantener los ERTES y políticas activas para el empleo y la protección de los autónomos y Pymes. El mantenimiento de nuestro tejido productivo, ligado principalmente al turismo, también recogido en el documento en un apartado propio que, enlazado con el último, la reactivación de la economía, serán primordiales para que toda la cadena de políticas propuestas funcione de forma adecuada.

Inyección de liquidez a las empresas, la potenciación de nuestro sector industrial y comercial, también el del transporte, la protección y la obligación de relanzar nuestro sector primario, en el horizonte de una soberanía alimentaria que no sólo ayude a mejorar las condiciones del sector, sino que su peso dentro de la economía canaria sea mucho más sólida.

Y todo esto, dentro de una estrategia que debe estar impregnada en todos y cada uno de los ejes, del desarrollo sostenible de nuestras islas y el cumplimiento de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Una forma de crecer distinta, social y sostenible, que no deje a nadie atrás y que sea justa, que consolide empleo de calidad y fortalezca el sector productivo de la mano de nuestro entorno.

Es una oportunidad que desde el consenso político, económico y social, que desde el sector público y privado, con inversión pública y privada, que con nuestros hechos diferenciales y el aval de Región Ultraperiférica, marca un nuevo camino para reactivar entre todas y todos una nueva página de la historia de nuestras islas, de la cual debemos salir reforzados y además donde todos nos encontremos identificados.

Por ello, animo a la participación en este documento elaborado por el Gobierno de Canarias que recoge de forma amplia la radiografía social y económica de nuestras islas, y que además, con un futuro plan que será trabajado en el Parlamento de Canarias, dará la consistencia política y económica que nuestras islas merecen.

Hoy, gracias al esfuerzo colectivo y a la responsabilidad individual tan citada en estos tiempos, comenzamos a ver que doblegamos la curva y entramos en otro escenario. Estas pautas de trabajo en coordinación siguen siendo más necesarias que nunca, respetando, como ha dejado claro Pedro Sánchez en diferentes ruedas de prensa y sesiones parlamentarias, una desescalada asimétrica, con singularidades y por supuesto, coordinada.

A partir de ahí, todas las comunidades autónomas han presentado ante el Ministerio de Sanidad sus propuestas adecuadas a sus circunstancias y singularidades, siempre con aval científico y garantías sanitarias. También Canarias.

El presidente Ángel Víctor Torres, ha tenido semanalmente desde ese 14 de marzo, y de forma continuada, reuniones y contacto directo con todos los partidos políticos, agentes sociales y económicos, con la Federación Canaria de Municipios, con la Federación de Cabildos Insulares, espacios donde cada una de las partes ha podido escuchar los planes del Gobierno de España y también del Gobierno de Canarias.

Espacios donde todas y todos han hecho sus reclamaciones, aportaciones y pareceres. A esto se suma una cantidad innumerable de reuniones del Comité de Expertos del Gobierno de Canarias. Cada uno en su espacio de trabajo, aportando y trabajando en la salida y respuesta a la crisis sanitaria.

El pasado viernes culminó con la propuesta de desescalada del Gobierno de Canarias, presentada a los mismos agentes políticos antes citados, empezando por el propio Consejo de Gobierno de Canarias y terminando con su presentación a la ciudadanía en rueda de prensa. Obligada transparencia para abordar el futuro próximo que viviremos en las islas.

Es inconcebible que el Gobierno de España se desentienda ahora de la desescalada por territorios en esta nueva etapa, como es inconcebible que no se atienda a las singularidades de cada territorio, y, afortunadamente, no será así. El Gobierno ya ha dejado patente que la desescalada se hará de forma asimétrica, y teniendo en cuenta las singularidades de cada territorio, como el nuestro y el del resto de comunidades.

