Es decir, en poco más de tres años, el SMI ha pasado de 735 euros a 1.000 euros, mientras que al gobierno del PP le costó siete años subirlo menos de un 15%.

Además, a finales de septiembre de 2021, se aplicó una subida del salario mínimo hasta los 965 euros. No obstante, el Gobierno anunció que no tardaría mucho en abordar un nuevo aumento.

Y ese momento ha llegado: se ha firmado el acuerdo para incrementar el Salario Mínimo Interprofesional en 2022 hasta los 1.000 euros brutos al mes en 14 pagas, con efecto retroactivo desde el 1 de enero. Además, no hay que olvidar que esta subida del SMI repercute de forma proporcional a los contratos de jornada parcial.

Lo que parece irreal es que los populares sostengan que 33,33 euros brutos con carácter general les suponga una medida difícil de asumir. 

Se estima que la subida del salario mínimo va a beneficiar a 1,8 millones de personas trabajadoras, de las cuales 1,52 millones trabajan a jornada completa y casi 300.000 lo hacen a tiempo parcial. En Canarias, el incremento del SMI llegará a 120.000 personas.

Se beneficiarán especialmente los jóvenes, las mujeres y los que trabajan en la agricultura y en el sector servicios. En concreto, el perfil más beneficiado es el de una mujer entre 16 y 34 años, con jornada a tiempo parcial, que trabaja en el sector de la agricultura. Es decir, que la subida del SMI supone además un elemento fundamental para luchar contra la brecha salarial de género.

Esta subida NO destruye empleo, de hecho, protege a los trabajadores que están cubiertos por convenios colectivos cuyos salarios mínimos se sitúan muy por debajo de los mil euros, como pueden ser los del sector primario o del sector del comercio. 

A ciertas formaciones políticas que se sitúan a la derecha de los derechos sociales básicos, siempre les ha gustado jugar a la teoría del miedo, y en eso han sido expertos; lo han hecho tan bien que llegaron a convencer a un gran número de personas trabajadoras de este país de que esa subida del SMI era perjudicial para ellos, pero, afortunadamente, tenemos un gobierno que trabaja y actúa para paliar los efectos de la nefasta reforma laboral de 2012, que generó temporalidad y trabajadores pobres.

El SMI actúa como un importante factor de equidad, además de ser un elemento esencial para luchar contra la pobreza laboral. Este incremento tiene un papel fundamental como garantía de protección a las rentas del trabajo de las personas trabajadoras más vulnerables, y se convierte en la mejor herramienta para combatir la pobreza laboral y afianzar los cimientos del estado del bienestar. Esta subida salarial es muy positiva para la economía española, que en una situación como la actual, de recuperación de una crisis como la del COVID-19, tiene un importante efecto de cohesión social.

La subida del SMI, en conclusión, es una cuestión de justicia, de petición histórica de la clase trabajadora que solo se cumple con un gobierno progresista, con altura de miras y con las motivación de hacerle la vida más fácil a nuestra gente.

Este acuerdo, fruto del diálogo Social, no es más que el compromiso manifestado el pasado 30 de mayo en el Pacto para la Reactivación Social y Económica de Canarias que recoge la defensa de la extensión de los ERTE de fuerza mayor para las actividades turísticas y las vinculadas, directa o indirectamente, a las mismas.

Esta actividad turística supone el 35% del PIB en Canarias y supone el 40% del empleo y, por supuesto, el Gobierno central atiende a nuestra situación de lejanía e insularidad y como región ultraperiferica de Europa, tiene en cuenta nuestras particularidades hasta la reanudación del tráfico aéreo internacional.

Desde el 17 de marzo, en nuestro país, se ha tomado el firme compromiso con la protección del empleo para afrontar la situación de crisis sanitaria, propiciando elementos de seguridad jurídica y garantías laborales vitales en tanto en cuanto la pandemia siguiera presente en el mundo. Estas medidas de protección de empleo generaron en Canarias decenas de miles de solicitudes de ERTE por causas de fuerza mayor que permitieron la suspensión del empleo y no su total extinción.

Pero eso no ha sido suficiente para el gobierno, que, atendiendo a datos objetivos que reflejan que Canarias es una de las comunidades autónomas más afectadas por la pandemia, económica y laboralmente hablando, ha tendido puentes para que podamos seguir luchando por un empleo digno y de calidad en nuestra tierra, protegiendo las relaciones laborales y dando la oportunidad a las personas trabajadoras de canarias de no ver mermada su capacidad económica ante la circunstancia sobrevenida, y esperemos que coyuntural, de una pandemia manteniendo el porcentaje de la cuantía a percibir en el 70% y eliminando la posibilidad de su reducción al 50%.

