Dos días han pasado del Debate de Estado de la Región. Una fecha señalada en el calendario político de nuestra región que, una vez más, la presidenta Guardiola suspendió de manera estrepitosa. Llegó a la Cámara intentando ofrecer una imagen de mujer conciliadora y dialogante, pero tardó poco en “mostrar la patita”. Su actitud soberbia y altiva, que caracteriza toda su acción de gobierno, ocupó minutos y minutos de su intervención.

Una vez más, demostró ser una alumna aventajada de la retórica frentista y faltona de la señora Ayuso. Siguió al dedillo el guión marcado por Génova. Y es que desplegó todos los puntos de la estrategia del Partido Popular de utilizar todas las armas que tienen a su alcance para cargar contra el gobierno de Pedro Sánchez. Todos los males de esta tierra son culpa del gobierno estatal. Que a nadie se le ocurra señalarla como responsable de los problemas de Extremadura. Ella solo está para hacerse la foto, sonreír y reunirse con quien le adula. El marketing político se le da muy bien. Remangarse y ponerse a trabajar para dar respuesta a las necesidades reales de los extremeños y extremeñas, bastante mal.

Han pasado dos años desde que la señora Guardiola llegó al sillón de la Presidencia. Todos nos acordamos de aquella frase de que no gobernaría con aquellos que negaban la violencia machista y tiraban a la basura la bandera LGTBI. Una declaración de intenciones que dilapidó, antes incluso de llegar a la Alcazaba, su credibilidad. Dos años después seguimos viendo que su palabra no vale nada. Que el cambio que pregona no existe y que su 'Habla Extremadura' ha quedado supeditado al 'Habla Génova'.

Dos años en los que en esta tierra no ha pasado nada. Bueno, algo así, en estos dos años, por mucho que a ella le “escueza” que se lo digamos, solo han bajado impuestos a los más privilegiados. A los señoritos y rentistas. Cuando dice que ha regalado 120 millones de euros a la ciudadanía, lo que realmente quiere decir es que cuatro ricachones han dejado de pagar miles de euros, mientras que los extremeños y extremeñas reciben migajas en su declaración de la renta. Esto es lo único de lo que puede presumir. Todo lo demás, son medias verdades y mentiras manifiestas.

Las listas de espera y el compromiso con los docentes

Es mentira cuando ha dicho que han mejorado las listas de espera. Todo lo contrario. Somos la comunidad autónoma con mayor tiempo de espera media. En tan solo 6 meses, de junio a 2023 a diciembre de 2024, han pasado de 57.971 pacientes en espera estructural a 100.116, y la espera media ha subido de 81 días a 125. Con estos datos, ¿cómo se pueden dar golpes en el pecho? De verdad que es increíble.

Como también lo es el engaño al que han sometido a los docentes de esta región. En campaña electoral, Guardiola prometió la homologación salarial. En este Debate de Estado de la Región, ni una palabra sobre ello. Otra muestra más del valor de su palabra. Como tampoco mencionó los proyectos de universidades privadas que competirán directamente contra la Universidad de Extremadura, con una calidad menor pero con más recursos porque la señora Guardiola ha decidido que no es fundamental convocar la Comisión Mixta de Financiación que marca la ley que ellos mismos aprobaron, y que garantizarían la sostenibilidad de la universidad pública.

En Igualdad, la política de María Guardiola podría considerarse una broma, si no fuera porque el machismo sigue matando y atentando contra las mujeres, también aquí en nuestra región. Por eso, es incomprensible que la presidenta nos venda como una medida estrella en materia de igualdad que los farmacéuticos, al mismo tiempo que dispensan medicamentos, puedan atender a las mujeres víctimas de violencia de género, mientras tiene a día de hoy, oficinas de igualdad y puntos de atención psicológicas cerrados. Tenemos a profesionales especializados en violencia machista en el paro, y en su lugar, serán los farmacéuticos quienes nos atenderán. De verdad, es que no tiene ni nombre.

La palabra de Guardiola vale poco, y en la defensa de Almaraz también. La hemos visto en este Debate de Estado de la Región cómo se ha desinflado su reivindicación para prorrogar su vida útil. Quizás porque está viendo cómo hasta las propias empresas no terminan de ponerse de acuerdo. Y mientras, quien sufre los vaivenes de este gobierno nefasto son los trabajadores, los de la central también, que ven cómo los intereses de la presidenta no estaban, tal y como decía, centrados en proteger el empleo, sino en servir a las grandes empresas energéticas que llevan décadas haciéndose con nuestros recursos. Si lo estuviera, estaría ocupada en exigir un plan de prejubilaciones y que los puestos de trabajo de la central se mantengan durante el desmantelamiento. Pero eso ya, si eso, para Pedro Sánchez, como la gestión del apagón. No vaya a ser que tenga que mancharse las manos.

Podría continuar así con una rista de desprecios, desplantes y olvidos de este gobierno con las necesidades reales de Extremadura. Podríamos hablar de vivienda, dependencia, de empleo, de juventud, de políticas agrarias, de tantas y tantas cosas que este gobierno ha faltado su palabra en estos dos años. Nunca en esta tierra hubo un gobierno que dio tan descaradamente la espalda a la ciudadanía. Nunca antes había importado tan poco el futuro y el bienestar de los extremeños y extremeñas, y tanto los bolsillos de los señoritos.

Para afrontar el cambio que Extremadura se necesita el extrebejí del que hablaba Juan Copete, que no es otra cosa que ese estado del alma apresurado, ansioso y deseoso que no te permite relajarte, ni siquiera ni un minuto. Extrebejí para nunca resignarnos ni sentirnos vencidos. Extrebejí para cambiar nuestro futuro. Extrebejí que, lamentablemente, no tiene Guardiola.

No sé ustedes, pero yo llevo unas semanas, por no decir meses, bastante abochornada con las decisiones, actitudes y planteamientos de la clase política. No sé si seré una rara avis en medio del parlamentarismo extremeño, pero este juego de ajedrez que hemos visto en los últimos días dentro del Partido Socialista me ha parecido lamentable. Lo bochornoso es que no se hayan puesto coloradas las mentes pensantes que idearon la estrategia de entrada del secretario general en la Asamblea.

Entiendo perfectamente que Gallardo quisiera estar dentro del “templo de la palabra” (parafraseando su propia expresión para referirse a la Asamblea). Es lógico que el líder de una formación, que entiendo que aspira a ser candidato en las próximas elecciones, quiera contraponer modelos y confrontar directamente con la presidenta de la Junta de Extremadura. Como digo, es algo perfectamente entendible, pero los tiempos y las formas están dejando mucho que desear.

Hubiera sido más comprensible que hubiera entrado en la Asamblea justo cuando se convirtió en secretario general el pasado año. Sin embargo, lo ha hecho días después de conocer su imputación dentro de la causa de enchufismo del hermano de Pedro Sánchez, alimentando así el relato de que lo hace para estar aforado, y por tanto, dilatar más la causa.

¡Es bastante torpe por su parte! Y más cuando Vox no ha tardado ni un minuto en registrar una propuesta en la Asamblea, que es imposible que salga adelante porque necesita ⅔ de la Cámara, para eliminar los aforamientos. Espero que la extrema derecha haya calculado bien, que de aprobarse podrían juzgarlos también a ellos por delitos de odio, y créanme que de eso van serviditos.

Pero a lo que iba, que los tiempos mal, pero en formas peor. Para que Gallardo entrara en la Asamblea, una diputada ha tenido que dimitir y cuatro personas han tenido que renunciar a su acta. ¡Cinco personas en total! El salseo político, como suponen, está servido, y más cuando un día después de conocer qué diputada dimitía, que por cierto fue su jefa de gabinete en la Diputación, nos enteramos que sería la nueva subdelegada del gobierno de Badajoz. Aunque el cargo le duró poco porque minutos después de comunicar el cese a la que hasta ahora ostentaba el puesto, el PSOE se enmedó a sí mismo, y dio marcha atrás en la operación.

Total, que ahora Maricruz Rodríguez se ha quedado, como vulgarmente se dice, “compuesta y sin novio”. Lo lamentable es que nadie duda que los socialistas pagarán sus servicios prestados y le encontrarán un “asidero” donde agarrarse.

Y esto es precisamente lo que a mí me abochorna. Que el PSOE, al igual que el PP, utilicen las instituciones como agencias de colocación, sin ningún rubor y ninguna vergüenza. El bipartidismo sigue creyendo que las instituciones les pertenecen por derecho y que pueden quitar y poner a su antojo.

Esto que a mí me ruboriza no es nada nuevo. Aquí, en Extremadura, lo llevamos sufriendo décadas. El caciquismo y las redes clientelares son el pan nuestro de cada día. ¿Quién no conoce a un primo enchufado? ¿Quién no sabe de uno al que le ha colocado su cuñado? ¿A quién no le han pedido el voto a cambio de un puesto de trabajo? Si hasta los churreros pueden convertirse en chóferes oficiales, sin pasar por ningún proceso de selección.

Así, cuando al PSOE o PP les quitan “sus” instituciones, y llegan personas con ganas de trabajar y mejorar la vida de, por ejemplo, sus vecinos y vecinas, nos encontramos con casos como el de Alberto Cañedo en Carcaboso, donde los socialistas consiguieron que se le juzgara e inhabilitara por otorgar una célula de habitabilidad a una familia. O en Jerez de los Caballeros, donde no dudaron ni un minuto en utilizar a una tránsfuga para recuperar la Alcaldía que habían perdido en las urnas.

Sin embargo, estoy convencida de que estas prácticas no solo me avergüenzan a mí. Creo que la ciudadanía en las urnas jugará también su propia partida de ajedrez, y hará jaque mate al caciquismo.

Perdónenme que hoy les exprese mi deseo de bajarme de Europa. Llevamos días asistiendo a múltiples actos y fastos organizados para conmemorar el nacimiento de la Unión Europea, una unión que surgió no solo bajo el prisma económico, sino que también estuvo basada en la defensa de unos valores comunes, como fueron el respeto de la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad, el Estado de Derecho y la defensa de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías. Así lo establece el artículo 2 del Tratado de la Unión Europa, por el que se creó y se reguló esta unión de países.

En el artículo 3 de este mismo tratado establece que entre los fines y objetivos que persigue la Unión Europea se encuentra, en primer lugar, promover la paz, sus valores y el bienestar de sus pueblos.

Y así ha sido hasta que se ha dado la espalda al pueblo palestino y con la pasiva complicidad de Europa se ha permitido el mayor genocidio conocido de nuestro tiempo reciente. Precisamente cuando la masacre de miles de vidas humanas en Palestina nos interpela, justo cuando más necesitamos recordar los motivos por los que se creó la Unión Europea, los dirigentes europeos, han decidido que es mejor romper con todo, tirar a la basura los principios fundacionales que nos han permitido construir la comunidad europea, y seguir los delirios de un descerebrado, como es Trump, porque no tiene otro nombre.

Por eso les digo, que me dan ganas de bajarme de esta Europa cínica e hipócrita, que hoy, tres décadas después de su fundación, se ha convertido en la Europa de la guerra y la complicidad con el genocido palestino.

