El pasado martes 30 de diciembre, PSOE y PNV –formaciones socias, junto con Podemos, del actual Gobierno de Navarra– firmaron un acuerdo, dentro del proceso para la investidura de Pedro Sánchez como nuevo Presidente del Gobierno de España, en el que se recogía como uno de los puntos el traspaso de la competencia de tráfico a Navarra. Una práctica política, la del pacto entre distintas formaciones en el Congreso en beneficio de nuestra comunidad (en forma de partidas presupuestarias, transferencias u otro tipo de acuerdos), absolutamente habitual y que se ha venido ejercitando por las mismas, ya fueran UPN-PP, PSOE, Podemos o PNV, estuvieran en el Gobierno o en la oposición en la Comunidad Foral. 

El punto del acuerdo supone la ratificación, respecto a la competencia de tráfico, del trabajo político emprendido a todos los niveles, y desde el momento de la aprobación de la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Fuero o LORAFNA en 1982, para recuperar esta competencia histórica de Navarra, que ya se concretó el pasado mes de octubre de 2018 mediante acuerdo político expreso entre el presidente Sánchez y la entonces presidenta Barkos y que esperaba, precisamente, a la constitución de un nuevo gobierno estable en España, tal y como se han venido refiriendo tanto la presidenta Chivite como el que escribe desde el momento de la toma de posesión del actual Gobierno de Navarra.    

Un proceso que culminará, si prospera la investidura, en los próximos meses. Primero, con el eventual acuerdo entre los representantes del Estado y la Comunidad Foral de recuperación de la competencia histórica señalada y, posteriormente, con la asunción eficaz de la misma por parte de la Comunidad Foral, una vez se dote de la consiguiente planificación y proyección en forma de recursos económicos, materiales y humanos al respecto.       

Un viejo anhelo, además, de los sucesivos Gobiernos de nuestra Comunidad. Podríamos recordar  afirmaciones como las del entonces Secretario General de UPN y Vicepresidente y Consejero de Interior del Gobierno de Navarra, Rafael Gurrea, que ya señalaba en febrero del año 2000 que “el Gobierno de Navarra y el consejero que les habla quieren el traspaso de forma inmediata de las competencias exclusivas en materia de tráfico. Un día no muy lejano las puertas del Ministerio del Interior se abrirán para negociar y se habrá reparado una injusticia histórica con Navarra”. 

La propia LORAFNA alude en sus artículos 49.3 o 51.1º a la materia de la competencia de tráfico y la función de la Policía Foral en la misma. Cuestión ratificada por el Tribunal Supremo que, en sentencias emitidas en el año 2018, ha reafirmado que realmente la función administrativa ejecutiva de policía de tráfico nunca dejó de estar en manos de la Administración Foral de Navarra. Porque la Policía Foral no quedó desplazada y continuó llevando a cabo su labor en concurrencia y coordinación con otras Fuerzas de Seguridad del Estado. La legalidad postconstitucional recogida en las leyes forales promulgadas en su momento bajo Gobiernos de UPN (Ley Foral 8/2007, de 23 de marzo, de las Policías de Navarra y Ley Foral 5/2007 de 23 de marzo, de Carreteras de Navarra) relativas a ordenación policial y de carreteras con expreso amparo en la LORAFNA y en la disposición adicional primera de la Constitución, ha configurado un cuerpo de Policía Foral definido a nivel legal conforme a las pautas características de un cuerpo policial integral, que asume dentro de esa caracterización integral la materia de tráfico y circulación vial aún en concurrencia con las fuerzas de seguridad del Estado.

Lo que Navarra, en definitiva, siempre ha demandado por todos los gobiernos y mayorías parlamentarias en la etapa democrática sin excepción – ya fueran de derechas, progresistas o nacionalistas - es el ejercicio, en exclusiva, de la competencia de tráfico, al objeto de favorecer una mejor coordinación y una mayor eficiencia, dado que todas las carreteras dependen de la Comunidad Foral de Navarra. Esta demanda no se circunscribe a esta materia ya que desde la propia aprobación de la Constitución de 1978 y la LORAFNA en 1982, también fructificó en ámbitos tan sensibles para la sociedad, como lo fueron la educación, la sanidad, los servicios sociales o la justicia.

