El presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, no ha parado de insistir en estos últimos tiempos en la misma idea: “Lo que se decidirá en las próximas semanas tendrá un impacto en la vida de las personas en las próximas décadas. Ahora tenemos la oportunidad de diseñar una nueva Europa”. Unas palabras que suenan tan vacías, o quizás algo amenazantes, como el concepto emergente de la “nueva normalidad” después de la pandemia. Lo cierto es que la UE ha sufrido pérdida de legitimidad entre algunos sectores sociales de toda Europa, en particular por las semanas de insolidaridad y parálisis ante la emergencia médica que se vivía en el continente. El proyecto europeo vive una crisis orgánica en todo el sentido gramsciano del término, como resultado y profundización de la crisis del modelo post-Maastricht del capitalismo europeo que supuso la constitucionalización del neoliberalismo como única política económica posible. 

Las élites europeas no son ajenas a esta pérdida de legitimidad popular de la “marca UE”. De ahí la operación cosmética del enésimo debate sobre la “nueva Europa”, con disculpas incluidas por parte de la presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen, ante el desprecio por Italia mostrada por la UE en los momentos iniciales de la pandemia. Unas palabras que suenan a déjà vu de aquellas declaraciones de Sarkozy en los inicios de la crisis de 2008 donde hablaba de la necesidad de “refundar un capitalismo con rostro humano”. O las disculpas de Juncker, siempre tan tardías como estériles, por el golpe de Estado financiero a Grecia, reconociendo ahora públicamente que “no fuimos solidarios con Grecia, la insultamos, la injuriamos”. 

Pero más allá del maquillaje y de las pretendidas buenas intenciones, en este tipo de debates para construir la supuesta nueva Europa no se cuestiona nada de los errores anteriores. No hay, por ejemplo, ningún balance de cómo la UE, en plena crisis de la deuda en 2010, sometió a los pueblos del sur de Europa a una auténtica doctrina del shock neoliberal que intervino sus economías y suspendió de facto su soberanía. Cierto que el Pacto de Estabilidad y Crecimiento está en suspenso, pero solo momentáneamente y debido a la excepcionalidad de la pandemia, en absoluto derogado como consecuencia de un análisis sobre sus desastrosas consecuencias. 

Igualmente sigue en su sitio la condicionalidad de los prestamos vía MEDE y sus correspondientes memorándums que marcaban a fuego los recortes de gasto público y la pérdida de soberanía económica, apenas matizados y en barbecho durante esta primera etapa de emergencia médica donde los hombres de negro podrían haber contrastado demasiado mal con las batas blancas sanitarias. Y, en cuanto al peso de la deuda, aunque sigue siendo uno de los problemas fundamentales y losa central de muchas economías europeas, se mantiene ausente de los grandes debates que se suceden en los despachos de Bruselas. Ni una palabra de cómo romper esa auténtica camisa de fuerza que impide afrontar los retos médicos, sociales y ambientales que tenemos por delante. 

Pero las élites comunitarias vuelven a hablarnos de una “nueva Europa” que supuestamente movilizará una cantidad ingente de dinero público para una cacareada reconstrucción sin precedentes en la historia de la UE. Y es cierto que, por el momento, las ayudas de Estado autorizadas a raíz de la pandemia son mayores que el plan original, pero en todo caso menores que lo que Alemania ha definido para rescatar a sus empresas, lo que es una primera indicación de una reconstrucción asimétrica que dañaría muy sensiblemente la capacidad de supervivencia del empleo en los países más golpeados por la pandemia. Es insuficiente y desigual. Con los planes que se discuten ahora, la UE volverá a la austeridad destructora. He ahí uno de los focos actuales de tensión entre y con las clases dominantes del centro de Europa. 

