Decía John Maynard Keynes, uno de los economistas más influyentes del siglo XX, que “lo importante para el Gobierno no es hacer cosas que ya están haciendo los individuos y hacerlas un poco mejor o un poco peor, sino hacer aquellas cosas que en la actualidad no se están haciendo en absoluto”. Ahí radicaría, según él, el valor de lo público.

Durante las tres últimas décadas, las ONG han desempeñado un papel fundamental en nuestro país para atender las necesidades de los sectores olvidados por las instituciones públicas, para llegar allí donde éstas no llegan, para reivindicar e impulsar la inclusión social y la igualdad de oportunidades de aquellos y aquellas que viven en una situación de mayor fragilidad. En definitiva, para fortalecer el bienestar social. Y es ahí donde reside también el valor público del trabajo de las organizaciones del Tercer Sector.

Son tiempos de sufrimiento en los que la prioridad absoluta es poner fin a esta maldita pandemia. No hay consuelo para tanto dolor y no lo habrá nunca. Si algo positivo pudiera dejar esta emergencia sanitaria sería, tal vez, la toma de conciencia de lo importante que es que cuidemos los unos de los otros sin que nadie quede a la intemperie. Porque el padecimiento de un ser humano nunca puede sernos ajeno.

Es difícil determinar el alcance del impacto social de la pandemia a medio y largo plazo como consecuencia de la gran crisis económica que los expertos auguran que va a provocar, que ya está provocando de hecho. Por eso, mientras el personal sanitario lucha a brazo partido en primera línea contra la enfermedad y la comunidad científica busca tratamientos efectivos y una vacuna para el virus, hay que poner las bases de la reconstrucción del país. Debe hacerse sin olvidar a quienes ya estaban en una posición más débil. Y en esa tarea las ONG, como expresión de la sociedad civil, están llamadas de nuevo a tener un papel de primer orden completando la labor de las instituciones.

En línea con esa conciencia cívica de la necesidad del cuidado mutuo, hay una manera de colaborar en tiempos de confinamiento a fortalecer el bienestar social. Y tiene que ver con la campaña de la renta. Se trata de marcar la casilla 106 de la declaración, la de ‘Actividades de Interés Social’. Con ese simple gesto, el contribuyente destina el 0,7% de sus impuestos a financiar programas de las ONG. Y eso sin que la cantidad resultante a ingresar o a devolver se vea afectada. La X Solidaria es además compatible, y en ningún caso excluyente, con la X en la casilla de la Iglesia Católica para quienes decidan señalar esta opción.

El número de contribuyentes que marcan la X Solidaria ha aumentado en dos millones en España durante la última década. Sin embargo, cuatro de cada diez aún no lo hacen. Es posible que al menos una parte de ese elevado porcentaje se deba al desconocimiento del destino final de ese 0,7%.

Pues bien, a través de la casilla 106 se recaudaron en 2019 330 millones de euros para financiar iniciativas del Tercer Sector. Programas de teleasistencia, residencias, centros de día, ayuda a domicilio y asistencia para personas con discapacidad física; de poyo a personas con discapacidad intelectual y a sus familias incluyendo proyectos de fomento de educación inclusiva del alumnado con necesidades especiales; programas de atención a personas sin hogar; de protección del Medioambiente; de educación para la salud; proyectos que impulsan la reinserción social de las personas en prisión; para la erradicación de la violencia de género; programas de cooperación al desarrollo en comunidades de países empobrecidos de América Latina, Asia y África; centros de atención integral de mujeres con cáncer de mama; programas de voluntariado; de sensibilización contra la homofobia y la transfobia; iniciativas para la inserción en el mercado laboral de personas en riesgo de exclusión; para la orientación jurídica y acompañamiento a víctimas de discriminación étnica; para la prevención de acoso y de violencias sexuales entre adolescentes; otras dirigidas a la atención de personas sordas en su entorno sociofamiliar… La lista es casi inabarcable. Ese trabajo debe seguir adelante y necesita financiación. Las situaciones que lo justifican seguirán estando ahí tras la pandemia, en muchos casos incluso agravadas.

