La Carta Social Europea, un tratado del Consejo de Europa de máxima importancia en materia de derechos sociales, determina que el salario mínimo debe ser el 60% del salario medio. En otras palabras, el SMI debería ser de 1200 euros mensuales.

Tras la última subida acordada a finales de enero, el SMI queda en 950 euros al mes. Sigue, por tanto, lejos de la cifra recomendada que, eso sí, se pretende alcanzar para el final de la actual legislatura.

Que el salario mínimo crezca es una buena noticia y no sólo para las personas que lo cobran. Carlos Susías, presidente de la Red Europea de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN España), afirmó que [con esta subida] “no solamente no se destruye empleo, sino que puede significar una mejor marcha de la economía”.

El SMI existe en la zona en la que la vulnerabilidad es norma. Según informaciones oficiales, tienes más posibilidades de cobrar el SMI si eres mujer o extranjero, también si eres menor de 30 años y si no cuentas con cualificación (laboral). Este perfil no es fruto de la casualidad.

No se trata de que determinadas características personales se relacionen más o menos con la posibilidad de cobrar el SMI. Se trata de un modelo de sociedad que discrimina y reserva la precariedad para determinadas personas. Así, al mismo tiempo que los empleos temporales se ven tres veces más afectados por el SMI y los de tiempo parcial hasta ocho veces superiores a los de tiempo completo, las mujeres tienen tasas más altas que los hombres tanto en empleos temporales como en empleos a tiempo parcial.

Pero la vulnerabilidad siempre puede empeorar, como si fuera el cuento de 'El Conde Lucanor' en el que un ermitaño se queja de su pobreza porque sólo tiene altramuces para comer y al volverse ve que otro ermitaño va recogiendo las cáscaras que él tira para comérselas. El SMI será escaso, pero siempre habrá algún trabajador sin contrato, alguna parada, alguna familia sin ningún tipo de ingresos.

Según, Jesús Lahera, profesor titular de Derecho del Trabajo y Seguridad Social en la Universidad Complutense de Madrid, “el auténtico problema del SMI es que no tiene efectos en los denominados trabajadores pobres, que por la temporalidad de sus contratos o por trabajar por horas, o sencillamente por estar instalados en la economía irregular, tienen rentas anuales significativamente más reducidas que esta cuantía mínima”. Esta reflexión alcanza dimensiones preocupantes si se tiene en cuenta que 2 de cada 10 trabajadores de la Región de Murcia están en riesgo de pobreza y exclusión social (según una investigación que presentó recientemente EAPN Región de Murcia).

En el relato de los ermitaños, el segundo, el que se comía las cáscaras de los altramuces, se olvida de mirar tras de sí. Si lo hubiera hecho, habría visto al IPREM.

En el año 2004, se creó un indicador, el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), destinado a sustituir al SMI como elemento de referencia en el conjunto de las políticas públicas de gasto y transferencias a las familias.

Es decir, un indicador para determinar qué renta permite optar a becas, ayudas para VPO, acceso a la justicia gratuita… Pero también es el indicador que determina, por ejemplo, cuál es la prestación por desempleo mínima y máxima que se puede cobrar o, como en el caso de la Comunidad Autónoma de Murcia (y la inmensa mayoría de CCAA con leyes de rentas mínimas), qué cantidad de Renta Básica de Inserción se recibe (el 80% del IPREM).

El IPREM es notablemente más bajo que el SMI, que ya es decir. En 2017, tras una subida del 1%, se situó en 537,84. Está congelado desde entonces. Este indicador se fija anualmente por el Gobierno, mediante Real Decreto, y previa consulta con las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales más representativas. Esto viene a decir que el gobierno fija el IPREM según le venga en gana. Incluso si quiere pues lo trata como a un bonsái al que lleva tres años cortando las ramas con dedicación para que no crezca.

¿Por qué crear un nuevo indicador cuando ya estaba el SMI como cifra de referencia? Si cambiamos el por qué por el para qué, la respuesta sería la siguiente: para poder llevar a cabo subidas del SMI sin presionar al alza sobre el gasto público.

La subida del SMI no afectará a aquellas personas que están fuera del mercado laboral o a las que están dentro a ratos o a las que están dentro de manera irregular. Cuando alguien solicite, por ejemplo, una renta básica de inserción (RBI) en Murcia, le será concedida en función de un indicador que lleva inmóvil tres años, como si en ese tiempo no hubiera subido el precio de los alimentos, la luz, los libros de textos, el alquiler, los medicamentos…

Susías, tras señalar que la subida del SMI era una buena noticia, añadió que era necesario actualizar el IPREM para “para que las rentas y ayudas más bajas se puedan ir acercando a unos niveles más dignos para la vida”.

Pero hay más. Podríamos recurrir a otro ermitaño que mira atrás y descubre a otro ermitaño peor si cabe. Según el informe FOESSA, solo el 13% de la población en pobreza severa accede a la renta básica en la Región de Murcia. O lo que es lo mismo: el 87% de la población en pobreza severa en la Región de Murcia no llega a tener relación ni con el IPREM.

Nuestra sociedad no puede basarse ni en la vulnerabilidad ni en la estratificación. Una sociedad en la que la pobreza y la exclusión social privan a tanta gente de los derechos que todas las personas merecemos no es sostenible. Y es mucho lo que se puede hacer.

El pasado 10 de enero, EAPN Región de Murcia se reunió con el presidente y la vicepresidenta del Gobierno regional. Ambos ratificaron su compromiso con el II Pacto de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social en la Región de Murcia que sus partidos habían firmado el 21 de mayo del pasado año. La primera medida de dicho pacto es la elaboración de una Ley de Renta Garantizada. Tenemos, por tanto, muchas siglas de las que hablar.