La cumbre entre la UE y la Celac de esta semana en Bruselas reunirá a líderes de toda Europa y de América Latina para relanzar el diálogo entre ambas regiones. Para la UE, esta cumbre debería servir para enterrar sus errores de estos años y exhibir un nuevo compromiso con la región. En un contexto de emergencia climática y crisis global, guerra en Ucrania y avance de la ultraderecha en todo el mundo, la UE no puede renunciar al potencial de una alianza prioritaria con América Latina, basada en la economía verde y productiva en ambas regiones, la defensa de los derechos humanos y la justicia social y ambiental. Sería inconcebible que España, que asumió la Presidencia del Consejo de la UE este mes, no liderara este proceso, y eso también nos lo jugamos el 23 de julio. 

El ascenso de la ultraderecha en Europa muestra que esta también puede ser un espacio de retrocesos y vulneración de derechos, especialmente para las mujeres, las personas LGTBIQ+ y las personas migrantes, como hemos visto en países como Polonia, Hungría, Italia y ya en algunas comunidades autónomas en España. Por eso es importante que la presidencia española recaiga en un Gobierno progresista que impulse y defienda los avances en derechos y libertades en toda la UE. España puede liderar, por ejemplo, la coordinación de políticas a nivel europeo contra la inflación, la regulación del mercado eléctrico y alimentario; la directiva de trabajadores de plataformas digitales o la directiva de debida diligencia de las multinacionales. También puede y debe impulsar un uso de los fondos orientado a la soberanía energética, digital y tecnológica en toda la UE, escuchando a los territorios para cerrar las distintas brechas en esos sectores y combatir la despoblación y la falta de acceso a servicios públicos.

El refuerzo del pilar social y las políticas feministas en Europa también deberían ser, como lo han sido en España estos últimos tres años y medio, una insignia de la presidencia española. Revalidar el Gobierno de coalición permitiría trabajar en medidas como la implementación de garantía infantil, la tarjeta europea de discapacidad, el despliegue de vivienda pública frente a la especulación, un sistema europeo de cuidados, la protección de los derechos sexuales y reproductivos o una directiva contra las violencias machistas, entre muchas otras. La ultraderecha sabe muy bien que las políticas transformadoras en esos dos ámbitos son un objetivo a abatir. No es casual. Saben que es transformando y ampliando derechos como se frena a la ultraderecha.

Por otro lado, hay retos que requieren un cambio de rumbo si la UE quiere mantener su credibilidad como proyecto de bienestar y derechos. En los últimos meses hemos visto como han avanzado las discusiones sobre el Pacto de Asilo y Migración y como los principios racistas de las derechas han sido asumidos por el Consejo. Las fuerzas progresistas debemos evitar esos marcos y aspirar a una política de asilo y migración basada en derechos y en la protección de la dignidad de las personas. Debemos acabar con la mal llamada «devolución eficiente» y las muertes en las fronteras, porque ninguna política que ponga en duda la universalidad de los derechos puede ser sinónimo de bienestar y seguridad para la ciudadanía europea. Urge abrir vías legales y seguras que aseguren el respeto de los derechos humanos y una política justa, solidaria y eficiente.

Esto también significa un cambio del rol de la Unión Europea hacia las vulneraciones de derechos en otros territorios y una reconstrucción de la idea de vecindad sur. El silencio y el mantenimiento de relaciones prioritarias nos hace cómplices mientras Israel bombardea Palestina, Marruecos expolia los recursos del Sáhara Occidental o la población kurda es reprimida violentamente por Erdoğan. Las derechas intentarán vender los acuerdos migratorios o de defensa con estos países como una garantía de seguridad a corto plazo, pero, en realidad, esta complicidad con sus intereses erosiona las únicas herramientas disponibles para una convivencia pacífica entre pueblos: la defensa de la democracia, los derechos humanos y la propia construcción de paz.

Y, precisamente por eso, urge una modificación de las posturas ante la guerra de Ucrania. Tras 17 meses de sufrimiento, miles de personas muertas y millones de desplazadas, ¿alguien puede decir que ahora estamos más cerca de que esta pesadilla acabe? Alimentar las posturas belicistas no va a incrementar la seguridad y la justicia para el pueblo ucraniano o para Europa en su conjunto. Además, el belicismo es una gran puerta de entrada a discursos de odio capaces de paralizar cualquier avance social y político. Por ello, Europa debe emprender la vía diplomática para una salida negociada al conflicto y un acuerdo que garantice una paz justa y duradera. Debe contar con la mediación de países y organismos internacionales y trabajar por la rendición de cuentas ante los crímenes cometidos en territorio ucraniano. Y debe avanzar en una autonomía estratégica real de Europa, que anteponga los intereses de la ciudadanía europea para construir un proyecto autónomo, democrático, justo y sostenible en todos sus sectores; porque la autonomía estratégica va más allá de la seguridad: va de soberanía energética, alimentaria, tecnológica o digital. Seguridad, de hecho, es tener acceso a energía barata y limpia, a alimentos de calidad y proximidad, y a un desarrollo tecnológico que cierre brechas (en vez de abrirlas) y que genere empleo de calidad.

En lo que respecta a las relaciones con América Latina, considero que España, con un Gobierno progresista al frente, tiene un papel fundamental que cumplir. Nuestro país debe tomar la iniciativa y apostar por la cooperación en un mundo cada vez más multipolar e incierto, frente al reto fundamental de la emergencia climática y la escasez de recursos, la rivalidad entre EE. UU. y China, y la tendencia al rearme y la remilitarización. Para ello, la UE podría empezar revisando su política comercial y extractivista, así como la impunidad con la que sus grandes empresas extraen los recursos de América Latina a costa de sus hábitats naturales y de los derechos humanos. Para esto es esencial impulsar la directiva sobre diligencia debida de las empresas, vincular su actuación a derechos laborales, medioambientales, contra la explotación infantil y terminar con la impunidad e indefensión. Y hacerlo escuchando lo que los pueblos latinoamericanos y originarios tienen que decir sobre los acuerdos comerciales como el de México, Chile o Mercosur; pero también a las propias gentes de Europa que claman por dejar de vender nuestra soberanía y de tener que depender del exterior para nuestro abastecimiento de recursos que son (y serán aún más) estratégicos.