Marcar la X de ‘Actividades de Interés Social’ en la declaración de la renta siempre fue una manera de comprometerse con lo común. Hacerlo ahora es más necesario que nunca. Porque van a ser tiempos difíciles, sobre todo para quienes ya lo pasaban peor. Que nadie quede a la intemperie durante la reconstrucción.

Las instituciones públicas de nuestro país se han visto sobrepasadas por la pandemia del COVID-19. Es evidente la falta de previsión y de medios para proteger a la población frente al virus, especialmente para proteger a los sectores más vulnerables. La Organización Mundial de la Salud alertó a finales de enero del desastre que podía producirse. Sin embargo, las medidas ante la pandemia no llegaron hasta mediados de marzo. Demasiado tarde.

Tiempo habrá para exigir responsabilidades. Sin embargo, en medio aún del horror, con el dolor inmenso que provoca la publicación del número de fallecidos de cada día, conviene ir extrayendo ya algunas lecciones para el futuro. Porque la comunidad científica alerta de nuevo: esta no será, previsiblemente, la última epidemia global. 

1. España debe tener capacidad para fabricar equipos de protección ante amenazas biológicas como esta. No puede depender de la producción china. Ha quedado patente. El Estado tiene la obligación de proteger a sus sanitarios, que no deben ser héroes y heroínas que se juegan la vida para curar a sus pacientes. Han de diseñarse canales de distribución de esos medios de protección también entre las ONG. Pasadas tres semanas desde la declaración del estado de alarma, los equipos de protección llegan a cuentagotas, por ejemplo, a las entidades que atienden a personas con discapacidad. Las residencias y la atención y asistencia a domicilio gestionadas por nuestras asociaciones se han calificado como actividades esenciales. Sin embargo, ni los equipos de profesionales, que han continuado con su trabajo, ni los usuarios y usuarias de esos servicios han contado con protección suficiente. La precariedad y el miedo a esta hora siguen siendo grandes, especialmente en las residencias.

2. No sólo es fundamental la disposición de recursos sanitarios y de protección. Se ha puesto de manifiesto la necesidad de mecanismos para el diálogo y el intercambio de información entre las ONG y la Administración sobre las necesidades de la población en situaciones de emergencia social. Nadie mejor que el Tercer Sector conoce las circunstancias de quienes se encuentran en una posición de mayor fragilidad, porque trabaja a diario con estas realidades. Por eso las aportaciones de estas organizaciones pueden ser decisivas en momentos de emergencia. En Andalucía, la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales lo ha entendido y ha creado un grupo de trabajo con representantes de la Mesa del Tercer Sector con los que mantiene contactos frecuentes. No lo ha visto así, sin embargo, la Consejería de Salud, con cuyos responsables el diálogo ha sido nulo durante esta crisis sanitaria hasta ahora.

3. No sólo quienes dirigen las instituciones públicas deben extraer lecciones a partir de la gestión de esta pandemia. También el movimiento asociativo de la discapacidad debe hacerlo. Nuestras entidades sostienen el peso de la gran mayoría de los servicios que se prestan en Andalucía al colectivo: residencias, pisos tutelados, unidades de día, centros de atención temprana… Lo hacen de forma concertada, y, en muchos casos, bajo unas condiciones impuestas por la Administración autonómica tan precarias que la calidad de estos se acaba resintiendo en la normalidad y en una situación de emergencia como la actual no hay margen de reacción por la pobreza de los recursos disponibles. Sobre ello debemos reflexionar y mucho quienes tenemos responsabilidades de gestión en el sector.

