Ni los gritos en el pleno del Congreso ni los tambores de guerra lograron silenciar el ruido que más ansiábamos escuchar en mi edificio: el zumbido del ascensor arrancado. El jueves pasado, después de ocho largos meses, volvió a funcionar. Qué cosa tan insignificante en medio de escándalos de corrupción, qué nimiedad mientras se agita peligrosamente el tablero político mundial. Pero qué importante al mismo tiempo para la vida cotidiana, me digo cada vez que aprieto el botón de llamada. Y, probablemente, ahí esté el problema, que pasamos por alto lo que de verdad sostiene nuestra vida diaria.

Habían pasado 232 días en los que subimos y bajamos a pulso el carrito de mi bebé, la bici de mi hijo mayor y las bolsas de la compra. Pero todo eso no es nada comparado con lo que ha vivido mi vecina del segundo, que va en silla de ruedas. Para ella, la avería del ascensor no fue solo una incomodidad: fue una parálisis forzada. Las escaleras se convirtieron en una frontera infranqueable con el mundo exterior y su vida se detuvo el 29 de octubre de 2024 con la misma brusquedad con la que la nuestra solo se volvió cuesta arriba.

La DANA nos dejó empantanados, literalmente y en sentido figurado. Porque una cosa son las inundaciones y otra muy distinta es lo que viene después: la lentitud, la burocracia, la espera eterna. Basta dar un paseo por mi pueblo, Aldaia, para ver fachadas desconchadas, garajes inutilizados y ascensores que siguen fuera de servicio, porque hay vecinos y vecinas que han tenido aún peor suerte. Intentamos recuperar la normalidad mientras me pregunto si lo que realmente hace falta es que las cosas vuelvan a ser como antes.

Y es que todo apunta a que lo ocurrido no será una excepción. El clima extremo ya no es algo lejano ni puntual. Las DANAS, las olas de calor, las inundaciones... están aquí y han llegado para quedarse. Ignorar una y otra vez las alertas llevará a consecuencias peores si no actuamos ya. Adaptarse no es una opción, es una urgencia. Hay que prevenir, sí, y repensar infraestructuras, pero también hay que establecer mecanismos de respuesta más rápidos, más humanos, más justos. Y da mucho miedo y enfado pensar que esta necesidad tan real vaya a quedar sepultada bajo los escándalos. El escenario que vivimos y que viviremos nos sitúa en una disyuntiva compleja: si no tomamos parte de los cambios necesarios, si no exigimos y planteamos una transición justa y un escenario de futuro que escuche al planeta y las necesidades reales de la gente nuestro destino será que la misma élite que nos vocifera hoy y, la más peligrosa, la que sigilosamente acumula poder, decida por nosotros y nosotras. Quedará en sus manos decidir qué migajas nos deja en el nuevo reparto de equilibrios, qué energía podemos consumir, cuánta agua y hasta cuántos alimentos. Cosas tan cotidianas y tan cruciales a la vez.

Ayer, cuando el ascensor volvió a sonar, muchos lo celebramos como si fuera una victoria. Y lo fue, a su manera. Pero también fue un recordatorio de todo lo que falló en el camino. Ojalá aprendamos. Ojalá nos encontremos.

No hay un lugar de mi cuerpo en el que no encuentre barro cada noche desde hace cinco días. Desde las uñas de los pies hasta los pelos de la cabeza, lidio con el fango desde que una riada transformó para siempre mi pueblo de adopción, Aldaia, y todas nuestras vidas. Desde que hubo que coger cepillos, palas y cubos para achicar y despejar. Como todos mis vecinos y vecinas y la cantidad de gente que viene a ayudarnos, estoy de barro hasta arriba, una sustancia tan viscosa como la rabia que nos invade. 

Mientras los reyes llegaban a Paiporta con una gran comitiva, a mi pueblo llegó ayer una agricultora de La Rioja. Se subió a su tractor, dejó a medias los trabajos de su campo y decidió acercarse allí donde pudiese hacer falta. Gracias a su bomba extractora hemos podido empezar a vaciar uno de los garajes inundados del pueblo que, después de cinco días, aún seguía con agua del suelo al techo.

Ahora que he parado de trabajar por la alerta naranja me lleno de gratitud ante la ola de solidaridad ciudadana y de rabia porque la respuesta institucional esté siendo tan lenta. El recuerdo de la falta de avisos por parte de la Generalitat Valenciana pese a disponer de datos fehacientes que alertaban de un riesgo extremo se me agolpa y me enfurece.

