La crisis económica de 2008 supuso un duro golpe para la investigación y la ciencia en nuestro país, con un efecto demoledor sobre la innovación tecnológica, la inversión productiva, la modernización industrial y la capacidad de resiliencia y crecimiento futuro de la economía. También sobre la carrera profesional científica, favoreciendo la precariedad y fomentando la fuga de un talento valioso y difícil de recuperar.

Durante el gobierno del Partido Popular, y en especial entre los años 2012 y 2015, más de 10.000 puestos de trabajo se perdieron en el sistema público de ciencia. Por cada plaza de científico que se jubilaba no se incorporó ningún investigador. Toda una generación de jóvenes tuvo que emigrar y los que se quedaron padecieron salarios bajos, condiciones laborales peores y la imposibilidad de consolidar su posición y promocionarse en sus puestos de trabajo.

Para enmendar esta situación, desde 2018 el Gobierno ha fijado el impulso de la ciencia entre sus prioridades, con un importante aumento de las inversiones públicas, la progresiva mejora de las condiciones laborales de los investigadores e investigadoras, la reordenación de los organismos públicos y el impulso de una nueva Ley de Ciencia que proporcionase un marco moderno y estable para apostar por este motor de crecimiento y progreso. Proteger la ciencia es garantía de prosperidad y bienestar. Un estudio de la Comisión Europea estima que un incremento en inversión en I+D equivalente al 0,2% del Producto Interior Bruto genera un aumento del PIB de 1,1%, es decir, cinco veces mayor en términos absolutos. 

La Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, aprobada por las Cortes Generales el pasado 25 de agosto, es, sin duda, una de las principales reformas estructurales del Plan de Recuperación. Se trata de poner fin a los estragos de una década perdida, garantizando una financiación pública estable y creciente de la I+D, dotando de mayor estabilidad la carrera profesional del personal de investigación, facilitando la atracción y retención del talento científico en nuestro país, favoreciendo la igualdad de género y fortaleciendo las capacidades del Sistema Español de Ciencia y su imbricación en las redes internacionales de centros de investigación de primera fila.

Con el objetivo de una inversión pública del 1,25% del PIB en 2030 y alcanzar el 3% en conjunto con la privada (lo que supondrá doblar la inversión actual en ocho años), la Ley se alinea con el Acuerdo por la Ciencia y la Innovación de la Unión Europea y el Pacto por la Ciencia respaldado en España por más de 80 organizaciones científicas, académicas, empresariales y sindicales. En la lucha contra la precariedad, la nueva Ley propone un nuevo tipo de contrato indefinido, que recoge las singularidades del sistema de I+D y proporcionará estabilidad a los investigadores, con un nuevo itinerario posdoctoral para reducir la edad de entrada al sistema y nuevos derechos laborales, tanto para los jóvenes como para los investigadores consolidados. Todo ello impulsará la inversión y el talento, favoreciendo su atracción, la movilidad profesional y la colaboración en empresas tecnológicas.

Otro de los pilares fundamentales de la Ley es su apuesta por reforzar los aspectos sociales de la política científica, tecnológica y de la innovación. Así, se avanza en igualdad de género y conciliación en el ámbito de la ciencia, se considera a esta como un bien común, se avanza en políticas de ciencia abierta y se incluye la participación ciudadana y la divulgación como pilares del sistema.

Resolver los problemas más acuciantes de la ciencia demandará la implicación de todos los actores del sistema. Por ello, se potencia la transferencia de conocimiento a las empresas, la administración y la industria, mediante el desarrollo de la compra pública de innovación y la posibilidad de la inversión pública en sociedades mercantiles, para impulsar el papel del sector público como agente emprendedor, que invierte y estimula la innovación tecnológica. De igual modo se reconocerán las actividades de transferencia en los procesos de promoción y en los complementos salariales de los investigadores.

Finalmente, la Ley facilita la reducción de cargas administrativas y prevé la creación de la Agencia Espacial Española, que coordinará las actividades para el desarrollo tecnológico y el uso del espacio en ámbitos como la seguridad, la observación de la tierra, la geolocalización o las comunicaciones, y se encargará de la coordinación estatal e internacional de la política espacial española.

El fomento de la I+D es una condición necesaria para cualquier país que quiera avanzar hacia la modernidad. Su importancia resulta vital para el desarrollo de nuevos productos y procesos que permitan mejorar la competitividad de las empresas, diversificar la economía, impulsar la sostenibilidad y, en definitiva, responder a los grandes retos del futuro. Como admitía una de nuestras científicas más importantes, Margarita Salas: “un país sin investigación es un país sin desarrollo”.