No se entiende, o por lo menos yo no lo entiendo, que, en lugar de seguir a pies juntillas la hoja de ruta de Trump, no se haya posicionado firmemente en sus principios fundacionales y haya defendido la paz, sus valores y el bienestar de todos los europeos y europeas.

En lugar de eso, nos encontramos con todo lo contrario. Con una apuesta por el rearme y por una economía de guerra, que solo beneficia a grandes corporaciones empresariales, que ya están añadiendo millones en sus cuentas de resultados.

La apuesta por el rearme y por la economía de guerra supone destinar ingentes cantidades de dinero a la producción militar, lo que, a su vez, lleva aparejado un gran aumento del gasto público, más endeudamiento, inflación, impuestos más altos y menor gasto social.

La presidenta Ursula von der Leyen ya ha anunciado un plan de defensa de 800.000 millones llamado “ReArm Europe”. España, con el socialista Pedro Sánchez a la cabeza, no ha dudado ni un momento en seguir esta carrera armamentística. De hecho, ha presentado más de 10.000 millones para este fin. Ese dinero no ha aparecido así, de la nada, en los bolsillos o en los sillones, cual calderilla. Ese dinero saldrá de la atención sanitaria, de la dependencia, de la educación y de nuestros servicios sociales, que verán más que mermadas su calidad para regocijo de cuatro productores de tanques y misiles, que, casualmente, algunos de los más importantes, son estadounidenses, como General Dynamics Corporation.

En esta carrera por el rearme, a la presidenta de Extremadura no se le ha ocurrido mejor idea que lanzar un plan de impulso para las empresas extremeñas destinadas a la producción militar. O lo que es lo mismo, destinar más recursos y facilidades para las plantas de El Gordo y Navalmoral de la Mata donde se fabrican armas, que son propiedad de Rheinmetall, una corporación alemana que está suministrando armamento al genocida estado de Israel. Y mientras hace esto, cada vez hay más listas de espera sanitarias, se degrada nuestra educación pública, nuestros mayores tienen peores carteras de servicios y los servicios sociales se quedan en un papel testimonial. Además hay que sumarle que este rearme va a suponer abrir en canal comarcas como la Sierra de Gata o Las Villuercas para buscar metales necesarios para la fabricación de armamento como son el wolframio, el litio, las tierras raras… Una minería a cielo abierto que nos contamina, enferma y vacía nuestros pueblos, y que además está en manos de empresas extranjeras, algunas también norteamericanas, con escaso o nulo compromiso social y ambiental. ¡Qué gran apuesta de María Guardiola!

Al rearme europeo, y extremeño, hay que unirle otro factor, que es el factor humano. Y aquí ya les hablo como madre de tres criaturas por las que temo que tengan que vivir el peor de los escenarios posibles, el de la guerra. Que terminen engrosando las primeras líneas de defensa, mientras que los poderosos que nos están llevando hacia aquí están nadando en millones y jugando a wargames, como el Stratego, desde seguros y suntuosos despachos.

Por todo eso, desde aquí, ya les digo, que si tanta ganas de guerra tienen, que la hagan ellos.

Hoy les invito ustedes a que echen cuentas, sobre todo si tienen hijos o hijas en edad universitaria, o que lo vayan a ser en los próximos años. Le invito a que echen cuentas para saber por qué es tan importante que defendamos la universidad pública y que rechacemos los proyectos de universidades privadas que se quieren instalar en nuestra región.

Vamos por el principio. El coste de una matrícula universitaria en la pública está entre los 800 y 2.100 euros, mientras que la matrícula en la privada se sitúa entre los 6.000 y 20.000 euros anuales. Esto quiere decir que si alguno de sus hijos quiere estudiar algún grado que ofertan las universidades privadas, como poco, tendrá que desembolsar 6.000 euros por curso académico. La media está en 13.000 euros.

A esto hay que añadirle, si no tienes la suerte de ser un gran tenedor de vivienda, con pisos disponibles y pagados al contado, el coste de una residencia o de un piso compartido. Y aquí también viene otro de los grandes problemas que tenemos en la región, y que parece que a la señora Guardiola le importa poco. Las residencias cuestan de media 600 euros al mes y un piso compartido puede estar perfectamente entre los 300 y los 350 euros. A pesar de ello, la presidenta insiste en que no hay que regular los precios de los alquileres por ley

Así las cosas, solo en matrícula y residencia hay que desembolsar 18.400 euros al año. Es el sueldo medio de un extremeño o extremeña (que está en 18.344 euros brutos anuales). Es decir, que todo lo que gana una persona media iría a pagar la matrícula y el lugar donde quedarse de un universitario. A esto hay que unirle gastos de manutención y de algo de ocio, que los pobres tendrán que hacer algo más que estudiar. Imagínense si en vez de un hijo, tienen dos o tres estudiando en la universidad. Inviable, ¿verdad?

Los proyectos de universidades privadas van a propiciar que solo estudie el que pueda. El que pueda pagar esas ingentes cantidades de dinero en la comunidad autónoma con los sueldos más bajos. ¿Y esos quiénes son? Pues los de siempre, los señoritos, herederos e hijos e hijas de… El resto de los mortales tendremos que dedicarnos a otros oficios.

Y ustedes me dirán que soy una catastrofista, que se podrá estudiar en la pública y que la competencia es sana. Sin embargo, la estrategia estudiada del PP, que ya está llevando a cabo en otras comunidades autónomas, está provocando un deterioro sin igual de las universidades públicas. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid, a pesar de contar algunas de las universidades más prestigiosas del país como la Complutense o la Carlos III, las está infrafinanciando. Es la comunidad que menos dinero destina a la universidad, a pesar de contar con 6 de ellas. Por contra, hay ya 13 privadas y tiene en tramitación varios proyectos más.

Y esto es lo que quiere implantar aquí la señora Guardiola, discípula aplicada de Ayuso. En una región con un importante déficit poblacional, donde la única universidad pública pierde cada año alumnos debido a la baja natalidad, pretenden implantar cuatro proyectos privados, nada más y nada menos.

La universidad pública actúa como un ascensor social. Eso es indudable. El lema de los años 80 del “del hijo del obrero a la universidad” se ha hecho posible gracias universalizar su acceso, a través de una apuesta sin precedentes por las instituciones públicas. Una apuesta que ahora los dirigentes del PP no demuestran, quizás porque lo que les molesta sea, precisamente eso, que los hijos de los obreros y los jornaleros les hablen de tú a tú en los despachos.

Pero la universidad no solo genera sociedades más equitativas y con menos desigualdades, sino que también juega un papel fundamental en el desarrollo regional. Es un motor clave que difícilmente podrán jugar los proyectos privados, cuyos únicos objetivos son los de rentabilidad económica.

Y si esto fuera poco, las privadas tampoco tienen acreditada su calidad ni dedican gran parte de sus recursos a la investigación, algo que es fundamental para el desarrollo de nuestra sociedad. Sin la investigación en los centros públicos difícilmente hubiéramos superado, como lo hicimos, la pandemia del Coronavirus. Se nos ha olvidado ya esa época, pero dudo mucho, que las universidades privadas pusieran esfuerzo y recursos en ello.

Por todo esto, hoy, una vez más, desde Unidas por Extremadura mostramos nuestro firme compromiso con la universidad pública. Nos tendrán enfrente de todo aquello que suponga mercantilizar nuestra educación superior.

“Todo está carísimo” “Vas al supermercado con 100 euros y casi no te traes nada”. “Hay productos básicos que se han convertido ya en un lujo…” Son algunas frases que oímos sistemáticamente cuando vamos a hacer la compra. La guerra de Ucrania disparó los precios de los alimentos, provocando que muchas familias españolas, y extremeñas, tuvieran que cambiar sus hábitos de consumo. Esta situación, que todavía padecemos, pero en menor medida, propició que el gobierno estatal pusiera encima de la mesa medidas para abaratar la cesta de la compra. Algunas de ellas, absolutamente insuficientes, porque todavía estamos padeciendo los altos precios, pero en aquel momento nadie puso el grito en el cielo porque se interviniera el libre mercado y se intentara limitar la especulación de bienes .

Sin embargo, ahora, cuando sufrimos una emergencia habitacional con escasos precedentes, hay sectores muy reaccionarios que no quieren oír ni hablar de limitar los beneficios extraordinarios que los rentistas, fondos de inversión, grandes propietarios, herederos y señoritos hacen de un derecho fundamental, como es el derecho a la vivienda.

Las derechas se están negando en redondo a regular el mercado en favor de la ciudadanía, y la muestra la tenemos precisamente aquí, en Extremadura, donde esta misma semana el PP de la señora Guardiola, junto con sus socios de extrema derecha, han aprobado una Ley de Medidas Fiscales para, supuestamente, facilitar el acceso a la vivienda. La realidad es que lo que han sacado adelante es una norma para que aquellos que viven de las rentas, y que se dedican a cazar los miércoles o jueves, puedan seguir haciéndose de oro con el esfuerzo de las familias mileuristas extremeñas.

Han aprobado un paquete de medidas para que los que están especulando con la vivienda en nuestra región, puedan seguir haciéndolo, y encima ganen más con ello, a costa de aligerar nuestras arcas públicas. Y para ello, han sacrificado la Ley de Memoria Democrática.

La principal víctima de sus delirios serán los valores democráticos y la memoria con los que nos hemos dotado todos y todas. Sin embargo, estoy convencida de que por mucho que carguen contra ella, no podrán borrar la memoria del pueblo extremeño, que no olvidará las atrocidades que cometieron sus antecesores. PP y Vox son los herederos de su horror, y no les da vergüenza demostrarlo.

La memoria democrática, como digo, es la gran víctima de sus delirios neoliberales. En su mundo de propietarios, se creen que en Extremadura todo el que quiera puede acceder a una vivienda, y el que no lo hace es porque no quiere. Sin embargo, la realidad es otra bien distinta. Tenemos los sueldos más bajos de todo el país. El precio de los alquileres se ha disparado en toda la región, especialmente en ciudades como Cáceres, Mérida, Badajoz o Plasencia. Solo un 13 por ciento de los jóvenes de 30 años es capaz de cumplir el sueño de independizarse. Y ante esto, las recetas que plantean son más regalos para los ricos.

Nosotras proponemos todo lo contrario. Que paguen más quienes más tienen, y que los precios de la vivienda se regulen por ley. Podría hacerse, si la señora Guardiola quisiera, mañana mismo. Solo tiene que aplicar la Ley de Vivienda estatal que permite declarar zonas tensionadas, donde se limita el incremento de los precios, y que ya está funcionando en lugares donde tenían serios problemas de vivienda como Barcelona. No quieren. Porque eso supone ponerse en frente de aquellos a los que sirven.

Y como la señora Guardiola, y sus secuaces de la extrema derecha, se han declarado insumisos a esa norma, nosotros planteamos que la declaración de zona tensionada se haga por ley. Por una de aquí, que se vea obligada a cumplir. Por eso, el pasado viernes registramos en la Asamblea de Extremadura una modificación de la Ley de Vivienda regional para que se puedan limitar los precios de la vivienda. Para facilitar la vida a las familias. Para que la juventud pueda comenzar a labrarse su propio futuro en condiciones dignas y decentes.