Esa indignación se extiende al comprobar una respuesta demasiado tímida de las instituciones ante la catástrofe. A Aldaia, no ha llegado hasta hoy, 3 de noviembre, maquinaria pesada suficiente para poder avanzar en la limpieza de las calles y la retirada de las montañas de muebles, coches, electrodomésticos y recuerdos que el agua ha arrasado y el lodo ha destrozado.

Necesitamos toda la maquinaria y conocimientos especializados posibles para quitar lo que se acumula en nuestras calles, necesitamos que se restablezca el abastecimiento de comida y bienes de primera necesidad y necesitamos que el Estado dimensione la emergencia actual y la ayuda hará falta también después. Los procesos de peritaje y de pago de cuantías a través del consorcio de seguros son muy lentos y escasos. Si queremos volver a la normalidad cuanto antes, hace falta dotar de recursos humanos y materiales cuanto antes. Hay que rehacer casas, negocios y vidas. Y eso no puede esperar ni un segundo ni delegarse en el voluntarismo de quienes quieran sumar su grano de arena. Además, corremos el grave riesgo de condicionar el nivel de respuesta a la capacidad económica de los y las afectadas. Dejar en manos de la respuesta del mercado la capacidad de rehacer vidas sería aún más catastrófico. 

La falta de altura de miras y responsabilidad de las instituciones, de todas, han desencadenado en auténticas catástrofes. No solo por el escenario actual sino porque las alertas reiteradas sobre los efectos del cambio climático, sobre las consecuencias de modelos de ciudad y consumo pensados para una movilidad dependiente del coche y cantidades ingentes de combustibles fósiles y energía han sido ignoradas una vez tras otra. Las alegaciones de grupos de científicos a cada infraestructura y desarrollo urbanístico en zonas inundables o que destrozaban los propios entornos de protección naturales han sido trituradas del mismo modo que el agua trituró casas la noche del 29 de octubre,  las consecuencias del cambio climático han llegado para quedarse. Estamos ante la deriva de elegir entre mitigar los peores efectos y adaptar nuestros entornos, ciudades, modelos de consumo y de ciudades o volver a lamentarnos y que la rabia y el agotamiento empiecen a ser cada vez más frecuentes.  

El barro se nos va a quedar dentro y la también la conciencia de que esto debe cambiar también. 

El Partido Popular ha hecho un gran descubrimiento: la gestión de Madrid Calle 30 debe ser cien por cien pública.

Almeida y su área de Obras y Equipamientos nos han comunicado que, si bien la gestión mixta de M30 resultaba en principio eficiente, “el transcurso del tiempo, los cambios normativos y la evolución económica” han hecho necesario replantearse el modelo. Y es que ese es el principal motivo del cambio: el ahorro económico que supondrá para las arcas municipales. “Es una opción más eficiente y sostenible, manteniendo el nivel actual de excelencia en el servicio”, afirman. De hecho, el Área de Hacienda solicitó un informe externo para determinar cuál era el modelo más conveniente. No hubo dudas sobre que la municipalización era la mejor alternativa.

Lo que hace Almeida es una enmienda a la totalidad de la política realizada por el PP con Madrid Calle 30, pero veinte años tarde y más de 1.100 millones de sobrecoste después solo en la elección de ese modelo de gestión que ahora anuncian querer cambiar. De hecho, en 2017, el PP votó en contra del mandato claro que surgió de la Auditoría de la Deuda y de las Políticas Públicas y el informe realizado: remunicipalizar Madrid Calle 30, comprar ese 20% y hacerla 100% pública. Se aprobó con los votos de Ahora Madrid, PSOE y Ciudadanos y el voto en contra del PP. 

El dictamen fue ignorado por quienes sucumbieron a las presiones de Montoro, pero también por el PP y Ciudadanos en 2019.

Ahora en 2023, Almeida descubre lo que todo el mundo sabía a estas alturas.

Nos han robado. 

Y, ¿sabéis una cosa?

Fueron ellos…

A nadie sorprende a estas alturas que existen constructoras que han financiado campañas electorales de determinados partidos políticos a cambio de algunos contratos. Desgraciadamente, ha sucedido suficientes veces como para que, en el imaginario colectivo, se haya instaurado como algo habitual. 

Pero la historia de la M30 supera, con creces, cualquier trampa habitual de quienes conviven con la corrupción y están acostumbradas a ella.

Alberto Ruiz Gallardón se presentó a las elecciones del Ayuntamiento de Madrid en 2003 con el proyecto estrella del soterramiento del tramo oeste de la M30. Pidió a las constructoras que se pusieran a trabajar en un proyecto que le diera la alcaldía. Toda la campaña electoral se centró en esta mega obra que escondía una auténtica ruina para las arcas públicas convertida, por la varita del alcalde, en un auténtico tesoro para las constructoras. Toda una estrategia plagada de trampas: ahí residía su magia.

