Los doce cañonazos estallaron al mediodía. Tras el primer estampido, las palomas dormidas sobre el pórtico de la Catedral volaron despavoridas y confusas. El segundo enmudeció a un grupo de jubilados sentados al sol en un banco de la plaza del Adelantado. Ya entonces el eco de cada nuevo cañonazo rebotaba contra las montañas del valle de La Laguna y se mezclaba con el eco de los anteriores. Para cuando estalló el último, no debía quedar ninguna persona en el valle que no se estuviese preguntando, ¿qué pasa?

Si los cañonazos hubiesen sonado dos siglos antes, las mujeres se habrían encerrado en sus casas y los hombres habrían corrido a alistarse en la milicia de defensa. En aquellos tiempos, semejante alboroto avisaba de un grave peligro: los piratas querían invadir la isla. Pero el jueves 2 de diciembre de 1999 nadie pensó en un ataque pirático. Los cañonazos eran de alegría. La Unesco acaba de declarar al centro histórico de La Laguna Patrimonio de la Humanidad. 

La declaración añadió la ciudad a la lista de más de mil bienes con un “valor universal excepcional”. La lista incluye desde la Gran Muralla china hasta la Ciudad del Vaticano, pasando por las pirámides de Egipto. Para la Unesco, el valor de La Laguna radica en ser un precursor de las ciudades coloniales de América.

En 1999 nadie imaginó que esos cañonazos, en realidad, alertaban de una grave amenaza: la invasión de los piratas de nuestros tiempos. Son políticos corruptos, funcionarios indolentes, empresarios avariciosos, arquitectos egocéntricos, turistas ignorantes, franquicias usureras y un sinfín de villanos atraídos por el “oro” del título de Patrimonio de la Humanidad.

El triste resultado de esta invasión pirática es que, en veinte años, el centro histórico lagunero ha sufrido una de las transformaciones más destructivas de su historia. Se han degradado monumentos. Se han desvirtuado callejones, calles y plazas. Se han demolido casas terreras y sobradadas. Se han construido mamotretos horrorosos junto a edificios históricos. Para resumir, en todas las manzanas del centro se ha destruido patrimonio protegido por la Unesco y por las leyes de patrimonio nacional y canario.

En teoría, el título de Patrimonio de la Humanidad debía servir para proteger mejor el centro histórico lagunero. En la práctica, como advierto desde hace años, la declaración aceleró su destrucción. 

Muchas personas y asociaciones vecinales siguen preguntándose por qué la Unesco no frena tantos destrozos: ¿no puede amenazar a La Laguna con retirarle el título de Patrimonio Mundial? La realidad es que la amenazó al menos dos veces pero sin éxito. Además, la Unesco tiene pocos recursos para vigilar de cerca todos los bienes protegidos en el mundo. Este organismo usa como su policía a Icomos, un consejo de asesores internacionales. Pero en La Laguna, como en otros lugares, Icomos suele informar a la Unesco después del destrozo patrimonial, cuando ya poco o nada puede hacerse.

La Unesco deja la protección de los bienes Patrimonio de la Humanidad en manos de las instituciones políticas locales, que deben gestionar dichos bienes con responsabilidad. Este patrimonio mundial se protege muy bien en otros sitios. No en La Laguna. Las principales causas de los destrozos en el centro histórico lagunero son la corrupción política y una sociedad civil débil. Por un lado, dos de los tres alcaldes de la ciudad desde 1999 están imputados por corrupción. Sobre el tercer alcalde hay sospechas, dada su estrecha relación con políticos y empresarios condenados por la justicia. Y por otro lado, muchos ciudadanos, asociaciones y medios de comunicación han creído que la defensa del patrimonio es un tema sin importancia.

Una nueva ley

Tras convertirse La Laguna en Patrimonio Mundial, los políticos de turno declaraban en público que tocaba proteger el centro histórico como nunca. En privado, muchas personas (políticos incluidos) se frotaban las manos pensando en el dinero que podían sacar al transformarse la ciudad en un apetitoso destino turístico y de especulación inmobiliaria, como pasó en esos años con el corrupto proyecto turístico para la playa de las Teresitas.

En La Laguna, comenzó una avalancha de licencias para abrir franquicias, construir nuevos edificios y permitir obras mayores dentro de casas históricas. También había que gestionar millones de euros de subvenciones nacionales e internacionales destinadas a preservar el patrimonio.