Por todo lo anterior, revalidar el Gobierno de coalición es la única garantía de que una alternativa progresista tenga la posibilidad de construir un horizonte de bienestar, derechos y libertades para toda Europa. El próximo 23 de julio no solo elegiremos quien gobernará España, sino también si Europa debe caminar hacia el pasado o hacia el futuro. Aunque es evidente que el poder no solo se dirime en las instituciones, una Presidencia española de la UE con un Gobierno progresista al frente será una gran herramienta para impulsar importantes avances sociales en toda Europa y plantear debates necesarios para encarar ese futuro. Nos jugamos mucho.

Colombia vive una crisis humanitaria por violencia. El pasado miércoles se cumplieron dos semanas del estallido social y de la brutal represión policial y militar con la que el Gobierno de Iván Duque, comandado en la sombra por el expresidente Álvaro Uribe, ha respondido desde el minuto uno. El escenario es dramático: las cifras de asesinatos, detenciones arbitrarias, desapariciones, agresiones sexuales y otros abusos de derechos humanos por parte de la Policía no dejan de aumentar cada día.

Pero la situación ya era enormemente preocupante antes del inicio de esta crisis. Colombia es el país más desigual de la región latinoamericana, y también el que más asesinatos de líderes y lideresas sociales registra: 52 en lo que llevamos de año, y más de 1.000 desde la firma de los Acuerdos de Paz en noviembre de 2016, según cálculos de la Jurisdicción Especial para la Paz, Indepaz y otras organizaciones. La falta de implementación de aspectos centrales como la reforma agraria estaba generando un clima de violencia e injusticia social insostenible. 

La crisis de derechos humanos que arrastraba el país, los altos niveles de violencia y desigualdad, los asesinatos, las masacres, las amenazas, los desplazamientos forzados y la impunidad generalizada con la que se saldan los crímenes han creado, entre otros factores, el perfecto caldo de cultivo de este estallido. A todo ello se suma la debilidad del sistema de salud en Colombia y una gestión de la pandemia que se ha cebado con las capas sociales medias y bajas, agudizando la situación. No era de extrañar que una medida como la reforma tributaria que pretendía imponer Duque en mitad de la pandemia hiciera volar todo por los aires. El pueblo colombiano ha soportado demasiado.

Sin embargo, el gobierno continúa jugando al desgaste y no parece dispuesto a realizar gestos significativos para establecer un diálogo respetuoso con la sociedad civil y las organizaciones del Paro Nacional. El pasado lunes se daba el primer encuentro por fallido y resurgían los llamamientos a continuar el paro durante el resto de la semana. En las calles, las protestas están siendo contestadas con una brutalidad que nos llega en cifras de muertos e imágenes desgarradoras.

Lo que está en juego es la democracia colombiana y la vida de millones de personas abocadas desde hace demasiado tiempo a la desigualdad, la violencia y la desposesión. Pero también preocupan los ecos que esta crisis puede tener en el resto de la región, ya amenazada por la extrema derecha reaccionaria y por unas oligarquías financieras y económicas capaces de cualquier cosa para hacer valer sus intereses.

Y en esto Bruselas, y también España, tienen mucho en lo que implicarse. Empezando por la responsabilidad de nuestras empresas en territorio colombiano y por el impacto de su actividad en términos de derechos humanos y medioambiente. También porque hemos destinado cientos de millones de fondos de cooperación para proyectos de desarrollo y para la implementación de los Acuerdos. En el caso concreto de España, el pasado mes de febrero firmamos un nuevo Marco de Asociación País con Colombia hasta 2024, por el que se destinarán unos 120 millones de euros.

Sin embargo, las organizaciones de derechos humanos llevan mucho tiempo denunciando que los Acuerdos no se están poniendo en marcha. El último informe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas reflejaba también la falta de esfuerzo en políticas clave como el desmantelamiento de las bandas criminales –sucesoras de los grupos paramilitares– o la protección de los exintegrantes de la guerrilla. La Unión Europea debe contribuir de manera efectiva al cumplimiento de los derechos humanos en Colombia. No puede ocurrir lo mismo que hemos visto en otros otros conflictos en Latinoamérica y en el mundo, en los que el ensimismamiento y la incoherencia han conducido a callejones sin salida y han puesto en cuestión el papel que Europa y España deben desempeñar en el orden internacional y en Latinoamérica en particular. Vamos tarde.

Como parte de la comunidad internacional, pero especialmente por los vínculos que nos unen a Colombia, debemos implicarnos y hacer que la UE se implique de forma mucho más contundente. Esto pasa por exigir el fin de la represión, garantías para el derecho a la protesta y una investigación independiente de los crímenes para depurar responsabilidades y terminar con la impunidad. Pero también por suspender la venta de armamento al país, por velar para que la financiación europea se oriente a los elementos clave del Acuerdo de Paz y por activar la cláusula de derechos humanos del acuerdo comercial entre la UE y Colombia. 

Por nuestra parte, además, debemos ampliar el foco y desarrollar una política integral hacia el país y hacia la región basada en la coherencia de políticas. Estableciendo, por ejemplo, una normativa vinculante para las empresas transnacionales europeas que vincule la política comercial al cumplimiento de los derechos humanos. Debemos hacer todo lo que esté en nuestra mano para frenar esta barbarie y contribuir a la paz, a la consolidación de la democracia y a los derechos humanos en el país hermano. Que no es poco.