El PP aseguró que apenas supondría un coste de 1.500 millones de euros y que no afectaría a la deuda municipal. 

La auditoría que realizamos en el período de gobierno de Ahora Madrid cifró en más de 9.500 millones de dinero público destinado a la construcción y mantenimiento de esta vía. Y no solo es llamativa la cifra, más de seis veces superior a la anunciada. Es que también la operación ha estado plagada de ilegalidades e irregularidades.

La primera trampa la hicieron con las obras: todas fueron declaradas ilegales.  Decidieron no presentar declaración de impacto ambiental (ojo, con unas obras de 48 km de vías y 500.000 m2 de carretera al lado de un río) con la famosa estrategia del chorizo: presentó la obra en trocitos y declaró que, cada uno de ellos por separado, no necesita dicha declaración. Hoy sabemos que es uno de los principales focos de contaminación de la ciudad y contraviene, además, el diseño urbano adaptado al escenario climático y energético.

La segunda de las trampas, que también pronto quedó en evidencia, se centró en ocultar la deuda. Lo hicieron con un modelo de gestión mediante una empresa mixta que permitiera alegar que la deuda para ejecutar el proyecto no era de la ciudad. No engañaron a nadie. Tampoco a Eurostat, que dejó claro que la deuda debía computar como pública y llevó los pasivos de Madrid a cifras desorbitadas. En definitiva, imputar deuda pública de forma masiva para hacer unas obras declaradas ilegales y que incorporaron gigantescos sobrecostes que eran aprobados en algunos casos en unos pocos minutos sin control efectivo del presupuesto público. 

¿Cómo diseñaron el modelo mixto de gestión?

Se fijaron los costes del mantenimiento de la infraestructura a realizar por parte de la empresa privada que resultase adjudicataria y la inversión que esta aportaría. A cambio, obtendría una rentabilidad fija cada año. 

Suena bien, ¿verdad? 

Pues ha sido con vuestro dinero, porque la licitación estuvo plagada de irregularidades.

1. ACS y Ferrovial constituyeron una UTE para presentarse a este concurso. Hasta aquí, nada raro.

2. Tenían que presentar una propuesta técnica perfecta puesto que su propuesta económica no era lo era tanto. Y fue tan perfecta que la valoración de algunos aspectos de la oferta era superior al máximo. Una maravilla, vamos.

3. Después debía celebrarse una reunión de la mesa de contratación para determinar quién se llevaba el contrato. Sin embargo, algo debió suceder, que ordenaron modificar el informe y convocar de nuevo la mesa 24 horas después.

4. Ahora sí, de esa nueva mesa, ACS y Ferrovial resultaron adjudicatarias del contrato con mayor rentabilidad que han tenido en España.

El resultado es que el modelo de gestión mixto nos ha salido carísimo. Más de 1.100 millones de euros de sobrecoste. Dinero público que, en vez de utilizarse para políticas públicas en beneficio de todas y todos, han engordado los dividendos de las empresas presididas por Florentino Pérez y Rafael del Pino. Es lacerante tomar conciencia que, con el pufo ocasionado por el modelo de gestión mixto que ha enriquecido a ACS y a Ferrovial, se habrían podido construir 18.000 viviendas para alquiler social en nuestra ciudad, multiplicando por dos las que ahora tiene la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo.

La empresa de economía mixta fue la culminación de la opacidad buscada. Eliminó a los consejeros de los partidos de la oposición, intentó ocultar la deuda para que no computase como propia de la ciudad, permitía saltarse órganos fiscalizadores durante la ejecución de las obras. Obviamente, el precio de esta opacidad ha sido soportado por todos y todas las madrileñas, que han visto recortadas año tras año las inversiones de la ciudad para intentar reducir la deuda desorbitada que las obras y su mantenimiento comprometido hasta el año 2040 generaron. 

Pero, además, la simple elección de un modelo de gestión totalmente lesivo suponía 1.380 millones de euros de coste hasta el final del contrato. De ese importe ya se han desembolsado más de 1.100 millones de euros que hubieran sido evitables mediante una gestión directa. Todo ello sin evaluar el ahorro real que hubiera supuesto una supervisión correcta de la ejecución de las obras y un contrato de conservación adecuado a las necesidades de la vía y no como respuesta a los intereses de la oligarquía española representada en las empresas constructoras y las entidades financieras. No nos olvidemos de las enormes carencias en el mantenimiento de la vía denunciadas durante nuestro mandato, las enormes irregularidades en los pagos por las obras en elementos inexistentes en la infraestructura (¿recordáis las famosas cámaras de los túneles o la estaciones metereológicas a precio de oro?) o como en apenas dos años decidieron aprobar duplicar el coste del contrato de mantenimiento que acaban de firmar. 

