Si en algo se diferencia Europa de otras regiones del mundo es en sus valores, y en concreto, en su solidaridad; interna, pero ante todo externa. Las políticas de Cooperación Internacional, de Desarrollo y de Ayuda Humanitaria (o de partenariado) son, si no la mayor, una de las principales señas de la identidad europea. Pero, fundamentalmente, su ayuda humanitaria. No es un hecho menor que la Unión Europea, junto con sus Estados miembros, sea la principal fuente de ayuda humanitaria del mundo donante, representando cerca del 36% de la asistencia humanitaria mundial. Lo que está claro es que la ayuda humanitaria es un pilar clave de la acción exterior de la UE y una seña de su capacidad para proyectar sus valores a escala mundial.

Los principios de igualdad y solidaridad son la piedra angular de nuestra base jurídica, recogidos en el artículo 21 del Tratado de la Unión Europea (TUE) y en el Título IV de la Carta de los Derechos Fundamentales. A partir de estos valores, hemos logrado que la Cooperación Internacional y la Ayuda Humanitaria nos haga ser los mayores cooperantes del mundo más allá de nuestras fronteras; no solo por las cantidades económicas, sino también por la suma de esfuerzos de sus Estados miembros y el exhaustivo trabajo de sus Agencias de Cooperación. 

En este 9 de mayo, los ojos y el corazón de la ciudadanía europea están con los millones de ucranianas y ucranianos obligados a dejar sus hogares. Desde la UE, hemos realizado una movilización sin precedentes de fondos en un tiempo récord para Ucrania. Los compromisos inmediatos y los desembolsos iniciales de la UE, los Estados miembros, y otros donantes, han permitido la expansión de la ayuda humanitaria hacia los países vecinos, e incluso dentro de la misma Ucrania, con el envío de más de 22.000 toneladas de ayuda de urgencia.

A nadie se le puede escapar que en estos momentos Ucrania es un infierno más en este planeta. El respeto al derecho internacional humanitario y el acceso a la ayuda humanitaria dentro del país son cuestiones apremiantes e incondicionales. Sin olvidarnos, por supuesto, del claro y unánime rechazo de los países de la UE al bloqueo instaurado y la denegación de acceso humanitario por el ejército ruso en un territorio invadido, y su brutalidad a la hora de perpetrar crímenes de guerra por los que, más pronto que tarde, terminará respondiendo. Es entonces cuando vemos cómo los principios humanitarios de neutralidad, humanidad, independencia e imparcialidad se ven vulnerados, o sencillamente ignorados, por quienes libran guerras sin sopesar realmente las consecuencias de las mismas.

Según las Naciones Unidas, OCHA, en 2021 solo el 53,8% de los fondos comprometidos a nivel global fueron desembolsados, en lo que llevamos del 2022, el porcentaje se reduce al 8,1%. A este déficit estructural de financiación de la ayuda humanitaria, hay que añadirle la reorientación o suspensión de las financiaciones ya existentes para con otras crisis humanitarias por parte de los donantes, lo cual resulta cada vez más evidente y alarmante. 

Por ello no podemos obviar otras crisis igual de preocupantes, muchas de ellas agravadas incluso por la guerra en Ucrania: en Afganistán, las niñas ya no acuden al colegio y hay 9 millones de personas que no tienen qué comer; en Myanmar, los militares liderados por Min Aung Hlaing han prohibido el acceso de ayuda humanitaria en las regiones afectadas por el conflicto; en Etiopía, el conflicto en Tigray y la grave sequía están diezmando al segundo país más poblado de África, con más de 4.2 millones de desplazados internos; en Siria, se han contabilizado 6.2 millones de desplazados internamente tras 11 años de guerra. Venezuela, Líbano, Sáhara, Nigeria, Somalia, o la República Centroafricana... son solo algunas de las crisis olvidadas y más acuciantes. En palabras del Comisario Europeo de Gestión de Crisis, Janez Lenarčič, más de 270 millones de personas de 63 países necesitarán protección y asistencia humanitaria en 2022, respecto a los 235 millones de personas un año atrás (una de las mayores cifras en décadas, por cierto). Tras la agresión de Rusia a Ucrania, los números no dejan de subir, y nos hace situarnos en 300 millones de seres humanos.