“El acceso a una vivienda adecuada constituye un derecho fundamental y debe considerarse una condición previa para ejercer y obtener el acceso a los demás derechos fundamentales y a una vida digna”. El Parlamento Europeo aprobó en enero una resolución que analiza las dificultades que existen para acceder a una vivienda digna y propone a los Estados medidas para atajarlas. Desde el inicio, el texto deja claro que “las autoridades nacionales, regionales y locales tienen la obligación de definir su propia política de vivienda y adoptar las medidas necesarias para garantizar que este derecho fundamental se respete en sus mercados de vivienda”.

En la teoría, la vivienda es un derecho reconocido en el Artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948). En la práctica, la especulación y la precariedad impiden que amplios sectores de la población puedan ejercerlo: jóvenes, familias monomarentales, trabajadores y trabajadoras pobres (tener empleo ya no garantiza salir de la pobreza)… La resolución salió adelante con el voto en contra de la extrema derecha y la abstención de la derecha, y aunque no va todo lo lejos que nos gustaría, tiene muchos elementos positivos.

El texto pide que la vivienda sea reconocida como “un servicio social de interés general”; fija el objetivo de acabar con el sinhogarismo para 2030 (una situación que ha crecido un 70% en Europa en la última década); demanda una acción a escala europea para establecer moratorias contra los cortes de calefacción en invierno y para luchar contra la pobreza energética. Además, insta a los Estados a establecer “normativas de alquiler claras” y “medidas adecuadas para contrarrestar las inversiones especulativas”.

Sobre la actividad de los fondos buitre, el Parlamento “observa con preocupación el aumento de la financiarización del mercado de la vivienda, en particular en las ciudades, al tratar los inversores la vivienda como un activo negociable y no como un derecho humano”. Y denuncia que “el crecimiento expansivo del alquiler de vacaciones a corto plazo está retirando viviendas del mercado y propiciando un aumento de los precios, y puede tener un impacto negativo en la habitabilidad de centros urbanos y turísticos”, por lo que pide acciones para “evitar la turistización”.

Lamentablemente, las familias políticas de Ciudadanos, PP y Vox se han alineado para sacar del texto otras demandas relevantes: votaron en contra de prohibir los desahucios sin alternativa habitacional y de pedir expresamente a los Estados medidas legislativas para frenar la especulación inmobiliaria. Los liberales han presumido en las últimas semanas de que el Parlamento no ha pedido regular el precio de los alquileres 'gracias' a que lograron eliminar esa frase de la resolución final. Sí, como lo leen: están orgullosos de impedir que las administraciones puedan “corregir el alquiler cuando sea necesario para facilitar una vivienda asequible para todos”. Menudo retrato de los voceros de los grandes propietarios.

En cualquier caso, ¿es cierto que la Eurocámara “rechaza” regular el precio de los alquileres? Para llegar a esa conclusión hay que hacer una lectura muy maniquea del texto aprobado. Aunque ningún artículo pide palabra por palabra esa medida, la resolución señala que “no regular el mercado inmobiliario y a los agentes financieros que operan en ese mercado” para garantizar el acceso a una vivienda asequible para todos significaría que los Estados “incumplen sus obligaciones en relación con el derecho a la vivienda”. Con o sin mención expresa a la regulación de precios, el espíritu de la resolución es bastante claro.

Emergencia social en pandemia

En la Unión Europea, 80 millones de personas tienen dificultades para pagar su vivienda y casi el 10% de la población destina, al menos, el 40% de sus ingresos para ello. Esta sobrecarga es mayor entre las personas en riesgo de pobreza y los hogares con bajos ingresos. Los datos hablan también de precaridad juvenil: el 28% de los jóvenes no puede independizarse. La falta de una vivienda digna a un precio asequible es una pieza crítica de la emergencia social que viven muchas familias en España y en Europa. Nuestro país ha sido durante décadas el paraíso del ladrillo, y la crisis de 2008 tuvo consecuencias desgarradoras en ese modelo. Los desahucios son un trauma social persistente desde entonces.

Por supuesto, no se puede abordar la cuestión del acceso a la vivienda atendiendo únicamente al precio del suelo o del alquiler: hay que poner el foco en las condiciones de vida de las personas. La precariedad laboral, los bajos salarios, la conciliación imposible… En fin, la ausencia de estabilidad para proyectar una vida. Todos estos factores se suman a los recortes de derechos y de servicios públicos que sufrió nuestro país a partir de 2010. La urgencia social se ha agravado con la Covid-19, pero el problema viene de lejos. El escudo social activado por el Gobierno de coalición para amortiguar el impacto inmediato de la pandemia (suspensión de desahucios sin alternativa habitacional, prohibición de cortes de suministro a personas vulnerables, moratoria de hipotecas…) debe completarse ahora con iniciativas a largo plazo. Y esto hay que decirlo claro: si Unidas Podemos no hubiese estado en el Gobierno, la protección social no habría sido la misma.

La emergencia sanitaria ha puesto encima de la mesa algo el movimiento popular viene denunciando desde hace tiempo: que la vivienda es un elemento fundamental para la salud pública. En un momento de emergencia sanitaria como este nadie puede quedarse en la calle. Por eso, el Ejecutivo ya ha empezado a legislar, en línea con las recomendaciones europeas, con normas como el Real Decreto antidesahucios aprobado el 22 de diciembre. En Unidas Podemos tenemos claro que el Gobierno debe estar al servicio de la mayoría social y seguir avanzando en la garantía de derechos. Este Real Decreto debe ser un primer paso para blindar, de una vez por todas, el derecho a la vivienda en nuestro país.