Pero el objetivo era otro: suponía un nuevo pacto entre élites y prueba de ello es la garantía de rentabilidad fija que el contrato ofrece a las empresas que se integraron en Madrid Calle 30 (Ferrovial y Dragados). Independientemente del nivel de conservación que ejecuten su rentabilidad quedó blindada mediante el reparto de dividendos de la sociedad y el pago de intereses de los préstamos que Madrid Calle 30 contrajo con estas empresas.

Si solo fueron malas decisiones las que causaron un quebranto económico tan descomunal, quedaría por determinar la asunción de responsabilidades políticas por parte de quienes embarcaron a la ciudad en una operación tan lesiva. Y estas afectarían, además de a Ruiz Gallardón, a Martínez Almeida porque los ocho años que habrán pasado entre la futura municipalización y el Dictamen que en 2017 instaba a cambiar el modelo son imputables a su gestión.

Desgraciadamente, los antecedentes que atesora el PP nos hacen ser desconfiados y sospechar que lo que ha ocurrido es más un saqueo que un error. Y la rescisión de la operación, tardía, será una nueva oportunidad para evaluar de qué lado está el actual gobierno de la ciudad. Aún no sabemos si alguien se lo llevó crudo por conceder unas ventajas tan sustanciosas a empresas, tanto en la construcción como en la gestión de la infraestructura. ¿Cobró alguien comisiones a cambio de tomar decisiones profundamente lesivas para los intereses generales? ¿Tienen relación los ingresos en la caja b del PP con las ventajas otorgadas a un puñado de privilegiados por decisiones políticas? ¿O fue solo torpeza? Lo adecuado es que la Fiscalía hubiese investigado la ingente documentación que le hicimos llegar para descartar cualquier actuación fraudulenta. Desgraciadamente adoptaron la decisión de dar carpetazo sin entrar en el fondo de la denuncia.

Nosotros fuimos fieles al mandato que las bases de Ahora Madrid y las y los votantes nos encomendaron. No nos dejamos arrastrar por las dificultades. Auditamos las políticas públicas, desvelamos las irregularidades y las ilegalidades y planteamos una alternativa adecuada para la gestión de Madrid Calle 30.

Nos llamaron de todo por ello. 

Ahora, el tiempo y Almeida nos dan la razón.

La supuesta búsqueda del progreso económico ha estado constantemente en conflicto con la justicia social, la garantía de condiciones de vida dignas y la protección de nuestro planeta. Bajo el mantra de la búsqueda de una aparente estabilidad económica, se han implementado políticas de austeridad que recortan derechos sociales y reducen las posibilidades de una vida digna a muchas familias, y todo ello mientras se ha permitido la deglución de los recursos naturales de nuestro planeta hasta unos límites que ha derivado, hace ya unas décadas, en un escenario absoluto de crisis ecológica.

El análisis del escenario actual dirige el foco causal de las emergencias que vivimos a haber aceptado las relaciones de poder como inamovibles. En asumir que el sistema actual es perpetuo y que el único margen de maniobra que permite se centra en la cesión de determinados derechos pero sin alterar una pizca las relaciones mencionadas. Es decir: mientras el rendimiento de tu trabajo y el rendimiento del planeta siga en las mismas manos.

Por otro lado, y alentado por las alianzas que se conforman en torno a esos círculos de poder —económico, mediático, jurídico y político—, se lanzan cuantas premisas sean necesarias para señalar como inviables las propuestas que pretenden eliminar esas relaciones de desigualdad y construir un modelo que siente las bases de la justicia social y la sostenibilidad ecológica. Pero no olvidemos las tremendas contradicciones que presenta: mientras plantean como irremediable el rescate bancario y justifican el aumento de deuda pública a tales efectos sin repercusión directa ninguna sobre la mejora de nuestras vidas o la protección de nuestro planeta, tachan de inasumible las inversiones necesarias para abordar las reformas sociolaborales que necesitamos, las políticas de cuidados que protejan nuestra vida y las políticas ecológicas que protejan nuestro planeta. Entendiendo que nuestros conflictos sociales, económicos y ecológicos derivan de las relaciones de poder y de la esencia de un sistema económico en búsqueda de constante crecimiento, podremos abordar las soluciones que den la vuelta a este escenario. Y sí, claro que hay dinero para abordarlo. Y sí, claro que podemos hacerlo. Nos va la vida en ello.