Al igual que en Canarias, confiamos también en que los agentes sociales y económicos lleguen a buen puerto con sus negociaciones, fruto también del diálogo social, diferentes comunidades autónomas que protegerán a los trabajadores y trabajadoras prorrogando los ERTES, y por lo tanto, protegiendo el empleo.

Este compromiso real y objetivo, unido a las últimas declaraciones de la ministra de Turismo, Reyes Maroto, sobre la puesta en marcha de un plan específico para la recuperación turística  de Canarias que tiene como objetivo ayudar a esa recuperación de las islas y de su actividad turística, y como realidad la prórroga de los ERTE para Canarias, ha suscitado por parte de algunos grupos políticos algún tipo de recelo.

Más que defender los derechos de las personas trabajadoras, se rasgan las vestiduras, con cierto afán de protagonismo, porque el gobierno no prorrogó los ERTE desde el primer momento.

Quizás sería conveniente recordarles, y no quisiera yo importunarlos, que la figura de los ERTE ya existía antes de esta pandemia. De hecho, ya existía cuando, intencionadamente, se intentó eliminar como garantía de protección de empleo en la famosa reforma laboral de los populares del 2012, aprobada unilateralmente con mayoría absoluta del PP, dándole aún más importancia a los Expedientes de Regulación de Empleo (ERES) extintivos, con sus inimaginables efectos negativos si se hubiera aplicado actualmente.

Los ERTE y su prórroga suponen un compromiso real de este gobierno con la consolidación y protección del empleo en las islas, además de otorgar seguridad jurídica laboral a la ciudadania canaria y a las empresas. Pero el objetivo va más allá, y es que los ERTE no solo se prorrogan para el sector turístico, sino para todos los sectores que en Canarias tiene alguna vinculación directa o indirecta con el turismo, que en esta tierra, son muchísimos.

A fin de cuentas, garantizar el estado del bienestar a toda la ciudadanía canaria es lo que debe preocuparnos y, especialmente, ocuparnos. Y que por una vez, y esta vez de verdad, la oposición canaria sumara fuerzas para mantenerlo. 

La ciudadanía se refugió en sus hogares para cooperar con la alarma sanitaria e intentar que la COVID-19 no se expandiera. No obstante, no se pudo contener la incertidumbre y la crisis de empleo más importante de la historia.

Después de 60 días de confinamiento, y tras haber superado las dos primeras fases de desescalada, (haciendo un llamamiento a la responsabilidad colectiva y al civismo para que no se produzca un repunte), lo importante ahora es la recuperación del empleo. Todas las actuaciones deben llevarse a cabo para reconstruirlo, actualizar la prevención de riesgos laborales y garantizar a las personas trabajadoras la seguridad jurídica y laboral.

El Gobierno de Canarias ha reforzado la Dirección General de Trabajo para dar respuesta a los más de treinta mil expedientes de regulación temporal de empleo en un tiempo récord. También ha ofrecido ayuda a todas aquellas personas autónomas sin actividad a causa de la pandemia de un 30% adicional de la base mínima de cotización en el Régimen Especial de la Seguridad Social para que puedan afrontar la recuperación económica con mayores garantías. Son apuestas claras para la recuperación del empleo, desde luego, y todo ello debe armonizarse a través del diálogo social y la concertación social.

Atendiendo, pues, a la responsabilidad del Gobierno de Canarias para la recuperación del empleo en nuestra tierra, es necesario, más que nunca, el pacto social resultante de los acuerdos tripartitos negociados por el Gobierno, sindicatos y asociaciones empresariales.

El Gobierno de Canarias, desde la Consejería de Empleo, debe negociar y contar con los agentes económicos y sociales para la adopción de acuerdos y consenso que supongan la obtención, más a corto que a medio plazo, de resultados que sean ventajosos para todas las partes, y de un modo general, para la sociedad canaria.

Es cierto que la concertación social, ahora más que nunca, muestra su valor como pieza relevante que ha tenido, y tiene, la capacidad de anticiparse a los problemas sociolaborales y económicos por parte de los sindicatos más representativos y de las patronales canarias y, ahora, con una situación de crisis sanitaria cobra mayor importancia.