No cabe la menor duda de que la ayuda humanitaria se enfrenta a retos sin precedentes, agravados por la invasión rusa de Ucrania, la pandemia COVID-19, el resurgimiento de conflictos estatales, el impacto climático, el crecimiento de la población mundial, la gobernanza fallida y la degradación del medioambiente.  

Debemos entender que la brecha entre las necesidades humanitarias y los recursos disponibles a escala mundial está aumentando, demasiado rápido. Por ello es necesario honrar los compromisos adquiridos en la conferencia de donantes, defendiendo que el apoyo financiero en respuesta a la invasión de Ucrania sea adicional y no restante, dirigiendo la respuesta de la UE y los Estados miembros a mantener los niveles de financiación de la AOD (Ayuda Oficial al Desarrollo) y el apoyo a otras crisis humanitarias. 

A pesar de los niveles de contribuciones de este año -17.2 millones de dólares, o el 46% de las necesidades-, la brecha se sitúa en 20.500 millones de dólares entre las necesidades y la financiación, siendo la más alta de la historia. La escasez de fondos ha alterado la capacidad de respuesta de las agencias humanitarias a lo largo del año, especialmente porque fue necesario elevar la escala de varias emergencias, como las de Afganistán y Etiopía, y porque los efectos de la crisis sanitaria siguieron afectando a las comunidades vulnerables.

Las previsiones de Naciones Unidas ya han señalado la necesaria financiación adicional de 22.000 millones de dólares de aquí a agosto. En los tres meses que llevamos de guerra en Ucrania, apenas se han alcanzado los 1.600 millones de dólares.

La incógnita que se nos plantea es si no llegaremos a tiempo en la respuesta global a estas crisis, lo que podría generar aún más consecuencias. Los números no son esperanzadores, y aunque digan que la esperanza es lo último que se pierde, son demasiadas las personas que ya lo han perdido todo. Europa debe ser ante todo, una unión de valores.

Los movimientos sociales no están en el seno de los partidos políticos, son actor activo e imprescindible para impulsar demandas y propuestas sociales mediante una ciudadanía organizada civilmente; el papel de los partidos es articular propuestas concretas e incardinadas en un modelo de conjunto de propuestas consiguiendo que se materialicen en leyes y políticas públicas. Su relación es necesaria, su cooperación deseable y su convergencia en procesos es lo que produce los grandes avances. Los socialdemócratas somos testigos y defensores de cómo estos procesos de convergencia han permitido entre otras cosas la construcción del estado de bienestar y el avance en los derechos civiles.

Los movimientos sociales han crecido en variedad como el reflejo de una sociedad que reconoce y no renuncia al necesario reconocimiento de su diversidad y de igual manera, en el PSOE nos hemos ido también adaptando a esta realidad, conscientes de su fuerza para avanzar en el progreso de la sociedad y del hecho de la necesaria confluencia para lograrlo. Como secretaria de Movimientos Sociales del PSOE sabía que no podíamos ni debíamos dejar de ser valientes, para articular una propuesta jurídica coherente y rigurosa impulsar, desde el imprescindible consenso en el seno del Gobierno y con los colectivos, para la aprobación de una Ley LGTBI que atienda a las necesidades específicas de las Personas Trans.