Hay un modelo diferente a los regalos fiscales del PP y Vox. Hay alternativas a la frivolidad impositiva de la señora Guardiola, que está demostrando cada día más que no ha venido a la política a mejorar la vida de las personas, sino a seguir engordando los bolsillos de los que más tienen. Y para ello, no tiene reparos en blanquear a la extrema derecha, aunque tenga que tirar a la basura la memoria, pisotear la bandera LGTBI, criminalizar a los migrantes o casi negar la violencia machista.

Sin embargo, el pueblo tiene memoria y no olvidará las afrentas de la señora Guardiola.

Escribo estas líneas todavía sobrecogida y con el alma en un puño. Han pasado ya unos días desde que conociéramos el trágico final de Belén Cortés, y sin embargo sigo sin poder digerir este brutal asesinato, que se podría haber evitado. Estoy convencida de ello.

Esta semana se están escribiendo ríos de tinta sobre la precariedad que sufren las trabajadoras, y digo bien, trabajadoras, porque es un sector altamente feminizado, de los centros de menores. Sin embargo, todo el que se haya acercado mínimamente a ellos, sabía de la situación en la que tienen que desempeñar su trabajo estas mujeres. Pero nadie hizo nada al respecto. Y eso, que ha habido avisos, como el ocurrido el pasado verano en Villafranca.

El modelo de gestión de estos centros, entregado a empresas privadas, está basado en la más absoluta precariedad de los trabajadores porque todos sabemos que las empresas privadas miran más por su beneficio que por la calidad del servicio o por las condiciones laborales. De esos barros, estos lodos. Nadie entiende cómo una sola persona estaba a cargo de menores con medidas judiciales. Nadie entiende que no se haya reforzado el servicio, a pesar del historial de fugas, amenazas y agresiones que parece ser que tenían. Nadie entiende cómo no había seguridad. Nadie entiende, de verdad, cómo ha podido ocurrir algo así.

El asesinato de Belén ha removido un avispero, que tarde o temprano iba a saltar, porque la situación es insostenible. Los profesionales que tratan con menores en Extremadura se están organizando para dar la batalla y exigir condiciones laborales dignas que les permitan ejercer su trabajo decentemente. Si estos trabajadores no tienen mejores condiciones, ¿cómo van a poder garantizar la reinserción y reintegración social de los chavales?

Pero ese no es el único avispero que se ha removido estos días. Ha hecho falta que se asesine brutalmente a una trabajadora para que alguien comience a pensar que igual no es la mejor idea mezclar en un mismo recurso a menores con medidas judiciales con otros que están pasando por una situación de vulnerabilidad. Es hora también de que cambien los protocolos y de que no se criminalice a todos los jóvenes por igual porque la casuística de cada uno es distinta y debe abordarse de forma individualizada.

Estos días también pienso mucho en ellos, en los menores que han sido capaces de matar brutalmente a su cuidadora. Pienso en qué hemos fallado como sociedad para que unos críos de 14, 15 y 17 años puedan ser capaces de cometer una atrocidad así. Está claro que no estamos haciendo bien las cosas y que no estamos ofreciendo las herramientas adecuadas para que nuestra juventud con problemas puedan superarlos y reintegrarse plenamente en la sociedad. Y estoy convencida de que no es por falta de implicación de los profesionales que están con ellos, sino de una Administración que los ha abandonado totalmente.

También, como no podía ser de otra forma, pienso en Belén, en su familia y en todos sus allegados, amistades y conocidos. En todo el pueblo de Castuera que se ha volcado en el dolor para despedir a una de sus vecinas y arropar a sus seres queridos. Comparto la rabia, la frustración y la impotencia de muchas personas ante este crimen sin sentido.

Por todas ellas, por Belén y por los cientos de trabajadores y trabajadoras que se dejan la piel en los centros de atención de menores, vamos a pedir explicaciones y vamos a exigir que se asuman responsabilidades desde todos los ámbitos, desde la Fiscalía, la empresa y la Junta de Extremadura. Desde Unidas por Extremadura no os vamos a abandonar. No nos vamos a olvidar de Belén.

Estos últimos días estoy contrariada, como supongo que lo estarán muchos de ustedes, que aplaudieron el anuncio de la nueva subida del SMI (Salario Mínimo Interprofesional), pero que luego han visto cómo esa subida no es tanta. Y es que por primera vez, el incremento salarial no ha venido acompañado de una adaptación del mínimo exento del IRPF, lo que hará que muchas personas tengan que tributar. De los 50 euros al mes prometidos en la subida, solo cobrarán 28,6, ya que el resto, más de 21 euros, irán a parar a las arcas públicas por el empecinamiento del Ministerio de Hacienda de no acompasar la subida del SMI con esa adaptación del tramo exento de tributación. Y yo me pregunto, ¿por qué?

Sigo sin entender la cabezonería del Partido Socialista en este sentido, sobre todo cuando ya se ha demostrado que los incrementos del salario mínimo interprofesional son positivos para la economía. Todavía me acuerdo, cuando en 2018, desde mi espacio político forzamos para que comenzara a subirse el SMI, de aquellos que empezaron a clamar contra el mismo, diciendo que iba a generar un colapso. Aquí también, en Extremadura, reconocidas voces, como la del entonces presidente Fernández Vara, auguraban que iban a aumentar las colas del paro. Nada más lejos de la realidad.

Esa reticencia del PSOE en ese momento, que costó que entendieran que era una medida de justicia social, para que los que menos cobraban vieran cómo su salario aumentaba para tener vidas dignas, puede explicar por qué está torpedeando su propia subida. Nunca han creído en ella. Sin embargo, los datos demuestran que el incremento salarial, junto con la reducción de la temporalidad, no sólo ha consolidado mejores condiciones laborales y mayor estabilidad en el empleo, sino que ha impulsado el consumo, y por tanto, ha beneficiado a la economía en su conjunto.

Desde 2018 el aumento del SMI ha sido del 61 por ciento, pasando de los 736 de la época del PP a los 1.184 euros en este 2025, que beneficiará especialmente a los sectores con más baja remuneración, como es la hostelería, el comercio minorista o el campo. Sectores vitales para la economía de nuestra tierra. De hecho, 71.600 trabajadores extremeños son los que se ven afectados por el incremento del salario mínimo. Pero ahora, parte de ese aumento, en lugar de ir a los bolsillos de los trabajadores, irá a parar a las arcas públicas.

Si esto lo hubiera planteado el PP o Vox, que abogan porque los impuestos recaigan en la clase trabajadora mientras que se los están perdonando a los que más tienen, podría entenderlo. Pero no si quien lo defiende se supone que es una fuerza progresista. Hacer pedagogía fiscal es totalmente necesario, y todos tenemos que aportar a la hucha común, pero cada uno según lo que pueda. Deberían pagar más quien más tiene, y quien tiene muy poco, como es el caso de las personas que cobran el salario mínimo, quedar exentas. Si quieren aumentar la recaudación, que comiencen, por ejemplo, a recuperar el impuesto a las grandes empresas eléctricas. Pero eso ni se lo plantean.

Espero y deseo que la presión ciudadana haga recapacitar al Partido Socialista y termine enmendándose a sí mismo porque las subidas del SMI son necesarias. Nos lo exige Europa, que ya nos ha indicado que ese salario tiene que llegar, como mínimo, al 60 por ciento de la retribución media del país, y estamos muy por debajo todavía de esa cifra.

Pero además de mejorar las condiciones laborales de las familias trabajadoras de este país, también deberíamos empezar a mirar a los pequeños autónomos, que cada día levantan con mucho esfuerzo las persianas de sus negocios. A estos también tenemos que ayudarlos, para eliminar la carga burocrática que padecen, para que tengan mejores condiciones laborales, para que puedan acceder a pensiones dignas, paro o bajas laborales sin que eso suponga un quebradero económico, y también para que puedan generar puestos de trabajo decentes o asegurar el relevo generacional. La vida de muchos de nuestros pueblos y barrios depende de ellos.

Irene de Miguel,

Portavoz de Unidas por Extremadura

Les escribo desde el pleno, sentada en mi escaño, tras escuchar el debate de la mal llamada Ley de Concordia. Estoy sentada, y menos mal, porque los discursos de aquellos que hablan de concordia me dejan muerta y ojiplática. Hablan de concordia aquellos que defienden, sin pudor, un régimen fascista que asesinó, represalió y persiguió a miles de españoles y españolas simplemente por tener una ideología distinta. Hablan de concordia aquellos que quieren que la amnesia colectiva borre las atrocidades que se sufrieron durante décadas en este país. Hablan de concordia aquellos que no quieren cerrar heridas y que quieren seguir glorificando a los verdugos de una dictadura atroz.

La memoria es un arma de futuro para construir sociedades vacunadas contra la repetición de sus mayores tragedias, y escuchar el discurso del diputado de VOX nos tiene que hacer reflexionar sobre lo que ha supuesto esta transición fallida, donde muchos creyeron que la amnesia era la mejor solución. Está claro que no. Es obvio que destruir la plaza de toros de Badajoz, permitir que siga habiendo personas asesinadas enterradas en las fosas comunes de cunetas y cementerios o mantener placas de calles en honor a carniceros fascistas no es la mejor manera de vacunarnos contra el horror.

No nos engañemos, estamos en un momento donde ser franquista está hasta de moda. Algo que en mi tiempo de estudiante era impensable. Cantar el cara al sol sin recibir el reproche social de la mayoría, hoy es algo común en los recreos de los centros educativos.

Ante esto, no nos queda más remedio que, con valentía, seguir defendiendo los valores democráticos y explicando lo que supuso la época más oscura de nuestra historia actual porque el olvido hace crecer los monstruos. 

En el calor del debate VOX llegó a afirmar que estaban de acuerdo con la última locura del señor Trump, que se le ha ocurrido la ‘maravillosa’ idea de abrir un campo de concentración en Guantánamo para los inmigrantes en situación irregular. Personas que el único delito que han cometido es trabajar de sol a sol, sin derechos, a la espera de poder regularizar su situación. Los campos de concentración, como bien me comentaba en una publicación un amigo, son la máxima exponencia de la violencia, la pérdida de libertades y derechos fundamentales. Ante esa terrible afirmación es más que necesario poner pie en pared y decirles que no vamos a consentir que su odio y fanatismo siga avanzando.

Por eso, este pasado jueves logramos una victoria importante en la Asamblea de Extremadura. Los demócratas conseguimos parar a los herederos del franquismo, que querían blanquear, con esa mal llamada Ley de Concordia, los horrores que miles de familias extremeñas, y españolas, vivieron durante el golpe de estado, la guerra y la posterior dictadura franquista.

Mientras escuchaba el vomitivo discurso de la extrema derecha no podía parar de pensar en todas las personas que todavía tienen a algún abuelo en alguna cuneta. En todos aquellos que sufrieron torturas y vejaciones en las prisiones o en los campos de concentración, como el de Montijo y Castuera. En los que fueron perseguidos, en los que se echaron al monte o en los que tuvieron que hacer las maletas, huyendo de la represión. Pensaba en que no solo le debemos la reparación y la dignificación que nunca tuvieron, sino en que tenemos la obligación moral de impedir que los fascistas no vuelvan a pasar.