4.Los profesionales de la Sanidad deben tener protocolos claros de actuación para casos de crisis que lleven hasta el límite la capacidad de los recursos hospitalarios existentes. Esos protocolos deben respetar el principio de no discriminación. En modo alguno, como ha ocurrido en determinados hospitales de todo el país estas semanas, la edad o la discapacidad pueden ser criterios que motiven la denegación del acceso del paciente a los recursos sanitarios precisos para su recuperación bajo pretexto de la escasez. Lo contrario atenta contra los derechos humanos y conduce a la selección social. La vida de las personas mayores y de las que viven con alguna discapacidad no son menos valiosas. Así lo ha expresado el Defensor del Pueblo y el Comité de Bioética de España.

5.No conocemos la dimensión de la depresión económica que con toda certeza sucederá a esta crisis sanitaria. El crack de 2008 ya supuso un duro varapalo para la aspiración a la igualdad de oportunidades del colectivo de personas con discapacidad, un sector de la población que aún sufre en España una tasa de pobreza del 30% y un 16% de exclusión severa. Debe ser una prioridad, en este sentido, mantener las políticas públicas dirigidas a cambiar esa realidad. Es una cuestión de derechos humanos. También debe serlo garantizar el apoyo económico suficiente a las entidades sin ánimo de lucro que tienen programas de protección de los derechos básicos de los cuatro millones de personas con discapacidad en España y 700.000 en Andalucía.

6. Sobre la Humanidad actual no solo pesa la amenaza de posibles pandemias. Los expertos llevan décadas alertando de las consecuencias que el cambio climático puede tener en la vida de todos. No en el futuro lejano, sino en lo inmediato. La pandemia muestra a las claras que el desastre global no es solo cosa de la ciencia ficción. Gobiernos, corporaciones y ciudadanía deben concentrar sus esfuerzos también, ya sin titubeos y con toda intensidad, en evitar el desastre climático. Ya sabemos que lo que hoy pareciera solo una distopía literaria puede convertirse en una cruda realidad.

“Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto nos cambiaron todas las preguntas”. La frase de Mario Benedetti explica el estado de estupefacción que aún nos acompaña mientras afrontamos esta crisis sanitaria sin precedentes en la historia reciente. Miles de personas están muriendo con la pandemia del COVID-19. El recuento diario de víctimas mortales en España y en otros países estremece. Lo único que está en nuestras manos es hacer todo lo posible para proteger a la población, especialmente a los más vulnerables. Entre ellos, los mayores y las personas con discapacidad, cuyas vidas están más amenazadas en este momento. Y eso es lo que pedimos a las instituciones públicas.

El fallecimiento de cientos de ancianos y ancianas en residencias de todo el país nos conmociona y hay que evitarlo a toda costa. No importa que sean residencias públicas o privadas. La tragedia se ha concentrado en ellas por la especial fragilidad y dependencia de las personas que acogen estos centros. Esa es la realidad. Si ha existido negligencia en algún caso, sean públicos o privados, llegará el momento de exigir responsabilidades a los gestores. Ahora es el momento de tomar medidas para salvar vidas. Por eso, desde CERMI Andalucía estamos solicitando con insistencia a las Administraciones Públicas, tanto la central como la autonómica, que envíen con urgencia material de protección a las residencias de personas con discapacidad. No se trata de una petición gratuita: son dependientes y sufren patologías asociadas que las hace, a ellas también, más frágiles ante el coronavirus.

En Andalucía estas residencias están gestionadas en la inmensa mayoría de los casos por entidades sin ánimo de lucro, muchas de ellas pertenecientes a la plataforma que presido. Sus profesionales están haciendo todo lo posible para proteger a los usuarios y usuarias y merecen también un reconocimiento público. A día de hoy, les están llegando únicamente mascarillas, pero en muy escaso número y solo a algunos centros. Somos conscientes del esfuerzo que está realizando en este sentido el Gobierno central y la Junta de Andalucía en el mercado internacional, en el que tienen que pelear con instituciones de todo el mundo con idéntica demanda y en el que se le piden precios abusivos. Pero estos centros necesitan cuanto antes ese material de protección. Y no solamente mascarillas. Los profesionales precisan batas, guantes y gafas para atender a los usuarios y usuarias cuyas condiciones hacen imposible mantener la distancia de seguridad recomendada. Se han confirmado ya positivos en dos residencias de personas con discapacidad de la provincia de Granada. Hay que parar la cadena de contagios.