El dilema está servido: o mutualizar riesgos entre países para mantener un equilibrio político a escala comunitaria, pero contradiciendo los intereses de algunas élites empresariales que no ven con buenos ojos esas deudas compartidas y las transferencias anexas, o no hacerlo y dejar que sean los capitales del centro quienes reajusten el conjunto de la economía europea a riesgo de agrandar las fisuras ya existentes entre Estados miembro sin descartar eventual rupturas derivadas. 

En la recesión de 2009 y la crisis de la deuda soberana de 2011, una masiva transferencia de recursos de abajo hacia arriba inauguró una década perdida para las clases populares, pero de ganancias para las grandes corporaciones, que no han parado de aumentar sus beneficios y su poder. Un tiempo marcado por la combinación de escasez y desigualdad, donde la pérdida de peso de las rentas del trabajo en favor de las del capital reluce de forma especialmente sangrante. Tiempos de oligarquización acelerada del poder, un fenómeno que se erige a la vez como resultado, causa y eje central del nuevo ciclo histórico que vive una Europa de millonarios a costa de millones de pobres. Un auténtico secuestro de la democracia que tiene en la desigualdad su rostro más visible y amenazador. 

Para evitar que la salida de la pandemia y la gestión de sus consecuencias nos vuelvan a meter por la misma senda que hace una década, es imprescindible situar en el centro del debate europeo la reducción del poder económico y político de los de arriba mediante el reparto del trabajo y de la riqueza como eje central para atajar la desigualdad. Por ello es fundamental poner encima de la mesa la creación de un sistema extraordinario de “Tasa COVID” de ámbito europeo que grave los beneficios empresariales y los grandes patrimonios. Un mecanismo que permita que, a diferencia de 2010, cuando se socializaron las pérdidas, esta vez lo que se socialice sean los beneficios. Una herramienta concreta, aterrizada, de urgencia y útil, que cuestione el modelo de construcción de la Europa neoliberal o, lo que es prácticamente lo mismo, que cuestione el acaparamiento creciente del conjunto de los recursos por parte de una minoría peligrosa. 

Una “Tasa COVID” con el objetivo de crear un fondo especial solidario europeo-Covid19 administrado de forma coordinada entre los Estados que secunden la iniciativa, basada en la tributación excepcional de los dividendos y plusvalías, fortuna inmobiliaria y mobiliaria, plataformas y agencias financieras y transacciones especulativas de capitales. La tasa debe permitir hacer frente a los gastos masivos derivados de la nueva crisis: contribuir a la atención de las necesidades sociales más acuciantes con el propósito de garantizar condiciones dignas a toda la población; realizar inversiones en sanidad pública revirtiendo años de recortes; o contribuir a un necesario cambio de modelo productivo que responda a los desafíos sociales y ambientales subyacentes a la pandemia. La forma de financiar los programas nacionales de recuperación así como el esfuerzo presupuestario de la UE, rechazando las soluciones austeritarias que han sido la marca de la Comisión Europea en la última crisis. 

En definitiva, situar la redistribución de la riqueza y de los recursos como eje central de un programa ecosocialista. Frente a sus debates cosméticos y palabras vacías, traduzcamos en medidas concretas la consigna de que “nuestras vidas valen más que sus beneficios”. Evidentemente una tasa de este tipo no agota otras muchas medidas complementarias necesarias. Pero sí es una propuesta de urgencia. Y la urgencia es doble, porque el malestar de la gestión neoliberal de la nueva crisis volverá a reconfigurar lealtades. Si no apostamos decididamente por medidas en positivo, a la ofensiva, otros ocuparán ese espacio y crecerán a la sombra de nuestra incapacidad para levantar alternativas al desorden austeritario. Porque nuestro combate es tanto contra las élites que provocan la desigualdad como contra quienes se aprovechan de ella para convertir a los más golpeados en chivos expiatorios y exculpatorios de las primeras. 