Para gestionar el centro histórico lagunero se contrató a la multinacional AUC. Es decir, en 2003, el ayuntamiento (principal responsable de proteger el centro ante la Unesco) privatizó la gestión de un bien patrimonio de la humanidad. Además, la alcaldía suprimió el equipo de funcionarios que durante una década trabajó para que la Unesco declarase a La Laguna Patrimonio Mundial. El puesto del equipo lo ocupó la multinacional, que se instaló en oficinas del ayuntamiento y recibió hasta 20.000 euros mensuales.

Solo una persona gestionaba el centro histórico: la dueña de la multinacional y arquitecta María Luisa Cerrillos. Lo primero que ella hizo fue redactar su Plan Especial de Protección (PEP) del centro histórico. Un PEP es necesario para organizar la vida de un centro histórico, desde qué edificios deben protegerse hasta cómo usarlos. La alcaldía aprobó el PEP de la multinacional pese a las críticas de ciudadanos, asociaciones y expertos en patrimonio del Cabildo y la Universidad de La Laguna. Con ese PEP se descatalogaron más de cien casas protegidas y se bajó el nivel de protección de otras muchas.

Comienza la catástrofe

A los pocos meses de aprobarse el PEP, ardió la Casa Salazar, sede del Obispado, y una de las viviendas más monumentales de Canarias. Meses más tarde, frente a la Casa Salazar, comenzó la reforma del edificio de la Real Sociedad Económica de Amigos del País. Las obras destruyeron la parte más antigua del inmueble, del siglo XVI. A la vez, otro edificio monumental era mutilado: la Casa Franco de Castilla, del siglo XVIII.

Mientras estos destrozos ocurrían, muchos laguneros paseaban obnubilados por el centro histórico. Aplaudían una peatonalización que acabó siendo defectuosa y destructiva. Defectuosa porque, entre otros problemas, el pésimo drenaje y los malos materiales han aumentado la humedad en el centro; y destructiva porque las palas excavadoras siguen arrasando restos arqueológicos de más de cuatrocientos años bajo calles y plazas, pese a que cualquier movimiento del subsuelo en el centro requiere por ley informes previos a las obras que nunca se han hecho.

En 2008 un número creciente de ciudadanos, expertos y asociaciones denunció la destrucción impune de patrimonio. Ese año publiqué el artículo En defensa de un callejón sin salida (El Día, 22-junio), donde alertaba de la presencia de restos de una vía del siglo XVI entre las calles de la Carrera y Herradores. También informé al ayuntamiento. Pero en vez de rescatar ese patrimonio, se construyó parte de una casa sobre él. Al año siguiente otro antiguo callejón, el de Maquila, fue salvajemente intervenido para construir la franquicia de un empresario local. 

Las obras en ambos callejones desvirtuaron una de las razones que la Unesco usó para declarar a La Laguna Patrimonio Mundial: su trazado estaba casi intacto desde hacía más de cuatro siglos. Ya no lo está. Mientras tanto ese empresario se dedicó a comprar más casas históricas, vaciarlas por dentro y convertirlas en locales para sus negocios. El PEP era su gran aliado

Falsear la historia

Junto a las actuaciones del PEP, el ayuntamiento y otras organizaciones se unieron para promocionar una visión elitista y falsa de la historia y el patrimonio lagunero. Paneles informativos, folletos turísticos, visitas guiadas, publirreportajes, documentales y otros artilugios cuentan a laguneros y visitantes una historia sesgada. Esa historia elogia el valor del patrimonio más monumental, propiedad de las antiguas clases dominantes, y denigra el patrimonio construido por otros grupos sociales. 

Una consecuencia directa de esta historia falseada es la nula protección de las casas terreras, construidas por las clases medias y trabajadoras. Estas casas de un solo piso son las más representativas desde la fundación de la ciudad. Históricamente, las casas laguneras eran terreras y sobradadas. La falsa historia que se enseña ahora afirma lo contrario: que La Laguna es ante todo una ciudad palaciega y conventual. 

La ciudad conserva casas terreras de gran valor en su centro histórico que deben ser protegidas tanto como los grandes monumentos. Pero como expliqué en el reportaje La peste lagunera (El Día, 8 y 9-diciembre-2009), el PEP tiene como uno de sus objetivos destruir estas casas. Hoy, ya no queda ninguna en la calle de la Carrera, solo una (reformada) en la de San Agustín y apenas sobreviven dos intactas en la de Herradores. En el resto del centro histórico, están siendo exterminadas.

La plaza de la Catedral

Para la mayoría de los laguneros, las obras en esta plaza en 2013 hicieron saltar todas las alarmas. Se pretendía suprimir elementos neoclásicos como el escalón de piedra que rodea la plaza, los bancos en forma de canapé y el pavimento basáltico. La multinacional se creía ya con tanto poder que hasta sacó el estanque y los patos.