Se debe priorizar también la atención médica y social de las personas mayores y con discapacidad que reciben ayuda o asistencia personal a domicilio. El confinamiento va a durar semanas, puede que meses. Los profesionales, a pesar del miedo que lógicamente sienten, deben realizar su trabajo para evitar situaciones dramáticas de desatención en esos hogares. Pero han de hacerlo equipados con materiales de protección. Y no los tienen.

Pruebas rápidas de detección para las residencias

Desde CERMI Andalucía estamos pidiendo a las Administraciones también tests rápidos y verdaderamente eficaces para la detección del coronavirus. Son tan imprescindibles como los equipos de protección. Se necesitan para identificar con celeridad los positivos entre el personal y los usuarios, para tomar medidas y evitar contagios. Para salvar vidas.

En estos momentos convulsos es más necesaria que nunca la colaboración entre las instituciones públicas y la sociedad civil organizada. Las ONG son vitales para identificar las necesidades de los más vulnerables. En Andalucía se está dando el diálogo y esa colaboración. La Mesa del Tercer Sector, en la que está presente CERMI Andalucía, ha transmitido estas demandas a la consejera de Igualdad, Política Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz. En una reunión celebrada por videoconferencia este martes 24 se le solicitó, además, crear un teléfono de emergencia con mecanismos de accesibilidad para personas sordas que ayude a identificar situaciones particulares que exijan una intervención urgente. CERMI Andalucía tendrá voz en la Comisión de Emergencia para canalizar las demandas materiales y humanas de las entidades sociales durante la crisis sanitaria.

Insisto: hay que proteger a los más vulnerables. Esta crisis está poniendo ya al límite de sus posibilidades al sistema sanitario y a sus profesionales, quienes, casi sobra decirlo a estas alturas, están dando una respuesta ejemplar. Ahora bien, CERMI Andalucía, como ya ha hecho CERMI Estatal, exige a las autoridades sanitarias que no se discrimine por razón de discapacidad en los protocolos de atención clínica a personas contagiadas por COVID-19. Lo contrario supone un atentado contra los derechos humanos y nuestro ordenamiento jurídico. Las camas en las UCI son limitadas. Los recursos clínicos, escasos ante las dimensiones de la pandemia. Pero en modo alguno la vida de una persona con discapacidad intelectual o movilidad reducida vale menos que la de nadie. Las sociedades científicas han de revisar sus protocolos y manuales para desterrar cualquier atisbo de desigualdad y para que resulten absolutamente respetuosos con el marco de derechos humanos que rige en España. Si hay que elegir entre un paciente y otro para ocupar una cama en Cuidados Intensivos o entubar, la discapacidad no puede ser el factor decisivo. Y que el Ministerio Fiscal vele por ello.         

Córdoba, 1974. Por entonces yo era un joven que había acabado el instituto y que estaba a punto de matricularse en la universidad. Un chaval con mil sueños y algo de vértigo al asomarse a la vida adulta. Igual que cualquiera a esa edad. Lo que pasa es que yo, como me ha ocurrido toda la vida, me movía en silla de ruedas. Y en estas que justo al cumplir los 18 años voy a comisaría a sacarme el Documento Nacional de Identidad. En la época era preceptivo hacerlo a esa edad. Pues eso: foto, nombre del padre, nombre de la madre, lugar de nacimiento… Y profesión. De profesión aquel policía tuvo a bien escribir “subnormal”. Antonio Hermoso Palomino, de profesión “subnormal”. Huellas dactilares impresas en tinta y listo.