La capacidad de anticiparse al estado de alarma y su consiguiente crisis social, económica y laboral, hizo que se creara y centrara el debate -con la Consejería de Empleo y el consejo asesor del presidente de Canarias- en la necesidad de adoptar el gran acuerdo para la reactivación social y económica de Canarias, desde una perspectiva propositiva, generosa, y, especialmente, desde la unidad de acción que el Archipiélago necesita en este momento.

El diálogo social y la concertación tienen una dilatada experiencia en Canarias, lo que demuestra que los agentes sociales y económicos tienen un compromiso real y objetivo, -del que deberían aprender algunos grupos políticos- especialmente en período de crisis, a la hora de llegar a acuerdos a favor de las personas trabajadoras de Canarias, de su economía y de su seguridad. La responsabilidad del diálogo social se vuelve necesaria, ahora más que nunca, para superar las barreras de empleabilidad que ha creado la COVID-19.

Las normas de convivencia, el fair play, caracteriza el buen uso de las instalaciones o el cumplimiento del reglamento de cualquier disciplina deportiva. Por este motivo, trasladé al Gobierno en el pasado Pleno del Parlamento, la necesidad de un plan de prevención de violencia en el deporte base.

El juego, y el propio campo en el que se desarrolla la actividad deportiva, constituye un hábitat que refleja, no solo esos valores, sino lo que somos, como individuos y como sociedad, y también conceptos que dejan de ser intelectualmente abstractos para cobrar forma y tener voz propia.

En muchas ocasiones, lo que se dice en estas instalaciones deportivas, desenmascaran a muchos individuos que en otros ámbitos tendrían otros comportamientos bastante alejados de los que muestran aquí. Utilizando palabras que, en ningún caso, son neutras, sino que reflejan, de una manera profunda, su forma de pensar y de comportarse en sociedad.

En esas ocasiones, el resultado del partido o la superación de marcas personales, lamentablemente no son los protagonistas. Vemos cómo son las situaciones de violencia deportiva, incluso hasta en el deporte base, las que acaparan todas las noticias en los medios escritos, digitales, televisivos o vídeos viralizados en las redes sociales.

Sí, la existencia de paneles informativos que promocionan el juego limpio fuera y dentro del campo abundan en las instalaciones deportivas, pero no todas estas personas dedican tiempo a su lectura. ¿Qué se dice desde las gradas? ¿Qué se grita a jugadoras y árbitras? ¿Qué no se dice de jugadores y árbitros?

Las personas que entrenan en las diferentes disciplinas deportivas aplican las normas de juego limpio en sus sesiones incesantemente, crean un sentimiento de equipo y, además, ayudan a toda nuestra base a sentir que el esfuerzo tiene su recompensa: la de superación personal y deportiva. Son esos monitores y monitoras las que no permiten la violencia entre sus propias jugadoras y jugadores, y las que aplican también la penalización que corresponde si se producen esas actitudes violentas.

En el otro extremo se encuentra la afición. Los que animamos o asistimos a los partidos de cualquier disciplina deportiva para disfrutar de nuestra base, de nuestro futuro deportivo, y que somos testigos de algunas actitudes beligerantes hacia jugadores y jugadoras por parte de una pequeña parte del público asistente, con insultos y agresiones físicas que lo único que provocan es empañar el juego limpio de los jugadores o jugadoras, con suspensiones de partidos y creando frustración en nuestra base deportiva.

Un panorama que empeora aún más cuando el equipo arbitral está compuesto por mujeres, y cuando algunos intregrantes del equipo rival son extranjeros o extranjeras, ya que se suman actitudes machistas y xenófobas.

No debemos olvidar que en el deporte base juegan niños, niñas y adolescentes, siendo testigos de todo lo contrario al juego limpio que le inculcan sus monitores o monitoras y de la propia naturaleza de la práctica deportiva.

Niñas y niños que se sienten desorientados al ver cómo el comportamiento en el campo poco o nada tiene que ver, muchas veces, con lo que les intentan enseñar sus monitoras y monitores, o los valores que aprenden en sus centros educativos.

Hace poco fuimos testigos del comportamiento de un joven jugador de un equipo que, a pesar de su temprana edad, llamaba la atención al público por la agressión a una árbitra en un partido de fútbol. Y son quizás esas actitudes las que nos hacen mantener la esperanza. La esperanza de un presente más igualitario. Más deportivo. De un presente en el que haya, realmente, fair play de igualdad. En el campo y fuera de él.