La crisis sanitaria provocada por la pandemia ha tenido un enorme impacto sobre el mundo del trabajo. No solo en términos de destrucción de empleo, pérdida de ingresos y aumento de la pobreza, sino también de impactos destructivos sobre la salud. 137 millones de profesionales de la salud en todo el mundo han arriesgado su salud para proteger la nuestra, enfermando de COVID-19 (el 14% del total de los contagios mundiales son de personal sanitario) o incluso perdiendo su vida: 7.000 han fallecido, 21 en España, sobre todo en los primeros meses de la pandemia en los que la exposición al riesgo fue más acusada por las carencias de los sistemas preventivos en el ámbito sanitario y por la falta de medios de protección. 

El número de muertes laborales en 2020 superó a las de COVID 

Muertes que se suman a los 2,7 millones de personas que mueren al año a causa de los accidentes y enfermedades laborales en el mundo; en España el año pasado 595 muertes por accidente de trabajo. El número anual de muertes laborales mundiales supera a todas las muertes por COVID-19 a lo largo de 2020.

La pérdida temporal o definitiva del empleo y la exposición laboral a los contagios han tenido también un enorme impacto psicológico, provocando serios daños mentales por haber perdido el empleo, o por miedo a perderlo, o por temor a contagiarse en el puesto de trabajo o en los trayectos para ir y venir del trabajo. Millones de profesionales de la salud, 1 de cada 5, han informado síntomas de depresión o ansiedad durante la pandemia. El mundo del trabajo, toda la sociedad, ha quedado psicológicamente lesionada.

En este contexto se celebra en 2021 el 28 de abril, Día Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo, en el que la OIT se encuentra activamente involucrada desde 2003 a propuesta de los sindicatos. Este 28 de abril no solo es un día para conmemorar y recordar a todas las víctimas –que lo es–  sino también para reflexionar sobre lo sucedido y para renovar nuestro compromiso frente a esta pandemia laboral de consecuencias tan letales como son los accidentes y enfermedades del trabajo.  

Desde la OIT este año invitamos a centrar la atención en la necesidad de anticiparse ante los riegos, es decir de la prevención, invirtiendo en sistemas resilientes de salud y seguridad en el trabajo. Porque los que tenemos no son suficientes y necesitan actualizarse.

Actualizar los sistemas de salud y seguridad

La pandemia nos ha mostrados todas las capacidades de nuestros sistemas de salud pública y de prevención de riesgos laborales, que son muchas; pero también todas las debilidades. Los sistemas nacionales de salud y seguridad en el trabajo requieren una actualización y una nueva Agenda. Es un buen momento para hacerlo.

En España, por ejemplo, se acaban de cumplir los 25 años de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Una Ley fruto del diálogo social, que contribuyó decisivamente a edificar el sistema preventivo y a reducir drásticamente la siniestralidad laboral.

Mucho se avanzó, pero queda todavía mucho más por avanzar. Sin ir más lejos sobre los desafíos que tenemos por delante. En España en 2020, durante el año de la pandemia, a pesar de la importante caída del empleo y de la actividad, los accidentes mortales crecieron en más de cincuenta, casi un 10%. Algo falla, algo habrá que hacer mejor.

Es el momento de revisar los sistemas preventivos y de actualizarlos. Es el momento de adoptar una nueva agenda a través del diálogo social. Esa es la tarea del momento, para proteger la salud en lo que queda de pandemia, pero también para construir un escenario post-Covid saludable, en el marco de la recuperación económica y social que empieza a ponerse en marcha y que configurará el futuro.

Una nueva Agenda enfocada hacia lugares de trabajo seguros y saludables, que tendrá que ser más eficaz en la prevención de los accidentes, pero también de las enfermedades, que es la asignatura pendiente. Los avances -todavía por completar- en el reconocimiento de la COVID-19 por exposición al coronavirus SARS Cov-2 como enfermedad profesional abren un camino muy interesante para el reconocimiento necesario de todas las enfermedades laborales por exposición a riesgos biológicos, pero también a los riesgos químicos, cancerígenos, psicosociales… siguiendo las recomendaciones de la lista tripartita de la OIT sobre enfermedades profesionales.