Unidas por Extremadura tiene claro el “bando” en el que está. Está en el demócrata. Pero también sabemos que algunos de los que votaron ayer en contra la ley de la extrema derecha, la Ley de Memoria Histórica les sobra. Son los que también apuestan por la amnesia colectiva, pero que no lo dicen por miedo de ser tildados públicamente como lo que son.

De lo contrario, no entendemos cómo el Partido Popular fue capaz ayer de pararle los pies a Vox con esta vomitiva norma, pero sin embargo, votara en contra de convertir el campo de concentración de Castuera en un lugar de memoria. O si que lo entendemos, claro que sí. Su enmienda a la totalidad obedecía a cuestiones que nada tienen que ver con la reparación a las víctimas. Su enmienda a la Ley de Concordia tenía más de estrategia presupuestaria que de compromiso con los valores democráticos. Y después de renunciar a los presupuestos iba a quedar “muy feo” retirarla. Pero, si por ellos fuera, reescribirían de nuevo la historia.

No lo vamos a permitir. No vamos a dejar a la derecha y a la extrema derecha que blanqueen el horror. No vamos a dejar que el pueblo se quede sin memoria porque como dijo Benedetti, “todo se hunde en la niebla del olvido, pero cuando la niebla se despeja, el olvido está lleno de memoria”.

Seguro que la mayoría de ustedes ni saben que la próxima semana se debaten y se votan los presupuestos autonómicos. Soy plenamente consciente de que este tema interesa poco aunque sea importante, pero que no sean aprobados va a suponer un descalabro importante, que se está escondiendo detrás de una campaña mediática a todo tren en defensa de la Central Nuclear de Almaraz. Una campaña, por cierto, financiada por el Gobierno extremeño y por las empresas energéticas dueñas de la central.

Pero yo quiero hablarles hoy de presupuestos porque, al final, la ley más importante que va a ser tramitada este año en la Cámara va a pasar sin pena ni gloria porque el PP no ha sido capaz de negociar, como se debe, un proyecto legislativo de esta envergadura.

No se lleven ustedes a engaño, estos presupuestos estaban diseñados para ser aprobados con la extrema derecha, y son absolutamente continuistas de las cuentas del año anterior, pero los compañeros de baile de la señora Guardiola le han salido rana y el señor Abascal les ha dejado con el culo al aire.

Como les decía, la semana que viene asistiremos al debate de enmiendas. VOX ha presentado un total de cero propuestas y las negociaciones que llevaron a puerta cerrada con el PP siguen siendo un misterio. No sabemos con certeza qué fue lo que solicitaron, pero al parecer su interés no era que hubiera más médicos en las zonas rurales o más ayudas para los ganaderos afectados por la lengua azul, sino que lo que ha trascendido es que querían tener más asesores y subirse el sueldo. Propuestas vergonzosas que nada tienen que ver con las necesidades reales de nuestra tierra pero ¿qué podemos esperar de un partido al que Extremadura le importa nada y menos?

Por nuestra parte, en la primera y única reunión que mantuvimos con el gobierno del PP, la consejera de Hacienda nos dejó meridianamente claro que no se iban a mover ni un milímetro de su propuesta fiscal que beneficia a los más privilegiados de esta tierra. Estaba claro con quienes querían aprobar las cuentas, y ahora, sin modificar ni una coma de su propuesta inicial, no nos pueden pedir que les saquemos las castañas del fuego.

Así las cosas, pareciera que sólo hay dos opciones en este momento, o tumbar los presupuestos y que se prorroguen los existentes o que el PSOE deje pasar unas cuentas, no sabemos aún a qué precio, pero la realidad es que existe una tercera opción que sería la más sensata, y es que el PP retire estos presupuestos hechos a medida de VOX y los negocie de nuevo, y de verdad, con todos los grupos políticos. Para empezar, podrían empezar eliminando la reforma fiscal lesiva y regresiva para las familias trabajadoras extremeñas. Aunque mucho nos tememos que esto no va a pasar.

Ahora la pelota se encuentra en el tejado del PSOE, el cual parece bastante proclive a dejar pasar las cuentas y que el PP no tenga ninguna excusa para adelantar elecciones, no sea que los comicios les pille intentando coser el roto que les ha dejado sus primarias. Habrá que ver qué precio pone el PSOE a unas cuentas diseñadas para la extrema derecha. Solo esperamos que dejen de dar bandazos porque en los últimos 2 meses han puesto tantas líneas rojas, que si la reforma fiscal, que si el Regadío Tierra de Barros, que si reducir las listas de espera, que si la Ley de Memoria Historias, etc, que no sabemos cuál es la real. Nosotras, desde Unidas por Extremadura, hemos sido coherentes con estas cuentas, antes y ahora. Venimos todos estos meses trabajando en la misma línea que propusimos en la primera reunión presupuestaria: mejorar los servicios públicos; garantizar el relevo generacional en el campo; facilitar el acceso a la vivienda y luchar contra la despoblación con una apuesta clara por nuestras potencialidades. Todo lo demás, son los cuentos de las cuentas.

**Irene de Miguel, Portavoz de Unidas por Extremadura

Luchar contra el cambio climático salva vidas. Ésta debería ser la principal lección que extraer de la DANA que ha arrasado Valencia y que nos ha dejado, por ahora, un saldo de más de 200 personas fallecidas. El cambio climático es real y tiene consecuencias dramáticas y desastrosas, por mucho que la extrema derecha se empeñe en decir lo contrario a base de bulos y mentiras.

El arco mediterráneo se ha convertido en la “zona cero” del cambio climático. Las imágenes desoladoras de las inundaciones que todavía estamos intentando superar deberían estar estos días en la mente de todos los dirigentes que han acudido a la COP29, la Cumbre del Clima, que se está celebrando en el “petroestado” de Azerbaiyán. Por tercer año consecutivo, esta cumbre se desarrolla en un estado dependiente del petróleo, a pesar de que la industria de los combustibles fósiles es una de las responsables de la catástrofe de Valencia.

¡Qué contradicción! Precisamente en Azerbaiyán, cuyos hidrocarburos suponen un 90 por ciento de sus exportaciones y que ya ha anunciado que aumentará un 50 por ciento la producción de gas en esta década, nos jugamos el futuro. Ya no hay tiempo para equilibrios de poder y mercadeos con el clima. Es hora de actuar. De librar la verdadera guerra que tenemos por delante, por mucho que negacionistas como Trump, Milei, Putin, Orban o Abascal se empeñen, o por mucho que retardistas del cambio climático como Feijóo, Mazón o la propia Guardiola se esfuercen por mitigar sus consecuencias.

Lo cierto es que por mucho que lo nieguen, las evidencias científicas son las que son. Los últimos seis años han sido los más cálidos desde 1980. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente predice que terminaremos este año con un 1,5 grado más de temperatura y que se podrían alcanzar otro 1,5 grado más en los próximos 15 años. Este incremento produce largos periodos de sequía y fuertes precipitaciones que provocan grandes inundaciones, como acabamos de ver en el Levante español y en Andalucía. No es casual que el Mar Mediterráneo haya aumentado la temperatura un 1,4 grados en los últimos 40 años. Como tampoco es casual que se hayan registrado hasta cuatro olas de calor en un solo verano en Extremadura o que tengamos cultivos, como las encinas, que florecen en diciembre. A esto se le llama Colapso Climático.

Y para hacerle frente hay que tomar medidas valientes. No vale solo con el mercadeo con los créditos de carbono al que nos tienen acostumbradas. No vale con que los países que más contaminan paguen a los que contaminan menos para seguir haciéndolo. Esto no es librar la guerra contra el climático, pero lamentablemente no esperamos mucho de los dirigentes que dicen defender el clima pero luego se presentan en cumbres como ésta a bordo de jet privados que emiten el mismo nivel de dióxido en dos horas de vuelo que el de una persona en todo un año.

Para combatir el colapso climático hay que reducir la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera, pero también necesitamos medidas valientes que afectan a casi todos los ámbitos de la sociedad. Tenemos que cambiar la forma en la que producimos, en la que consumimos, en la que nos movemos, en la que construimos e, incluso, el diseño de las propias sociedades, que concentran a la población en grandes urbes, en las que se demandan grandes cantidades de energía y alimentos.

Pero para luchar contra el cambio climático necesitamos también políticos comprometidos y valientes, que entiendan que este es el gran reto que tenemos por delante, y que hay que tomar medidas radicales. No a los ‘Mazón’ de turno, que minimizan sus efectos y que eliminan, por ejemplo, la Agencia Valenciana del Cambio Climático o la Unidad Valenciana de Emergencias. No a los’ Feijóo, Ayusos y compañía’ que priman los intereses empresariales por encima de los intereses ambientales, y por tanto, de los de la ciudadanía. No a las ‘Guardiolas’ que hacen suyo el discurso de la extrema derecha y creen que la protección ambiental es un lastre o que plantean medidas inviables en plena crisis climática como industrias contaminantes o nuevos regadíos. No a todos ellos y SÍ a la vida. SÍ a dejar un planeta habitable para las próximas generaciones.

 **Irene de Miguel

Portavoz de Unidas por Extremadura

Cuando escribo estas líneas son 95 las personas fallecidas en Valencia tras el paso de la DANA más mortífera del siglo. Seguramente, ese número vaya en aumento según se vayan encontrando a las personas que a esta hora siguen desaparecidas. Me pregunto cómo puede ser que hayamos estado pegados a la pantalla minuto a minuto viendo la llegada del huracán Milton a Florida, y cómo las autoridades alertaban de que quien decidiera quedarse en su casa estaba arriesgando su vida, y en el caso de la DANA nos haya pillado tan de improvisto. En el caso del huracán más peligroso que ha visto el sur de EEUU fueron 23 las personas fallecidas, aquí ya nos acercamos al centenar y aun la DANA sigue azotando nuestro país.

Y es que una gran parte de lo ocurrido no es fortuito u obra del destino, ya que lo primero que hizo el señor Mazón al llegar al gobierno autonómico fue eliminar la Unidad Valenciana de Emergencias que servía precisamente para coordinar a los equipos de emergencia ante catástrofes como lo ha sido esta terrible DANA. Supongo que, como aquí hace la señora Guardiola, fue una manera de congratularse con sus socios de VOX, reconocidos negacionistas del cambio climático, que presionan para que el dinero público vaya antes destinado a la tauromaquia que a prevenir los indeseables efectos de la emergencia climática que vivimos y que ahora sabemos que cuestan vidas humanas.

Hemos visto cómo miles de personas han quedado encerradas en sus lugares de trabajo durante toda la noche porque en plena alerta roja se les ha obligado a ir a trabajar y cuando ha sonado la alarma que el gobierno envía a los móviles ya era demasiado tarde para regresar a casa. Se ha antepuesto con claridad los intereses económicos para que la rueda del capital siguiera funcionando con normalidad a la propia vida de las personas.