As eleições europeias são ignoradas pela maior parte da população portuguesa (69% de abstenções). Mas, mesmo com essa limitação, o terço da população que votou confirmou o colapso eleitoral das várias direitas que, desde 2015, têm perdido representatividade: o principal partido da direita, o PSD, ficou pelos 22%, o seu pior resultado de sempre e a 11% do PS, o partido do governo, que ocupa o centro do espectro político. As esquerdas mantêm cerca de 16%, em particular devido à duplicação da votação do Bloco de Esquerda. Assim, estes resultados confirmam um apoio popular maioritário aos acordos estabelecidos há quatro anos entre o PS e os partidos à sua esquerda, a chamada “geringonça”, bem como a recusa do regresso a políticas de austeridade.

Uma surpresa política

Em outubro da 2015, as eleições parlamentares criaram um situação política inédita. A coligação das direitas, que tinha governado nos quatro anos anteriores e aplicado uma dura política de austeridade, conseguiu 38% dos votos, ao passo que o PS obteve 32%. O Presidente de então, Cavaco Silva, ele mesmo um antigo primeiro-ministro e uma figura histórica da direita, encarregou Passos Coelho, que governara desde 2011, de formar um novo governo. Mas uma convergência parlamentar entre o PS e as esquerdas impediu a formação desse governo e deu posse a António Costa, secretário-geral do PS, que formou um governo minoritário suportado por um acordo pactado com as esquerdas. Foi assim que se formou o que veio a ser conhecido como a “geringonça”.

Isto nunca tinha acontecido nos 40 anos da democracia instituída depois da revolução de abril de 1974. Nem o PS tinha jamais aceite um acordo com as esquerdas, nem estas o tinham concebido como possível. Assim, esta solução política foi uma surpresa, talvez por isso acompanhada com curiosidade noutros países, como foi o caso de Espanha. A razão fundamental para esta mudança do modo da política foi a pressão popular sobre os partidos, depois da catástrofe social provocada pelo programa de austeridade entre 2011 e 2015: a maioria do povo não aceitava a continuação de uma regra de sacrifícios, de subida de impostos e de redução de salários e pensões, o que o primeiro-ministro do período designara como a estratégia de “empobrecimento de Portugal”.

Para mais, o efeito desse empobrecimento foi dramático. De 2009, quando se inicia a recessão na sequência da crise financeira internacional, até 2014, um terço da população entra em algum momento em condição de pobreza (32,6%), e uma parte importante durante um ano inteiro (12,6%) - para além dos cerca de 20% que vivem na pobreza. Assim, em 2012, 24,5% dos pobres eram-no pela primeira vez na sua vida. A escala social só funcionou para baixo. Durante a vigência do programa da troika (FMI, Comissão Europeia e BCE), a pobreza instalou-se mesmo entre as famílias com um ou dois salários.

No caso dos jovens, os ganhos médios caíram um terço; para quem detém um título do ensino superior, a perda de rendimento foi de 20%; para os 10% mais pobres, a perda foi de 25%. A crise económica foi agravada pela política de austeridade e ainda pelas medidas discricionárias contra alguns setores de trabalhadores ou da população pobre (400 mil pessoas que recebiam o Rendimento Social de Inserção, uma prestação para desempregados e idosos pobres, foram retiradas da lista de apoios pelo governo das direitas). O desemprego real ultrapassou os 20%. A miséria cresceu.

Dada essa experiência, quando as esquerdas e o PS assinaram acordos para comprometer o novo governo a recusar privatizações, a aumentar o salário mínimo em 20%, a recuperar os salários e pensões, a reduzir o imposto sobre o trabalho, a garantir todos os manuais escolares gratuitos e a baixar o custo do ensino superior, a garantir contratos estáveis para os trabalhadores precários ou as 35 horas no Estado, essas medidas foram vistas como um alívio. Durante os últimos quatro anos, este programa constituiu uma resposta à austeridade com amplo apoio popular.

