“No vamos a dejar a nadie atrás”. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, lo repitió varias veces durante su intervención para explicar las medidas tomadas en el Consejo de Ministros del martes 17.

Es un mensaje que nos llega especialmente, puesto que siempre lo hemos defendido y forma parte de nuestra misión: que ningún niño, esté donde esté, quede atrás. Nuestra experiencia global acredita que, en cualquier emergencia, la infancia es el grupo poblacional más vulnerable, con afectación a más largo plazo y más invisible en la toma de decisiones.

Y en esta emergencia, la del COVID-19, no va a ser distinto. En nuestro país los menores de edad suponen el 18% de la población. Y durante el estado de alarma, sus derechos deben quedar garantizados y debemos preservar su protección.

Ahora que todos, en la medida de lo posible, debemos estar en nuestras casas; ahora que nuestros hijos e hijas no pueden acudir a sus escuelas, debemos pensar en las familias más vulnerables, aquellas que, en lo que hasta hace unos días llamábamos nuestra “vida normal”, ya estaban en una situación precaria, en riesgo de pobreza o exclusión.

Durante estos días extraños para todos, tenemos que garantizar que los niños que dependían de los comedores escolares para tener una alimentación adecuada sigan recibiéndola. Si no se puede mantener el funcionamiento de estas cocinas para que los padres puedan recoger en ellas la comida y llevarla a su domicilio, hay que priorizar ayudas económicas de manera urgente, con el único requisito de la valoración de esta necesidad por parte de los servicios sociales de la entidad local, y que se abonen con la mayor premura. Para lograrlo, la concesión de las ayudas y la implantación de las medidas tiene que ser ágil.

Valoramos la moratoria en el pago de las cuotas de las hipotecas en casos de especial vulnerabilidad, así como la protección de suministros de agua, energía y telecomunicaciones para las familias más vulnerables. Estaremos también muy atentos a las medidas para apoyar a los trabajadores, sobre todo aquellos que están incluidos en el 26% de la población que vive en situación de pobreza o exclusión. Las familias con menores a su cargo, particularmente las monomarentales, necesitan especial protección en estos momentos.

En estos días en que muchos padres y madres se están convirtiendo a marchas forzadas en profesores que ayudan en las tareas diarias que muchas escuelas están enviando a sus hijos, nos preocupa especialmente que las medidas de continuidad educativa se diseñen con el espectro real del alumnado de España en mente, tanto en términos de acceso digital como de acompañamiento familiar y de calidad de la vivienda. No todos los niños tienen habitación, o siquiera mesa propia, y no en todos los hogares disponen de acceso a Internet. Se deben valorar los medios ya existentes más generalizados, como la televisión o el móvil, o valorar desde los ayuntamientos medidas como la recogida de ordenadores y tabletas que se “presten” o donen para las familias sin recursos y centros de protección y reforma, estableciéndose, por supuesto, las medidas oportunas de higiene y desinfección de los mismos antes de su reparto. Para asegurar la conexión, se solicita a las compañías y ayuntamientos que se garanticen los suministros de electricidad, de forma gratuita o con ayudas específicas.

Asimismo, deben arbitrarse las medidas necesarias para que los profesores puedan mantener el contacto con sus alumnos y sus familias y realizar su seguimiento. Nadie mejor que ellos conocen la situación y características de cada alumno, y ellos pueden incluso detectar situaciones problemáticas de salud mental o situaciones de riesgo de violencia que se puedan dar.

Porque en condiciones de aislamiento, factores como el hacinamiento en las viviendas, el estrés provocado por la incertidumbre o la pérdida de trabajos, así como la inquietud de los propios niños y niñas, son indicadores de riesgo para la violencia y los abusos.

En definitiva, pensemos en “cada niño” como sujeto de derechos y con el derecho a la protección en situaciones de emergencia. Los niños y niñas con discapacidad, los niños migrantes no acompañados, niños en situación de riesgo de violencia, niños con necesidades especiales. Cada caso, cada casuística, tiene unas características propias que deben ser contempladas en las medidas que se tomen para que los niños y niñas más vulnerables sean tomados en cuenta.

Ellos y ellas deben estar en el centro de la toma de decisiones que les afectan. Hemos hecho llegar al Gobierno de España una serie de propuestas enfocadas en los siguientes bloques prioritarios: infancia en situación de pobreza infantil/exclusión; derecho a la educación; niños y niñas tutelados por la administración; niños y niñas en situación de calle; situaciones de violencia contra la infancia; y derecho a información adecuada.

Desde UNICEF nos ponemos a disposición del Gobierno para facilitar información sobre las medidas desarrolladas en otros países en contextos de emergencia como el que ahora afecta a nuestro país.

“Son días muy duros”, empezaba diciendo el presidente del Gobierno en su comparecencia. Sabemos que tenemos por delante semanas muy difíciles, pero lo serán aún más si, cuando todo esto pase, muchos niños y niñas que ya son vulnerables, quedan todavía más atrás con secuelas de una enfermedad que, quizás, ni siquiera han desarrollado.