La sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz concluye que son los organizadores del salto más numeroso a la valla de Ceuta de la historia, pero David Damey y sus compañeros se declaran inocentes una y otra vez. Esperan la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que esta semana tiene previsto anunciar si los nueve condenados por el intento de entrada irregular del pasado 26 de julio de 2018 tendrán que entrar finalmente en prisión.

Damey y otros ocho migrantes subsaharianos fueron condenados el pasado mes de octubre a un año y medio de cárcel y al pago de indemnizaciones por varios delitos graves, entre ellos el de desórdenes públicos, lesiones leves a 18 guardias civiles y diversos daños cometidos durante aquella entrada multitudinaria en territorio español. 602 personas lograron sortear la alambrada fronteriza en un salto considerado violento por la Justicia. Se trata de la primera condena vinculada a un salto de la valla.

“Es una maldición”, dice Damey, que tiene 25 años y asegura no entender la situación en la que se encuentra. En un recodo de la colina sobre la que se asienta el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), siete de los nueve jóvenes condenados se reúnen para dar su versión de los hechos. La mayoría son originarios de Guinea Conakry. Hay también un camerunés y un togolés. Rondan los veinte años. Uno afirma tener 16, pero no quiere reconocerse como menor de edad. Los nueve condenados consideran que la Justicia española los ha acusado de unos delitos que ellos niegan haber cometido pero que, sin embargo, asumieron durante el juicio

Todos ponen de relieve las dificultades lingüísticas y su desconocimiento jurídico en el momento de reconocer los hechos. Según su testimonio, entendieron estar “ante dos opciones”: elegir entre los ocho años de prisión que solicitó en un principio la Fiscalía, o el año y medio propuesto por el Ministerio Público en caso de conformidad

A Ali Magnim se lo llevaron detenido del CETI y pasó dos meses en prisión preventiva. “En la cárcel pasé miedo y frío”, relata compungido este joven togolés que denuncia malos tratos por parte de los agentes de la Guardia Civil a la hora de su detención, y también en prisión, donde, según su relato, lo tiraron al suelo nada más llegar al calabozo. El inmigrante togolés asegura que firmó la conformidad por miedo. “Nadie me mostró nada, yo no he visto ni pruebas ni ningún vídeo; yo entré como los demás, soy inocente. Aceptamos la condena más corta porque si no nos declarábamos culpables, la pena sería más larga. A nosotros solamente nos enseñaron unos papeles y nos dijeron que si aceptábamos, seríamos menos condenados, y si no firmábamos, seríamos más condenados. Teníamos mucho miedo. Los otros firmaron delante de mí y pensé que si yo no firmaba, sería malo para los otros”, explica con un hilo de voz

“Aceptamos la condena más corta. Si no hubiéramos aceptado, la condena sería más larga”, sostiene por su parte Damey. “Yo soy inocente, yo soy inocente”, reitera. “Cuando entré, no me crucé con un solo guardia civil. Los agentes estaban en otro lado. Yo respeto a todos los gobiernos. Nunca he cometido un crimen. Es la primera vez que me pasa esto”, afirma.

A la espera de la decisión del TSJA

A mediados de octubre, la Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta dictó la sentencia contra los nueve migrantes subsaharianos, a quienes condena a un año y medio de prisión al declararse probado, por conformidad de los acusados y sin haberse observado pruebas que les incriminen –según fuentes jurídicas conocedoras del caso consultadas por este medio–, que ellos fueron los cabecillas de aquel salto de la valla.

Según el fallo, al que ha accedido eldiario.es, los 602 migrantes saltaron la valla que separa Marruecos de España bajo la coordinación de los nueve condenados. De acuerdo con el auto, David Dadney y sus compañeros otorgaron al resto del grupo las “directrices de utilizar la violencia contra los agentes de la Guardia Civil” mediante “armas e instrumentos de carácter peligroso, como lanzallamas caseros, palos, piedras, heces y productos abrasivos”. Previamente, los participantes utilizaron “cizallas y radiales eléctricas portátiles” para violentar el vallado fronterizo, detalla la sentencia.

El régimen jurídico español establece la suspensión de la entrada en prisión para las personas condenadas a menos de dos años de cárcel si no cuentan con antecedentes. No obstante, la última palabra siempre es del juez. En este caso, los procesados cumplen ambos requisitos. Han recibido una pena de año y medio, y tienen el expediente limpio, pero el tribunal determinó que los nueve condenados debían entrar en prisión.