Confieso que por entonces no supuso un gran trauma para mí. Mi vida transcurría al margen de la consideración que mereciera por parte de la administración de un régimen dictatorial encabezado por un anciano decrépito que acabaría cayendo como caen los árboles secos. Ahora bien, con el paso de los años sí he sido consciente de que las palabras importan. Que la elección de un término u otro para referirse a las personas, especialmente en la esfera de lo público, revela una determinada estructura social. Que si en los años 70 a las personas con discapacidad la burocracia les adjudicaba la profesión de subnormal, era porque se entendía que no podían ser otra cosa, que no tenían nada que aportar, salvo (y era esto lo que se esperaba) que estorbaran lo menos posible. Nada más.

Cuento esta anécdota personal al calor de la polémica suscitada por el informe sobre el lenguaje inclusivo en la Constitución emitido por la Real Academia Española de la Lengua a petición del Gobierno. El artículo 49 de la Carta Magna dice: “Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos”.disminuidos La RAE, con acierto, se pronuncia en el informe a favor de desterrar del texto constitucional de una vez por todas el término disminuidos. Yerra, sin embargo, al proponer su sustitución por personas discapacitadas, algo criticado con firmeza por las entidades que representan a este sector de la ciudadanía. Y con razón.personas discapacitadas

“Una cuestión lingüística menor”, podría opinar alguien. No, no lo es. El asunto tiene trascendencia filosófica, política y simbólica. No es solamente que la Academia obvie la terminología jurídica usada por las Naciones Unidas, la Unión Europea y por el propio ordenamiento español, que establecen la expresión personas con discapacidad (ahí está, por ejemplo, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU), sino que además sustantiviza el adjetivo discapacitado. Con ello se reduce la identidad del individuo a un estado o circunstancia específica, el de la discapacidad, que se extiende simbólicamente a todas las parcelas de su vida. Volviendo a lo personal y a mi silla de ruedas: yo evidentemente no tengo la capacidad de escalar el Everest. Pero en modo alguno soy una persona discapacitada. De hecho, he trabajado durante 30 años en puestos de gestión y representación en asociaciones vinculadas a la defensa de los derechos de este colectivo y, con mucho esfuerzo y rodeado de gente brillante, con algún logro alcanzado. Del mismo modo, una persona ciega es incapaz de leer un texto si no es en braille, pero eso no le impediría ejercer con brillantez, pongamos por caso, la abogacía.

Pero no, la Academia de la Lengua opta por personas discapacitadas y no por personas con discapacidad. Afortunadamente, más allá de lo que piensen quienes tienen la función de pulir y dar lustre a nuestro idioma, en la calle empieza a imponerse la segunda opción: personas con discapacidad.personas con discapacidad Es, al menos en parte, la consecuencia de la lucha constante de las organizaciones que representan al colectivo y que también se desarrolla en el terreno simbólico de las palabras. Gracias a esa pelea es cada vez más extraño oír expresiones como subnormal, disminuido, inválido, minusválido, impedido y deficiente. No es que seamos unos ofendiditos y ofendiditas. A mí esas palabras, de hecho, no me ofenden. Es que esa pelea forma parte de la lucha de fondo por que se reconozcan los derechos de ciudadanía del colectivo. Por hacer ver que no somos menos.

Pero no nos podemos quedar solamente en el lenguaje políticamente correcto. El artículo 49 de la Constitución, el de la discordia con la Academia, dice (y atención a su sentido jurídico y político): “Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos”.

Así que no nos sirve solamente que quienes ocupan los cargos de poder público incorporen, como ya hacen mayoritariamente, el término personas con discapacidad. Lo relevante finalmente es que trabajen por que esta parte de la población disfrute de los mismos derechos que se reconoce a todos los ciudadanos y ciudadanas, como establece la Constitución. Y ahí queda mucho por hacer.

