En estos días se celebra en Madrid la vigesimoquinta reunión de las partes del Convenio Marco sobre Cambio Climático de Naciones Unidas (COP25), con una llamada urgente a actuar ante las consecuencias, cada vez más evidentes, del indiscutible calentamiento de origen antropogénico que está sufriendo el planeta. En las reuniones que están teniendo lugar en la zona azul se hablará mucho sobre cómo atajar sus consecuencias.

Desgraciadamente, el cambio climático no viene solo, sino que se trata de una manifestación más de una enfermedad que presenta muchas caras, a la que denominamos cambio global, y que tiene como origen último el aumento y la aceleración de la actividad humana sobre el planeta. Una de las consecuencias más importantes que tenemos que abordar en este contexto de cambio global y emergencia climática será, sin duda alguna, la aceleración de la crisis de la biodiversidad.

El pasado mes de mayo, el Panel Intergubernamental de Ciencia y Política sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas de Naciones Unidas (IPBES), presentaba en París un informe sobre el estado global de la biodiversidad y sus cambios durante el último medio siglo. En este exhaustivo informe, se pusieron sobre la mesa las cifras del reto que tiene la humanidad por delante. Así, de los aproximadamente 8 millones de especies que se conocen hoy día, se ha calculado que más de un millón se encontrarían en peligro de extinción en las próximas décadas. La conclusión no podría ser más alarmante, puesto que el ritmo de la desaparición de especies en nuestro planeta se estaría acelerando, estimándose, al menos, entre decenas y cientos de veces mayor que el ritmo medio de las extinciones naturales conocidas en los últimos 10 millones de años. Estos datos nos situarían ante una situación prácticamente sin precedentes dentro de la historia de la humanidad.

Aunque hay quien, caricaturizando la cuestión, trata de señalar éste como un problema de ricos, con sus necesidades materiales cubiertas, que tienen inquietudes éticas y/o estéticas, no estamos hablando de un problema menor. Hay que entender que la diversidad de la vida, en sus distintos niveles (genética, de especies y de ecosistemas), no es sólo la fuente de los recursos naturales y la que presenta los mecanismos que procesan los residuos, emisiones y vertidos en los que se basa directa o indirectamente toda nuestra actividad económica y nuestra supervivencia material, sino que también es uno de los principales elementos reguladores de las condiciones en las que se desarrolla la vida en nuestro planeta, también la nuestra, por su papel dentro de ciclos biogeoquímicos como los del agua, el carbono, el nitrógeno o el fósforo. La casi total certeza de que los objetivos para frenar la pérdida de biodiversidad en 2020 tienen pocas probabilidades de cumplirse, tal y como se ha concluido el mes pasado en la última conferencia de las partes del Convenio de Biodiversidad en Egipto (COP14), a buen seguro influirá en la viabilidad de muchos de los objetivos de la Agenda para el Desarrollo Sostenible 2030 (Objetivos de Desarrollo del Milenio), afectando también a las metas de otros convenios internacionales (Desertificación, Cambio Climático, Humedales, etc.).

Las causas últimas de esta situación hay que buscarlas en el aumento y la aceleración de la actividad humana debido a la adopción de un modelo socioeconómico insostenible. Tal y como señala IPBES, dicho modelo está en la base de procesos de urbanización y fragmentación territorial, expansión de la frontera agrícola e intensificación de las actividades asociadas, así como el aumento de la presión sobre el mar, que han producido enormes cambios en los usos del suelo y del mar; también de aumentos de la contaminación del suelo, el mar y el aire, lo que ha afectado a multitud de especies, incluida la nuestra, siendo una causa reconocida de numerosas enfermedades crónicas y muertes prematuras; o del incremento del 40% en los registros de especies invasoras afectando a una quinta parte del planeta, con los impactos que eso tiene sobre las especies locales, que han caído un 20%, así como en el funcionamiento de los ecosistemas; y, también del calentamiento global, cuyo aumento de algo más de 1ºC en la temperatura del año 2017 con respecto a los niveles pre-industriales, subida de entre 16 y 21 cm de los niveles del mar con respecto a principios del siglo XX, así como aumento creciente en número e intensidad de los fenómenos meteorológicos extremos, con las consecuencias asociadas (fuegos, inundaciones, sequías, etc.), están teniendo impactos considerables sobre distintos aspectos de los ecosistemas, tales como su distribución geográfica, sus ritmos, la dinámica de las poblaciones, y el funcionamiento de los mismos, así como consecuencias indirectas sobre las actividades humanas dependientes de la explotación de estos sistemas.

En este contexto, no es posible implementar una sola receta, sino que es necesario abanderar el desarrollo de múltiples soluciones. Por un lado, estarán las medidas de gobernanza encaminadas a afrontar el reto de la coordinación institucional, y la participación y legitimación ciudadana; también serán necesarias políticas concretas que reduzcan de modo absoluto, a nivel global, el carrusel de producción y consumo de bienes y servicios económicos, con la disminución asociada en el consumo material y energético y sus consecuencias ambientales, indisolublemente acoplados; a la vez, es necesario poner en marcha modelos de gestión integrada para coordinar a las distintas políticas sectoriales en su coherencia con los objetivos de conservación y protección, incluyendo sistemas de gestión ecosistémica, en un contexto de planificación territorial con base ecológica; es necesario planificar las ciudades bajo un prisma diferente, que prime aspectos como la cercanía o la edificación sostenible; y, finalmente, también serán necesarias políticas económicas y financieras firmes para el abandono de determinadas actividades económicas incompatibles con el planeta, a la vez que se incentivan otras necesarias para acabar con la desigualdad y la pobreza.

Sin embargo, en estos días volvemos a escuchar que la propuesta para abordar estos retos sigue siendo el desacoplamiento entre crecimiento económico y consumo de materiales y energía, así como todas sus variantes (emisiones, agua, etc.), basado en un ciego optimismo en el desarrollo técnico y en los mecanismos del todopoderoso mercado. Más consumo energético, pero renovable (incluyendo en este apartado a la nuclear); más consumo material, pero con mayor reciclaje; más alimentos, pero con un modelo más intensivo, conservación, pero en espacios más humanizados, emisiones, pero reguladas por la compra-venta de bonos, etc., son algunas de las recetas estrella. Se trata de un acto de fe hacia un supuesto futuro económico de mayor crecimiento con menores impactos ambientales, que sigue sin entender que las premisas del modelo económico que han generado el problema no pueden ser nunca la solución a los problemas intrínsecos al funcionamiento del mismo. A la vez, raramente se cuestiona el statu quo de injusticia social y desigualdad derivado, lo que se ejemplifica muy bien en el traslado de la COP ante el estallido social protagonizado por los chilenos.

Nuestro planeta, y también nuestro país, se juegan mucho en la solución de esta crisis, y no hay tiempo para seguir distrayéndonos con los cantos de sirena del capitalismo verde.