Los nuevos riesgos

En fin, esta agenda actualizada, no solo tendrá que prestar atención a la salud mental y la prevención de los riesgos psicosociales, que generan daños como el llamado 'burn out', sino también a los nuevos riesgos.

Riesgos como los derivados de la digitalización y de las nuevas formas de trabajo como el tele-trabajo, que a menudo se realiza en lugares de trabajo no ergonómicos, bajo una enorme presión, en jornadas prolongadas en las que no se respeta el 'derecho a la desconexión' y teniendo que compatibilizarlo con tareas de cuidados en el hogar, sobre todo por las mujeres en las que injustamente recae el mayor peso de esas tareas.

La digitalización ha traído también el trabajo en plataformas, en el que a las personas empleadas no se les reconocen los derechos laborales, ni siquiera el derecho a unas condiciones de trabajo seguras y saludables, como si fueran los nuevos 'jornaleros del siglo XXI'. Pero los trabajadores y empresas de esta modalidad de trabajo en plataformas, tienen los mismos derechos y obligaciones que el resto a la prevención de riesgos laborales.

La legislación avanzada por España en materia de teletrabajo y de trabajo en plataformas, desarrollada a través del diálogo social, constituye un ejemplo temprano de regulación que está siendo muy apreciada en el contexto internacional. Incluido el acceso de los representantes de los trabajadores, e el marco de la negociación colectiva y del diálogo social, a la configuración de los algoritmos con efectos sobre el trabajo, para evitar los posibles sesgos y efectos discriminatorios, la vulneración de los derechos laborales o el incremento de los riesgos laborales. El trabajo no es una mercancía, las decisiones sobre personas las adoptan personas y son sujeto de negociación colectiva.

Universalizar el derecho a la salud laboral

Las nuevas formas de trabajo incluyen también el trabajo en cadenas mundiales de suministro, con cientos de miles de talleres repartidos por todo el mundo trabajando para las multinacionales y marcas internacionales en las que trabajan ya 600 millones de trabajadores, en la mayoría de casos sin disponer siquiera de un aseguramiento de accidente de trabajo, como no lo tenían las más de mil costureras que fallecieron en el peor accidente laboral de la historia, sucedido en Rana Plaza en Bangladesh hace ahora ocho años.

Será necesario que se extiendan los Acuerdos Marco Internacionales entre las Federaciones sindicales internacionales y las compañías multilaterales para llevar la prevención de riesgos laborales a toda la cadena de suministro. Será necesario que prolifere la promulgación de legislaciones nacionales, inspiradas en los principios rectores de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, que ahora cumplen diez años, para que las empresas multinacionales de cada país actúen con la debida diligencia para garantizar el respeto de los derechos humanos en toda la cadena de subcontratación. Procesos que ayudarán a extender universalmente la protección de la salud y seguridad para hacer de los centros de trabajo lugares seguros y saludables en todo el mundo.

Como ayudará atender el mandato de la Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT, en su Declaración del Centenario, para examinar lo antes posible la incorporación de las condiciones de trabajo seguras y saludables a los Principios y Derechos Fundamentales del Trabajo.

La ratificación del Convenio 189 de la OIT, anunciada por el Gobierno, será para las empleadas del hogar el justo reconocimiento de su trabajo y de sus derechos y para toda la sociedad una oportunidad para avanzar en el trabajo decente y en la justicia social.

Un trabajo muy valioso

El trabajo doméstico y de cuidados –tanto el remunerado como el no remunerado– ha sido y sigue siendo fundamental para el bienestar de las personas y para el propio funcionamiento de la sociedad. Lo ha sido a lo largo de la historia, lo es hoy y lo será aún más en el futuro. Pero, sin embargo, a pesar de su valor, este trabajo, realizado muy mayoritariamente por mujeres, nunca ha sido apreciado como corresponde. Aunque demasiado lentamente, algo de esto está cambiando para bien, en la sociedad y en las instituciones.