Que nadie diga que esto es un fenómeno meteorológico puntual imprevisible porque no lo es. La falta de previsión que obligó a miles de trabajadores a acudir a sus puestos de trabajo y el desmantelamiento de los servicios públicos que hubieran facilitado el trabajo de los equipos de emergencias tienen responsables directos y deberían de rendir cuentas.

Ya me estoy imaginando a algunos diputados de la Asamblea extremeña diciendo que lo del cambio climático es un invento de las élites globalistas. Pero la triste y dura realidad es que tenemos gobiernos que ante la evidencia científica prefieren meter la cabeza debajo de la tierra y actuar como si no pasara nada, aunque estos fenómenos sean cada vez más virulentos y se repitan con mayor periodicidad. Negar la emergencia climática que vivimos es poner vidas humanas en peligro como hemos visto en estos días.

Y, por supuesto, la Comunidad Valenciana, ni ninguna otra autonomía, es ajena a los efectos del cambio climático. Precisamente, la zona más afectada por la DANA llevaba sufriendo un prolongado periodo de sequía. El año hidrográfico ha sido el más seco desde que se tienen registros. La cuenca del Júcar está en situación de emergencia y los agricultores han tenido que soportar hasta restricciones de agua de un 60 por ciento en algunos casos. La falta de agua ha acabado, además, en esa zona con el 80 por ciento de las cosechas del olivar, cereal o cerezas.

Ese periodo de sequía se ha visto interrumpido por un episodio de fuertes precipitaciones. En algunos municipios valencianos se han llegado a recoger hasta 325 litros por metro cuadrado, como es el caso de Turís. En Requena se han contabilizado 315 o 308 en Buñol. En la zona de Utiel y Chiva se han llegado a recoger 491 litros por metro cuadrado en tan solo 8 horas. Para que nos hagamos una idea es prácticamente lo que puede llover en un año completo.

Esto, por mucho que los señores de la derecha y la extrema derecha insistan en negarlo, es obra del cambio climático. El aumento de las temperaturas está provocando que cambie el ciclo del agua y que se aceleren sus fases, lo que a su vez supone que cada vez tengamos más episodios de lluvias torrenciales e importantes inundaciones, incluso en lugares donde llueve con frecuencia. Las alteraciones en el ciclo del agua también generan que se produzcan episodios prolongados de sequía.

A pesar de lo que nos dicen los científicos, hemos llegado al punto en el que avisar de que el colapso climático es irreversible tiñendo con zumo de remolacha las puertas del Congreso es considerado un acto de terrorismo, mientras que eliminar la unidad de emergencias, permitir que los trabajadores acudan a sus centros de trabajo ,tardar 12 horas en alertar del peligro y que se cuenten por decenas los muertos no arrastre ninguna consecuencia. Esa es la distopía que vivimos y que tan bien se expresaba en la película No mires arriba.

Ojalá la tragedia de Valencia nos sirva para tomarnos en serio de una vez por todas el mayor reto que tiene la humanidad ante sí, luchar contra el cambio climático y el calentamiento global. Las medidas son urgentes, valientes y radicales, pero es que nos va la vida en ello.

Irene de Miguel

Portavoz de Unidas por Extremadura

En pocas horas se cumplirá un año desde que Israel aprovechara el ataque terrorista de Hamás para perpetrar, de forma totalmente impune, uno de los mayores genocidios conocidos de las últimas décadas. 365 días, que se dicen pronto, del más absoluto horror que, lejos de ponerle freno, va aumentando, amparado bajo el paraguas de EE.UU y la Unión Europea. 

Un año después, no solo la Franja de Gaza y Cisjordania están totalmente arrasadas y su población exterminada, si no que estamos a las puertas de la 'guerra total' en Oriente Próximo. Una 'guerra total' que siempre ha perseguido Netanyahu y que está a punto de hacerse realidad gracias al silencio cómplice de occidente.

Desde Extremadura somos muchos los que miramos hacia oriente con preocupación, pero también con rabia e impotencia por todas las vidas que han podido salvarse si la comunidad internacional hubiera parado los pies a tiempo al primer ministro israelí.

Lo más doloroso es que hay un grupo de edad en el que el ejército israelí ha puesto su objetivo, la infancia. Netanyahu se ha cargado de un plumazo a toda una generación palestina. El genocidio en la población infantil es escalofriante. 17.000 niños y niñas asesinadas. Más de 26.000 huérfanos y huérfanas. Los que han logrado sobrevivir sufren un bloqueo sin precedentes, que está asfixiando a miles de personas, dejándoles sin comida, agua, medicinas, suministros y cualquier otro bien básico para la vida. Las escenas de horror que nos llegan cada día a nuestros cómodos hogares de la actuación israelí sobrecogen a cualquiera que tenga un mínimo de humanidad.

Es paradójico que sea precisamente, el estado israelí quien esté perpetrando estos crímenes. Quien esté cometiendo este genocidio, ya que dicho término, el de genocidio, nació al albur del Holocausto nazi que sufrieron los judíos para nombrar la acción de exterminio a un grupo humano por motivo de raza, etnia, religión, política o nacionalidad. Justo lo que está haciendo hoy Israel.

Y, como decía, lo hace amparado por países aliados que son superpotencias, como EE.UU. La relación entre ambos viene de lejos. Los estadounidenses fueron los primeros en reconocer el estado de Israel, 11 minutos después de que se declarara. Desde la década de los 60 la relación entre ambos países se ha convertido en una alianza altamente beneficiosa. Israel ha recibido un fuerte apoyo norteamericano, tanto en sus relaciones con otros países como en ayuda financiera o militar. Por su parte, EE.UU. tiene en Israel un aliado fiel que le proporciona una posición estratégica en Oriente Próximo.

Por su parte, la Unión Europea es el primer socio comercial de Israel. Europa es la mayor fuente de importaciones del estado israelí y su segundo mercado de exportaciones.

España también tiene su grado de responsabilidad. Desde que comenzó el genocidio palestino, son muchas las voces que han exigido al gobierno de la nación que rompa relaciones diplomáticas y económicas con Israel. Un año después no lo ha hecho. El único gesto que ha hecho el gobierno de Sánchez ha sido el reconocimiento del Estado Palestino. ¡Qué lástima que ese reconocimiento llegara justo en plena campaña electoral de las Europeas! ¡Qué pena que la actuación española solo se quedara en eso, demostrando una vez más que a Sánchez le importan más los votos que los derechos humanos!

El silencio cómplice de occidente ante los crímenes de guerra de Netanyahu tienen una única explicación, la económica. En las guerras siempre existe un único bando ganador, el de la industria armamentística y los bancos y fondos de inversión que la apoyan. Y es que los estados están aumentando su gasto militar. Nuestro país lo ha hecho en más de 16.000 millones de euros en los últimos años.

Mientras esto ocurre, las acciones de las distintas industrias armamentísticas no paran de subir. Solo por poner un ejemplo, los títulos se dispararon el pasado 1 de octubre cuando se conocieron las represalias tomadas por Irán ante los ataques israelíes en el Líbano.

Las empresas que están dotando de armas a Israel son algunas como Boeing, Day & Zimmerman, Raytheon-RTX o Rheinmetall, entre otras. Precisamente, Rheinmetall tiene en Campo Arañuelo dos factorías que ha recibido el encargo del Ministerio de Defensa de replicar un sistema de lanzamisiles con patente de Elbit Sistems, el mayor fabricante de armas israelí.

Por eso, este domingo clamamos por la paz frente a las puertas de la factoría de armas en Navalmoral de la Mata. Por eso, exigimos que se dejen de enviar armas a Israel, que se oiga la súplica que hace unos días hizo Palestina ante la Asamblea General de la ONU. Que, de una vez por todas, se rompan relaciones diplomáticas y comerciales con Israel. Que los intereses económicos y geopolíticos no estén nunca más por encima de la vida de las personas. Que se pare la barbarie. Que la paz sea el camino.

Irene de Miguel

Portavoz de Unidas por Extremadura 

“Los impuestos son un signo de legalidad y justicia. Cuando los impuestos son justos, son para el bien común”. Comienzo este espacio quincenal en El Diario de Extremadura con estas sensatas palabras del Papa Francisco, que suscribo una por una. Los impuestos sirven para redistribuir la riqueza, para proteger a los que menos tienen. Por eso, es de justicia que todas aquellas personas a las que, afortunadamente, mejor les va, aporten más a la hucha común y que quien más lo necesite sea quien más reciba del erario público. Y esto, que debería ser un consenso social, es el origen de dos formas antagónicas de hacer política.

Por un lado, está quien desdeña todo lo relacionado con la redistribución de la riqueza y entiende que la economía lo es todo, que los mercados se regulan solos, y que quien no puede subirse a esa rueda, se queda tirado por el camino. Y por otro, estamos los que creemos que el Estado debe asegurar el bienestar de toda la ciudadanía, garantizando la igualdad de oportunidades.

Por eso, unos están concentrados en que las políticas beneficien a las clases privilegiadas y otras estamos empeñadas en que el conjunto de la ciudadanía sea el objeto de las decisiones políticas, y no solo unos pocos. Por esta razón, mi grupo parlamentario, Unidas por Extremadura, ha decidido no volverse a sentar en la mesa de negociación de los presupuestos del próximo año que ha iniciado el gobierno del PP porque sus planteamientos distan mucho de los que tenemos nosotros, ya que su objetivo fundamental para 2025 es seguir ahondando en la reforma fiscal que iniciaron cuando llegaron al gobierno, y que solo ha beneficiado a las clases más pudientes de Extremadura.

Dar marcha atrás a esta reforma es una de las medidas que le planteamos en el inicio de esa negociación porque, a pesar de lo que el ejecutivo de María Guardiola predica, no ha beneficiado a las rentas medias y bajas, sino todo lo contrario. Le ha perdonado los impuestos a los ricos, eliminando el impuesto de patrimonio, el impuesto a los grandes tenedores de vivienda o la que grava los vehículos de gran cilindrada y aplicando una reforma del IRPF que, a pesar de la propaganda, va a beneficiar más a las rentas altas que a las bajas. Y mientras han hecho esto, han aprobado ayudas y becas sin atender al criterio de renta, propiciando que todo el mundo, incluso los que más tienen, puedan acceder a ellas. Un auténtico despropósito.

Las consecuencias de esta política fiscal la sufriremos en Extremadura en poco tiempo, cuando el Estado nos liquide los tributos cedidos, especialmente IRPF, y veamos una reducción de ingresos significativa, que obviamente repercutirá en los servicios públicos más básicos, como son la Sanidad, la Educación, el sistema de atención a la Dependencia o los programas de atención social, que precisamente son los que garantizan el principio de igualdad de oportunidades de toda la ciudadanía. Pero esto, al gobierno del PP, y especialmente a María Guardiola, le da igual, porque ellos y los suyos, para los que gobiernan, podrán costearse todo eso.

