En los últimos tiempos están proliferando Asambleas Ciudadanas deliberativas elegidas por sorteo, un instrumento basado en los orígenes de la democracia real. Intentan dar respuesta a la manifiesta insuficiencia del actual sistema político para resolver problemas que requieren una visión a medio-largo plazo o para superar las presiones de importantes lobbies económicos.

Si hay un claro ejemplo de esta incapacidad es el de la crisis climática y ecológica. Desde la década de los 70 los poderes políticos y económicos tienen la evidencia de que el modelo actual de desarrollo económico conduce a un desastre global. En las siguientes décadas se han escrito ríos de tinta sobre el tema y se han realizado múltiples cumbres o procesos. Y el resultado de todo ello es que, pese a las recomendaciones científicas, en vez de reducirse, desde 1990 las emisiones de gases de efecto invernadero han aumentado en un 60%. Y los Acuerdos de París de 2015, que ningún estado está cumpliendo, ya están desfasados según la propia ONU, es decir, que su cumplimiento sería insuficiente para evitar un aumento desastroso de la temperatura global. En otras palabras: las instituciones políticas se muestran pertinazmente incapaces de estar a la altura y a la velocidad de los acontecimientos climáticos.

En palabras de Arantxa Mendiharat (co-autora de La democracia es posible. Sorteo cívico y deliberaciones para rescatar el poder de la ciudadanía) “…el sistema de partidos tiene sus periodos electorales que hacen muy difícil afrontar decisiones de muy largo plazo o cuestiones que supongan replantear de manera tan radical nuestra manera de vivir, de producir, de consumir… ”.

Es por eso que Extinction Rebellion incluyó desde sus inicios como una de sus tres demandas centrales la constitución de las Asambleas Ciudadanas, para romper la dinámica de impotencia política y adoptar las medidas necesarias.

Cuando Gregoire Fraty fue convocado en 2019 a la Convention Citoyenne pour le Climat -Asamblea Ciudadana Climática- que se organizó en Francia, él no sabía nada sobre la emergencia climática ni sobre participación ciudadana. Sencillamente, fue elegido por sorteo para participar en la primera Asamblea Climática realizada en Europa, junto a otras 149 personas a partir de una edad de 16 años, para configurar una muestra representativa de la población francesa según criterios de género, edad, territorio, profesión y nivel socioeconómico. 

Gregoire Fraty aceptó, por civismo y por el futuro de su hija de tres años. En su libro recién publicado, Moi, citoyen (Yo, ciudadano), relata esa experiencia de participación que le ha cambiado la vida.

Durante la primera sesión en octubre 2019 escuchó la presentación científica detallada de la magnitud real de la crisis ambiental. También escuchó el dramático balance de la inacción pública y que los efectos serán devastadores para ésta y las próximas generaciones. Al salir de esta primera sesión, Gregoire Fraty, como otras muchas personas integrantes de la asamblea, tuvo una crisis de ansiedad: “algunos se pusieron a llorar y todos estuvimos en estado de shock”. 

En junio de 2020, tras nueve meses de intenso trabajo en plena pandemia, la asamblea ciudadana había reaccionado con fuerza colectiva para superar el choque inicial: presentó al gobierno un informe de 146 propuestas. 

¿Asamblea Ciudadana por el Clima o simulacro digital?

Las oleadas de desobediencia civil no violenta movilizadas por Extinction Rebellion en el Reino Unido y la presión conjunta de grupos sociales y ecologistas en Francia, lograron que en 2020 se establecieran Asambleas Climáticas en Inglaterra, Francia y, a partir de noviembre hasta la fecha, en Escocia.

En enero de 2020, el gobierno español, siguiendo los pasos de países de nuestro entorno, hacía una declaración de emergencia climática, junto a un programa de acciones, entre ellas la presentación de una Ley del Clima -actualmente en tramitación parlamentaria- y el anuncio de la convocatoria de una Asamblea Ciudadana por el Clima. A diferencia de Francia, Reino Unido y Escocia, donde las restricciones por la pandemia del COVID no fueron obstáculo, el gobierno español se escudó en ellas para no llevar a cabo su convocatoria durante el 2020.

Según consta en los presupuestos de este año y según mensajes recientes, todo indica que en breve se presentará. Nos parece paradójico de entrada que la convocatoria pueda ser posterior a la aprobación de la Ley del Clima, al contrario de lo ocurrido en Francia, donde se hizo en orden inverso, justamente con la previsión de recoger las propuestas en la ley. Una Ley del Clima española que parece que se aprobará con unos objetivos de reducción de emisiones absolutamente insuficientes y que incumplirán de manera flagrante lo marcado por la UE.

Además, parece que se organizaría de manera virtual mientras que todos los órganos de nuestra democracia representativa se reúnen presencialmente cumpliendo con las reglas sanitarias.

Basándonos en las recientes experiencias europeas, presentamos aquí lo que consideramos fundamentos mínimos para que esta Asamblea Ciudadana por el Clima sea realmente un instrumento que merezca tal nombre.

