Si con Zaplana dimos un salto importante las policías locales: la Norma-Marco y la posterior Ley 6/99, después todo lo conseguido se fue diluyendo.

Con Camps todo fue pérdida de derechos conseguidos, se impuso la unilateralidad y la falta de acuerdo y consenso, sólo hay que dar un vistazo a la hemeroteca, no tuvieron el respaldo ni de sus sindicatos más allegados.

Se empezó a ver la posibilidad de retomar la senda de las mejoras y la recuperación en lo profesional y en lo laboral con el primer gobierno del “Botanic”. Se negoció y aprobó la Ley 17/17 de Policía Local (atacada a muerte por todos aquellos que vieron peligrar sus intereses y privilegios) y así llegamos a la segunda legislatura del gobierno de coalición en la Generalitat con un cambio total de paradigma. Y de nuevo, la bronca y la falta de acuerdos, la imposición desde la Conselleria, el freno al desarrollo de la ley, a las mejoras previstas y pendientes, pero además la vuelta atrás en las expectativas de mayor profesionalización, de la comarcalización de las políticas de seguridad, en la colaboración interadministrativa, en la centralización de los procesos de acceso y promoción, etc.

A escasos meses de las elecciones autonómicas y municipales ¿qué cuentas van a hacerse? ¿Cómo van a valorar lo hecho en estos últimos cuatro años sin “elevar un mea culpa”? Urge la autocrítica.

La seguridad pública local sigue igual o peor porque las expectativas abiertas no solo no se han desarrollado, sino que se han frenado, recuperando las viejas formas de un pasado que aborrecemos.

Urge la autocritica para realzar un nuevo compromiso.

No se puede gobernar la Comunidad Valenciana, sin gobernar “la seguridad”. Un 80% de las necesidades en materia de seguridad que tiene la ciudadanía valenciana la dan los cuerpos de policía cuya coordinación compite a la Generalitat. ¡Y el proyecto de la Ley 17/17 está aparcado!

La desprofesionalización creciente solo puede llevarnos a una desmoralización generalizada. La falta de planes de formación, de diseños de carrera, de medios adecuados, de proyectos ilusionantes: nos lleva al desánimo y desinterés.

Tendremos que mirar con lupa los programas electorales, ¡por supuesto! Pero también como se valoran los hechos, las actuaciones de cada uno, estos años.

¿Se va a recuperar lo que un día fue la Conselleria de Interior, de Governació? ¿Va a haber presupuesto y plantilla en el IVASPE para desarrollar planes de formación, planificación y proyectos de coordinación? ¿Se va a establecer un sistema de fiscalización administrativa-ejecutiva del cumplimiento de las normas por parte de los ayuntamientos? ¿Se establecerán fórmulas eficaces para garantizar la profesionalización al 100%? ¿Se acabará con la precariedad? ¿Se hará efectivo el incremento previsto de mujeres en policía? ¿Se removerán obstáculos?

España, en Alerta 4, subía el nivel de la misma “4 reforzada, para no llamarla 5. Y el President de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, en agosto convocaba una reunión para abordar una respuesta en el ámbito de la seguridad valenciana en la que participaron el D.Gral. de la Agencia Valenciana de Seguridad y respuesta a las Emergencias, la Subdirectora, la Jefa del IVASPE, responsables de la Unidad adscrita a Policía Autonómica, representantes de Función Pública, de la D. Gral. de Admon. Local, de la FVMP y Gabinete Técnico de Coordinación de Policía Local que estuvo presente al completo. Así mismo y por primera vez CCOO, UGT y CSIF.

Desde los atentados en París y la declaración de alerta 4, CCOO se venía reclamando este tipo de reuniones y acuerdos, “que fueron imposibles en el periodo de mandato del Partido Popular en la Generalitat” alegando que era un tema exclusivamente de las policías estatales y renunciando a la importancia de la policía local en la lucha contra el terrorismo yihadista.

