En las elecciones autonómicas vascas de 2024 hubo un inesperado punto de encuentro entre los principales partidos que concurrieron a esos comicios. A lo largo de toda la campaña electoral, flotó en el ambiente -y se reflejó en los distintos debates y discursos- la idea de que, frente a la sociedad española, siempre envuelta en la bronca y la polarización política, siempre tan anclada a ideas rancias y de derechas, esos comicios debían ser la rampa de lanzamiento de una suerte de “nueva Euskadi”, moderna, que mira hacia adelante, dialogante, progresista -porque el PNV también lo es, ¿no?- y alejada de todos esos estereotipos que -según algunos líderes vascos- anclan a la sociedad española, como por ejemplo pudieran ser la tauromaquia o los festejos asociados al maltrato animal.

El resultado de esas elecciones alumbró un gobierno “bicéfalo” entre PNV y PSE-EE que, con sus luces y sus sombras, lleva ya más de un año transitando bajo el liderazgo -a veces también “bicéfalo”- de Pradales y Andueza. Entiéndase el término “bicéfalo” en términos de un águila de dos cabezas que, pretendidamente, se orientan a derecha y a izquierda pero donde, según sea la perspectiva, no se sabe bien si miran hacia adelante o hacia atrás.

Este Gobierno vasco se da un aire al que había cuando, en otoño de 2016, los y las de Berdeak entramos al Parlamento como parte de aquel ilusionante proyecto político que fue la coalición Elkarrekin, un soplo de aire fresco que trajo a la escena vasca ideas nuevas, y también formas distintas de hacer política. Una de esas propuestas “diferentes” fue la reforma de la Ley 6/1993 de Protección de los Animales, una norma que, tras casi 25 años de andadura, pedía a gritos una actualización a los estándares modernos de bienestar animal.

Recuerdo las caras de sorpresa en aquella primera reunión -primavera de 2017-, donde un parlamentario de la oposición como yo, planteé a Luisja Tellería (PNV) y a Txarli Prieto (PSE-EE) la posibilidad de liderar la modificación de esa Ley, para lo cual les pedía el permiso tácito del Gobierno. Sin embargo me lo dieron, y ahí empezó todo.

Fueron casi dos años de trabajo intenso, todos los jueves por la tarde, con mi compañera de Berdeak -y excepcional jurista- Edurne Baranda junto a personas de las asociaciones ATEA y Haiekin, hasta que conseguimos redondear un primer borrador que pudiera ser sometido al escrutinio del personal técnico del Gobierno, Diputaciones y Eudel. Un texto que, a continuación -qué tiempos aquellos en los que la protección animal todavía no formaba parte de esta “guerra cultural” que todo lo ensucia-, también fuimos capaces de contrastar con juristas, asociaciones de cazadores, animalistas, criadores o ecologistas. Mucho tiempo y esfuerzo para completar una buena propuesta legislativa que, por desgracia, la convocatoria electoral anticipada de febrero de 2020 dejó en un cajón cuando apenas quedaban unas semanas de tramitación parlamentaria.

En aquella proposición de ley de 2019 había una propuesta sensata y compartida: no permitir que, en el futuro, en Euskadi se pudiesen celebrar espectáculos con animales cuya protección y bienestar no estuviese asegurada por algún reglamento regulador. En la práctica esto convertía en ilegales aquellos encierros que utilizasen bóvidos de menos de 60 kilos para diversión del público, porque ese peso es el límite inferior que contempla la reglamentación taurina vasca. Para que nos hagamos una idea, un novillo es destetado cuando alcanza los 200 kilos. Por lo tanto, que el propio reglamento taurino excluya a esos animales nos da una idea de la burrada que significa echar a una plaza a animales prácticamente recién nacidos.

Una vez celebrados los comicios de julio de 2020, y con Berdeak ya fuera del Parlamento vasco, ese otoño recibí la llamada de un alto cargo del Gobierno pidiéndome “permiso” para presentar -esta vez a nombre de PNV y PSE-EE- de nuevo aquella proposición de ley que tanto nos había costado promover. Accedí sin dudarlo. Se aprobó en junio de 2022, con el nombre de Ley 9/2022, de Protección de los Animales Domésticos. Curiosamente, y a pesar de todos los recortes y del “cepillado” general que sufrió la propuesta inicial, el apartado de los espectáculos con animales se mantuvo inalterado y estaba vigente… hasta ahora.

Por que desde 2022 hasta aquí, muchas cosas han cambiado. La involución política y cultural asuela el mundo y se lleva por delante políticas climáticas y sociales, gobiernos democráticos, propuestas de avance también en materia de protección animal. En este ámbito, en muchas regiones de España la derecha y la ultraderecha pretenden recuperar la tauromaquia como estandarte de “modernidad”, con la complicidad socialista, apelando a “las tradiciones” para regar con dinero público los espectáculos taurinos o para promover la creación de escuelas taurinas infantiles. El maltrato animal como orgullo patrio.

Es duro tener que decirlo, pero esa ola de involución ética y retroceso cultural ya ha llegado a Euskadi. La proposición de ley presentada hace tres semanas “con carácter de urgencia” por PNV y PSE-EE en el Parlamento Vasco para fomentar entre los menores de edad los festejos taurinos con animales de menos de 18 meses es justamente eso, la traslación a nuestro país de las mismas propuestas que PP y Vox ponen en práctica en cualquier otra región española. El mismo afán por mantener el menguante negocio de cuatro ganaderos, renunciando para ello a avanzar hacia una sociedad vasca moderna, libre de maltrato animal, donde nuestra infancia y juventud puedan vivir libres y alejadas de espectáculos donde la violencia, el acoso y la persecución a crías de animales indefensas no sea una forma de diversión ya no sólo tolerada, sino impulsada y aplaudida desde las propias instituciones vascas. Tantas vueltas con la “nueva Euskadi”, tanto afán por diferenciarse de España, pero al final seguimos siendo lo mismo, seguimos haciendo lo mismo.

No es éste el lugar donde debatir si las sokamuturras son un “elemento innegable del patrimonio cultural inmaterial” vasco, como se indica en la exposición de motivos de esa propuesta. Sí recuerdo bien las sokamuturras a las que acudía en mi pueblo, siendo niño. Me viene a la cabeza la plaza vallada, la algarabía de muchachos y adultos descamisados, pantalones de campana y deportivas llenas de mugre, el cigarrillo o la cerveza en una mano y una vara o un periódico en la otra para golpear a la vaca. Me asaltan todavía los mugidos del animal, resbalando una y otra vez en el suelo mojado de orines, cayendo sobre sus propios excrementos, tratando de derribar las vallas para huir, para volver al camión del que lo habían forzado a salir. Y no, no es parte de mi “patrimonio cultural”, sino una de tantas realidades oscuras de nuestro pasado que desde siempre he luchado por cambiar y dejar atrás.