Convertir en Ley el anteproyecto de igualdad efectiva y real que arranca esta semana, tras meses de intenso trabajo junto a las organizaciones más representativas del colectivo LGTBI, será un proceso largo y complejo, pero nadie podrá frenarlo. Encontrar el consenso necesario y haber logrado la fórmula que aporta las garantías jurídicas que permitirán conseguir su aprobación, evitando así que sea cuestionado desde el poder judicial, no ha sido fácil. Un arduo trabajo en equipo en el que todas las partes hemos tenido que hacer concesiones, siendo necesaria mucha valentía, como en su momento ocurrió para lograr la ley de Identidad de Género o el Matrimonio Igualitario. Pero si queremos seguir acortando las desigualdades entre las personas, no podemos permitir que el activismo y las demandas sociales se conviertan en una competición en el seno de la izquierda, porque debilita nuestras luchas compartidas.

Nos llena de orgullo continuar reivindicando que somos el partido que modernizó España al aunar las distintas voluntades de una inmensa mayoría que llevaba décadas reclamando sus derechos; y que años después articuló la conversión de todas las minorías discriminadas, que se reconocieron a sí mismas como una gran mayoría empoderada. Un empoderamiento con el que volvimos a conquistar derechos que hoy entendemos como consolidados y que forman parte del acervo del Estado de derecho en España, cuya adquisición supuso un auténtico desafío en su día. 

Si en esta legislatura, con el Gobierno liderado por Pedro Sánchez, además de haber logrado cambios de gran calado como la Ley de Eutanasia o la de Protección de la Infancia, entre otras,  aprobamos la Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No discriminación por cuya materialización llevamos trabajando más de 10 años, así como la recientemente iniciada Ley Para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans y Derechos LGTBI, podremos afirmar que hemos dado un paso de gigante y fundamental en la construcción más completa y avanzada del Estado de derecho y que nos permite afirmar que España avanza en ser una sociedad más justa e inclusiva con la diversidad social y sexual, habiendo cumplido las resoluciones del 39º Congreso. 

Negar que la diversidad es un rasgo inherente de nuestra sociedad es una necedad, así como no luchar por alcanzar consenso entre quienes expresan una postura reacia a legislar en nuevos derechos y quienes se plantan con principios de máximos inalcanzables que jurídicamente se caerían en el intento. La hoja de ruta nos la marca Europa, con la primera Estrategia Europea para la igualdad de las personas LGBTIQ 2020-2025, llamada a ser el camino para nuestras políticas en los próximos años. Estrategia cuya finalidad es promover una Unión de la Igualdad para todas las personas, donde las personas LGTBI se sientan seguras de participar plenamente en la sociedad.

Dos leyes que fueron y se mantienen como compromiso socialista, que no fueron impuestas, ni pretenden apoderarse de nadie, que alcanzarán el consenso para su aprobación definitiva únicamente desde el trabajo en conjunto con los Movimiento Asociativo. Nadie puede arrebatar al PSOE una de sus señas de identidad: la igualdad en la diversidad.

Un buen ejemplo es la Ley Zerolo, para la Igualdad de Trato y la no discriminación, actualmente en ponencia en el Congreso, establece que nadie puede ser discriminado por razón de nacimiento, origen racial o étnico, sexo, religión, convicción u opinión, edad, discapacidad, orientación e identidad sexual, expresión de género, enfermedad, situación socioeconómica o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

Y el anteproyecto de ley LGTBI, representa mucho más que un nuevo procedimiento de rectificación registral del sexo en el registro civil, ya que reconoce la voluntad libremente manifestada para dicha rectificación registral sin documentación o requisitos médicos patologizantes, y a su vez de manera garantista. Avanza en derechos para un colectivo con las suficientes garantías para que no puedan ser revertidos, atendiendo las necesidades de quienes son menores, buscando en definitiva pasar de los eslóganes a la realidad, así como alcanzar la Igualdad real y efectiva para todas las personas LGTBI, sin importar donde hayan nacido.

Nos toca vivir el momento de consolidar los derechos conquistados, amenazados por la convivencia entre la derecha del PP y la ultraderecha de Vox, con la que nos quieren atar a un pasado peor e injusto. Porque los derechos no solo hay que conquistarlos, los derechos “se conquistan, se disfrutan y se defienden”, tal como expresaba Pedro Zerolo en sus discursos que hoy se vuelven de máxima actualidad. 