Muy pocas de las conclusiones alcanzadas en la reunión de agosto de 2017 se pudieron en práctica. Se reforzó la formación policial en temas de terrorismo yihadista, se “sugirió” a los ayuntamientos la compra de material de protección personal y colectiva en los cuerpos de policía local, “se instó” al establecimiento de planes de actuación sugiriendo que no se utilizaran patrullas individuales…... En fin, poca capacidad ejecutiva se ha demostrado por parte de la Generalitat.

¿La excusa?, la dichosa autonomía municipal que hace imposible llevar adelante verdaderas políticas autonómicas en materia de Seguridad Pública.

La realidad es que los chalecos antibalas hubo que pelearlos en cada sitio y su dotación aun no esta completamente generalizada, las patrullas individuales se consiguieron de manera muy limitada y luego se han ido relajando, no se consiguió la central de compras unificada, que hubiera supuesto un gran ahorro económico, ni se han fijado planes de actuación, al menos para conocimiento de los agentes, destinatarios primeros de los mismos.

Afortunadamente, en el 2018 y, aún más, en el 2019, la cadencia de ataques disminuyó. Y en 2020 con la pandemia los ataques parecen haber desaparecido, pero la “amenaza yihadista se encuentra en una situación de 'stand by'” que puede acabar en cualquier momento.

La relajación llega hasta extremos preocupantes. No se habla, no se previene, se recuperan de manera insoportable las patrullas unipersonales, en muchas ocasiones un policía local interino, solo, sin arma. Exponiéndose a situaciones de grave riesgo por una actitud personal de profesionalidad, interés y entrega que cualquier día puede tener consecuencias fatales.

La izquierda debe asumir necesariamente, la integración en su marco cultural-ideológico una lectura de la seguridad basada en un servicio público garantista, de derechos, que priorice la proximidad y cercanía

El concepto de seguridad es muy amplio. Podríamos estar hablando de multitud de facetas que engloban el mismo: seguridad pública, seguridad privada, seguridad alimentaria, seguridad vial, seguridad en el trabajo, seguridad ambiental, etcétera y todas ellas necesarias, condicionan nuestras vidas. Su funcionamiento adecuado, transmite un conjunto de sensaciones a las personas generando tranquilidad y confianza, necesarias para una armónica convivencia en sociedad.

Sin embargo, aquí quiero detenerme sobre el concepto “seguridad pública” desde la perspectiva de “seguridad ciudadana”, el papel que juegan en este ámbito las fuerzas y cuerpos de seguridad como operadores jurídicos y sociales, desde una lectura de izquierdas.

Y ello, porque desde siempre, el tema de la “seguridad ciudadana”, del “orden público”, de la “policía”, ha sido tratado por la izquierda de soslayo, de forma poco profunda en el mejor de los casos y con desdén o poco análisis en la mayoría de las ocasiones, dejando esta materia en el ámbito ideológico de inmersión monopolizada por la derecha política.

Las fuerzas y cuerpos de seguridad según reza la Constitución del 78 son garantes del ejercicio de derechos y libertades. Es evidente que ello implica un alto reconocimiento y responsabilidad puesto que supone velar por los cimientos del orden constitucional democrático, la convivencia social, el ejercicio equilibrado de la libertad y la seguridad.

Es evidente que, dada esta alta misión, las leyes de las que se ha dotado nuestra sociedad traslada esa responsabilidad acompañándola de un privilegio extraordinario, cual es el de ser éstas las únicas instituciones del Estado que pueden ejercer la “acción coercitiva” basada en un momento determinado en una “violencia legitima”. Que sólo puede ser ejercida dentro de unos límites prefijados en el cumplimiento de las normas y la legalidad que la regula.

Los tiempos en que las fuerzas y cuerpos de seguridad estaban al servicio de una parte de la sociedad (la pudiente) o eran el brazo ejecutor de la dictadura o del régimen totalitario, en nuestro país han pasado.