Con esta visión, el Plan de Recuperación apuesta por la ciencia, como elemento de crecimiento inteligente y factor crítico para incrementar la productividad y competitividad de España, con reformas estructurales y un aumento significativo de la inversión pública en I+D+i, que se ha doblado desde 2018. En definitiva, se trata de poner a nuestras universidades y centros de investigación en la primera liga; de situar a España, por fin, en el lugar que corresponde en el grupo de los grandes países motores de la UE; de construir un futuro mejor para las generaciones más jóvenes.

Desde el punto de vista económico, la pandemia ha golpeado muy especialmente a los más jóvenes y a las mujeres, los dos colectivos más afectados también por la anterior crisis financiera y, en particular, por el aumento de la desigualdad que se ha registrado en España en la última década. Las altas tasas de desempleo, los bajos salarios, los contratos precarios y el difícil acceso a la vivienda reflejan claramente la realidad de unas generaciones que, a pesar de su mayor preparación, ven muchas veces frustradas sus expectativas a la hora de poder desarrollar plenamente sus proyectos vitales y profesionales. 

A estos factores estructurales, que arrastramos desde hace años, se une ahora el impacto fiscal de la COVID-19. Desde hace más de un año, hemos venido tomando medidas contundentes, con diferentes instrumentos para apoyar a las empresas, los trabajadores y las familias que llevarán a un aumento importante de la deuda pública en todo el mundo. En España, se prevé la emisión de unos 150.000 millones de euros adicionales entre 2020 y 2021. Estas medidas han sido muy efectivas para proteger una base sólida para la recuperación económica, pero su coste fiscal puede suponer un lastre para las generaciones futuras si no aprovechamos la fase expansiva que ahora se inicia para impulsar un modelo de crecimiento más sano y más sostenible desde el punto de vista económico-financiero, social y medioambiental; que responda a las necesidades y prioridades de  los más jóvenes. 

A diferencia de la anterior crisis, esta vez contamos con tres elementos fundamentales para poder encauzar la recuperación con una perspectiva positiva de más largo plazo. En primer lugar, tenemos un ambicioso programa de acción para el futuro, el Plan de Recuperación, que articula de forma coherente inversiones y reformas para avanzar en cuatro ejes transformadores –la transición ecológica, la transformación digital, la cohesión social y territorial y la igualdad de género–. En segundo lugar, tenemos los recursos financieros para hacerlo realidad, gracias al gran proyecto de reconstrucción europea en que se inserta, denominado como Next Generation EU precisamente porque centra la mirada en las generaciones futuras. En tercer lugar, España cuenta con un diagnóstico compartido, un gobierno determinado y unos agentes sociales con una disposición constructiva para tratar de dar un salto cuantitativo y cualitativo que oriente la recuperación hacia un crecimiento más sostenible e inclusivo.

El Plan de Recuperación supone una oportunidad histórica para proporcionar a los jóvenes un proyecto de futuro inspirador, con más y mejores oportunidades en un país más estable y resiliente frente a las crisis. Y ello depende de que seamos capaces de abordar las reformas necesarias e invertir los cuantiosos fondos europeos para la recuperación que España recibirá en los próximos seis años –hasta 140.000 millones de euros, prácticamente la mitad en forma de transferencias– de forma inteligente, apostando por las inversiones productivas que incrementen el capital humano, natural, institucional y tecnológico de nuestro país.

Esa es precisamente la filosofía que inspira el Plan de Recuperación de España, que presentamos a la Comisión Europea el pasado 30 de abril, centrado muy especialmente en los elementos que más pueden impactar en las posibilidades de desarrollo de los jóvenes.

En primer lugar, el plan incluye una agenda de reformas para mejorar el funcionamiento del mercado de trabajo. Tenemos que europeizar nuestro mercado laboral, sin resignarnos a que España tenga una tasa de paro juvenil que duplica la media europea y una tasa de temporalidad casi diez puntos superior, poniendo en pie un nuevo acuerdo social que garantice mayores oportunidades de empleo a nuestros jóvenes, más estabilidad y calidad de los contratos, aumento de productividad y mejores salarios.

El plan contempla también importantes inversiones para impulsar el empleo de calidad en ámbitos de futuro –como la movilidad sostenible, la eficiencia energética y la regeneración urbana, la industria de renovables, los servicios digitales o la industria audiovisual–. También para apoyar la creación y crecimiento de empresas, su internacionalización y modernización tecnológica. Y para mejorar la calidad de vida, mediante la generación de entornos urbanos más accesibles, más respirables, más sanos, y asegurando también que en cualquier pueblo de España se dan las condiciones necesarias para poder desarrollar sus proyectos, mediante inversiones de más de 10.000 millones de euros para impulsar, entre otros, la conectividad digital y la movilidad sostenible y conectada.