Durante meses, la ciudadanía protestó contra las obras en la plaza, pero el alcalde insistió en hacerlas. Para lograrlo, se personó ante la comisión de patrimonio del Cabildo, manipuló los medios de comunicación y hasta contrató como asesores a profesores universitarios. Al final, la ciudadanía y el patrimonio triunfaron; no se destruyó la plaza.

Además, durante las protestas ciudadanas se descubrió que la multinacional recibió cantidades millonarias por proyectos similares y que su contrato se renovaba cada año sin salir a concurso público. Ante la presión popular, la multinacional acabó marchándose de La Laguna con sus alforjas llenas de dinero y dejando tras de sí un reguero de patrimonio arrasado. Pero es como si nunca se hubiese marchado, porque su PEP sigue funcionando.

El cambio social

Pero la catástrofe no acaba ahí. La transformación social del centro histórico ha sido gravísima. El PEP no sólo dice qué edificios deben protegerse, sino además cómo se usan sus interiores. Lo que hizo el PEP fue liberalizar el uso de locales para adaptarlos a cualquier actividad. Así que espacios destinados a viviendas familiares se convirtieron en locales comerciales.

El PEP también evitó reglamentar la ubicación de los comercios, de manera que grandes franquicias abrieron sus tiendas junto a comercios tradicionales que vendían los mismos productos. Esto crea una competencia desleal, que además empobrece la economía local porque las franquicias, como los piratas, se llevan sus ganancias fuera de La Laguna.

El resultado es que los laguneros de 2019 viven en una ciudad socialmente más desigual que la de 1999. Los pequeños y medianos comercios de cercanía han sido expulsados del centro. También lo han sido muchas familias. Ninguno puede pagar los desorbitados alquileres e impuestos que sí pueden abonar las franquicias, que se han multiplicado por más de diez desde 1999. Además, en 2011, La Laguna se convirtió en el área urbana con la mayor concentración de restaurantes, cafeterías, tascas y terrazas de Canarias; más que cualquiera de los destinos turísticos de masas de las islas.

Hoy, La Laguna es una ciudad ruidosa, masificada de turistas, bares y franquicias. Una ciudad cuyos comercios de cercanía no cubren las necesidades de sus habitantes. Una ciudad que como Venecia se vuelve fantasma de noche por la falta de residentes. 

¿Qué hacer?

La solución inmediata exige anular el PEP de la multinacional y como piden los vecinos desde 2010, redactar un nuevo PEP con su participación. Asimismo, para gestionar el centro histórico con garantías, hay que crear un patronato que sea autónomo, apolítico y sin ánimo de lucro, como se hace en otros lugares Patrimonio de la Humanidad.

Por increíble que parezca, junto a la invasión de los piratas de nuestros tiempos, otra plaga amenaza al patrimonio: las termitas subterráneas. Si llegan al centro histórico lagunero, su futuro será similar al de la casa de la familia Buendía que las termitas devoraron en la novela Cien años de soledad. Solo con un PEP democrático, con participación ciudadana vigorosa y con un patronato autónomo, el centro lagunero logrará que ni lo invadan los piratas ni lo devoren las termitas, y así tener una segunda oportunidad sobre la tierra.

Esto pasa porque, desde 1999 hasta hoy, la gestión del patrimonio mundial lagunero está en manos del político de turno. Y en cada legislatura el político usa y abusa de la legalidad según le conviene. En España es fácil hacerlo y salir impune. Nuestro país tiene, por un lado, una débil sociedad civil y una democracia incipiente y, por otro lado, es una de las potencias turísticas del mundo. Es la peor combinación si se quiere transmitir con responsabilidad a nuestros hijos y nietos el patrimonio que heredamos de nuestros antepasados. En Canarias, la combinación es incluso mortífera: con turoperadores y constructores avariciosos, políticos dinásticos y ciudadanos impotentes. Por eso lo que sucede en La Laguna, por desgracia, no debe sorprendernos.

La situación del centro histórico lagunero es muy similar al desarrollismo salvaje que desde los años 60 ha atiborrado de hoteles las costas canarias. Ahora, el “coronavirus del desarrollismo” infecta también a centros históricos y casas rurales. No hay alternativa, dicen muchos políticos: o turismo de masas o la ruina.

