El pasado 20 de abril, el rector de la Universidad de Murcia daba un paso al frente, en el comunicado público conocido como 'Palabras del rector de la UMU, D. José Luján Alcaraz, ante la situación de confinamiento', anunciando la no penalización de los suspensos en las asignaturas cursadas durante el estado de alarma por la crisis sanitaria de la COVID-19, recogiendo así la medida propuesta por el Consejo de Estudiantes de la Universidad de Murcia. Se trataba de una medida valiente, que permitía a los estudiantes acudir con tranquilidad a una evaluación que nadie sabía cómo iba a ser, y que les eximía de tener que pagar el precio de una situación sobrevenida: “No se puede tener que pagar más como consecuencia de una evaluación que se produce en un contexto que como digo es un contexto extraordinario”, afirmaba el rector de la UMU en su comunicado. 'UMU y UPCT deciden no penalizar las segundas matrículas a quienes suspendan', recogía días después el diario La Verdad.

La historia daba un giro sorprendente hace unos días. El pasado 4 de julio ese mismo diario daba la primicia: 'UMU y UPCT van a seguir penalizando las matrículas de los suspendidos'. Una decisión plagada de curiosidades e intrigas, desde luego.

Hace dos semanas, en una reunión mantenida con el Consejo de Estudiantes de la UMU, el rector sugirió que, en función de los resultados académicos, la medida anunciada podía ser retirada, manteniendo en el aire el suspense sobre si cumpliría o no su palabra. ¿Recuerda cuál fue nuestra respuesta, señor rector? Este domingo la Universidad de Murcia fue Trending Topic (‘tema destacado’) en Twitter a nivel nacional bajo el lema '#NoOsImportamosUMU'. Quizá usted desmerezca las opiniones que se vuelcan en redes sociales, pero yo me preocuparía viendo cómo miles de estudiantes dudan de la institución que representa y le responsabilizan de ello. Me preocuparía viendo cómo los máximos representantes de estudiantes de las distintas facultades que integran nuestra universidad hacen declaraciones públicas contra la política en materia estudiantil que se lleva a cabo.

Me preocuparía también que el expresidente del CEUM y actual Secretario del Consejo de la Juventud de la Región de Murcia criticase duramente la retirada de una medida tan necesaria y el incumplimiento de una promesa, poniendo en duda además los datos con los que se trata de justificar esa retirada. Me preocuparía que con esta promesa incumplida se ponga en juego la credibilidad de una institución centenaria, me preocuparía el daño que causa a sus estudiantes, decepcionados una vez más, y que esto ocurra en plena EBAU, cuando tantas personas están decidiendo si la Universidad de Murcia será o no su Universidad de destino. Me preocuparía que el presidente del Consejo de Estudiantes de la UMU haya dimitido avergonzado y escandalizado por el poco valor que puede tener la palabra dada.

¿Recuerda qué le respondimos hace dos semanas, señor rector? Que nada justificaba retirar la medida. Que era más caro desdecirse que el coste de la medida. Que la medida es necesaria, independientemente del rendimiento. Que en ocasiones la docencia no llegó a tener siquiera la calidad suficiente, que hubo docentes que no dieron señales de vida hasta el examen. Que las condiciones de estudio no habían sido ni podían ser las idóneas. Y lo más importante, señor rector, llegamos a cuestionarle que de haber tratado con otro colectivo universitario (en una Mesa de Negociación, para ser más precisos, con el PDI o el PAS) no se habría planteado retirar la medida.

¿Recuerda qué nos respondió, señor rector? Que asumiría usted la responsabilidad, aunque bien es cierto que a día de hoy no ha habido todavía ningún comunicado oficial anunciando este cambio de opinión. Que el dinero que se iba a invertir en la medida iba a pasar a becas redistributivas y que estas no tendrían criterios académicos, pero no se ha vuelto a pronunciar sobre el tema. Que nos facilitaría los datos, cuando contaran con ellos, pero lamentablemente se ha anunciado la medida sin que los hayamos recibido, sin que hayamos podido sentarnos a valorarlos, sin que hayamos tenido la oportunidad de reclamarle nuevamente y evitar lo ocurrido.