No entanto, o acordo da geringonça não abrangia nem políticas europeias nem a gestão do sistema financeiro e da banca. Houve mesmo momentos de divergência forte entre os parceiros, quando o governo decidiu a venda do BANIF, um pequeno banco regional, ao Santander, ou quando vendeu um grande banco, o Novo Banco, a um fundo norte-americano, Apollo, em ambos os casos com perdas milionárias para as contas públicas. A divergência é importante, porque exprime visões contrastadas sobre o lugar da finança na vida económica portuguesa, uma questão que tem sido ilustrada por sucessivos casos de fraudes e escândalos. Um apanhado da história deste modelo de poder financeiro permite perceber porque é que a questão é tão essencial. 

Senhor Milhão

Na viragem para o século XX, a figura dominante da finança portuguesa era Henry Burnay, nascido em Lisboa de pais belgas. Fez carreira numa agência financeira, casou com a filha do dono, acumulou fortuna com especulação com dívida pública (comprou por tuta e meia títulos de dívida do pretendente derrotado na guerra civil dos anos anteriores, D. Miguel, e cobrou-os pelo valor nominal) e com negócios coloniais. Investiu em transportes e no Banco Nacional Ultramarino. Do seu palácio da Junqueira dirigiu um império e, quando morreu, era um dos homens mais ricos da Europa.

O caricaturista Bordalo Pinheiro, que retratou esses tempos, desenhou-o como um negociante ambicioso, mas o escritor Fialho de Almeida, mais atrevido, chamou-lhe o “pulgão polimórfico”. A imprensa, respeitadora, deu-lhe a alcunha de “Senhor Milhão”. Mas foi Eça de Queiroz, o maior dos escritores portugueses do início do século, quem dele deixou o retrato mais completo, como o banqueiro Jacob Cohen, “um homem baixo, apurado, de olhos bonitos, e suissas tão pretas e luzidias que pareciam ensopadas em verniz, (que) sorria, descalçando as luvas, dizendo, que, segundo os ingleses, havia também a gota de gente pobre; e era essa naturalmente a que lhe competia a ele...”. “Os Maias”, o livro que conta a história, levanta o véu do negócio do banqueiro. Ei-lo num jantar de gala:

“—Então, Cohen, diga-nos você, conte-nos cá... O empréstimo faz-se ou não se faz? 

E acirrou a curiosidade, dizendo para os lados, que aquela questão do empréstimo era grave. Uma operação tremenda, um verdadeiro episódio histórico!... O Cohen colocou uma pitada de sal à beira do prato, e respondeu, com autoridade, que o empréstimo tinha de se realizar absolutamente. Os empréstimos em Portugal constituíam hoje uma das fontes de receita, tão regular, tão indispensável, tão sabida como o imposto. A única ocupação mesmo dos ministérios era esta - cobrar o imposto e fazer o empréstimo. E assim se havia de continuar... 

Carlos não entendia de finanças: mas parecia-lhe que, desse modo, o país ia alegremente e lindamente para a banca-rota. 

—Num galopesinho muito seguro e muito a direito, disse o Cohen, sorrindo. Ah, sobre isso, ninguém tem ilusões, meu caro senhor. Nem os próprios ministros da fazenda!... A banca-rota é inevitável: é como quem faz uma soma... 

Ega mostrou-se impressionado. Olha que brincadeira, hein! E todos escutavam o Cohen. Ega, depois de lhe encher o cálice de novo, fincara os cotovelos na mesa para lhe beber melhor as palavras. 

—A banca-rota é tão certa, as coisas estão tão dispostas para ela - continuava o Cohen - que seria mesmo fácil a qualquer, em dois ou três anos, fazer falir o país...“

Pois o romance ilustra um facto histórico, foi na bancarrota de 1890-2 que Burnay fez o seu melhor contrato. Como intermediário de uma associação de credores que fez o empréstimo a governo sem liquidez, o banqueiro exigiu a contrapartida mais rentável, o monopólio dos tabacos. Durante 25 anos esse monopólio foi o seu tesouro. Como o seu retrato no romance, Burnay sabia como se podia fazer falir o país em pouco tempo e usou a chantagem da dívida. Ficou rico como Midas. O poder do Senhor Milhão era imenso. 