Desde 2005, en La Laguna, el desarrollismo lo fomenta el Plan Especial de Protección (PEP), con el que la concejalía de urbanismo legaliza las obras que se hacen en el centro histórico. Coalición Canaria solo consiguió aprobar ese PEP en el pleno municipal usando el rodillo de la mayoría absoluta, dada la oposición frontal de políticos, funcionarios, ciudadanos y organizaciones.

Durante años, personas de los partidos que ahora gobiernan se opusieron a las obras legalizadas por el PEP. Criticaron el edificio nuevo del juzgado, la reforma de la plaza de la Catedral y la demolición de casas terreras. Ahí están las hemerotecas y los mensajes en redes sociales para demostrarlo.

Pero la oposición, ahora en el poder, nos dice que el PEP de 2005 se puede mantener. Esto es imposible. El diseño de ese PEP está viciado de principio a fin, porque defiende un modelo de ciudad neoliberal y nada progresista. Como explico desde hace años, por culpa del PEP, los laguneros han perdido patrimonio valioso en todas y cada una de las manzanas del centro histórico. Además viven en una ciudad más desigual socialmente, donde prosperan bares y franquicias.

De momento, el tripartito solo ofrece sustitución o ruina. Es decir, o se gestiona el centro histórico como dicta la concejalía de urbanismo o se arruina. Este argumento no solo es falso sino maquiavélico. ¿De qué sirve “reformar” un edificio del siglo XVIII si se vacía todo el interior y se conserva solo la fachada; como si dejarla en pie no fuese otra forma de ruina? ¿De qué sirve fabricar una remonta (o sea, construir un segundo piso) en una casa terrera si el valor de esta clase de vivienda, que existe en La Laguna desde hace 500 años, radica en ser precisamente de un solo piso, como así lo certifica la UNESCO? ¿De qué sirve seguir usando el PEP de 2005 para proteger iglesias y casonas señoriales, mientras se continúa legalizando la mutilación y destrucción del patrimonio de los grupos sociales más vulnerables de nuestra historia, aquellos que vivían, por ejemplo, en casas terreras?

Frente a la esperanza del anhelado cambio político tras más de veinte años de gobierno de Coalición Canaria, los hechos hablan por sí solos. Desde que el tripartito empezó a gobernar en junio de 2019, en el centro histórico y la zona tampón que lo rodea se han demolido, como mínimo, cuatro casas. Tres de ellas eran casas terreras. O sea, cada dos meses se ha derribado una vivienda.

Por culpa de estas actuaciones, el tripartito está dejando escapar una oportunidad de oro para demostrar que su discurso urbanístico y patrimonial nada tiene que ver con el de Coalición Canaria. Cuatro años pasan muy rápido y los votantes recuerdan.

A mi juicio, la solución de choque es frenar con enmiendas los efectos más nocivos del PEP de 2005, y a la vez crear un nuevo PEP que garantice la protección responsable del patrimonio a través del diálogo con ciudadanos, asociaciones vecinales, técnicos de patrimonio del Cabildo y gobierno regional, organizaciones culturales locales y expertos internacionales. La gestión patrimonial no es “patrimonio” de nadie, ni siquiera de urbanistas e historiadores. De lo que se trata es de gestionar nuestro patrimonio mediante un progresismo dialogante.

Para gestionar el centro histórico lagunero con máximas garantías legales, la solución ideal es crear un patronato: un organismo autónomo, apolítico y sin ánimo de lucro. En España, un patronato gestiona con éxito la Alhambra y el Generalife, con más de dos millones de visitantes anuales. En Escocia, su National Trust gestiona unas 150 propiedades, entre las que hay desde monumentales castillos hasta humildes casas obreras, como Souter Johnnie’s Cottage, la vivienda de un zapatero del siglo XVIII, muy parecida a las casas terreras laguneras. En otros lugares, el patrimonio se potencia y actualiza mediante planes de protección participativos. En La Laguna, aún no.

La Laguna podría convertirse en un ejemplo mundial de gestión patrimonial. Pero la legalidad del PEP de 2005 sigue asfixiando a propietarios de casas históricas, a quienes se les expedienta por poner una puerta de estilo canario o cambiar el color de la fachada. Sin embargo, ese PEP no impide a constructoras privadas demoler o mutilar casas históricas.

Por último, se dice que la supuesta reforma del PEP seguirá la tradición anglosajona. He vivido casi media vida en países con esta tradición, Reino Unido y Estados Unidos. Y si algo caracteriza dicha tradición allí es su rapidez y efectividad. La triste realidad es que aquí, en La Laguna, manda por ahora esa tradición tan hispana del continuismo y el “vuelva usted mañana”.