Sus palabras exactas como rector de la UMU en aquel comunicado oficial de abril, en pleno estado de alarma, fueron: “Estamos en la idea de que ningún estudiante se vea perjudicado por la situación de la pandemia más allá del sentido común que todos tenemos que poner en esto”. Le creímos entonces, y muchos organizaron sus exámenes en función de ellas, sin el temor de que una nueva matrícula pudiera afectar a sus bolsillos. Le creímos entonces. Nuestras familias también le creyeron. Cuando usted ahora se desdice, no nos falta al respeto solo a nosotros, también a ellos, nos toca lo más íntimo.

Y ya no sé qué pensar, Pepe. Confiaba en ti, como muchos estudiantes que te votaron no una, sino dos veces. Estudiantes que confiaron en ti, en el mensaje que transmitías, en tu programa electoral, en las medidas en materia estudiantil que, dos años después, aún no has tenido tiempo de cumplir. La bonificación de créditos aprobados, la rebaja de precios públicos, situar el precio de crédito de máster habilitante al precio de grado… Muchos creyeron en tu compromiso con la comunidad universitaria, porque cuando alguien se presenta a un cargo de responsabilidad lo hace con vocación de servir, y así parecía que harías.

Así hice yo, Pepe, cuando me presenté a mi cargo. Y no sé tú, pero yo sí me siento culpable. Culpable por haber anunciado a 35.000 estudiantes que el rector se había comprometido a no penalizar los suspensos de este cuatrimestre. Culpable por haber dicho tantas veces, cuando me preguntaban si era verdad, que era la palabra del rector, y que en la palabra de un rector se puede confiar. Culpable por ver cómo gente cercana que confió en esa medida y en mi palabra ahora se ve profundamente afectada. Jordi Évole dijo una vez que “en España dimitir debe dejar de sonar a nombre ruso”.

Te dije, en más de una ocasión, Pepe, que los estudiantes necesitaban una tabla de salvación a la que aferrarse en esta situación extraordinaria. Y tuvimos, tuve, la impresión de que entendías el mensaje, que empatizabas con quienes en estos momentos se encontraban en un 'contexto extraordinario'.

Cuando un estudiante se matricula en la Universidad, lo hace esperando que el curso sea tal y como se establece en las guías docentes. Si sobreviene una circunstancia como la COVID-19, que obliga a que tengas otro sistema de docencia, de estudio y de evaluación, ¿qué sentido tiene penalizar que un estudiante suspenda? No ha fracasado en cumplir lo que la Universidad le propuso en primera instancia, sino que no ha podido adaptarse a una nueva situación inesperada. Y si bien es cierto que se ha anunciado que “cualquier alumno que se viera afectado por la crisis de la COVID-19 durante el curso podrá justificarlo ante la institución y se valorará de manera individual”, ¿cómo distinguimos quién ha suspendido por negligencia y quién por verse afectado? ¿Cómo podrá justificar que durante ese periodo se vio confinado en un piso de apenas 50 m2 con diez familiares más o al cuidado de sus mayores o que no pudo recoger sus materiales porque quedaron en su piso de alquiler en Murcia? ¿Cómo podrá justificar que aunque intentara estudiar, la angustia le superaba y era incapaz de concentrarse? ¿Cómo justificar la ansiedad? ¿Cómo justificar que en casa se convivía con un padre alcohólico o ludópata que los maltrataba? Son tantos los casos posibles y resulta tan injusto pretender que expongamos por escrito nuestros dramas personales para valorarlos… ¿Cómo justificar tantos mundos posibles, quién acaso no se vio afectado?

Que la tasa de éxito -que mide la relación entre el número de créditos superados y el número de créditos presentados a examen- haya aumentado no significa que haya que renunciar a la no penalización de los suspensos, como prometiste, puesto que sigue habiendo gente que necesita esta medida. Hay estudiantes a los que tenemos que proteger, independientemente de lo que nos indiquen los datos, porque esa es la Universidad que queremos. Con más motivo, si cabe, cuando esos datos no son públicos, y cuando resulta llamativo el uso de la tasa de éxito en lugar de la tasa de rendimiento -créditos superados entre créditos matriculados en el curso académico-. Si yo me presento a dos asignaturas y apruebo las dos, la tasa de éxito es excelente, pero, ¿qué pasa con las otras tres asignaturas en las que estaba matriculado?