Tanto la defensa como la acusación particular y la propia Fiscalía estaban de acuerdo en la suspensión de la entrada en prisión. Sin embargo, la Sala presidida por el magistrado Fernando Tesón dictó que no había “alternativa” a la cárcel porque los nueve subsaharianos “hicieron uso de una inusitada violencia, con una organizada planificación en el uso de instrumentos peligrosos contra los agentes del orden”. El fallo indicó que las circunstancias personales de sus autores son “absolutamente desconocidas por la Sala”. La Audiencia consideró que la “falta de arraigo” en España y “la ausencia de esfuerzo alguno para reparar el daño causado” aumentaban sus posibilidades de fuga.

La sentencia es firme, excepto en lo que respecta al cumplimiento de la pena de prisión. La defensa de los nueve acusados interpuso un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) solicitando la suspensión de la entrada en la cárcel. El TSJA tiene previsto resolverlo esta semana.

El recurso de la defensa contrapuso la apreciación de la Sala sobre la violencia empleada en el salto de la valla. “Se usaron instrumentos rudimentarios de fabricación casera, y no hubo una extremada violencia, como lo demuestra el hecho de que no se causaron graves daños personales ni materiales, ya que tras entrar unas 600 personas de esta forma, solo se produjeron lesiones leves a los agentes”, reza el escrito que trata de lograr la suspensión de su entrada en prisión de los condenados. “Tampoco son excesivos, porque no se pretendió en ningún momento causar ningún daño, sino que lo que se pretendía era entrar en nuestro territorio para buscar una vida mejor y más digna, y este hecho en sí mismo no constituye ningún delito ni mucho menos atenta contra la soberanía nacional”, continúa

Para la defensa, “los argumentos esgrimidos para denegar la suspensión (de la entrada en prisión) se apartan por completo de las previsiones de la ley y de los fines de la suspensión (…)”. En esta línea, las letradas opinan que “parecen más una proclama ejemplarizante para evitar que se vuelva a producir una entrada masiva con las mismas características, que una resolución justa”.

María Dolores García López, una de las dos abogadas de oficio de los acusados, resalta su “sorpresa” ante el reconocimiento de los hechos por parte de sus defendidos. Según afirma, su estrategia pasaba por la celebración del juicio oral: “Creo que había argumentos de sobra a nuestro favor”. La letrada sostiene que fueron los acusados quienes optaron por firmar la conformidad y asumir los delitos sin ir a juicio y, por tanto, sin que el Tribunal pudiera determinar si alguna prueba los incriminaba. La versión que dan los jóvenes subsaharianos es diferente: todos ellos aseguran que solo se les dio a elegir entre una condena de ocho años de prisión o una de año y medio, e insisten en que la abogada les aconsejó optar por la pena más leve. Tras una primera conversación telefónica, la letrada no respondió más a los reiterados intentos de este medio por conocer su versión al respecto.

“Nos dijeron que si aceptábamos los hechos, tendríamos un año y medio de prisión y una multa, pero que eso era mejor que la segunda opción, de ocho años (...), elegimos la [condena] más pequeña”, relata uno de los condenados. Aunque hubo un traductor en la vista, defienden que nadie les explicó en detalle todo lo que suponía firmar esa conformidad y aceptar delitos tan graves.

El joven al que la fiscalía identifica como uno de los líderes del salto de la valla de julio de 2018 es Ali. Se le puede encontrar casi todos los días en una gasolinera próxima a la playa Benítez, donde se gana unas monedas echando una mano a quien lo necesita e inflando ruedas. La sentencia identifica a Ali con el alias de “León”, un sobrenombre que niega este joven de 22 años. Tampoco reconoce que fueran él y Sory Traoré (otro de los condenados, al que la sentencia le endilga el apodo de “Escorpio”) los cabecillas del salto.

Los jóvenes condenados afirman conocer la existencia de una sentencia en papel cuando los autores de este artículo se la muestran. Según sostienen, ninguno ha podido leer una traducción de las 14 páginas que les condenan a prisión. Tampoco, dicen, saben que el Código Penal español ofrece el beneficio de la suspensión de la pena de cárcel cuando la condena es menor a dos años y no hay antecedentes, ni han sido informados de que hay un recurso de apelación en marcha y que hasta que no se resuelva, seguirán en el CETI sine die.

Fuentes presentes en el juicio aseguran que la traducción durante el procedimiento “dejó muchísimo que desear”. “El traductor omitía partes de las declaraciones del juez, resumía otras con su propia interpretación y no explicaba las cuestiones más técnicas”, señalan las mismas fuentes. “Cuando acabó la vista, los acusados se quejaron de que no habían entendido nada de lo que se había hablado, ni cuál sería su situación tras la firma de la conformidad, si tendrían que ingresar en prisión o continuar en el CETI”, cuestionan. La Fiscalía, por su parte, asegura que en este procedimiento, como en otros, “siempre está presente un intérprete cuando algún acusado/investigado lo requiere”.