Por suerte, creo que no soy el único que lo ve así. Esta primavera la Fundación BBVA hizo público un estudio según el cual más del 85% de la sociedad española considera inaceptable el uso de animales para entretenimiento en fiestas locales, por encima incluso del rechazo que suscitan las propias corridas de toros (77%). Y no creo que la sociedad vasca esté por debajo de esas cifras, por mucho que PNV y PSE nos quieran hacer ver que las sokamuturras cuentan con un “gran arraigo social”.

Lo que sí me parece imperdonable es que PNV y PSE-EE afirmen que este retroceso ético y legislativo se perpetra para “integrar a las y los menores en los ritos festivos de la comunidad, enseñándoles reglas y usos [que favorezcan] su integración en las festividades populares”. En una época donde crecen de forma exponencial los actos violentos entre jóvenes en edades cada vez más tempranas, y teniendo el conocimiento científico y empírico de que la violencia contra los animales es precursora de otras violencias como la de género… ¿qué puede salir mal en todo esto? ¿Qué clase de “nueva Euskadi” estamos creando? ¿Qué valores queremos que asuman las nuevas generaciones como testigo de la sociedad actual?

No confío en que los partidos vascos representados en el Parlamento -a excepción de Sumar- vayan a retirar o a rechazar esa proposición indecente. La ética, los valores humanos, el respeto a la dignidad de los animales poco valen hoy frente a las presiones de potentes sectores económicos como el ganadero.

Lo que sí confío es en esos cientos de niños y niñas que en los próximos años acudirán a la plaza del pueblo, a ver la sokamuturra. Confío en que muchos de ellos miren al novillo como yo lo miraba de niño. Que recuerden los orines y los mugidos, que perciban la angustia del animal, que empaticen con su sufrimiento. Y que vuelvan a casa con un pensamiento rondando en sus cabecitas: Cuando yo sea mayor, voy a terminar con las sokamuturras-.

Hace unos días el Gobierno vasco presentó el informe sobre el “Estado del Medio Ambiente en Euskadi 2020”. El informe analiza diversos parámetros como la contaminación del agua, aire y suelo, el consumo de recursos materiales o el comportamiento ambiental de la economía. 

Como era de esperar, su conclusión es que Euskadi progresa adecuadamente, salvo algunos detalles “sin importancia” como la lucha contra el cambio climático, la pérdida de biodiversidad o la gestión de residuos. Por lo demás, la puesta en escena sigue la línea de la campaña “Basque Green Deal” presentada el mes anterior, con esa costumbre del Gobierno de Urkullu de vender una imagen “maquillada” de Euskadi que no se corresponde con la realidad.

El truco está en que el análisis “parcelado” del estado del medio ambiente en Euskadi nos lleva a fijarnos en los “árboles”, mientras perdemos de vista la perspectiva del “bosque”. El informe estudia la evolución de 11 indicadores de forma aislada, sin tener en cuenta que todos ellos están directamente relacionados. Sólo cuando ampliamos el encuadre podemos ver que Euskadi muestra tendencias preocupantes en muchos aspectos clave, que a su vez tienen que ver con las políticas desarrolladas hasta la fecha, y que nos ponen en la encrucijada entre “vivir mejor con menos” o “seguir avanzando hacia el colapso”.

Un ejemplo: no se puede defender que la calidad del agua de nuestros ríos evoluciona de forma favorable en Euskadi sin mencionar también que casi el 80% de los ecosistemas de agua dulce de nuestra comunidad presenta un estado general de conservación “inadecuado” o “desfavorable”, o que algunas de las especies más valiosas que habitan en esos hábitats (el visón europeo, el desmán) muestran una tendencia “negativa”.

Igualmente, no se debe presumir de que la extracción “doméstica” de materias primas se haya reducido a la mitad desde 2005, cuando en realidad nuestro volumen de importación de materiales es todavía 6 veces superior al de la Unión Europea. Como tampoco se puede afirmar que haya mejorado el comportamiento ambiental de nuestra economía, viendo que entre 2013 y 2017 se ha reducido un 22% la productividad de cada kilogramo de materias primas que utilizamos, al tiempo que nuestra tasa de reciclaje de residuos está un 6% por debajo de la que teníamos en 2008. Ambos datos demuestran, una vez más, que el concepto de “economía circular” es una quimera aquí y ahora, pese a todos los anuncios de “Basque Green Deal” que realiza el Gobierno vasco.

En pocas palabras, nuestra sociedad y nuestro tejido económico siguen siendo altamente dependientes de los recursos de otros países y territorios, razón por la cual nuestra huella ecológica es cada vez más insostenible.

Esta conclusión sí es coherente con el hecho -reconocido por el propio informe- de que los indicadores que muestran una tendencia más negativa (biodiversidad, cambio climático, residuos) son justo los que tienen que ver con la supervivencia de la especie humana, de los ecosistemas naturales y de la economía a medio o largo plazo.

El reto climático nos exige actuar inmediatamente para reducir de forma significativa nuestras emisiones de CO₂ antes de que sea tarde. La sociedad y la economía vascas tienen capacidad para superar este reto y, al mismo tiempo, preservar nuestra biodiversidad. Sin embargo, para ello es necesario realizar cambios drásticos en cuestiones clave como la política energética y de movilidad, las políticas agrícolas, forestal y pesquera o la política de gestión de residuos.

Así, analizando los datos del informe, no es una sorpresa comprobar que nuestro modelo agrícola ha provocado la desaparición de la mitad de las aves que teníamos en 1998, o que nuestro desastroso modelo de gestión forestal tiene mucho que ver con el hecho de que ninguno de nuestros bosques más valiosos presente un estado de conservación “favorable”.

De igual manera, la inexistencia de políticas de reducción de la movilidad provoca que más de la mitad de la población de una capital como Bilbao esté expuesta a niveles de ruido nocturno provocados por el tráfico, que perjudican su descanso y su salud. O que la concentración de partículas PM2,5 (las más peligrosas para la salud, causadas por los motores diésel) se mantengan en los mismos niveles de 1990, pese a lo cual el Gobierno vasco sigue subvencionando la adquisición de vehículos diésel.

El Gobierno vasco presume de gastar dinero en proteger el medio ambiente, pero una vez más yerra el tiro: más del 80% de los 180 M € gastados por las instituciones vascas ha sido para sufragar soluciones “de final de tubo” como depuradoras de aguas o incineradoras de residuos, en lugar de destinarlos a desarrollar tecnologías de consumo y producción limpia. A pesar de ello -o, precisamente, por ello-, todavía la mitad de nuestros ríos y lagos presentan un estado de conservación “peor que bueno” y, por supuesto, nuestras tasas de reciclaje son inferiores a las que teníamos en 2008.