Después de los años transcurridos desde la transición, con un “estado social y democrático de derecho” ya consolidado (más allá de las imperfecciones evidentes), las fuerzas y cuerpos de seguridad, las policías, son consideradas pueblo. Como bien dijo García Montero en InfoLibre el 12 de abril del 2020: “Menos mal que las fuerzas de seguridad forman hoy una parte verdadera de la sociedad. Por ellas sí ha pasado la democracia”.

El papel fundamental que juegan las policías (en especial las de ámbito local) en garantizar la convivencia, lo “comunitario”, hoy no es cuestionado por nadie. Las políticas sociales que se vienen desarrollando (fundamentalmente desde presupuestos progresistas) han puesto en valor la función como “operadores sociales” de las fuerzas y cuerpos de seguridad.

Su despliegue (limitado presupuestariamente) es determinante por ejemplo, en la protección de las víctimas de violencia machista, o sobre menores y personas mayores. Su actuación ante situaciones de crisis humanitaria, las ha puesto socialmente en valor, incrementando su respeto y prestigio, o atrayendo una visión diferente para aquellas personas que solo las veían como un “brazo ejecutor” de decisiones políticas o administrativas mal entendidas o inasumibles.

En un mundo donde impera una “modernidad líquida” (según Bauman), en el que se impone una realidad social falta de garantías e impera la precariedad con todos sus atributos de “inseguridad”, “incertidumbre” y “desprotección”, se hace más necesario que nunca una reflexión desde la izquierda en torno a la seguridad pública, como un factor de cohesión en integración social.

La izquierda debe asumir el reto de “deconstruir” viejas visiones estereotipadas. Dar una lectura interesada, buscando profundizar mas en la dimensión social y comunitarista de unas fuerzas y cuerpos de seguridad que son pilar esencial de la democracia y abordar con decisión una clara opción a la sociedad en este ámbito.

La posición de las “izquierdas” en un asunto de tanta importancia en estos años de democracia recuperada va desde la asunción de parámetros propios del pensamiento de derechas donde el equilibrio del que hablaba escora claramente hacia la seguridad frente al de la libertad, imponiendo una lectura restrictiva de derechos. Hasta el mantenimiento de una posición inalterada de prejuicios ancestrales con fobias no resueltas frente a los uniformes, convencidos de “detentar valores inalterables”.

En medio, un “quiero y no puedo”. Una falta de opciones, de reflexiones, de debate en la izquierda que se obvia, se evita. Todo ello por miedo a parecer parte integrante de un sistema que se quiere cambiar y por otro el temor a ser considerada excesivamente radical, antisistema y perder con ello la audiencia necesaria para poder influir políticamente en este ámbito con voz propia.

Resulta imprescindible hoy, definir también en este ámbito unos postulados de izquierda capaces de dar respuesta a uno de los asuntos más importantes para la convivencia social, desde una perspectiva integradora, en un horizonte de desarrollo democrático de carácter transformador.

Desde la izquierda, con todos sus matices, ha habido reflexiones, hay propuestas que abordan cuestiones de transcendencia social y que en general son asumidas por toda la población, estén o no de acuerdo, pero saben cuales son los referentes. La forma del Estado, la democracia participativa, la sanidad publica, la enseñanza publica, la dependencia y los servicios sociales, en general todo lo que tiene que ver con la defensa y desarrollo del estado del bienestar.

Sin embargo, la idea que en general tiene la población sobre los postulados de la izquierda en materia de seguridad pública-seguridad ciudadana son desconocidos (por inexistentes) o tergiversados. Sin embargo, en referencia a las derechas, si hay una idea clara sobre la posición de las mismas, poniendo el énfasis en un concepto de orden con todas sus variantes.

Y esto es así, no ya en referencia al concepto de seguridad, el planteamiento ideológico en torno al mismo, sino, como consecuencia, la aplicación práctica y su reflejo en los programas electorales y su reflejo en las políticas que se proponen o se desarrollan allí donde la izquierda puede gobernar o influir en la gobernabilidad.