Es el momento de recuperar los espacios y reforzar desde un enfoque trasversal cada uno de los ámbitos sectoriales de la diversidad que conforma la sociedad española; con estas dos leyes cumplimos con los movimientos sociales, compartiendo su lucha y convirtiéndola en nuevas conquistas para todos y todas. Con valentía, no pararemos hasta su aprobación definitiva.

Llama la atención las exageradas reacciones que se han producido tras la presentación, por parte del Grupo Parlamentario Socialista, de la Proposición de Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación. Ninguna sorpresa debería implicar una ley que los socialistas ya habíamos presentado anteriormente en el Parlamento, recogida en nuestro 39 Congreso, que constituye un compromiso electoral expreso, que está en sintonía con el marco legal europeo y que es una reivindicación unánime y urgente de los movimientos sociales. 

No está de más recordar, y es justo hacerlo, que la sociedad española es tolerante, consideración ya no solo de carácter general, sino que viene sustentada por datos objetivos de numerosos estudios. Ahora bien, también debemos reconocer que de manera permanente, y no como hechos aislados, se producen casos de agresiones a personas motivadas por su origen, su color de piel, su etnia, su edad o la situación de sinhogarismo. Incluso es frecuente en los medios de comunicación encontrar casos de personas que son agredidas y discriminadas por su orientación sexual.  

También es justo señalar el enorme avance que se ha producido en los últimos años. Precisamente por ello debemos ser exigentes y recordar que la mayoría de estas agresiones quedan impunes, ya sea porque no llegan a denunciarse, (solo se han presentado 1746 durante el año 2019) , o porque si llegan a judicializarse en la gran mayoría de los casos se archivan en los juzgados por la inexistencia de un marco jurídico claro sobre estos hechos y los procesos asociados a los mismos. 

Y lo que es más importante, no solo se tratar de reconocer las circunstancias y tipos de discriminación en el marco jurídico, sino que necesitamos concienciar, estudiar y prevenir para evitar su existencia. Por tanto, debemos avanzar, exigiéndonos a nosotros mismos que España se dote de herramientas y un marco jurídico que mejoren la convivencia y garanticen el derecho a la diversidad. Si no prevenimos, sensibilizamos, mediamos y protegemos a las víctimas, el derecho penal llegará muy tarde, y, además, no todo debe ser abordado desde lo penal. 

El derecho al respeto a la dignidad de la persona y el derecho a la igualdad de trato ya están incluidos en la Constitución, pero en muchas ocasiones no se garantizan y es lo que pretendemos con esta importante iniciativa legislativa. 

Lo hacemos también para estar en sintonía con Europa, porque no podemos ser unos de los pocos países del entorno europeo que no ha completado la adaptación a las normativas europeas. Y me atrevo a decir que es necesario que  lo hagamos también desde el consenso que, con acierto, han demandado las grandes organizaciones sociales y cívicas que impulsan este avance.

Los socialistas apostamos por una ley carácter integral, garantista que regule las conductas indeseables que tienen lugar en el empleo, la educación, la sanidad, la prestación de servicios sociales, el acceso a bienes y servicios disponibles al público y la publicidad, en determinados ámbitos de la vida política, cultural y social o antes nuevos retos como las redes sociales y la inteligencia artificial. Debemos pensar de forma aperturista, sin números clausus, dado que es fácil suponer que todos/as, en algún momento de nuestras vidas, estamos expuestos a padecer algún tipo de discriminación. Es por ello por lo que debemos hacer una Ley integral con una visión de conjunto de las formas de discriminación. 

Si queremos trasponer las directivas europeas es necesario dotarnos de una Autoridad para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, un organismo independiente que pueda investigar de oficio o por cuenta propia la existencia de posibles situaciones de discriminación. 