En abril, en este mismo periódico, afirmé que “la pérdida de la confianza de los estudiantes hacia sus instituciones universitarias parte de un problema estructural, la distancia que con los años ha surgido entre el estudiantado y la institución a la que pertenecen”. Una distancia que hoy parece insalvable cuando sienten que la palabra del máximo responsable de su Universidad es papel mojado, cuando sienten que al máximo responsable de su Universidad no le importan sus estudiantes.

¿Es así, Pepe? ¿No os importamos?

Las universidades españolas han iniciado, como ya hizo Orfeo, un descenso a los infiernos para salvar el curso, prisionero no de Hades sino de un confinamiento prolongado ya dos meses.

En este viaje hemos encontrado numerosos peligros que hemos ido sorteando lo mejor que hemos sabido, pero ahora, igual que nuestro personaje mitológico, nos hallamos ante la posibilidad de, casi al final del camino, girarnos en busca de Eurídice y no encontrar a nadie.

La pérdida de la confianza de los estudiantes hacia sus instituciones universitarias parte de un problema estructural, la distancia que con los años ha surgido entre el estudiantado y la institución a la que pertenecen, y se ha acrecentado con la falta de confianza que quienes han de evaluarles han expresado públicamente estas semanas.

Mientras que instituciones como la Universidad de Granada, del País Vasco o de Alicante anuncian que no videovigilarán a sus estudiantes, ciertos sectores del profesorado de la Universidad de Murcia (UMU) manifiestan que los exámenes serán más difíciles, con menos tiempo del necesario para resolverlos y, además, videovigilados. A su vez, la Consejería de Universidades anuncia que está elaborando un catálogo de empresas que ofrecen reconocimiento facial y otros controles biométricos para las pruebas de evaluación universitarias, al hilo de otras universidades españolas que pretenden implantar esta medida, mostrando una mayor preocupación por participar en ese debate foucaultiano de vigilar y castigar que por una rebaja de tasas públicas, aunque afortunadamente la UMU lo ha rechazado.

Ustedes se preguntarán qué distingue al universitario murciano del granadino, del vasco o del alicantino. Quizá hemos reformulado la evaluación centrándonos en una presunción de culpabilidad. Quizá, como dicen algunos compañeros, acabamos de salir de Alcatraz. Quizá ha calado demasiado aquel “mata al Rey y vete a Murcia”. Quizá, como comentaba algún profesor, nos hemos obsesionado tanto que la paranoia nos está empujando a plantear un examen más difícil de lo habitual.

Pero, sobre todo, estamos olvidando que somos una institución pública en la que estudian personas con distinta capacidad socioeconómica. Exigir videovigilancia es exigir una conexión a internet que soporte la recepción de imagen y sonido de cien personas a la vez que transmites la tuya y que mantienes abierta una plataforma online de evaluación. Es exigir una habitación propia y aislada. Es exigir recursos que no todos tienen. Y a su vez, es la obligación de mostrar tu intimidad y tu casa para no ver penalizado tu expediente académico. Exponer tu intimidad, cuestionando tu dignidad, en una plataforma que además es externa a la Universidad de Murcia, generando el subdebate de qué pasará con los datos que esa aplicación recoge.

Haber elegido el camino de asemejar lo máximo posible lo virtual a lo presencial en lugar de emplear otras alternativas docentes igual de válidas nos está llevando a asumir riesgos. No debemos olvidar que tanto estudiantes como docentes se encuentran en una situación psicológica complicada y, aunque empatizamos con el personal docente, los estudiantes son quienes deben rendir ante una prueba final de la que depende su futuro y para la que su capacidad de estudio se ha visto muy mermada por factores externos derivados del confinamiento.

Para los estudiantes el foco de angustia ha pasado de si aprobarán o suspenderán a si podrán o no responder en el ajustado tiempo propuesto, a si su red soportará o no la realización del examen, a si ese día su internet podrá resistir a una videollamada de cien personas… El foco de angustia ha pasado de lo académico a lo externo en nuestro camino de lo presencial a lo virtual sintiendo traicionada su confianza hacia la institución a la que pertenecen.