Qué opinión se tiene desde la izquierda transformadora en torno a cuestiones básicas en materia de seguridad pública resulta esencial a estas alturas.

Si se tiene definido un modelo de Estado ¿Qué modelo de seguridad pública deberá ser el coherente con el mismo? ¿Qué estructuras deben mantenerse, cuales deben cesar, como simplificas, como rentabilizar medios y recursos?

Asumir la importancia que tiene la seguridad pública y la definición que se desprende de la Constitución obliga a considerar la misma como un “derecho básico de la ciudadanía” y por tanto actuar en consecuencia.

La izquierda debe asumir necesariamente, la integración en su marco cultural-ideológico una lectura de la seguridad basada en un servicio público garantista, de derechos, que priorice la proximidad y cercanía. Que abogue por una opción cultural abierta, integradora y resolutiva también en este ámbito.

El objetivo, hace 20 años, como lo es ahora, con los matices que se quiera, es el de normalizar la figura de la interinidad en el seno de un cuerpo policial, sobre el que recae, en primera instancia (y en ocasiones última) la alta responsabilidad de garantizar el ejercicio de derechos y libertades ciudadanas por ser el más próximo.

Nuestra labor, desde la perspectiva del reconocimiento como operadores jurídicos y sociales de primer orden no es valorada por los políticos que han tomado esta decisión, perdiéndose en argumentos y justificaciones en ocasiones falsas. Como decir que una Sentencia del Constitucional nos obliga a ello.

Más bien, la toma de decisiones de este calibre (contradiciendo las iniciativas tomadas apenas hace dos años) solo vienen a confirmar que los colegas que se sentaban en los sillones en 2017 no han transmitido a los que se sientan en 2019 (tras las elecciones) la necesaria coherencia de planteamientos y objetivos de futuro (salvo Unida Podemos).

Increíble que ha estas alturas del Siglo XXI, en puertas de finalizar la década, sigan con los viejos prejuicios de los años ochenta. Recordemos, que solo en 1986 se consiguió que se nos reconociera a los policías locales como “agentes de la autoridad” y después poco más. Tratando a las policías locales como subsidiarias de la FFCCS, que en fondo es lo que subyace en el planteamiento de todos los que han votado el día 18 a favor de la enmienda volviéndonos al 1999.

Y la precariedad, que lleva más de 20 años instalada es precisamente la gran beneficiada y ello como expresión del conjunto innombrable de intereses públicos y particulares generados en torno a ella. Que a la vista del peligro que se les venía han reaccionado inmediatamente contra la Ley 17/17.

Y no otra cosa hay detrás. El negocio de las academias; de los chiringuitos sindicales; de las comisiones de servicio a medida; de las bolsas de trabajo amañadas; del interés por tener interinos discontinuos de verano; de los acuerdos interadministrativos manipulados, de lo provechoso de la situación para mandos mediocres y alcaldías sin escrúpulos; y no sigo. Mucha gente sabe de lo que hablo.

Incluso, la asunción socialmente aceptada en el colectivo por muchos policías funcionarios de carrera de que es mejor trabajar así que no trabajar. Olvidando con ello lo que supone de autodesprecio. 

Y no apreciando lo que conlleva a la larga de destrucción de empleo de calidad, de las mejoras conseguidas con años de esfuerzo y lucha. Cuando empezábamos a ver la luz.

Ahora no nos queda otra que seguir a “pie de cañón”, redoblando esfuerzos de acción sindical, fiscalización y denuncia. Va a ser un “no parar”.

Una lastima, cuando deberíamos estar desarrollando la Ley, empujando en la carrera profesional, en la configuración de estudios académicos especializados, en desarrollar las políticas de coordinación supramunicipal, mancomunización de servicios, policía autonómica y un largo etcetera.