Hay que denunciar, en este punto, la proliferación de discursos estigmatizantes de algunos cargos públicos. El último, el de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, afirmando que el virus COVID se extendía por el modo de vida de los inmigrantes. Los responsables públicos no deben alentar estas actitudes y por ello es necesario incorporar el agravamiento de la sanción cuando el hecho discriminatorio sea cometido bajo la condición de autoridad, personal funcionario o empleado público de la persona infractora. 

Esta es nuestra propuesta, abierta al debate en su tramitación parlamentaria. No queremos recorrer solos este camino y aspiramos a un amplio consenso, pero, ante todo, queremos que no se retrase la aprobación de esta ley y que no sea considerado un asunto accesorio o secundario en la agenda política. No es la primera vez que tenemos que impeler a esta urgencia al hablar de derechos y de avances sociales; y en el caso de esta ley podemos encontrar en los cimientos de su formulación el legado de Pedro Zerolo. El nombre de “Ley Zerolo” llama al consenso, al acuerdo y al avance en derechos con un amplio apoyo social.

Reafirmar el compromiso del PSOE con las personas trans y la lucha por la consecución de sus derechos suena obvio, pero en tiempos de manipulación, tergiversaciones e interpretaciones equivocadas, resulta oportuno recordarlo.

Llevamos 140 años no solo militando en pro de la igualdad, del mundo obrero, de las mujeres sino también de la diversidad sexual y la identidad de género, recogiendo sus reivindicaciones a favor de la plena consideración de sus derechos de ciudadanía y de “no discriminación”. No somos mezquinos, como no lo fue Pedro Zerolo en su activismo que compatibilizaba activismo y política para mutuo beneficio; bienvenido/as quienes se han incorporado recientemente a esta lucha para transformarla en mayoría. Esta lucha que comenzó en su gran mayoría los/las trans en todo el mundo y también en España.

Como Partido negamos que el argumentario que levantó polémica sea contra las personas trans, su identidad o sus derechos, sino que nos preocupa la inseguridad jurídica que puede acarrear el automatismo que algunos postulados de la teoría queer proponen para el reconocimiento de la identidad de género. Rechazamos las propuestas que ponen en riesgo los derechos de todas las mujeres y las políticas públicas. Además, creemos que no es ahora, en medio de una crisis social y  económica a causa de la COVID-19, conveniente entretenernos en crear problemas donde no los hay. La medida más importante y de mayor calado social es ofrecer un Ingreso Mínimo Vital para quienes realmente lo necesitan, para crear este colchón social a miles de familias, muchas de ellas también personas trans que estaban abocadas a la ilegalidad o prostitución. Esto es lo realmente de calado que justifica toda una legislatura, materializada con un gobierno socialista, igual que tantos otros derechos que nos igualan como sociedad, entre ellos los sexuales y reproductivos de las personas.

La llamada teoría queer, es una teoría, paralela, que no sinónima, a la lucha de la diversidad LGTBI. La teoría queer evoluciona y varía según quien se postula a favor de ella, porque no es una sola en sí misma, son múltiples teorías que no están ni consolidadas, ni consensuadas, que se presentan sin uniformidad, según culturas y países. No compartimos posicionamientos teóricos que promueven que el sexo biológico es una construcción, porque el sexo biológico es un hecho, independiente y diferenciado de cada persona, con sus múltiples matices, que condiciona la realidad de las personas, y debido a él incluso se suprimen derechos alrededor del mundo, de ahí el planteamiento que aparece en el argumentario que quizás no se haya expresado o interpretado bien: no podemos obviar que “el activismo queer pretende desdibujar a las mujeres como sujeto político y jurídico, poniendo en riesgo los derechos, las políticas públicas de igualdad entre mujeres y hombres y, consecuentemente, los logros del movimiento feminista”. Además, en la práctica, la mayoría de las entidades nacionales representativas de las personas LGTBI no la comparte al completo.