Canarias ha presentado un plan de desescalada concreto, muy elaborado, con garantías científicas y sanitarias, y ahí también ha dejado de manifiesto que estamos preparados para cumplir con las recomendaciones sanitarias incluidas en la estrategia de transición que se ha trasladado desde Alertas y Emergencias Sanitarias al Ministerio de Sanidad y a las comunidades autónomas, evitando posibles riesgo o estrés sanitario en el futuro, garantizando la asistencia sanitaria de calidad a todos los pacientes, pase lo que pase.

Por lo tanto, cada paso dado está no sólo respaldado, sino que tiene un aval de gestión para el futuro, anticipación a los tiempos y que requiere, por lo tanto, la misma precisión en la gestión de la desescalada que hubo el pasado 14 de marzo, coordinación, garantías y transparencia.

Hemos leído, visto y escuchado comparaciones con la crisis de 2008 que aún en muchas familias canarias se venía arrastrando de la mano de la precariedad y falta de oportunidades, pero afortunadamente, el frente económico y político hoy, no es el de hace unos años.

Hemos pasado del austericido a un tímido keynesianismo necesario y obligatorio. El sector público al servicio de la ciudadanía. Hemos visto a empresarios dispuestos a una renta mínima, incluso a los protagonistas de pasadas pesadillas defender ese ingreso mínimo vital. No debe existir duda alguna, no vamos a dejar a nadie atrás. Para eso, recursos públicos y solidaridad, por parte de todos, pero especialmente, también de la Unión Europea.

Por eso, son tan necesarias y acertadas las medidas adoptadas por el Gobierno de España en materia económica y social, un sistema de protección para los ciudadanos que llega a cada rincón de España, y en lugares como Canarias que ya venía arrastrando datos avergonzantes de pobreza y desempleo, son más necesarias que nunca.

Los ERTES, como herramienta para frenar la destrucción de empleo, suponen una inversión en nuestras islas de 340 millones de euros, así como los 100 millones para ayudas a los desempleados o los casi 100 para los autónomos. Recursos públicos del Estado que vienen directamente a proteger a cientos de canarios y canarias que tristemente se han visto golpeados por las consecuencias económicas y laborales de la crisis sanitaria.

No esperábamos menos. El Estado ha estado a la altura, a las puertas de un ingreso mínimo vital que cubra todas y cada una las necesidades de la ciudadanía. El Estado invierte en una situación extraordinaria, al margen de cualquier acuerdo bilateral, millones de euros para protegernos del impacto de esta crisis.

Y esto además, viene reforzado por un Gobierno de Canarias que como se espera de cualquier ejecutivo socialmente sensible, ha puesto a disposición de la crisis social todos los recursos posibles para igualmente paliar los efectos sociales del COVID; ampliación de los plazos fiscales; complemento a la prestación extraordinaria de autónomos por cese de actividad; exoneración del pago del alquiler a viviendas sociales ( 17.253 familias); ayudas al alquiler; garantía educativa y de formación, protección al sector primario y cultural y la necesaria y primordial prestación de emergencia que garantice un ingreso durante este periodo de incertidumbre a miles de familias en Canarias.

En una profunda crisis sanitaria llena de incertidumbres, nuestro objetivo debe ser que esta crisis no se convierta en estructural.

El necesario plan de reconstrucción anunciado por el presidente del Gobierno se debe elaborar en un intenso y continuo diálogo, como ha demostrado estas últimas semanas, para que se logre el objetivo de un crecimiento económico rápido, sosteniendo el tejido empresarial, pero sobre todo, por encima de cualquier cosa, protegiendo a la población afectada y sin que nadie se quede atrás.

Canarias cuenta con un doble paraguas social, un sistema de protección reforzado; un Gobierno de España que cumple con las necesidades de una tierra ya golpeada y un Gobierno de Canarias que reorienta sus prioridades a salvar la dignidad social de los canarios y canarias.

El mundo que creció por encima de sus posibilidades y no se paró pese a las desigualdades, lo hizo por el COVID-19.