La vida es una permanente gymkana si tienes una discapacidad y has de moverte en silla de ruedas, como me ocurre a mí. Propongo un ejercicio de empatía hacia todas aquellas personas con alguna discapacidad que, por cierto, somos muchas, 700.000 sólo en Andalucía. Imagina qué puede sentir alguien que intenta entrar en un restaurante junto a sus acompañantes que no tienen problemas de movilidad y, oh sorpresa, no puede hacerlo porque tiene un escalón inútil en la puerta pero que es absolutamente infranqueable para su silla de ruedas. Pensemos que no exista ese escalón y que una vez dentro del restaurante necesites ir al baño pero, ups, no haya al menos un servicio adaptado. O que vayas al cine porque dicen que la sala es accesible y, efectivamente, tiene rampas de acceso, aunque una vez que entras en ella te das cuenta de que el espacio reservado para personas con discapacidad física está en la primera fila, es decir, donde habitualmente no quiere ubicarse nadie salvo que se quiera padecer un glorioso dolor de cuello. Situaciones como estas se dan cada día. Así que si te pregunto si un restaurante o una sala de cine es accesible,  no es que quiera disfrutar de mi tiempo de ocio a buen precio, sino que quiero saber si puedo entrar, moverme con autonomía y pasar una velada agradable. Como cualquiera.

Hubo un tiempo en el que se pretendía simplemente que las personas con discapacidad no fuésemos un problema para el resto de la sociedad. Por eso nuestros derechos se contemplaban desde un punto de vista médico-funcional dirigido a evitar sobre todo que fuéramos un estorbo para los demás. Por suerte, la percepción social y política sobre el colectivo fue evolucionando. Esa evolución llevó a Naciones Unidas a aprobar en 2006 la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, un instrumento de protección de los derechos y la dignidad de esta parte de la población que España ratificó un año más tarde. Desde la entrada en vigor de la Convención se pasó de ese modelo médico-funcional a otro basado en la accesibilidad universal, el principio según el cual tenemos derecho al acceso desde la propia especificidad de las personas con discapacidad como condición previa a la plena participación social. Por tanto, ya no son las personas con alguna discapacidad las que tienen que amoldarse a la sociedad tal cual es, sino que es la sociedad la que debe adaptarse a ellas creando las condiciones de acceso universal al entorno físico, a la información, a la comunicación, a los transportes y a los servicios para el público en general.

En España, las normas estatales, autonómicas y locales incorporan ya, como obliga la Convención, el principio de accesibilidad universal. Eso supone la obligación de eliminar las barreras urbanísticas o arquitectónicas mediante rampas, que es lo más evidente. Pero no solo eso: también implica la introducción de elementos que faciliten el acceso y la participación de las personas con discapacidades que no tienen reducida su movilidad, como es el caso de las personas con discapacidad visual, intelectual o auditiva.

Un cambio lento

Hay que reconocer que paulatinamente nuestras instituciones, pueblos y ciudades van cambiando, se van haciendo cada vez más accesibles para todos y todas. Negarlo sería faltar a la verdad. Pero también es justo afirmar que ese cambio es lento. A día de hoy, el acceso a su escaño de un diputado o diputada en silla de ruedas en el Congreso es aún imposible (que se lo digan si no a Pablo Echenique), a expensas de las obras para instalar una plataforma elevadora que al parecer se van a realizar en un futuro más o menos próximo. También es cierto que el diseño urbanístico es desigual en este sentido, que en muchos casos depende de la voluntad individual concreta de un alcalde o alcaldesa y que las políticas de austeridad han supuesto un freno a esa debida adaptación. Ahora bien, en ocasiones, la falta de accesibilidad no tiene nada que ver con lo económico, sino con el absurdo. No es extraño encontrar, por ejemplo, un contenedor de basura accesible situado junto a un escalón de la acera. ¡Al lado de un escalón! Pues sí, ocurre.

