El pasado viernes, tras un discurso emocionante de Rita Maestre que logró conectar con el sentir de una gran parte de la sociedad, el alcalde de Madrid reconoció y agradeció la responsabilidad de la líder de la oposición a pesar de sus diferencias políticas. Solo 24 horas antes, su homóloga en la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, desconvocaba la reunión a la que se había comprometido con la oposición y se negaba a dar explicaciones sobre su gestión de la crisis del COVID-19. Un mismo partido que gobierna con idénticos socios en el Ayuntamiento y en la Comunidad y cuyos líderes, sin embargo, parecen seguir manuales opuestos; una contradicción aparente, un reparto de roles preestablecido, quizás caracteres opuestos o simplemente estilos comunicativos, algunos dirán incluso que divergencias políticas, pero por encima de todo diferenciados por sus preferencias y decisiones.

La mayor ventaja con la que cuenta normalmente un gobierno frente a su oposición es la capacidad de elegir el escenario en que se da la discusión política. El gobierno elige la mayor parte de los temas que están sometidos a debate, la forma en la que integran o rechazan las demandas de la oposición y, sobre todo, la relación que se establece con el resto de agentes políticos y sociales. De esta forma, mientras que Almeida optó por mantener un mínimo de diálogo, información y rendición de cuentas con la oposición, sin renunciar a sus capacidades como gobierno, Ayuso optó precisamente por lo contrario. Y no fue falta de astucia ni de altura política, que en ocasiones nos hemos limitado a analizar, sino una decisión estratégica de alguien que rápidamente dejó de entender la pandemia como una amenaza en términos políticos y buscó convertirla una oportunidad para, mediante la confrontación con el Gobierno de España, aumentar su influencia pública. Una operación muy cuestionable desde el punto de vista ético pero tremendamente eficaz de cara a sus objetivos.

Las decisiones de los gobiernos también están condicionadas por el pasado. La sombra de Manuela Carmena en el Ayuntamiento, de una forma de hacer política basada en el diálogo, en la cercanía y que llegó a ser enormemente popular, contrasta con la sombra de 25 años de gobiernos consecutivos del PP en la Comunidad de Madrid. Almeida se ve en la necesidad de incorporar a su repertorio formas de hacer política que no le son propias pero que ya están adheridas a piel de la ciudad de Madrid y con las que tiene que convivir; Ayuso, por el contrario, tiene como misión principal defender el fuerte, conservar firme y cohesionada la retaguardia tras la que se refugian las viejas redes del aguirrismo y del aznarismo y, por tanto, encuentra su virtud en el cierre y la confrontación.

Desgraciadamente una escena como la protagonizada por Maestre y Almeida en el Pleno del Ayuntamiento es difícilmente imaginable en la Comunidad en estos momentos. Para empezar porque Ayuso ha intentado bloquear por todos lo medios su comparecencia en la Asamblea porque cree firmemente que una actitud más dialogante sólo le separaría de su objetivo de polarización con Sánchez; y para seguir, porque la reactivación de la agenda política madrileña es un gran inconveniente para una presidenta que es la responsable política y administrativa de la gestión de los hospitales, las residencias, los colegios, las becas y muchas de las prestaciones públicas de las que dependen las vidas miles de familias madrileñas. Ayuso ha aprovechado el cierre de la Asamblea de Madrid y la concentración del foco mediático en su Gobierno para desprenderse de sus responsabilidades y achacar sus errores por elevación al Gobierno de España sin que nadie pudiera rebatirla públicamente. Y lo más grave, ha aprobado recortes sociales por la puerta de atrás como ha sucedido, por ejemplo, con las escuelas infantiles.

El PP está buscando recuperar el espacio de confort del que disfrutó durante la primera década del siglo XXI. Los grupos de interés que representa este partido necesitan un entorno institucional estable y que favorezca grandes operaciones como pudieron ser en su día la construcción de hospitales de gestión privada o las radiales. El PP logró este clima de impunidad sin duda gracias a la complicidad del Gobierno de España, primero con Aznar y luego con Rajoy, pero probablemente no habría sido posible sin un fuerte liderazgo regional como el de Alberto Ruiz-Gallardón y Esperanza Aguirre. Una dupla mítica para el centro derecha con la que alcanzaron la máxima expansión de su imperio de la corrupción, que supo repartirse diferentes papeles ideológicos para ensanchar su base electoral.

El aire formalmente democratizante y de cierta lealtad institucional que embriaga a Almeida es demasiado débil como para condicionar a Ayuso y por eso el debate político en la Comunidad tendrá necesariamente el estilo y las formas elegidas por la presidenta. Pero no nos llevemos a engaños porque tanto los nuevos “gallardones” como las nuevas “aguirres” pretenden, igual que sus padres políticos, cargar sobre las espaldas de la gente sencilla y trabajadora la factura de esta crisis.