Esse romance é também um retrato da acumulação de capital que fez a história da economia portuguesa. Um século mais tarde, os contratos dos tabacos têm outra forma, são as privatizações de infraestruturas em monopólio, na água, no gás, nos combustíveis, na eletricidade, são as vendas de barragens, as concessões de autoestradas, e muitas outras formas de uma economia de rendas. As novas fortunas são amassadas em operações que garantem privilégios suportados pelo Estado. 

Uma fraude bancária

Recentemente, discutia-se em Portugal o caso do comendador Joe Berardo, um homem que construiu o seu império simplesmente acumulando mil milhões de euros de dívidas à banca. Na falência do maior banco privado, Espírito Santo, descobriram-se tramóias de milhares de milhões de euros, rotas de paraísos fiscais e engenharias artificiosas para ocultar as contas, com benefício de alguns banqueiros.

Noutros casos, é uma casta que se organiza para promover as dívidas ou as transferências de benesses: num estudo que fiz com alguns colegas sobre as carreiras profissionais de todos os governantes desde 1975, constatei que um em cada três ministros ou secretários de Estado ou entrou no governo vindo de um banco ou uma empresa financeira, ou foi para a administração de uma dessas empresas no fim do seu mandato. Com esta porta-giratória, a conexão entre o poder e a finança foi-se estreitando. Este é o fantasma no armário português – e é a razão pela qual os primeiros passos no combate à austeridade exigem um política esforçada de anulação das rendas dos “senhores milhões”.

Las elecciones europeas son ignoradas por la mayor parte de la población portuguesa (un 69% de abstención). Pero, incluso con esa limitación, el tercio de la población que ha votado ha confirmado el hundimiento electoral de las distintas derechas que, desde 2015, han perdido representatividad: el principal partido de la derecha, el PSD, ha logrado cerca del 22%, el peor resultado de su historia, a un 11% de distancia del PS, el partido del Gobierno, que ocupa el centro del espectro político. Las izquierdas mantienen cerca del 16%, debido a que el Bloco de Esquerda ha duplicado sus resultados. Así, estos resultados confirman el apoyo popular mayoritario a los acuerdos establecidos hace cuatro años entre el PS y los partidos a su izquierda, el llamado Gobierno de la jerigonza, así como el rechazo al regreso a las políticas de austeridad.

Una sorpresa política

En octubre de 2015, las elecciones al parlamento crearon una situación política inédita. La coalición de las derechas, que había gobernado en los cuatro años anteriores y había aplicado una dura política de austeridad, consiguió un 38% de los votos, mientras que el PS obtuvo un 32%. El presidente de entonces, Cavaco Silva, él mismo ex primer ministro y una figura histórica de la derecha, encargó a Passos Coelho, que había gobernado desde 2011, formar un nuevo gobierno. Pero un acuerdo parlamentario entre el PS y las izquierdas impidió la formación de ese gobierno y otorgó el cargo a António Costa, secretario general del PS, que formó un gobierno minoritario sustentado por un acuerdo pactado con las izquierdas. Fue así como se formó lo que ha venido a conocerse como la jerigonza.

Esto nunca había sucedido en los 40 años de la democracia constituida después de la revolución de abril de 1974. Ni el PS había aceptado jamás un acuerdo con las izquierdas, ni estas lo habían concebido como posible. Así, esta solución política fue una sorpresa, y quizás por ello ha sido seguida con curiosidad en otros países, como ha sido el caso de España. La razón fundamental de este cambio en el modo de hacer política fue la presión popular sobre los partidos, después de la catástrofe social provocada por el programa de austeridad entre 2011 y 2015: la mayoría del pueblo no aceptaba continuar con una regla de sacrificios, de subida de impuestos y de reducción de salarios y pensiones, lo que el primer ministro del momento llegó a llamar la estrategia de “empobrecimiento de Portugal”.