En lo que a las instituciones del trabajo se refiere, estos cambios están siendo liderados por la Organización Internacional del Trabajo, que es la agencia de Naciones Unidas especializada en la materia. A iniciativa de la OIT, en 2015, la Conferencia Mundial de Estadísticos del Trabajo acordó reconocer los trabajos de cuidados no remunerados como trabajo e incluirlos en las estadísticas, lo que permite medir su contribución a la riqueza de lo países.

Los resultados son impresionantes: las horas dedicadas cada día en el mundo a estos trabajos no remunerados representan el equivalente a 2.000 millones de empleos a ocho horas diarias de trabajo; en España serían 16 millones de empleos. Si se midiera su contribución a la riqueza de los países, equivaldría al 9% del PIB mundial y al 15% en el caso de España. La OIT ha elaborado un Informe innovador sobre los trabajos de cuidados con una perspectiva de género, que incluye una propuesta disruptiva, que se resume en las 5R: reconocer, redistribuir, reducir y recompensar dichos trabajos, asegurando su representación.

El trabajado doméstico remunerado, que realizan principalmente las que se conocen como empleadas del hogar, es también esencial y constituye un desafío para el trabajo decente y el futuro del trabajo. Las tendencias demográficas, el envejecimiento de la población y el aumento de la dependencia, los cambios en las formaciones familiares con mayor presencia de las familias monomarentales, y la posición creciente de las mujeres en los mercados de trabajo son fenómenos que estimulan un importante crecimiento del trabajo doméstico remunerado y de los servicios de cuidados.

Un Convenio necesario

Pero su rol social y económico sigue siendo invisible y poco valorado. El 90% de las 70 millones de empleadas del hogar que hay en el mundo, la mayoría migrantes, a pesar de estar expuestas a las más diversas formas de explotación –horarios prolongados, pobres salarios, riesgo de abusos– no tienen reconocidos los mismos derechos que se reconocen para el resto de trabajadores. De ahí la importancia de que las normas internacionales del trabajo dispongan su reconocimiento.

Por eso ha sido tan decisivo para este colectivo la adopción en 2011 del 'Convenio núm. 189 de la OIT sobre trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos', complementada por la Recomendación núm. 201, que significan un sólido reconocimiento del valor económico y social de este trabajo y un instrumento para la protección de los derechos laborales y sociales a las personas que lo desempeñan. El Convenio 189 establece estándares internacionales de protecciones mínimas y pone a disposición de los países principios básicos, medidas y recomendaciones para la promoción del trabajo decente en el sector, que deben ser adoptadas en consulta con las organizaciones más representativas de trabajadores y de empleadores; medidas que también incluyen la prevención de riesgos laborales y la protección frente a las prácticas abusivas por parte de algunas agencias privadas de colocación. El Convenio 189 ha sido ratificado por 29 países. En Europa, donde tanto el Parlamento, como la Comisión y el Consejo europeos han instado a todos los países de la UE a su ratificación, ya se han alcanzado ocho ratificaciones.

Un déficit de derechos que superar

En España hay 612.000 personas trabajando en el sector doméstico, de las cuales 542.000 son mujeres. De éstas, alrededor del 55% son nacidas en el extranjero. A pesar de su importancia, España mantiene importantes déficits en la protección de las trabajadoras del hogar.

Por un lado, padece una excesiva informalidad, alrededor de un tercio de las empleadas del hogar no están afiliadas a la Seguridad Social, situando al sector doméstico como uno de los sectores con mayores índices de trabajo no declarado. Pero la situación está lejos de solucionarse. A pesar del gran avance en afiliación que supuso la incorporación de las empleadas del hogar al régimen general de la Seguridad Social acordada en 2012, en los últimos años el proceso de formalización no sólo se ha estancado, sino que las afiliaciones han venido cayendo, sin que estén claras las causas de tal caída, que deberán ser estudiadas. El acceso a nuevas prestaciones, como el desempleo, será un estímulo, para superar esa situación.