Nuestra sociedad y nuestro tejido económico siguen siendo altamente dependientes de los recursos de otros países y territorios, razón por la cual nuestra huella ecológica es cada vez más insostenible

Incluso en ámbitos como el de los suelos contaminados, donde Euskadi fue antaño pionera en la detección y recuperación de los emplazamientos contaminados, la realidad es que entre 2000 y 2018 “sólo” se han recuperado 1.157 hectáreas de terreno, por lo que, a este ritmo, restaurar las 9.642 hectáreas que siguen contaminadas nos llevará unos 150 años. 

Las políticas erróneas y erráticas de nuestras instituciones en materia climática y medioambiental son un lastre para nuestro desarrollo futuro, pero el conformismo es aún peor. Y es el conformismo lo que impulsa al Gobierno vasco a publicar -una semana sí y otra también- informes y planes triunfalistas, que no sólo sirven para maquillar su gestión, sino que desactivan a la ciudadanía vasca a las puertas del mayor reto que esta sociedad tiene planteado para el presente siglo: superar la crisis climática.

Sin embargo, hay motivos para la esperanza. A día de hoy, el 89% de la ciudadanía vasca está de acuerdo con que la reducción del nivel de consumo contribuiría a evitar el deterioro del medio ambiente. A día de hoy, Euskadi está preparada para coger el camino correcto, y avanzar hacia una sociedad donde sea posible vivir mejor con menos, en lugar de seguir avanzando hacia el colapso. 

En nuestra encrucijada más difícil, la sociedad vasca está mostrando a su clase política cuál es la actitud de responsabilidad y compromiso que necesitamos para superar el reto que se nos presenta. Desde Berdeak EQUO, recogemos ese mensaje y nos ponemos en marcha.

Decía Robert Owen, fundador del laborismo británico, que “sin coherencia no hay ninguna fuerza moral”. Una frase lapidaria y certera, que mantiene la misma vigencia de hace 200 años, cuando la incipiente Revolución Industrial sentaba las bases del sistema capitalista y del cambio climático que hoy en día ponen en jaque el futuro de la Humanidad.

Sin que hayamos salido todavía de la pandemia, a la vuelta de la esquina ya empiezan a asomar los retos que marcarán el futuro de la sociedad vasca durante las próximas décadas. Entre ellos, destaca el de la transición energética y, por supuesto, el futuro de energías fósiles insostenibles como el gas natural.

El gas natural fue una apuesta estratégica del Gobierno vasco en los años 90, cuando el petróleo ya empezaba a dar muestras de agotamiento. Nuestra industria no sólo necesitaba electricidad barata, también una fuente de calor estable como el gas. Para eso se invirtieron cantidades millonarias de dinero público en la red de gasoductos (más tarde privatizados), se reformó la plataforma La Gaviota de Bermeo para que pudiera almacenar gas en el subsuelo y se construyó una planta regasificadora en Bilbao para recibir el gas licuado en barcos. Ya entonces se sabía que en Euskadi no había gas suficiente, que sería necesario importarlo. La Plataforma Gaviota había costado 6.000 millones de pesetas (700 millones de euros al cambio), y sólo dio gas durante 8 años. El pozo Armentia-1 también fue un rotundo fracaso a finales de la década: no había gas explotable en Araba. No en las cantidades que exige nuestra economía energívora. Hablar ahora de “gas kilómetro cero”, olvidando todo el dinero gastado en los últimos 30 años para poder importarlo, es un ejercicio de incoherencia sólo al alcance de unos pocos.

En los 90 ya se hablaba del cambio climático, pero no constituía una prioridad política. Eran cosas de los ecologistas. Ahora sí lo es, al menos de puertas afuera. Incluso compañías petroleras y gasistas como Petronor o Enagas se suman con entusiasmo a los planes de transición energética, y defienden sin rubor conceptos otrora tabúes como el de la “descarbonización”. Todo sea por entrar en el reparto de los fondos europeos de reconstrucción, dicho sea de paso. ¿Con qué fuerza moral pueden liderar la solución quienes se han lucrado creando el problema?

En pleno siglo XXI, el reto de la emergencia climática ha pillado a contrapié al PNV, una vez más. El propio sector energético hace una enmienda a la totalidad a su política energética, les cambia el rumbo. Y, por si fuera poco, su alcalde en Vitoria-Gasteiz deja claro que, en el caso del pozo Armentia-2 “defenderá los intereses de la ciudad”. Lo que, dicho de otra manera, supone reconocer que al Gobierno vasco y a su propio partido la salud de los y las gasteiztarras o el riesgo de contaminar el acuífero de Subijana les traen sin cuidado, que sus prioridades son otras.

En realidad, lo de Urtaran y Tapia es una discrepancia “pactada”, una mera escenificación. El alcalde está atado a un pacto presupuestario con EQUO Berdeak-Elkarrekin Podemos que le exige no conceder la licencia de actividad para ejecutar el sondeo de exploración de gas. Pero eso no quita para que el Gobierno vasco pueda mantener viva esa licencia a través de un recurso judicial que, probablemente, dará la razón al Gobierno y tardará meses en resolverse. Los meses que necesitará la Ley de Cambio Climático y Transición Energética para ver la luz en el Congreso.

Tal y como está redactado a día de hoy, el texto del proyecto de Ley prohíbe la explotación (la extracción) de hidrocarburos en España a partir de su entrada en vigor, pero no cierra totalmente la puerta a la exploración (la búsqueda)... siempre y cuando el proyecto ya haya iniciado el trámite de solicitud de la licencia de actividad. Este resquicio legal es un caballo de Troya que permite mantener vivo el pozo Armentia-2, de ahí el recurso judicial planteado por el Gobierno vasco.

A estas alturas, el Gobierno vasco ya sabe que en Araba no hay gas. Lo han buscado desde los años 60, y no lo han encontrado. Son conscientes además de que, aunque lo encontrasen, no lo van a poder extraer

Todos los partidos vascos que ayer volvieron a rechazar el sondeo Armentia-2, la semana pasada habían dado el visto bueno al texto del proyecto de Ley que permite ejecutarlo a escondidas. En efecto, PSE, Podemos y EH Bildu votaron a favor. Tan sólo EQUO-Más País votamos en contra de ese texto, por considerarlo insuficiente. Y además hemos planteado un texto alternativo que permita suspender todos los permisos de investigación, y no sólo los de explotación. Por supuesto, esperamos que en el Congreso se replique la unanimidad política que se produce en las instituciones alavesas cada vez que se debate sobre esta cuestión. No está en juego sólo la coherencia política de cada cual, sino los intereses de la ciudadanía alavesa.