Más aún, el efecto de ese empobrecimiento fue dramático. Entre 2009, cuando se inicia la recesión tras la crisis financiera internacional, y 2014, un tercio de la población entra en algún momento en situación de pobreza (32,6%), y una parte importante lo hace durante un año entero (12,6%), sin contar el cerca del 20% que vive en la pobreza. Así, en 2012, el 24,5% de los pobres lo eran por primera vez en su vida. La escalera social solo funcionó hacia abajo. Durante la vigencia del programa de la troika (FMI, Comisión Europea y BCE), la pobreza se instaló incluso entre las familias con uno o dos sueldos.

En el caso de los jóvenes, los ingresos medios cayeron un tercio; para quienes contaban con un título de enseñanza superior, la pérdida de renta fue del 20%; para el 10% más pobre, la pérdida fue del 25%. La crisis económica se agravó por la política de austeridad y también por las medidas discrecionales contra algunos sectores de trabajadores o de población pobre (el gobierno de las derechas eliminó de la lista de ayudas a 400.000 personas que recibían la Renta Social de Inserción, una prestación para desempleados y mayores en situación de pobreza). El desempleo real superó el 20%. La miseria creció.

Con esa experiencia, cuando las izquierdas y el PS firmaron acuerdos para comprometer al nuevo gobierno a rechazar privatizaciones, a aumentar el salario mínimo en un 20%, a recuperar los salarios y las pensiones, a reducir el impuesto sobre la renta, a garantizar la gratuidad de todos los libros de texto y a bajar el coste de la enseñanza superior, a garantizar contratos estables para los trabajadores precarios o las 35 horas en la Administración, esas medidas fueron vistas como un alivio. Durante los últimos cuatro años, este programa ha supuesto una respuesta a la austeridad con amplio apoyo popular.

Sin embargo, el acuerdo de la jerigonza no incluía ni políticas europeas ni la gestión del sistema financiero y de la banca. Se dieron incluso momentos de fuertes discrepancias entre los socios, cuando el Gobierno decidió la venta de BANIF, un pequeño banco regional, al Santander; o cuando vendió un gran banco, el Novo Banco, al fondo estadounidense Apollo, en ambos casos con pérdidas millonarias para las cuentas públicas. Las discrepancias son importantes, porque manifiestan visiones enfrentadas sobre el lugar que debe tener el sector financiero en la vida económica portuguesa, una cuestión que ha sido ilustrada por sucesivos casos de fraudes y escándalos. Un repaso a la historia de este modelo de poder financiero permite conocer por qué este tema es tan esencial.

Señor Millón 

En el cambio al siglo XX, la figura dominante de la banca portuguesa era Henry Burnay, nacido en Lisboa de padres belgas. Hizo carrera en una agencia financiera, se casó con la hija del propietario, hizo fortuna especulando con deuda pública (compró por nada y menos títulos de deuda del pretendiente derrotado en la guerra civil de los años anteriores, D. Miguel, y los cobró por el valor nominal) y con negocios coloniales. Invirtió en transportes y en el Banco Nacional Ultramarino. Desde su palacio de Junqueira dirigió un imperio y, cuando murió, era uno de los hombres más ricos de Europa.

El dibujante Bordalo Pinheiro, que plasmó esos tiempos, lo retrató como un ambicioso hombre de negocios, pero el escritor Fialho de Almeida, más atrevido, le llamó “pulgón polimórfico”. La prensa, respetuosa, le puso el mote de Señor Millón. Pero fue Eça de Queiroz, el mayor de los escritores portugueses de comienzos de siglo, quien dejó de él el retrato más completo, como el banquero Jacob Cohen, “un hombre pequeño, esmerado, de hermosos ojos y patillas tan negras y lustrosas que parecían pintadas, sonreía, quitándose los guantes, y contaba que según los ingleses, existía también la gota del pobre. Era esa, naturalmente, la que a él le aguardaba…”. Los Maia, el libro que narra la historia, desvela el negocio del banquero. Aquí se encuentra en una cena de gala:

“—Entonces, Cohen, díganos, cuente… El empréstito, ¿se hace o no se hace? 