Ahora bien, compartiendo los movimientos ecologistas y sociales la causa de las crisis derivadas de la propia crisis del capitalismo, se siguen tomando como enfrentadas las posturas que abogan por un decrecimiento en el consumo de recursos naturales y energía y aquellas que pretenden el pleno empleo, vivienda digna y servicios básicos para todos y todas. Y es que esos círculos de poder que antes mencionábamos se encargan de enfrentar posturas para debilitarlas, por ejemplo, enfrentando a quienes defienden una movilidad sostenible y ciudades amables con los y las trabajadoras de fábricas de automóviles. Pero si nos deshacemos de la nebulosa que extienden quienes hablan de esta imposibilidad para eclipsar cualquier análisis económico y social que escape de su adoctrinamiento económico, veremos cómo no sólo es posible si no que es, a todas luces, imprescindible.

El motor de este perverso sistema económico exige de un crecimiento infinito y de una productividad creciente sustentada, principalmente, en 3 pilares: el consumo de recursos finitos y energía, la explotación de la productividad del trabajo de las personas asalariadas y la especulación en mercados que ya monetizan y comercializan con todo. Hasta el derecho de emitir CO2 a la atmósfera. Atendemos a sociedades en los que la economía se ha desprendido de nuestra condición nata individual y colectiva de depender enteramente de nuestro planeta y de las personas que lo habitamos. 

Todos los planteamientos de transición y transformación del escenario actual se suelen intentar rebatir con argumentos que pretenden atribuir una supuesta falta de viabilidad económica; como si los dogmas económicos actuales no pudieran cambiarse y como si esos mismos argumentos no hubieran sido superados en otras ocasiones. ¿Recuerdan cuáles eran los principales argumentos cuando se reivindicaba una jornada laboral de 40 horas semanales, el derecho a vacaciones remuneradas, el reconocimiento de la prestación por desempleo o enfermedad y otras muchas reivindicaciones sociales? Efectivamente, eran tachadas de inviables. La economía no debería entenderse alejada del marco social. Sus indicadores, sistemas de medición y cualquier herramienta empleada en esta ciencia social son creaciones del ser humano. Parece evidente afirmar, a la vez, que cada vez están más desconectadas del escenario real de la sociedad y de los límites físicos del planeta.

Las soluciones que entendemos que deben plantearse no pueden elegir entre abordar la crisis ecológica o la social; entre frenar el crecimiento en el consumo energético o garantizar condiciones de trabajo dignas. Las soluciones deben ser conjuntas y deben pasar por un paso previo que ignore las alertas de quienes vaticinan el caos en torno a tasas de desempleo masivas, la huida de empresas buscando otros espacios de consumo o la imposibilidad de abordar medidas por su coste económico. Partiendo de esas premisas deberemos abordar la conformación de un sistema económico, ecológico y social en el que dejen de existir las relaciones de poder actuales, en el que las necesidades laborales se repartan reduciendo la jornada laboral, atendiendo las enormes carencias en las políticas de cuidados y planteemos la reconstrucción industrial que necesitamos bajo indicadores sociales y ecológicos que no permitan repetir escenarios como el actual.

Hemos vivido impávidos cómo rescataban a la banca con ya más de 65.725 millones de euros, cómo la UE ponía en circulación más de 1,8 billones de euros en los fondos de reconstrucción para salvar un modelo económico moribundo, cómo el Banco Central Europeo ha creado ya casi 3 billones de euros de la nada para dinamizar los mercados financieros comprando bonos públicos y privados, cómo el déficit público de muchos países se disparaba sin que esto supusiera el ascenso de su prima de riesgo, de su inflación o de la devaluación de su moneda.

¿Os  imagináis que todo ese dinero fuera destinado a acometer las transformaciones que necesitamos para garantizar vidas que merezcan la pena ser vividas y para asegurar un planeta sano a nuestros descendientes? ¿Para crear empleos dignos para todas aquellas personas que quieren y pueden trabajar —especialmente orientados a satisfacer las necesidades sociales y ecológicas hoy día no cubiertas? ¿Para llevar a cabo una transformación de los modelos productivos y de las dinámicas económicas actuales con el objetivo de hacerlas sostenibles y respetuosas con el medio ambiente? Porque todo ello es perfectamente posible. Obtener financiación para lograr tales objetivos es la parte fácil, porque el dinero es un invento del ser humano para facilitar sus actividades, lo que ocurre es que hoy día se utiliza solo para lo que interesa a la élite dominante: para mantener un sistema bancario zombie, para inundar los mercados financieros y garantizar las ganancias de unos pocos, y para alimentar el negocio privado de determinados sectores económicos. Lo difícil es despertar de esta ensoñación en la que los poderosos nos mantienen atrapados para que no alteremos el rumbo del sistema y para que no antepongamos el bienestar colectivo y la salud del planeta a sus negocios.