El objetivo concreto de la asamblea

El Parlamento Europeo propuso en septiembre pasado una reducción de emisiones de efecto invernadero en un 60% -respecto a los niveles 1990- en 2030. Posteriormente, en diciembre, el Consejo Europeo - con el voto favorable del gobierno español- dejó en un 55% este objetivo de reducción de las emisiones. Creemos que ambos objetivos se quedan cortos, si queremos realmente mantenernos por debajo de 1,5 grados de aumento de la temperatura global. Sin embargo, los objetivos marcados por las instituciones europeas son los mínimos que debería recoger la pregunta que se encomiende a la Asamblea Ciudadana. 

También nos parece clave que, junto a unos objetivos de reducción de emisiones adecuados, la pregunta incluya, como se hizo en el caso francés, la necesidad de que las propuestas se hagan con una visión que garantice la justicia social. 

Cualquier pregunta que baje de estos mínimos o que se formule en términos ambiguos, supondría un brindis al sol. No se puede convocar una Asamblea Ciudadana por el Clima a bombo y platillo y encargarle como tarea que sea cómplice del incumplimiento de los mínimos compromisos ya adquiridos por el propio gobierno. 

Un compromiso político vinculante: deliberar para actuar

Éste es un punto clave y estos días ya han empezado a oírse voces desde la ortodoxia jurídica y constitucional aduciendo que la Asamblea Ciudadana por el Clima no es una institución reconocida en nuestro ordenamiento político y que, por lo tanto, no cabe tal carácter vinculante. Pero el fondo de la cuestión no es éste, sino si existe voluntad política de poner la acción de gobierno y el respaldo parlamentario al servicio de las propuestas que surjan de la ciudadanía informada. En caso afirmativo, haría falta un compromiso o “contrato” con la Asamblea y con la ciudadanía de todo el país, claramente explicitado, con los procedimientos y canales institucionales que pueden llevarse a cabo para implementar las diferentes propuestas. 

Sin ese fuerte compromiso democrático, la Asamblea se convertiría en un órgano consultivo más como otros tantísimos, en los que las administraciones escuchan atentamente a la ciudadanía para luego seguir haciendo lo mismo de siempre. 

Garantizar y difundir la deliberación ciudadana

El Comité o grupo de personas encargadas de la gestión de todo el proceso -en cuyos detalles no nos extenderemos aquí- también tiene una importancia obvia, por lo que se requeriría una composición que asegure su independencia, así como una presencia equilibrada y transparente.

El número de sesiones y la duración de la asamblea deben ser los necesarios para que personas que no son especialistas en la materia puedan recibir un número suficiente de aportaciones de personas expertas y tener un proceso adecuado de deliberación y selección de propuestas. En el caso de la asamblea inglesa, por ejemplo, fue manifiestamente insuficiente. En este sentido, creemos que la presencialidad también aumentaría la calidad del proceso.

En la composición de las personas que compondrán la asamblea también habría que incluir la representación proporcional de algunos colectivos que no forman parte de nuestro censo electoral, como jóvenes entre 16 y 18 años o ciudadanía residente sin nacionalidad española.

Se debe asegurar el vínculo entre la asamblea y el resto de la ciudadanía, haciendo públicas las sesiones y estableciendo instrumentos de difusión e interacción entre ambas. En este aspecto nos parece mucho mejor la experiencia francesa, que con un órgano de comunicación autónomo y eficaz logró una amplia recepción pública: un sondeo realizado reportó que 7 de cada 10 personas conocían y habían oído hablar de sus conclusiones y 3 de cada 5 consideraban que la Convención estaba legitimada para hacer propuestas en nombre de la ciudadanía francesa.

España ha batido este año su récord de desconfianza política: un 49,5 % de la población considera que partidos y políticos “son el principal problema que existe actualmente en España”, justo después del desempleo. La convocatoria de estas asambleas por parte de un número creciente de gobiernos supone un reconocimiento implícito de la insuficiencia e incapacidad del sistema político actual. La asamblea francesa ha servido además para extender a toda la ciudadanía y a los medios el debate sobre la emergencia climática y ha puesto en la agenda política y mediática temas como el delito de ecocidio o los tratados de comercio e inversión.

Pero ya no hay tiempo para “victorias morales” y “consultas”: la participación ciudadana es decisiva para acabar con décadas de inacción y profundos bloqueos institucionales. De hecho, debemos reducir las emisiones y la economía fósil en un 8% cada año de esta década. En este sentido, Extinction Rebellion no podrá avalar una asamblea que sea un mero simulacro participativo y, de no darse las mínimas condiciones en la propuesta que presente próximamente el gobierno, seguirá vigente nuestra tercera demanda de una Asamblea Ciudadana sobre la justicia climática y ecológica.

Porque no estamos hablando de negociar unas reivindicaciones ecologistas, estamos hablando de cómo evitar el fin de la habitabilidad del único planeta que tenemos. Después de más de cuatro décadas de pertinaz y consciente inacción de los poderes políticos y económicos, la y la destrucción de biodiversidad y la transformación climática ya están en curso y el margen de negociación con ellas es mínimo y no admite más simulacros.