Sin embargo, aunque se trata de una medida fundamental para miles de familias y una victoria para el movimiento popular, el derecho a la vivienda no puede depender de una situación excepcional como esta pandemia. Nuestro país ha firmado tratados internacionales de obligado cumplimiento en esta materia que hoy por hoy se vulneran. A partir de ahora, todos nuestros esfuerzos estará puestos en la próxima Ley de Vivienda, para hacer de ella un verdadero derecho social y no un mero activo especulativo, como denuncia el propio Parlamento. Conviene recordar también el fracaso absoluto de la gestión privada del patrimonio inmobiliario resultante de la crisis y la entrega a precio de saldo a los fondos buitre. Debemos empujar hasta conseguir que los grandes tenedores estén obligados a dedicar una parte de sus viviendas al alquiler social, y prohibir permanentemente los desahucios sin alternativa habitacional de familias vulnerables.

Aunque la Unión Europea no tiene un mandato directo en materia de vivienda, las políticas impulsadas desde ella –ayudas estatales, normas fiscales y programas e instrumentos de financiación– tienen un gran impacto en el mercado inmobiliario. Aún le queda un largo camino por recorrer, pero la resolución aprobada en enero es un primer paso. Europa debe entender que sin el Pilar Social que durante tanto tiempo ha abandonado no puede seguir avanzando. Ahora es el turno de los Estados. En España, la Constitución Española establece en su artículo 47 que “todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada”, y la futura y tan necesitada Ley de Vivienda debe garantizarlo. Son muchos los retos que tiene: asegurar alquileres asequibles, acabar con la especulación y con el negocio de quienes se lucran con la posibilidad de tener un hogar. Es hora de asegurar la dignidad de un techo para todos. La dignidad de todos los techos.

Hace algo más de dos años, la Comisión Europea comenzó los procedimientos para rediseñar la Directiva sobre el agua potable. Lo hizo gracias a la presión ciudadana, materializada en el movimiento Right2Water, que logró recoger 1,8 millones de firmas para blindar el derecho de acceso universal al agua. La legislación europea sobre la materia tenía entonces 20 años, y su revisión se proponía fijar unos estándares mínimos de seguridad y calidad, adaptándola a retos actuales como la economía circular y la presencia de microplásticos en el agua, entre otros.

Esta semana, el Parlamento Europeo ha debatido y aprobado la revisión de esta directiva. Hay que celebrar que una Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) haya terminado haciéndose realidad en un texto legislativo. Algo que no debería ser una novedad, pero que sigue siendo poco habitual. Pero también hay que reconocer que el resultado final ha quedado muy lejos de lo que Right2Water defendía respecto al acceso universal.

Tras dos años de negociaciones entre instituciones, hemos logrado muchas mejoras en lo relativo a la calidad del agua, contra la contaminacion y los plásticos. Sin embargo, la directiva no llega a blindar el acceso a este derecho humano, especialmente para aquellas poblaciones más vulnerables a un entorno cambiante. Tampoco exige el fin de la liberalización de los servicios de agua y saneamiento, un cambio de paradigma profundamente necesario. 

En 2002, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU estableció que el derecho humano al agua es indispensable para una vida digna, para el desarrollo de los entornos, las comunidades y la defensa de la biodiversidad. Otras instituciones reforzaron esta idea, como el Consejo de Europa, que afirma que toda persona tiene derecho a una cantidad suficiente de agua para satisfacer sus necesidades básicas.

En este sentido, es especialmente relevante el llamamiento del relator especial de Naciones Unidas para los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, Pedro Arrojo, pidiendo a las autoridades que prohibieran los cortes de agua durante la emergencia sanitaria. Desde el principio de la pandemia de la COVID-19, dijimos que no podíamos pedirle a la gente que se quedara en casa y expulsarla de ella al mismo tiempo. Tampoco podemos pedir que se mantengan las medidas de higiene necesarias para evitar los contagios y permitir los cortes de suministros. Como señala el relator de la ONU, el acceso a este bien es un derecho humano y la tarea de las instituciones es garantizarlo.

El debate sobre esta directiva en el Parlamento Europeo llega unos días después de que el agua empezara a cotizar en el mercado de futuros de Wall Street. Se da así un paso más hacia la mercantilización y privatización de un bien básico. Según un informe de Naciones Unidas de 2019, cerca de 2.200 millones de personas no tienen acceso al agua potable, 4.200 no poseen servicios de saneamiento y alrededor de 3.000 millones carecen de instalaciones básicas para lavarse las manos y mantener condiciones básicas de higiene. Pese a ello, o precisamente por ello, porque es un recurso esencial y en peligro, siempre hay quien intenta hacer negocio y especular cuando hay oportunidad.

Nuestra relación con el agua y nuestro derecho a ella va más allá del acceso al agua potable. La nueva cultura del agua, explica Pedro Arrojo, implica que la gestión, comprensión y percepción de este bien es multidimensional: se enmarca en la naturaleza, en el Planeta, y la forma que tenemos de relacionarnos con el entorno debe ser ética y basada en la sostenibilidad. Es imprescindible recuperar nuestros ecosistemas acuáticos y recuperar el valor patrimonial, cultural, emocional, estético y lúdico de los ríos y los mares. Para conseguirlo, debemos frenar la pérdida de la biodiversidad, el comportamiento meteorológico extremo, el aumento del nivel del mar y de los incendios. Nos estamos jugando nuestro entorno, el lugar en el que vivimos. En esta concepción compleja, global e integral del agua se enmarca nuestro derecho a este recurso. 