Nos acostumbramos a la rapidez de los tiempos, al individualismo deseado, al materialismo y ahora, confinados, probablemente añoremos aquello que nada tiene que ver con estas cuestiones. El virus nos ha devuelto lo emocional, la necesidad del desarrollo en la convivencia, al animal social, a la cercanía, la familia y amigos, los ratitos en compañía, los paseos, el oxígeno, la vida.

Todo volverá y cuesta pensar que después de este shock colectivo será igual, no debe serlo.

Pero antes, debemos ser conscientes de que estas circunstancias que han traído a nuestro lenguaje palabras como la responsabilidad individual y colectiva, comportamiento cívico, coordinación, colaboración y solidaridad también deben partir desde un ejercicio individual hacia la colectividad.

El tiempo de sacar lo mejor de nosotros en la amplitud de la palabra ciudadanos, como también lo mejor de los representantes públicos. Ejemplaridad en la responsabilidad cívica, es lo que pido como ciudadana y reivindico como representante pública. Es tiempo de sumar, de confiar y dar la grandeza que se merece a nuestro aparato, más que nunca hoy, aparato del Estado, nuestros servicios públicos se han desplegado de una forma extraordinaria, es el momento también de revalorizar, lo que todos compartimos, que es aquello justamente que está al servicio de la ciudadanía, el sector público y el Estado.

En el ámbito político, también acostumbrado en los últimos años a estar envuelto de crispación y falta de entendimiento en muchas ocasiones, se ha, se debe producir este parón colectivo que sufrimos, es la hora de ir a una.

Decía un acertadísimo presidente Pedro Sánchez hace unos días “esto no va de territorios, de ideologías, de partidos, va de ganarle la partida al virus. Aquí no nos jugamos ni la imagen, ni la reputación, ni un titular. Esto va de salvar vidas. No cabe el egoísmo”.

Para repetir, una y mil veces cada vez que alguien tenga la tentación de hacer política barata con este asunto. Estar a la altura en estos momentos significa empatía, arropo, apoyo, complicidad, diálogo, transparencia y voluntad. En ese marco es en el que debe moverse la política hoy, no hay otro, no hay más, tenemos que salir de esta, juntos y juntas.

Dar una respuesta sanitaria eficaz y una salida social y económica digna, por ese orden. Por todo ello, dentro de este caos, nos necesitamos. Y es de agradecer que en Canarias, exista, desde esa responsabilidad cívica antes citada, la mano tendida entre todos los grupos políticos con representación parlamentaria para aunar esfuerzos, apoyar al Gobierno, al presidente Torres y tejer conjuntamente el futuro próximo para nuestras islas. A una.

Y exactamente así es, somos el punto de conexión con América, África y Europa, el escenario que sirve a muchos para descubrir al continente vecino, olvidado vecino. El punto de encuentro de culturas, de proyectos de vida, de esperanza, de anhelos, de personas. Personas que encuentran en este pequeño rincón del mundo una oportunidad, como muchos lo hicieron antes a la inversa.

Es justamente esta riqueza geográfica y cultural la que nos debe cargar de solidaridad para afrontar los retos migratorios que vive este mundo de desequilibrios, de guerras, de pobreza extrema y de exilios, hoy, también, climáticos.

Nadie debería salir de su país por cualquiera de estos motivos, más que por su propia voluntad. Por lo tanto, el trabajo es enorme e inmenso, trabajar en origen, frenar aquellos que mercadean con la miseria de la gente organizados en mafias, trabajar para que la desesperación no lleve a nadie a jugarse la vida en el mar, generar trabajo y autonomía que permita el desarrollo vital de personas en paz, con estabilidad política. En definitiva, dar las oportunidades que cualquier persona merece tener, y por otro lado, en destino, asistir, integrar y acoger a quienes huyen.

Canarias se caracteriza por recibir múltiples nacionalidades, aproximadamente entre 15 y 20 mil personas de otros países llegan a Canarias anualmente. Ahí encontramos etiquetas (de las que a algunos les encanta) para todos los gustos; británicos, italianos, marroquíes, chinos, portugueses, venezolanos. Personas, en definitiva, que contribuyen a esta riqueza intangible de los canarios y canarias que además de generosa, es solidaria.