¿Merece por tanto la pena cuestionar los mensajes alarmistas y carentes de todo rigor que pretenden dar como imposibles soluciones a nuestro alcance? No olvidemos las conquistas realizadas con la reivindicación colectiva. No podemos ignorar que los indicadores económicos son meramente una creación humana para medir ciertas variables y que está en nuestra mano sentar las bases de otro sistema distinto.

Estamos a tiempo, y merece la pena. 

En 1996, seis de cada diez viajes mecanizados en la región se realizaban en transporte público y cuatro en coche. Más de veinte años después, se ha invertido ese reparto y hoy sabemos que seis de cada diez viajes se realizan en coche. Entre medias, hemos vivido cómo la Comunidad de Madrid inauguraba infraestructuras de transporte a golpe de cita electoral: se han construido las líneas 8, 10 y metrosur, la ruinosa ampliación de la línea 7b, un segundo túnel de cercanías entre Atocha y Chamartín, los no menos ruinosos metros ligeros, la prolongación norte y sur de la línea 9 o el plan de intercambiadores entre otros. Aunque también se construyó la M 11, 12, 13, 14, 23, 31; las radiales 2, 3, 4, 5; la M45, se finaliza la M50 y se amplía de capacidad la M40, la A6 y la M30. ¿Impresionante, no? Resulta complicado estimar el desembolso en infraestructuras de transporte, pero podemos asegurar que la cifra supera los 50.000 millones de euros para hacer de esta Comunidad una región mucho más insostenible hoy que hace 20 años. Todavía algunos piensan que el problema se puede resolver con más infraestructuras y vuelven a plantear desdoblar la A1, la ampliación de la capacidad en el norte de la M30, de la A5, la gratuidad de las autopistas de peaje que constituiría en sí duplicar el acceso a Madrid por varias vías: que la rueda no pare.

Lo cierto es que han sido veinte años de abandono absoluto de cualquier política de planificación a medio o largo plazo, veinte años de carencia absoluta de modelo territorial y de movilidad. Veinte años de respuesta a las necesidades de la élite económica que bajo su batuta ha dirigido y condicionado el presente y futuro de nuestra región convirtiéndola, con el consecuente derroche de dinero público, en una de las más insostenibles. Política a golpe de inauguración buscando el rédito electoral y, presuntamente, previo pago del 1% correspondiente con cada nueva infraestructura destinando, también presuntamente, a objetivos muy alejados del interés general.

El pasado miércoles 26 de febrero, el Consorcio Regional de Transportes de Madrid presentó los resultados de la última Encuesta Domiciliaria de Movilidad de 2018 después de 14 años sin datos. Al parecer, alguien decidió guardar esta nueva encuesta en un cajón hasta que pasaran las citas electorales. Han sido 14 años tomando decisiones a golpe de sondeo electoral. De esos sí que ha habido varios durante este período.

La planificación, la búsqueda de una región más sostenible, cercana, próxima, que abandone el modelo de polarización residencia-trabajo que ha condenado la movilidad de nuestra región no entraba en los planes. Nadie consideró necesario tener datos para elaborar estrategias coherentes que coordinaran el modelo territorial y de transportes o evaluar las políticas llevadas a cabo una vez rota la cinta y hecha la foto.

Pensemos en toda esas generaciones que durante este tiempo han sido expulsadas de sus ciudades de origen donde no podían pagar un alquiler y mucho menos un piso en propiedad. Han quedado relegados al uso del coche en este proceso centrífugo bajo la promesa de estar “a veinte minutos de Madrid”. Porque todos los núcleos urbanos de la Comunidad de Madrid estaban a 20 minutos en coche de Madrid y, si no lo estaban aún, lo estarían con la nueva gran autovía que iba a construir el gobierno regional desde la puerta de sus casas al centro de la ciudad. Hoy sabemos que lo que consiguieron es 20 minutos más de atasco todos los días que hace 20 años y la correspondiente condena de nuestra salud.