La pregunta es qué intereses defiende cada cual, y por qué. A estas alturas, el Gobierno vasco ya sabe que en Araba no hay gas. Lo han buscado desde los años 60, y no lo han encontrado. Son conscientes además de que, aunque lo encontrasen, no lo van a poder extraer. Y saben también que ese hipotético gas nunca sería suficiente para satisfacer más del 5% del consumo actual de Euskadi. Pero enredarnos en esa discusión estéril les permite esquivar el auténtico debate: que en Euskadi necesitamos dejar atrás la era del gas natural para entrar de lleno en la era del ahorro energético y las energías renovables. Que el futuro va por ahí, que es ahí donde hay que poner el dinero público y el empeño de las instituciones. Demorar este paso puede beneficiar a algunas empresas de forma transitoria, pero a medio y largo plazo perjudica gravemente al conjunto de nuestra economía.

Perforar el pozo Armentia-2 no cambia nada, pero no hacerlo sí. Dejar el gas de Araba en el subsuelo da coherencia a las declaraciones institucionales aprobadas en 2019, que nos advierten sobre la gravedad de la emergencia climática. Pero también, como diría Owen, nos da la fuerza moral que precisamos para poder edificar una economía próspera y una sociedad sostenible. Nos da la fuerza moral para poder hablar de futuro a las nuevas generaciones sin que nuestro discurso suene hueco y vacío.

Euskadi ha encallado en su travesía hacia una convivencia duradera y, contra lo que pudiera parecer, no es un parón coyuntural. Es una lenta deriva hacia la inmovilidad, hacia la falsa quietud del olvido. Son ya nueve años desde que ETA cesó su actividad armada, pero las víctimas continúan viendo cómo se vulnera su dignidad y las personas presas siguen sin ver respetados sus derechos civiles. Hace más de dos años que ETA entregó las armas, y sin embargo la pugna por el relato de lo que sucedió está lejos de resolverse. Cada cual se mantiene en sus excusas, en sus prejuicios, en su trinchera.

Durante cincuenta años la sociedad vasca transitó por un largo túnel de terror y violencia, del que creímos salir cuando ETA bajó la persiana. Por desgracia no ha sido así. Desde el mismo momento en que se cerró la puerta de la violencia, cada cual se ha dedicado a buscar su propia salida del túnel. Es lo que se ha dado en llamar “el relato”, la explicación interesada de lo que sucedió allí dentro, en la oscuridad de cada suceso trágico, dirigida no tanto a aclararlo y aportar luz, sino a justificarlo y difuminarlo en uno u otro sentido.

Hasta la fecha casi lo único que sabemos a ciencia cierta es lo que les sucedió a las víctimas y a sus familiares, quienes de un día para otro se vieron forzadas a atravesar su propio túnel, el más largo, oscuro y tenebroso, del que muchas no consiguieron salir. Las que lo hicieron se encuentran hoy con otras víctimas -de uno u otro signo-, y se reconocen en ellas. La misma oscuridad, semejante dolor, parecida soledad.

¿Quién metió a las víctimas en el túnel? No fueron la violencia ni la situación política, no. Las metieron ahí quienes ejercieron esa violencia, o quienes aprovecharon la situación política para ampararla. Toda vulneración de derechos humanos tiene nombre y apellidos, la de quien la sufre y la de quien la provoca o la justifica. Necesitamos nombres, hechos, documentos. Luz y taquígrafos. Cadenas de mando, equis en la sombra, dedos ejecutores y cómplices necesarios. Necesitamos saber la verdad.

Mención aparte merece la izquierda abertzale. Ya no es sólo su falta de autocrítica sobre lo sucedido, reclamada incluso desde sus propias filas. Lo inaudito es que sigan creyendo que pueden jugar al olvido indefinidamente

La pasada legislatura las víctimas hablaron en el Parlamento, en la Ponencia de Memoria y Convivencia. Lo hicieron alto y claro, pero no lo suficiente como para que los partidos políticos escuchasen. Un acuerdo de consenso en ese escenario, incluso de mínimos, hubiera sido un acicate para propiciar ese movimiento de catarsis y servir de efecto dominó para toda la sociedad. Como lo fue el reconocimiento a las víctimas de la tortura alcanzado en junio de 2019, por ejemplo. Y sin embargo algunos partidos han preferido seguir en su bucle, anclados a relatos pasados y viejas excusas.

Mención aparte merece la actitud de la izquierda abertzale. Ya no es sólo su falta de autocrítica sobre lo sucedido, reclamada incluso desde sus propias filas. No es sólo su reticencia a reconocer el daño causado, esa responsabilidad individual y colectiva con el sufrimiento propio y ajeno. Ahora mismo lo inaudito es que sigan creyendo que pueden jugar al olvido indefinidamente, que piensen que la sociedad vasca -y, de manera específica, el electorado al que piden su confianza para gobernar- van a pasar página con la misma facilidad con la que ellos transitan de los “ongi etorris” a los homenajes a las víctimas, y viceversa.

Es cierto que la juventud vasca dio la espalda durante un tiempo al pasado más reciente, sobre todo tras el final de la violencia. Cuando ETA dejó de matar, la sociedad vasca en su conjunto necesitó un periodo de descompresión tras ese tremendo y largo capítulo de dolor. Pero esa juventud ya está de vuelta, y hoy las nuevas generaciones se acercan a conocer el pasado a través de los materiales audiovisuales de todo tipo -series, películas, libros- que se están publicando para recordar y contar lo ocurrido. Da igual que en estos años apenas un 12% de los institutos vascos hayan implantado programas educativos en materia de memoria. Como dijo sir Francis Bacon, “la verdad es hija del tiempo, no de la autoridad”, y tarde o temprano siempre se abre paso.

No solo la izquierda abertzale debe revisar su actitud en materia de memoria y convivencia. Otros partidos políticos han vivido cómodos en su rechazo frontal al terrorismo de ETA, sin necesidad de afrontar sus propias incongruencias y responsabilidades, pero tendrán que hacerlo so pena de que otros escriban la Historia por ellos.

En paralelo, también la sociedad vasca deberá acometer un ejercicio de reflexión individual y colectiva. Cada cual tendrá que hacer su propia tarea de autocrítica, recordar dónde estaba, cómo actuó y reaccionó, y ser capaz de contarlo sin complejos para poder seguir avanzando colectivamente en el camino hacia una reconciliación sincera, hacia una convivencia futura en paz y libertad.

Sin justicia ni reparación para todas las víctimas, sin una memoria compartida, sin relatos veraces que la sustenten, la ciudadanía vasca no puede recorrer ese camino. Seguiremos encallados en el Hades del dolor y el olvido, y pagaremos factura por ello. El camino hacia Ítaca no será fácil. Por eso, en este Día de la Memoria, en Euskadi necesitamos urgentemente encontrar a nuestros propios Ulises, que nos guíen en esa aventura incierta.