Por fin el Consejo de Ministros ha hecho una declaración política reconociendo la situación de emergencia climática y una primera aproximación de medidas a tomar en los próximos meses. Con esta declaración se sitúa en el aún reducido club de gobiernos como los de Irlanda, Canadá o Francia, que ya han hecho declaraciones similares.

Este anuncio se producía cuando el mundo todavía no ha acabado de digerir la magnitud del desastre por los incendios en Australia, donde se ha destruido una zona costera equivalente a la que iría de Gibraltar a Marsella. Y el mismo día que la borrasca Gloria castigaba duramente todo el litoral mediterráneo y parte de la Península Ibérica, alimentada por un súper anticliclón en el noroeste de Europa, con las presiones más altas registradas en la historia.

La declaración incluye cinco objetivos y líneas de trabajo para desarrollar en los primeros cien días de gobierno. No son medidas concretas, como se ha dicho en algunos medios, son compromisos de trabajo: presentar una ley de cambio climático y transición energética, realizar una propuesta de plan de descarbonización, un plan de adaptación, de transformación productiva, y finalmente, una de las medidas más resaltadas pero más desconocidas, la formación de una Asamblea Ciudadana del Cambio Climático.

Se trata, pues, ni más (ni menos) que de una declaración de intenciones u objetivos, que tendremos que valorar a medida que se vaya definiendo en políticas concretas. Lo que si esperamos es que esta definición no se acabe eternizando institucionalmente, porque la emergencia no espera.

Por eso precisamente queremos resaltar este último tema de la Asamblea Ciudadana. Esta propuesta es una de las tres demandas de Rebelión o Extinción -Extinction Rebellion a nivel internacional-. Y cabe decir que, aunque a estas alturas muchas instituciones a diferentes niveles han hecho declaraciones de emergencia climática, hasta ahora el Gobierno español es la primera que la recoge.

La Asamblea Ciudadana es un nuevo -y al mismo tiempo muy antiguo- espacio de representación directa, que se ha puesto en juego en diferentes países en los últimos años. Por ejemplo en Irlanda sirvió para desatascar contundentemente el debate político sobre la ley del aborto, o el proceso en marcha en Francia a raíz de la revuelta de los chalecos amarillos, o la que este mismo sábado inicia sus sesiones en el Reino Unido para tratar sobre las medidas para tomar frente a la emergencia climática.

Las asambleas ciudadanas se constituyen por sorteo, pero de forma que se garantice una representación fiel de los diferentes sectores de la población. El sorteo, como en el caso de los jurados populares, es el único mecanismo que garantiza la independencia, y la no injerencia -a diferencia lo que sucede en los parlamentos actuales- de los grandes grupos de poder económico, mediático, etc.

El interés de propuestas como esta es que permite superar las lógicas tóxicas de los sistemas políticos actuales, que son incapaces de trabajar más allá del horizonte de las próximas elecciones, que se han demostrado totalmente influenciados por los grandes lobbys y que trabajan en una lógica de confrontación política que hace más provechoso alimentar conflictos que resolverlos democráticamente.

Como en el caso de las otras medidas anunciadas, de la propuesta del Gobierno de Asamblea Ciudadana solo tenemos el nombre, que será equilibrada entre mujeres y hombres y el añadido de que tendrá incluida una representación juvenil. Estos añadidos ya intranquilizan un poco porque traslucen un interés más dirigido “cara a la galería”, que al rigor. Una asamblea ciudadana como la que estamos hablando tiene que tener, por definición, representación proporcional al conjunto de la sociedad.

La asamblea constituida en el Reino Unido se diferencia de la francesa en la forma de selección de las personas. En el caso del Reino Unido es una selección técnica independiente, mientras que en el modelo francés, que es el que el Gobierno español quiere adoptar, es el primer ministro quien realiza la selección. Pero en ninguno de los dos casos hay compromiso de adoptar las medidas que proponga la asamblea. Y en ambos se trata de procesos que deben durar solo unos cuantos fines de semana, dato que nos parece absolutamente indicador de la falta de ambición y valentía. La crisis climática ha venido para quedarse muchas décadas y necesitaremos este mecanismo impulsor y supervisor de políticas durante muchos años.

Aunque en España no tenemos experiencias en este terreno, a nadie se le escapará que con este anuncio nominal no es suficiente para valorar la propuesta. Hay temas fundamentales como son la fidelidad en la selección de las personas, en la presentación del mandato, en la participación de la gente experta tanto en la facilitación de las asambleas, como en los contenidos que se deberán debatir, y, sobre todo, nos falta concreción sobre el compromiso de vinculación del Gobierno con resultados de la asamblea.

Mientras no lleguen mayores concreciones, al menos tenemos que dar la bienvenida a la introducción del concepto, porque pone en la agenda política un instrumento que tendremos que desarrollar, esperamos que más temprano que tarde, a todos los niveles de las administraciones, comenzando por los más locales.