Uno de los jóvenes indica que le planteó al tribunal por qué de las 602 personas que entraron irregularmente en España, solo ellos se sentaron en el banquillo de los acusados. “No me respondieron”, asegura. Otro de los condenados afirma que tampoco obtuvo respuesta cuando le preguntó a una de las abogadas, al momento de firmar la conformidad, qué pasaría si se decantaba por la opción de ir a juicio oral y afrontaba la petición de ocho años de la Fiscalía. “¿Tienen pruebas para encadenarnos?”, le trasladó. “Ella no me respondió, me dijo que si lo quería hacer estaba a tiempo, pero que no podía decidir yo solo, que el resto ya había decidido firmar y que esa era la mejor opción”, asevera.

La Fiscalía defiende su actuación

En su despacho de los Juzgados de Ceuta, la fiscal del caso, María Aguayo, defiende que la actuación del Ministerio Fiscal se acomodó en todo momento al principio de legalidad. Durante la fase de instrucción de la causa se recabaron varias pruebas que no fueron reproducidas al no celebrarse juicio oral. Sin entrar en detalle, la fiscal explica que a raíz de la declaración de “un testigo protegido” -una persona del CETI- se inició toda la investigación. Aguayo reconoce que no tenían testigos directos ni ninguna declaración de algún guardia civil identificando a alguno de los nueve sospechosos

Entre los indicios con los que contaba la Fiscalía, menciona también las declaraciones de “algunos trabajadores del CETI”, que veían “cómo alguna gente le rendía pleitesía a uno de los acusados”. Hay también, según la fiscal, imágenes extraídas de los teléfonos móviles de los condenados. Ninguna de esas imágenes es del día del salto a la valla ni de los días previos, “pero se ven una especie de lanzallamas y otros instrumentos”. Todas esas pruebas quedaron a un lado al firmarse la conformidad. “¿Qué más prueba se quiere si (los acusados) están reconociendo los hechos?”, pregunta la fiscal.

A la petición de condena de la Fiscalía se sumó la acusación particular, ejercida por la asociación Independientes de la Guardia Civil, representada por la abogada Nuria Gutiérrez de Madariaga, afín a Vox. En una conversación telefónica, muestra su rechazo al recurso presentado por la defensa. “Hay que hacerles pagar la indemnización como sea y después que entren en la cárcel. Y cuando salgan de la cárcel, deben ser expulsados del país”, señala.

“No me imaginé que mi situación en Europa sería esta”

Los rostros de los jóvenes africanos reflejan su preocupación. “No tenemos vida, no podemos hacer nada ante todo eso que dicen; nadie nos defiende realmente. Para el poder, es fácil empujarnos a firmar algo. Pero yo jamás tuve un problema judicial”, comenta uno de ellos.

Uno de esos rostros ajados es el del camerunés Raoul Mounir. Tiene 20 años y salió de su país natal huyendo de la violencia y buscando un futuro mejor. “No me imaginé que en Europa mi situación sería ésta, con todo lo que he tenido que pasar hasta ahora. Me gustaría volver a mi país pero mi esposa me pidió que no lo hiciera porque ahora es demasiado peligroso estar allí”, apunta.

A Sory Traoré, de 21 años y nacido en Guinea Conakry, le gustaría, antes que otra cosa, “vivir libre de peligro” y después trabajar “de futbolista o fontanero”. Un sueño parecido al de sus compatriotas Mamadou Yero y Lamarana Sow, ambos de 21 años. Y al de David Damey y el resto de condenados. Como Ali, que fue abandonado por su familia hace años y su aspiración es llegar a trabajar algún día como mecánico en Francia: “Ese es mi único sueño”.

Las ONG consideran que la sentencia “criminaliza” a quienes migran en situación irregular y temen que “siente un precedente”. “Todo el proceso es una película surrealista. No es creíble que haya habido una planificación organizada, son gente que intenta mejorar su vida y se les condena como si hubieran minado la estabilidad del Estado”, indica Luana Ventre, abogada de Andalucía Acoge. La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) cree que el objetivo de la sentencia es “imponer un castigo ejemplarizante y fomentar la creencia de que las personas que responden a un perfil étnico determinado son criminales”. “El discurso del miedo va calando en la sociedad al presentar a los inmigrantes como unos criminales que nos están invadiendo”, sostiene Ana Rosado de la asociación andaluza.

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Este reportaje se ha elaborado con la colaboración de la Fundación PorCausaFundación PorCausa