Un pueblo de acogida, que ha afrontado situaciones muy difíciles en años anteriores respecto a flujos migratorios y que ahora, una vez más, debemos cogernos de la mano para dar lo mejor de nosotros como comunidad de paz y de convivencia.

Paz y convivencia de la que nosotros, los representantes públicos, debemos dar ejemplo, en colaboración con todas las administraciones ante un drama humanitario que supone que miles de personas se lancen al mar en busca de un futuro legítimo mejor.

Por eso, hay que felicitar a este Gobierno por tomar la decision de liderar y convertir en un asunto de Estado a este reto migratorio al que nos enfrentamos en las islas. La celebración del encuentro de este jueves en Canarias con la presencia del ministro del Interior, las administraciones canarias y las ONG y colectivos sociales, ha sido un ejemplo no sólo de coordinación necesaria, sino de exigencia con lo que se espera de un gobierno que debe tomar medidas que contribuyan a mejorar los medios y la atención que se presta a los migrantes en nuestro Archipiélago.

Ejemplo de gestión anterior en materias como ésta la tenemos en aquellos años del Gobierno de Zapatero con José Segura Clavell en la Delegación del Gobierno, que hicieron que hoy estemos mucho mejor preparados para afrontar situaciones de migración como la que vivimos.

La solidaridad que ofrecieron desde muchos ayuntamientos hasta las instituciones europeas, debe replicarse en los momentos actuales, más aún cuando vemos a una ultraderecha racista y xenófoba que justamente lo que debe hacer es reforzarnos en solidaridad y empatía hacia el otro, aislando pensamientos que poco tienen que ver con el mundo del siglo XXI, y que aún no entiende cuál puede ser la alternativa a la acogida y a la solidaridad.

Demostremos, una vez más, que Canarias es una ventana abierta al atlántico cargada de humanidad.

Es cierto, algo ha cambiado. La preocupación en el debate, como debe ser, es el reflejo de la preocupación social presente en nuestra ciudadanía acerca de nuestro entorno.

En una década clave, en un año clave, en unas circunstancias claves, todos nos hemos puesto manos a la obra para remover conciencias. Pero en este ámbito, no sólo las palabras son efectivas, aún generando pensamientos críticos, necesitamos fortaleza en los hechos para poder vivir en un entorno favorable a la propia vida.

Parece una obviedad, pero lo único cierto es que el abuso constante sobre nuestros recursos naturales nos ha llevado a este punto, que debemos evitar que sea de no retorno, o al menos minimizar su impacto.

Esta preocupación parlamentaria conecta directamente con la iniciativa del Gobierno de Canarias en materia medioambiental y su compromiso con nuestra tierra, con nuestra tierra, y con nuestro planeta.

En estas semanas de Cumbre Internacional del Clima, en la cual ha participado de forma muy activa el Gobierno de Canarias, en la persona del presidente, pero también con una intensa agenda de la Consejería de Transición Ecológica y Lucha Contra el Cambio Climático, con José Antonio Valbuena al frente, hemos visto también, como diversas empresas de nuestras islas, pioneras en la incorporación de la sostenibilidad en su propia actividad, o incluso el seguimiento exhaustivo de los medios de comunicación de estas semanas de trabajo, nos hace pensar que un amplio sector de la población, también está en ello, por lo tanto, parece, que todos hablamos el mismo lenguaje.

Hablar el mismo lenguaje, significa entendimiento y comprensión, y algo que es fundamental, generar sentimiento identitario entorno a un asunto tan importante.

Los partidos políticos invertimos esfuerzos en generar sentimiento identitario en nuestras propias filas, las organizaciones, las asociaciones, los propios territorios, apelan a los hechos compartidos para trabajar por ellos, como herramienta de convicción. Diría que en parte, esta etapa la tenemos ganada.