Y picó la curiosidad de la concurrencia añadiendo que aquello del empréstito era un asunto grave. ¡Una operación tremenda, un auténtico episodio histórico!… Cohen se puso una pulgarada de sal en el borde del plato y respondió, con autoridad, que el empréstito debía hacerse «absolutamente». Los empréstitos, en Portugal, constituían una de las fuentes de ingresos del Estado, tan regular, tan indispensable, tan obvia como los impuestos. Si se le apuraba, la única ocupación de los ministerios era ésa: «Cobrar los impuestos» y «tomar el empréstito». Y así debía seguir siendo.

Carlos no entendía de finanzas, pero le daba la impresión de que por semejante camino el país iba alegremente, bonitamente, a la bancarrota.

—Sí, a un galope discreto pero seguro —dijo Cohen sonriendo—. A ese respeto nadie se hace ilusiones, mi querido amigo. ¡Ni los propios ministros de Hacienda!… La bancarrota es inevitable: como dos y dos son cuatro…

Ega se mostró muy impresionado. ¡Menuda broma! Todos escuchaban a Cohen. Ega, tras llenarle la copa de nuevo, hincó los codos en la mesa para beberle mejor las palabras.

—La bancarrota es tan probable, las cosas están tan a punto para ello — continuaba Cohen— que sería facilísimo para cualquiera, en dos o tres años, hacer que el país quebrara…“.

La novela ilustra un hecho histórico, ya que en la bancarrota de 1890-2 Burnay consiguió su mejor negocio. Como intermediario de una asociación de acreedores que concedió el préstamo a un gobierno sin liquidez, el banquero exigió la contrapartida más rentable, el monopolio sobre el tabaco. Durante 25 años ese monopolio fue su tesoro. Como su retrato en la novela, Burnay sabía cómo se podía hacer quebrar al país en poco tiempo y empleó el chantaje de la deuda. Se hizo rico como Midas. El poder del Señor Millón era inmenso.

La novela es también un retrato de la acumulación del capital que ha conformado la historia de la economía portuguesa. Un siglo más tarde, los contratos del tabaco tienen otra forma: son las privatizaciones de infraestructuras en régimen de monopolio, como el agua, el gas, los combustibles, la electricidad, las ventas de las presas, las concesiones de autovías y muchas otras forma de una economía de rentas. Las nuevas fortunas son amasadas en operaciones que garantizan privilegios respaldados por el Estado.

Un fraude de banqueros

No hace mucho se debatía en Portugal el caso de Joe Berardo, condecorado con la Gran Cruz de la Orden del Infante D. Henrique, y que ha construido su imperio sencillamente acumulando mil millones de euros de deudas a la banca. Con la quiebra del mayor banco privado, Espírito Santo, se descubrió un fraude de miles de millones de euros, rutas hacia paraísos fiscales e ingenierías contables para ocultar las cuentas, para beneficio de algunos banqueros. En otros casos, es una casta que se organiza para ejecutar las deudas o las transferencias de beneficios: en un estudio realizado con algunos compañeros sobre las carreras profesionales de todos los gobernantes desde 1975, constaté que uno de cada tres ministros o secretarios de Estado o bien había entrado en el gobierno procedente de un banco o de una empresa financiera, o bien terminó en el consejo de una de esas empresas tras finalizar su mandato.

Con estas puertas giratorias, la conexión entre el poder y el sector financiero se ha ido estrechando. Este es el fantasma dentro del armario portugués; y es la razón por la que los primeros pasos en la lucha contra la austeridad exigen una política comprometida con la eliminación de las rentas de los señores millones.

Traducción: Eduardo López-Jamar