La vivienda constituye un capítulo importante del Plan, incluyendo cerca de 1.000 millones de euros para construir viviendas en alquiler social, una nueva Ley de Vivienda y más de 3.400 millones para rehabilitar barrios y edificios y que los ciudadanos, en particular los más jóvenes, puedan recuperar el espacio público y gozar de una mejor calidad de vida.

Evidentemente, pensar en el futuro pasa por pensar en la formación de los jóvenes de nuestro país. Se trata sin duda de uno de los ámbitos más importantes de reforma, para aumentar la calidad de la educación e impulsar una formación profesional moderna, dual, que se combine con la experiencia en los centros de trabajo. También para elevar las competencias digitales del conjunto de la población y garantizar la formación y recualificación a lo largo de toda la vida laboral, con políticas activas de empleo para que los cambios tecnológicos no dejen atrás a nadie.

Por eso el Plan concentra en el ámbito de la educación y la formación el 10,5% de las inversiones previstas, que se verán reforzadas por los más de 11.000 millones del Fondo Social Europeo para el periodo 2021-2027. 

Necesitamos una población bien formada y un marco laboral que funcione adecuadamente para conseguir que el intenso proceso de recuperación que va a comenzar ya a partir de este año sea rico en creación de empleo de calidad y aproveche al máximo las oportunidades que se van a generar, impulsadas por el Plan de Recuperación, en el ámbito de la transición ecológica, de las energías renovables, de la nueva industria verde y azul, de las nuevas tecnologías y la digitalización. Por eso el Plan es tan ambicioso en cuanto al ritmo de las reformas y la magnitud de la inversión; para poder encauzar bien la fase expansiva que ahora se abre.

Pensar en los jóvenes significa también pensar en reforzar nuestro estado del bienestar, modernizar el sistema fiscal y de pensiones para adaptarlos a la realidad del siglo XXI y asegurar que son progresivos, redistributivos y justos desde un punto de vista intra e intergeneracional, para que impulsen el crecimiento económico y la creación de empleo de calidad así como pensiones dignas en la actualidad, pero también dentro de 20 o 40 años.

Finalmente, la justicia intergeneracional pasa por una transición medioambiental justa. El cambio climático es una de las principales preocupaciones de nuestros jóvenes, comprometidos con el medio ambiente, y tenemos la obligación de invertir en sostenibilidad hoy, para brindarles un futuro mejor y garantizar que pueden desarrollarse en un planeta más limpio en el medio y largo plazo. El Plan prevé importantes reformas y dedicará un 40 % de las inversiones al desarrollo de una economía verde. 

Estamos, por tanto, en un momento trascendental para desplegar un Plan de Recuperación que no se conforme con recuperar la senda de crecimiento previa a la pandemia, sino que, sobre todo, aspire a construir un país mejor para los jóvenes avanzando por la senda del progreso y la modernización que ha permitido la mejora de las condiciones de vida y perspectivas de las sucesivas generaciones desde la llegada de la democracia.

Los cambios tecnológicos se producen a una velocidad tan vertiginosa que a veces cuesta mantenerse al día de las novedades y reflexionar sobre sus consecuencias. Se habla mucho del 5G, pero probablemente son pocos los que entienden bien las implicaciones, tanto económicas como sociales, de esta quinta generación de redes móviles.

El 5G supone un cambio radical en la conectividad, no sólo de las personas sino sobre todo de las cosas. Más allá de las mejoras en el funcionamiento de las comunicaciones 'clásicas', la mayor velocidad de conexión junto con el descenso notable del retardo que se produce entre la orden y la ejecución de una acción (la llamada latencia) y el incremento exponencial del número de dispositivos que se pueden conectar a la red permitirán la aplicación de la inteligencia artificial a grandes volúmenes de datos, impulsando nuevas capacidades y servicios, como la interacción con y entre los objetos (lo que se conoce como el Internet de las Cosas), la robótica, la digitalización de los procesos industriales (la llamada Industria 4.0), la realidad virtual o la ultra alta definición.