La negativa a reconducir la reforma fiscal se une a otro NO para otra de las cuestiones que nosotros consideramos que es de justicia. Le planteamos en la mesa de negociación un impuesto a las grandes instalaciones fotovoltaicas, que están en manos de las eléctricas que durante décadas llevan expoliando nuestros recursos, haciendo jugosos beneficios, y dejándonos aquí migajas. Esto que planteamos no es algo nuevo, La Rioja acaba de anunciar la creación de este tipo impositivo, que no sólo permitiría mejorar nuestra recaudación, sino que además contribuiría a revertir la tercera colonización energética de nuestra tierra, haciendo que los beneficios se queden aquí, y que no pase como está ocurriendo ahora, como, por ejemplo, con Iberdrola, que se está haciendo de oro en Extremadura, pero tributa en el País Vasco.

Pero no solo hemos tenido una negativa en el capítulo de ingresos. En los gastos nosotros les planteamos al gobierno de María Guardiola cinco cuestiones claves, que consideramos que benefician a la inmensa mayoría de la ciudadanía extremeña, y que en algunos casos, ni siquiera tienen un coste económico. No lo ponen en marcha, no porque no puedan, si no porque no quieren. Por sectarismo político.

Me estoy refiriendo, por ejemplo, al tope a las subidas abusivas de los alquileres que estamos sufriendo en algunas zonas de nuestra región y que están dificultando el acceso a una vivienda a familias y a jóvenes. Solo acogiéndose a la Ley de Vivienda estatal, que se aprobó en la pasada legislatura gracias al empuje de nuestros compañeros en Madrid, declarando zonas tensionadas, evitaríamos esas subidas abusivas.

Pero también se opusieron, por ejemplo, a algo básico, como recuperar la gratuidad de los comedores escolares, para los que casi no se necesita dinero. El propio gobierno del PP ha presumido que el 80 por ciento del alumnado tiene becado el comedor escolar. Solo un 20 por ciento restante no lo tiene. Esto supone aproximadamente 800.000 euros, y permitiría que unas 2.000 familias trabajadoras se ahorraran más de 1.000 euros al año por cada menor.

Cosas básicas a las que tampoco le dieron importancia. Aumentar el número de plazas públicas en residencias de mayores en nuestros pueblos. Les proponíamos que en 2025 se incrementara la financiación de  1.000 plazas públicas en las residencias municipales para garantizar una atención digna a las personas. Un incremento de 13 millones de euros, en un presupuesto que, según el PP, será el mayor de toda la historia de Extremadura.

También le exigimos un refuerzo para la Sanidad. Un incremento presupuestario acorde a las necesidades que tiene actualmente el sistema sanitario, que son muchas, no solo en materia de personal, sino también en equipación y nuevas inversiones. En el presupuesto del año 2023, de los 593 millones de euros que creció el sistema de financiación autonómica, solo un poco más de 170 millones fueron a los tres servicios fundamentales que financia el sistema (Sanidad, Educación y Servicios Sociales). Le exigimos recuperar en 2024 la inversión perdida en el año 2023, y que la subida de este año se destine fundamentalmente a una sanidad que, con la lista de espera desbocada, sigue pidiendo a gritos más inversión.

Y por último, le planteamos una cuestión novedosa, que creemos que garantizaría el relevo generacional en el sector primario. Proponemos una renta agraria para las nuevas incorporaciones reciban una renta mensual durante 3 años para garantizar que los jóvenes decidan trabajar en el campo, con un sueldo digno. Esto nos permitiría hacer frente al acaparamiento de tierras por parte de los fondos de inversión y el agronegocio que se están haciendo con todo el terreno fértil de nuestra región.

Como ven son cuestiones básicas, de justicia, que beneficiarían a la inmensa mayoría de la población de Extremadura. A cambio, lo que proponen es menos impuestos para los ricos, más ayudas para las clases privilegiadas y más deterioro de nuestros servicios públicos. Vamos, lo que viene a ser el modelo básico del PP. Para esto, con nosotros que no cuenten.

Irene de Miguel,

Portavoz de Unidas por Extrema

El Debate de Orientación Política siempre ha sido el debate político más importante del año donde además de hacer una especie de evaluación del año, se plantean las líneas que el ejecutivo quiere seguir en el futuro. Este año era el primer debate de este tipo de la señora. Guardiola y no ha podido ser más decepcionante. No sólo mostró tener pocas ideas, deslavazadas y sin un proyecto claro para nuestra tierra, plagado de lugares comunes, sino que además planteó una política continuista a la del ejecutivo socialista en muchas cuestiones.

 El discurso olía a naftalina en muchos momentos como cuando defendía que lo más importante para el futuro de Extremadura era la continuidad de Almaraz. Una central nuclear con su vida útil caducada, cuyos dueños ni siquiera están poniendo interés en pelear por una prórroga porque con el desarrollo de las renovables ya no les es rentable. Además que defender Almaraz hablando de soberanía energética es querer hacernos tragar con ruedas de molino cuando sabemos de sobra que los propietarios de esta central nuclear son grandes multinacionales con domicilios fiscales fuera de Extremadura y algunos hasta fuera de España.

 Si algo nos dejó claro la señora Guardiola es que sigue mostrándonos que no tiene ningún pudor en mentir, en retorcer los datos y en tergiversar las palabras. Mintió cuando dijo que era una presidenta que escuchaba a todo el mundo y que su oficina era la calle. Ella sólo se reúne con deportistas, toreros, banqueros, inversores… con personas que salgan en la foto mostrando la Extremadura triunfal que ella nos quiere vender. Pero para la gente que realmente necesita que la presidenta escuche y solucione sus problemas, para esa gente no está. Ni ha recibido a los empresarios de la mina La Parrilla, ni a las asociaciones de docentes que se han visto perjudicados por unas oposiciones injustas, ni a la Plataforma Salvemos la Montaña que teme las consecuencias de la apertura de una mina a escasos kilómetros del casco urbano. Para esa gente la señora Guardiola ni está, ni se la espera.

Mintió la señora Guardiola cuando dijo que ya estaban en marcha las ayudas para las familias que sufren la terrible ELA. En un año no ha tenido tiempo de agilizar unas ayudas que son vitales para estas familias que viven atravesadas por una terrible enfermedad, cuando en campaña electoral utilizó este tema haciendo con él electoralismo y dando la sensación que era una prioridad para ella. Si en esto miente la señora Guardiola ¡en qué no será capaz de mentir!.

 Según cómo se interpreten los datos puede darnos una u otra manera de entender la realidad. Para la señora Guardiola los datos macroeconómicos nos dicen que Extremadura va como un cohete aunque tengamos la segunda peor tasa de desempleo del país, la peor de desempleo juvenil y seamos los campeones en peor calidad del empleo.

 En sanidad también nos vendió una imagen que dista mucho de la realidad cuando seguimos siendo la comunidad con peores datos de listas de espera y cuando según la Federación Asociaciones por la Sanidad Pública el servicio extremeño a descendido 5 puestos en un año.

 Miente, tergiversa, pero lo que es peor es que sus políticas distan mucho de ser la solución para los problemas que tiene Extremadura.

 Que en una región como la nuestra la prioridad de este ejecutivo haya sido hacer una reforma fiscal que beneficia los más ricos de esta tierra, perdonándoles el impuesto de patrimonio que sólo pagan las fortunas de más de dos millones de euros y excusarse en la falta de fondos para continuar con la gratuidad de comedores escolares es la mejor muestra de que gobiernan para los señoritos de esta tierra y no para las familias trabajadoras que con su esfuerzo levantan día a día Extremadura.

 Que se vaya a dedicar un millón de euros a la cría de la perdiz roja y sólo tres a financiar los avales a la compra de viviendas por parte de jóvenes nos da un claro indicio de cuáles son las prioridades de este ejecutivo. Por cierto avales sin límite de renta que en su mayoría van a ir destinados a jóvenes de altos recursos.

 Da igual que la señora Guardiola no citara ni una sola vez a sus socios de gobierno, ni siquiera para agradecerles el apoyo para sacar adelante unos presupuestos o los decretos ley que han presentado, porque la realidad es que PP y VOX se han hecho un estupendo matrimonio de conveniencia gobernando para los más privilegiados, para los señoritos de esta tierra que como decía el maestro Anguita, son los verdaderos culpables y traidores a Extremadura.

La presidenta Guardiola ha estado de tourné por Bruselas hablando de muchos temas pero concretando muy pocos. Parecía más una campaña de marketing, al más puro estilo Ayuso cuando cruza el charco para dar ruedas de prensa a Telemadrid, que realmente unas jornadas de trabajo reales. Básicamente porque habló de muchos temas, algunos donde Europa poca o ninguna competencia tiene como es el caso de la central nuclear de Almaraz. Alguien de su equipo tenía que haberle dicho que ir a Europa a pedir que Almaraz no se cierre es como ir a comprar puerros a una ferretería. La decisión del cierre paulatino de las centrales nucleares y su sustitución por energías renovables es competencia del Gobierno de nuestro país.

Recordemos que la central nuclear de Almaraz es la central más antigua de España. Comenzó a funcionar el 1 de mayo de 1981. Tiene 43 años recién cumplidos. Su autorización de explotación caducó en 2020, pero sigue operando gracias a una prórroga concedida por el Ministerio de Transición Ecológica durante la pasada legislatura, pese a que durante sus más de cuatro décadas de vida se hayan registrado más de medio centenar de incidentes, algunos de ellos lo suficientemente alarmantes como el ocurrido en 2016 cuando los informes técnicos indicaron que no había las suficientes garantías para que las bombas de agua de la central, que evitarían un accidente, funcionaran con normalidad. Pese a eso, la central está operando. Y lo hará hasta 2028, fecha definitiva del cierre, por mucho que le pese a la señora Guardiola. 

En este asunto (como en otros cuantos por desgracia también) PP, VOX y PSOE coinciden en Extremadura. Piden que no se cierre Almaraz amparándose en el manido argumento de que supondrá la pérdida de miles de puestos de trabajo en Campo Arañuelo. Una afirmación totalmente falsa, que realmente lo que esconde es que quieren que siga operando la central para que las grandes empresas eléctricas sigan haciendo multimillonarios beneficios a costa de nuestros recursos. Y la afirmación es falsa porque en Almaraz actualmente no trabajan 4.000 personas como nos quieren hacer creer, sino 750. Pero también es falso que cuando se cierre Almaraz Campo Arañuelo será un erial de paro y pobreza porque el desmantelamiento de los dos reactores de la central durará en torno a 15 años y necesitará cientos de puestos de trabajo. De hecho, según un estudio de Greenpeace, el desmantelamiento de las centrales nucleares en España supondrá la creación de 300.000 empleos, de los que 100.000 proceden del desmantelamiento de las propias instalaciones y la gestión de residuos, e implicará un aumento del PIB de unos 20.000 millones de euros.  

Sólo con estos datos le tendría que bastar a un gobierno serio para pedir el cierre de Almaraz. Además tampoco podemos obviar la cuestión medioambiental. El cierre supondrá que la central deje de generar residuos radioactivos, cuya peligrosidad dura cientos de miles de años y que son una obligación gestionar. Según los cálculos de la propia industria, el coste del programa de gestión de residuos alcanzará los 28.150 millones de euros, quedando por pagar 20.220 millones, factura que deberán abonar las empresas, y que terminaremos pagando todos a través del recibo de la luz. 