Hoy, en España, las empleadas del hogar son el único colectivo laboral que carece de protección en situación de desempleo, cuando muchas de ellas hallan su ocupación en trabajos a tiempo parcial e intermitentes, que a menudo se encuentran con una situación de finalización repentina de su contrato, por defunción de sus empleadores o por despido, bajo un régimen especial que permite su despido sin preaviso ni indemnización alguna. En este contexto de especial vulnerabilidad, la prestación del desempleo constituye desde la perspectiva de la justicia social una necesidad ineludible.

Finalmente, la exclusión de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. La protección en materia de salud y seguridad laboral es un derecho de toda persona del que ninguna puede ser desprovista. La especificidad real de la naturaleza de sus empleadores, que no son empresas sino particulares sin las obligaciones preventivas complejas que la ley establece para las empresas, no significa que no tengan que velar porque el trabajo se realice en condiciones seguras. Tampoco las dificultades para la función inspectora, al no poder la Inspección de Trabajo entrar en un domicilio como sí puede hacerlo en los locales de una empresa, pueden impedir que la labor inspectora se realice. Estas especificidades aconsejan instrumentar mecanismos específicos y practicables para garantizar el derecho a un trabajo seguro y saludable y a la integridad psico-física de las personas empleadas en los hogares, pero nunca una excusa para eludir ese derecho. Son varios los países que incluyen el trabajo doméstico en su normativa de salud y seguridad laboral, como Finlandia, Portugal, Rusia, México o Sudáfrica. España tiene suficientes conocimientos, instituciones y dispositivos preventivos como para hacerlo de manera solvente y efectiva.

La ratificación del Convenio 189 está cerca. Goza de un gran consenso social y político. Viene siendo reiteradamente demandada por los sindicatos, los colectivos de empleadas domésticas y las organizaciones feministas. Ha recibido también un amplísimo asentimiento parlamentario favorable en diversas ocasiones. El presidente del Gobierno y las ministras de Trabajo y de Igualdad han anunciado su compromiso de ratificarlo. Hacerlo contribuirá a corregir los déficits señalados y representa una oportunidad para avanzar en la justicia social y el trabajo decente para las empleadas del hogar y para toda la sociedad.

El domingo 15 de diciembre a las 13.55 h. terminaba la Conferencia de Cambio Climático más larga de las 25 conferencias anuales que se han realizado desde la ratificación de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático adoptada en la Cumbre de Río 92 con el objetivo de evitar que las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera de origen antropogénico provoquen una alteración peligrosa del sistema climático.

Carencias

Aunque la COP25 Chile-Madrid estaba considerada como una cumbre climática de alcance limitado, tenía su importancia tanto política como técnica: políticamente representaba una oportunidad para aumentar lo que se conoce como ambición climática; técnicamente debía adoptar las reglas sobre el comercio mundial de emisiones. Sin embargo, no ha conseguido alcanzar ninguno de los dos objetivos, de ahí que tanto las organizaciones de la sociedad civil -ecologistas, jóvenes, indígenas, sindicatos e incluso los representantes empresariales-, como los medios de comunicación la hayan caracterizado como decepcionante. Este sentimiento también fue compartido por el Secretario General de Naciones Unidas, Antonio Guterres, “Estoy decepcionado con los resultados de #COP25. La comunidad internacional perdió una oportunidad importante para mostrar una mayor ambición en mitigación, adaptación y financiamiento para enfrentar la crisis climática. Pero no debemos rendirnos, y no me rendiré”.

