Tras cierta parálisis política inicial y amplio pesimismo entre los economistas, tanto los gobiernos nacionales, como la Unión Europea parecen haberse puesto las pilas: el Gobierno español ha establecido un amplio sistema de avales de 100.000 millones de euros que asegurarán la liquidez a las empresas, mientras que el BCE ha anunciado un programa de compra de activos en valor de 750.000 millones que no solo supone un importante estímulo monetario, también asegura la confianza de los mercados en las grandes respuestas nacionales (que mejorarán su efectividad). Por primera vez desde el inicio de esta crisis cabe algo de esperanza, pues estas medidas son un buen paso que podría mitigar la profundidad de la ya casi indudable recesión que tenemos por delante. Aún así, el coste será amplio y el éxito incierto, es demasiado pronto para cantar victoria.

Durante las últimas semanas, la comunidad económica ha estado absorta en un único debate: ¿nos encontramos puramente ante un shock de la oferta o también una crisis más postergada de la demanda? A estas alturas, parece evidente que la demanda también se ha visto gravemente afectada, tanto la incertidumbre como la reducción de ingresos ha llevado a una postergación del gasto en el grueso de la población española, y es el origen de gran parte del daño económico. Sin embargo, la duración de esta crisis de la demanda dependerá tanto de la evolución médica, (no solo en España, también en Europa y otros socios comerciales como EEUU donde abunda la incertidumbre) como de las medidas económicas adoptadas tanto a nivel europeo como nacional, que por fin parecen ser sustanciales. Aunque la recesión a medio plazo parece inevitable, su profundidad esta aún por determinar.

La realidad es que calcular el impacto económico del COVID-19, incluso los costes ya incurridos, no deja de ser una actividad especulativa, pues no solo hay amplia incertidumbre futura, también las cifras de PIB, empleo y demás salen con unos meses de retraso. La OECD pronosticó hace unas semanas una caída del crecimiento del PIB mundial en 2020 de entre el 0,5% y el 1,5%, mientras que otros estudios académicos han sido más pesimistas, estimando escenarios en los que las pérdidas globales podrían rondar los nueve billones de dólares (lo que sería alrededor un 10%). Por ahora, la bolsa, como espejo imperfecto de la economía, ha perdido casi un 40% de su valor tanto en España (Ibex 35), como en Europa en general (Euro Stoxx 50).

Para empezar, el mecanismo que lleva a la reducción de la oferta es evidente: tanto los afectados como los aislados por prevención paran de trabajar, las fábricas cierran, las empresas funcionan a medio gas. Y así, los niveles de producción bajan sustancialmente. A esto debemos añadirle los efectos en las cadenas de suministros: China exporta más de un tercio de los productos intermedios (es decir, las piezas) del mundo, y ellos llevan ya dos meses con un nivel reducido de producción. El norte de Italia también es un importante núcleo industrial. En un mundo globalizado todos dependemos de ello. Todo esto conlleva una reducción importante, inevitable, pero a priori temporal del PIB. Evitar un deterioro más postergado requiere mantener a las empresas a flote, proporcionando la liquidez necesaria para que puedan cumplir con sus obligaciones financieras y pagar sus facturas.

En este sentido, opino que la medida del Gobierno de avalar hasta 100.000 millones (casi un 8% del PIB) en créditos a las empresas afectadas es muy importante por dos razones. Primero, ayudará a limitar el cierre de empresas y despidos permanentes (los ERTEs son inevitables dado el cese de actividad), ya que los bancos proporcionaran la liquidez necesaria. Segundo, el aval ayudará a prevenir una propagación al sistema financiero, clave, ya que esta repercutiría de nuevo sobre la economía real introduciéndonos en un círculo vicioso. Aunque el efecto sobre el déficit aún me provoca vértigo, el 'bazooka' prometido por Alemania para su economía (que es ilimitado) es tal vez buena indicación de que incluso los más ortodoxos entienden la excepcionalidad de la situación. No olvidemos que, en Alemania, el nivel de ortodoxia es tal, que el valor máximo posible de su déficit estructural (aunque no cíclico) está escrito en la constitución (y es de solo el 0,35%).

Al mismo tiempo, nos encontramos en el comienzo de una crisis de demanda. Poco a poco, el cese de actividad afecta a los ingresos, mientras que la incertidumbre general y el miedo al desempleo llevan a una reducción del consumo. Para una economía en fase de ralentización como era la nuestra, este parece que será el detonante de una crisis más extendida, cuando se preveía una simple desaceleración. Esta situación requiere de medidas más generalizadas para estimular la demanda, por suerte, el BCE ha sabido estar a la altura. La noche del 18 de marzo, anunciaron un nuevo programa de compra de activos o expansión cuantitativa, el PEPP, (Pandemic Emergency Purchase Programme, en inglés) de 750.000 millones de euros (lo que viene a ser un 5% del PIB de la zona euro).

Este programa marca una importante diferencia por dos razones. Primero, supone un importante estímulo monetario, al que se suman las medidas anunciadas el 12 de marzo (especialmente la relajación de los requerimientos de capital de los bancos) que estimularán nuestra economía e inducirán a los bancos a incrementar los créditos. Segundo, esta medida ha servido para calmar a los mercados de deuda, ya que gran parte de estos 750.000 millones irán destinados a comprar deuda soberana en mercados secundarios (previsiblemente al menos alrededor del 80%, como en programas previos). Tras la desafortunada rueda de prensa de Lagarde y dado el coste de los grandes programas de estímulo anunciados a nivel nacional, el coste de la deuda de casi todos los países de la zona euro había aumentado sustancialmente. Ahora ha vuelto a caer. Teniendo en cuenta que entramos en una época de incremento del gasto público, el apoyo pleno del BCE permitirá a los estados gastar lo necesario, e incrementará sustancialmente el valor del aval de gobiernos como el nuestro. Todo esto aumenta las posibilidades de éxito de los programas nacionales.

A pesar de los costes, a pesar de la recesión que se nos viene encima, las medidas anunciadas en los últimos días deberían dejarnos esperanzados. Ahora toca abogar por un instrumento fiscal a nivel europeo.