En estos ámbitos citados, Navarra también tenía competencias propias y las venía desarrollando incluso antes de la Constitución Española. Cuando estas competencias fueron asumidas, ni los docentes, ni los sanitarios que así lo desearon tuvieron que abandonar la Comunidad Foral. Al contrario. Pasaron a formar parte, como empleados públicos, del personal al servicio de Navarra. Lo mismo ocurrió cuando se asumieron competencias exclusivas en materia de servicios sociales o el personal auxiliar de la administración de justicia, por citar solo otros dos ejemplos.

La Policía Foral participa y seguirá participando en todos los ámbitos de coordinación, junto al resto de Fuerzas de Seguridad del Estado y policías locales, cada una en el marco de sus competencias respectivas. Navarra nunca ha deseado el abandono de ninguna de las Fuerzas de Seguridad del Estado, que han prestado, prestan y seguirán prestando dentro del ámbito de sus competencias un servicio necesario para contribuir a la seguridad y la paz, por lo que solo cabe nuestro reconocimiento. Fuerzas que desarrollan sus actividades policiales, muchas veces, en ámbitos supra-autonómicos, por lo que es necesaria su actuación en todo el territorio español y, en consecuencia, también en la Comunidad Foral de Navarra.

En el caso que nos ocupa, la progresiva asunción por parte de la Comunidad Foral de la competencia de tráfico no tendría que suponer la pérdida de un capital humano cuyo  conocimiento en materia de seguridad vial y control del tráfico es fundamental para el buen desarrollo del trabajo. Tampoco la pérdida del arraigo personal de quienes vienen desempeñando esas funciones en la Guardia Civil. La propia Ley Foral 23/2018, de 19 de noviembre, de las Policías de Navarra, - aprobada sin oposición en el Parlamento Foral - a través de sus disposiciones adicional novena y transitoria octava, ya recoge esa posibilidad de manera expresa. Cuestión que, en todo caso, habrá de concretarse entre los representantes del Estado y la Comunidad Foral dentro del órgano competente, la Junta de Transferencias, en el señalado proceso de recuperación de la competencia.

Nadie sobra en esta Comunidad Foral para trabajar en beneficio de la ciudadanía, de su seguridad y el libre ejercicio de sus derechos y libertades desde las respectivas competencias. 

Es la forma en la que viene actuando y va a actuar el Gobierno de Navarra: en defensa del interés general y en defensa de nuestro autogobierno dentro del marco constitucional y la lealtad institucional. En este contexto propositivo, de seriedad y rigurosidad, no se entienden, más allá del puro partidismo ajeno al citado interés general, discursos absolutamente irresponsables y carentes de veracidad como los que hemos tenido la oportunidad de escuchar en los últimos días por parte de algunos responsables políticos de la derecha navarra. Discursos que, por cierto, desautorizan y contradicen su propia trayectoria, en el gobierno o la oposición, en esta materia.

Este gobierno seguirá trabajando en soluciones. En la defensa de los servicios públicos, de la convivencia, y, como es compromiso de legislatura, en el avance en el autogobierno. En cuanto tengamos un Gobierno de España en plenitud operativa, nos pondremos a impulsar, no solo  esta cuestión, sino todas aquellas que atañen a Navarra y requieren de acuerdos entre administraciones. Nadie entendería que quienes siempre han defendido el autogobierno y en particular la transferencia exclusiva de tráfico se opongan ahora solo por una pataleta pueril que seguramente responde más al hecho de no estar en el gobierno que al fondo de la cuestión. Pero este gobierno está para ser útil y avanzar, y a esa tarea nos dedicamos.