No tratamos de cuestionar la realidad o esencia de una persona, su identidad, sino de dignificar sus derechos y que éstos no se diluyan, o se vean finalmente en peligro, por la mala praxis de aquellas personas ajenas al colectivo trans que quieran aprovecharse, con un mal uso, de un vacío legal. No se trata de cuestionar si una mujer trans, es una mujer, sino todo lo contrario, sino de dignificar su derecho a ser, impidiendo que un maltratador aproveche la libre autodeterminación sin ordenamiento para evadir la pena de otras leyes, como la violencia de género. Debemos buscar los elementos jurídicos necesarios, que no sean patologizantes, que nos permita como sociedad tener una ordenación jurídica que asegure los derechos de las personas trans.

Al igual que no podemos cuestionar a las personas trans, ni la legitimidad de su lucha, no se puede considerar, a través de posicionamientos de la teoría queer, el borrado del sexo biológico. Al igual que las mujeres trans existen, porque son mujeres, no podemos permitir que, a través de ciertas teorías minoritarias no consensuadas, en determinadas leyes y argumentos, desaparezca la palabra “mujer”, ni que se borre la existencia del sexo biológico de las mujeres cis, y todo lo que conlleva, las mujeres representamos a más de la mitad de la población.

Reiteramos una vez más, que en ningún momento se ha pretendido cuestionar la identidad de una persona, independientemente de su sexo biológico, o el aspecto físico que manifiesta, sino de cómo se traslada al ordenamiento jurídico y qué implicaciones tiene hacerlo, entendiendo que sería importante diferenciar entre su uso como condición de no discriminación y garantía del libre desarrollo de la personalidad y la dignidad de la persona, y el alcance jurídico del uso interesado que de dichos conceptos realizan determinados colectivos que se sienten agredidos por la palabra “mujer” y que incluso pretenden su eliminación, negando la realidad de las mujeres. 

El partido socialista siempre ha luchado por los derechos de las personas trans y su compromiso sigue intacto. La “Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas” fue una iniciativa socialista. Habiendo transcurrido 13 años desde su aprobación, entendemos que debe actualizarse, para garantizar la autodeterminación del género, con toda la seguridad jurídica que impida que los sectores conservadores puedan echar abajo los derechos logrados durante años de lucha y trabajo. Y tanto ha luchado que desde PSOE Madrid se impulsó políticamente a la primera diputada trans, su señoría Carla Antonelli, que va por su tercera legislatura como diputada regional, y dotó a Madrid de leyes tan necesarias. Estas leyes que el Cifuentes, ni Garrido ni menos la Sra. Ayuso se niegan a desarrollar.

No se trata ahora de cuestionar si una persona se siente hombre o mujer, independientemente de su sexo biológico o el aspecto físico que quiera manifestar, sino de cómo se traslada un sentimiento y su expresión –especialmente cuando no se mantiene estable en el tiempo– al ordenamiento jurídico y qué implicaciones tiene hacerlo.

Es tiempo de refrescar esa magnífica cita de nuestro siempre presente Pedro Zerolo cuando decía “los derechos se conquistan, se disfrutan y se defienden”; por ello, toca consenso para seguir luchando junto al movimiento asociativo como lo hicimos hasta ahora con aciertos y errores. El desafío es lograr dotar a España del paquete legislativo que llevamos años reclamando, LEY INTEGRAL DE IGUALDAD DE TRATO Y NO DISCRIMINACIÓN, tal como lo exigen las directivas europeas y quedó votada por consenso en la anterior legislatura sin llegar aprobarse por el adelanto electoral, LEY LGTBI, LEY TRANS en ámbito civil y administrativo. Y la LEY CONTRA LOS DELITOS DE ODIO en el ámbito penal. A por ello/as...

La Unión Europea debe profundizar las políticas de Cooperación al Desarrollo con América Latina. El delicado momento social y político actual, junto con los grandes desafíos globales, ya nos habían advertido la necesidad de retomar el vínculo histórico que ha mantenido a los países europeos y latinoamericanos como aliados naturales durante el último siglo. Pero ahora, con la crisis global causada por el COVID19, y las medidas extraordinarias que se están aplicando en distintos países del mundo, esa necesidad de estrechar el vínculo con América Latina se torna urgente.