En otros casos, sin embargo, los problemas de accesibilidad se deben más bien a una cierta falta de conciencia ciudadana que contribuye a aumentar la dificultad de esa gymkana que es la vida para las personas con discapacidad. Otro ejemplo: es muy habitual ver patinetes eléctricos aparcados de cualquier manera en las aceras: un incordio para todo el mundo y un verdadero peligro para las personas ciegas o para quienes se mueven en silla de ruedas. Por cierto, ¿han pensado alguna vez dónde pueden acabar los excrementos de las mascotas abandonados en la calle o los chicles arrojados sin más en la vía pública? Sí, en las manos de quien usa una silla de ruedas manual o en el bastón de una persona ciega.

Las ciudades y pueblos accesibles para todos y todas son lugares más justos, más habitables. Más hermosos. Sigamos trabajando desde el respeto y la empatía para crear una sociedad más inclusiva. Porque aún hoy las páginas webs de muchas instituciones públicas siguen siendo inaccesibles para las personas con discapacidad visual. Porque solo el 5% de los contenidos de la Televisión Digital Terrestre (TDT) se ofrecen con interpretación en lengua de signos y únicamente el 7% tiene audiodescripción. Porque, aunque hay leyes que lo prohíben, se siguen abriendo tiendas con su correspondiente licencia municipal que tienen escalones pero no rampas en la puerta, o cines sin bucle magnético, un sistema que permite oír mejor a personas con audífonos o implantes cocleares.

Es una cuestión de justicia, de garantizar la participación social de todos y todas. Las empresas dedicadas al comercio, al ocio, al turismo y a la hostelería deberían ser conscientes también de que las personas con discapacidad constituimos la minoría más numerosa del mundo: somos cuatro millones en España, 700.000, como decía, en Andalucía. Representamos, por tanto, una oportunidad de negocio. Hace tres años, el Observatorio de Accesibilidad Universal del Turismo en España publicó un estudio que revelaba que el 40% de los hoteles del país no tenía habitaciones adaptadas y que el 80% carecía de recepciones accesibles. Otro dato significativo: el 60% de las oficinas de información turística españolas no cumplían las condiciones de accesibilidad. Pues bien, se dejan de ingresar anualmente en la Unión Europea, según una investigación de la universidad británica de Surrey, 140.000 millones de euros por falta de adaptación en los transportes, en las infraestructuras turísticas y en los alojamientos a las necesidades especiales de los viajeros con discapacidad.

No se trata solamente de poner rampas, ya lo decía al principio, sino de incluir elementos que faciliten el acceso y el movimiento de personas con diferentes tipos de discapacidad: información en braille para las personas ciegas o en lectura fácil para las personas con discapacidad intelectual, más pictogramas o señalizaciones gráficas para personas sordas y con autismo… No son elementos tan costosos, pero posibilitan la autonomía de mucha gente. Todos y todas tenemos derecho a movernos con libertad y sin riesgo, a acceder a los servicios públicos, a disfrutar del ocio en condiciones de igualdad. Es una cuestión de justicia. Y hasta de oportunidad de negocio, por cierto, para quienes se decanten por el dinero como motor que mueve el mundo.     

A lo largo de 2019, 31.000 personas fallecieron en España sin recibir la prestación o el servicio que les reconocía la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia. 85 personas al día. Es el dato más dramático de cuantos indican que el Sistema de la Dependencia en España falla. Pero hay más. El tiempo medio de espera desde que un ciudadano o ciudadana solicita la atención prevista por la ley hasta que termina la tramitación completa del expediente es de 426 días. 621 en Andalucía. Son cifras de la Asociación de Directores y Gerentes de los Servicios Sociales que señalan una realidad insoportable.

Sí, definitivamente el Sistema de la Dependencia está gripado o, al menos, funciona al ralentí. Y lo está porque en todo este tiempo ha faltado voluntad política de los sucesivos gobiernos y fuerzas parlamentarias para crear un marco financiero que permita su adecuado desarrollo. En 2006 se aprobó una ley que reconocía derechos esenciales para promover la autonomía de las personas con dependencia. Sin embargo, se aprobó dotarla de una financiación suficiente para que fuera efectiva. Y en ese mismo punto seguimos: es una ley low cost por la que la gente tiene que esperar lo indecible para que la Administración preste el servicio al que está obligada. Y tanta es la espera que la gente se muere. Hay figuras que prevé la Ley de la Dependencia, como la del asistente personal, que aún no se han implantado desde su aprobación. Existe una profunda desigualdad en su aplicación entre las Comunidades Autónomas. Y, mientras tanto, pasa la vida para las 270.000 personas que tienen reconocido algún grado de dependencia y que siguen en lista de espera.