13.250 millones para reactivar la economía y crear 135.000 puestos de trabajo en cuatro años. Ésa es la cifra mágica que anunció el pasado lunes el lehendakari, acompañado de Idoia Mendia y Arantxa Tapia, sus consejeras de Trabajo y Desarrollo Económico.

¿Qué es lo primero, el trabajo o el desarrollo económico? ¿Puede un gobierno “crear empleo”, más allá del impulso de la función pública, si no actúa sobre las bases de la actividad económica? Eterna pregunta que siempre aparcamos para dejarnos llevar por la magia de las cifras.

Cuando abandone el puesto en 2024, el principal legado de Iñigo Urkullu en materia económica serán sus efectistas anuncios de planes de empleo, siempre ligados a cifras mágicas e impactantes. En marzo de 2014 anunció 3.640 millones para crear 44.000 nuevos empleos. Tres años después, en marzo de 2017, el lehendakari elevó la apuesta hasta los 8.800 millones, para crear otros 45.000 empleos y bajar la tasa de paro por debajo del 10%. ¿Alguien da más por menos?

En efecto, la tasa de paro de Euskadi se encuentra ahora mismo en el 9,3%, a expensas del “roto” que nos provoque la pandemia. Desde 2013 el número de personas desempleadas se ha reducido en casi 84.000. Objetivo logrado… aparentemente. Porque, ojo, desde 2013 la población activa también ha disminuido en casi 65.000 personas; es decir, descontando a quienes han dejado de buscar trabajo por jubilación u otras causas, en realidad los empleos netos creados no llegan a 19.000, con un coste astronómico de más de 600.000 euros por cada empleo. Además, 14.000 de esos puestos de trabajo se han creado en las administraciones públicas. Los 5.000 restantes se deben más a la leve recuperación económica mundial de esta década, que al impacto real de las políticas del Gobierno.

Todas las instituciones vascas dedican millones de euros anuales a incentivar el empleo, pero en general ese dinero sólo sirve para fomentar contrataciones temporales y limitadas. Cuando las ayudas se acaban, el contrato se finiquita. Y cuidado con que no haya servido además para sustituir a alguien con más antigüedad y mejor salario. Esto es especialmente sangrante en el caso de los jóvenes, para quienes ya ni siquiera se habla de “empleos”, sino de una “primera oportunidad laboral”. Un eufemismo que lo dice todo.

Que no se me entienda mal: los planes de empleo tienen que existir, pero por sí mismos no son suficientes -ni efectivos- si el entorno económico no ayuda. Y el nuestro hace aguas desde hace tiempo. Dependemos cada vez más de las exportaciones de insostenibles sectores en declive como la automoción, la aeronáutica o el sector petroquímico, pero seguimos poniendo todos los huevos en la misma cesta. Mientras las energías renovables generan millones de empleos en todo el mundo, aquí hemos dejado que esas empresas acaben en manos de multinacionales de países con mayor visión de la jugada -léase Alemania o Francia-.

El efecto colateral de este declive industrial es que los salarios menguan, la población pierde poder adquisitivo, la sociedad se empobrece. No es de extrañar que el peso del consumo de los hogares en el Producto Interior Bruto haya caído casi un 20% entre 2013 y 2019. Para que la rueda insostenible de nuestra economía consumista se mantenga, son las administraciones quienes, con dinero público, tienen que animar a gastar, a través de bonos e incentivos varios. ¿No sería más sencillo dar a la gente una renta básica estable que regalarles bonos puntuales para “dopar” a un sector concreto durante un tiempo limitado, como se quiere hacer ahora con el comercio y la hostelería? Pan para hoy, hambre para mañana.

¿Qué vamos a hacer con los 13.250 millones que el lehendakari se ha sacado de la chistera? No es una paloma que aparece y desaparece. Es dinero público que la sociedad vasca ha pagado de sus impuestos para que este país avance hacia un futuro más próspero

Por desgracia el dinero público no es mágico ni infinito, aunque esta semana el consejero de Hacienda Pedro Aspiazu celebrase como un éxito histórico que Euskadi pueda endeudarse más de lo previsto. Quienes sí lo festejarán a buen seguro son los especuladores globales, que más temprano que tarde nos cobrarán a precio de oro por financiarnos una deuda que hasta ahora estaba bajo control. Desde ayer celebramos que España -que no Europa- nos haya reconocido que los vascos somos soberanos para ponernos esa soga al cuello como queramos.

Porque claro, la alternativa a endeudarnos es subir los impuestos o repensar cómo gastamos lo que tenemos. De lo primero el PNV no quiere saber nada, y tampoco el empresariado. Más impuestos significa más presupuesto público. Al empresariado el presupuesto público no le da la felicidad, pero le ayuda a conseguirla. Sirve, por ejemplo, para impedir que caigan las empresas en dificultades. Ahí está el caso de los ERTE, sin ir más lejos. También vale para ayudar a las que empiezan, supliendo la actual falta de inversores privados. Pero, ya puestos a la elegir, prefieren que esas ayudas lleguen a costa de la deuda pública y que, a ser posible, sean incondicionales. No vaya a ser que los gobiernos les dé por exigir que mantengan las plantillas, les pidan participar en los beneficios futuros o condicionen la huida de esas empresas cuando las cosas vayan mejor.

Y queda, por fin, la opción de repensar cómo gastamos el dinero público. El que recaudamos aquí y el que nos va a venir de Europa. Uno mira la lista de proyectos que el Gobierno Vasco ha presentado para recibir los fondos europeos de reconstrucción Covid, y se encuentra con más fantasmas del pasado que ideas de futuro. ¿Qué hubiéramos podido hacer con los 3.640+8.800 millones que nos hemos gastado desde 2013 en promover el empleo, si la mayor parte de ese dinero se hubiera centrado ya entonces en desarrollar áreas como la movilidad eléctrica o la eficiencia energética, sectores que ahora se han convertido en prometedores nichos de empleo? Reflexión estéril, a estas alturas. Pongámonos a pensar, pues, qué vamos a hacer con los 13.250 millones que el lehendakari se ha sacado de la chistera para esta legislatura. No es una paloma que aparece y desaparece. Es dinero público. Dinero que la sociedad vasca ha pagado de sus impuestos para que este país avance hacia un futuro más próspero. Dinero con un propósito muy claro: transformar nuestra economía para que sea más justa y sostenible. Que no sea dinero para nada.