La meta de una institución de educación superior no puede ser vigilar y castigar, sino educar y confiar en la presunción de inocencia, respetando intimidades, respetando dignidades, respetando como queremos que nos respeten, como respetamos desde el lado de acá. No podemos arriesgarnos a que, casi al final del camino, como ya pasó en la Grecia Antigua, Eurídice retorne a los infiernos por la desconfianza de un Orfeo.

Decía López Miras, Presidente de la Región de Murcia, en la última apertura de curso académico, que “es el momento de pasar a la acción, de no quedarnos en las palabras ni en los números porque, siendo esto importante, lo es más la enorme contribución que las universidades realizan para mejorar la vida de las personas en nuestra Región”. Por otra parte, el pasado 23 de diciembre, la vicepresidenta del Gobierno Regional, Isabel Franco, afirmaba en rueda de prensa que “los acuerdos están para cumplirlos” y que “nosotros no nos hemos negado a hacerlo”.

Parece que ambos han olvidado sus promesas electorales, pero la memoria de la comunidad universitaria pública de nuestra región no es quebradiza, al menos no la de sus estudiantes. Antes de las elecciones autonómicas, el pasado mes de mayo, los distintos grupos políticos se comprometieron con los consejos de estudiantes de la UMU y la UPCT a cumplir unos puntos mínimos, aunque quizá a aquellos que firmaron se les ha traspapelado ese documento, firmado tanto por López Miras como por Isabel Franco.

Estos puntos mínimos incluían, entre otros, la mejora de los transportes que conectan municipios y pedanías con los distintos campus universitarios; la reducción de los precios de máster, equiparándolos a los precios de grado, especialmente en aquellos que son habilitantes; la revisión de la tasa de expedición de título; la reducción del precio de las asignaturas examinadas en enero en las que no se haya impartido docencia, pagando únicamente tasa de examen; el aumento del presupuesto que la CARM destina a cofinanciar el plan de ayudas de la UMU y la UPCT; el aumento de las bibliotecas y las aulas de estudio; la revisión de los complementos autonómicos a las becas ERASMUS; y la garantía de unas prácticas universitarias de calidad, trabajando por un Concierto Regulador de Prácticas Clínicas digno.

Entendíamos que estos puntos, con los que se comprometieron ambos partidos del Gobierno Regional, así como la mayoría de grupos parlamentarios de la oposición, eran difíciles de cumplir en 2019, con unos presupuestos ya cerrados, y por ello pedimos gestos, gestos que mostrasen una voluntad de cumplir los acuerdos. Y a la espera de estos se aplazaron en agosto las protestas estudiantiles, para dar tiempo al nuevo equipo de la Consejería.

En este tiempo han llegado gestos, pero en otras direcciones. Estos últimos meses hemos visto cómo la CARM dará 550.000€ a la UCAM, con los que podríamos haber reducido la tasa de expedición del título de 215€ a 160€. Sin embargo, a los estudiantes nos dicen que no hay dinero. Y, como esta medida, tantas otras que sorprende que se tomen en una región que, como ya advertía el Defensor Universitario en el último Claustro Universitario, “es la tercera comunidad autónoma con los precios más caros de los másteres públicos y una de las regiones más pobres del país”.

Hemos caído en el viejo error de olvidar a los “nadie” de los que nos hablaba Galeano. Los estudiantes, la mayoría de las veces, somos esos olvidados, ese eslabón débil al que no hay que hacer mucho caso, y en ocasiones, al que tampoco hay que tomar muy en serio. Quizá el problema de fondo sea que nuestros acuerdos tampoco son tan importantes, que tampoco hace falta cumplirlos.

Cada año nos prometemos ser mejores. Esperemos que, para este 2020, entre los propósitos de año nuevo de los políticos esté que la Universidad se acerque a la excelencia. Para esto hace falta una mayor financiación, que debe reflejarse en los nuevos presupuestos. Porque, efectivamente, los acuerdos están para cumplirlos, los que se toman con los estudiantes también, pero hay que dar pasos en esa dirección.

*Amal G. Conesa Erragbaoui es vicepresidente del Consejo de Estudiantes de la Universidad de Murcia