La imposibilidad de gestionar la globalización sin política, así como de hacer lo propio con la política sin tener presente la realidad económica, trae consigo la necesidad de articular un nuevo contrato social no solo a nivel nacional, sino también en el ámbito de la Unión Europea. Un nuevo contrato social, fundado en el conocimiento y que nos ha de permitir afrontar, con mayores garantías de éxito, los retos económicos, tanto de ocupación como de competitividad, así como los desafíos sociales de esta primera mitad del siglo XXI. La aspiración de vivir en un mundo mejor, digitalmente inteligente, con una economía de conocimiento sólida y en el que todas las personas gocen de la tan invocada igualdad real de oportunidades, sitúa una de sus claves en la transformación y modernización de nuestro sistema universitario, de investigación y de conocimiento.

La construcción de este “ecosistema del conocimiento”, en el que la formación, el talento, la educación, la ciencia, la tecnología, la innovación y la cultura emprendedora están llamados a generar “beneficios para la ciudadanía”, requiere que nuestro sistema universitario sepa adaptarse a los cambios sociales y del mercado de trabajo, así como que el sector empresarial acabe por interactuar con las tres grandes misiones de la universidad: docencia, investigación y trasferencia de conocimiento e innovación. Eficiencia y responsabilidad deben “darse la mano” en beneficio del progreso social.

Pacto que deberá tener bien presente una política de recursos humanos en que no se apueste por la desfuncionarización, más o menos encubierta, del personal de las Universidades Públicas, se valorice la docencia de calidad, se configure un nuevo sistema de investigación e innovación en el que, en clara interacción con el territorio, participen las empresas, los centros de investigación y tecnológicos, las diferentes Administraciones y la sociedad civil, se den las condiciones de acceso, en condiciones de igualdad, a la educación superior, se apueste de forma decidida, con sentido común, por las políticas de igualdad basadas en la perspectiva de género, y se construya una Universidad sostenible, inclusiva y solidaria.

Ante una sociedad en la que ha calado una sensación de malestar y desconfianza en quienes se sienten desprotegidos ante la globalización, injustamente tratados por la economía de mercado, temerosos ante la migración, abandonados en las áreas rurales, carentes de cobertura social, desamparados ante los retos de la transformación digital y cambio tecnológico, y alarmados ante el cambio climático y sus consecuencias; es necesario diseñar un nuevo contrato social. Con el pragmatismo que nos dicte la razón, pero sin olvidar los sueños e ideales que nacen de nuestro corazón, es hora de plantear, por el interés común, una nueva redistribución de la riqueza y de escuchar, captar y responder a las nuevas exigencias sociales. De no hacerlo, estaremos abonando la ignorancia que se sitúa en la base de todo populismo y olvidando las preocupaciones de la ciudadanía.

La inestabilidad siempre acaba por repercutir en el crecimiento económico, la convivencia y el mantenimiento de la paz social y territorial. La riqueza debe distribuirse en términos de equilibrio sostenible socialmente. El conocimiento y la innovación son decisivos para garantizar un desarrollo económico y social justo y duradero. La dejación de funciones, durante largos años, de nuestras élites, bien puede hacer que la Universidad Pública sea un “catalizador” del impulso que necesita este nuevo contrato social. Un gobierno progresista que apueste por una Universidad Pública, dinámica, abierta a la innovación y al cambio, crítica y comprometida; así como por propiciar un Pacto de Estado por la Ciencia y la Innovación, que incluya al sector universitario, es una gran oportunidad para la progresión de un país en el que la información debe ser un bien público, el conocimiento una construcción social compartida, y las tecnologías un instrumento, pero no un fin en sí mismas.

Más allá de los cuatro tradicionales pilares del Estado del Bienestar: educación, sanidad, servicios sociales y pensiones, resulta obligado garantizar también a la ciudadanía la seguridad de que, con independencia de su situación económica y del ciclo vital en que se encuentre – infancia, juventud, edad madura – va a poder disfrutar de un nivel de protección social suficiente que le permita consolidar sus expectativas de “una vida digna de ser vivida”. Ante desafíos compartidos e interdependientes, la Universidad Pública está llamada a jugar un importante papel en orden a la construcción de un nuevo contrato social que nos sitúe, como muy gráficamente ha señalado el profesor Antón Costas, ante el “final del desconcierto”.