Pero no nos llevemos a engaño. La Comunidad de Madrid sí ha tenido una política muy clara de ordenación del territorio: declarar que todo lo que no fuera urbanizable podría serlo, como así hizo la Ley del Suelo de Esperanza Aguirre. Esta herramienta venía a ser la panacea a los problemas de acceso al alquiler en nuestra región. Sin embargo, bajo ese paraguas, se camuflaba una de las herramientas más especulativas jamás conocida y, ¡oh! sorpresa, el mercado no resolvió el problema. Y así estamos, crisis mediante, con los mismos o mayores problemas de acceso a la vivienda y, de aspiraciones de relacionar lugar de residencia y trabajo, mejor no hablemos.

La triste figura del Consorcio Regional de Transportes de Madrid requeriría de un análisis separado. Ha pasado de ser un organismo técnico de planificación a un juguete roto de los responsables políticos de turno que comprometen día a día la dignidad de los técnicos que lo habitan. En la presentación de la EDM del pasado 26 de febrero no escuchamos ni una sola asunción de responsabilidad después de presentar los peores datos de la Encuesta Domiciliaria de Movilidad en sus 34 años de existencia.

Lo más trágico es que el daño está hecho. El territorio no se puede reconfigurar ni los patrones de movilidad inducidos durante décadas se cambian de la noche a la mañana. Sin embargo, es preciso actuar. No podemos continuar con la ausencia de intervención de los último años cuya inercia nos está poniendo a la cola del mundo cuando partíamos de posiciones de cabeza. Es necesario actuar y abandonar el discurso populista, demagogo y electoralista de las políticas de movilidad de los actuales responsables, dejar de arrojar pan al circo y plantear cada actuación dentro del escenario ecológico y social actual.

Es necesario aplicar políticas de vivienda efectivas que conviertan en una realidad el acceso a una vivienda digna en un entorno sostenible conectado con los servicios públicos, debemos insistir en la paralización de los desarrollos especulativos, exigir una estrategia de ordenación del territorio que tenga una vocación sostenible y diseñar para generar entornos abordables desde la movilidad. Debemos repensar nuestro entorno, conectarlo con el medio natural y rural, redensificar nuestras ciudades, volver a reconcentrar nuestros barrios.

Son muchas las herramientas disponibles para cambiar el rumbo de la movilidad y el urbanismo de nuestra región: estabilizar la financiación del transporte público, implicación del sector terciario en los costes de movilidad, promover una verdadera ley de movilidad (y no la caricatura existente) que asigne los costes sociales y ecológicos a los actores que realmente los provocan. Resulta imprescindible promover una nueva ley del Consorcio Regional de Transportes de Madrid que proteja su carácter técnico, lo dote de recursos adecuados, lo modernice y amplíe sus competencias a toda la movilidad, incluida la del coche y no solo la menguante del transporte público. ¿Qué sentido tiene que se siga pensando y diseñando las medidas de transporte público de espaldas a las del resto de la movilidad?

En definitiva, hace falta actuar bajo criterios de sostenibilidad y conciencia ecosocial sobre todos los niveles de planificación. Es una absoluta necesidad.

Estamos jugando el partido más decisivo de nuestras vidas. Y pese a tener en la conciencia colectiva la mejor herramienta para hacer de este partido el medio de transformación social, perdemos por demasiados puntos. La repercusión del cambio climático en este tiempo de descuento no lo marcará ningún árbitro. Tampoco partimos de las mismas condiciones, ni hay reglas justas del juego.

Y por eso es inevitable afrontar el conflicto.

En un lado están quienes pretenden perpetuar su negocio basado en el consumo ilimitado y la depredación de nuestro planeta, la alteración del metabolismo de la biosfera y el juego con nuestras condiciones de vida. En el otro estamos quienes buscamos un planeta sostenible, justo, socialmente comprometido, equitativo y construido colectivamente sin dejar a nadie en el camino.

Salvo para taciturnos negacionistas de codo en barra, las consecuencias del colapso ecológico son a día de hoy tan evidentes que su negación solo acentúa el servilismo hacia el sistema económico que lo causa. Afortunadamente, la ola de movilizaciones juveniles en todo el mundo ha sabido poner el foco en la exigencia de soluciones más allá de las vacías declaraciones de emergencia que, una vez aprobadas sin medidas concretas, quedan relegadas a posavasos de los brindis más elitistas. Estos gritos de rabia de la juventud exigen medidas concretas e inmediatas sabiendo que no es una circunstancia aislada, sino que es el resultado de décadas de capitalismo.

“El capitalismo mata el planeta” leemos en tantas y tantas pancartas.