Durante los últimos años, hemos sido testigos de guerras políticas y comerciales entre Estados Unidos y China, y Estados Unidos y Rusia, que han convertido a América Latina en una suerte de tablero de ajedrez en el que estos tres países compiten por alcanzar mayor poder económico e influencia política. Ante esa realidad, la respuesta de las instituciones europeas fue prácticamente de repliegue, perdiendo terreno, incluso, en las áreas sociales y culturales; esto es, el vínculo o la solidaridad que debe darse entre los pueblos para avanzar sobre problemas como la pobreza y fundamentalmente la desigualdad, o los retos compartidos, como la igualdad real entre géneros o la emergencia climática.

Este repliegue, a su vez, ha venido acompañado de un enfoque errado, que es el de colocar las relaciones de la UE con América Latina en el mismo nivel que las relaciones de la UE con Asia o Medio Oriente, cuando es evidente que los países latinoamericanos presentan unas condiciones históricas y culturales mucho más accesibles para la construcción de valores europeos fundacionales y compartidos.

La Unión Europea, si quiere ser un actor global no debería distanciarse de América Latina en un tiempo en el que los países de esta región transitan diversas fracturas políticas y sociales. El daño al medioambiente y la represión a los indígenas de la Amazonia en Brasil; la crisis económica en Argentina, la división política en Bolivia; el estallido social en Chile; la falta de avances en el Acuerdo de Paz en Colombia, y la crisis migratoria y humanitaria en Venezuela, entre otras problemáticas, deben convocarnos sin dilaciones a robustecer los proyectos de Cooperación al Desarrollo y la Ayuda Humanitaria con América Latina. Y debemos hacerlo sin aplicar medidas desde el antiguo concepto de cooperante – benefactor, sino desde la visión de partenariado, que refuerce los sistemas públicos de los países latinoamericanos. Para ello, será crucial la definición del Marco Financiero Plurianual (MFF) y en consecuencia como quedará definido el nuevo instrumento de Cooperación, vecindad llamado INDICI (por sus siglas en ingles) y ver cuáles serán los efectos en la economía causados por la pandemia del COVID19.

Sobre esto último, resulta preocupante que no se avance en las negociaciones de este nuevo instrumento y si, tras esta pandemia, se puede incluir o no. Jean Monnet, redactor de aquella Declaración Schuman, decía que “las personas no cambian si no es por necesidad, y solo ven la necesidad en tiempos de crisis”. Esta crisis debería constituir una oportunidad para dar un paso hacia delante en fortalecer esta relación UE/LATINOAMÉRICA. Durante la reunión celebrada días atrás entre los jefes de Estado y de Gobierno de la UE y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se adoptó la decisión de crear un “fondo de respuesta” para los Estados miembro que incluye ayudas a los sistemas sanitarios, y también a las empresas y trabajadores que están sufriendo esta emergencia. Se comprometieron 37.000 millones de euros que la Comisión va a movilizar a través de los fondos estructurales y de cohesión, y de las medidas de estímulo económico adoptadas por el Eurogrupo. Sin embargo, nada se ha dicho sobre los fondos de cooperación al desarrollo para terceros países. Si a la UE le está costando controlar esta pandemia, imaginemos cómo impactará en los frágiles sistemas sanitarios públicos de la mayoría de los países latinoamericanos.

La crisis causada por el COVID19 es un alarmante recordatorio de la necesidad de que la UE no se quede atrás respecto al profundizamiento de las relaciones con América Latina. Ahora, en cuanto podamos recuperarnos de esta pandemia, debemos asistir a los países latinoamericanos para luchar contra el COVID19. Mientras que a mediano y largo plazo, la UE debe reimpulsar el histórico lazo que la ha unido con Latinoamérica. Estamos a tiempo de hacerlo, y para eso no debemos perder de vista ese debate y esa necesidad. Ni siquiera en estos momentos de gran responsabilidad ciudadana y dirigencial.