No había dinero, se decía, para justificar los recortes del Gobierno central y de las Comunidades Autónomas de todo color en época de recesión. No hubo dinero luego tampoco para nutrir los fondos destinados a la Dependencia superada la crisis financiera. Y ahora que llegan indicios de malos tiempos en lo económico de nuevo, ¿qué pasará…? La respuesta parece obvia.

Lo cierto es que España dedica actualmente el 0,7% de su PIB a la Dependencia. Se ha pasado en los últimos 15 años del 0,39 al 0,7. La inversión crece, pero demasiado poco. Ángel Rodríguez Castedo, exdirector general del Imserso y uno de los mayores expertos del país en protección social y servicios sociales, sostiene que se tendría que llegar al 1,5% del PIB a lo largo de la legislatura recién inaugurada. Ese incremento supondría dedicar 11.000 millones de euros más al Sistema de Dependencia para que deje de estar gripado. 11.000 millones de euros para salvaguardar los derechos de la ciudadanía en esta materia. Es una cuestión de justicia social. Y de prioridades.

La inversión pública justa, el 1,5% del PIB

España es la quinta economía europea. El decimotercer país del mundo en Producto Interior Bruto. La Atención a la Dependencia constituye el cuarto pilar del Estado del Bienestar, junto a la Sanidad, la Educación y los Servicios Sociales. Pero ha de ser tratado financieramente como tal, como le corresponde a un país potente como este. Los casi cuatro millones de personas que viven en España con algún tipo de discapacidad, 700.000 de ellas en Andalucía, y las personas mayores (en un momento histórico de crecimiento de la esperanza de vida) lo requieren,

Si se llegase a esa inversión pública equivalente al 1,5% del PIB, podría contratarse a un millón de personas en actividades relacionadas con el Sistema de Dependencia, asegura Rodríguez Castedo. Esas contrataciones paliarían el déficit de empleo en este sector. 8,5 de cada 100 puestos de trabajo a nivel nacional pertenecen al área sanitaria y de servicios sociales. La media en la UE está en 12,5. Hay países avanzados, como Finlandia (18), que duplican de largo este índice respecto a España.

Esas contrataciones conllevarían un fuerte gasto. Cierto. Sin embargo, buena parte de ese montante retornaría a las arcas del Estado. Estudios del Imserso sitúan ese retorno en el 60% en forma de impuestos y cuotas a la Seguridad Social, a lo que habría que sumar el ahorro que supondría para otras instancias de la Administración, especialmente para el sistema sanitario, la adecuada atención de las personas dependientes. Pero el valor social de un Sistema de Dependencia bien financiado es incalculable: le cambiaría la vida a miles de personas con discapacidad y a sus familias.

Se trata de un asunto fundamental para el presente y el futuro del país. Una cuestión con impacto directo en la vida del conjunto de la ciudadanía. De todos y de todas, no sólo de quienes vivimos hoy con una discapacidad. Porque… ¿quién no tiene o tendrá una persona con dependencia en su entorno más directo? ¿Alguien piensa que está libre de llegar a ser dependiente en algún momento de su vida? Sin embargo, las tertulias en los medios de comunicación no le dedican un minuto, no está en la agenda de los grandes medios, los hombres y mujeres de Estado de distintos colores no lo han tenido hasta ahora como prioridad. Es el momento de abrir el debate. CERMI Andalucía apuesta por ponerlo encima de la mesa de una vez por todas. Hay que financiar el Sistema de Dependencia para que funcione. Es sólo cuestión de voluntad política.