En relación a la ambición climática, se trataba de conseguir para antes de 2020 un compromiso de incremento de los objetivos nacionales de reducción de emisiones, en cantidad y plazos suficientes para garantizar que el aumento de temperatura no supere 1,5 grados centígrados y en ningún caso los 2 grados, que se superarán ampliamente con los compromisos actuales. Si bien la Unión Europea anunció su compromiso de ir a emisiones cero en 2050 y reducir un 55% sus emisiones para 2030, y aunque más de veinte nuevos países se han comprometido también a reforzar sus objetivos determinados de reducción, siguiendo el ejemplo de los 66 que ya lo hicieron en septiembre en la cumbre climática de Nueva York, a los que se han sumado unas 400 ciudades, 800 empresas y 16 grandes inversores; los compromisos actuales siguen siendo claramente insuficientes.

Algunos de los países que se mostraron reticentes a una declaración más ambiciosa, como China e India, manifestaron que no apoyarían un lenguaje fuerte para aumentar la ambición sin un llamamiento similar para que los países más ricos brinden el financiamiento y el apoyo prometidos a los países en desarrollo.

Finalmente, los textos aprobados en la COP25 sobre esta materia, que piden a los países aprovechar la oportunidad para mejorar sus planes nacionales a lo largo del próximo año, no han logrado el suficiente consenso como para figurar en el lugar preferente que merecían, lo que refleja la debilidad de este llamamiento.

Uno de los focos decisivos de esta Cumbre era la regulación del comercio de emisiones, contenido en el artículo 6 del Acuerdo de París, para incentivar de la manera más eficiente la reducción de emisiones con la participación incluida del sector privado, así como otros mecanismos con enfoques no de mercado, la COP25 no ha sido capaz de alcanzar el consenso suficiente para aprobar un acuerdo.

Las posiciones siguen muy alejadas en este tema en relación a los principales asuntos en debate, que van referidos a cómo asegurar la suficiente transparencia de los mecanismos, a cómo evitar la doble contabilizaron de las reducciones de emisiones, y a cómo garantizar la consistencia medioambiental de los proyectos, así como el respeto de los derechos humanos y los derechos de los pueblos indígenas. Uno de los aspectos que obtura el consenso sobre un mecanismo efectivo de comercio mundial es la dificultad para establecer una línea base de emisiones sobre las que vender o comprar emisiones que incentive la reducción, dado que el Acuerdo de París, a diferencia del Protocolo de Kioto, se basa en un sistema de compromisos de reducción voluntaria por parte de cada país de forma que cuanto menor sea su ambición climática menos tendrá que comprar y más podrá vender.

Además en este asunto la Unión Europea se muestra especialmente exigente, ya que tiene en funcionamiento un Sistema Europeo de Comercio de emisiones, conocido como ETS, que parte de una línea base establecida obligatoriamente para cada país y teme que un mecanismo poco transparente y eficiente, no sólo no sea operativo en términos de reducción, sino que hunda el sistema de comercio europeo ahora que por fin, a 25€ la tonelada de CO2, está funcionando como incentivo para reducir emisiones y emplear tecnologías de bajas o nulas emisiones y como desincentivo para el uso tecnologías, como las centrales térmicas, que debido a sus altas emisiones dejan de ser competitivas.

Resultados

Que la COP25 no haya resuelto estos asuntos cruciales, no significa que la cumbre no haya servido para nada. Por una parte, se reafirmó el rol del multilateralismo para conducir los grandes desafíos que enfrenta la humanidad. La no realización de la COP habría significado más frustración y desesperanza y un retroceso muy peligroso para la agenda climática que necesita fortalecerse y no debilitarse. La iniciativa española de acoger la Cumbre en Madrid tiene un inestimable valor político que agradecer.

Por otra parte, la Unión Europea ha dado un paso decisivo hacia el liderazgo de la agenda climática mundial al declarar la urgencia climática por el Parlamento Europeo y al presentar el Green New Deal, un plan de acción verde para reducir las emisiones a cero en 2050. Sin lugar a duda, la implementación de este plan, con la movilización de los recursos de inversión necesarios, posicionará a la Unión Europea como un ejemplo a seguir por el resto del mundo de que otro modelo productivo y una economía descarbonizada son posibles.