En fechas recientes se ha producido la enésima polémica relacionada con la actuación de la Guardia Civil en Euskadi, en este caso ligada a una investigación que está desarrollando el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) a petición de la Fiscalía de Gipuzkoa.

No es de extrañar. Para muchas personas de esta tierra, nombrar a la Benemérita es mentar a la bicha. No sólo por el polémico papel de ese cuerpo militar durante el franquismo y en muchos episodios negros de la lucha antiterrorista. En nuestros pueblos y ciudades tampoco ha sido fácil la convivencia entre los agentes y la gente. Ahí tenemos el episodio de Altsasu, sin ir más lejos.

Sin embargo, el asunto que nos ocupa es mucho menos dramático. O eso pudiera parecer. En mayo se produce un vertido de miles de litros de amoniaco en las instalaciones de la incineradora de Zubieta que mata a cientos de peces. Y no es la primera vez. ¿Accidental o provocado? ¿Falta o delito? Hay que investigarlo. Lo hace la Unidad de Medio Ambiente de la Ertzaintza, que remite un primer atestado a la Fiscalía. Sin embargo, la propia Fiscalía pide la colaboración del Seprona para evaluar los daños ocasionados por el vertido, y ahí viene el lío.

La Ertzaintza contra la Guardia Civil. “Lo nuestro” frente a “lo de fuera”. “Invasión competencial”, claman desde el Gobierno Vasco, porque la protección del medio ambiente no es una de las funciones reservadas a las Fuerzas de Seguridad del Estado en Euskadi. En realidad, no parece ser de nadie. Le corresponde a la Ertzaintza, que cubre el expediente con una unidad de diez agentes, y hacen lo que pueden. Hasta hace poco eran siete, equipados con un maletín para investigar incendios forestales y un medidor de gases tóxicos que les había regalado la Fiscalía de Medio Ambiente. En junio de 2018 el Parlamento Vasco demandó un aumento de recursos, y una mayor coordinación y cooperación con el resto de instituciones vascas (inspectores de la Agencia Vasca del Agua, agentes forestales de las Diputaciones, policías locales). Petición unánime, respuesta vacía. Seguimos parecido.

Tras tanto tiempo pidiendo a la Guardia Civil 'que se vayan', no sería de extrañar que mucha gente en este país esté deseando que vengan a levantar las alfombras del oasis vasco, ésas que tanta porquería acumulan tras décadas de gobierno de los de siempre

“Estamos enfadados”, dicen los responsables de la Ertzaintza. Yo también. Enfadado y harto. Harto de que la protección del medio ambiente sea responsabilidad de todos y de nadie. Harto de que la impunidad sea la tónica común en este país, donde se pueden abatir especies protegidas, contaminar ríos, quemar montes, abandonar residuos en cualquier sitio o, incluso, gestionar un vertedero como si fuera un saco sin fondo hasta que se viene abajo. Y se mueren las aves, pero también las personas. Y otras enferman por respirar aire contaminado. Aquí somos competentes para morirnos como nos dé la gana.

Las competencias son para ejercerlas, no para encerrarlas en un cajón. La ciudadanía vasca no tiene nada que reprochar a la Unidad de Medio Ambiente de la Ertzaintza. Es nuestra policía, y está para proteger nuestra salud y la calidad de nuestro entorno… cuando lo hace. Pero no siempre lo hace, ya sea por escasez de medios, por una formación insuficiente o por ausencia de liderazgo. ¿A quién beneficia la inactividad policial? Al infractor, al delincuente. Sobre todo, si ese presunto es cercano al poder.

Después de tanto tiempo pidiendo a la Guardia Civil “que se vayan”, no sería de extrañar que, en su fuero interno, mucha gente en este país esté deseando ahora que vengan a levantar las alfombras del oasis vasco, ésas que tanta porquería acumulan tras décadas de gobierno de los de siempre. Que empiecen por lo último y luego sigan hacia atrás: el vertedero de Zaldibar, la incineradora de Zubieta, las obras de la Y vasca, las pistas de Aralar, la caza de especies protegidas, las peleas de animales…. Llaman a la puerta, es el Seprona. Pasen, por favor. 

Fue como un resorte activado por el miedo, la pena y la indignación. Tras el derrumbe del vertedero de Zaldibar, mucha gente de Ermua y Eibar se echó a la calle para reclamar a las instituciones respuestas y responsabilidades por la catástrofe, y por sus consecuencias humanas y sanitarias. La peor de ellas, sin duda, la desaparición de dos de los trabajadores, cuya búsqueda ha sido una exigencia ciudadana unánime durante estos seis meses.

El hallazgo este pasado domingo de unos huesos humanos en el vertedero augura que el rescate toca a su fin, pero no un final feliz. Sin quitar al Gobierno Vasco el mérito de perseverar en la búsqueda de los cuerpos de Alberto y Joaquín, no cabe duda de que la incansable presión social ha contribuido a que esos trabajos no hayan decaído durante este convulso tiempo de pandemia. Encontrar sus restos es un gran consuelo para sus familias, pero también es un alivio para una comarca que ha vivido este desastre de una forma traumática.

Cerrar bien el duelo es el primer paso para poder pasar página, pero lo siguiente es conocer la verdad y hacer justicia. Con el derrumbe del vertedero también se ha venido abajo la confianza de mucha gente en la capacidad de las instituciones para controlar los riesgos que comportan los vertederos, incineradoras y otras instalaciones que escondemos en el patio trasero de nuestro insostenible sistema económico. La ciudadanía quiere respuestas, porque ahora se hacen preguntas que antes no se planteaban. Y lo que han visto y oído en los últimos meses no les gusta.

Escribió Baltasar Gracián que es más difícil decir la verdad que ocultarla. Las instituciones vascas llevan décadas jugando de farol con los residuos, haciéndonos creer que las basuras desaparecen por arte de magia, que basta con poner incineradoras para arreglar uno de los problemas más peliagudos a los que se enfrenta la sociedad vasca. Mientras tanto, nos han ocultado que la actual gestión de estos residuos es un negocio redondo para unos pocos. Poner un vertedero y forrarse no es difícil si tienes un terreno discreto y las influencias adecuadas. Interesante juego, el quién es quién de la política ambiental vasca.

La verdad llega tarde, es cierto, pero va llegando. Hace unas semanas la Ertzaintza detuvo a los presuntos responsables del derrumbe. Llama la atención que esas detenciones se hayan producido casi un mes después de que la propia Ertzaintza entregase un informe en el que reconocía la existencia de “indicios de criminalidad” en la gestión del vertedero. También es chocante que la jueza instructora no emitiese la orden de detención de inmediato. ¿Hubiera actuado igual ante cualquier otro delito que haya causado la muerte de dos personas? El medio ambiente sigue siendo el patito feo para la Justicia de este país, por eso es tan sencillo destruirlo o contaminarlo. Sea como fuere, bienvenida sea la detención si al final va acompañada de la imputación. Porque, sin un juicio oral a los responsables de esta catástrofe, la verdad quedaría sepultada entre los papeles del sumario y la sociedad vasca no tendría la oportunidad de conocerla.