Nuestro acceso y disfrute del agua es un derecho humano que debe garantizarse con acciones centradas en cuatro pilares: transparencia, accesibilidad, sostenibilidad y solidaridad. El derecho al agua implica que esta cumpla con una serie de requisitos: que sea suficiente, saludable, físicamente accesible, asequible y de calidad. Por ello, el derecho al agua se materializa en el derecho al suministro y en la protección contra los cortes del mismo, en el derecho a que no esté contaminada y en la no discriminación en el acceso al agua potable.

La revisión de la directiva aprobada esta semana es un paso en la buena dirección, pero se queda muy corta en el cambio necesario. Frente a la corrupción y las presiones privatizadoras, nuestra política del agua debe ser un firme compromiso con la gestión pública, integrada, participativa y sostenible tanto de ríos, lagos, humedales y acuíferos como de los servicios de agua y saneamiento.

El asesinato de George Floyd a manos de la policía de Minnesota ha vuelto a poner en evidencia que la sociedad estadounidense está herida por la cuestión racial. El “no puedo respirar” (I can’t breath) que Floyd balbuceó intentando zafarse del policía que le presionaba el cuello con una rodilla, y que el planeta entero ha podido escuchar en un vídeo viral, representa la expresión última y más violenta del racismo estructural en Estados Unidos. El racismo institucional que hace que, mientras que las personas afroamericanas son el 13,4% de la población, en los estados de mayoría afroamericana representan el 60% de las muertes por COVID19. 

El asesinato ha provocado una oleada de movilizaciones masivas en todo el país, trascendiendo ya la cuestión de la violencia policial, para denunciar la discriminación sistémica a la que son sometidas las comunidades afroamericanas. Mientras que la respuesta de las autoridades gubernamentales y locales ha sido diversa, con algunos gobernadores utilizando a la Guardia Nacional para reprimir las protestas y otros cediendo en algunas de las demandas de los manifestantes y teniendo un tono más conciliador, el presidente Donald Trump ha encontrado en estas movilizaciones un tabla de salvación de cara a las elecciones de noviembre. 

Trump, en una estrategia que viene repitiendo sistemáticamente desde que llegó al poder, ha decidido alentar la represión violenta de las protestas, amenazando con disparar a las personas que participan en ellas y presentándose como “el presidente de la ley y el orden” frente al “caos” que según él provocan las manifestaciones, mayoritariamente pacíficas. Esta estrategia tuvo su punto álgido el pasado lunes cuando, invocando una Ley de 1807, amenazó con desplegar el Ejército en los estados y ciudades que no reprimieran fuertemente las protestas, incluso contra la voluntad de sus autoridades. Dos días después, en una declaración inédita, los Comandantes en Jefe de los Ejércitos enviaron una nota a sus filas en la que recordaban que sirven al pueblo estadounidense y están obligados a respetar la Constitución que ampara la libertad de expresión y manifestación. 

La estrategia de Trump tiene dos objetivos. El primero es ganar las elecciones de noviembre. Su nefasta gestión de la pandemia ha hecho que no pueda presentar los buenos datos de crecimiento y desempleo anteriores al brote como principal hoja de servicios. Trump necesita ofrecer otra cosa y ha decidido ofrecer protección y un falso orden a su base social (mayoritariamente blanca y de clase media) frente a un enemigo interno que él mismo ha creado y alimenta: esta es la función que tiene la declaración del antifascismo difuso (bajo la sigla ANTIFA) como grupo terrorista. Trump construye una franja entre el prototipo de ciudadano estadounidense (blanco, conservador y amante de la economía de mercado) y toda la oposición política (en la que se incluyen todas la minorías raciales y también todos los grupos progresistas y pro derechos civiles que apoyan las movilizaciones). En una sociedad fuertemente armada esta estrategia puede fácilmente rebasar lo electoral y provocar un enfrentamiento civil, pero es justo lo que el presidente está alentando. 

Porque el segundo objetivo del magnate va más allá de las elecciones. El poder de los Estados Unidos en el mundo y el poder de la minoría blanca, rica, masculina y conservadora que históricamente ha dominado el país está en claro retroceso. En la década de 2040 está previsto que la población blanca suponga menos de la mitad de la población estadounidense frente al conjunto de las poblaciones afroamericana, asiática e hispana. Trump sabe que tiene que poder gestionar el miedo que esto provoca en los que siempre han ostentado el poder para reconfigurar la democracia estadounidense a la medida de sus ideas: haciéndola más autoritaria, más racista y dividiéndola aún más económicamente.  

Más allá de Estados Unidos

Esta estrategia tiene también una dimensión internacional. La política exterior de Donald Trump ha sido errática y a golpe de improvisación e imposición, pero ha tenido muy claras un par de cosas: debía polarizar con China, el Estado que económica y militarmente ya desafía la hegemonía norteamericana, y debía extender la estrategia polarizadora interna al conjunto del planeta. Los insultos, los bulos, las amenazas o las intervenciones, de las que la Unión Europea está siendo un objetivo predilecto, tienen esa función. Trump ha atacado todas las instituciones del ya débil multilateralismo y ha retrocedido en los tímidos avances que, en cuestiones como la normalización de relaciones con Irán y Cuba (lo que no es poco), emprendió Obama. Se trata de polarizar entre él y todo lo que amenaza aquello que él afirma representar. 

No es casual que Trump ataque el antifascismo, porque sabe que el antifascismo es el alma de la democracia. No es casual, tampoco, que aquí tengamos a Santiago Abascal alabando a Trump y llevando a cabo las mismas estrategias desestabilizadoras y polarizadoras que el presidente de Estados Unidos, ya que pretende instaurar el mismo régimen racista, clasista y machista. 

Por eso, el apoyo a las movilizaciones y al Black Lives Matter es una obligación política de todas las personas que aspiramos a un construir un mundo más decente, más justo y democrático. Por eso, la lucha contra todas las formas de racismo, machismo y clasismo (también el que se da aquí y ahora, en las fronteras europeas, en los CIES o en nuestro mercado de trabajo) es una lucha por la democracia.