También es importante destacar algunos avances en los contenidos adoptados en la Cumbre en temas como océanos, género y transición justa.

La inclusión de una agenda de actuación oceánica es clave para enfrentar la crisis climática, tal como señala el Informe especial del IPCC sobre el océano y la criosfera en un clima cambiante. Esta incorporación tiene como antecedentes la Iniciativa Because the Ocean que se viene impulsando desde su lanzamiento en la COP21 en Paris 2015. Allí 23 países firmaron la primera Declaración que proponía la realización del informe especial por parte del IPCC en torno a la situación de los océanos. A día de hoy, la Iniciativa cuenta con 39 países adscritos que promueven la inclusión de los océanos en la agenda climática.

Uno de los resultados más relevantes es la adopción de un nuevo Plan de Acción de Género, conocido como GAP por sus siglas en inglés. El camino no fue fácil, debido a las fuertes resistencias de algunos países durante las negociaciones, pero el resultado es muy favorable: contiene referencias claras a los derechos humanos, la transición justa y la Agenda 2030 de Naciones Unidas; además el Fondo Verde para el Clima -mecanismo diseñado para ayudar económicamente a países en desarrollo en la adaptación y mitigación del cambio climático- tiene una referencia al GAP, lo que implica que los mecanismos de financiación lo reconocen como instrumento a implementar.

Finalmente, uno de los progresos con más influencia de futuro se dio en materia de transición justa. No solo se reafirmó el mandato del Acuerdo de París que incorpora la necesidad de “tener en cuenta los imperativos de una reconversión o transición justa de la fuerza laboral y la creación de trabajo decente y de empleos de calidad”, sino que además este concepto ha sido incorporado a muchos de los acuerdos específicos, tales como el mencionado plan de acción de género o el plan de trabajo de medidas de respuestas para hacer frente al cambio climático.

La presencia de la transición justa en la COP25 tuvo su momentum con la llegada del Secretario General de Naciones Unidas, António Guterres, junto al Director General de la OIT, Guy Ryder, para presentar la Iniciativa de Acción Climática para el Empleo, adoptada en la pasada Cumbre Climática de Nueva York a la que se han adherido ya 46 gobiernos de todo el mundo y que implica compromisos de adoptar planes nacionales de transición justa. Ambos mandatarios internacionales son muy conscientes de que las medidas para descarbonizar la economía implican una transformación de los sistemas energéticos y productivos de tal magnitud, con impactos sociales tan sensibles en un mundo lleno de injusticias y desigualdades, que solo serán posibles si se realizan a través del diálogo social con criterios de transición justa en el entorno laboral, porque como dijo el Director General de la OIT “si el cambio climático es una consecuencia de la actividad humana, entonces esa actividad es en su mayoría actividad laboral o vinculada al trabajo”. Por ello la transición justa laboral y el trabajo decente deben ser, como dice el Acuerdo de París, un elemento central de las políticas de mitigación y adaptación al cambio climático, involucrando a los actores centrales del mundo del trabajo: gobiernos, sindicatos y organizaciones de empleadores.

La transición justa no es sólo un concepto, sino una guía para la acción con resultados exitosos, como lo demuestra la Estrategia de Transición Justa contemplada en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030, que guía el proceso de cierre de las minas y centrales térmicas del carbón en España, a través del diálogo social con sindicatos, empresas y autoridades locales. Proceso que está siendo reconocido internacionalmente como un ejemplo de buenas prácticas.

Transición justa significa que la transición energética debe hacerse con creación de muchos más empleos de los que se destruyen, con protección social y formación continua para las personas afectadas, con erradicación de todas las formas de discriminación y desigualdad social. Solo de esta forma será posible la transición energética urgente a una economía baja en carbono, única forma evitar un cambio climático tan disruptivo que amenaza con desembocar en un colapso socioambiental de consecuencias humanas catastróficas.