Represión, recorte de libertades, tensión comercial, agotamiento de recursos, greenwashing, descafeinar la emergencia ecosocial… El capitalismo juega sus bazas avanzando mientras agudiza las desigualdades sociales. Multinacionales, sector energético, sector mediático y los principales partidos políticos de países ricos han construido un entramado de poder cuyo brazo se alarga hasta la actuación antidemocrática sobre gobiernos que se resisten a entrar en su rueda. Y para afrontar los efectos negativos de la contaminación, plantean “más mercado”. Es decir, potenciar la entrada a este “zoco” de los principales bancos y fondos de inversión, que acceden al mercado de emisiones simplemente para especular con nuestro futuro. Todo ello en el caso de la UE con una absoluta falta de transparencia por parte de la Comisión Europea, que es la única que tiene acceso a los derechos entregados y a la gestión de las emisiones por parte de quienes contaminan.

¿Nos toman acaso por idiotas? ¿Alguien en su sano juicio puede creer a estas alturas que hacer más negocio con el aire que respiramos va a parar la deriva suicida de este modelo económico?

Solo nuestra conciencia colectiva y organizada será capaz de construir la alternativa ecosocial que resista las embestidas de quienes pretenden asegurar la pervivencia de un sistema que nos condena al fracaso. Hay que actuar sabiendo que el coste de no hacerlo es disparatado en términos ambientales, sociales y también económicos. La Unión Europea prevé perder a finales del siglo XXI el 1,9% de su Producto Interior Bruto (PIB) anual, es decir, unos 240.000 millones de euros, si el calentamiento global supera los tres grados centígrados, como indican las proyecciones actuales.

Así que, dar un paso al frente no solo tendría el gran efecto positivo de reducir la incertidumbre asociada al cambio climático, sino que también llevaría consigo muchos beneficios colaterales, también económicos. Una mejor calidad del aire y una reducción tanto de la mortalidad prematura como de la morbilidad asociada no son temas menores. Acompañarlo de una mayor justicia en las relaciones económicas y un mayor bienestar junto con la creación de millones de empleos asociados al rescate de nuestro planeta, lo convierten en la mejor opción de inversión posible.

Habrá quién dirá que es una buena idea pero que, lamentablemente, su elevado coste la hace imposible. Nos intentarán desanimar, como si fuera una ensoñación de utópicos. Por eso, para acallar esos absurdos argumentos basta con señalar que para mantener a flote al sistema bancario, el Banco Central Europeo ha creado de la nada cuatro billones de euros en estos últimos siete años. ¿Intentarán acaso convencernos de que es imposible actuar con decisiones firmes para abordar la emergencia planetaria que amenaza a nuestra población, especialmente la más vulnerable, al tiempo que se siguen dedicando ingentes recursos a salvar a las élites?

Tal y como grita nuestra juventud en las manifestaciones, “si el planeta fuera un banco, ya lo habrían rescatado”.

La Cumbre por el Clima que se celebra en Madrid se desarrolla en un contexto crítico. La tensión en torno a la represión en Latinoamérica, especialmente en Chile y Bolivia, juega un papel trascendental en la crisis ecosocial actual. Las reservas de litio y el avance en derechos democráticos se aúnan en la reivindicación social de un sistema que deja, una vez tras otra, abandonada a la gran mayoría. La tensión comercial entre China y EEUU también se sustenta sobre un tablero alejado de ambos países y refuerza un modelo comercial que basa su despliegue en la energía que proviene de los combustibles fósiles y en las políticas extractivistas. El expolio de recursos naturales continúa al alza.

Mientras, los primeros coletazos de esta Cumbre ya nos indican que el resultado de la misma no alterará la rueda de consumo ilimitado que el sistema capitalista necesita para su reproducción ya que, ante períodos de decadencia, las crisis del sistema están aseguradas. Las supuestas alternativas ecológicas precisan de una cantidad ingente de recursos naturales. El círculo de poder se encarga de presentarnos estas nuevas vías como el antídoto contra la crisis ecosocial, pero ¿en manos de quién cree el lector o la lectora que están esos recursos?

Por eso debemos tomar el mando. Si la transición ecológica la hacen los poderes económicos que nos han llevado al colapso climático, seguramente solo conseguiremos aumentar su cifra de negocio y los indicadores macroeconómicos, pero no conseguiremos que se resuelva el problema de la emergencia ecosocial y correremos el riesgo de que salgan reforzadas las salidas reaccionarias, e incluso ecofascistas.

Si por el contrario queremos una salida con futuro es imprescindible que la transición ecológica sea de carácter popular y por abajo, poniendo en el centro el cambio de modelo económico: redistribución, reducción, justicia, derechos y equiparación del ámbito productivo/reproductivo.

Y, por supuesto, será imprescindible que corramos, porque el tiempo hace mucho que se agotó. Toca reiniciar el sistema.