¿Entonces, por qué la señora Guardiola se afana en pedir la continuidad de Almaraz? Pues porque la energía nuclear sigue siendo enormemente rentable para las eléctricas. Iberdrola, Endesa y Naturgy, las tres propietarias de la central, acumularon 7.500 millones de euros de beneficio en 2023, la mayoría de ellos procedente de Almaraz, al ser la instalación que más aporta al sistema eléctrico español. Y está defendiendo a estas empresas, a pesar de que son las mismas que están boicoteando el autoconsumo y la implantación de las comunidades energéticas locales, que son precisamente las que generan un sistema eléctrico justo y redistributivo. Están torpedeando la conexión a la red del autoconsumo extremeño. Pues con todo, y con eso, Guardiola pretende que estas tres grandes empresas sigan haciéndose de oro, y se va a Bruselas a defenderlas, en vez de ir a reclamar que no se boicotee la transición energética justa en nuestra región. No está comprometida, por tanto, con los extremeños y extremeñas.

Tiene su hoja de ruta tan clara que no solo no le genera ningún rubor pedir la continuidad de Almaraz, sino que además ha ido más allá y ha exigido compensaciones fiscales para las grandes empresas que gestionan la central. Es decir, está reclamando que estas eléctricas con beneficios multimillonarios no paguen impuestos y que los costes del desmantelamiento los asumamos entre todos. Así, tal cual. Y se queda tan ancha.

Hay que recordar que precisamente el gobierno de Guardiola ha bajado los impuestos a los que más tienen, mientras que ha recortado en servicios públicos esenciales, como son los comedores escolares. Y todavía quiere más. Lo está demostrando con la campaña que ha iniciado a favor de Almaraz, aunque a veces no sepa muy bien dónde se compran los puerros y qué venden las ferreterías. En esto, como en otras muchas cosas, habrá que explicárselo bien para que no vuelva a hacer el ridículo por los pasillos de Bruselas.

Europa está a punto de ratificar el Pacto Europeo de Migración y Asilo, un pacto que no va a evitar que los movimientos migratorios sigan existiendo si no que va a hacer que las personas migrantes migren con mayor indefensión, que las rutas migratorias sean aún más largas y tortuosas y que Europa no tenga tan a la vista el drama migratorio. Lo que no se ve, no existe, deben pensar algunos. Un pacto que nos sitúa al nivel de las políticas más 'trumpistas', aquellas que encerraban a niños y niñas en jaulas en la frontera sin ninguna compasión.    

El pacto de la vergüenza no va a frenar la llegada de miles de personas que huyen del hambre, la miseria y la violencia en sus países, pero va a convertir a Europa en una fortaleza más inhumana donde ni siquiera las personas que huyen por estar amenazadas de muerte van a encontrar asilo.

El fenómeno migratorio ha existido, existe y existirá independientemente de lo duro y difícil que sea, porque la realidad de muchas personas en sus países de origen es terrible y desoladora y prefieren arriesgar sus vidas cruzando mares y desiertos a quedarse en lugares donde su vida y su futuro pende de un hilo.

Plantear un pacto migratorio donde se criminaliza a las personas migrantes considerándolas delincuentes y abandonando a su suerte a personas cuyo único crimen ha sido querer entrar en Europa de manera irregular es asumir el planteamiento de la extrema derecha. Una extrema derecha a la que no le sobran los inmigrantes precisamente, pero son los que los quieren sin papeles, sin derechos, para poder seguir explotándolos impunemente en la obra, en la restauración, en el campo o atendiendo a sus familiares dependientes en condiciones de esclavitud.

Aún hay personas que piensan que existen vías legales y seguras para llegar a Europa y que quien paga por arriesgar su vida en un cayuco lo hace por vicio. La realidad es que entrar desde África por vías legales es un imposible. Los visados para poder emigrar no existen, y cuando uno toca ya tierra firme se encuentra con que pedir asilo es otro imposible. La actual ley de extranjería es una ley que condena a vivir en los márgenes a las personas inmigrantes, es una ley racista que un gobierno progresista no debería permitir ni un minuto más.

Desde hace unos meses la realidad de la migración ha sacudido a nuestra comunidad con la llegada de cientos de personas procedentes de la ruta canaria. Una comunidad que está más acostumbrada a despedir en el andén a los suyos porque van a buscarse un futuro mejor fuera, que a acoger a cientos de personas que saben que aquí, con todas las privaciones y dolores que supone estar lejos de casa, es el mejor lugar donde pueden estar.

La llegada de los “chicos del albergue” (de 200 pasamos a casi 800 en unos meses) nos ha mostrado a muchas personas las costuras de un sistema de acogida y asilo que no sólo no funciona, sino que es profundamente racista.

Hace escasos dos años nos volcamos con la llegada de las personas procedentes de Ucrania. La administración se volcó en dar acogida y asilo de calidad a estas personas que huían de la guerra en su país. Incluso se organizaron casas de acogida para las mascotas que estas personas traían consigo. Nos sentimos muy orgullosas de nuestro país y de la solidaridad de gran parte de la ciudadanía pero escasos años después a chavales que huyen del hambre, la miseria, la pobreza y también la guerra les despojamos de derechos tan básicos como el derecho a asilo, además de hacinarlos en grandes centros de acogida donde muchas veces falta hasta la comida. Centros donde se encuentran menores a los que no se reconoce su minoría de edad y se vulneran sus derechos como menores. Lo único que diferencia a unos y a otros es el color de piel, se diría que el diferente trato que reciben obedece a un racismo institucional profundo.

Las políticas de extranjería dejan mucho que desear, pero en vez de avanzar hacia un mayor respeto a los derechos humanos, una mayor integración para fortalecer la sana y rica convivencia multicultural, vemos como las políticas van encaminadas a convertir a Europa en una fortaleza donde seguirán llegando miles de personas migrantes pero lo harán en peores condiciones si cabe, donde seguirán muriendo también miles en el mar mientras Europa mira hacia otro lado.

España no puede firmar este pacto de la vergüenza, no en nuestro nombre, porque todas las personas merecen los mismos derechos.

En medio de unas movilizaciones del campo históricas que ha hecho levantarse a gran parte del campo europeo, las grandes empresas del tomate han decidido incumplir la Ley de Cadena alimentaria y pagar el tomate por debajo del precio de coste de producción. Así, sin despeinarse. Cuando tenemos a los tractores cortando autovías estas grandes empresas escenifican de la mejor manera uno de los graves problemas del campo: los bajos precios por el abuso de los intermediarios y la industria.

Estas empresas plantean que esta campaña el precio del tomate no puede estar por encima de 130 euros/tonelada cuando el precio de coste, según Cooperativas agroalimentarias y las OPFH, coinciden en que es de 140 €/Tn.

Resulta que las cooperativas de productores no sólo están cerrando contratos con sus socios a 150 €/Tn sino que, además, han repartido entre ellos beneficios por la campaña anterior. En conclusión, el tomate a nivel global está teniendo unos precios al alza y la decisión de estas empresas de pagar por debajo de coste solo obedece a la pura usura y avaricia.

En 2021 se reformó la Ley de Cadena Alimentaria incorporando medidas importantes que obligaban a las administraciones autonómicas a elaborar los índices de costes de producción para que estos tuvieran que ser tenidos en cuenta a la hora de elaborar el precio. Por esa razón me resulta muy indignante escuchar a la Consejera de Agricultura de la Junta de Extremadura echar balones fuera constantemente cuando se le pregunta por las medidas para aliviar la situación del campo, y sólo contesta hablando de Sánchez y de las normas ambientales de la UE (precisamente donde su partido está en mayoría). La Consejería tiene competencias claves para hacer efectiva la Ley de Cadena Alimentaria y ha perdido una oportunidad de oro para ponerse del lado de los tomateros en este caso.

Ni una palabra hemos escuchado llamando a las cosas por su nombre. Y es que CONESA, TRANSA, AGRAZ y ALSAT son empresas que pretenden saltarse la ley abusando de los agricultores extremeños. Empresas regadas de dinero público a través de los incentivos agroindustriales. Empresas que no sólo explotan a los productores, sino que también lo hacen con sus propios trabajadores obligándoles a jornadas maratonianas de 12 horas al día de lunes a domingo. Empresas que producen en Marruecos en condiciones laborales y ambientales penosas y que generan una competencia desleal que hunde los precios aquí en Europa. Empresas que, paradójicamente, reciben galardones como el de Empresa Socialmente Responsable del año por parte de la Junta de Extremadura.

La Junta de Extremadura debe de ponerse del lado de los agricultores en esta pelea porque son el eslabón más débil. La pelea no es entre iguales. De un lado están las familias agricultoras extremeñas y del otro las grandes empresas del tomate mundiales. Decir que son contratos privados y que no hay por qué entrometerse es tomar partido por aquellos que abusan de su posición de dominio en la cadena alimentaria. Una administración comprometida con la agricultura social y familiar hubiera dado un puño en la mesa y no se hubiera mostrado equidistante ante las injusticias.

La Ley de Cadena Alimentaria es una herramienta para que los productores puedan protegerse de los abusos y para que el sector tenga mayor poder de negociación ante los compradores, pero es verdad que tiene deficiencias y que podríamos haber ido más lejos si el PSOE hubiera estado dispuesto cuando en 2021 se modificó. 

Esta semana hemos conocido que la Audiencia Nacional ha confirmado dos multas impuestas a Mercadona en 2022 por comprar leche por debajo de coste a uno de sus proveedores de marca blanca, COVAP. La Ley de Cadena Alimentaria necesita aumentar las inspecciones y multiplicar las sanciones para que sea una herramienta verdaderamente útil que desincentive los abusos, pero si las comunidades autónomas no se toman esta ley en serio y elaboran los costes de producción mucho me temo que los precios seguirán asfixiando a nuestra agricultura social y familiar.

Esta semana también hemos conocido la terrible noticia de unos jornaleros de Sevilla a los que han liberado de una situación de esclavitud absoluta. Personas que trabajaban de manera extenuante sin poder comer ni beber. Esta por desgracia es una realidad también del campo. Realidad que debe ser extirpada porque nuestro modelo agroalimentario no puede estar sustentado en la explotación laboral de aquellos que son indispensables para muchas tareas agrícolas. El sector primario debe ser un sector de futuro y certezas para todos, para los que con sus manos recogen nuestra fruta y verdura y para los que apuestan por producir alimentos como forma de vida.

El campo, si quiere tener futuro, debe de pelear por unos precios justos y garantizar unos jornales dignos.

Esta semana escribir un artículo sin referirnos a la trifulca por el decreto de ayudas a los subsidios parece tarea imposible. Y no es querer ponerme de lado pero como hasta junio no va a entrar la medida en vigor estoy convencida de que se va a solucionar sin que nadie tenga que perder ningún derecho. Y más nos vale a las izquierdas ponernos de acuerdo porque quien se está frotando las manos con todo esto se apellida Sánchez. 

Yo quería escribir sobre algunas noticias de esta semana en Extremadura que, por qué no decirlo, me han cabreado sobremanera.