En medio del duelo y la exigencia de respuestas, también hemos vivido una convocatoria electoral tras la cual ha salido reelegido como parlamentario autonómico Iñaki Arriola. En su calidad de Consejero de Medio Ambiente, Arriola es el principal responsable político de no haber controlado adecuadamente la actividad del vertedero de Verter Recycling durante la pasada legislatura. ¿Volverá a ser nombrado consejero? Todo puede pasar, pero el lehendakari Urkullu debería sopesar desde ahora mismo la importancia de las informaciones que relacionan a Arriola con el dueño del vertedero José Ignacio Barinaga, uno de los detenidos. A veces la verdad está oculta y te salpica cuando menos lo esperas. Confiemos en que la fiscalía haga bien su trabajo.

Siguiendo con las elecciones, en plena campaña electoral tanto EQUO Berdeak como otras formaciones políticas anunciamos la creación de una Comisión de Investigación en el nuevo Parlamento. Una Comisión para conocer la verdad de lo sucedido, que aclare las responsabilidades políticas derivadas de la mala gestión del vertedero, que investigue el deficiente control por parte del Gobierno Vasco y que arroje luz sobre las relaciones entre los propietarios y la cúpula socialista que ha dirigido el Departamento de Medio Ambiente.

Veremos si esta iniciativa sale adelante o no, pero dependerá de la actitud de PNV y PSE. Si defienden la transparencia y la búsqueda de la verdad, deberían votar sí a la creación de esa comisión, porque las heridas siguen abiertas en Zaldibar y en toda la comarca. Sin verdad y sin justicia, el duelo queda incompleto y la puerta del olvido queda entreabierta. O, quizás mejor, mal cerrada. Zaldibar puede ser un acicate para mejorar nuestra política de residuos o un símbolo del derrumbe y decadencia de nuestro sistema económico.

El pasado jueves 30 acudí a la reunión de partidos convocada por el lehendakari Urkullu para valorar una posible convocatoria electoral de cara al mes de julio. La reunión de pastores terminó sin acuerdo y con la oveja 'Democracia' moribunda. Veremos qué sucede el día 14, pero la cosa pinta mal para que Euskadi recupere cuanto antes una situación de normalidad democrática que perdimos en el momento en que se anularon las elecciones del 5 de abril como consecuencia del estado de alarma, dejando al país sin Parlamento, y a la ciudadanía sin un horizonte temporal en el que poder ejercer su derecho fundamental al voto.

En esa reunión, el Partido Popular reclamó “certidumbres” para poder convocar las nuevas elecciones. Por desgracia, ha quedado demostrado que, en esta situación de pandemia, “certidumbre” es lo único que nadie va a poder asegurar, ni ahora ni en el futuro cercano. Por lo tanto, ligar las elecciones a un escenario de “certidumbre” equivale a posponerlas sine die, con las graves consecuencias económicas y sociales que ello comportaría para el país.

No me sorprende esa postura de la derecha vasca. Su posicionamiento coincide con un discurso que sectores populistas de ultraderecha llevan semanas difundiendo a los cuatro vientos, el de que la política y “los políticos” no nos van a sacar de esta crisis. Abonan así el terreno para una “solución” que, superando la política -es decir, el ordenamiento democrático-, nos devuelva las “certidumbres” supuestamente arrebatadas por el Gobierno de Sánchez.

Sí me extraña, sin embargo, que esa postura haya encontrado eco en algunas fuerzas de izquierdas, particularmente en EH Bildu y Podemos. Es cierto que la emergencia sanitaria que hemos vivido durante los dos últimos meses no era la más propicia para celebrar las elecciones. Las prioridades eran otras. Pero, gracias al comportamiento ejemplar de la sociedad vasca, Euskadi entra en una nueva fase donde iremos recuperando paulatinamente nuestras rutinas sociales y empleos, sin olvidar que seguimos conviviendo con la epidemia y que debemos extremar las precauciones sanitarias. Por eso, a los partidos nos toca explicar -y defender- que convocar las elecciones es un paso fundamental en ese camino hacia la 'nueva normalidad', y no un obstáculo para ese avance o, cuanto menos, una obligación indeseable.

La representante de Podemos ha afirmado que hay que elegir, “o elecciones o reconstrucción”. Argumenta que las elecciones implican “confrontación”, algo incompatible con los acuerdos necesarios para acometer esa reconstrucción. Imagino que “confrontar” es la forma de entender la política de la señora Gorrotxategi. No la comparto. Para mí, la campaña electoral es precisamente la oportunidad de explicar las propuestas de EQUO Berdeak para afrontar la reconstrucción, y de intercambiar ideas con la ciudadanía que nos permita dibujar la mejor solución para Euskadi.

Por su parte Arnaldo Otegi defiende que “ahora no toca elecciones”. En su lugar, ha urgido de nuevo a crear una Mesa de 'Concertación Nacional', formada por partidos y agentes sociales para afrontar la reconstrucción del país. Me pregunto cómo se elegirá esa Mesa, y si su representatividad será mayor que la de un Parlamento legítimamente elegido en las urnas. Lo dudo.

Dejemos de hacernos trampas al solitario: sin elecciones no hay Parlamento, y sin Parlamento, no hay posibilidad de control efectivo del Gobierno. Tampoco se podrán aprobar o modificar las leyes que este país necesita para salir de la crisis sanitaria, social y económica en que se encuentra. No es a Urkullu, al PNV o al PSE a quienes más interesa que haya un Parlamento operativo: es a la oposición, es a la democracia.

Como ciudadano, estoy deseando que el próximo verano la sociedad vasca hayamos podido recuperar la normalidad social, dentro de lo que cabe. Espero que podamos pasear, ir a la playa, tomarnos unas cañas, estar con nuestra gente e incluso poder ir de fiesta, aunque sea con mascarilla. Imagino que es un deseo compartido con el resto de candidatos y candidatas a las próximas elecciones autonómicas.

Ahora bien, como político no me gustaría que lleguemos al verano sin habernos preguntado antes qué pasa con esas elecciones, sin haber interiorizado la importancia de la política para salir de esta encrucijada en la que nos encontramos, sin darnos cuenta de que, desde el punto de vista de una normalidad democrática, sin Parlamento no hay futuro posible.

*Jose Ramón Becerra, candidato de EQUO Berdeak a lehendakari

Si algo nos está enseñando la situación actual es a darnos cuenta de cuáles son las cosas importantes en la vida. Sin ir más lejos, el coronavirus nos ha dejado claro que la mejor garantía para proteger nuestra salud es disponer de un buen sistema sanitario público.