Ahora es necesaria no sólo la implicación de los gobiernos a todos los niveles, es necesario que en lo más íntimo de nuestro comportamiento individual diario actuemos en conciencia de lo que estamos defendiendo, y cambiemos nuestros patrones de comportamiento, de la mano de los cambios en las políticas públicas.

Vivir como pensamos, actuamos y nos relacionamos con nuestro entorno es un primer pequeño paso en esta lucha de gigantes en la que nos va la vida, porque si pensamos en agua, oxígeno o la propia tierra, estamos pensando en la propia vida.

Vivir en Canarias, y pensar en la defensa de nuestras islas desde el punto de vista medioambiental es inherente a nuestra identidad. En un territorio frágil y fragmentado, con unas condiciones climáticas excepcionales, con el mar que nos rodea, que debe ser limpio, con cielos únicos admirados internacionalmente, con nuestros parques naturales y las reservas de la biosfera, que nos hacen únicos, deben ser una oportunidad no sólo para su defensa, también para ser ejemplo y apostar por abrir oportunidades de investigación en esta materia en nuestras islas, que nos protejan pero que también pueda contribuir a esta lucha de identidad mediambiental en Canarias

No seré yo quien recurra al mantra de la responsabilidad, pero sí haré una llamada al diálogo que abra caminos y oportunidades, pero no para un momento concreto en unas circunstancias concretas de nuestra historia, sino diálogo para saber convivir en un marco político exigente que no puede llevarnos a la frustración.

Diálogo que supere los extremos irracionales, que aísle conductas impropias de una democracia avanzada, moderna y consolidada. Afrontar los errores y en cierta manera, cambiar las costumbres de esta nueva etapa en nuestro país, es una obligación. La política, en estos tiempos, nos lleva a superar cada día la diferencia para encontrarnos en el diálogo posibilista de la convivencia.

La convivencia de los ejes izquierda-derecha; la convivencia público-privada; la convivencia, también, del centro-periferia; y por supuesto que el eje territorial, ahí donde están los regionalistas y nacionalistas también para apuntalar el sistema.

Canarias, como región, con todas sus singularidades y hechos diferenciales, ha sabido aunar durante años todos los ejes anteriores entorno a la defensa los intereses de Canarias. Algo que se reflejó hace escasamente un año con la aprobación de nuestro REF y nuestro Estatuto de Autonomía de Canarias, propiedad de nadie, propiedad de todas y de todos.

Su cumplimiento no es sólo una obligación, es una exigencia de todo aquel que pretenda gobernar este país y gobernar Canarias. Por lo tanto, entendiendo esta máxima, encontramos el primer punto de diálogo con formaciones nacionalistas de cara a lograr una mayoría que permita a este país avanzar. Lo que es ley, y además con un amplio consenso, es indiscutible.

Dejando claro este punto de partida, el PSOE está dispuesto a desbloquear la investidura y dar pasos hacia una legislatura completa, donde exista diálogo y mucho, para los equilibrios parlamentarios, para los Presupuestos Generales del Estado, para los propios intereses de los territorios. No sólo cumplirá con lo que es obligatorio, también tejerá las relaciones necesarias para construir un país vertebrado, social y territorialmente, y de esto, también tendrán que ser parte aquellos a quienes les han votado aún sin una mayoría suficiente para gobernar, pero sí para hacer bandera de la convivencia.

Canarias y sus 15 diputados en el Congreso, deberán, en esta legislatura que acaba de iniciarse, saber tejer el presente y futuro de diálogo para Canarias y para España, con un alto nivel de exigencia, entre el hartazgo generalizado y la superación de la rigidez actual.

Desbloquear este país no es una cuestión del PSOE. Contribuimos todos en el camino de la convivencia para recuperar la política, la buena política, y por fin, poder proyectar un país y por supuesto, una Canarias con garantías y certezas de futuro.

Cada día que pasa con un Gobierno de España bloqueado, supone, también, un bloqueo al progreso de Canarias.