La pandemia de COVID-19 nos ha llevado a una situación extraordinaria. Más de la mitad de la población mundial ha sido confinada. La disminución de la actividad mundial no tiene precedentes. La recesión se avecina en proporciones inauditas desde hace medio siglo. Para hacer frente a esta situación, los gobiernos se ven obligados a incurrir en gastos muy elevados. Incluso hizo que la Comisión Europea abandonara temporalmente la regla del 3% de déficit. La Comisión renuncia a su dogma: ¡así de grave es la situación! Sin embargo, una suspensión temporal no es suficiente, necesitamos acabar con la incertidumbre y cancelarla definitivamente.

En los próximos meses, las deudas públicas en Europa lógicamente explotarán. ¿Qué debemos hacer? El reembolso de la deuda no puede convertirse en el único horizonte de los pueblos europeos. Los responsables intentarán utilizar esta espada de Damocles para imponer nuevas medidas draconianas de austeridad a los pueblos. Las confederaciones empresariales ya están usando este argumento para que los trabajadores trabajen más horas en muchos países. Es un callejón sin salida. Los sacrificios serán inmensos. La crisis sanitaria no debe convertirse en miseria social para nuestros pueblos: ¡no les corresponde a ellos pagar por esta situación! En varios Estados miembros se oyen voces dispuestas a desobedecer las recomendaciones de la Comisión Europea cuando sea necesario para proteger los servicios públicos, la soberanía de los pueblos y una salida digna.

¡Hay mucho por hacer! Debemos reconstruir nuestros sistemas de salud pública que han sido desmantelados por años y años de absurda austeridad. Es necesario realizar un plan de inversiones para restaurar nuestra soberanía industrial y lograr la transición verde y morada de nuestras economías.

Para hacer frente a todo esto, las propuestas para aumentar la solidaridad sin utilizar los mecanismos de la deuda son muy positivas. Sin embargo, serán insuficientes si no se combinan con cambios estructurales. Por lo tanto, debemos superar la amenaza de la deuda. Estamos en una encrucijada. Afrontémoslo: las deudas soberanas acumuladas a través de esta crisis difícilmente serán pagadas. Debemos encontrar la manera de eliminarlas de forma racional y acordada.

Hay una manera de eliminar deuda. El Banco Central Europeo ya posee una quinta parte de las deudas de los estados europeos. Puede transformar estos títulos en “deuda perpetua” con tasas de interés cero. O, si la perpetuidad desalienta, al menos en deudas a muy largo plazo: 50, 70, o incluso 100 años. Debido a su tasa de interés cero y a la inflación, se desvanecerían poco a poco. Como primer paso, podemos cancelar estas deudas para ganar el tiempo y el espacio fiscal necesario de forma que los Estados tengan fondos para enfrentar sus crisis sanitarias y sociales, emprender su recuperación económica y reorientar sus sistemas de producción.

En una segunda etapa, el Banco Central Europeo (BCE) debería seguir comprando deudas soberanas a acreedores privados como lo hace desde 2015. Esta posibilidad debería estar disponible cuando fuera necesario idealmente mediante deuda común por ejemplo para financiar inversiones sostenibles. De esta manera, los gobiernos recuperarían la suficiente capacidad fiscal para actuar en consecuencia ante las demandas de sus pueblos. Esto es posible ahora, sin modificar los tratados europeos. Cada vez más economistas defienden que esta es la única solución viable en la actualidad.

Necesitamos una solución de emergencia como esta, de aplicación inmediata para dar a los Estados miembros un respiro y evitar el chantaje a los pueblos europeos en nombre de la amenaza de la deuda. Sin embargo, seguiríamos dependiendo de los mercados financieros, donde la mayoría de las deudas de los Estados todavía se compran. En el futuro, el BCE debería poder financiar directamente a los Estados, como ya lo hacen los bancos centrales del Reino Unido y de los Estados Unidos. Para ello, es más que necesario que nunca, reescribir los tratados de la UE y abandonar el nefasto marco actual que impide los préstamos directos del Banco Central Europeo a los Estados. Habrá que revisar los estatutos del BCE para permitirle financiar directamente a los Estados miembros y los proyectos públicos de interés general, sin alimentar las burbujas financieras especulativas.

Europa se enfrenta a una crisis sanitaria, económica y social. El neoliberalismo nos ha llevado directamente a este desastre sin un proyecto de cohesión así. La misma mentalidad no nos permitirá escapar de ella. Para superar esas dificultades, necesitamos una salida común, nuestras sociedades deben basarse en la ayuda mutua y la cooperación, en lugar del egoísmo social y la competencia. Pero hay una condición previa: no permanecer cautivos de las deudas.

El pasado 26 de marzo, Wopke Hoekstra, ministro de Finanzas de Países Bajos, sugirió a la Comisión Europea que investigase por qué España e Italia no tenían, según él, “margen presupuestario suficiente” para hacer frente a la crisis de la Covid-19 después de años de crecimiento. El primer ministro portugués António Costa respondió a esta provocación calificando las declaraciones de “repugnantes”. Aquel día, los presidentes español e italiano se habían plantado en la reunión del Consejo Europeo, exigiendo una respuesta común a la pandemia. Estas semanas hemos vuelto a preguntarnos –como ya hicimos en 2008 y en 2012, y en 2015– dónde queda la solidaridad europea, al tiempo que pedimos empatía y compromiso con los países más afectados. Pero la Unión Europea ya está herida: cada vez son más quienes pensamos que Europa no está haciendo lo suficiente.