Todo esto permitirá convertir en realidad ideas que hasta hace poco parecían imposibles --como las ciudades conectadas, los coches autónomos o la sanidad personalizada--, con grandes oportunidades de mejora del bienestar y la calidad de vida pero que también exigen una actualización de los marcos normativos y de los códigos empresariales con el fin de asegurar que los nuevos productos y servicios garantizan el respeto de los derechos de nuestras sociedades democráticas.

Es importante que España esté a la cabeza en esta nueva era, no sólo para que nuestras empresas puedan aprovechar todo su potencial y para conseguir reducir la dependencia tecnológica internacional sino también para poder defender con fuerza una sociedad digital basada en nuestros principios y valores, que ponga a las personas en el centro.

La mejor prueba de nuestro profundo compromiso con la digitalización es el avance logrado en estos 18 meses de Gobierno, siguiendo una hoja de ruta clara para la liberación del espectro radioeléctrico necesario para las nuevas funcionalidades y la reconfiguración de los terminales, el impulso del proceso de despliegue de las redes de alta velocidad en todo el territorio nacional, el apoyo decidido de las tecnologías habilitadoras digitales, la creación de un Observatorio Nacional 5G y el apoyo a los proyectos piloto de esta nueva tecnología.

Hasta la fecha, se han lanzado ya dos proyectos piloto, en Galicia y Andalucía, con una dotación total de 36 millones de euros para desarrollar aplicaciones para mejorar la eficiencia de nuestra economía y el bienestar social en ámbitos muy diferentes, como un sistema de acceso biométrico a la estación ferroviaria de Málaga, 'avatares afectivos' para ayudar a los mayores, visitas a monumentos guiadas con realidad virtual, un sistema de escaneo de matrículas para agilizar el embarque de vehículos en el Puerto de Algeciras, supervisión ferroviaria mediante drones en Orense o la visualización virtual interactiva del interior de buques en construcción en los astilleros de Ferrol.

La segunda convocatoria de pilotos 5G impulsada por el Gobierno cerró este martes el plazo de presentación de proyectos. Se han registrado solicitudes para realizar pruebas en ocho comunidades autónomas, lo que contribuirá a la extensión territorial de esta tecnología, facilitando su acceso a zonas menos pobladas.

Además de las acciones en el ámbito nacional, el Gobierno ha impulsado la cooperación internacional, particularmente a nivel europeo. En este sentido, España colabora en iniciativas como la construcción de los llamados 'corredores 5G'. Porque si las fronteras físicas entre los países de la Unión Europea cayeron hace ya más de 20 años, no podemos permitir que se levanten nuevas fronteras invisibles que impidan la circulación por carretera de los coches autónomos por falta de compatibilidad entre los sistemas tecnológicos.

Por ello, estamos intensificando la colaboración con Francia y Portugal con la vista puesta en que en 2025 haya corredores 5G en las principales vías de transporte interfronterizas de nuestro país. De hecho, ya se ha firmado una carta de intenciones con Portugal y pretendemos un acuerdo similar con Francia en los próximos meses.

Finalmente, las redes 5G harán posible la aparición de multitud de modelos de negocio innovadores, de start-ups disruptivas y de nuevas profesiones, que impulsarán nuestro crecimiento económico. Pero su aplicación en ámbitos como los relacionados con la energía, el transporte o los datos personales hacen imprescindible que extrememos al mismo tiempo las precauciones en el ámbito de la ciberseguridad y la protección de los derechos individuales y colectivos. Ello exige una acción decidida, coordinada a nivel europeo, para proteger la seguridad de las redes y servicios, garantizando un desarrollo tecnológico que no deja a nadie atrás.

La protección de los ciudadanos en el ámbito digital es el objetivo que ha guiado iniciativas legislativas como la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Derechos Digitales y el recientemente convalidado Real Decreto-Ley por el que se adoptan medidas urgentes por razones de seguridad pública en materia de administración digital, contratación del sector público y telecomunicaciones, así como la puesta en marcha del Digital Future Society, un foro de reflexión y propuesta para una digitalización humanista.

Nuestro punto de partida en esta revolución tecnológica es muy positivo: España cuenta con el mayor despliegue de fibra óptica de Europa, imprescindible para soportar el desarrollo de las redes 5G; los operadores de telecomunicaciones están comprometidos ya con despliegues comerciales y existe un fuerte apoyo a la I+D+i, con el mayor número de proyectos piloto en marcha en la UE. Empresas españolas, grandes y pequeñas, son referencia a nivel mundial en sectores tractores y hay un fuerte compromiso público.

Es importante seguir impulsando este proceso. Para que toda nuestra sociedad aproveche las ventajas de la digitalización. Para poner las bases de un crecimiento más sostenible y justo.