El confinamiento también nos ha permitido valorar más nuestro hogar como refugio, como un espacio donde cobijarnos cuando fuera vienen mal dadas. Me refiero al hogar en un sentido amplio: el lugar que compartimos con nuestros seres queridos, el espacio donde desarrollamos nuestras aficiones, el sitio que nos conforta.

Sin embargo, en medio de esta nueva conciencia colectiva, el Gobierno Vasco ha permitido que 500 familias de los barrios de Salburúa y Zabalgana sientan amenazado el futuro de sus hogares. Ha autorizado que 500 pisos de VPO destinados al alquiler social pertenecientes a la Caja Vital pasen a manos del fondo de inversión Catella, perteneciente al dueño de Ikea. Con su permiso, nuestro Gobierno facilita que las decisiones sobre el precio y las condiciones del alquiler de estas 500 familias pasen a tomarse en Suecia, donde nadie sabe quién vive en esos pisos, ni cuáles son sus preocupaciones o necesidades. Es el mercado, oiga.

Tampoco se entiende por qué la Caja Vital ha decidido vender esos pisos a espaldas de la sociedad alavesa, aprovechando que ahora mismo la ciudadanía no tiene capacidad de respuesta. En este momento no tiene necesidades de dinero para mantener su obra social. ¿Es acaso una imposición de Kutxabank, que lleva años vendiendo sus inmuebles y sus participaciones industriales para hacer caja? ¿Dónde han quedado los objetivos sociales bajo los que se crearon las cajas vascas? Eso es algo que tendrán que explicar los patronos del PNV y PSE.

Porque, incluso si fuese necesario vender, ¿no habría sido más lógico que estos pisos los adquiriese el propio Gobierno Vasco, a través de la agencia Alokabide? Si los compra un fondo de inversión es porque a medio plazo prevé que esa inversión le proporcione intereses sustanciales. Entonces, ¿por qué no mantener ese beneficio en el ámbito de lo público, al mismo tiempo que se garantiza el interés social y la estabilidad de las familias? ¿A quién interesa que las ganancias se las lleve la iniciativa privada? Sin duda, a quien antepone el mercado a las personas y defiende una concepción neoliberal de la economía y de la vida.

Es evidente que esta venta perjudica gravemente a la ciudadanía alavesa pero, más aún, a la juventud gasteiztarra, que a partir de ahora verá reducidas sus opciones de encontrar vivienda de alquiler pública y social en Vitoria. Más pisos en manos de fondos de inversión hoy, es garantía de más especulación mañana, y de futuras subidas en los precios de los alquileres en toda la ciudad.

En momentos de incertidumbre como éste, nuestra sociedad necesita disponer de un mercado de vivienda de alquiler asequible para quien más la necesite. Necesitamos gobernantes que refuercen la sanidad pública y garanticen el derecho a una vivienda digna para todas las personas.

La crisis del coronavirus también nos ha hecho caer en la cuenta de que nuestra salud o la seguridad de nuestros hogares enlaza con lo que pensamos pero también, por supuesto, con lo que votamos. Nuestra salud y nuestra estabilidad futuras dependerán de quién nos represente, nos defienda y nos guíe en la travesía incierta que se nos avecina… sin dejar a nadie atrás.

Han tenido que pasar cuatro largos días tras el derrumbe del vertedero de Zaldibar hasta que el lehendakari y sus consejeros decidieran dar la cara el pasado lunes. Cuatro días de dolor y angustia para las familias de los dos trabajadores desaparecidos. Cuatro días de rabia e incertidumbre para toda la población del valle.

Han sido cuatro días de descontrol informativo y operativo por parte de las instituciones. Es cierto, nadie piensa que un vertedero se va a venir debajo de repente, así sin avisar y en plena precampaña. Pero, ¿es lógico este caos? A la hora de enfrentar el problema, ¿dónde está lo urgente, y dónde lo accesorio?

En la respuesta a ese dilema es donde se percibe la verdadera talla de los líderes y los valores que les mueven. Y quizás ha sido esa respuesta la que tanto ha descorazonado a las familias de los desaparecidos o a los cientos de habitantes de Ermua, Eibar y Zaldibar que ese mismo lunes se echaron a las calles: tener la sensación de que abrir con rapidez la autopista pesa más que la salud de quienes la están limpiando, o sospechar que tu salud les importa un bledo a esos mismos que en apenas un mes volverán al pueblo para pedir tu  voto puerta a puerta, o a reinaugurar la autopista.

Como ciudadano vasco comparto esa sensación, que muchas otras veces yo mismo he denunciado en el Parlamento. Frente a los lemas de “Pertsonak, helburu” (“las personas, nuestro objetivo”) y “Auzolana” (“el bien común”), los gobiernos de Urkullu, Mendia y Rementería actúan día a día como si las personas (algunas personas) no existieran. Niegan los problemas, niegan su responsabilidad en las causas y en las consecuencias. Niegan lo innegable y miran para otro lado… hasta que la situación se vuelve insostenible. Luego ponen en marcha la maquinaria de propaganda (perfectamente engrasada ya de cara al próximo 5 de abril), y aquí no ha pasado nada.

Pero sí que ha pasado, y mucho. Ha pasado que desde el jueves hay dos trabajadores sepultados bajo cientos de toneladas de escombros, sin que hasta el lunes conociésemos sus nombres. Víctimas anónimas y deshumanizadas de una insoportable siniestralidad laboral que este 2020 ya nos ha arrebatado una vida cada cuatro días.

Ha pasado también que, una vez más, en este país una actividad contaminante se permite el lujo de incumplir la normativa sin que le pase nada, merced al colchón que le otorga su red clientelar de favores, amiguetes y colegas de partido.

Ha pasado también que, a la puerta de unas elecciones cuyo adelanto estaba cuidadosamente planificado, el PNV ha querido dejar al PSE solo a los pies de los caballos para hacerle pagar su desapego en los casos “De Miguel” y “Montai”. Pero ha calculado mal, y ha tenido que rectificar sobre la marcha y a toda marcha.

Mientras tanto, la opinión pública comprueba atónita cómo el oasis vasco es en realidad un enorme vertedero que se derrumba sin remedio. Un vertedero de improvisación, descoordinación y compadreo. Un vertedero donde intuimos el fuego oculto de la corrupción porque vemos el humo de la impunidad. Un vertedero donde nunca pasa nada porque nos dicen que no pasa nada. Pero sí pasa, y mucho. Los días van a seguir siendo largos en Zaldibar.

*José Ramón Becerra es parlamentario de EQUO Berdeak en Elkarrekin Podemos