En medio de la sucesión vertiginosa de acontecimientos en la que estamos sumidos desde hace semanas, a nadie le sorprende que acudamos a la Unión pidiendo más flexibilidad económica, instrumentos de financiación o la emisión de los ya famosos coronabonos. Porque es de sobra conocido que la Unión Europea es una Unión económica. Lo ha sido desde su fundación y hoy vuelve a estar al descubierto. Hace una década asistimos a una crisis que se cebó con las mayorías sociales de los países del sur, dejando cicatrices todavía hoy abiertas.

Las finanzas se han enriquecido con las crisis que han sufrido nuestros pueblos. Más allá del secuestro de nuestras instituciones por parte del sector financiero, lo que se ha producido es un enriquecimiento sistemático de ciertos sectores económicos que son, a su vez, el principal músculo de los Gobiernos del norte. Ahora bien, la brecha entre la Europa del norte y la del sur no se manifiesta únicamente en la forma de entender la economía, sino en la visión y en el compromiso que tienen con la esencia del proyecto europeo.

De tal forma, estas diferencias entre estados miembros han cristalizado en muchas de las políticas de la UE. Por un lado, la (no) política migratoria de la UE, tomando como ejemplos el acuerdo de la vergüenza con Turquía (que desde 2016 hace de carcelero de quienes intentan alcanzar suelo europeo huyendo de zonas de conflictos) o el bloqueo de la reforma del Convenio de Dublín para solicitantes de asilo. En segundo lugar, la exigencia de recortes del gasto público que ha provocado la devaluación de salarios, los recortes en sanidad, educación y pensiones y que nos han sumido en un estado de precariedad institucionalizada que nos debilita ante retos globales como está demostrando la pandemia. En tercer lugar, el desinterés –más que intencionado– de la Unión en la armonización fiscal, la lucha contra el fraude y la evasión fiscal dentro del propio espacio europeo, profundizando en la competencia entre Estados miembros.

No es la Unión Europea la que está dando la espalda a España e Italia, sino el modelo que miembros como Alemania, Países Bajos y Austria pretenden imponer como si fuese el único posible, esperando que aceptemos sus condiciones. Por eso, ahora cobra más sentido que nunca un proyecto basado en el trabajo común para hacer frente a retos comunes, y que entienda la solidaridad como guía del mismo y no como una limosna. Nos necesitamos para enfrentar todo lo que amenaza la dignidad de nuestras vidas. Hoy es la enfermedad de la Covid-19, pero también lo es el cambio climático, lo son los fondos buitre que hacen negocio con nuestros hogares y las eléctricas que especulan con los precios que pagamos por la luz. Porque si se trata de que la UE ofrezca seguridad, certezas y proteja a sus pueblos, ¿qué genera más inseguridad que no poder pagar el alquiler, encadenar trabajos temporales o esperar durante meses una cita en un hospital público?

Si algo ha conseguido esta emergencia es poner de manifiesto que aquello que mantiene la vida son los y las trabajadoras de la sanidad, de la Administración, del transporte, de la alimentación, del sector primario y del conjunto del sistema de cuidados. De quienes nos dan de comer, de quienes nos curan y de quienes nos cuidan. Mientras, la UE se muestra escandalosamente alejada de la realidad: frente al consenso de que lo público y lo común está haciendo frente a esta pandemia, las medidas que proponen siguen pasando por productos financieros en parte privados, por mercados secundarios y por programas de crédito. El recién anunciado programa para el desempleo (basado en préstamos) y la “iniciativa de inversión en respuesta al coronavirus” no dejan de ser parches en mitad de una situación de alarma sanitaria y socioeconómica.

La Covid-19 ha dejado al descubierto las costuras de la Unión Europea. Si bien algunas de las iniciativas parecen dar oxígeno a los estados, no podemos olvidar que todas las instituciones europeas insisten una y otra vez en que se trata de medidas coyunturales y de carácter temporal. Es decir, que una vez pase la tormenta, la estabilidad presupuestaria volverá a ser el lema de la Unión. Tenemos el deber de recordar que las políticas y las decisiones a las que plantean volver son las mismas que han servido de caldo de cultivo para movimientos xenófobos, misóginos y reaccionarios, que han llevado a la suspensión de facto de la democracia en Hungría. Ya sea por responsabilidad o por convicción de que otra Europa es posible, no podemos seguir apostando por más de lo mismo. Necesitamos garantizar la seguridad de nuestros pueblos, sus condiciones vitales, los servicios públicos, el estado de bienestar, el empleo, y para eso necesitamos instrumentos reales, que construyan un compromiso compartido de luchar juntos en momentos difíciles. En este sentido, repartir los esfuerzos que nos exige la situación de alarma a través de los eurobonos es imprescindible.

Tras haber sufrido las peores consecuencias de las crisis europeas, los países del sur afirmamos que la Unión Europea es tan nuestra como suya, y que no vamos a limitarnos a aceptar las condiciones que desde el norte nos ofrezcan. Tampoco podemos caer en una dicotomía vacía entre norte y sur sin reconocer que Luxemburgo, Bélgica o Irlanda están de nuestro lado a la hora de pedir respuestas conjuntas y que cada vez hay más voces de la izquierda alemana y holandesa que reclaman solidaridad europea. No hay que obviar que en el frente del norte se encuentran los países más ricos de la UE, ni que este hecho define su comportamiento con sus socios europeos. Es hora de preguntar a los gobiernos de Alemania, Países Bajos, Austria y Finlandia si creen que, individualmente fuera del marco de la Unión, podrían afrontar mejor sus relaciones políticas, económicas y sociales en un mundo cada vez más complejo. ¿Acaso 'dejar caer' a los países más vulnerables económica y socialmente no pone en riesgo la supervivencia de la zona Euro?