La investidura de Sánchez ha confirmado que la lista de tareas y objetivos del nuevo gobierno progresista es inmensa. Lo es por el momento histórico en el que nos encontramos: inmersos en una crisis ecológica determinada por la escasez de recursos, el calentamiento global y el colapso del modelo productivo y de consumo de las últimas décadas; pero también lo es por la urgencia de afrontar cambios profundos en las instituciones, que ya se están dando en la sociedad. Es preciso poner en marcha políticas integrales y transversales que aúnen el ecologismo, el feminismo y la justicia social; hay que reconstruir el acuerdo territorial, no solo en su vertiente plurinacional, sino también en el equilibrio entre la España urbana y la vaciada y el pacto intergeneracional.

El escaso margen por el que Sánchez ha logrado ser investido presidente impone a la sociedad civil la misión de empujar al Gobierno cuando sea necesario para garantizar el avance en derechos y libertades. Ese empuje popular será el motor trasero de muchos cambios, dándole especial responsabilidad a la cuarta ola feminista que por decisión y méritos propios ha hecho suya la histórica bandera emancipadora de este país. El feminismo popular en las calles puso en la agenda de los políticos sus reivindicaciones y, de abajo a arriba, serán ellas quienes ahora las transformen en políticas públicas y piedra angular de la batalla cultural contra el pasado.

Sin embargo, siendo sinceros, hay que reconocer que en esta investidura el debate sobre el programa de gobierno ha sido eclipsado por la estrategia que han seguido PP, Vox y Cs buscando cuestionar la legitimidad del acuerdo que se sometía a la confianza del Congreso. Se ha hablado mucho de traiciones, divisiones y golpes de Estado y poco o nada de políticas concretas y de ello se pueden extraer al menos dos conclusiones: la primera, que las derechas no tienen una propuesta creativa o al menos positiva para España sobre la que poder discutir, sino que, al contrario, enarbolan un ideario deslavazado de ideas reactivas o negativas; y en segundo lugar, la confirmación de que las derechas mantienen una relación patrimonial con el poder político que les lleva con frecuencia a corromperse cuando están en el gobierno y a presionar, coaccionar y extorsionar cuando no cuentan con los votos suficientes para gobernar. Necesitan el gobierno para sobrevivir y, por ello, se arrogan el país en su conjunto, pretendiendo convertirlo en una gigantesca “empresa pantalla”, como han hecho cada vez que han tenido la ocasión. Así sucedió, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid en 2003, con el tamayazo que permitió a Esperanza Aguirre acceder a la Presidencia del Gobierno regional y que fue una condición de posibilidad para la puesta en marcha de las tramas Gürtel y Púnica. Y algunos lo han vuelto a intentar en 2020 buscando bloquear la investidura de Pedro Sánchez aunque quizás de una forma más airada y evidente que en ocasiones pasadas. Para la historia quedarán las llamadas telefónicas de Inés Arrimadas a dirigentes del PSOE para forzar su cambio de voto o las presiones denunciadas por el diputado de Teruel Existe. Quién sabe si esta falta de discreción ha sido la causa de la frustración de su plan o, por el contrario, la lealtad política, en esta ocasión, ha podido más que los maletines.

Sea como fuera, no podemos ni debemos normalizar este tipo de comportamientos porque sería un legado nefasto para las futuras generaciones. Por ello, se impone al nuevo gobierno, pero también al conjunto de las fuerzas democráticas y de progreso, una tarea que trasciende a todas las anteriores, que es de esas que puede ser calificada como “de época” porque afecta a la salud democrática de nuestro país y de nuestras instituciones. Necesitamos de una vez por todas una derecha homologable a las derechas liberales europeas, una derecha que respete la voluntad popular expresada en las urnas incluso cuando no les favorece y que esté dispuesta a coexistir bajo una misma bandera con sentimientos, identidades y voluntades diversas. La derrota del discurso de la división que han adoptado las tres derechas, debe ser traducida como una victoria que va más allá de la izquierda, una victoria de España y quizás también de un adormecido liberalismo español. La regeneración del campo conservador es una tarea de país, que no solo le corresponde a ellos, sino que implica en primer término al nuevo Gobierno: cuanto más valiente sea, cuanta más certeza ofrezca para el futuro de nuestra sociedad y menos se adormezca en su espacio de confort, más posibilidades tendrá de conectar con el país real, que supera con creces a quienes nos sentimos parte de tradiciones de izquierdas o derechas. Esa tensión entre lo que somos y lo que deseamos ser es fundamental para tomar un rumbo claro e inequívoco hacia un proyecto de país que base su unidad en la pluralidad, la justicia y la libertad. Y sobre esas bases, desde el reconocimiento de lo que hemos conseguido en los últimos 40 años y de los retos que tenemos por delante, hay un espacio amplio, sano y fraterno para la confrontación democrática entre ideas. Si el mayor éxito de Margaret Thatcher fue Tony Blair, el mayor triunfo cultural de este gobierno progresista debe ser una derecha liberal y europea. Porque solo lejos de los tamayazos, las cloacas policiales, los espionajes y el compadreo con el nuevo fascismo, se puede contribuir a la riqueza política del país.