Llevo un comienzo de año muy jorobado entre la crisis de la gripe y nuestra Consejera de Sanidad diciendo que no recomienda la mascarilla en los centros de salud (¡menos mal que esta mujer no gestionó la pandemia que si no aviados estábamos!) , Vox pidiendo 100.000 euros de fondos autonómicos para la unidad de España, los descarrilamientos y retrasos del tren…el 2024 se me está haciendo bola y sólo llevamos dos semanas.

Las noticias que me han hecho pensar que en Extremadura vivimos en el día de la marmota han sido las siguientes.

La primera es que el PSOE ha exigido a la Junta 1.600.000 euros para construir un aeródromo en Cáceres. Con la emergencia climática dándonos collejas todos los días lo mejor que podemos hacer es seguir insistiendo en un modelo de movilidad del siglo pasado. Plantear que con dinero público se sigan promocionando los jets privados (no nos engañemos, para eso es un aeródromo , que para vuelos comerciales están los aeropuertos) es no entender nada. La crisis climática, o deberíamos llamarlo ya colapso climático, nos está diciendo a gritos que hay que cambiar muchas cosas. Esto no va solo de alicatar de placas fotovoltaicas nuestros campos, esto va de hablar de otro tipo de movilidad, de otros tipo de producción de alimentos, de otra manera de producir todo lo que consumimos si queremos que las generaciones futuras tengan un planeta en el que vivir. Que el PP y VOX hablen del aeródromo como la salvación de Cáceres entra dentro de lo previsible de unas formaciones políticas negacionistas del cambio climático que, además, sólo benefician a las élites económicas con sus propuestas pero que lo hagan aquellos que llevan el pin de los ODS en la solapa todo el día es un poco incomprensible. Invertir un sólo euro en que los más ricos puedan venir en sus aviones privados a Extremadura a cazar o a darse un paseo por nuestras dehesas me parece un insulto.

La segunda noticia que me ha hecho pensar que hay que salir a quemarlo todo es la de que el Gobierno extremeño va a estudiar la posibilidad de poner transporte a demanda para ir al aeropuerto de Badajoz. Me vais a perdonar el exabrupto pero... ¡hay que joderse!. En Extremadura, tenemos pueblos literalmente incomunicados con líneas de autobús que no permiten desplazarse de manera útil y eficaz a las cabeceras de comarca e incluso a las grandes ciudades. Personas mayores que son incapaces de poder ir en transporte público a una cita médica. Comarcas enteras donde es imposible trasladarse en autobús para hacer trámites administrativos. Y si hablamos ya de la movilidad de los jóvenes rurales para poder disfrutar de ocio y cultura es algo absolutamente impensable. Pero para este Ejecutivo lo prioritario es que la gente pueda ir cómodamente de su casa al aeropuerto. Pero ¿en qué mundo viven estos gobernantes? Está claro que en la realidad de los extremeños y extremeñas de las poblaciones rurales incomunicadas y abandonadas no.

El próximo día 21 saldremos a la calle a reivindicar que el Gobierno estatal ponga todos sus esfuerzos en reabrir la Ruta de la Plata. El próximo domingo las estaciones de las ciudades extremeñas deberían estar llenas a rebosar exigiendo unas comunicaciones dignas y útiles para la región con peores comunicaciones del país. Es una deuda que no se ha saldado aún con esta tierra y que no se saldará ni aunque se inviertan miles de millones en el AVE que no llegará.

 O nuestros gobernantes se ponen las pilas en poner en marcha un modelo de movilidad que piense en vertebrar el territorio de manera útil para la ciudadanía, y lo haga con criterios de eficiencia energética, o Extremadura seguirá siendo un territorio ultra-periferico sin futuro alguno para las próximas generaciones.

 Vamos a ver qué sorpresas nos deparará este 2024. Por ahora, a mi se me está haciendo bola.

María y José son una pareja joven de un pueblo extremeño de algo menos de 1.000 habitantes. Ambos tienen una hija, de dos años de edad.

María y José tienen trabajos temporales y precarios que les hacen ir encadenando contratos por lo que no se verán beneficiados por las primeras medidas estrella del Gobierno del PP y Vox en Extremadura. Como no tienen un patrimonio mayor dos millones de euros, no se verán beneficiados de la supresión del impuesto que hasta ahora lo gravaba. Tampoco tienen un coche de alta gama, les basta con uno que les trae y les lleva y que cada vez pasa más tiempo en el taller por lo que no se beneficiarán tampoco de la rebaja del impuesto de matriculación a los vehículos más exclusivos del mercado; ni tampoco son tenedores de viviendas y hacen negocio alquilándolas o especulando con ellas, por lo que no podrán beneficiarse de la eliminación del impuesto a las viviendas vacías a grandes tenedores. Más bien al contrario, viven de alquiler, cruzando los dedos para que el casero no les suba mucho el alquiler. Hace poco vivían en Cáceres por motivos laborales, sin embargo, tuvieron que abandonar la ciudad al ver cómo su alquiler subía cada año hasta prácticamente ser insostenible vivir allí ya. Por desgracia, no hay ni una sola medida por parte del gobierno anterior de la Junta ni del actual para topar el precio de los alquileres que les pudiera beneficiar. Continúan a día de hoy pagando un alquiler en su pueblo mucho más alto del que se pagaba hace menos de una década.

Podrán beneficiarse de la bajada del IRPF en los primeros tramos si deciden hacer la declaración de la renta, porque al cobrar menos de 22.000 euros al año están exentos de hacerla. Poco más de 300 euros se ahorrarán al año que viene, sin embargo, cuando su hija comience la edad escolar este próximo curso y tenga que ir al colegio de educación infantil tienen la duda de si podrá acceder al comedor gratuito, debido a que PP y Vox, la primera medida que decidieron tomar al inicio de su legislatura ha sido acabar con la universalidad de los comedores gratuitos en Extremadura, por lo que probablemente les tocará gastarse mucho más de los 300 euros ahorrados en la bajada del IRPF.

Tampoco podrán beneficiarse del cheque guardería anunciado por PP y Vox, ya que en su localidad no hay ninguna guardería privada donde poder llevar a su hija. La falta de voluntad por fortalecer la educación pública tiene sus mayores damnificados en los habitantes del mundo rural. 

La situación que tiene ahora María de desempleo no se verá beneficiada por las políticas de empleo de la Junta de Extremadura, debido a que no es una de las prioridades de PP y Vox: la inversión en la partida de empleo en los presupuestos de 2024 estará tres puntos por debajo de lo que ha aumentado el presupuesto regional. Solo aumenta un 1,4 por ciento, mientras partidas como la tauromaquia aumenta un 800 por ciento.

Tampoco Maria y José verán como la sanidad mejorará en su pueblo. No existe ninguna inversión mayor para mejorar el gasto en personal en la atención primaria. Si la niña enferma y quieren que la atienda un pediatra tendrán que acudir a las urgencias de la ciudad más cercana.

Estas navidades la presidenta extremeña en su discurso navideño les dirá que está gobernando para todos los extremeños y que la desigualdad entre españoles la genera la amnistía a los políticos catalanes. María y José sabrán que les está mintiendo, no es la primera vez que lo hace, la desigualdad se genera cuando se gobierna para beneficiar a los que tienen los bolsillos llenos y se abandona a las familias trabajadoras como ella está haciendo con estas políticas. Esta Navidad María y José saben que hay pocas cosas que celebrar.

Que el 30 de mayo, dos días después de las elecciones autonómicas, viniera a un acto a Extremadura Sánchez Galán (presidente de Iberdrola) y en la foto estuviera flanqueado por Fernández Vara y Maria Guardiola no es una casualidad. Como tampoco es casualidad que el gobierno extremeño del PP haya rechazado las ayudas europeas para el autoconsumo que le correspondían a Extremadura, casualmente contrariando lo que aparecía en su programa electoral. Después de incumplirlo para no garantizar la universalidad de los comedores escolares, en esta ocasión incumplen los puntos 103, que dice literalmente “compra, instalación o reforma para la mejora de la eficiencia energética, e inversiones para la sustitución de combustibles fósiles o materiales críticos o escasos”, y el punto 108 que dice que “potenciaremos el autoconsumo doméstico e industrial, e incentivaremos la instalación de estos sistemas para conseguir un ahorro energético en los hogares y en los sectores productivos como industrias o explotaciones agroganaderas”.

Tampoco es una casualidad que en Extremadura produzcamos un 500% más de energía de la que consumimos y seamos una de las Comunidades Autónomas con menor desarrollo en autoconsumo. 

No son casualidades, se llama colonialismo energético. Se llama expolio y saqueo de recursos. 

Sánchez Galán lanzó un claro y nítido mensaje a la ciudadanía extremeña y, sobre todo, a aquellos que le acompañaban en ese paseíllo por la alfombra del Palacio de Congresos de Mérida: puede cambiar el gobierno pero aquí no va a cambiar quién manda, que en definitiva soy yo. Un claro ejemplo de gatopardismo, hacer que algo cambie para que nada cambie en absoluto.

Aquí la señora Guardiola en los meses que lleva gobernando no ha hecho ni un tímido gesto que pudiera suponer que Extremadura iba a empezar a beneficiarse de alguna manera de ser un paraíso energético. Un paraíso hasta ahora para las grandes empresas energéticas que alicatan nuestra tierra fértil de paneles solares y pretenden llenar de molinos nuestros montes. Un paraíso para que multinacionales como Iberdrola hayan conseguido un beneficio neto en los primeros nueve meses de este año de 3.640 millones de euros. 

La pregunta es, ¿cuánto dinero podríamos estar percibiendo las arcas públicas extremeñas si esas instalaciones que está haciendo Iberdrola en nuestra región las estuviera haciendo una empresa pública de energía extremeña? O aún menos ambicioso: ¿Qué supondría decirle al señor Sánchez Galán que no va a instalarse ni un megavatio más hasta que no haya una adecuada compensación al territorio? Seguramente daría para hacer un plan de choque contra las listas de espera en nuestra región, que en algunos casos, están llegando a dar cita a nuestros paisanos en 2025 para hacerse una prueba médica; o también para contratar centenares de psicólogas y psiquiatras en nuestra región hasta alcanzar la media europea de psicólogos y psiquiatras por habitante; o para financiar instalaciones de autoconsumo eléctrico en nuestras barriadas más empobrecidas, con el objetivo de bajar la factura de la luz a las familias que allí viven. Seguramente, si tuviéramos un Gobierno más valiente contra los poderosos del que tenemos y hemos tenido hasta ahora, Extremadura sería una región más justa, igualitaria, puntera y habitable para la mayoría social. Sin embargo, la señora Guardiola y sus socios de Vox se han empeñado en que el dinero continúe en los bolsillos del señor Galán y de los accionistas de Iberdrola.

El PSOE comandado por el señor Fernández Vara ya abrió las puertas de par en par a un modelo de transición energética en manos de las grandes empresas del oligopolio eléctrico (las mismas que son dueñas de Almaraz y de los embalses del río Tajo y que tributan fuera de Extremadura), y el Partido Popular no sólo no ha cerrado la puerta si no que, además, está contribuyendo a poner más palos en las ruedas al desarrollo de las comunidades energéticas y el autoconsumo rechazando estos fondos europeos. Va siendo hora de que alguien alce la voz y le diga al señor Sánchez Galán que ¡ya basta!