Experiencias como la que estamos viviendo demuestran que lo común y lo público son la única respuesta frente al “sálvese quien pueda”. Si no eligen barbarie, deben aceptar cambios. Y es que todas aquellas fuerzas que entendemos la Unión Europea como una unión de sus pueblos y al servicio de las personas, tenemos el mismo derecho a establecer prioridades y decidir, al fin y al cabo, su razón de ser.

En la medianoche de este viernes, el Reino Unido se convertirá oficialmente en el primer país en abandonar el proyecto comunitario. Una cuenta atrás en Downing Street marcará el inicio de un periodo de transición en el que prácticamente nada cambiará para la ciudadanía británica… hasta el 31 de diciembre de este año, fecha en que el Reino Unido dejará definitivamente de estar ligado a las estructuras económicas y normas de la Unión. “Get Brexit done!”, y ni mercado único, ni unión aduanera, ni jurisdicción del Tribunal de Justicia europeo a partir del 1 de enero de 2021.

Qué pasará a partir de entonces continúa siendo una incógnita. Ello dependerá, evidentemente, de la naturaleza y contenidos del tratado que regule la relación bilateral entre el Reino Unido y la UE, o de la posibilidad misma de alcanzarlo. Once meses no parecen suficientes para conseguir un acuerdo de semejantes dimensiones, teniendo en cuenta que solo el acuerdo con Canadá (CETA), modelo de tratado al que el propio Boris Johnson ha dicho aspirar, tardó en firmarse cerca de 7 años. Y aunque así fuera y el negociador británico Michael Gove lograra evitar la extensión del periodo transitorio, reproduciendo ese mismo modelo de tratado no parece que vayamos a llegar a buen puerto en lo que a control democrático y derechos sociales, laborales y legislación medioambiental se refiere.

No podemos limitarnos a un mero acuerdo comercial que profundice, como tantos otros suscritos por la UE, un modelo de libre comercio que vacía y atenta contra las capacidades básicas de nuestros poderes públicos, nuestra capacidad de control democrático, desmantela nuestro sector primario y profundiza en los problemas medioambientales. Esta es una nueva oportunidad para que Europa se replantee el rumbo que quiere tomar y su papel a desarrollar en un escenario global incierto e inestable como el actual, a través de un acuerdo bilateral justo, democrático y que promueva la sostenibilidad en su nueva relación con un socio no tan nuevo. Otro asunto clave y del que aún tenemos poca información es cómo se concretará la cooperación en materia de Seguridad y Defensa y si, en líneas generales, se apostará por seguir la senda del desarme y por priorizar las negociaciones frente a las soluciones militares.

En las negociaciones sobre el marco comercial, en la UE y también en España debe preocuparnos particularmente la defensa de los intereses de nuestras empresas exportadoras, especialmente del sector agrario y ganadero, y debemos pensar estrategias de acción que permitan reabsorber parte de la oferta que se verá afectada negativamente por la salida del Reino Unido. Debemos pensar e implementar, además, mecanismos para los y las quince mil trabajadoras que todos los días cruzan la verja de Gibraltar, garantizando oportunidades y condiciones de vida dignas que todavía hoy siguen sin definirse ni materializarse.

También es necesario, ahora más que nunca, atajar la abrumadora incertidumbre de nuestra ciudadanía en el Reino Unido -cerca de 140 mil personas según el INE- respecto a sus vidas, sus trabajos, su acceso al sistema de salud, a la educación o la residencia. Lo cierto es que durante los más de tres años de negociación, los mecanismos para blindar y garantizar los derechos de la ciudadanía tanto británica como europea no solo han brillado por su ausencia, sino que han sido utilizados como moneda de cambio para extraer concesiones. Debemos asegurarnos de que los derechos de la ciudadanía, como puede ser la movilidad, sean separados de toda negociación y garantizados sin ambages. En el caso de Irlanda del Norte, por ejemplo, esto se traduciría en su permanencia en el mercado único, la unión aduanera y la zona de libre circulación. A este respecto queda todavía por definir cuáles van a ser las condiciones de la frontera entre ambas partes de la isla y cómo se concretará el debate en torno a su posible reunificación.

Ahora que el Brexit es casi una realidad consumada, lo que se impone es una reflexión profunda sobre qué puede y debe hacer la Unión Europea para evitar otro exit. Y no se trata de mantener y reforzar las trabas de cualquier eventual proceso de salida, sino de ofrecer buenos incentivos para quedarse: un proyecto social que acoja y otorgue certezas a quienes carecen de ellas. El avance de la extrema derecha, el euroescepticismo y los enormes retos globales que están marcando y marcarán la agenda esta nueva década, no nos deja otra opción.

Pobreza, desigualdad, conflictos bélicos, flujos migratorios, catástrofes climáticas o la digitalización de la economía son algunos de los desafíos a los que jamás podrá hacer frente la Unión sumida como está en un contexto de crisis de legitimidad y de falta de horizonte político, así como de desacompasamiento entre sus miembros respecto a muchos temas, como puede ser la relación con EE.UU. La Unión Europea y España deben desmarcarse de la política errática e ilegal de Trump y sus socios de la internacional reaccionaria, reafirmar su autonomía estratégica y diseñar políticas integrales con las diferentes regiones basadas en derechos humanos, democracia y respeto por el medioambiente.

A estas alturas ya todo el mundo sabe que el Brexit es un síntoma de una crisis más profunda que solo se puede enfrentar a través de una honda transformación de las políticas de la UE y de la democratización de su funcionamiento. Urge también revisar el papel que debe desarrollar en tiempos de graves cuestionamientos a los consensos internacionales y los espacios multilaterales de decisión. La UE debe posicionarse en el lugar que le corresponde y erigirse como un actor referente en derechos, multilateralismo, seguridad y protección, a través de un proyecto social y democrático que invite a quedarse y que no deje a nadie ni fuera, ni atrás.